Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00511-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00511-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00511-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: FERNANDO EDUARDO RONDEROS JENSEN Y OTRO.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, TODA VEZ QUE LA
PARTE ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DEL AVALÚO QUE REALIZÓ LA LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE BOGOTÁ EN EL QUE SE FUNDAMENTARON LAS
RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN ACUSADAS. PARA LA
REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO,
PROTOCOLIZADO MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA 1761, NO
ERA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE SUS DESTINATARIOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 7 de junio de 2012, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”1, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
Actores: FERNANDO EDUARDO RONDEROS JENSEN Y OTRO.
I. ANTECEDENTES
I.1.- Los señores FERNANDO EDUARDO Y FREDDY RONDEROS
JENSEN, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de
1997 2 , mediante apoderada, presentaron demanda contra la
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTÁ-ERU3, en la que formularon las siguientes pretensiones:
“[…] PRINCIPAL
Que se declare nulo y se revoque en su totalidad el contenido del
artículo cuarto de la Resolución No. 109 del 16 de noviembre de
2006 expedida por la Empresa de Renovación Urbana.
Que se declare nulo y se revoque en su totalidad el contenido del
artículo segundo de la Resolución No 41 de 22 de mayo de 2007
expedida por la Empresa de Renovación Urbana “Por la cual se
expropia el inmueble”.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se obtenga
un precio indemnizatorio justo, esto es, que sean tenidos en cuenta
el valor real del predio y el lucro cesante causado a mis
poderdantes y que se condene a la Empresa de Renovación Urbana
al pago de los perjuicios que resulten probados durante el proceso
así como los intereses que se causaren desde el día en que se
ordenó la expropiación a la fecha.
Que se condene a la Empresa de Renovación Urbana al pago de
perjuicios generados con el proceso de expropiación.
SUBSIDIARIA
Que se declare la nulidad y se deje sin efectos la Resolución No 90
del de agosto de 2007 “por la cual se revoca al escritura pública
2
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante el ERU.
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número 1761 del 19 de julio de 2007 de la Notaria Cuarenta y
Nueve del Circulo de Bogotá”.
Que como consecuencia de la anterior declaración se ajuste a su
justo valor la indemnización, al ordenar la realización de un nuevo
avalúo para determinar el precio indemnizatorio del predio objeto
de expropiación.
Que se condene a la Empresa de Renovación Urbana al pago de
perjuicios generados con el proceso de expropiación […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
Mediante la Resolución núm. 109 de 16 de noviembre de 2006, la
ERU determinó la adquisición por el procedimiento de expropiación
administrativa del inmueble de propiedad de los demandantes
ubicado en la Calle 19 No. 3-52, para la ejecución del proyecto de
renovación urbana denominado “Manzana 5 Eje Ambiental Avenida
Jiménez y se estableció como precio indemnizatorio la suma de
$179.518.800, de acuerdo con el avalúo realizado por la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá.
A través de la Resolución núm. 41 de 22 de mayo 2007, la ERU
expropió el inmueble antes mencionado.
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Contra el anterior acto administrativo los actores interpusieron
recurso de reposición y, debido a que la ERU no contestó en el
tiempo establecido en el artículo 69 de la Ley 388, el 18 de julio de
2007 se protocolizó el silencio administrativo positivo en la Notaria
49 del Círculo de Bogotá, mediante escritura pública núm. 1761.
Por medio de la Resolución núm. 90 de 3 de agosto de 2007, la ERU
revocó el acto administrativo presunto y mediante comunicación de
8 de agosto de la misma anualidad citó a la apoderada de los
actores a fin de llevar a cabo la notificación personal de la decisión,
pero para esa fecha el valor de la indemnización había sido
consignado a órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I.3.- Fundamentos de derecho
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo que los actos
acusados vulneraron los artículos 29 y 58 de la Constitución Política
;74 del Código Contencioso Administrativo4; y la Ley 388.
Lo anterior, por cuanto, a su juicio, se expidieron de forma
irregular, porque la demandada se valió de una prueba ilegítima
para determinar el valor del predio, esto es, de un avalúo que se
4
En adelante CCA.
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obtuvo en abierta contradicción al régimen aplicable y sobre el cual
no se permitió a los expropiados ejercer el derecho de defensa,
configurándose así una vía de hecho.
Indicó que la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
manifestado que la indemnización debe comprender el daño
emergente y el lucro cesante, pero en este caso la Administración
solo estableció como precio de la indemnización el valor que arrojó
el avalúo “mal practicado”, por lo que ésta no fue justa y no
cumplió con su función compensatoria.
Expuso que el legislador ha señalado que la regla general es la
expropiación por vía judicial y solo en casos especiales se puede
acudir a la expropiación administrativa; y que esta última debe
cumplir con las etapas de la oferta de compra, negociación y
proceso expropiatorio propiamente dicho.
Precisó que la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en ejecución del
contrato de prestación de servicios núm. 039 de 2005, rindió el
Informe Técnico de Avalúo RT 02 de 15 de febrero de 2006, en el
cual el predio expropiado se avaluó en la suma de $179.518.800 y
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que esta experticia fue tomada como base para establecer el precio
indemnizatorio por parte de la ERU.
En lo referente al avalúo, afirmó que:
• En este no se hizo referencia a ningún inmueble dentro
de la Manzana 5 que tuviera las características de la casa
de los demandantes.
• Se cometieron errores en cuanto al tipo de avalúo, toda
vez que el precio comercial difiere de aquel que el
vendedor estaría dispuesto a aceptar libremente sin que
se presente una lesión enorme.
• En el informe del avalúo, a pesar de que se reconoció que
las urbanizaciones y predios adyacentes son Bosque
Izquierdo, La Concordia, Las Nieves y Veracruz, la
comparación para el estudio de mercado se hizo respecto
al barrio Las Cruces, Germania y Santa Fe, cuyo valor es
inferior a los barrios adyacentes a la Manzana 5.
• En relación con las actividades predominantes del sector,
en el avalúo no se hizo mención a que el predio se
encontraba ubicado en una vía de alto tráfico vehicular y
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peatonal, razón por la cual el inmueble tenía una
situación privilegiada para la actividad comercial.
• Con respecto al tipo de edificaciones, no se hizo
referencia al predio, ya que la edificación más cercana
que se describió consistió en locales comerciales y salas
de exhibición a nivel de primeros pisos sobre vías
principales del sector y en realidad los locales comerciales
que se ubicaban sobre la Calle 19 contaban con tres
pisos.
• La Calle 19, sobre la que se ubicaba el predio, es una vía
principal porque se accede de forma inmediata al barrio
Las Aguas, por lo que el predio debió ser avaluado como
de naturaleza comercial ubicado sobre vía principal.
• El método de comparación o de mercado fue mal aplicado
porque no hubo diligencia en la toma de la muestra.
Lo mismo ocurrió respecto al método de costo de reposición,
toda vez que no se sustentó la forma en que se estimó el
valor de una construcción semejante a precios de 2005, ni
cómo se calculó el valor de la depreciación atendiendo a lo
previsto en las tablas de Fitto y Corvini.
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• El avalúo indicó que en relación con el valor del terreno,
los lotes y casolotes de sectores del área central poseían
valores que se ubicaban en un rango entre $200.000 a
$400.000, por metro cuadrado, no obstante, el predio
tenía una naturaleza comercial, ya que en el funcionaban
dos establecimientos de comercio.
• De conformidad con el avalúo y la oferta de compra
presentada por la ERU, el terreno tenía un área de 253.40
metros; sin embargo, según lo previsto en el certificado
de valorización y el impuesto predial unificado, el área del
terreno corresponde a 264 metros, por lo que hay un
error de más de 6 metros en la estimación del terreno.
Por último, aclaró que con base en el Acuerdo 410 de 2005,
mediante el cual el Concejo Distrital de Bogotá determinó la
base gravable del impuesto predial, el precio mínimo por metro
cuadrado para el sector y con las condiciones del predio, por
metro cuadrado, era de $2.089.000.
Además, indicó que la ERU revocó el acto administrativo
presunto, que fue protocolizado mediante la escritura pública
1761, con el argumento de que el mismo era manifiestamente
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opuesto a la ley y, en consecuencia, consideró que podía
revocarlo de forma oficiosa sin dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 74 del CCA.
En esa misma línea, puso de presente que para poder revocar un
acto administrativo de carácter particular y concreto se debe
adelantar una actuación administrativa y que esta debe ser
comunicada a quienes puedan resultar afectados por la decisión
de revocación, pero dicho procedimiento no se cumplió para la
expedición de la Resolución núm. 90 de 2007.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, -ERU-5,
por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda6, y para
oponerse a la prosperidad de las pretensiones explicó que antes de
adelantar el proceso de expropiación la Alcaldía Mayor de Bogotá
había expidió el Decreto 240 de 2006, modificado por el Decreto
368 de la misma anualidad, por medio de los cuales se declaró la
existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad
pública e interés social para la ejecución del proyecto de
5
En adelante ERU.
6
Folios 141-163 C. 1.
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renovación urbana Manzana 5 que se adelantaría en el sector
donde se ubicaba en inmueble de los demandantes.
Expuso que, en razón de lo anterior, la ERU adelantó reuniones y
envió comunicaciones a fin de desarrollar el proceso de
enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos para la
ejecución del proyecto, pero al no haber llegado a un acuerdo con
los demandantes expidió la Resolución núm. 109 de 16 de
noviembre de 2006, por medio de la cual se determinó el carácter
administrativo de la expropiación del inmueble objeto del presente
proceso con base en el avalúo realizado por la Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá y, finalmente, a través de la Resolución núm. 41 de
22 de mayo de 2007 se ordenó la expropiación del bien inmueble.
Destacó que los actores interpusieron recurso de reposición contra
la Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007, el cual fue
decidido mediante la Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007; y
que para su notificación personal se enviaron comunicaciones al
señor FERNANDO RONDEROS JENSEN y a su apoderada, pero
cuando esta última se acercó a las instalaciones de la ERU, al no
estar de acuerdo con el contenido del acto, no suscribió la
constancia de notificación, razón por la cual se elaboró acta en la
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cual se relató lo sucedido y esta fue firmada por la abogada de la
demandada y tres testigos presenciales y, además, el 27 de julio
de 2007 se fijó edicto de notificación de la Resolución núm. 68.
Afirmó que el 8 de agosto de 2007 se le envió comunicación a los
demandantes a fin de efectuar la notificación personal de la
Resolución núm. 90 de 3 de agosto de 2007, por medio de la cual
se revocó el acto administrativo presunto contenido en la escritura
pública 1761 de 2007 y aclaró que no se informó acerca de la
consignación del precio indemnizatorio a órdenes del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, porque esta operación se efectuó
hasta el 31 de agosto de esa anualidad cuando ya se encontraba
ejecutoriada la Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones:
1) Cumplimiento de la ley y reglamentos por parte de la ERU.
Al respecto, sostuvo que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá acogió lo establecido en el Decreto 1420 de 24 de julio de
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1998 7 y la Resolución núm. 762 de 23 de octubre de 1998 8 ,
proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, -IGAC- 9 ; y
que en el documento que soportó su estudio sí se expusieron los
parámetros para la definición de las características propias de cada
uno de los inmuebles, de la siguiente manera:
-Por ubicación dentro de la manzana, atendiendo a las diferencias
entre predio esquineros y medianeros.
-Por acceso, estableciendo contrastes entre acceso vehicular y
peatonal.
-Por el tipo de vía sobre el cual tiene frente, siendo los de mayor
valor aquellos ubicados sobre corredores viales de importancia.
-Por la forma del lote y la longitud del frente sobre la vía pública,
siendo los de menor valor aquellos que poseen un frente reducido y
tienen una configuración irregular porque no permiten un óptimo
desarrollo constructivo.
Anotó que los valores de las construcciones se determinaron a
partir del valor a reposición a nuevo y se tuvo en cuenta el tipo de
estructura de cada inmueble, la altura de las edificaciones, la
7
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84, y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el articulo 11del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
8
“Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388
de 1997”.
9
En adelante IGAC.
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calidad de los acabados y el estado de conservación y
mantenimiento.
2) Hecho de un tercero
Argumentó que la vicepresidenta de Operaciones y Tecnología y
Gerencia de Operaciones-Depósitos Judiciales del Banco Agrario
emitió un concepto, a solicitud de la ERU, en el cual se informó el
procedimiento para la realización de las consignaciones a los
ciudadanos involucrados en expropiaciones administrativas.
3) Inepta demanda
Sostuvo que en la demanda no se evidencian las causales que
permitirían considerar la procedencia de la acción, ya que los actos
acusados se expidieron conforme a la normatividad aplicable y
fueron debidamente motivados.
4) Indebida sustentación de perjuicios
En último lugar, señaló que los perjuicios supuestamente sufridos
no fueron acreditados en el plenario.
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II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección de “B”, mediante sentencia de 7 de junio de 2012, negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos:
En un primer momento, advirtió que las excepciones propuestas
por la ERU se constituían como argumentos de defensa y que por
esta razón serían analizadas cuando se decidiera el fondo del
asunto.
Posteriormente, antes de entrar a resolver los cargos de la
demanda, precisó que el artículo 61 de la Ley 388 dispuso que en
los procesos expropiatorios el precio de adquisición del bien será
igual al valor comercial determinado con el IGAC o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes,
según lo determinado por el Decreto 2150 de 1995 10 y de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el
Gobierno Nacional.
10
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”.
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En ese sentido, por un lado, citó los artículos 25 y 26 del Decreto
1420, en los que se regularon los métodos por medio de los cuales
se deben realizar los avalúos, y 6º, 7º, 8º, 10º y 12 de la
Resolución núm. 762 de 1998, relativos a la aplicación de los
distintos métodos y a las etapas de elaboración de los avalúos; y,
por el otro, apartes del avalúo en el que se basaron los actos
acusados.
Establecido lo anterior, después de un análisis comparativo,
concluyó que en dicho avalúo no se sustentaron las razones por las
cuales se utilizaron los métodos de mercado y de reposición debido
a que no se citaron las fuentes de las ofertas comparativas, ni los
detalles de la construcción que se hallaba en el inmueble,
respectivamente.
Trajo a colación la sentencia proferida por esta Sección el 14 de
mayo de 200911, en la que se resolvió un caso similar, y con base
en esta afirmó que dado que el valor comercial que se indicó en el
avalúo forma parte de los actos administrativos, lo cobija la
presunción de legalidad, en consecuencia, le correspondía al
administrado demostrar que el proceso del avalúo no se llevó a
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01.
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cabo de manera correcta y, por tanto, resultó equivocado, para lo
cual no le bastaba con alegar que el informe del avalúo no señaló
cada uno de los acápites que según las normas debía tener, sino
que dada la presunción de legalidad debía demostrar que el estudio
no se hizo de forma correcta.
Manifestó que revisado el segundo avalúo, decretado como prueba
pericial dentro del proceso, en éste se indicó que el valor del predio
para el año 2006 hubiera sido de $334.042.863 y se anexó un
cálculo de lucro cesante por el valor de $225.821.295,
correspondientes a los cánones de arrendamiento dejados de
percibir desde mayo de 2007 hasta noviembre de 2011, se
encontró que dicha experticia tampoco señaló las razones por las
cuales el avalúo de la Lonja se hizo de forma equivocada.
Para fundamentar lo anterior, citó un aparte de la sentencia de esta
Sala referenciada en párrafos precedentes, en el cual se sostuvo
que en estos casos resultaba insuficiente la mera exposición de los
resultados del peritaje practicado, porque se hacían necesarias las
explicaciones relativas a su origen por el hecho de que tanto las
partes como la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos
especializados del perito.
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En lo referente al argumento de que no se tuvo en cuenta el lucro
cesante, advirtió que dentro del expediente y del dictamen no
obraba el contrato de arrendamiento que probara que una parte o
la totalidad de la construcción se encontraba arrendada.
En cuanto a la consideración, según la cual para la revocación
directa del acto administrativo presunto, protocolizado mediante la
escritura pública núm. 1761, se debió adelantar la actuación
administrativa señalada en el artículo 74 del CCA, tuvo como
probado lo dicho por la ERU en su escrito de contestación de la
demanda y que no fue desvirtuado a lo largo del proceso; y que el
recurso de apelación que se interpuso contra la Resolución núm. 41
de 22 de mayo de 2007 fue resuelto en tiempo, a través de la
Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007, pero que la apoderada
de los demandantes se rehusó de forma presencial a su notificación
personal.
Que, por tal razón, no se podía desconocer el hecho de que la
abogada que representaba a los actores sí conoció la resolución que
resolvió el recurso de reposición antes de que se protocolizaran los
efectos del acto administrativo positivo, por lo que esta actuación
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no resultaba procedente y tampoco se requería de una
comunicación especial sobre la actuación administrativa de
revocatoria del acto.
En último lugar, aclaró que en el artículo 73 del CCA se dispuso que
los actos que resulten del silencio administrativo positivo se pueden
revocar sin el consentimiento del titular cuando se presente una de
las causales previstas en el artículo 69 ibídem, y en el presente
caso se presentó la de su manifiesta oposición a la Constitución
Política o a la ley.
III-. RECURSOS DE APELACIÓN
Los apoderados de los demandantes presentaron escritos de
apelación, en el que solicitan REVOCAR la sentencia. Para ello
plantearon los siguientes reproches12:
Adujeron que resultaban inaceptables los argumentos esgrimidos
por el Tribunal, pues no puede entenderse que, por una parte, se
haya manifestado que el avalúo oficial no cumplió con lo reglado en
el Decreto 1420 y en la Resolución núm. 762 de 1998, expedida por
12
Aunque se presentaron por medio de escritos diferentes, estos guardan absoluta semejanza.
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IGAC; y, por la otra, que esas vulneraciones al ordenamiento
jurídico no son suficientes para declarar la ilegalidad de los actos,
sino que se requería que el dictamen pericial practicado se hubiese
pronunciado sobre la ilegalidad del avalúo.
Sostuvieron que como el Tribunal puso en tela de juicio el contenido
del dictamen pericial, debido a que mencionó que el mismo carecía
de evidencias para determinar si en efecto se causó un perjuicio a
título de lucro cesante, era su deber practicar las pruebas
necesarias para proferir una sentencia ajustada a derecho.
En lo relacionado con la determinación del precio indemnizatorio
como daño emergente, insistieron en que la ERU estableció un valor
con base en un avalúo arbitrario y ajeno a la realidad, pues como
se determinó en el dictamen pericial, el precio real del predio difiere
del reconocido en los actos demandados, por la forma en que estos
fueron practicados.
Afirmaron que la sentencia también debía ser revocada porque la
Administración no puede actuar en abierto desconocimiento del
principio de la buena fe, generando con sus actuaciones una
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confianza legítima en los particulares y posteriormente desconocer
la confianza generada.
Lo anterior, por cuanto el Distrito de Bogotá, mediante el Decreto
609 de 2006, por el cual determinó la base gravable mínima del
impuesto predial para predios a los que no se les había fijado
avalúo catastral, estableció, por una parte, que el precio mínimo
por metro cuadrado para predios urbanos en los que se
desarrollaba una actividad comercial sería de $1.340.000; y, por la
otra, que el precio mínimo por metro cuadrado de construcción para
predios urbanos en los que se desarrollaba una actividad comercial
sería de $873.000, pero la ERU de manera arbitraria fijó para el
inmueble objeto de expropiación un valor por metro cuadrado para
la construcción de $380.000 y para el metro cuadrado del terreno
$180.000.
Insistieron en que la indemnización que se pagó a los demandantes
no fue total ni justa, ya que el Tribunal no reconoció el lucro
cesante porque dentro del expediente no obraba copia del contrato
de arrendamiento, pero este sí fue aportado como prueba
documental de la demanda y, además, fue entregado al Auxiliar de
la Justicia para que realizara su experticia.
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Finalmente, en lo atinente a la irregularidad de la revocación directa
del acto presunto, señalaron que al momento en que se notificó la
Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007, el silencio administrativo
positivo ya se encontraba protocolizado y recalcaron que sí se debió
cumplir el procedimiento establecido en el artículo 74 del CCA.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la ERU, reiteró, en síntesis, los mismos argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que
el avalúo oficial, realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá, se ajustó a los preceptos legales, particularmente, en lo
que se refiere a la valoración de inmuebles requeridos por la
administración, fundado en motivos de utilidad pública, en zonas de
renovación urbana; y que, de manera contraria, el avalúo elaborado
por el Auxiliar de Justicia no cumplió con las especificidades
necesarias para desvirtuar la legalidad del avalúo oficial.
Indicó que la indemnización pagada, además de cumplir con las
normas que regulan la materia, correspondió a lo efectivamente
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probado en el procedimiento administrativo y obedece a una
indemnización previa, justa y compensatoria.
IV.2- Por su parte, la parte actora, reiteró, en síntesis, los mismos
argumentos esgrimidos en la demanda y en la sustentación del
recurso de apelación, en el sentido de que es ilegal el avalúo oficial
del inmueble, así como la revocatoria directa realizada a través de
la Resolución núm. 90 de 2007.
IV.3- El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. ACTOS ACUSADOS
-Resolución núm. 109 de 16 de noviembre de 200613, “por la
cual se determina el carácter de administrativa de la expropiación
del inmueble ubicado en la calle 19 No. 3-52 de la Ciudad de
Bogotá D.C., con matrícula inmobiliaria número 50C-339786 para
ser destinado a la ejecución de un proyecto de renovación urbana y
se formula oferta formal de adquisición por el sistema de
enajenación voluntaria a sus propietarios señores FREDY
13
Folios 94-99 C. 1.
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ALEJANDRO RONDEROS JENSEN Y FERNANDO RONDEROS
JENSEN”, expedida por la Gerente General de la ERU.
-Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007, “por la cual se
expropia un inmueble”, expedida por la Gerente General de la ERU,
en uso de las facultades conferidas por el Acuerdo 33 de 1999 del
Concejo Distrital de Bogotá, el Acuerdo 1 de 2004 de la Junta
Directiva de la ERU y, en especial, por el Decreto 240 de 2006,
modificado por el Decreto 368 de 2006, expedidos por el alcalde
Mayor de Bogotá y por los artículos 58, 59 y 63 de la Ley 388 de
1999.
En la parte considerativa de este acto administrativo, entre otras
cosas, se explicó que mediante el Decreto 240 de 2006 el alcalde
Mayor de Bogotá declaró la existencia de especiales condiciones de
urgencia, por razones de utilidad pública e interés social, que
autorizaban la adquisición de los inmuebles de la Manzana 5-Eje
Ambiental Avenida Jiménez, mediante el procedimiento de la
expropiación administrativa de que trata el artículo 58 de la
Constitución Política y el artículo 6º y siguientes de la Ley 388 de
1997.
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Con base en lo anterior, la ERU celebró el contrato de prestación de
servicios núm. 039 de 6 de octubre de 2005 con la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá a fin de que esta última realizara los
avalúos comerciales de los inmuebles requeridos para la ejecución
del proyecto Eje Ambiental-Manzana 5-Avenida Jiménez, de la
ciudad de Bogotá.
A través de la Resolución núm. 109 de 16 de noviembre de 2006, la
ERU determinó el carácter de la expropiación administrativa del
inmueble de los demandantes y les formuló una oferta de compra.
En cuanto al precio indemnizatorio, en el artículo segundo del acto
se estableció:
“[…] ARTÍCULO 2º. El precio indemnizatorio de la
expropiación que trata esta Resolución es la suma de
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($179.518.800)
m/te […]”.
-Resolución núm. 90 de 3 de agosto de 200714, “por la cual se
revoca la escritura pública número 1761 de 19 de julio de 2007 de
la Notaria Cuarenta y Nueve de Bogotá”.
14
Folios 106-109 C. 1.
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V.2. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las
pretensiones de la demanda por considerar, por un lado, que los
actores no desvirtuaron la presunción de legalidad de los actos
acusados, debido a que no demostraron las incorrecciones del
avalúo oficial realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá,
que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio que
estableció la ERU; y, por el otro, que para la revocación del acto
administrativo presunto protocolizado mediante la escritura pública
1761, no se debió adelantar la actuación administrativa señalada en
el artículo 74 del CCA, debido que la apoderada de los actores
conoció el contenido del acto, por medio del cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 41 de
22 de mayo de 2007, antes de la protocolización del silencio
administrativo positivo.
Inconformes con la decisión, los demandantes interpusieron recurso
de apelación, argumentando que: i) resultaba inaceptable que
aunque el Tribunal manifestó que el avalúo de la Lonja de Bogotá
no cumplió con lo reglado en las normas que rigen la materia, esto
no es suficiente para declarar la ilegalidad de los actos; ii) si en
cuanto al reconocimiento del lucro cesante se observó que el
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dictamen pericial practicado dentro del proceso carecía de
evidencias, era obligación de la Sala practicar las pruebas
necesarias para esclarecer la experticia; iii) la ERU violentó el
principio de la buena fe y la confianza legítima, ya que los precios
por metro cuadrado que se usaron en el avalúo no coincidían con
los que se determinaron en la base gravable mínima del impuesto
predial; iv) la indemnización no fue total ni justa debido a que no se
reconoció el lucro cesante porque no obraba dentro del plenario
copia del contrato de arrendamiento que se celebró sobre el bien de
los actores, cuando dicho documento se aportó como anexo de la
demanda y; v) al momento de efectuarse la notificación de la
resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007, ya el silencio
administrativo positivo se encontraba protocolizado.
Ahora, en lo referente a lo argumentado por los actores en sus
recursos la Sala advierte que en esta etapa procesal es
improcedente resolver la totalidad de sus reproches, dado que
algunos corresponden a situaciones que no plantearon en la
demanda y en relación con las cuales el Tribunal no se pronunció al
respecto.
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Aceptar lo contrario, implicaría desconocer el ámbito de
competencia de esta Corporación, pretermitir la primera instancia y
desconocer el derecho de contradicción de la ERU, quien no tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre dichos aspectos en la
contestación de la demanda.
Al respecto, en sentencia de 1o. de agosto de 201915, esta Sala
señaló:
“[…] 63. En los procesos ordinarios el recurso de apelación
tiene límites, pues debe guardar correspondencia con el
petitum de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos
que la sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar su sentencia. No de otra forma se respetan los
derechos al debido proceso, a la igualdad procesal y la garantía
de la doble instancia.
64. Esta Corporación, en sentencia de 5 de julio de 2007 (M.P.
Jaime Moreno García.) precisó que: “… en el recurso de
apelación… la competencia de la Corporación está restringida a
los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente
contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen,
desde luego, con las causales de nulidad planteadas en
la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de
sustento al Tribunal para dictar la sentencia”.
65. Para la Sala, los motivos de inconformidad planteados
mediante el recurso de apelación deben guardar
correspondencia con el fallo recurrido y con las consideraciones
expuestas por el juez de primera instancia que determinaron
una decisión total o parcialmente adversa a los intereses de
quien apela.
66. La Corte Constitucional en sentencia T - 516 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández frente a los límites de la
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
enero de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00750.
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competencia del juez de segunda instancia indicó:
“…la competencia del superior jerárquico… no debe ser
entendida únicamente en términos de economía procesal,
sino que se encuentra limitada por el respeto al derecho
fundamental del debido proceso, por la garantía de la
doble instancia, y el derecho a la igualdad procesal… en
el trámite de la segunda instancia, un juez no tiene siempre
plena competencia para pronunciarse sobre todos los asuntos
que tengan alguna relación con la apelación, pues podría
estar actuando por fuera del marco de su competencia, por
ejemplo, cuando profiere decisiones que resuelven de
manera directa un asunto que no fue objeto de
decisión por parte del a quo […]”(Destacado fuera del
texto).
Así las cosas, una vez revisado el concepto de la violación explicado
por los demandantes, la Sala da cuenta que el cargo relativo a que
la ERU violentó el principio de la buena fe y la confianza legítima,
ya que los precios por metro cuadrado que se usaron en el avalúo
no coincidían con los que se determinaron en la base gravable
mínima del impuesto predial, no fue objeto de la demanda y de sus
pretensiones de nulidad.
Por lo que, de conformidad con lo expuesto, la Sala desestima este
nuevo argumento planteado por la parte actora en su escrito de
apelación y establece que, en este caso, el problema por resolver
se concreta en dar respuesta a los siguientes interrogantes:
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-Si se desvirtuó la presunción de legalidad que cobija al informe el
avalúo comercial realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
para la expropiación del bien inmueble que pertenecía a los
demandantes, porque quedó suficientemente demostrado que este
presentó incorrecciones debido al incumplimiento de las normas en
que debió fundarse.
-Si para la revocación directa del acto administrativo presunto,
protocolizado mediante la escritura pública 1761 de 19 de julio
2007, se debió agotar el procedimiento de la actuación
administrativa señalada en el artículo 74 del CCA.
V.4. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
Así las cosas, en esta parte para la Sala se hace necesario traer a
colación los criterios expuestos por esta Sección en relación con la
acción especial contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de
expropiación por vía administrativa, ya que servirán de criterio para
el análisis del recurso presentado, al respecto se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si, como
lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada las
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normas superiores invocadas como violadas y las pruebas allegadas
al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de expropiación
por vía administrativa procede la acción especial contencioso
administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento
del derecho lesionado, o para controvertir el precio
indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor de la
indemnización es incorporado en el acto administrativo que ordena
la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la demanda
esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de los
pilares sobre los cuales descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento, como
en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce el
recurrente, que la acción especial contencioso administrativa se
aborde como una acción ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del procedimiento
administrativo con las normas legales y reglamentarias que regulan
y reglamentan la materia, en desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que el
avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a la
normativa aplicable […]” 16 (Destacado fuera del texto).
-Del avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
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Actores: FERNANDO EDUARDO RONDEROS JENSEN Y OTRO.
En orden a resolver, la Sala destaca que el Tribunal en su
sentencia, después de citar apartes del avalúo practicado por la
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 17 y de confrontarlo con las
normas que se señalaron como violadas en el escrito de la
demanda, concluyó:
“[…] No se sustentaron las razones por las cuales se
utilizaron los métodos comparativos de mercado y de
reposición, tal y como lo ordena el artículo 28 del Decreto
1420 de 1998.
Dado que se aplicó el método de mercado, no se hizo
mención explícita de los medios de los cuales se extrajeron
las ofertas, tal como lo establece el artículo 10 de la
Resolución IGAC 0762 de 1998.
Tampoco se discriminaron en el avalúo pericial, todos los
capítulos correspondientes a la construcción establecidos en
el artículo 12 de la Resolución 0762 de 1998, para la
aplicación del método de reposición.
Finalmente dado que también se tuvo en cuenta el costo de
reposición de la construcción como nueva, no se encuentran
los capítulos referentes a la construcción tales como
cimientos, desagües, mampostería, instalaciones
hidráulicas, carpintería en madera, cerrajería, entre otros,
así como tampoco se encuentran los respectivos precios en
el municipio en donde se encuentra ubicado el inmueble, tal
como lo exige este método.
Así las cosas, se observa que el avalúo no indica, tal como
lo establecen las normas, cada uno de los procedimientos
detallados por medio de los cuales se llegó al avalúo
comercial de bien […]
Así las cosas, dado que el valor comercial que se indicó en
el avalúo, forma parte de los actos administrativos, lo cobija
la presunción de legalidad, y en consecuencia le
corresponde al administrado demostrar que el
proceso del valúo no se llevó a cabo de manera
correcta y por tanto es equivocado.
17
Folios 272-337 C.1.
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En consecuencia, no le basta al administrado alegar que el
informe de avalúo no consagra cada uno de los acápites que
según las nomas debe tener, sino que dada la presunción
de legalidad, debe demostrar que el avalúo no se hizo
de la manera correcta […]” (Destacado fuera de texto).
En este sentido, para la Sala es claro que la inconformidad de la
parte actora no radica en los argumentos esbozados por el Tribunal
cuando concluyó que el avalúo que practicó la Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá incurrió en imprecisiones, pues es obvio que en un
principio esta situación apoya el sustento de sus pretensiones de
nulidad, sino en que el incumplimiento de requisitos del avalúo no
resultó suficiente para desvirtuar su presunción de legalidad.
Al respecto, esta Sección ha sostenido que al haber sido
incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado, que
decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y certeza que se predica de las decisiones
definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este
caso, a los demandantes, demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones.
La Sala ha indicado sobre este particular lo siguiente:
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“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. […]”18.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección 19
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó
el justo precio de la indemnización expropiatoria y,
en consecuencia, no desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, que lo
incorporó […]”. 20 (Destacado fuera de texto).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005- 03509.
19
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. M.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
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Aclarado lo anterior, la Sala precisa que los demandantes
manifestaron, en los fundamentos de derecho de esta demanda,
que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá que sirvió de
base a la resolución que ordenó la expropiación tiene falencias
respecto a lo señalado en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución núm. 762 de 1998, expedida por el IGAC, que, a su
juicio, dan lugar a la declaración de nulidad del acto.
Ahora, aunque el Tribunal en su momento únicamente se pronunció
con relación a la incorrecta aplicación de los métodos de mercado y
reposición para hallar el valor comercial del predio y de la
construcción y así lo consideró, lo cierto es que para la Sala la parte
actora se limitó a esbozar argumentos de porqué considera que el
avalúo no cumplió con ciertos requisitos e infringió las normas que
regulan la materia, pero no aportó elementos de juicio probatorio
que permitan establecer como la inclusión y cumplimiento de estos
ítems, en la forma en que lo solicita, hubiese arrojado un valor de
precio indemnizatorio diferente.
En efecto, el Tribunal en la sentencia apelada hizo alusión a la
incorrecta aplicación de los métodos de mercado y reposición para
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hallar el valor comercial del predio y de la construcción, en el
avalúo oficial practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá,
y luego de analizar el avalúo decretado dentro del proceso,
realizado por el perito LUIS JAIME CUARTAS MURILLO, el a quo
indicó que con el mismo no se demuestra algún error en que
hubiera incurrido el avalúo oficial, en tanto no señala las razones
por las cuales el dictamen rendido por la Lonja en mención se hizo
de manera equivocada.
Así, lo expresó el Tribunal:
“[…] En este contexto se procederá a estudiar el otro
avalúo decretado dentro de este expediente, para
analizar si con él se demuestra algún posible error en
que hubiera incurrido la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá.
A folios 364 a 371 obra el dictamen presentado por el
perito Luis Jaime Cuartas Murillo, en el cual se indicó:
1. Información básica: Contiene:
-Dirección del Inmueble
-Tipo de inmueble
-Clase de avalúo: comercial
-Localización
-Ciudad
2. Titulación: El perito informó que no se presentaron
documentos.
3. Características: Indicó que del inmueble no se conocieron
características generales, sino únicamente de acuerdo con
las pruebas documentales, que tenía el lote una extensión
de 253.40 metros cuadrados.
-Descripción general
-Uso del inmueble
-Áreas del inmueble
-Linderos
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-Dependencias
-Construcción y acabados
-Iluminación y ventilación
-Vetustez
-Explotación Económica
-Estudio de la construcción
-Vías de acceso
-Servicios Públicos
-Sistema de transporte
-Actividades del sector
-Infraestructura del sector
-Infraestructura educativa
-Perspectiva de Valoración
-Sustentación del valor: Se tuvieron en cuenta los
siguientes ítems: localización dentro del sector, la
reglamentación de la zona, servicios públicos domiciliarios,
posibilidades de valoración, las condiciones actuales de la
oferta y la demanda de la zona de inmuebles de alguna
manera comparables para el avalúo, nivel socio-económico
de los pobladores del sector y de sus alrededores, potencial
de desarrollo, posible rentabilidad del predio,
infraestructura vial. Indicó que también consideró los
valores comerciales de los predios e inmuebles de la zona,
mediante l sistema del muestreo y teniendo en cuenta la
factibilidad de uso y demanda del sector.
4. Sustentación del valor
-Cálculo del valor. Para llegar al valor definitivo se empleó
el sistema valuatorio del método de comparación o de
mercado y el método potencial o desarrollo, para lo cual se
desarrolló un sondeo de ofertas de inmuebles de similares
características dentro del sector.
Como base del sondeo realizado, se obtuvo el valor del
metro cudradado promedio y este fue aplicado al inmueble
objeto del avalúo.
[…]
5. Cálculo del valor. El valor del avalúo del inmueble fue
calculado en $266.070.000.
[…]
De igual forma, al resolver las solicitudes de aclaraciones y
complementaciones, el perito indicó que como se trataba de
una zona comercial y dado que el metro cuadrado en la
localidad de San Victorino en el año 2004 tenía un valor de
$1.300.000 y para 2011 un valor de $3.500.000, y en el
sector de las Aguas el metro cuadrado para el año 2004
tenía un valor de $2.000.000 y para el 2011 de $3.200.000,
el valor total del avalúo de los demandantes es de
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$635.500.000. Para lo anterior anexó fotografías y una
fotocopia en la que se indica el valor del metro cuadrado del
sector comprendido entra la calle 11 y avenida Colón desde
la carrera 9ª hasta la 13 (fls. 409 a 413 cdno ppal).
Finalmente, el perito realizó una nueva aclaración y
complementación del dictamen, en el cual indicó que el
valor del predio para el año 2006 hubiera sido de
$334.042.863, para lo cual realizó una serie de
operaciones relacionadas con el método de reposición a
nuevo para hallar el valor de las construcciones, la
depreciación aplicando la tabla del Fitto y Corvini, además
de lo anterior anexó un cálculo del lucro cesante por valor
de $225.821.295, correspondiente a los cánones de
arrendamiento dejados de percibir desde mayo de 2007
hasta noviembre de 2011.
Revisado este dictamen pericial, se tiene que dicha
prueba no señala las razones por las cuales el
dictamen rendido por la Lonja se hizo de manera
equivocada.
[…]
Así las cosas, el avalúo que obra en el expediente no
probó que el realizado por la Lonja de Propiedad
Privada hubiera contrariado alguna disposición, o se
hubiera realizado de manera incorrecta.
[…]
En este orden de ideas, se tiene que no se demostró
que el avalúo hubiera sido realizado con
desconocimiento de alguna norma. […]” (Destacado
fuera de texto).
La Sala observa que el referido dictamen pericial elaborado por el
señor LUIS JAIME CUARTAS JARAMILLO, inicialmente determinó que
el valor del inmueble es de $266.070.000 21 y que, finalmente,
después de realizar una nueva aclaración y complementación del
21
Folios 364 a 371 del C. Principal.
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dictamen, el perito indicó que el valor del predio para el año 2006
hubiera sido de $334.042.863.
Sin embargo, la Sala considera que dicho dictamen pericial no da
cuenta de las razones de orden fáctico y probatorio que permitan
descartar el valor del precio indemnizatorio del bien expropiado,
establecido en el avalúo oficial realizado por la Lonja de Propiedad
Raíz de Bogotá y que fue acogido en las resoluciones demandadas,
pues se limitó a señalar un nuevo valor del predio (mayor) sin
explicar las razones por las cuales el avalúo oficial era equivocado e
incorrecto, ni menciona de qué modo éste incurrió en fallas o pasó
por alto los parámetros establecidos en el Decreto 1420, así:
• DICTAMEN PERICIAL DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 201122
“[…] V.CÁLCULO DEL VALOR
. Para llegar al valor definitivo, se empleó el sistema valuatorio: Método de
comparación o de mercado y el método POTENCIAL o DESARROLLO,
para lo cual se realizó un sondeo de ofertas de inmuebles de similares
características dentro del sector.
. Como base del sondeo realizado, se obtuvo el valor del metro cuadrado
promedio y esta fue aplicado al inmueble objeto del avalúo.
. Los valores de precios de viviendas encontrados en sector para predios de
similares características se pueden apreciar en el siguiente cuadro, el cual da
la base para el presen informe:
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL
SECTOR
LOCALIDAD LA CANDELARIA- BARRIO LAS AGUAS
22
Folios 364-371 C.1.
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RESIDENCIAL 10%
INDUSTRIAL 30%
GUBERNAMENTAL 30%
COMERCIAL 0%
ESTRATOS PREDOMINANTES 3
DIRECCIÓN TIPO ÁREA VALOR DE %NEGOCIACIÓN VR AJUSTADO VALOR M2
VENTA
CRA 4 NO.18-50 APTO 60 $160.000.000,00 4% $153.600.000,00 $2.560.000,00
EDIFICIO PROCOIL
CRA 4 NO.18-50 APTO 60 $150.000.000,00 4% $144.000.000,00 $2.400.000,00
EDIFICIO PROCOIL
CRA 3A NO.17-29 APTO 134 $260.000.000,00 4% $249.600.000,00 $1.862.686,57
EDIFICIO
CRA 2 NO.18A-48 LOCAL 36 $280.000.000,00 4% $268.800.000,00 $7.466.666,67
ANÁLISIS COMPORTAMIENTO TERRENOS EN EL SECTOR
FACTORES DETERMINANTES EN EL VALOR: MUY POCA OFERTA
LA CANDELAARIA LOTE 1551 $2.800.000.000,00 0% $2.800.000.000,00 $1.805.286.91
COLONIAL
LA CANDELAARIA LOTE 540 $1.050.000.000,00 0% $1.050.000.000,00 $1.944.444.44
COLONIAL
VALOR PROMEDIO $1.874.865.68
BARRIO LAS AGUAS (MUY POCA OFERTA)
CLL 16 KRA 0 LOTE 200 $260.000.000,00 0% $260.000.000 1.100.000
CLL 15 KRA 1 LOTE 91,3 $110.000.000,00 2% $170.800.000 1.003.614
ESQUINERO
Nota la segunda muestra es castigada con un 20% para homogenizar con el lote objeto del avalúo
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL LOTE OBJETO DE AVALÚO
CLL 19 No.3-52 LOTE 253,4
EL VALOR MÁS PROBALE DEL METRO CUADRADO DEL LOTE UBICADO
CALLE 19 CON KRA 3era. ES DE $1.050.000.
VALOR DEL VALUO
El valor del avalúo sería Doscientos Sesenta y Seis Millones Setenta Mil Pesos
M/Cte. ($266.070.000). […]”.
-ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN
DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 201123
“Por medio del presente escrito me permito corregir,
complementar y adicionar, la pericia presentada el 16 de
septiembre del año 2011, consistente que se me olvidó en
inicial que se trataba de una zona comercial y, el metro
cuadrado en la localidad de San Victorino en el año 2002
23
Folio 409 del C.1.
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valía a $1.300.000 y, en la actualidad puede estar en
$3.500.000 metro cuadrado.
En el sector de las aguas, donde está ubicado el inmueble
esta el metro cuadrado, entre 2.000.000 y $3.200.000, por
lo que considero el lote de terreno que se me encomendó
avaluar, sería:
VALOR DEL AVALÚO
El valor total del avalúo del inmueble sería de seiscientos
treinta y dos millones quinientos mil pesos
($632.500.000.00); metro cuadrado a $2.500.000 por ser
un sector comercial, en cuanto al lote.
Fundamentos
El lote a evaluar queda al frente del centro colombo
americano, universidad de los andes, establecimientos
comerciales, buenas vías de acceso, etc; igualmente los
fundamentos enunciados en el anterior informe, lo mismo a
pocas cuadras de la carrera 4 con calle 16, donde se va a
construir CENTRO DE BOGOTÁ BICENTENARIO. […]”.
-ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL DICTAMEN
DE 2 DE NOVIEMBRE DE 201124
“[…] Observo que la construcción es atípica, por lo cual concluyo
que para determinar el valor de la construcción el método más
conveniente es el de REPOSICIÓN A NUEVO.
MÉTODO DE REPOSICIÓN A NUEVO PARA HALLAR EL
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
Para obtener el valor del metro de construcción se tomó como
referencia los predios de la revista construdata del período
septiembre-noviembre de 2006, para edificaciones semejantes a
las observadas en las fotografías del inmueble objeto del avalúo
pericial.
MULTIFAMILIAR MEDIO BAJO. $830.173,00
OFICINAS $969.824,00
[…]
ESTADOS DE CONSERVACIÓN
[…]
Clase 3: Reparaciones sencillas. Remodelaciones de acabados y
Redes
24
Folios 417 a 424 del C.1.
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[…]
Me inclino por el estado de conservación 3 y aplico la tabla.
[…]
APLICANDO LA TABLA DE FITTO Y CORVINI
[…]
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA $236.692.665
[…]
Puesto que es evidente en las fotografías que se trata de un
sector comercial con bastante afluencia de público y teniendo en
cuenta además, que se puede establecer en estos casos el valor
de las zonas geoeconómicas para esa época y que podría
ajustarse aún más el valor a la realidad de mercado si se hacen
precisiones sobre las variables que pueden llegar a influir sobre
un terreno en particular, llámese relación frente y fondo,
ubicación dentro del sector, topografía entre otros, me permitiré
adoptar los valores para zonas comerciales sobre eje vial
importante y no tomaré valores de metro cuadrado de zona
residenciales puesto que existe aquí algo llamado factor de
comercialización.
Ahora bien me permito iniciar mi apreciación y cálculo del valor
más probable del metro cuadrado de terreno.
Según lo señalado dentro del proceso por alguna de las partes el
metro cuadrado vendible en los sectores semejantes en cuanto al
comercio de esa zona y con la misma o muy cerca afluencia de
público, estaban por el orden de un millón quinientos mil pesos
$1.500.000 a un millón ochocientos mil pesos $1.800.0000,
según los estudios hechos por la lonja de propiedad raíz de
Bogotá.
[…]
$1.500.000 valor metro cuadrado vendible zona comercial semejante cra 3ra.
$1.800.000 valor metro cuadrado vendible zona comercial semejante cra 3ra.
$1.500.000+ $1.800.000= $3.300.000/ 2 $1.650.000,00
$1.650.000,00 Promedio metro cuadrado comercial adoptado para mi
ejercicio.
Si la construcción típica del sector ha sido bien conservada
o remodelada, como es el caso de los locales comerciales de
la zona entonces el valor de construcción estará dado por el
valor adoptado anteriormente para construcciones tipo.
Entonces sería $754.058,00 pesos
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La utilidad del promotor del proyecto o del dueño inicial
sería un promedio del 18% por costumbre comercial para
Colombia, lo que daría el siguiente resultado.
$1.650.000= 18%= $297.000,00 Utilidad estimada.
Para concluir tendríamos que tomar el valor del metro
cuadrado vendible y restarle (el valor de la construcción +
la utilidad), así obtendremos un residuo que terminara
siendo el valor más probable de metro cuadrado de
terrenos con las bondades del investigado.
Calculo:
VR/M2 VENDIBLE UTILIDAD - VLR/M2 CONSTRU. = VR/M2 TERRENO
$1.650.000. ($297.000,00 - $968.824,00). = $ 384.176.00
AREA LOTE * VR/M2 TERRENO= VALOR TERRENO
253,4 M2. $384.176,00. $97.350.198,40
Como se puede observar el valor es muy cercano pero no
superior el establecido para máximos en casa lotes, el cual
estaba por el orden del cuatrocientos mil pesos $400.000
según estudios.
RESULTADOS DEL AVALÚO
ITEMS ÁREA VR.UNITARIO VALOR TOTAL
ZONA 219,82 $ 754.058 $165.756.932
COMERCIAL
APTO 109,9 $645.398 $70.935.733
TERRENO 253, 4 $384.176 $97.350.198
VALOR
TOTAL
$334.042.853
AVALÚO
COMERCIAL
[…]”.
Además de lo anterior, debe señalarse que no es de recibo para
esta Sala que los argumentos que sustentan la incorrección del
avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y que
fundamentó la expedición de los actos administrativos acusados,
sean que no se indicaron los inmuebles con los cuales se realizó la
comparación o los medios con los cuales se extrajeron las ofertas; o
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que se ataquen los métodos valuatorios que se utilizaron en el
avalúo oficial; o que se alegue que al ser mayor el precio
determinado en el dictamen pericial, y que ello resulte suficiente
para decretar la nulidad los actos acusados, pues la parte
demandante debe convencer al juez del error en el que ha incurrido
la Administración al fijar un monto específico para la indemnización,
para lo cual debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
éste.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 19
de abril de 202125, en el que la Sala puntualizó que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,
aun cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, y que por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este.
En dicha oportunidad, se reiteró la citada sentencia de 14 de mayo
de 2019, en la que se estudió un avalúo oficial, que utilizó el
método “COMPARATIVO DE MERCADOS”, el mismo usado en el
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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caso bajo estudio, y se precisó que se presume la legalidad de los
actos administrativos demandados, que incorporaron el avalúo
oficial, aun cuando en el informe técnico no se señalaron
cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o
los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación.
Asimismo, se señaló que no es de recibo para la Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo oficial y que
sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados,
sea que no se indicaron los tipos de construcciones de la zona,
donde se encontraba el inmueble objeto de expropiación, con los
cuales se realizó la comparación, y que ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de estos actos.
Así discurrió la Sección:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más
allá de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad
del avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la
expedición de los actos demandados, presentan
características generales correspondientes a cualquier
avalúo; razón por la cual no le asiste razón al accionante
cuando indica que el a quo no tomó en cuenta estos
avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni aportan
pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el avalúo
comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre
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avalúos., valga decir, no desvirtúa la presunción de
legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo
de Estado ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,
aun cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes, por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar
los errores de este. En este contexto, esta Sección,
mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020,
expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la
Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y
avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
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se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección 26 […].” (la Sala destaca)
[…]”27
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).
Además, debe ponerse de presente que la Sala en sentencia de 14
de septiembre de 202028 ya sostuvo que no será suficiente señalar
26
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron en el avalúo
oficial, sino que, se reitera, se debe convencer al juez del error en
el que ha incurrido la Administración al fijar un monto específico
para la indemnización, de la siguiente manera:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización. […]” (Destacado fuera de texto).
En estas condiciones, como lo estableció la Sección Primera en un
caso similar, en apoyo a lo señalado en la sentencia recurrida, no
se accederá a las pretensiones de nulidad de la demanda, por
cuanto no se demostró el efecto que la inclusión de los elementos
señalados por los demandantes hubiera tenido en el resultado del
avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. Así lo consideró la
Sala29:
“[…] Bajo esta óptica, y teniendo en cuenta que el
demandante se limita a mencionar los elementos que, en su
sentir, debieron ser tenidos en cuenta para el avalúo, pero
a la vez no demuestra que ello debía ser así, ni el impacto
que cada uno de tales rubros tenía en el precio final
establecido en el acto que ataca, no procede acceder a su
solicitud por este aspecto […]”.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.
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Ahora, en relación con el lucro cesante, la Sala precisa que los
actores solicitaron la práctica del referido dictamen pericial con el
fin de que se determinara, entre otras cosas, el valor de la
indemnización por este concepto, con base en un contrato de
arrendamiento del que había sido objeto el bien expropiado y que
según se lee en el acápite de pruebas de la demanda,
específicamente en el numeral 1.8, fue allegado como anexo de
esta, pero en realidad no obra dentro del plenario.
En dicho dictamen de 16 de septiembre de 2011 30 nada se dijo
respecto al posible lucro cesante, por lo que sumado a otras
razones las partes solicitaron su complementación y aclaración,
como se indicó anteriormente.
La aclaración y complementación fue allegada al proceso el 2 de
noviembre de 2011 31 y en ese documento se realizaron unos
cálculos e indexaciones con fundamento en unos presuntos cánones
de arrendamiento que se dejaron de percibir por parte de los
demandantes, pero tal y como lo sostuvo el Tribunal no se aportó
copia del contrato de arrendamiento que permitiera tener certeza
de la conclusión a la que arribó el perito en su experticia.
30
Folios 364-371 C.1.
31
Folios 425-428 C. 1.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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Cabe mencionar que, en efecto, dicho contrato no fue aportado,
conforme lo precisó la Consejera ponente, conductora del proceso,
mediante providencia de 11 de septiembre de 201832, a través de la
cual denegó esa prueba, allegada con el recurso de apelación, al
advertir que la misma no fue acompañada como anexo de la
demanda, a pesar de haberla relacionado, oportunidad procesal con
la que contaba la parte actora para allegar y pedir las pruebas que
considerara necesarias para respaldar sus pretensiones.
Por tal razón, por este aspecto, tampoco se desvirtuó la presunción
de legalidad del avalúo que se tuvo como base para la expropiación
del inmueble de los demandantes.
En tales circunstancias, frente a lo afirmado por los actores en sus
recursos, en lo atinente a que correspondía al juez de instancia la
consecución de las pruebas necesarias para aclarar el punto de la
prueba del lucro cesante, se recuerda que, como se ha sostenido a
lo largo de esta providencia, la carga de demostrar las deficiencias
o yerros en que pudo incurrir el avalúo oficial recae sobre la parte
actora, la cual no se le puede trasladar al juez como director del
32
Folios 187 a 190 del C. Apelaciones.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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proceso, simplemente porque este cuenta con algunas potestades
en materia probatoria.
En ese sentido, se pronunció esta Sección33:
“[…] Por lo demás, si bien es cierto los jueces pueden, por
iniciativa propia, ordenar la aclaración o complementación
del dictamen pericial, como lo dispone el artículo 240 del
C.P.C. 34 , ello obedece a una facultad y no a un deber,
puesto que, en primer lugar, corresponde a las partes
interesadas en la prueba promover tal actuación, de
conformidad con el artículo 238 ibídem 35 , relativo a la
contradicción del dictamen pericial, y con el artículo 177
del mismo estatuto procesal, según el cual [i]ncumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
De esa manera, la carga de demostrar que el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordenó la expropiación administrativa
recae sobre el actor, quien no la puede trasladar al juez,
como director del proceso, por el solo hecho de que
cuenta algunas potestades en materia probatoria […]”.
Así las cosas, ante el incumplimiento de la carga que tenía la parte
actora de soportar lo concerniente al daño sufrido a título de lucro
cesante, a la administración solo le correspondía el pago de lo
establecido en el avalúo practicado a instancia suya.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
mayo de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2008 00033.
34
“Artículo 240. El Juez podrá ordenar a los peritos que aclaren, complementen o amplíen el
dictamen, en las oportunidades señaladas en el artículo 180 para lo cual les fijará término no mayor
de diez días”. (resaltado ajeno al texto original).
35
“ARTÍCULO 238. CONTRADICCION DEL DICTAMEN. Artículo modificado por el artículo 1,
numeral 110 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para la contradicción de la
pericia se procederá así:
1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se
complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
[…]”.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
Actores: FERNANDO EDUARDO RONDEROS JENSEN Y OTRO.
En los términos que anteceden, la Sala considera que los
planteamientos de los apelantes no desvirtúan las argumentos y
conclusiones expuestos por el juez de primera instancia, toda vez
que en el plenario no se encuentran elementos probatorios que
demuestren la incorrección del avalúo oficial que sirvió de sustento
para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a los
actores con ocasión de la expropiación administrativa dispuesta
mediante la Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007, por lo que
en este aspecto se confirmará la sentencia recurrida.
-Revocación directa del acto administrativo presunto
protocolizado mediante escritura pública 1761
El Tribunal en su sentencia sostuvo que para la revocación del acto
administrativo presunto, protocolizado mediante la escritura pública
1761, no se debió adelantar la actuación administrativa señalada en
el artículo 74 del CCA, porque la apoderada de los actores conoció
el contenido del acto, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 41 de 22 de mayo
de 2007, antes de la protocolización del silencio administrativo
positivo, lo que puso en evidencia una conducta manifiestamente
contraria a la ley, que permitía la revocación sin el consentimiento
previo de los titulares.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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Por su parte, los apelantes sostienen que al momento en que se
notificó la Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007, el silencio
administrativo positivo ya se encontraba protocolizado y recalcaron
que sí se debió cumplir el procedimiento establecido en el artículo
74 del CCA.
Para decidir la Sala precisa lo siguiente:
La ERU, mediante Resolución núm. 41 de 22 de mayo de 2007
dispuso la expropiación por vía administrativa del inmueble objeto
del presente proceso36.
Los demandantes, el 21 de junio de 2007, interpusieron recurso de
reposición contra la anterior decisión 37 , de conformidad con lo
previsto en el artículo 69 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] ARTICULO 69. NOTIFICACION Y RECURSOS. El acto que
decide la expropiación se notificará al propietario o titular de
derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad con
lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá el recurso
de reposición, el cual deberá interponerse en los términos previstos
en el Código Contencioso Administrativo a partir de la notificación.
El recurso deberá ser decidido dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso
no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha
sido decidido favorablemente. […]”. (Destacado fuera del texto).
36
Folios 100 a 105 del C.1.
37
Recurso visible a Folios 58-80 C. 1.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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Así las cosas, con base en el artículo en cita, la entidad demandada
contaba con los diez (10) días hábiles siguientes a la interposición
del recurso para pronunciarse al respecto, los cuales se vencían el 6
de julio de 2007.
En este punto, a juicio de los demandantes, debido a la mora de la
ERU en brindar respuesta a su recurso, procedieron, a través de su
apoderada, el 19 de julio de 2007, a efectuar el proceso de
protocolización del silencio administrativo positivo ante la Notaria
49 del Círculo de Bogotá, mediante la escritura pública 176138, en
los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: Con fundamento en los artículos […] 5, 22,
41, 42 y 48 del Código Contencioso Administrativo y
sesenta y nueve (69) de la Ley trescientos ochenta y ocho
(388) de mil novecientos noventa y siete (1997),
respetuosamente solicitamos se reconozcan los efectos del
Silencio Administrativo Positivo.
SEGUNDO: Contra el acto administrativo cero cuarenta y
uno (041) de dos mil siete (2007), “por la cual se expropia
un inmueble”, dentro de una declaratoria de expropiación
administrativo, se interpuso recurso de reposición el día
veintiuno (21) de junio de dos mil siete 2007.
[…]
CUARTO: La respuesta al recurso debió proferirse a más
tardar el seis (6) de julio y comunicarse a más tardar el
trece (13) de julio, situación que a la fecha no ha ocurrido.
[…]
38
Folios 47-50 C. 1.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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QUINTO: El recurso interpuesto solicitaba a la Empresa de
Renovación Urbana -ERU-, acceder a las siguientes
pretensiones:
PRIMERA: Revocar la resolución número cuarenta y uno
(41) del veintidós (22) de mayo de dos mil siete (2007)
[…].
SEGUNDA: Ordenar a quien corresponda la realización de
un nuevo avalúo para determinar el precio indemnizatorio
de un nuevo avalúo para determinar el precio
indemnizatorio del predio objeto de declaratoria de
expropiación administrativa […].
QUINTA: Declara el compareciente bajo la gravedad del
juramento […] que en la fecha no ha sido contestada dicha
petición, motivo por el cual hace esta protocolización con el
objeto de acogerse al SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES.
SEXTO: En consecuencia la suscrita notaria declara
protocolizados con esta escritura los documentos en
referencia a fin de que hagan parte integrante al protocolo y
los interesados, puedan en cualquier tiempo obtener copias
requeridas. […]”.
En contrasentido, la demandada sostiene que mediante la
Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007, se resolvió el citado
recurso de reposición y, en cuanto a su notificación, con el escrito
de contestación de la demanda, allegó una constancia suscrita el 18
de julio de 2007, en la que se consignó:
“[…] CONSTANCIA
Los abajo firmantes dejan constancia que la abogada, Doctora
Silvia Juliana Yepes Serrano, se presentó a la Empresa de
Renovación Urbana el día 18 de julio de 2007 con el fin de
notificarse personalmente de la Resolución por la cual se resolvió la
revocatoria directa, dentro del término legal (Art. 44 del CCA), por
lo que se procedió a notificarla de la Resolución 67 de 2007 de 6 de
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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julio de 2007 que resolvió la solicitud de revocatoria directa contra
la Resolución 109 del 16 de noviembre de 2006. Mientras se
escribía el acta de notificación personal, se le entregó copia de las
Resoluciones 67 y 68 del 6 de julio de 2007, al leer su contenido y
no estar de acuerdo con lo decidido, discutió con la DRA. PATRICIA
ACOSTA (contratista de esta empresa) sobre la forma como fue
resuelto y sin haber firmado el acta de notificación personal se fue
de la entidad expresando su negativa a firmar. […]”39.
En la misma línea, allegó copia de la notificación por edicto de la
mentada Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007 40 , en la que
consta que este se fijó el 27 de julio de 2007 y de desfijó el 10 de
agosto de la misma anualidad:
“[…] Que la Empresa de Renovación Urbana resolvió el
recurso de reposición dentro de los términos legales
mediante la expedición de la Resolución 68 del 6 de julio de
2007, por lo que en cumplimiento de los artículos 44 y 45 el
CCA y no habiendo sido posible notificar dicho acto
personalmente, se debe proceder a notificar por edicto
dicha Resolución, que en su parte resolutiva establece:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería a la Doctora
SILVIA JULIANA YEPES SERRANO apoderada del señor
FREDDY ALEJANDRO RONDEROS.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución No. 41
de 22 de mayo de 2007, por la cual se expropia un
inmueble, advirtiendo que se corrige el artículo 5° de la
misma, el cual quedará así: “solicitar al Registrador de
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro proceda a
cancelar el folio de matrícula inmobiliaria N° 50C 339786, el
registro de la respectiva oferta de compra ordenada
mediante Resolución 109 del 16 de noviembre de 2006.
Igualmente que inscriba la expropiación de que trata la
presente resolución en el mismo folio de matrícula
inmobiliaria, dando cumplimiento al numeral 1 del artículo
70 de la Ley 388 de 1997, para lo cual se anexará copia de
que el propietario o los titulares de otros derechos reales
39
Folios 191 a 192 del C.1.
40
Folios 193-194 C. 1.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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sobre el inmueble recibieron el valor de la indemnización, o
que se efectuó la consignación correspondiente al precio
indemnizatorio en el Tribunal Administrativo (núm 2 del Art.
70 de la Ley 388 de 1997)”.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE de conformidad con
los artículos 44 y 45 del CCA, el contenido de la presente
resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no
procederá recurso alguno en la vía gubernativa la cual se
encuentra agotada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. […]”.
De lo anterior, la Sala colige que, por un lado, el recurso de
reposición sí se resolvió dentro del término señalado en el artículo
69 de la Ley 388 (mediante la Resolución núm. 68 de 6 de julio de
2007); y, por el otro, que la apoderada de los demandantes sí
conoció el contenido de la referida resolución cuando acudió a la
instalaciones la ERU, como se puso de presente en la constancia de
18 de julio de 2007 allegada por la demandada, pero aun así
procedió, al día siguiente, a protocolizar el silencio administrativo
positivo.
Sobre esto último, la Sala destaca que la parte actora no intentó,
siquiera, desvirtuar lo afirmado por la ERU, pues en este punto solo
insistió en que para la expedición de la Resolución núm. 90 de 3 de
agosto de 2007, por medio de la cual se revocó el acto
administrativo presunto constituido por la escritura pública núm.
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1761 de 2007 que protocolizó el silencio administrativo positivo, se
debió agotar la actuación administrativa prevista en el artículo 7441
del CCA.
Ahora, el artículo 73 del CCA estableció las reglas para efectos de
revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular y concreto en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE
CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto
administrativo haya creado o modificado una situación
jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos,
cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales
previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos
administrativos en cuanto sea necesario para corregir
simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el
sentido de la decisión. […]” (Destacado fuera de texto).
Así, de la norma transcrita se desprende, como regla general, la
imposibilidad de revocar directamente los actos administrativos
particulares y concretos, si la Administración no cuenta
41
“[…] ARTÍCULO 74. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y
concreto. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la
actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este código. En el
acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se
ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones
penales o disciplinarias correspondientes. […]”.
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previamente con el consentimiento expreso y escrito del titular del
derecho reconocido.
No obstante, la norma también estableció excepciones a la regla,
esto es, la posibilidad de revocatoria sin el consentimiento del
administrado cuando el acto particular surge de la aplicación del
silencio administrativo, si se dan las causales previstas en el
artículo 69 del CCA o cuando el acto ocurrió por medios ilegales.
Al respecto, se estableció en el artículo en mención:
“[…] ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los
actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de
los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o
social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una
persona. […]”. (Destacado fuera del texto).
En esa medida, en la Resolución núm. 90 de 3 de agosto de 2007,
por medio de la cual se revocó el acto administrativo presunto
constituido por la escritura pública núm. 1761 de 2007 que
protocolizó el silencio administrativo positivo, la ERU justificó la
medida en la primera de las causales descritas en el artículo en 69
del CCA, dado que en la Ley 388 no se previó que la entidad
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expropiatoria en sede administrativa pudiera controvertir el precio
indemnizatorio contenido en el avalúo comercial del predio, de la
siguiente forma:
“[…] La supremacía del derecho sustancial frente al
procedimental es de rango constitucional según el artículo
228 de la Carta Política y el contenido de la escritura
pública 1761 de 19 de julio de 2007 se opone
abiertamente a lo establecido en la misma Ley 388 de
1997, configurándose de esta manera la primera
causa de revocación consagrada en el artículo 69 del
CCA, que textualmente dice “cuando sea manifiesta su
oposición a la Constitución Política o la Ley”.
En efecto, el acto presunto configurado mediante la
escritura pública 1761 de 19 de julio de 2007 que declara el
silencio administrativo positivo ordena la revocatoria de la
Resolución 41 de 22 de mayo de 2007 y la elaboración de
un nuevo avalúo que determine el precio indemnizatorio del
inmueble, se opone a la Ley 388 citada, por cuanto
esta Empresa en sede administrativa no está
facultada para controvertir el precio indemnizatorio
contenido en los avalúos comerciales de los predios.
Recordemos que el precio indemnizatorio en la expropiación
administrativa se establece en el acto que determina el
carácter administrativo de la expropiación y formula la
respectiva oferta de compra, el cual no admite recurso
alguno, por consiguiente, forzoso es colegir que lo relativo
al precio indemnizatorio no es discutible en la vía
gubernativa.
En este sentido, no es aceptable por vía del silencio
administrativo positivo desconocer el avalúo
elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz y en su
lugar ordenar la elaboración de un nuevo avalúo, por
cuanto el único que tiene la competencia para hacerlo es el
Tribunal Administrativo al tramitar las demandas que
controviertan el precio indemnizatorio reconocido.
[…]
Adicionalmente, el silencio administrativo positivo no toca la
oferta de compra, por lo tanto, queda incólume, así las
cosas, mal podría este Despacho aceptar la revocatoria de
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la resolución de expropiación ordenando un nuevo avalúo
cuando este se encuentra en firme y de conformidad con la
ley un siquiera admite recurso alguno […]” (Destacado
fuera de texto).
Sobre este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 18
de junio de 2021 42 , en la que esta Sección precisó que la
Administración puede revocar en forma directa un acto de
contenido particular y concreto sin el consentimiento del particular
cuando el acto revocado se deriva de la configuración del silencio
administrativo positivo y la administración justifica su revocatoria
en las causales previstas en el artículo 69 del CCA, de la siguiente
manera:
“[…] En el evento de los actos de contenido particular
y concreto que hayan reconocido un derecho, se
requiere consentimiento expreso y escrito del titular
mismo, salvo que dichos actos hayan resultado de la
aplicación del silencio administrativo positivo, cuando
se dan las causales del artículo 69 o cuando es evidente
que se haya obtenido por medios ilegales.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho:
“La regla general, entonces, es que la revocatoria de actos
particulares y concretos procede únicamente con el
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho.
No obstante, existen dos excepciones a esa regla, que
hacen procedente la revocatoria sin necesidad de que la
Administración cuente con el consentimiento del titular, a
saber: (i) cuando el acto administrativo resulte de la
aplicación del silencio administrativo positivo, si se
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
junio de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00429-01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2007-00511-02
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dan las causales del artículo 69 del C.C.A y (ii) cuando
el acto ocurrió por medios ilegales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se refirió así
a estas excepciones43:
“Nótese que en el inciso 2º de dicha norma [se refiere al
artículo 73 del C.C.A.], el legislador empleó una proposición
disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos
casos distintos. No de otra manera podría explicarse la
puntuación de su texto. Pero, además, como se observa en
este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una
unidad semántica, utiliza la expresión “actos
administrativos”, para referirse a todos los actos
administrativos, sin distinción alguna.
Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada
la norma del artículo 73, son dos las circunstancias
bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que
tiene efectos particulares, sin que medie el
consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver
con la aplicación del silencio administrativo y otra,
relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.
Sobre este punto de la revocación de los actos
administrativos, es relevante señalar que el acto
administrativo a que se refiere la parte final del inciso
segundo del artículo 73 del Código Contencioso
administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de
voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por
error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que
trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin
vicios en la manifestación de voluntad de la administración,
pugna contra la Constitución o la ley”.
[…]
En cuanto al procedimiento que la Administración debe
observar para revocar de oficio los actos de carácter
particular y concreto, es necesario tener en cuenta lo
ordenado por el artículo 74 del CCA, que para el efecto
remite al artículo 28 44 ibidem, según el cual, cuando se
43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 16 de julio de 2002,
Expediente núm. 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029), Consejera Ponente. doctora. Ana
Margarita Olaya Forero.
44
ARTICULO 28. DEBER DE COMUNICAR. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de
2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el
siguiente:> Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay
particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia
de la actuación y el objeto de la misma.
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desprenda que un particular pueda resultar afectado en
forma directa con esta revocatoria oficiosa, se le debe
comunicar de la existencia de dicha actuación al igual que
del objeto de la misma, y para ello, en lo pertinente, es
deber aplicar lo señalado por los artículos 14, 34 y
35 ibidem.
[…]
Dicha jurisprudencia igualmente alude a la importancia
que reviste diferenciar entre las causales generales
de revocatoria de los actos administrativos de que
trata el artículo 69, ibidem, de las que habilitan a la
Administración para revocar en forma directa el acto
de contenido particular y concreto sin consentimiento
del particular; porque el solo hecho de que el acto
administrativo sea contrario a la Constitución o a la ley, no
implica, per se, que se haya obtenido por algún medio ilegal
o fraudulento, que vicie la voluntad de la Administración45.
En conclusión, la entidad pública puede revocar sin el
consentimiento del titular aquellos actos administrativos de
contenido particular y concreto que han creado situaciones
jurídicas particulares y reconocido derechos de igual
categoría, cuando, además de presentarse las causales
generales de revocatoria consignadas en el artículo 69 del
CCA, también se compruebe que fue obtenido por medios
ilegales o fraudulentos, y siempre que esa entidad pública
acredite la eficacia de ese medio ilegal para la producción
del acto que se va a revocar y que la causa en la que se
sustente la ilegalidad sea anterior a la expedición del acto
administrativo46.
En el caso bajo examen, es claro que el acto revocado
se derivó de la configuración del silencio
administrativo positivo y la administración justificó
su revocatoria en la causal prevista en el numeral 1
del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo,
por cuanto consideró que aquel se oponía a la ley por
estar en contravención del literal a) numeral 1 del
artículo 182 del Decreto 190 de 2004, razón por la
cual encuentra la Sala que están reunidas las
condiciones exigidas por el artículo 73 del Código
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35.
45
Consejo de Estado, sentencias de 27 de julio de 1994, radicado 5375, Consejera ponente Dolly
Pedraza de Arenas; de 16 de octubre de 2014, radicado 2008-00034-00, Consejera ponente María
Claudia Rojas Lasso; de 13 de febrero de 2014, radicado 3293-13, Consejera ponente (e) Bertha
Lucía Ramírez de Páez; de 16 de julio de 2002, radicado IJ 029, Consejera ponente Ana Margarita
Olaya Forero.
46
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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Contencioso Administrativo para que dicho acto, de
contenido particular y concreto, pudiera ser revocado
directamente sin el consentimiento de su titular, para
el caso concreto, la sociedad CVS INVERSIONES S.A.S.
[…]”. (Destacado fuera de texto).
Asimismo, es del caso traer a colación la sentencia de 7 de marzo
de 202447, en la que la Sección puntualizó lo siguiente:
“[…] Respecto de la revocatoria directa de los actos
administrativos de carácter particular y concreto, el
artículo 73 del CCA 48 establece que requiere del
consentimiento previo, expreso y escrito del titular.
Sin embargo, también previó dos excepciones a esa
regla, (i) cuando esos actos resulten de la aplicación
del silencio administrativo positivo, si se dan las
causales del artículo 69 de ese mismo código y; (ii) si
es evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
[…]
En este contexto, para que proceda la revocatoria de un
acto administrativo particular y concreto, sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular,
es necesario acreditar que, fue proferido como
consecuencia de un silencio positivo o, que se expidió
por algún medio ilegal o fraudulento, siempre que acredite
la eficacia de ese medio ilegal para la producción del acto
que se va a revocar y que la causa en la que se sustente la
ilegalidad sea anterior a la expedición del acto
administrativo. […]” (Destacado fuera de texto).
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
marzo de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 76-001-23-31-000-
2011-00937-01.
48
“ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto
administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso
y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del
silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere
evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”
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En el caso bajo examen, es claro que el acto revocado se derivó de
la configuración del silencio administrativo positivo y la
administración justificó su revocatoria en la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 69 del CCA, por cuanto consideró que aquel
se oponía a la ley por estar en contravención con la Ley 388, dado
que por vía del silencio administrativo positivo no se puede
desconocer el avalúo comercial que determinó el precio de
indemnización del inmueble objeto de expropiación, razón por la
cual encuentra la Sala que están reunidas las condiciones exigidas
por el artículo 73 del CCA para que dicho acto, de contenido
particular y concreto, pudiera ser revocado directamente sin el
consentimiento de su titular, esto es, la parte actora.
En consecuencia, la Sala observa que la actuación por medio de la
cual la ERU revocó el acto administrativo presunto constituido por la
escritura pública 1761 de 2007 que protocolizó el silencio
administrativo positivo, se encontró ajustada a derecho, primero,
porque, contrario a lo señalado por los apelantes, quedó
demostrado que la apoderada de los actores conoció el contenido
de la Resolución núm. 68 de 6 de julio de 2007, de forma previa la
protocolización del presunto silencio administrativo positivo, razón
por que la que esta última diligencia nunca debió adelantarse; y,
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segundo, dado que, aun así, lo acontecido en el presente proceso
se encuadra dentro de una de las excepciones previstas por el
Legislador para la procedencia de la revocación de actos
administrativos sin el consentimiento previo de sus destinatarios.
En este orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de
alzada no están llamados a prosperar, en tanto no desvirtúan la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados,
razón por la que se confirmará la sentencia recurrida, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la
conducta asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala
fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de junio de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada ésta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de junio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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