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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00309-03

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00309-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2017-00309-03

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: UBALDO VÁSQUEZ RUBIO
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Tercero: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL - UAECD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 6 de agosto de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Ubaldo Vásquez Rubio en ejercicio de la acción especial de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio
de 19971, presentó demanda en la que formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Que acorde con el artículo 58 de la Constitución Política, numeral segundo
del artículo 68 de la Ley 388 de 1997; Sentencia 1074 de 2002 de la Corte
Constitucional y Sentencia C-476 de 2007, se declare la Nulidad Parcial de la
Resolución No. 7284 del 11 de Julio de 2016 “POR LA CUAL SE ORDENA UNA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA” Modificando los artículos SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO. Parte Resolutiva -en lo que concierne al “VALOR DEL
PRECIO INDEMNIZATORIO”, FORMA DE PAGO Y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. Ordenando pagar el Precio Justo.

2.- Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 388 de 1997, se
declare que mi mandante se encuentra exento de los pagos tributarios que por
razones de expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que si, optó
por la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que lo llevo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar un precio injusto, así como por la falta
de negociación, más no por capricho del demandante.

3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y así pagar a mi mandante
UBALDO VASQUEZ RUBIO, los valores que en adelante relaciono y/o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor.

3.1. DAÑO EMERGENTE

1
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

3.1.1. La suma de SEICIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte ($606.544.790.oo), por
ajuste al valor ordenado y pagado con la Resolución No. 7284 del 11 de Julio del
2016, por concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado en la AK 91 No.
129 B – 25 de Bogotá, identificado con cédula catastral 125 T 91 4, CHIP
AAA0128ZWUZ y matrícula inmobiliaria 50N-378867.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro por la compra que
deba realizar mi mandante en reposición del bien expropiado, como Gastos
Notariales proporcional al valor que se declare en la sentencia, así:

Gastos Notariales: 3x1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5%
Beneficencia: (1%)

3.1.3. Los gastos de desconexión de servicios públicos, así:

• Energía Codensa Retiro de dos acometidas y medidores. Conexión residencial
$110.000.oo
• Acueducto EAAB, corte del servicio de acueducto desde la red, incluye excavación,
retiro de manguera, suspensión del registro o colocación de tapón. Reconstrucción
de andén y levantamiento de escombros, desmonte de medidor. $112.010.oo
• Suministro de tapón macho de hg 6” 4; $60.610.oo
• Gas natural: suspensión definitiva de cuatro instalaciones $135.827.oo

3.1.4. El valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
SEISCIENTOS PESOS M/cte ($27.540.600.oo) equivalente al 2.5% que le retuvo el
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes raíces, toda vez que
se le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de manera indebida, ya que mi mandante
debe ser exenta (sic) de la misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que
en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5% y a prorrata a cada uno
de los expropiados, aclarando el porcentaje de retención para cada uno de ellos,
además porque no todos declaran renta.

3.1.5. La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/cte ($2.575.400.oo) que les retuvieron a los
demandantes y que corresponden al veinte por ciento (20%) de los valores que le
reconocieron por Lucro Cesante, sin que se encuentre justificación legal alguna para
ello.

3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado por el Honorable
Tribunal, donde se calcule el valor de la Plusvalía no reconocido en la indemnización
y que eleva el precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no haber
sido expropiado y al cual tienen derecho por haber cancelado la valorización.

3.1.7. La suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/cte por concepto de
LUCRO CESANTE, toda vez que el inmueble genera CUATRO MILLONES DE
PESOS MENSUALES, como arrendamiento de los tres pisos en los cuales funciona
un comercio de muebles, de propiedad de la Señora MIREYA IBAÑEZ GOMEZ.

4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos
de los artículos 192 del C.C.A. […]” (negrilla del texto).

2. Mediante escrito de subsanación de 31 de octubre de 2017 el demandante
renunció a la pretensión segunda2.

2
Cfr. Índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL-
SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA(.pdf) NroActua 17”.

3

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

I.1.2. Los hechos

3. La parte demandante indicó que el inmueble objeto de expropiación está
ubicado en la AK 91 # 129 B 25 de Bogotá, tiene asignada la matrícula inmobiliaria
50N-00378867 y consta de tres plantas construidas y una terraza. Allí funcionaban
locales comerciales y una bodega de almacenaje de una comercializadora de
muebles.

4. Señaló que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) formuló oferta de compra
mediante la Resolución 5024 de 28 de abril de 20163, fijando como precio
indemnizatorio la suma de $1.122.486.773, por concepto de terreno, construcción y
daño emergente. La oferta se sustentó en el avalúo comercial 2015-1309 de 7 de
marzo de 2016 elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
• UAECD.

5. Manifestó que el inmueble se encontraba en estratificación comercial para la
fecha de elaboración del avalúo comercial por parte de la UAECD. Sin embargo, en
el avalúo oficial se señaló el estrato 2.

6. Indicó que el IDU mediante Resolución 7284 de 11 de julio de 20164 ordenó la
expropiación por vía administrativa descontando del valor del daño emergente para
un total de $1.114.600.228. Posteriormente, descontó el reconocimiento de
desconexión de servicios públicos y gastos de escrituración con un monto total de
$1.079.366.528.

7. Agregó que no presentó el recurso de reposición porque requería el pago de
manera urgente.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. La parte demandante sostuvo que la resolución demandada se encuentra
falsamente motivada, se expidió con desviación de poder y quebranta los artículos
2.º, 4.º, 6.º, 13, 29, 58, 83 y 124 de la Constitución Política; 67, 68 y 70 (numerales
2. y 4.) de la Ley 388 de 18 de julio de 19975; 2.º, 3.º y 22 del Decreto 1420 de 24
de julio de 19986; 23 y 37 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 20137; y 178 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como las
Resoluciones 898 de 19 de agosto de 20149 y 1044 de 29 de septiembre de 201410,
por las siguientes razones:

3
“[…] POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
4
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
5
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]".
7
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias. […]”.
8
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”.
9
“[…] Por medio de la cual se fijan normas, métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos
comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013 […]”.
10
“[…] Por medio de la cual se modifica parcialmente y se adiciona la Resolución 898 de 2014 que fija normas, métodos,
parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de avalúos comerciales requeridos en los proyectos de
infraestructura de transporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013 […]".

4

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

9. Frente a la transgresión de los artículos 2.º, 4.º, 6.º, 13, 29, 58, 83 y 124 de la
Constitución Política, estimó que el IDU desconoció los principios de legalidad,
buena fe e imparcialidad al fijar una indemnización que no correspondía al valor
justo del inmueble, lo que ocasionó un enriquecimiento sin causa de la
administración y afectó injustificadamente su derecho de propiedad.

10. En cuanto a la falsa motivación y la transgresión de los artículos 67 y 68 de la
Ley 388 de 1997, consideró que la entidad expropiante fijó el precio indemnizatorio
con fundamento exclusivo en el avalúo comercial elaborado para la etapa de oferta
y negociación directa. Sin embargo, el fracaso de la negociación obliga a la
administración a determinar nuevamente la indemnización, sin que el avalúo
comercial de la fase previa constituya el único parámetro para fijarla, conforme a lo
considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-476 de 2007.

11. Complementó que la entidad no adelantó la etapa de negociación, pues se limitó
a expedir una resolución de oferta y a esperar el término de 30 días para que el
propietario aceptara o no el valor impuesto, sin dar oportunidad de contradicción ni
de ser escuchado en audiencia para ponderar el valor, confundiendo la oferta para
negociar con la imposición del precio.

12. Señaló que la indemnización debe realizarse de manera integral de conformidad
con los artículos 58 de la Constitución Política, 23 y 37 de la Ley 1682 y la
jurisprudencia constitucional; concepto que incluye el daño emergente y el lucro
cesante.

13. Explicó que en el avalúo de 12 de septiembre de 2016 la sociedad Sarmiento &
Osorio soluciones inmobiliarias, fijó el precio indemnizatorio en $1.708.168.800.
Además, en el avalúo oficial la UAECD no reconoció que el inmueble generaba
ingresos por arrendamiento de $4.000.000 mensuales, y que no se pagó la totalidad
del daño emergente.

14. Argumentó que la indemnización debe reparar la totalidad de los perjuicios
ocasionados por la transferencia forzosa del bien, comprendiendo tanto el daño
emergente como el lucro cesante, de acuerdo con la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante, el IDU no valoró las circunstancias particulares del propietario, las
condiciones económicas del inmueble y el incremento de su valor comercial
derivado del desarrollo urbano del sector.

15. Arguyó que la entidad no puso a disposición inmediata del particular expropiado
el valor correspondiente al precio indemnizatorio de conformidad con el artículo 70
de la Ley 388 de 1997 y la sentencia C-1074 de 200211.

16. Afirmó que el distrito mantuvo en estrato 2 la estratificación cuando
correspondía a estrato 3, lo que vulnera el artículo 22 del Decreto 1420 de 1998.
Además, en el avalúo realizado por la autoridad catastral no se tuvo en cuenta la
edad de los materiales, los acabados y su vida útil, lo cual infringió el literal b del
artículo 22 ibidem.

11
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-4062, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

5

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

17. Sobre la desviación de poder y el quebrantamiento de los artículos 2.º y 3.º del
Decreto 1420 de 1998, sostuvo que “[…] El IDU, no tuvo en cuenta otro concepto
de avalúo, ciñéndose de manera unilateral al IGAC, desconociendo que podrían
haber realizado una licitación con Unilonjas o peritos privados para obtener otro
concepto y promediar, pues se dejó a su arbitrio y autoritarismo de la Administración
Distrital, realizando un convenio interinstitucional que también costó dinero para que
se realizaran los avalúos de interés para el mismo expropiante, dejando en letra
muerta el artículo que pretendía que las entidades tuvieran en cuenta los avalúos
de particulares, abusando del poder, pues se aduce que por ser del Distrito son los
únicos que pueden realizar los Avalúos (sic) […]”.

I.2. Contestaciones de la demanda

I.2.1. Instituto de Desarrollo Urbano12

18. El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las excepciones
de: “[…] FALTA DE ELEMENTOS QUE DESVIRTUEN LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ATACADO […]”; “[…] LEGALIDAD
DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO […]”; “[…] AUSENCIA TOTAL DE
IMPUTABILIDAD DEL PERJUICIO AL IDU […]”; y “[…] EXCEPCIONES
OFICIOSAS […]”.

19. Sostuvo que la Resolución 7284 del 11 de julio de 2016 goza de presunción de
legalidad y fue expedida por autoridad competente, con arreglo a la Constitución y
a la ley, y sin desconocimiento del derecho de defensa ni desviación de poder.
Adicionalmente, la expropiación se adelantó previa declaratoria de las condiciones
de urgencia y en desarrollo de la obra denominada “Avenida El Rincón desde la
carrera 91 hasta la Avenida La Conejera”, incluida en los Acuerdos 180 de 2005 y
523 de 2013.

20. Indicó que el acto demandado fijó como precio indemnizatorio el valor de
$1.114.600.228, el cual incluye: i) la suma de $1.101.624.010 por concepto de
avalúo del inmueble por el terreno y la construcción; y ii) la suma de $12.976.218
por concepto de daño emergente.

21. Afirmó que el acto administrativo de expropiación no vulneró los derechos de
defensa, debido proceso, propiedad privada ni el derecho a una indemnización
justa. La actuación administrativa se ajustó a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre expropiación por vía administrativa, porque el precio
indemnizatorio se fijó con observancia de los procedimientos técnicos y legales
aplicables y el avalúo utilizado cumplió los parámetros establecidos en el Decreto
1420 de 1998, la Ley 388 de 1997 y la Resolución 898 de 2014 del IGAC.

22. Respecto de la estratificación, precisó que el estrato dos referido en el avalúo
corresponde a la descripción del sector y no al predio, cuya designación no es
competencia del IDU ni de la UAECD sino de la Secretaría Distrital de Planeación.

12
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03
PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 17”. Página 2 y siguientes.

6

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

23. Explicó que el IDU, antes de la adquisición del inmueble, realizó un censo de
las unidades sociales que lo ocupaban, etapa en la que el demandante no allegó
los soportes necesarios para acreditar los perjuicios reclamados.

24. Mencionó que el avalúo aportado por la firma Sarmiento & Osorio carece de
respaldo técnico por desconocer la Resolución 620 de 2008 del IGAC, aplicar
indebidamente el método de costo de reposición y arrojar un coeficiente de variación
del 39,40%, superior al 7,5% permitido.

25. Resaltó que los trámites administrativos financieros y contables necesarios para
el pago de la obligación se deben realizar dentro de un tiempo razonable teniendo
en cuenta la dinámica de la administración pública.

26. Sostuvo que la propiedad privada cumple una función social en razón a lo cual
los intereses del particular deben ceder ante el interés general. En esa medida la
indemnización se soportó en estudios técnicos elaborados conforme a los
parámetros legales, en los que se valoró el terreno mediante el método de
comparación de mercado, las construcciones mediante el método de reposición y
los perjuicios indemnizables.

27. Argumentó que los descuentos realizados corresponden a los montos que el
propietario debe sufragar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Decreto 1681 de 16 de septiembre de 199613, en el artículo 17 del Decreto 1428 de
26 de julio de 200014 y en el informe de reconocimientos económicos de 11 de julio
de 2016.

I.2.2. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital15

28. La UAECD propuso la excepción de “[…] Falta de legitimación en la causa por
pasiva […]”.

29. Sostuvo que esa entidad está facultada para elaborar el avalúo comercial 2015-
1309 de 7 de marzo de 2016, conforme al Decreto 583 de 15 de diciembre de 201116
y al artículo 61 de la Ley 388 de 1997. Dicho informe técnico se ajustó a la
normatividad valuatoria y reflejó el justiprecio del inmueble.

30. Frente al avalúo aportado por el demandante, elaborado por la firma Sarmiento
& Osorio, manifestó que carece de idoneidad técnica para desvirtuar el avalúo
oficial, en tanto no cumple los aspectos regulados taxativamente en las normas que
rigen la materia. Igualmente, cuestionó el dictamen rendido por la auxiliar de la
justicia Blanca Lilia Tuberquia porque para la fecha de su elaboración no se
encontraba inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores exigido por el artículo 23
de la Ley 1673 de 2013.

31. Explicó que entre la UAECD y el IDU no existe un vínculo jurídico que habilite
el llamamiento en garantía, por cuanto el contrato interadministrativo 1321 de 2013

13
"[…] Por el cual se fijan los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial y se dictan otras disposiciones […]".
14
“[…] Por el cual se fijan los derechos por concepto de la función registral y se dictan otras disposiciones […]”.
15
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 337 y siguientes.
16
“[…] Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de que trata el literal
e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006 […]”.

7

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

no contiene una cláusula de indemnidad ni de responsabilidad por los daños que
pudieran derivarse de los avalúos elaborados, y se liquidó a paz y salvo.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

32. Por medio de auto de 13 de octubre de 201717 se inadmitió la demanda.

33. Mediante auto de 20 de febrero de 201818 se admitió la demanda conforme al
escrito de subsanación de 31 de octubre de 201719. Adicionalmente, se ordenó
notificar al Instituto de Desarrollo Urbano, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

34. El 7 de mayo de 201820 el IDU contestó la demanda y formuló llamamiento en
garantía contra la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD).

35. Mediante autos de 25 de junio de 2018 el a quo negó el llamamiento en
garantía21 y decretó el período probatorio22. En esta última providencia se tuvieron
como pruebas los documentos allegados al expediente, se decretó la práctica de un
dictamen pericial y se negaron los testimonios solicitados, el interrogatorio del
representante legal del IDU y la inspección judicial.

36. Contra esas decisiones, el IDU interpuso recurso de apelación respecto del auto
que negó el llamamiento en garantía y recurso de reposición frente al auto que negó
la práctica de pruebas.

37. En providencias separadas de 6 de agosto de 2018, el tribunal: i) rechazó por
improcedente el recurso de apelación contra el auto que negó el llamamiento en
garantía23, al considerar que el recurso procedente era el de reposición, el cual
adecuó y resolvió negativamente24; y ii) adecuó el recurso de reposición presentado
contra el auto de pruebas al de apelación y lo concedió en el efecto devolutivo ante
el Consejo de Estado25.

38. El 16 de agosto de 2018 el IDU interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de queja contra la providencia de 6 de agosto de 2018 que negó el llamamiento en
garantía.

39. El 28 de septiembre de 201826 el magistrado ponente de primera instancia
denegó la reposición y concedió la queja, ordenando expedir las copias para surtirla
ante el Consejo de Estado.

17
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 116 y siguientes.
18
Ibidem, página 133 y siguientes.
19
Ibidem, página 130 y siguientes.
20
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03
PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 17”.
21
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C04_01 OTROS - CUADERNO 04
PRINCIPAL-LLAMAMIENTO EN GARANTÍA(.pdf) NroActua 17”. Página 29 y siguientes.
22
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 151 y siguientes.
23
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C04_01 OTROS - CUADERNO 04
PRINCIPAL-LLAMAMIENTO EN GARANTÍA(.pdf) NroActua 17”. Página 43 y siguientes.
24
Ibidem, página 43 y siguientes.
25
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 168 y siguientes.
26
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C04_01 OTROS - CUADERNO 04
PRINCIPAL-LLAMAMIENTO EN GARANTÍA(.pdf) NroActua 17”. Página 59 y siguientes.

8

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

40. El 26 de noviembre de 2018 la auxiliar de la justicia rindió el dictamen pericial.

41. El 30 de agosto de 2019 el IDU objetó por error grave el dictamen pericial.

42. Mediante auto de 23 de septiembre de 2019 27 se reprogramó la audiencia de
contradicción para el 1.º de octubre de 2019.

43. En auto de 30 de septiembre de 201928, el Consejo de Estado, al resolver el
recurso de queja, declaró mal denegado el recurso de apelación interpuesto contra
el auto de 25 de junio de 2018 que negó el llamamiento en garantía y lo admitió en
el efecto suspensivo.

44. El 1.º de octubre de 201929 se llevó a cabo la audiencia de contradicción del
dictamen. Ante la inasistencia de la auxiliar de la justicia, el tribunal aplicó el inciso
segundo del artículo 228 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201230 y señaló que el
dictamen no sería valorado. Adicionalmente, corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

45. El 7 de octubre de 201931 la auxiliar de la justicia allegó su excusa de manera
extemporánea.

46. El 8 de octubre de 2019 las partes presentaron sus alegatos de conclusión32.

47. Mediante auto de 29 de octubre de 201933, el tribunal obedeció lo ordenado por
el Consejo de Estado en el auto de 30 de septiembre de 2019, y remitió el
expediente en calidad de préstamo.

48. Mediante auto de 8 de noviembre de 201934, el Consejo de Estado revocó el
auto de 25 de junio de 2018 que había negado el llamamiento en garantía y, en su
lugar, dispuso aceptarlo.

49. En el trámite del recurso de apelación presentado contra el auto que negó la
prueba testimonial, el Consejo de Estado, mediante providencia de 19 de diciembre
de 201935, dejó sin efectos el auto de 6 de agosto de 2018, mediante el cual el
tribunal adecuó a apelación el recurso interpuesto contra el auto de 25 de junio de
2018 y ordenó devolver el expediente para que se resolviera el recurso de
reposición.

50. En cumplimiento de lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado
en el auto de 8 de noviembre de 2019, el tribunal aceptó mediante auto de 4 de

27
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 240 y siguientes.
28
Ibidem, página 273 y siguientes.
29
Ibidem, página 245 y siguientes.
30
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
31
Ibidem, página 248 y siguientes.
32
Ibidem, página 250 y siguientes.
33
Ibidem, página 289 y siguientes.
34
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C06_01 OTROS - CUADERNO 06
APELACIÓN AUTO-ACTUACIONES RECURSO DE QUEJA AUTO 6-08-2018.(.pdf) NroActua 17”. Página 28 y siguientes.
35
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C05_01 OTROS - CUADERNO 05
APELACIÓN AUTO-ACTUACIONES RECURSO DE APELACIÓN AUTO DEL 25-06-2018(.pdf) NroActua 17”. Página 14 y
siguientes.

9

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

septiembre de 202036 el llamamiento en garantía formulado por el IDU contra la
UAECD.

51. Mediante auto de 20 de noviembre de 2020 37 se incorporaron las pruebas
aportadas por la llamada en garantía y se indicó que la decisión definitiva sobre
dicha vinculación se adoptaría en la sentencia. En esa misma providencia se negó
el testimonio técnico del ingeniero Carlos Alberto Castro Latorre, solicitado por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

52. La UAECD presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, en cuanto
le negó la práctica del referido testimonio.

53. Finalmente, en providencia de 30 de abril de 202138 el tribunal resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el auto de 20 de noviembre de 2020, en el
sentido de no acceder a la solicitud probatoria presentada por la UAECD por
innecesaria e inútil.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

54. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 6 de agosto de 202139 negó las pretensiones
de la demanda en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO.- NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por el señor Ubaldo Vásquez Rubio, a través
de apoderada judicial, contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

SEGUNDO.- NIÉGASE por la inexistencia de un vínculo contractual la solicitud de
llamamiento en garantía, impetrada por el IDU, respecto de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.

TERCERO.- CONDÉNASE en costas al señor Ubaldo Vásquez Rubio, por Secretaría
liquídense las mismas de conformidad con el Código General del Proceso, aplicable
por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.

CUARTO.- Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar.

QUINTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente y devuélvanse los
anexos, sin necesidad de desglose. […]” (negrilla del texto).

55. El tribunal precisó que el problema jurídico consistía en determinar si el precio
indemnizatorio reconocido al señor Ubaldo Vásquez Rubio en la Resolución 7284
de 2016, se ajusta a la normativa legal.

56. Se abstuvo de analizar las objeciones por error grave formuladas por el IDU, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley 1564 de 2012, porque la
perito Blanca Lilia Tuberquia no asistió a la audiencia de 1 de octubre de 2019, y la
excusa presentada el 7 de octubre de 2019 fue extemporánea. Por lo tanto, el
dictamen no podía valorarse.

36
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 297 y siguientes.
37
Ibidem. Página 345 y siguientes.
38
Ibidem. Página 364 y siguientes.
39
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 372 y siguientes.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

57. Respecto del llamamiento en garantía, concluyó que no existía un fundamento
para vincular a la UAECD porque el objeto del contrato interadministrativo 1321 de
2013 se limitaba a la elaboración de avalúos comerciales sin contemplar una
cláusula de responsabilidad por los daños producidos a raíz de los avalúos, ni por
las resultas de una sentencia condenatoria contra el IDU.

58. Consideró que el avalúo oficial se ajustó a las exigencias legales, empleó los
métodos de mercado y de costo de reposición e identificó físicamente al predio. Por
el contrario, el avalúo comercial aportado con la demanda no tuvo en cuenta los
lineamientos previstos en el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008, ni precisó el
medio por el cual obtuvo la información, la fecha de publicación ni otros factores que
permitirían su identificación posterior.

59. Precisó que la excepción indicada en el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997 relacionada con la exención de los pagos tributarios por la expropiación
administrativa es posible siempre que se esté en la etapa de enajenación voluntaria.
Sin embargo, dicha situación no se presentó en el caso pues se realizó la
expropiación administrativa.

60. Señaló que la parte demandante no acreditó la vulneración del artículo 70 de la
Ley 388 de 1997. Las pruebas obrantes acreditaban que el pago del precio
indemnizatorio se efectuó el 26 de septiembre de 2016, luego de la notificación de
la Resolución 7284 de 11 de julio de 2016, surtida el 19 de agosto de 2016. Por lo
tanto, los recursos se cancelaron dentro de un término razonable.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

61. La parte demandante40 sostuvo que el procedimiento de expropiación por vía
administrativa no puede convertirse en un mecanismo para imponer unilateralmente
el precio indemnizatorio, sin garantizar una participación efectiva de los propietarios
afectados.

62. Afirmó que el tribunal incurrió en error al restarle valor probatorio al avalúo
comercial aportado con la demanda por considerar que no identificaba la fuente de
la información utilizada, pues dicho estudio cumplía con los parámetros técnicos
previstos para valorar el terreno y las construcciones.

63. Agregó que el tribunal omitió valorar integralmente las pruebas allegadas al
proceso que desvirtuaban que el avalúo practicado por la UAECD y acogido por el
IDU cumpliera los requisitos legales para determinar el precio indemnizatorio, en los
componentes de daño emergente y lucro cesante.

64. Señaló que las pruebas del proceso permiten concluir que existen entidades
que pese a ser autónomas, cada una ejerce una parte importante e influenciable en
el avalúo lo que impide una imparcialidad absoluta en el procedimiento de
expropiación.

40
Ibidem, página 416.

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

65. Puso de presente que aportó los elementos de juicio respecto de la infracción
al artículo 70 de la Ley 388 de 1997, en concreto resaltó que según la sentencia C-
306 de 2013, si bien la indemnización no siempre es sustitutiva ello no conduce a
desconocer el carácter o la condición previa de la indemnización, así como tampoco
la indemnización justa que debe realizar el juez.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

66. Mediante auto de 31 de agosto de 202141, el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de
apelación presentado por la parte demandante.

67. Esta autoridad judicial, a través de auto de 19 de noviembre de 202142, admitió
el recurso de apelación y se advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a
dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se notificó al Ministerio Público.

68. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

69. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el acto administrativo demandado; y iii) el
análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

70. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 1343 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 201944, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

V.2. El acto administrativo demandado

71. En la demanda se solicitó la nulidad de los artículos segundo, tercero y cuarto
de la parte resolutiva de la Resolución núm. 7284 de 11 de julio de 201645, los cuales
señalan:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS ($1.114.600.228,00) MONEDA CORRIENTE, el cual
corresponde a: A) La suma de MIL CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DIEZ PESOS ($1.101.624.010,00) MONEDA CORRIENTE por
concepto de terreno y construcción. B) La suma de DOCE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

41
Ibidem, página 419.
42
Cfr. Índice 003 expediente digital segunda instancia.
43
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
44
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
45
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado:
ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 17”.
Página 46 y siguientes.

12

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

($12.976.218,00) MONEDA CORRIENTE por concepto de daño emergente. Lo
anterior, conforme al avalúo comercial No. 2015-1309 del 7 marzo de 2016,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital (sic), Gerencia de
información Catastral, Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 11 de julio de 2016.

PARAGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos el señor UBALDO VÁSQUEZ RUBIO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.491.673 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez esta radique la(s) orden(es) de pago así en
único contado: La cantidad de MIL CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS
MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.114.600.228,00) MONEDA
CORRIENTE, la cual será puesta a disposición por parte de la Tesorería del Instituto
de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la presente resolución al señor UBALDO
VÁSQUEZ RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.491.673, de
Bogotá D.C. una vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición del señor UBALDO VÁSQUEZ RUBIO, identificado con la cédula de
ciudadanía No.19.491.673 de Bogotá D.C., por parte de la Tesorería del Instituto de
Desarrollo Urbano no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, se
consignará en el Banco Agrario de Colombia en la cuenta de pagos por expropiación
administrativa de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 70 de la ley
388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente
efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al valor contenido, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.

ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del IDU según el Certificado de Registro
Presupuestal No. 1844 del 23 de mayo de 2016 expedido por la Dirección Técnica
Administrativa y Financiera – Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
del IDU […]” (negrilla del texto).

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

V.3. Análisis del caso concreto

72. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012, aplicables
por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala
determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 6 de agosto de 2021,
proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

73. La parte demandante solicitó la revocatoria de la referida sentencia al considerar
que: i) el tribunal de primera instancia no valoró adecuadamente el avalúo oficial ni
el avalúo aportado con la demanda, pues el último acreditaba el valor comercial real
del terreno y de las construcciones; ii) tampoco consideró que la UAECD no actuó
con objetividad al elaborar el avalúo oficial; y que iii) se vulneró el artículo 70 de la
Ley 388 de 1997 porque el pago del precio indemnizatorio fue tardío.

74. Con el fin de resolver los argumentos de la apelación de forma ordenada, la
Sala estudiará los problemas jurídicos en acápites independientes, así:

V.3.1. La determinación del valor indemnizatorio del inmueble expropiado

75. La apelante sostuvo que el tribunal de primera instancia no explicó por qué el
avalúo oficial elaborado por la UAECD cumplía los requisitos legales y técnicos. A
su juicio, el a quo concluyó sin valorar integralmente las pruebas que el precio
indemnizatorio comprendía correctamente el valor comercial del inmueble, el daño
emergente y el lucro cesante.

76. Alegó que la indemnización debía ser previa, justa y compensatoria, y que su
determinación debía considerar tanto los intereses generales como los derechos del
propietario afectado.

77. Para resolver los cuestionamientos, la Sala pone de presente que el precio
indemnizatorio previsto en el avalúo oficial, al incorporarse en el acto administrativo
que dispone la expropiación, se encuentra amparado por la presunción de legalidad
propia de las decisiones administrativas46.

78. Para desvirtuar el avalúo oficial, el demandante debe demostrar, mediante
pruebas técnicas suficientes, los errores en los que este incurrió. Por lo tanto, no
basta con citar las normas aplicables, cuestionar de manera general el método
utilizado por la administración o proponer una valoración diferente del inmueble,
pues es necesario identificar y acreditar las fallas técnicas, metodológicas o fácticas
que afectaron la determinación del valor comercial47.

79. En este contexto la Sección Primera ha considerado que el dictamen pericial
constituye un importante medio de convicción para verificar si el avalúo que sirvió
de fundamento a la actuación administrativa se ajusta a los parámetros técnicos y
normativos aplicables48.

46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, radicación
núm. 25000-23-41-000-2016-01133-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, radicación
núm. 25000-23-24-000-2012-00483-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
radicación núm. 05001-23-31-000-2009-00227-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

80. Sin embargo, esa prueba no tiene por objeto reemplazar la valoración realizada
por la autoridad competente ni imponer al juez el valor fijado por el perito, sino
otorgar elementos técnicos que aclaren si el avalúo oficial presenta o no errores
metodológicos, técnicos o fácticos.

81. Conforme al artículo 58 de la Constitución Política, el Estado puede adelantar
la expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, mediante una indemnización previa que se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

82. El artículo 67 de la Ley 388 de 1997 dispone que el acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem.

83. Esta última norma establece que el precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, teniendo en cuenta la reglamentación urbanística vigente al
momento de la oferta de compra y, en particular, la destinación económica del
inmueble.

84. La determinación del valor comercial del bien tiene un carácter técnico que se
fundamenta en los procedimientos y parámetros previstos en el Decreto 1420 de
1998 y en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

85. Los artículos 20 a 22 del Decreto 1420 de 1998 exigen que el informe identifique
física y jurídicamente el inmueble, describa sus características y especifique la
metodología empleada, desglosando el valor del suelo y de las construcciones, y
atendiendo a la reglamentación urbanística, la destinación económica, los valores
unitarios, los aspectos físicos y la estratificación socioeconómica.

86. El artículo 25 ibidem señala que los avalúos comerciales requeridos con
fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se efectuarán aplicando el
método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el
de costo de reposición o el residual.

87.La Resolución 620 de 2008 del IGAC establece el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación.

88. Respecto de los métodos aplicados en el peritaje objeto de análisis, el artículo
1.º de la Resolución 620 define el método de comparación o de mercado como la
técnica valuatoria que permite establecer el valor comercial del bien a partir del
estudio de ofertas o transacciones recientes de inmuebles semejantes y
comparables al objeto del avalúo, a partir de información detallada y verificable49.

49
Cuando se emplee información de ofertas o transacciones, el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 exige que el avalúo
indique el medio del cual fue obtenida, su fecha de publicación y los demás datos que permitan identificarla y verificarla
posteriormente. Asimismo, establece que, tratándose de inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal, el valor
del terreno y el de las construcciones deben analizarse de forma independiente, con indicación de sus respectivas áreas y
valores unitarios, y que deben verificarse los datos relativos a las áreas del terreno y de las construcciones.
Por su parte, el artículo 11 dispone que la información de mercado debe ser verificada, confrontada y ajustada antes de
utilizarse en los cálculos estadísticos.

15

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

89. En cuanto al método de costo de reposición, el artículo 3.º de la Resolución 620
de 2008 lo define como aquel que permite establecer el valor comercial del bien a
partir de la estimación del costo total de construir, a precios actuales, un inmueble
semejante al objeto de valoración, al cual se le resta la depreciación acumulada y
se le adiciona el valor del terreno50.

90. En este contexto normativo, obra en el expediente el “Informe Técnico Avalúo
Comercial 1309 RT 44150” realizado por la UAECD el 7 de marzo de 201651 que
contiene la identificación física y jurídica del inmueble objeto de expropiación, la
descripción del sector que incluye la delimitación, actividad predominante,
estratificación socioeconómica y la infraestructura de servicios.

91. La Sala advierte que el avalúo individualiza el inmueble objeto de valoración, al
identificar su ubicación, matrícula inmobiliaria, cédula catastral, áreas de terreno y
construcción, características físicas, linderos, destinación y condiciones
urbanísticas.

92. Señala expresamente que la valoración se efectuó conforme al Decreto 1420
de 1998 y a la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
distingue la metodología aplicada para cada uno de los componentes del inmueble.
Así, para el terreno empleó el método de comparación o de mercado, mientras que
para las construcciones utilizó el método de costo de reposición.

93. En relación con el terreno, la Sala advierte que el avalúo no se limitó a indicar
el valor unitario adoptado, sino que explicó que este se obtuvo a partir de un estudio
de mercado elaborado con base en inmuebles de características semejantes al bien
objeto de valoración, teniendo en cuenta la ubicación específica del predio sobre la
avenida carrera 91, las condiciones comerciales del sector y los antecedentes de
transacciones conocidas.

94. El estudio de mercado anexo contiene una matriz comparativa en la que se
identifican los inmuebles utilizados como referencia, su ubicación, áreas de terreno
y construcción, valores, fuentes de información, observaciones y registro
fotográfico, elementos que permiten verificar que la determinación del valor
comercial estuvo soportada en una muestra de predios comparables y no en una
estimación arbitraria.

95. El estudio incorpora un tratamiento estadístico de la información recopilada,
porque determina el promedio de los valores unitarios obtenidos, calcula la
desviación estándar, el coeficiente de variación y establece los límites superior e
inferior de aceptación, para adoptar un valor unitario de $2.300.000 por metro
cuadrado para el terreno. Veamos:

“[…]

50
El artículo 13 precisa que el costo total de la construcción comprende los costos directos, indirectos, financieros y de
gerencia necesarios para ejecutar la obra, teniendo en cuenta las condiciones particulares del lugar en el que se encuentra
el inmueble. Una vez determinado ese costo, debe aplicarse la depreciación correspondiente.
51
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03
PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 17”. Página 2 y siguientes.

16

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

[…]”.

96. Respecto de las construcciones, el avalúo desarrolla el método de costo de
reposición mediante la identificación de las características constructivas del
inmueble, los materiales empleados, las áreas construidas, el estado de
conservación, la edad de las edificaciones y el porcentaje de depreciación aplicable,
para establecer el valor de reposición depreciado de cada uno de los componentes
constructivos.

97. Del avalúo se destaca el siguiente apartado que detalla el resultado respecto de
las dos construcciones:

“[…]

[…]

[…]”.

98. En el anexo se complementó:

“[…]

17

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

[…]”.

99.Se precisó que “[…] Los valores de reposición utilizados en la aplicación del
método, fueron tornados de los presupuestos de obra elaborados en la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, de acuerdo con las tipologías de
constricciones presentes en el inmueble. […]”.

100. En cuanto a la valoración del daño emergente y el lucro cesante, se consideró:

“[…]

[…]”.

101.Al concepto de daño emergente se le dedujeron los valores correspondientes a
los gastos de escrituración ($7.468.098) y desconexión de servicios públicos

18

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

($418.447), de manera que el valor finalmente reconocido por dicho concepto en la
Resolución 7284 de 2016 ascendió a la suma de $12.976.218, como lo acredita el
siguiente extracto de la parte motiva del acto demandado:

“[…]

[…]”.

102.Para desvirtuar el avalúo oficial, y el precio indemnizatorio fijado en el acto
acusado, se presentó con la demanda el avalúo comercial 10.129/2.016 de 12 de
septiembre de 201652 realizado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones
Inmobiliarias.

Dicho estudio contiene la identificación del inmueble objeto de valoración y la
103.
descripción de sus características físicas y constructivas, junto con un estudio de
mercado y registro fotográfico.

104.Para efectos de determinar el valor del bien, se indicó que “[…] el presente
avalúo comercial, entre otros criterios se ha tenido en cuenta las transacciones del
sector e identifica el inmueble homogéneamente […]”.

105. Allí se fijó el valor del terreno en $2.500.000/m² y el de la construcción
$1.600.000/m². Sin embargo, no se explicó por qué esos valores reflejaban mejor
las condiciones del mercado que el promedio obtenido en el avalúo oficial. Tampoco
se analizaron las características particulares de los inmuebles utilizados como
referencia para justificar que eran comparables al bien expropiado.

106. Exclusivamente se señaló lo siguiente:

“[…]

52
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 61 y siguientes.

19

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

[…]” (negrilla del texto).

107.Se advierte además que los inmuebles citados como fundamento de la
valoración no son homogéneos. Concretamente se mencionaron inmuebles con
metrajes entre 81 m² y 320 m² de construcción. Incluso algunos bienes tienen
locales comerciales, otros corresponden a propiedad horizontal y otros son vivienda
unifamiliar.

De la tabla anexa de “[…] METRO CUADRADO CONSTRUIDO SUBA RINCON
108.
BOGOTA […]” se destaca:

“[…]

20

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

[…]”.

109. El referido avalúo no identifica la fecha de las ofertas y arrojó un coeficiente de
variación para la construcción del 39,40%, muy superior al 7,5% permitido por el
artículo 11 de la Resolución 620 de 2008.

110. Tampoco son comparables los bienes citados para determinar el valor del
terreno pues únicamente se describe que corresponden a “[…] casa lote medianera
[…]”, con los siguientes metrajes:

“[…]

[…]”.

111.Además, dicho estudio no identifica de manera concreta cuáles fueron los
errores técnicos o metodológicos en que habría incurrido el avalúo oficial. Tampoco
señala qué comparables fueron inadecuadamente seleccionados, qué criterios de
valoración fueron incorrectamente aplicados o qué operaciones técnicas condujeron

21

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

a una determinación errónea del precio indemnizatorio 53. Por lo tanto, no se
desvirtuó la presunción de legalidad del avalúo oficial que sirvió de fundamento para
fijar el precio indemnizatorio.

112.A partir de lo anterior, la Sala considera que el tribunal de primera instancia
motivó adecuadamente su decisión y, en todo caso, el demandante no aportó otras
pruebas encaminadas a demostrar que el precio indemnizatorio reconocido valorara
incorrectamente el valor comercial del inmueble, así como los conceptos de daño
emergente y lucro cesante.

113.En el plenario está acreditado que el lucro cesante no se reconoció en sede
administrativa porque el propietario no allegó la documentación que soportara los
ingresos de la actividad comercial, conforme a la Resolución 898 de 2014. Además,
respecto de los descuentos relacionados con los gastos notariales y de desconexión
de servicios, esta Sección en la sentencia de 28 de mayo de 2026 indicó que estos
descuentos cuentan con soporte legal54.

114. En consecuencia, los cargos aquí estudiados no prosperan.

V.3.2. La objetividad del avalúo oficial

115. La demandante sostuvo que, aunque el IDU y la UAECD son entidades
autónomas, ambas intervienen de manera determinante en la elaboración y
utilización del avalúo. Por lo tanto, esa circunstancia compromete la imparcialidad
del procedimiento de expropiación.

116.Sin embargo, tal afirmación no encuentra respaldo en el material probatorio
obrante en el expediente. El demandante no demostró que el IDU haya solicitado el
avalúo a la UAECD con el propósito de favorecer indebidamente sus intereses o
disminuir el valor de la indemnización.

117. Tampoco se acreditó que la intervención de dicha entidad obedeciera a un fin
distinto al previsto por el ordenamiento jurídico para la determinación del precio de
adquisición y de los demás componentes indemnizatorios. La parte demandante no
demostró que la estimación del daño emergente y el lucro cesante hubiera
desconocido el marco normativo aplicable o que ello hubiera afectado la legalidad
del acto demandado.

118.Por el contrario, el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 determinó que el avalúo
comercial podrá ser realizado por el IGAC o la autoridad catastral correspondiente
o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas
por las Lonjas de Propiedad Raíz.

El literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 30 de noviembre de 2006 55,
119.
expedido por el Concejo de Bogotá, estableció la naturaleza y el objeto de la

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 10 de abril de 2025, radicación
número 25000-23-24-000-2007-00254-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y de 13 de junio de 2024, radicación número
25000-23-24-000-2007-00511-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 25000-23-41-000-2017-
00061-03, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
55
“[…] Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden

22

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

UAECD, incluyendo dentro de sus funciones principales la realización de avalúos
comerciales tanto para organismos y entidades distritales como para empresas del
sector privado que así lo requieran.

El Decreto Distrital 583 de 15 de diciembre de 201156, vigente al momento en
120.
que se llevó a cabo el proceso de expropiación administrativa, reglamentó dicha
competencia.

121. En consecuencia, el cargo propuesto no cuenta con vocación de prosperidad.

V.3.3. La vulneración del artículo 70 de la Ley 388 de 1997

122.La parte recurrente sostuvo que la administración incumplió las reglas relativas
al pago del precio indemnizatorio previstas en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997.

123.Para resolver lo anterior, se precisa que, según el numeral 4 del artículo 70 de
la Ley 388 de 1997, la decisión de expropiación por vía administrativa no produce
ningún efecto cuando la entidad demandada no pone a disposición del propietario
el precio indemnizatorio; escenario en el que deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.

124. Esta Sección57 determinó que el alcance jurídico de la norma indicada supra se
refiere a la eficacia del acto administrativo que declara la expropiación y no a una
causal de nulidad. Por lo tanto, en caso de verificarse la falta de pago, la
administración no puede ejecutar esa decisión ni exigir su cumplimiento porque
omitió adelantar las actuaciones indispensables para que el acto existente y válido
provoque los efectos jurídicos deseados. Sin embargo, esa omisión no desvirtúa la
presunción de legalidad del acto expropiatorio.

125.De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente58, la Subdirección
Técnica de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano expidió el 13 de
septiembre de 2016 la orden de pago número 2600.

126. El día 27 de septiembre de 201659 en las oficinas de la Subdirección Técnica de
Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo Urbano, se hizo entrega al
demandante, en un sobre sellado, el cual contenía la identificación del pago “[…]
solicitado al Banco de Occidente en fecha 26/09/2016, para reclamar el cheque en
la Sucursal Avenida 19, por valor de MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS
MCTE. ($1.079.366.528.00), por concepto del pago del precio indemnizatorio
señalado en el artículo Tercero de la Resolución de Expropiación número 7284 del
2016, con Orden de Pago No 2600 del 26/09/2016 […]”.

distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Hacienda.
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la propiedad inmueble del
Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del
Distrito Capital. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas: e. Elaborar
avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector privado que lo soliciten […]”.
56
“[…] Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de que trata el
literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006 […]”.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de febrero de 2015, radicación
núm. 25000-23-41-000-2015-02402-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
58
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03
PRINCIPAL-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS(.pdf) NroActua 17”. Página 51 y siguientes.
59
Cfr. Índice 17 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 17”. Página 122 y siguientes.

23

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00309-03
Demandante: Ubaldo Vásquez Rubio

127.Por lo tanto, contrario a lo afirmado por el apelante, el pago de la indemnización
se realizó en un término prudencial y razonable, sin que dicho reparo corresponda
a una causal de nulidad conforme al criterio jurisprudencial vigente de esta Sección.

128.Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de
2012, sobre condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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