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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02402-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02402-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen 44 Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 Núm. único de radicación: 25000234100020150240201 Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02402-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 25000234100020150240201
Demandante: Fernando Buitrago Mendoza
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 15 de agosto de 2019 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Fernando Buitrago Mendoza2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista
en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19973.

1
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2
Por intermedio de apoderado.
3
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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2

Núm. único de radicación: 25000234100020150240201
Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES

1.- Que acorde con el numeral 4 del Artículo 70 de la ley 388 de 1997, se declare y
deje sin efecto el proceso expropiatorio que se surtió con el inmueble ubicado en la
KR 91 BIS No. 129-10 de la Ciudad de Bogotá, el cual inicio con la Resolución No.
108305 del 12 de Diciembre de 2014 y culminó con la Resolución No. 30651 del 04
de Mayo del 2014 (sic), “Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición" y esta a
su vez Confirma en todas sus partes la Resolución No. 14406 del 26 de Febrero de
2015 “Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, siendo la última
notificada de manera personal al suscrito en fecha 17 de Junio de 2015.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se Ordene al Instituto de
Desarrollo Urbano IDU Restablecer el derecho a mi mandante y surtir nuevamente el
proceso expropiatorio del inmueble ubicado en la KR 91 BIS No. 129-10 de Bogotá.,
con Cedula Catastral 124 T 9128, CHIP AAA0129AYSK y matricula inmobiliaria 50N-
791462.

DECLARACIONES SUBSIDIARIAS

1.- Que de no acceder a Io peticionado anteriormente y acorde con el Artículo 58 de
la Constitución Política; numeral segundo del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia C-476 del 2007, se
declare la Nulidad Parcial de la Resolución No. 14406 del 26 de Febrero de 2015,
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA”.
Modificando los Artículos SEGUNDO, TERCERO y CUARTO. Parte Resolutiva -en Io
que concierne al “VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.”, FORMA DE PAGO Y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Y la Resolución No. 30651 del 04 de Mayo
de 2015 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION” y
confirma en todas sus partes la No. 14406 del 26 de Febrero de 2015, Ordenando
pagar el Precio Justo.

2.- Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, se
declare que mi mandante se encuentra exento de los pagos tributarios que por
razones de expropiación administrativa le obligaron a cancelar. toda vez que si, optó
por la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que Io llevo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar un precio injusto, así como por la falta
de negociación, más no por capricho del demandante.

3.- Que como consecuencia de Io anterior se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y así pagar a mi mandante
FERNANDO BUITRAGO MENDOZA, los valores que en adelante relaciono y/o de
conformidad con Io que resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor.

2.1. DAÑO EMERGENTE

2.1.1. La suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte,
($215,445,588.00), por ajuste al valor ordenado y pagado con la Resolución No.
14406 del 26 de Febrero de 2015, confirmada en todas sus partes por la Resolución
No. 30651 del 04 de Mayo de 2015, por concepto de terreno y construcción del
inmueble ubicado en la KR 91 BIS No. 129 -10 de Bogotá, identificado con cédula
catastral 124 T 9128, CHIP AAA0129AYSK y matricula

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3

Núm. único de radicación: 25000234100020150240201
Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

inmobiliaria 50N-791452.

2.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaria y Registro por la compra que deba
realizar mi mandante en reposición del bien expropiado, como Gastos Notariales
proporcional al valor que se declare en la sentencia, así.

Gastos Notariales: 3X1000

Iva Gastos Notariales: (16%)

Gastos de Escrituración

Gastos de Registro 0.5 %

Beneficencia: (1. %)

2.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:

Energía Codensa Retiro de acometida y medidor. Conexión residencial $91.472.oo

Acueducto EAAB Un medidos con suministro de tapón macho de hg $171.460.oo

Gas Natural: Suspensión definitiva $131.032.oo

2.1.4. El valor de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/cte ($5,142,536.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes Raíces, toda vez que
se le aplica la tabla de la tarifa tributaria de manera indebida, ya que mi mandante
debe ser exento de la misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que
en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5%.

2.1.5. El Valor de UN MILLON NOVESCIENTOS (sic) SESENTA Y SEIS MIL
OCHOSCIENTOS PESOS M/cte ($1.966.800.00) equivalente al 20 % de Retención
que les realizó el IDU de los dineros que reconocieron como Lucro Cesante, en razón
a que no hay justificación legal para retener dineros por ingreso de arrendamiento.

2.1.6. El valor de SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($66.000.00) correspondiente al
descuento que le realizaron a los valores reconocidos por Lucro Cesante,
supuestamente por concepto de impuesto, toda vez que se esto descontando de este
ítem y a su vez del ítem del Daño Emergente., en el cálculo de la utilidad por renta,
tal como consta en el Avaluó Comercial No. 2014-2495 del 13 de Noviembre de 2014.
Elaborado por la UAECD.

2.1.7. El valor que se determine a través de perito designado por el Honorable
Tribunal, donde se calcule el valor de la Plusvalía no reconocido en la indemnización
y que eleva el precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no haber sido
expropiado y que tienen derecho por haber cancelado la valorización.

3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos
de los artículos 192 del C.C.A. […]”4

4
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 25000234100020150240201. Archivo denominado: ED_C01_CD1
FOLIO 105-DEMANDA (.zip) NroActua 28, folios 1 a 22.

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4

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Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:

3.1. El inmueble objeto de expropiación administrativa se encuentra en la KR 91
Bis No. 129-10, Barrio Santa Ana, localidad de Suba, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria núm. 50N-00791452, sobre el cual están construidas tres
plantas distribuidas de la siguiente forma: la primera consta de 1 local comercial, 1
apartamento independiente que tiene 2 alcobas, cocina, baño, patio cubierto,
lavadero y escaleras de acceso; la segunda, 1 apartamento independiente que
consta de sala y comedor, 3 alcobas, 2 baños, cocina y escaleras de acceso; y la
tercera, un apartamento independiente que tiene 3 alcobas, un baño y cocina.

3.2. Mediante la Resolución núm. 108305 de 12 de diciembre de 2014 expedida
por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU se determinó la adquisición del inmueble
de propiedad del demandante por vía administrativa. Se constituyó como oferta de
compra el valor de $205.701.440 por concepto de terreno y construcción;
$9.834.000 por concepto de indemnización por lucro cesante y la suma de
$9.940.846 por concepto de daño emergente.

3.3. La oferta se realizó con fundamento en el avalúo comercial núm. 2014-2495
de 13 de noviembre de 2014 realizado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital, el cual según el demandante se realizó sin tener en cuenta las
sentencias 1074 de 2002 y C- 476 de 2007, desconociendo algunos artículos del
Decreto 1420 de 1998, las resoluciones 620 de 2008, 898 y 1044 del 2014, entre
otras.

3.4. Para la fecha de elaboración del avalúo comercial por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, el inmueble se encontraba en
estratificación 2, sin embargo, por reclamación ante la Secretaría de Planeación
Distrital el día 27 de febrero de 2015 mediante la Resolución núm. 0008 se reconoció
que el predio correspondía a un estrato 3 y que durante más de 10 años este no
había sufrido modificación, hecho que varía de manera ostensible el valor del bien
expropiado.

5
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 25000234100020150240201 Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 1 a 67.

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5

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Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

3.5. La indemnización fue impuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
con base únicamente en el avalúo comercial núm. 2014-2495 de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, entidad la cual, según el demandante,
no tenía facultades legales para determinar de manera unilateral el daño emergente
ni el lucro cesante, y que además desconocía que se trataba de un inmueble con
destinación de locales comerciales y apartamentos independientes que generaban
ingresos. Además, el avalúo tiene errores como tomar el precio base para calcular
el metro cuadrado de construcción el referido en la tabla de tipologías de la unidad
y unos presupuestos que no se anexan al avalúo.

3.6. Las anteriores circunstancias, llevaron a que no se aceptara la oferta y como
consecuencia la entidad demandada mediante Resolución núm. 14406 del 26 de
febrero de 2015 decidiera continuar con la tercera etapa del procedimiento,
ordenando la expropiación por vía administrativa. Presentó el recurso de reposición,
por cuanto presuntamente se le estaba causando un agravio injustificado,
solicitándole a la entidad que ponderara el valor, que verificara y revisara el avalúo
realizado por la unidad al omitirse los requisitos exigidos en el Decreto 1420 de 1998
y las Resoluciones 620 de 2008 y 1044 de 2014, entre otros.

3.7. Mediante Resolución núm. 30651 de 2015 el Instituto de Desarrollo Urbano
– IDU, resolvió el recurso confirmando en todas sus partes la resolución.

3.8. El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU no cumplió con la disposición
inmediata de los dineros ordenados en la Resolución 14406 del 26 de febrero de
2015. No obstante, la ley establece un término inmediato para el pago, el IDU
interpretó el plazo de manera diferente, según sus propios reglamentos internos.
Finalmente, el pago se realizó hasta el 24 de julio de 2015, entregando un cheque
por un monto inferior al inicialmente reconocido, lo que generó incertidumbre y una
carga económica adicional para el afectado.

3.9. El valor del cheque entregado fue de $212.441.306.00, una cifra que
representó una disminución respecto al monto inicial de doscientos veinte millones
cuatrocientos setenta y seis mil doscientos ochenta y seis pesos, estipulado en la
resolución. Este descuento se debió a la reducción de conceptos como desconexión
de servicios públicos e impuestos prediales, además de los gastos de escrituración.
A pesar de esto, el demandante consideró que el monto final no reflejaba el valor
real del inmueble.

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Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

3.10. El demandante también señaló que el IDU incumplió los artículos 23 y 37 de
la Ley 1682 de 2015, que establecen que la indemnización debe ser integral,
incluyendo tanto el daño emergente como el lucro cesante. Sin embargo, el instituto
no canceló la totalidad de los perjuicios económicos derivados de la expropiación.
Además, en el momento del pago, se realizaron retenciones adicionales por
enajenación de bienes raíces, lo que redujo aún más el valor neto recibido.

3.11. El afectado argumentó que el pago recibido de $212.441.306.00 no era
suficiente, considerando que el avaluó comercial realizado en 2014 valoraba el
inmueble en $421.147.028. Aseguró que este valor comercial cumplía con todos los
requisitos legales, lo que hacía evidente la desproporción entre lo ofertado y el valor
real de la propiedad.

3.12. Aunque no se oponía a la expropiación en sí, el demandante consideró
injusto el valor ofrecido y decidió someter la indemnización al control contencioso
administrativo. Aclaró que, tanto él como su esposa, son personas mayores de 60
años, sin profesión, y que dependían económicamente de los ingresos del alquiler
de su propiedad y locales comerciales. La pérdida de estos ingresos fue un golpe
económico considerable, sin posibilidades de recuperar el bien expropiado.

3.13. El demandante denunció que el proceso de negociación fue inadecuado,
porque el Instituto de Desarrollo Urbano solo presentó una resolución de oferta sin
dar lugar a una verdadera negociación. Se limitó a esperar que los propietarios
aceptaran o rechazaran la oferta sin posibilidad de una audiencia de contradicción.
Según el afectado, esta falta de un proceso participativo y transparente fue un acto
de imposición, que no permitió ponderar el valor justo de la indemnización.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Numerales 2 y 4 del artículo 70 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
• Artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política.
• Artículo 68 de la Ley 388 de 1997

6
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”

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• Artículo 21.2 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 17 de la
Declaración de los Derechos del Hombre.
• Artículos 2, 3 y numeral 7 y literal “b” del artículo 22 del Decreto 1420 de 14
de julio de 19987.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

Falsa motivación

5.5. Los actos administrativos incurren en una falsa motivación, porque están
soportados en un avalúo comercial que tiene falencias. Vulneran el numeral 2 del
artículo 70 de la Ley 388 de 18 de julio de 19978, porque la entidad demandada no
puso a disposición inmediata el dinero, sino 2 meses después de proferida la
resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que
ordenó la expropiación.

5.6. Asimismo, violan los artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución
Política, porque el IDU estaba obligado a observar los preceptos que señalan el
ejercicio justo, imparcial y de buena fe del poder o de la atribución de sus funciones,
atendiendo el principio de protección y efectividad de los derechos.

5.7. Igualmente quebrantan el artículo 68 de la Ley 388 de 18 de julio 1997,
porque posterior a citar las sentencias C-476 de 2007 y C- 1074 de 2002 de la Corte
Constitucional, afirma que una cosa es la etapa de oferta y el avalúo es la base para
la negociación, por lo que, fracasada la negociación, le corresponde a la
administración al momento de decidir la expropiación mediante un nuevo acto
administrativo efectuar la fijación de la indemnización consultando los intereses de
la comunidad y del afectado.

5.8. Manifestó que el avalúo comercial es un valor tomado en cuenta en la etapa
de enajenación voluntaria y se predica solamente de la oferta hecha por la

7
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]” .
8
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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Núm. único de radicación: 25000234100020150240201
Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

administración al dueño del bien a expropiar como base para la misma, en tanto que
el precio indemnizatorio que se paga por el bien corresponde fijarlo a la
administración mediante acto administrativo motivado. Considera que el Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU confundió el avalúo comercial con el valor que debería
reconocer por indemnización y elevarlo al precio justo.

5.9. Desconocen los tratados internacionales, como el Pacto de San José de
Costa Rica y la Declaración de los Derechos del Hombre, puesto que, el quantum
de la expropiación debe abarcar, además del valor del bien expropiado, el de los
daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación, es decir la
indemnización debe ser plena, ya que debe comprender el daño emergente y el
lucro cesante.

5.10. Vulneran el artículo 2 del Decreto 1420 de 1998, al imponerse un valor
determinado por otra entidad del distrito, sin la libre actuación del afectado, incluso
no se consultó la conclusión del avalúo, así como tampoco los elementos que se
tuvieron en cuenta para el resultado. Respecto del artículo 3 de la mencionada
norma, no se tuvo otro concepto de avalúo, desconociendo que podría hacer
realizado una licitación con “Unilonjas o peritos privados”.

5.11. Infringen el numeral 7 del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, en lo que
respecta a la estratificación económica, esta fue congelada en estrato 2 por el
distrito, cuando realmente correspondía al 3.

Contestación de la demanda

6. El Instituto de Desarrollo Urbano9 contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante10, así:

6.1. Después de realizar un pronunciamiento de los hechos recordó que, el
concepto de afectación según el artículo 447 del Acuerdo 190 de 2004, aplicable en
el contexto de la expropiación administrativa. Este artículo establece que la
afectación es una restricción que limita la obtención de licencias urbanísticas, como
consecuencia de obras públicas relacionadas con la protección ambiental. La
expropiación es una acción de derecho público que permite la transferencia de un

9
Por intermedio de apoderada.
10
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 151 y ss.

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bien privado a dominio público, bajo la condición de indemnización previa y
conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes
aplicables.

6.2. Indicó que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU actuó conforme a la Ley
388 de 1997, la cual regula el procedimiento de expropiación administrativa para la
ejecución de obras de utilidad pública. La adquisición del inmueble fue parte de la
ejecución de la obra en Suba, la cual no fue arbitraria, sino que respondía a
necesidades urbanísticas reconocidas por la comunidad. En este contexto, se
garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y el respeto por los derechos de
los demandantes en todas las fases del procedimiento.

6.3. Manifestó que la indemnización otorgada a los expropiados se ajustó a lo
dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política, que establece que la
expropiación debe ir acompañada de una indemnización justa, en función de los
principios de legalidad y equidad. La administración no incurrió en confiscación,
pues el valor de la indemnización fue fijado conforme al avalúo realizado por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, tomando en cuenta
el valor comercial del inmueble y los perjuicios ocasionados por la expropiación.

6.4. Señaló que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial la
Sentencia C-227/11, resalta que la expropiación debe garantizar ciertos principios
fundamentales, como la legalidad, el respeto al derecho de defensa, el debido
proceso y la indemnización previa. En el caso concreto, la indemnización, aunque
ajustada a los valores establecidos por el avalúo técnico, no necesariamente
responde de manera integral a los intereses privados del afectado, sino que también
debe considerar los intereses generales de la comunidad y el propósito de la obra
pública.

6.5. Consideró que, el valor de la indemnización se determinó conforme a la Ley
388 de 1997 y las normativas asociadas, y se ajustó al procedimiento legalmente
establecido. Las resoluciones emitidas, tales como la Resolución 108305 de 2014 y
la Resolución 14406 de 2015, documentan el proceso de adquisición y expropiación,
y las indemnizaciones correspondientes por concepto de daño emergente y lucro
cesante, las cuales fueron debidamente fundamentadas en el avalúo comercial.

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Núm. único de radicación: 25000234100020150240201
Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

6.6. Indicó que, el proceso de expropiación fue realizado dentro del marco legal y
constitucional, respetando los derechos de los demandantes y garantizando una
indemnización justa. No se incurrió en ninguna violación de las normas superiores,
y el valor de la indemnización fue determinado según los parámetros legales, sin
vulnerar los derechos de propiedad ni los principios establecidos en la Constitución
Política.

6.7. En relación con el informe técnico de avalúo, señaló que la determinación del
valor de la indemnización por expropiación está condicionada por la Ley 388 de
1997, al avalúo practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la entidad
que cumpla sus funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, en este caso la entidad que realizó el avalúo fue la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de conformidad con la
competencia establecida en la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 1420 de 1998; por tal
motivo, la Dirección Técnica de Predios no tiene competencia para desvirtuar los
conceptos técnicos emitidos por las entidades avaluadoras y no podría sentar una
posición contraria. ya que dentro del marco establecido en la normatividad vigente
no tiene competencia para emitir conceptos técnicos de avalúo, ni ningún otro tipo
de acto que no esté enmarcado dentro de sus funciones legalmente establecidas.

6.8. Aclaró que una vez revisada la actuación administrativa surtida en el presente
proceso se pudo establecer que esta entidad en su oportunidad legal no advirtió
ningún tipo de inconsistencia técnica que fundamentara la solicitud de revisión del
informe técnico de avalúo emitido por la entidad competente, ya que el mismo
cumple con los parámetros exigidos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución
620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

6.9. Advirtió que el avalúo anexado no tiene respaldo técnico ni jurídico, toda vez
que no cumple con la Resolución 620 de 2008 artículo 13 "[…] Método de Costo de
Reposición. En desarrollo de este método se debe entender por costo total de la
construcción la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros y los
de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse [...]”, si bien se aplica este método
valuatorio, no se hace referencia en el informe de avalúo la fuente de información
de la cual se obtiene el valor de reposición asignado al predio, toda vez que este
valor, debe corresponder al valor a nuevo del predio objeto de avalúo de acuerdo a
sus componentes constructivos.

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Demandante: Fernando Buitrago Mendoza

6.5. Por último, propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud de la demanda por
falta de los requisitos formales – ausencia del requisito de procedibilidad exigido por
el artículo 35 y 36 de la Ley 640 de 2001; ii) cumplimiento de los requisitos legales
para la determinación del precio indemnizatorio; iii) cumplimiento de los requisitos
legales para la elaboración del avalúo; iv) excepción de ausencia total de
imputabilidad del perjuicio al IDU; v) la excepción de legalidad de los actos
administrativos; vi) y la excepción genérica.

Sentencia apelada

7. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 15 de agosto de 201911, resolvió:

“[…] Primero. Declárense no probadas las excepciones denominadas “Ineptitud
sustantiva de la demanda por falta de los requisitos formales – Ausencia del requisito
de procedibilidad exigido por el artículo 35 y 36 de la Ley 640 de 2001” y “Genérica”
formuladas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Deniéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Condénase en costas al demandante y/o parte actora. Por Secretaría,
liquídense las costas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
366 del Código General del Proceso.

Cuarto. Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a favor por concepto
del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.

Quinto. Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203
del Código Contencioso Administrativo.

Sexto. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. Determinó como objeto de la controversia la “[…] nulidad de las Resoluciones
Nos. 108305 del 12 de diciembre de 2014 "por la cual se determine la adquisición
de un inmueble, por e! procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se
formula una oferta de compra", 14406 del 26 de febrero de 2015 "por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, y la 30651 del 4 de mayo de 2015
"por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora

11
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 563 a 358.

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Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU; por cuanto que, dichos
actos, incurren en una falsa motivación porque fueron expedidos con violación de
los artículos 2, 4, 6, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política; 68 y 70 (numerales
2 y 4) de la Ley 388 de 1997; y 2, 3 y 22 (numeral 7) del Decreto 1420 de 1998 […]”.

9. En primer lugar, consideró que las excepciones propuestas por la parte
demandada no estaban llamadas a prosperar, toda vez que, en lo que tiene que ver
con el requisito de agotamiento de la conciliación para demandar, el objeto de
controversia que motivó a la parte demandante a presentar la solicitud de
conciliación extrajudicial y el que lo llevó a presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento es el mismo; respecto de los demás medios exceptivos, estos son
verdaderos cuestionamientos de fondo, por lo tanto el tribunal procedió a
resolverlos.

En relación con la falsa motivación

10. Indicó que una vez ejecutoriada la decisión de expropiación por vía
administrativa la autoridad que la expide debe poner a disposición inmediata del
particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes y si ello no ocurre la decisión expropiatoria no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento.

11. En el caso concreto, el artículo 2 de la Resolución núm. 14406 del 26 de
febrero de 2015 “Por la cual se ordenó una expropiación por vía administrativa”,
dispuso que el trámite de pago se efectuaría por la tesorería del IDU previa
autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de Predios y por el 100% del
valor indemnizatorio correspondiente a la suma $219.550.642, el cual sería puesto
a disposición del demandante una vez estuviera ejecutoriada la decisión de
expropiación y se efectuarán los tramites respectivos. El mencionado acto fue
confirmado por la Resolución núm. 30651 de 4 de mayo de 2015 y quedó
ejecutoriado el 18 de junio de 2015.

12. Indicó que en el expediente obra acta de entrega del pago indemnizatorio en
donde se deja constancia que se hizo entrega de un sobre sellado que contenía el
número de identificación del pago solicitado al banco por el valor de $212.441.306

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por concepto del precio indemnizatorio con orden de pago de 21 de julio de 2015.

13. Consideró que, una vez ejecutoriado el acto administrativo que ordenó la
expropiación, esto es el 18 de junio de 2015, la orden de pago se expidió el 21 de
julio de ese mismo año y fue cobrada por el demandante el 24 de julio de 2015, es
decir, que el valor del precio indemnizatorio, si bien no se puso a disposición de
manera inmediata, si ocurrió dentro de un tiempo razonable y lógico. Dentro de las
razones destaca: i) para iniciar los trámites administrativos de pago la
administración debía esperar a que el acto quedara debidamente ejecutoriado; ii)
para el pago de la obligación se deben realizar los trámites administrativos
financieros y contables dentro de un tiempo razonable teniendo en cuenta la
dinámica de la administración pública, cuyos tiempos no funcionan como un
cronómetro debido al gran cúmulo de trámites y requisitos; iii) la orden de pago sólo
se puede expedir una vez superados los trámites internos en las oficinas de
presupuesto, contabilidad y tesorería y iv) una vez ejecutoriado el acto -18 de junio
de 2015- que ordenó la expropiación, la orden de pago se expidió el 21 de julio de
ese mismo año, es decir, 33 días calendarios después, 21 días hábiles después,
término que consideró prudente y razonable.

En relación con el avalúo

14. El valor relativo al terreno fue debidamente soportado a través de un estudio
técnico de las ofertas o transacciones a la época del avalúo, de bienes semejantes
y comparables al objeto del avalúo utilizando el método comparativo o de mercado.
El valor de las construcciones consistentes en una casa de tres pisos fue
debidamente soportado a través de un estudio técnico aplicando el método de costo
de reposición. En el caso concreto el precio indemnizatorio establecido en el
dictamen realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y que
sirvió de fundamento para la expedición de los actos acusados incluyó tanto el valor
comercial del inmueble como la indemnización por los perjuicios causados, incluida
la pérdida de la utilidad que recibía por concepto del arriendo.

15. Consideró que, el avalúo comercial efectuado el 13 de noviembre de 2014
por la Unidad Especial de Catastro Distrital se dejó claramente determinado que el
sector donde se encontraba ubicado correspondía a estrato 2 de conformidad con
Io dispuesto en el Decreto 291 del 26 de junio de 2013, acto administrativo vigente
para la época en que se surtió la oferta de compra y para cuando se realizó el avalúo

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del bien y se determinó el valor comercial del mismo, y frente al cual no obra prueba
en el expediente de que haya sido anulado ni suspendido por la jurisdicción de Io
contencioso administrativo previa o posteriormente al avalúo realizado.

16. Consideró que el avalúo presentado por la parte demandante, realizado por
la auxiliar de justicia, carece de los elementos de juicio y soporte técnico necesarios
para sustentar las cifras indicadas en el informe. A pesar de que se emplearon los
métodos de reposición y comparativo, la perito no aportó evidencia que respaldara
las transacciones del sector ni las propiedades utilizadas para la comparación.
Tampoco presentó los documentos que permitieran verificar la exactitud de los
valores establecidos para el terreno y la construcción.

17. Estableció que la falta de documentación que fundamenta las conclusiones
del avalúo, especialmente las cifras relacionadas con el valor de la construcción y
las áreas del terreno, compromete la validez del dictamen. No presentó pruebas que
validaran ni el área del terreno (76.1 M²) ni el área construida (219.59 M²), datos
que resultan contradictorios con los registros oficiales, como la Escritura Pública y
el Folio de Matrícula Inmobiliaria.

18. Determinó que para que un avalúo sea válido dentro del marco legal, es
necesario que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 1420 de 1998,
que incluyen la correcta identificación del inmueble, la justificación técnica de las
cifras y la presentación de los elementos que soporten la valuación. En este caso,
el avalúo presentado por la parte actora no cumplió con estas exigencias, por lo que
no se consideró como una prueba idónea para desvirtuar el avalúo realizado por la
Unidad Especial de Catastro Distrital.

19. Aclaró el a quo que, según el artículo 26 de la Ley 388 de 1997 y la
Resolución IGAC 620 de 2008, un avalúo debe basarse en métodos establecidos y
debe contar con un respaldo técnico y documental. Al revisar el avalúo presentado
por la parte actora, la Sala encontró que se emplearon métodos no sustentados y
se omitieron los detalles que validaran las cifras de la valuación, lo que vulnera los
principios legales y metodológicos que regulan este tipo de estudios.

20. Reiteró que, la perito incurrió en contradicciones al afirmar que utilizó el
método comparativo y de reposición, sin embargo, en su informe también mencionó
el uso de una tabla específica de depreciación, lo que evidencia una falta de claridad

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15

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en el procedimiento empleado. La aplicación incorrecta de los métodos establecidos
por la ley y la inconsistencia en su informe técnico evidencian una falta de rigor y
validez en el avalúo presentado.

21. Concluyó que, dado que el avalúo realizado por la parte actora carece de
sustento probatorio y no cumple con los requisitos establecidos por la ley, no puede
ser utilizado como prueba para impugnar el precio indemnizatorio fijado en el
dictamen de la Unidad Especial de Catastro Distrital. De este modo, se reafirmó que
el precio de la oferta de compra establecido en el acto demandado no era inferior al
que correspondía comercialmente.

22. Consideró que el dictamen pericial presentado por la auxiliar de la justicia
Ada Luz Bohórquez Vásquez carecía de un soporte probatorio adecuado, ya que no
presentó evidencia suficiente que validara los valores indicados en el avalúo. Señaló
que no se aportaron las matrículas inmobiliarias ni los documentos pertinentes que
demostraran la veracidad de los datos sobre el mercado inmobiliario que ella utilizó
para calcular el valor del inmueble. Además, destacó que la perito no proporcionó
pruebas del estudio del mercado comparativo realizado, lo que restó credibilidad a
las conclusiones del dictamen.

23. Determinó también que la perito no pudo verificar las condiciones reales del
inmueble, ya que, para el momento de la visita, el bien ya había sido demolido.
Consideró que la falta de una inspección física adecuada del predio afectó la
exactitud del dictamen, ya que la perito se basó en datos parciales, tales como
fotografías previas y otros avalúos, lo que impidió que se realizara una evaluación
fidedigna del valor comercial del bien en cuestión.

24. Observó que se utilizó un método de comparación basado en propiedades
de estrato 3 ubicadas en el sector de Suba Rincón, pero las tablas de mercado
comparativo presentadas en su dictamen correspondían a propiedades de estrato
2, lo que evidenció una incongruencia en los datos utilizados para el cálculo del
valor del inmueble. En consecuencia, las conclusiones del avalúo eran subjetivas y
carecían de fundamento probatorio suficiente.

25. Recalcó que el dictamen pericial elaborado no consideró la normatividad
vigente al momento de la expropiación y el avalúo, específicamente el Decreto 291

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de 2013, que establecía el estrato del bien expropiado como estrato 2. A pesar de
ello, la perito asumió que el inmueble correspondía a estrato 3, lo que resultó en un
cálculo erróneo del valor del bien. En este sentido, no se cumplió con las exigencias
legales y reglamentarias para llevar a cabo una evaluación correcta.

Recurso de apelación

26. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 15 de agosto de
2016 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Antioquia; para lo cual expone los siguientes argumentos12:

27. Indicó que, de lo probado se tiene que el pago estuvo sujeto a trámites
presupuestales, tal afirmación no desvirtúa el hecho de que la Ley 388 de 1997 es
clara respecto del término en el cual se debe poner a disposición el dinero de la
expropiación, por lo cual se omitió el mandato normativo sin que se motivara la
consideración de encontrarlo justificado.

28. Señaló que, el demandante tuvo que incurrir en gastos para el reemplazo de
la vivienda y que el a quo desconoció los motivos por los cuales se descontaron los
valores como por ejemplo el de la desconexión de los servicios públicos.

29. Consideró que la demanda se inició para controvertir el precio indemnizatorio.
Lo que se discute no es que se haya omitido el pago sino la violación de la norma
con respecto a la disposición inmediata.

30. Indicó que “[…] no es posible que se sostenga por la Sala del Tribunal, que
no es válido un avalúo presentado con la demanda porque no menciona según sus
(sic) análisis cual sería el método correcto para el caso en concreto […]”.

31. Señaló que, no se analizaron las pruebas documentales allegadas con la
demanda y se desconoció que la parte demandada nunca indicó las fuentes que
determinaron la indemnización. Además, que el avalúo realizado por la auxiliar de
justicia fue con motivos de una solicitud y que por razones ajenas dicho valor fue

12
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 651 y ss.

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realizado dos años después y con el bien inmueble otras condiciones. Que los
descuentos realizados por la entidad expropiante al momento del pago como una
retención del 2.5% por enajenación de bienes raíces más la suma del 20% de los
ingresos por lucro cesante no era procedente.

32. Indicó que no se realizó una valoración de las pruebas aportadas con la
demanda, por un lado, la copia del impuesto predial el cual demostraba que
inmueble catastro lo tiene catalogado como comercial, estrato 0. Además, la prueba
del debate de control político al que fue sometido la entidad demandada.

33. Argumentó que se desconoce cuál es el fundamento legal para que la unidad
que realizó el avalúo también fijara el daño emergente y el lucro cesante. Resaltó
que la demanda no está solicitando una reparación integral, es decir perjuicios
morales, sino el reconocimiento de una indemnización justa sin atropellar sus
derechos.

Actuación en segunda instancia

34. El Despacho sustanciador, mediante autos de: i) 18 de marzo de 2021,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; ii) 29 de abril
de 2021, ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera el concepto.

Alegatos de conclusión

35. La partes demandante y demandada respectivamente reiteraron los
argumentos del recurso de apelación y de la contestación de la demanda.

Concepto del Ministerio Público

36. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

37. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

38. Vistos el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo13 sobre la competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30814 de la Ley 1437 de
201115, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201916, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, en segunda instancia.

39. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

40. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los
artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201217, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de

13
“[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado,
en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo
245 de este código. […]”.
14
[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas
y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
15
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
16
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]” Modificado por el artículo 1° del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo
número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por
medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de
2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
17
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

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19

Núm. único de radicación: 25000234100020150240201
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo18.

Actos acusados

41. Los actos acusados son los siguientes:

41.1. La Resolución núm. 108305 de 201419 “[…] Por la cual se determina la
adquisición, por el procedimiento de la expropiación por vía administrativa y se
formula una oferta de compra […]”, expedida por la directora técnica de predios del
Instituto de Desarrollo Urbano que resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997,
determinar la adquisición del inmueble ubicado en la KR 91 BIS 129 10, de la ciudad
de Bogotá D.C., con un área de 84.83 m2 de terrene, identificado con la cedula
catastral 124 T 9128 CHIP AAA0129AYSK y matricula inmobiliaria 50N-791452 todo
de acuerdo con el Registro Topográfico número 44153 cuya copia se anexa, donde
aparece delimitado y alinderado, con un área de 84.83m2 de terrene, un (1) piso teja
triple altura de 4,68 m2, dos (2) pisos placa más enramada de 27,98 m2, tres (3) pisos
teja de 52,17m2, una (1) Place volada de 0.88 m2, un (1) Piso voladizo de 3.15m2 y
dos (2) pisos voladizos de 2.35m2, el cual es objeto de la presente oferta, dirigida al
señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No
17.086.442 titular del derecho real de dominio; adquisición que se realizará mediante
el procedimiento de la expropiación por vía administrativa establecido en el capítulo
VII y VIII de la Ley 388 de 1997, con destine a la obra; AVENIDA EL RINCON (AK 91
Y AC 131 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA
(TRANSVERSAL 97).

ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo constituye oferta de compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, advirtiendo al actual titular
de derechos reales que si dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a
la ejecutoria de la presente resolución, no ha sido posible llegar a un acuerdo formal
para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa
o suscrito este se incumpliere con cualquiera de sus estipulaciones contractuales, el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO con NIT 899.999.081-6, procederá a emitir
el acto administrativo de expropiación por vía administrativa según Io dispuesto por el
artículo 68 de la citada Ley 388 de 1997.

ARTICULO TERCERO: El valor del precio indemnizatorio que presenta el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ($220,476,286) MONEDA CORRIENTE, el citado valor comprende A)
DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS (205.701.440) MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo
terreno y construcción. B) NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL PESOS ($9,834,000) MONEDA CORRIENTE por concepto de Lucro
Cesante. C) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($4,940,846) MONEDA CORRIENTE
por concepto de Daño Emergente. Para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley 9a

18 “[…] ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. […]”
19
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 34 a 36.

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de 1989 y el artículo 67 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 61 de
la misma norma, se anexa fotocopia del informe técnico de avalúo comercial No. 2495
del 13 de noviembre del 2014, practicado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital de Bogotá D.C., de acuerdo con los parámetros y criterios
establecidos en la normatividad vigente.

ARTICULO CUARTO.- FORMA DE PAGO: El INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, se obliga a pagar el precio indemnizatorio, así: En caso de que el
propietario, una vez notificado del presente acto administrativo acepte el precio
indemnizatorio y suscriba promesa de compraventa para la enajenación voluntaria de
que trata el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, el page total se realizara previa
expedición de los registros presupuestales y autorización expresa y escrita de la
Dirección Técnica de Predios, por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ($220,476,286) MONEDA CORRIENTE, el pago que se realizara en la forma
y términos previstos en la promesa de compraventa respective, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes, a la fecha en que se radique (n) la(s) orden(es) de pago
en la Dirección Técnica Administrativa y Financiera del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, siempre que el (los) propietarios (s) cumpla (n) las
siguientes condiciones: 1) Legalización de la correspondiente promesa de
compraventa, 2) Presentación del certificado de libertad y tradición actualizado, en el
que conste la inscripción de la oferta de compra, en el evento de que existan
limitaciones y/o gravámenes al dominio, estos deberán levantarse previo al trámite de
este pago. 3) Verificación del estado de cuenta por la contribución de valorización y
el estado de cuenta del Impuesto Predial de los últimos cinco (5) anos. 4) La entrega
real y material del inmueble objeto de adquisición al IDU. 5) La transferencia del
derecho de dominio por parte de los PROPIETARIOS al IDU o de la posesión quieta,
pacifica, regular e inscrita. En todo caso, el desembolso de este porcentaje
únicamente se realizará previa constatación del hecho de que el inmueble objeto de
compra, se encuentra libre de condiciones resolutorias, vicios, gravámenes y/o
limitaciones al derecho de dominio.

PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio y la entrega
material del inmueble se llevará a cabo por parte del (los) PROPIETARIO(S) al IDU,
dentro del término establecido para tal efecto en la respective promesa de
compraventa o en el término que acuerden las partes, el cual en todo caso no podrá
ser superior a los 30 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Igualmente se descontará de la partida equivalente al
Daño Emergente, el valor que tenga que asumir el Instituto de Desarrollo Urbano por
concepto de los pagos que haya realizado con motive del traslado de acometidas o
taponamientos que haya necesidad de realizar en el predio objeto de la presente
oferta, para el efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor inscrito
autoriza que se efectúe ese pago directamente a la Empresa de Servicios Públicos
correspondiente.

ARTICULO QUINTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO emitido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad, según
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5798 del 11 de diciembre del 2014.

ARTICULO SEXTO; De conformidad con Io dispuesto en el artículo 66 de la ley 388
de 1997, el señor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá Zona Norte, procederá a inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50N- 791452.

ARTICULO SÉPTIMO:- NOTIFICACION: La presente resolución se notifica al titular
del derecho de propiedad conformidad con Io previsto en el Código de Procedimiento

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Administrativo y de Io Contencioso Administrativo y contra esta no procede recurso
de acuerdo con Io señalado en los incisos 1° del artículo 13 de la ley 9 de 1989 y 4°
del artículo 61 de la ley 388 de 1997 […]”. (Destacado del texto)

41.2. La Resolución núm. 14406 de 26 de febrero de 201520 “[…] Por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa […]”, expedida por la directora
técnica de predios del Instituto de Desarrollo Urbano que resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU del inmueble ubicado en la KR 91 BIS 129
10, de la Ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cedula catastral 124 T 9128, CHIP
AAA0129AYSK y matricula inmobiliaria 50N-791452 conforme al Registro
Topográfico número 44153, donde aparece debidamente delimitado y alinderado con
un área de terreno de (85.83. m2), un (1) piso teja de triple altura de 4,68 rn2, dos (2)
pisos placa más enramada de 27.98 m2, tres (3) pisos teja de 51.17 m2, una place
volada de 0.88 m2, un piso voladizo de 3.15 m2 y dos pisos voladizos de 2.35 m2,
aclarándose que las áreas de construcción anteriormente descritas en su totalidad
presentan el siguiente resultado: CONSTRUCCION 1 (2 piso place) de 55.96 m2,
CONSTRUCCION 2 (3 piso teja) 169.04 m2, CONSTRUCCION 3 (enramada) 27,98
m2, PLACA VOLADA 0.88 M2, conforme al Registro Topográfico número 44153
elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014, cuyos
linderos específicos son: POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea recta y
distancia de (9.50 mts.), con propiedad particular; POR EL SUR: Del punto C al punto
D en línea recta y distancia de (9.42 mts.), con propiedad particular; POR EL
ORIENTE: Del punto B al punto C en línea recta y distancia de (8.84 mts) con
propiedad particular, POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto A en línea recta y
distancia de (9.11 mts.), con future paramento”.

El titular inscrito del inmueble objeto de expropiación es el Señor FERNANDO
BUITRAGO MENDOZA identificado con cedula de ciudadanía No 17.086.442.

ARTICULO SEGUNDO - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO,- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($219.550.642.oo) MONEDA
CORRIENTE, de acuerdo con el Avalúo Comercial No. 2014-2495 de fecha 13 de
noviembre del 2014, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral. Subgerencia de
Información Económica y el informe de Reconocimiento Económico del 26 de febrero
de 2015, el citado valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($205.701.440.oo) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de terrene más construcción.

2. La suma de CUATRO MILLONES QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
($4,015,202.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de daño emergente.

3. La suma de NUEVE MULLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
PESOS ($ 9.834.000.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de Lucre Cesante

PARAGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
20
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 34 a 36.

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públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operara de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motives de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial Io que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios. motive por el cual continuara siendo
responsable del consume, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos el Señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA identificado
con cedula de ciudadanía No 17.086.442.

ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuara por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de DOSCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS ($219,550,642.00) MONEDA CORRIENTE el citado
valor, será puesto por parte de la Tesorera del Instituto de Desarrollo Urbano a
disposición del Señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA identificado con cedula
de ciudadanía No 17.086.442, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos tramites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición del Señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA identificado con cedula
de ciudadanía No 17.086.442, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignara en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con Io establecido en el numeral 2° del artículo 70 de la ley 388 de 1997,
remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.

ARTICULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal No. 5074 del 17 de diciembre
de 2014, emitido por la Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección
Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU.

ARTICULO QUINTO.- DESTINACION.- El inmueble referido, será destinado para la
construcción de la obra: AVENIDA EL RINCON (AK 91 Y AC 131 AJ DESDE LA
CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97), de
acuerdo con la Resolución No. 0811 del 15 de Julio de 2014, expedida por la
Secretaría Distrital de Planeación.

ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVAMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a Io establecido
en el artículo 68 núm.. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación
número 2 de fecha 18 de febrero de 2015, Radicación: 2015-10961 del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50N-791452 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Zona Norte, donde se encuentra registrada la Resolución No 108302 del 12 de
diciembre de 2014, “POR LA CUAL SE DETERMINA LAADQUISICION DE UN

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INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACION POR VIA
ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA”, cuya inscripción
se solicitó mediante oficio con RAD IDU No 20153250159671 el 23 de enero de 2015.

ARTICULO SEPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCION. - De conformidad con b
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a):
Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-791452 con Io
que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio en
cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificado con Nit:
899.999.081-6.

ARTICULO OCTAVO. ENTREGA.- De conformidad con Io dispuesto en el artículo 70
numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble identificado
en el artículo primero (1°), para Io cual en caso de renuencia del expropiado, acudirá
al auxilio de las autoridades de policía.

ARTICULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de conformidad con las
reglas establecidas en el artículo 66 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
y de Io Contencioso Administrativo al Señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA
identificado con cedula de ciudadanía No 17.086.442, haciéndole saber que contra la
presente solo precede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes
a la fecha de notificación, de acuerdo con Io establecido en el artículo 69 de la ley 388
de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo […]”. (Destacado del texto)

42. La Resolución núm. 30651 de 201521 “[…] Por la cual se resuelve un recurso
de reposición […]”, expedida por la directora técnica de predios del Instituto de
Desarrollo Urbano que resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución
No 14406 del 26 de febrero de 2015, por medio de la cual se ordena la
expropiación por vía administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano
— IDU, del inmueble ubicado en KR 91 BIS 129 10, de la ciudad de Bogotá
D.C., identificado con la cedula catastral 124 T 9128, CHIP AAA0129AYSK y
matricula inmobiliaria 50N-791452, la cual fue notificada personalmente al
Señor FERNANDO BUITRAGO MENDOZA identificado con cedula de
ciudadanía No 17.086.442 de Bogotá D.C, conforme al registro topográfico
número 44153, elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de
mayo de 2014, por las consideraciones expuestas en la parte motive del
presente acto administrativo […]”.

Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, determinar si: i) a la parte demandante se le
debió reconocer la indemnización conforme lo solicitado en las pretensiones de la

21
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28.

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demanda, ii) si la parte demandada incurrió, en el avalúo oficial, en alguna
incorrección o defecto que afectara el precio indemnizatorio y iii) si se desconocieron
las pruebas presentadas por la parte demandante encaminadas a desvirtuar el
avalúo oficial.

44. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

45. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de la expropiación administrativa

46. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.

47. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual
está compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con
los artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés
social se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.

48. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía
administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento
correspondiente, mediante acto administrativo formal, el cual se notificará al titular
del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será

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inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo
acto constituirá la oferta de compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación
voluntaria.

49. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem22. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.

50. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.

51. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:

“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.

22
Artículo 67 Ley 388.

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4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.

52. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.

53. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”23.

54. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.

55. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio
más favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración24.

56. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
24
Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.

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que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.

57. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener
en cuenta los siguientes parámetros:

“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.

Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.

Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.

Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

La estratificación socioeconómica del bien […]”

58. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:

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59. Para el terreno:

• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.
• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.

60. Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

61. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.

62. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las Leyes 9. ° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno
de los siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.

63. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble
objeto de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la
reglamentación urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo;
además, este no puede incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y
verificables.

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Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante

64. Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá
adelantar una expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una
indemnización previa, la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad
y del afectado.

65. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago,
prevé que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.

66. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa
y ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.

67. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla
general, la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude
incluir los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin
embargo, esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la
Constitución Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico,
sino a una carga que debe soportar el particular.

68. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la

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indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.

69. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:

“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:

1. No puede haber expropiación sin indemnización;

2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular
al Estado;

3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta
los intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;

4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.

5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero
si se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir
por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”25.

70. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el
6 de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.2 26 de la Convención

25
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
26
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”

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Americana sobre Derechos Humanos27 y 1728 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:

“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.

[…]

No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.

En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”29.

71. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la
jurisdicción contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue
justa y plena, le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama
-daño emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto administrativo
que dispuso la expropiación.

27
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
28
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón;
sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601

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Acervo probatorio

72. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes30:

• Resolución núm. 108305 de 12 de diciembre de 2014, “[…] Por la cual se
formula una oferta de compra del bien inmueble ubicado en la KR 91 BIS No.
129-10, Localidad de Suba […]”.
• Avalúo Comercial núm. 2014-2495 de 13 de noviembre de 2014, realizado
por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, sobre el bien
inmueble ubicado en la KRA 91 BIS No. 129-10, Localidad de Suba.
• Avalúo Comercial núm. 9896/2014 de 22 de diciembre de 2014, realizado por
la firma Soluciones Inmobiliarias Sarmiento y Osorio, sobre el bien inmueble
ubicado en la KRA 91 BIS No. 129-10, Localidad de Suba.
• Resolución núm. 14406 del 26 de febrero de 2015, mediante la cual se
ordena la expropiación del bien inmueble ubicado en la KRA 91 BIS No. 129-
10, Localidad de Suba.
• Copia del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 14406
del 26 de febrero de 2015, mediante la cual se ordena la expropiación del
bien inmueble ubicado en la KRA 91 BIS No. 129-10.
• Copia de la Resolución núm. 0008 del 27 de febrero de 2015, mediante la
cual se resuelve modificar el estrato del inmueble ubicado en la KRA 91 BIS
No. 129-10, de 2 a 3.
• Resolución núm. 30651 del 4 de mayo de 2015, mediante la cual se resuelve
el recurso de reposición correspondiente al bien inmueble ubicado en KRA
91 BIS No. 129-10, Localidad de Suba.
• Copia del acta de entrega del cheque del Banco de Occidente por un valor
de doscientos doce millones cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos seis
pesos, por concepto del pago del precio indemnizatorio, con orden de pago
núm. 2478.
• Constancia de no acuerdo conciliatorio expedida por la Procuraduría 48
delegada para lo administrativo.
• Tabla de retenciones tributarias año 2015.

30
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28.

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• Copia de la publicación del periódico El Tiempo “Estratos 3 y 6, los más
perjudicados con las alzas de la vivienda” de 5 de abril de 2015.
• Copia publicación del periódico El Tiempo "Piden que les paguen precios
justos por 500 predios para vías en Suba" de fecha lunes 9 de febrero de
2015.
• Copia de la publicación del periódico El tiempo "MI ZONA" de fecha 30 al 5
de febrero de 2015.
• CD que contiene la audiencia desarrollada el día 21 de abril de 2015, en el
Concejo de Bogotá con respecto a los temas de expropiación y pagos de los
bienes.
• Antecedentes administrativos.
• Testimonio de la señora Diana Patricia Osorio Abello.
• Dictamen pericial rendido por la auxiliar de justicia Ada Luz Bohórquez
Vásquez31.

73. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156432, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

74. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

En cuanto a la violación del numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997

75. La parte demandante manifestó, en el recurso de apelación, que una vez
ejecutoriada la decisión por vía administrativa se produce como efecto que “[…] la
entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del

31
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Página 470 y ss.
32
Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta que el recurso
fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.

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34

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particular expropiado, según sea el caso, el valor toral correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo […]”, para
el apelante, “[…] significa que no puede poner al ciudadano expropiado a que se
tenga que supeditar a trámites internos de la entidad […]”.

76. Visto el numeral 4.° del artículo 70 de la Ley 388, en caso de que la entidad
no ponga a disposición del propietario el precio indemnizatorio, la decisión de
expropiación por vía administrativa no producirá ningún efecto y la entidad deberá
surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.

77. Para la Sala, la norma indicada supra se refiere a la eficacia del acto
administrativo que declara la expropiación y no a una causal de nulidad; en tal virtud,
en caso de verificarse la falta de pago, la administración no puede ejecutar esa
decisión ni exigir su cumplimiento porque omitió adelantar las actuaciones
indispensables para que el acto existente y válido provoque los efectos jurídicos
deseados, por lo tanto, es un asunto que, en principio, debe resolverse en la vía
administrativa33.

78. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se certificó que la
Resolución núm. 14406 de 26 de febrero de 201534 quedó ejecutoriada el 18 de
junio de 2015. Igualmente, el día 24 de julio de 201535 en las oficinas de la
Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano,
se hizo entrega al demandante, en un sobre sellado, el cual contenía la identificación
del pago “[…] solicitado al Banco de Occidente en fecha 21/07/2015, para reclamar
el cheque en la Sucursal Avenida 19, por valor de DOSCIENTOS DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS MCTE.
($212,441,306.00), por concepto del pago del precio indemnizatorio señalado en el
artículo Tercero de la Resolución de Expropiación número 14406 de 2015. con
Orden de Pago No. 2478 del 21/07/2015 […]”.

79. Además, en relación con el estado de pago, se probó que la suma fue
cobrada por el demandante el día 24 de julio de 2015. Para la Sala, en

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de julio de 2020. C.P Hernando
Sánchez Sánchez.
34
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 245 y ss
35
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 113 y ss.

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consecuencia, contrario a lo afirmado por el apelante y en línea con lo considerado
en la sentencia proferida en primera instancia, el pago de la indemnización se
realizó en un término prudencial y razonable, teniendo en cuenta los trámites
administrativos surtidos al interior de la entidad demandada.

80. Por las razones expuestas, no está llamado a prosperar el recurso de
apelación respecto al argumento estudiado en este acápite.

Incorrección del avalúo respecto al valor comercial del bien inmueble objeto
de expropiación

81. En el recurso de apelación se indicó que “[…] no es posible que se sostenga
por la Sala del Tribunal, que no es válido un avalúo presentado con la demanda por
que no menciona según sus análisis cual sería el método correcto para el caso en
concreto […]”.

82. Ahora bien, la Sala encuentra que la parte demandante aportó un avalúo que
realizó la perito Diana Patricia Osorio Abello de la Unidad Nacional de Lonjas de
Propiedad Raíz36, según el cual en valor total del avalúo comercial asciende a la
suma de “[…] 421.147.028 CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE […]”.

83. El a quo consideró que el valor señalado previamente no estaba soportado,
por cuanto, en el dictamen se sostuvo que se utilizó el método de reposición y que
los criterios para efectuar el avalúo fueron: i) las características de la propiedad; ii)
su ubicación; iii) las vías de acceso; iv) las características relevantes del sector; v)
las características propias del Inmueble, la rentabilidad y comerciabilidad; vi) el
estado de aprovechamiento; y vii) los materiales y acabado y que se tuvo en cuenta
las transacciones del sector; sin embargo, se precisó que no se aportó al proceso
ningún documento que lo certificara. Además, en la contradicción del dictamen en
audiencia, el perito indicó que utilizó también el método comparativo y de mercado
para llegar al valor indicado; el Tribunal consideró que dichos métodos no están
consignados en el dictamen, aunado a que, no se presentó documentación técnica
que apoyara lo argumentado, como serían las matrículas inmobiliarias de los
predios frente a los cuales se realizó la comparación.

36
Cfr. índice 28 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado: ED_C02_01
OTROS-CUADERNO DE APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 28. Páginas 63 y ss.

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84. El Tribunal en consecuencia, consideró que las conclusiones del avalúo no
tienen un soporte y carecen de respaldo probatorio.

85. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por
lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección
del avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:

“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este
particular:

«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”37 (negrillas
fuera de texto).

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección38 sostuvo que “todo lo
anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó
el juez de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del
avalúo en virtud del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo
precio de la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que lo incorporó

37
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado:
2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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[…]»39 […]”40. (Destacado fuera de texto)

86. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”41.

87. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter
técnico, toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.

88. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.

89. El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.

39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 25000-23-24-
000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia de
20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001

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90. En el caso sub examine, la parte demandante manifestó, en el recurso de
apelación, que el avalúo presentado con la demanda cumplió con todas las
formalidades que ordena la norma y que con la documentación que sirvió de base,
encontró que, el avalúo catastral estaba muy bajo, no obstante, la afectación vial
que había sufrido el inmueble, teniendo en cuenta el cambio de estrato
socioeconómico, el cual varió de 2 a 3.

91. El avalúo elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital que fundamenta el acto expropiatorio acusado y que fue presentado el 24
de noviembre de 2014, determinó el valor total por $220.476.286, el cual se
discriminó así:

92. Por su parte, en relación con el avalúo presentado con la demanda, el
perjuicio fue valorado por $421.147.028, sin embargo, el Tribunal considero que,
“[…] no existen soportes que fundamenten el mayor valor dado el avalúo del lote de
terreno en la suma de $136.980.000, de la construcción por la suma de
$351.344.000 y de la depreciación por valor de $67.176.972 […]”, a pesar de que
se indicó que el dictamen se realizó con base en: i) el método de reposición y que
los criterios para efectuar el avalúo fueron las características de la propiedad; ii) su
ubicación; iii) las vías de acceso; iv) las características relevantes del sector; v) las
características propias del inmueble; vi) la rentabilidad y comerciabilidad; vii) el
estado de aprovechamiento; viii) los materiales y el acabado; y ix) las transacciones
del sector.

93. En consecuencia, en la sentencia proferida en primera instancia, no se señaló
como razón para no tener por válido el mencionado dictamen, el argumento
relacionado con la ausencia de mención en relación con el método correcto para el
caso en concreto. En efecto, se determinó que no se aportó al proceso: i) prueba de

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los inmuebles que se usaron para comparar y aplicar la tabla tributaria; ii) tampoco
las propuestas de compra y/o promesa de compraventa; y iii) las encuestas que
permitan corroborar el precio en el mercado.

94. El dictamen pericial presentado con la demanda indicó que se tuvieron en
cuenta las transacciones del sector, sin embargo, no obran los anexos
correspondientes a esos valores. Por consiguiente, si lo que se pretendía era
cuestionar el avalúo oficial, correspondía a la parte demandante indicar y demostrar
la equivocación y no solo evidenciar la diferencia de precios entre uno y otro, es
decir, era de su cargo revestir de certeza sobre el justiprecio del inmueble objeto de
expropiación, porque no basta con el señalamiento realizado para desvirtuar el
avalúo oficial. De acuerdo con la Resolución 620 de 23 de septiembre de 2008 se
indica en el parágrafo 1 del artículo 13, que el método de costo de reposición “[…]
se debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no cuente con bienes
comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a una
propiedad no sujeta al régimen de propiedad horizontal […]”. En ese entendido, si
bien se determinó el método a usar, se deriva de la norma la restricción de su uso
a unas circunstancias específicas y el hecho de señalar que el método utilizó
transacciones, es evidente la contradicción en el avalúo.

95. Además, al no allegarse los soportes de las transacciones no es posible
corroborar la corrección y certeza de sus dichos, ni de los fundamentos que
conduzcan a descartar el valor del precio indemnizatorio del bien expropiado,
determinada en el avalúo oficial realizado por la unidad y que fue acogido en las
resoluciones demandadas.

96. Ahora bien, argumentó el apelante que, el Tribunal no analizó las pruebas
documentales allegadas con la demanda y desconoció por completo que la parte
demandada nunca dio a conocer las fuentes que determinaron la indemnización. En
relación con esta manifestación, en los anexos del avalúo comercial se indicó el uso
de un estudio de mercado, la descripción de tipología y un registro fotográfico con
los cuales se determinó el valor total del avalúo. Por su parte, de las pruebas
aportadas con la demanda, en específico las relacionadas con las publicaciones
periodísticas, esta Corporación ha determinado que solamente dan cuenta de la

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existencia de la noticia y no de la certeza sobre la información en ella contenida 42,
igualmente en relación con la prueba “del debate de control político”, no es
procedente su análisis en el caso concreto, por cuanto se discute el valor de la
indemnización.

97. Respecto del avalúo elaborado por la auxiliar de justicia y solicitado por la
parte actora, se probó que, utilizó el método comparativo y se realizó el estudio de
precios de venta de casas y/o inmuebles estrato 3 ubicados en el barrio Suba
Rincón, para conocer el valor más aproximado para este tipo de inmuebles. El
Tribunal consideró que “[…] no existen soportes que fundamenten el mayor valor
dado al avalúo del lote de terreno en la suma de $144.590.000.00 de la construcción
por la suma de $373.303.000.00 y de la depreciación por valor de $71,375,533,
pero, además, existe incongruencia entre los inmuebles y/o casas que se dice se
usaron como referencia (estrato 3) en el texto del dictamen y la sustentación del
mismito, como los que se indican en las tablas que soportan el dictamen (estrato 2)
[…]”.

98. En ese entendido, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, su
análisis no se contrajo únicamente a que “el avalúo presentado por la misma recae
sobre unos factores distintos”, por lo tanto, no tiene vocación de prosperidad este
argumento.

En relación con los “descuentos realizados por la entidad expropiante”

99. Argumentó el apelante, que “[…] con respecto a los descuentos realizados
por la entidad expropiante al momento del pago como una retención del 2.5% por
enajenación de bienes raíces, más la suma del 20% de los ingresos que perciben
por lucro cesante, reduciendo así ostensiblemente otros descuentos en la
Resolución de expropiación, la sala no la analizo (sic) frente a que no existe de
manera tributaria la figure de descotar por ingresos por arriendos […]”.

100. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa
y ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.

42
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, NUR 11001-03-
15-000-2011-01378-00; C.P. Susana Buitrago.

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101. En la sentencia C-476 de 2007, se consideró que, por regla general, la
indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.

102. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.

103. En el caso concreto, en el avalúo de indemnización se establecieron las
siguientes deducciones: a) gastos por notaría y registro; b) gastos por desconexión
de servicios públicos y c) el impuesto predial.

104. En la Resolución núm. 14406 de 2015 en el parágrafo del artículo 2 se indicó
que no se aplicaba el artículo 129 de la Ley 142 de 1994, que establece la cesión
de los contratos de servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio,
teniendo en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la construcción de obras
de infraestructura vial lo que implica un cambio en la naturaleza del mismo que pasa
de ser un inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos domiciliarios.

105. En relación con las deducciones realizadas por gastos de registro, el artículo
4 de la Ley 1579 de 2012, indica que están sujetos a registro: “[…] Todo acto,
contrato, decisión contenido (sic) en escritura pública, providencia judicial,
administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes
inmuebles […]”. (Destacado fuera de texto)

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106. De acuerdo con lo anterior, el objeto del acto que se pretende registrar es la
transferencia de dominio de bienes inmuebles, el cual está sujeto a registro en el
folio de matrícula inmobiliaria del bien inmueble expropiado, por lo tanto, se causa
el impuesto de registro como lo indica el artículo 228 de la Ley 223 de 1995.

107. El artículo 229 de la mencionada ley indica que “[…] [e]n los actos, contratos
o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro en los cuales participen
entidades públicas y particulares, la base gravable está constituida por el 50%
del valor incorporado en el documento que contiene el acto o por la proporción del
capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los
particulares […]”. (Destacado fuera de texto). Igualmente, el artículo 3 del Decreto
0650 de 199643 determina que tampoco genera el impuesto de registro, el 50% del
valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato, o negocio jurídico
o la proporción del capital suscrito o capital social que corresponda a las entidades
públicas, cuando concurran entidades públicas y particulares. La Sala considera,
del análisis de las normas anteriores, que el presupuesto sobre el que recae el
impuesto de registro no es otro que la naturaleza jurídica de las partes que
intervienen en el acto, contrato o negocio jurídico objeto del registro. En
consecuencia, la sujeción pasiva incide en los particulares, lo que excluye a las
entidades públicas del pago del impuesto.

108. Adicionalmente, el demandante cuestiona los descuentos realizados por la
entidad expropiante al momento del pago “[…] como una retención del 2.5% por
enajenación de bienes raíces, más la suma del 20% de los ingresos que perciben
por lucro cesante […]”. La Sala considera, que el asunto referido tiene que ver con
deducciones realizadas al momento del pago por parte de la Subdirección Técnica
de Tesorería y Recaudo en relación con la imputación contable, los cuales
corresponden a descuentos de ley, a cargo de quién recibe las sumas de dinero.

109. Por un lado, la retención en la fuente del 2.5% se configura cuando el
comprador es una persona jurídica, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 260 de
2001 modificado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2418 de 2013; y por el otro,
la retención en la fuente del 20% lucro cesante de residentes, constituye un ingreso
gravado según el artículo 401-2 del Estatuto Tributario que señala: “[…] Los pagos
o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones diferentes a las

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“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”.

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indemnizaciones salariales y a las percibidas por los nacionales como resultado de
demandas contra el Estado y contempladas en los artículos 45 y 223 del Estatuto
Tributario, estará sometida a retención por concepto de renta […]. Si los
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de retención por este
concepto será del veinte por ciento (20%) […]” (Destacado fuera de texto).

110. Para la Sala, no tienen vocación de prosperidad las solicitudes realizadas por
el demandante, de acuerdo con los argumentos y las normas señaladas.

En relación con el nuevo argumento de apelación: desviación de poder

111. La parte demandante indicó que: “[…] la entidad demanda en asocio con las
otras entidades SECRETARIA DE PLANEACION Y UNIDAD AMNISTRATIVA DE
CATASTRO ESPECIAL, todas pertenecientes a un solo corazón ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA, bajo el disfraz de ser independiente, se unen para que los
valores en una expropiación no se eleven a equivaler el precio comercial real del
inmueble […]”.

112. Se advierte que este argumento fue planteado por la parte demandante, por
primera vez, en el recurso de apelación; es decir, que no fue formulado en la
demanda, tampoco materia de análisis y decisión por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, razón por la cual, de llegarse
a estudiar y resolver en esta instancia implicaría la transgresión de los derechos al
debido proceso, de contradicción y defensa de la parte demandada y de los
principios de lealtad procesal y de congruencia. Por lo expuesto anteriormente, la
Sala no examinará este cargo de apelación planteado por la parte demandante,
porque se trata de un nuevo argumento y pretensión que se trae al proceso por
primera vez, en el recurso de apelación, cuando debieron haber sido expuestos en
la presentación de la demanda.

113. La Sala considera que, tal y como lo concluyó el juez de primera instancia, el
actor no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el Instituto de
Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la indemnización expropiatoria y, en
consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó. Así pues, contrario a lo señalado por la parte actora,
la indemnización no se limitó al precio del bien expropiado, sino que se extendió
incluso a la pérdida de utilidad por renta por lo que no se puede afirmar que se

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generó un desequilibrio patrimonial.

Conclusiones

114. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida, en primera instancia.

Condena en costas

115. Vistos el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso44, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

44
Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del proceso.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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