Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01183-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01183-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-01183-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE
DESVIRTUADA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL FUE EXPROPIADO EL
PREDIO DEL ACTOR. CAMBIO DE ESTRATIFICACIÓN, DESCUENTOS
Y RETENCIONES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de 3 de octubre de 2019, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones
de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA
El señor Alexander Sánchez Manrique, actuando por conducto de
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En adelante el Tribunal.
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA2, contra el Instituto de Desarrollo Urbano
• IDU3, con la finalidad de que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos:
• Resolución 60222 de 11 de septiembre de 2015, “por la
cual se ordena una expropiación por vía administrativa”,
expedida por la Dirección Técnica de Predios del IDU.
• Resolución 63937 de 12 de noviembre de 2015, “por la
cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por
la Dirección Técnica de Predios del IDU.
Además, solicitó a título de restablecimiento del derecho, lo
siguiente:
“[…] 2. Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra
exento de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez
que si, optó por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que lo llevó el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar y pagar un precio injusto, así como por la falta de
negociación, más no por capricho del demandante.
3. Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio
y así pagar a mi mandante ALEXANDER SANCHEZ MANRIQUE,
los valores que en adelante relaciono y/o de conformidad con
lo que resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
2
En adelante CPACA.
3
En adelante el IDU.
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3.1.1. La suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS M/cte, ($122.891.204.00), por ajuste al valor ordenado
y pagado con la Resolución núm. 60222 del 11 de septiembre
de 2015, por concepto de terreno y construcción del inmueble
ubicado en la AK 91 No. 130 A - 46 de Bogotá, identificado con
cédula catastral 127 A 90 A 12, CHIP AAA0128TZPA y matrícula
inmobiliaria 50N-20146558.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así: Gastos Notariales: 3X1000;
Iva Gastos Notariales: (16%); Gastos de Escrituración; Gastos
de Registro 0.5 %; Beneficencia: (1 %).
3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
• Energía Codensa Retiro de 1 acometidas y 1 medidor.
Conexión residencial $91.472.00;
• Acueducto EAAB Un medidor con suministro de tapón macho
de hg $171.460.00;
• Gas Natural: suspensión definitiva de 1 contador
$131.032.00.
3.1.4. El valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y UN PESOS M/cte ($4.626.081.00)
equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, por enajenación de bienes Raíces, toda vez que se
le aplicó la tabla de la tarifa tributaria de manera indebida, ya
que mi mandante debe ser exento de la misma por ser
expropiación por vía administrativa por la decisión unilateral y
arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que
en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5%.
3.1.5. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
3.2. LUCRO CESANTE
3.2.1. El Valor de DOS (sic) MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/cte
($4.434.500.00) equivalente al 20% de Retención que les
realizo el IDU de los dineros que reconocieron como Lucro
Cesante, en razón a que no hay justificación legal para retener
dineros por ingreso de arrendamiento, así como de lo que
reconoció como otras actividades económicas de acuerdo con el
avalúo núm. 2014-2014.
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3.2.2. “El Valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS M/cte ($2.400.000.00) por concepto de ingresos que
por arrendamiento del Local comercial celebrado con la Señora
ELVIA GÓMEZ RIASCOS, donde funciona venta de productos de
belleza., y que no fue reconocido por el IDU, con la
argumentación que el negocio era de la esposa del
demandante, desconociendo que de manera independiente de
que fuese de ella, este ingreso lo generaba dicho local.”
4. “A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]”.
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos relevantes de la demanda, el actor señaló los
siguientes:
Manifestó que adquirió mediante contrato de compraventa el
inmueble ubicado en la AK 91 # 130 A – 46, por valor de
$150.000.000, según da cuenta la escritura pública 2318 de agosto
de 2014 y que tal negocio lo respaldó con un préstamo con
hipoteca, a favor de la señora Jessica Alejandra Alfonso Daza.
Indicó que la hipoteca la constituyó como garantía del préstamo
que ascendió a $50.000.000, cuyo plazo fue de 84 meses y cuotas
de $1.844.000, de las cuales pagó 15, para un total de
$27.600.000.
Afirmó que el inmueble estaba constituido por 2 locales:
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comerciales, el i) un local - bodega, en el cual funcionaba un
supermercado “Surtimax” y, ii) otro local en el que operaba un
comercio de venta de productos de belleza, perteneciente a la
esposa del actor.
Que el IDU mediante Resolución 107807 de 11 de diciembre de
2014, le formuló oferta de compra sobre el referido inmueble,
fundada en el avalúo de 12 de noviembre de 2014 4 5 en la que se le
fijó un valor comercial por $185.043.260.00, correspondiente al
terreno y la construcción de los locales y $4.928.084.00, por daño
emergente
Explicó que el referido avalúo fue adicionado el 31 de marzo y 2 de
julio de 2015, de modo que el IDU complementó la oferta y
determinó la suma de $12.172.500 por lucro cesante e incrementó
el valor por daño emergente a $6.518.084.
Afirmó que, agotada la etapa previa, sin aceptación de la oferta, el
IDU expidió la Resolución 60222 de 11 de septiembre de 2015,
“por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, con
fundamento en la Ley 388 de 18 de julio de 19976, y reconoció
como valor total por el bien y los perjuicios, la suma de
4
Elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro -UAECD
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En adelante la UAECD
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“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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$201.945.144, discriminado de la siguiente manera:
Valor Concepto
$185.043.260 Avalúo comercial terreno y construcción
$4.729.384 Daño emergente
$12.172.500 Lucro cesante
Indicó que, interpuso recurso de reposición contra la referida
decisión, en relación con la falta de vigencia del avalúo base por el
paso del tiempo, discusiones sobre área, vetustez, estratificación
socioeconómica, variación del mercado y falta de justificación de
valores, además de reparos en reconocimiento del daño emergente
y el lucro cesante.
Agregó que de la suma reconocida le fueron descontados
$67.031.900 que fueron girados a la titular de la hipoteca, más
gastos de desconexión de servicios públicos, impuesto predial,
gastos de escrituración y retenciones por el lucro cesante, para
finalmente pagarle un mes después de la notificación del acto
administrativo definitivo, apenas la suma de $127.852.662.
Señaló que el valor reconocido no se acompasa con las sumas de
dinero que pagó como cuota inicial del inmueble y las 15 cuotas de
hipoteca que canceló, además que el avalúo oficial fue elaborado
como si el predio fuera estrato 2 cuando era un inmueble comercial,
además que, durante el trámite, en febrero de 2016, el estrato fue
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modificado a 3.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como apoyo de las pretensiones de la demanda, la parte actora
indicó como vulnerados los artículos:
• 4°, 6°, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política.
• 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano de 1789.
• 21.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
• 68 y artículo 70 (numerales 2 y 4) de la Ley 388, y
• 2°, 3° y 22 (numeral 7 y literal b) del Decreto 1420 de 24 de
julio de 19987.
Manifestó que los actos administrativos incurrieron en las causales
de nulidad de falsa motivación y desviación del poder, por cuanto
en su sentir el IDU dejó de pagar una indemnización justa y para
lograr su determinación, se soportó en un avalúo comercial con
graves falencias.
Señaló que el avalúo desconoció los criterios normativos del
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“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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Decreto 1420 de 1998, lo que se corrobora cuando el IDU impuso
el resultado obtenido por la UAECD, sin permitir que se conocieran
adecuadamente las conclusiones, las aclaraciones y adiciones, ni los
elementos que condujeron a tal evaluación.
Explicó que el IDU quebrantó el numeral 2 del artículo 70 de la Ley
388, pues la entidad expropiante debió poner de manera inmediata
y a disposición del expropiado el valor correspondiente del precio
indemnizatorio, y solo en caso de que no sea retirado, consignarlo a
su disposición dentro del plazo fijado.
Precisó que esa obligación no se cumplió, porque el cheque fue
entregado hasta el 28 de diciembre de 2015, esto es, meses
después de expedido el acto de expropiación, y sostuvo que la
entidad no podía excusarse en trámites internos para justificar el
incumplimiento del deber legal.
Indicó que también se infringió el numeral 4 ibidem, pues cuando
no se pone a disposición del propietario el precio fijado, la decisión
de expropiación no produce efecto alguno y la entidad debe surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.
Agregó que conforme con los artículos 2°, 4°, 6°, 13, 58, 83 y 124
de la Constitución Política, el IDU tenía el deber de actuar con
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sujeción a los fines esenciales del Estado y a los principios de buena
fe e imparcialidad, en garantía de la efectividad de los derechos y el
cumplimiento de los presupuestos sustanciales previstos por la ley.
Añadió que, conforme con la sentencia C-476 de 2007, el avalúo
comercial es una base relevante en la fase de oferta y negociación;
pero ante su fracaso, la administración al expedir el acto de
expropiación debe fijar el precio indemnizatorio ponderando los
intereses de la comunidad y del particular, y no necesariamente
limitándose al valor allí señalado.
Insistió en que se impuso un valor fijado por la administración
distrital sin permitirle una actuación real como afectado, pues no se
le comunicó en forma adecuada la conclusión del avalúo ni los
elementos que condujeron a dicho resultado.
Cuestionó que el avalúo desconoció variables que, en su criterio,
son exigibles para una estimación comercial como la estratificación
socioeconómica, la edad de los materiales, los acabados y la vida
útil del inmueble.
Agregó que, en materia de expropiación, el derecho a la propiedad
exige una indemnización previa y justa. Como apoyo a este
argumento citó como referentes los artículos 17 de la Declaración
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de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 21.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al deber
de indemnizar los perjuicios derivados de la transferencia forzada
del dominio.
I.4.- ADMISIÓN Y CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
Por auto de 21 de julio de 2016, y luego de ordenar su corrección el
magistrado conductor del proceso en el Tribunal a quo admitió la
demanda y ordenó la notificación al IDU como entidad demandada.
Con posterioridad, por auto de 13 de junio de 2017, aceptó el
llamamiento en garantía de la Unidad Administrativa Especial de
Catastro - UAECD.
Cumplidas las notificaciones las entidades vinculadas a este trámite
contestaron la demanda bajo los siguientes argumentos:
I.4.1.- El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Afirmó que las actuaciones cuestionadas no desconocieron las
normas invocadas, toda vez que el procedimiento de expropiación
administrativa se adelantó en observancia de la Ley 388 y demás
normas complementarias.
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Añadió que el avalúo oficial fue elaborado conforme con la
metodología aplicable y a los criterios técnicos del régimen
respectivo; además que, contrario a lo sostenido en la demanda, el
actor sí fue enterado del trámite y del proyecto, al punto que aquel
formuló solicitudes y observaciones frente al avalúo, las cuales fueron
trasladadas a la UAECD por ser la competente para su estudio, y ese
trámite condujo a la aclaración y complementación del informe
técnico que finalmente sirvió de soporte a la actuación.
Explicó que el valor total reconocido ascendió a $201.945.144,
discriminado en: i) $185.043.260 por terreno y construcción, ii)
$4.729.384 por daño emergente y iii) $12.172.500 por lucro
cesante.
Añadió que el recurso de reposición se resolvió por Resolución 63937
de 12 de noviembre de 2015, en la que se confirmó lo decidido, con
lo cual la expropiación quedó en firme.
Adujo que sí se gestionó el desembolso a partir de la firmeza del acto
definitivo. Explicó que se adelantaron órdenes y gestiones bancarias
y que el pago fue reclamado en el Banco de Occidente, con entrega
del cheque el 28 de diciembre de 2015.
Afirmó que el daño emergente fue reconocido por gastos vinculados
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al trámite y al saneamiento de la transferencia como los de notariado
y registro y otros costos asociados al proceso, mientras que el lucro
cesante se determinó con base en la información reportada por el
demandante y la levantada en el censo, bajo el entendimiento de que
la compensación por esa afectación no se extendía indefinidamente,
sino hasta un máximo de 6 meses.
Explicó que no era procedente ajustar el precio por fuera de los
parámetros del procedimiento aplicable, en tanto su determinación se
soportó en el avalúo técnico y en los rubros reconocidos, además que
el actor contaba con instrumentos dentro del trámite para solicitar
aclaraciones y aportar soportes, lo cual efectivamente ocurrió, pues
las inconformidades se trasladaron a la UAECD y dieron lugar a la
aclaración y complementación del informe.
Sostuvo que los descuentos que hizo no eran arbitrarios, sino que
obedecieron a las obligaciones legales, especialmente de naturaleza
tributaria, como retenciones previstas en la ley incluida una sobre el
componente de lucro y la retención del 2,5% por enajenación de
bienes raíces asociada a proyectos de infraestructura vial, por
tratarse de un bien con destino distinto a vivienda, además que el
beneficio tributario previsto para enajenación voluntaria en la etapa
de negociación directa no era predicable.
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Adujo que el descuento de $67.031.900, derivo del pago a un tercero
por hipoteca sobre el bien, realizado por solicitud del demandante y
el titular de la obligación.
Expuso que el daño emergente no puede considerarse como un rubro
abierto o presumido, porque su reconocimiento es reparatorio y debe
estar soportado. Por su parte, indicó que el lucro cesante fue fijado
con base en la actividad económica y la renta del inmueble, pero
dentro del límite temporal definido por la regulación que invocó el
actor.
Explicó que el avalúo aportado con la demanda presentaba
inconsistencias metodológicas frente a los estándares técnicos,
relativos a la explicación de los métodos de comparación o mercado y
de costo, áreas y variables relevantes, de modo que no era idóneo
para desvirtuar el avalúo oficial que soportó la actuación.
Además de los anteriores argumentos de defensa, propuso las
excepciones que denominó: i) Falta de elementos que desvirtúen la
presunción de legalidad del acto administrativo atacado y ii)
Cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la
determinación del precio indemnizatorio
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I.4.2.- LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO – UAECD
Se opuso a los hechos y pretensiones que motivaron su llamamiento
en garantía, porque en su sentir el vínculo contractual con base en el
cual elaboró el avalúo no basta para trasladarle responsabilidad por
una eventual condena, en la medida en que las resoluciones
demandadas fueron expedidas por el IDU.
Advirtió que el avalúo comercial constituye un insumo del trámite y,
por tanto, un acto preparatorio dentro del procedimiento
expropiatorio por lo que, en esa medida, recae en el IDU como
autoridad con competencia para expedir los actos administrativos
definitivos que disponen la oferta, la expropiación y la transferencia
del dominio, de modo que no está legitimada para actuar en este
proceso en virtud del llamamiento en garantía.
Explicó que no está prevista la posibilidad de que el propietario le
solicite directamente la revisión o impugnación del avalúo comercial
que sirve de base para la oferta, pues esa facultad solo está prevista
para la entidad solicitante.
No obstante, ello no implica imposibilidad de controvertir el avalúo
pues las inconformidades del propietario deben presentarse ante el
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IDU, quien se las traslada para su atención y respuesta, aspecto que
indicó, ocurrió en este caso.
Señaló que el informe técnico de avalúo no constituiría acto
administrativo, además se realizó bajo reglamentación vigente y
expuso definiciones y parámetros que, a su juicio, diferencian ambas
categorías.
Objetó por error grave el Avalúo Comercial núm. 10.042/2015
expedido por la firma Sarmiento Osorio Soluciones Inmobiliarias
aportado con la demanda, por no estar acorde con las normas que
regulan la materia.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 3 de octubre de 2019, el Tribunal a quo
decidió: i) declarar no probadas las excepciones formuladas por el
IDU, ii) declarar probada la objeción por error grave al
dictamen presentado por la parte actora, iii) denegar las
pretensiones de la demanda; y iv) condenar en costas a la parte
actora.
Destacó en relación con la objeción por error grave formulada
por la UAECD, y con apoyo en el testimonio técnico del Ingeniero
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Catastral y funcionario de la entidad Jhon Jairo Daza García, que
dicho peritaje contenía varias falencias.
En efecto, advirtió que conforme con el artículo 11 de la Resolución
620 de 2008, al utilizarse información de mercado “[…] es necesario
calcular indicadores de dispersión tales como la varianza y el
coeficiente de variación, para lo cual, estipula la norma que,
cuando el coeficiente de variación sea inferior al 7,5%, la
media obtenida se podrá adoptar como el más probable valor
asignable al bien, pero cuando el coeficiente de variación sea
superior a 7,5%, no es conveniente utilizar la media
obtenida […]”.
Indicó que la avaluadora, para obtener el valor dado al metro
cuadrado construido del inmueble objeto de expropiación, no aplicó
los parámetros y las condiciones establecidas en el artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008, pues, pese a que la norma precisa que el
coeficiente de variación debe ser del 7.5%, se apartó de la norma y
aplicó para efectos del avalúo un factor del 39,40%, muy superior
al permitido.
Destacó que se utilizó el método de comparación o de mercado
para valorar la construcción, hecho que va en contravía de lo
dispuesto en la ley la cual establece que, para los inmuebles no
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sujetos al régimen de propiedad horizontal, como lo es en este
caso, para valorar la construcción debía utilizar el método de costo
de reposición.
Anotó que del referido avalúo no se estableció con claridad el
método utilizado para la obtención del precio final del inmueble
expropiado y se incurrió en contradicciones, por lo que en principio
no serviría para desvirtuar la legalidad del avalúo oficial.
De otra parte, explicó que, si bien el valor del precio indemnizatorio
no se puso a disposición de manera inmediata, sí ocurrió dentro de
un tiempo razonable, esto es 23 días después a la ejecutoria del
acto que finalizó la actuación.
Agregó que el avalúo oficial sí tuvo en cuenta todos y cada uno de
los criterios legales establecidos en la Ley 388, el Decreto 1420 de
1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008.
Explicó que, en el avalúo oficial efectuado por la UAECD, se dejó
determinado que el sector donde se encontraba ubicado el
inmueble correspondía a estrato 2 de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 291 del 26 de junio de 2013, de ahí que, si el actor
tenía algún reproche con la estratificación de la zona, debió
impugnar dicha norma.
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
Aclaró que, en todo caso, la estratificación de la zona de ubicación
del inmueble fue variada, pero ello ocurrió con la Resolución 0001
de 12 de febrero de 2016, por lo que no podía haber sido tenida en
cuenta al momento en que fue elaborado el avalúo oficial puesto
que era inexistente.
Explicó que el núcleo de la demanda en lo indemnizatorio
descansaba en el avalúo privado que el mismo demandante aportó,
pero como dicho avalúo fue descartado al prosperar la objeción por
error grave, el actor quedó sin un soporte técnico idóneo que
permitiera comparar y doblegar el avalúo oficial que sustentó los
actos acusados.
Adujo que, por lo mismo, el demandante no acreditó los mayores
valores que reclamaba ni la incorrección del avalúo base, de modo
que los cargos por falsa motivación y desviación de poder
asociados al “precio injusto” no tenían demostración probatoria
suficiente.
Finalmente, advirtió que comoquiera que no habían prosperado las
pretensiones del actor, se relevaba de estudiar los argumentos de
oposición del llamamiento den garantía formulado por la UAECD.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para lo
cual manifestó, que el Tribunal declaró probada la objeción por
error grave al avalúo privado sin una motivación suficiente.
Explicó que el a quo desconoció que existía una resolución de
cambio de estrato de 2 a 3 producida dentro del trámite
expropiatorio, lo que en su sentir hacía procedente que el IDU
solicitara verificación ante la UAECD.
Agregó que, el Tribunal omitió examinar que sobre el inmueble la
administración distrital cobraba un impuesto predial liquidado como
estrato comercial 0, cuando el avalúo oficial se hizo sobre un predio
estrato 2.
Reprochó que el a quo hubiera dado por probada la objeción por
error grave con fundamento en el coeficiente de variación, al
concluir que el avalúo privado arrojaba un 39% cuando, según la
sentencia, debía ser máximo de 7,5% conforme al artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008.
Sostuvo que el juez contencioso no podía aplicar mecánicamente
ese límite sin ponderar su alcance frente al mandato del artículo 58
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constitucional, pues a su juicio se enfrentan, por un lado, un avalúo
que refleja el valor real de mercado del inmueble y, por otro, una
regla que restringe el incremento admisible, lo que imponía aplicar
la excepción de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Resolución
620 de 2008.
Afirmó que el Tribunal concluyó erradamente que el avalúo
privado aplicó mal el método de comparación al determinar el valor
de la construcción, porque el correcto era el de reposición,
inobservando que se trataba del mismo procedimiento utilizado en
el avalúo oficial.
Cuestionó que el Tribunal haya destacado que no se aportaron
folios de matrícula, promesas de compraventa u otros soportes
comparativos al avalúo privado, porque esa exigencia no está en
norma alguna y que sería imposible obtener y aportar esa
información.
Anotó que el Tribunal partió de la presunción de legalidad del
avalúo oficial sin mayor exigencia probatoria, aunque en el proceso
administrativo no se entregaron las fuentes del avalúo oficial.
Agregó que el Tribunal escuchó y acogió en buena parte el
testimonio del ingeniero Jhon Jairo Daza García, pero alega que ello
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vulneró el debido proceso porque este no participó en la elaboración
del avalúo de la UAECD, además que lo valoró como si fuera
testigo-perito y se le permitió afianzar el avalúo oficial con un
funcionario de la entidad cuestionada.
Precisó que, hay inseguridad jurídica con la decisión del Tribunal,
porque “[…] decidió dentro de este procedimiento reglado en la ley
388 de 1997, aplicar el Código contencioso administrativo en
cuanto a objeciones y decreto del testimonio de los ingenieros
solicitados por la parte demandada y llamamiento en garantía y
para negar los testimonios solicitados por la parte demandante
aplicó el Código General del proceso […]”.
Sostuvo que la sentencia terminó por dar por cumplida la
normatividad a partir de la transcripción del avalúo oficial, sin
desarrollar un examen material de sus componentes ni de la
metodología aplicada; y añadió que, no se analizaron aspectos
técnicos que debían obrar en el expediente, como las tipologías
empleadas para la valoración.
Alegó que la sentencia omitió pronunciarse sobre determinados
descuentos y retenciones, en particular, la retención del 2,5% y
descuentos vinculados al lucro cesante y que no se evaluó su
procedencia.
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Finalmente, enfatizó que su pretensión no era una reparación
integral por perjuicios morales, sino el reconocimiento de una
indemnización justa, insistiendo en que la expropiación no debe
traducirse en una fijación unilateral del precio por parte de la
administración.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
Luego de admitido el recurso de apelación el Despacho corrió
traslado para alegar de conclusión, según se aprecia en el auto de
10 de febrero de 2020, término en el que las partes intervinieron de
la siguiente manera:
IV.1. LA PARTE APELANTE
El actor insistió integralmente en los argumentos del recurso de
apelación y solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en
su lugar, se acceda a las pretensiones.
Insistió en que el Tribunal erró al declarar probada la objeción
por error grave contra el avalúo aportado con la demanda,
cuestionando la motivación del fallo respecto de: i) la estratificación
y la referencia a la reglamentación urbanística; ii) el uso del
coeficiente de variación del artículo 11 de la Resolución 620 de
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2008 y su compatibilidad con la noción de valor comercial; y iii) la
valoración del método y soportes empleados en su avalúo frente a
las exigencias técnicas del régimen.
Asimismo, reiteró sus reparos contra la forma como el a quo valoró
el avalúo oficial y las pruebas del proceso incluidos testimonios y
elementos técnicos.
IV.2. LA ENTIDAD DEMANDADA
El IDU indicó que actuó dentro del ámbito de sus funciones,
garantizó el debido proceso y que los actos expedidos mantienen su
presunción de legalidad.
Recordó que la adquisición de inmuebles por motivos de utilidad
pública se enmarca, para el caso, en la Ley 388 que incluye como
motivo de utilidad pública la ejecución de programas y proyectos de
infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; además
que el esquema jurídico de adquisición opera bajo la Ley 9 de 1989,
el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, todo lo
cual fue respetado en la expedición de los actos acusados.
IV.3. LA UAECD
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Señaló que quedó probado que el dictamen aportado no cumplió
con el parámetro del coeficiente de variación previsto en el artículo
11 de la Resolución 620 de 2008, conforme con el cual, si dicho
factor supera el 7,5% no es conveniente adoptar la media y se
requiere reforzar los puntos de investigación.
Sostuvo que si bien es cierto es la Secretaría Distrital de Planeación
la encargada de estudiar y establecer para todos los efectos
administrativos y legales la estratificación de Bogotá, también lo es
que la estratificación socio económica aplica a predios residenciales
y debido a que el predio es un comercio, no hay lugar a su
aplicabilidad.
Agregó que el estudio inmobiliario tuvo en cuenta dicha condición,
tanto es así que las ofertas encontradas se ubican sobre corredores
comerciales comparables.
Indicó que contrario al avalúo comercial presentado por el
demandante, el avalúo 2014-2014 de la UAECD sí contiene la
verificación de la reglamentación urbanística.
Explicó que el avalúo oficial se elaboró con base en insumos
técnicos del expediente, en particular el Registro Topográfico
aportado por el IDU, además que las solicitudes del propietario se
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trasladaron a la entidad por ser competente y ello condujo a
realizar ajustes como el relativo a la vetustez de la construcción,
reflejado en la aclaración del avalúo.
Agregó que no es cierto que se hubiera vulnerado el debido proceso
por la declaración del testigo técnico en relación con la objeción al
avalúo presentado con la demanda, porque su conocimiento del
caso obedeció a la revisión técnica de dichas pruebas antes de la
contestación y su intervención se enmarcó en la solicitud probatoria
formulada oportunamente.
Afirmó que el recurrente no demostró deficiencias técnicas del
avalúo oficial, además que este pasó controles y revisiones internas
y que la metodología no puede quedar al arbitrio del interesado.
IV.4.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Afirmó que no hay elementos de juicio para declarar la nulidad de
los actos administrativos que fueron objeto de demanda, por lo que
solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia.
Explicó que, en su sentir, el dictamen aportado por el actor no
cumplía los presupuestos técnicos para desvirtuar el avalúo oficial,
porque en efecto, la Resolución 620 de 2008 exige calcular medidas
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estadísticas, incluyendo el coeficiente de variación, y que cuando
este supera 7,5% no es adecuado adoptar la media sin reforzar la
muestra; sin embargo, el dictamen privado se apartó del parámetro
y utilizó un coeficiente de variación del 39,40%, lo cual conducía a
conclusiones equivocadas sobre el valor del bien.
Añadió que el dictamen tampoco observó el tratamiento
independiente del terreno y la construcción en inmuebles no
sometidos a propiedad horizontal y, pese a ello, valoró la
construcción por el método de comparación o mercado.
Destacó que contraste, el avalúo oficial y sus informes de ajuste sí
describieron de forma suficiente los elementos relevantes y
aplicaron los métodos de valuación previstos, además de incluir
componentes de daño emergente y lucro cesante.
Trajo a colación el principio de la presunción de legalidad del acto
administrativo y concluyó que, al no haberse desvirtuado el soporte
fáctico y jurídico del avalúo oficial ni la motivación de los actos, las
pretensiones anulatorias no están llamadas a prosperar.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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V.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la
Constitución Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo
150 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019,
modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
V.2.- ACTOS DEMANDADOS
En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
V.2.1.-RESOLUCIÓN 60222 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 60222 DE 2015
“POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA”
[…]
CONSIDERANDO:
[…]
El inmueble ubicado en la AK 91,130A 46 de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral 127A 90A 42
CHIP AAA0128TZPA matrícula inmobiliaria 50N-20146558 todo
de acuerdo con el Registro Topográfico numero 44445 cuya
copia se anexa, donde aparece delimitado y alinderado, con un
área de terreno de 80.14 172 y un piso teja de 80.14 m2.
Que en virtud de dicha competencia, y al tenor de lo dispuesto
en el artículo 66 de la ley 388 de 1997, la Dirección Técnica de
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Predios del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO expidió la
Resolución No. 107807 del 11 de diciembre de 2014, por
la cual se formuló una oferta de compra sobre el predio
antes identificado, dirigida al Señor ALEXANDER
SANCHEZ MANRIQUE identificado con cédula de
ciudadanía No 79.828.936 titular del derecho real de
dominio del inmueble, notificada personalmente el día 09 de
enero de 2015.
[…]
Que mediante radicado 20155260589682 del 21 de abril de
2015 la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
UAECD aclaró el informe técnico de avalúo No 2014-2014 del
12 de noviembre de 2014, con relación a la vetustez de la
construcción, mediante el informe técnico de avalúo No 2014-
2014 del 31 de marzo de 2015, estableciendo el valor
comercial del terreno y la construcción en la suma de CIENTO
OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($ 185.043.260.00) MONEDA
CORRIENTE, y por Daño Emergente la suma de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y
CUATRO PESOS ($ 4.928.084.00) MONEDA CORRIENTE.
Que de conformidad con la aclaración del informe técnico
referido, se procedió a modificar la Resolución de Oferta de
Compra No 10787 del 11 de diciembre de 2014, mediante la
Resolución No 39281 del 03 de junio de 2015 en la cual se
estableció como valor del precio indemnizatorio la suma de
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS ($189.971.344.00) MONEDA CORRIENTE, el citado
valor comprende: A) La suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO
MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
PESOS ($ 185.043.260.00) MONEDA CORRIENTE por concepto
de avalúo comercial terreno y construcción, B) La suma de
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA
Y CUATRO PESOS ($4.928.084.00) MONEDA CORRIENTE por
concepto de daño emergente.
[…]
Que mediante radicado IDU 20155260986512 del 09 de julio
de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
• UAECD, allegó complementación al informe técnico de avalúo
No 2014-2014 del 12 de noviembre de 2014 aclarado mediante
el informe técnico de avalúo No 2014-2014 del 31 de marzo de
2015 mediante el informe técnico de avalúo No 2014-2014 del
02 de julio de 2015 en el cual estableció la indemnización por
Lucro Cesante en la suma de DOCE MILLONES CIENTO
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 12.172.500.00)
MONEDA CORRIENTE y por Daño Emergente la suma de SEIS
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MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO
PESOS (6.518.084.00) MONEDA CORRIENTE.
[…]
Que respecto a la indemnización del daño emergente por la
suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
OCHENTA Y CUATRO PESOS (6.518.084.00) MONEDA
CORRIENTE, se descontaran los siguientes factores: A) Del
factor Gastos de Escrituración predio a adquirir por IDU, la
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($363.736.00) MONEDA CORRIENTE,
B) Del factor correspondiente a desconexión y/o taponamiento
de servicios públicos, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($393.964.00) MONEDA CORRIENTE, C) Del factor
correspondiente a impuesto predial, la suma de UN MILLÓN
TREINTA Y UN MIL PESOS ($1.031.000.00) MONEDA
CORRIENTE, lo anterior de conformidad con el informe de
reconocimiento económico RT N*44445 de fecha 07 de
septiembre de 2015 elaborado por la Dirección Técnica de
Predios y el Informe Técnico Avalúo Comercial No. 2014-2014
del 12 de noviembre de 2014 aclarado mediante el informe
técnico de avalúo No 2014-2014 del 31 de marzo de 2015
complementado mediante el informe técnico de avalúo No
2014-2014 del 02 de julio de 2015.
[…]
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar la expropiación por vía
administrativa, a favor del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU, del inmueble ubicado en la AK 91 No. 130A–46, de la
ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral
127A-90A-12, CHIP AAA0128TZPA y matrícula inmobiliaria
50N-20146558, todo de acuerdo con el Registro Topográfico
No. 44445, elaborado por la Dirección Técnica de Predios en
junio de 2014, donde aparece delimitado y alinderado, con un
área de terreno de 80.14 m² y un área construida de 80.14
m², cuyos linderos específicos son […]
ARTÍCULO SEGUNDO. VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS -
($201.945.144.00) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con el
Avalúo Comercial No. 2014-2014 del 12 de noviembre de 2014
aclarado mediante el informe técnico de avalúo No 2014-2014
del 31 de marzo de 2015 complementado mediante el informe
técnico de avalúo No 2014- 2014 del 02 de julio de 2015,
elaborados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral,
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Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 07 de septiembre de 2015, el
citado valor incluye:
1. La suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($
185.043.260.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
terreno y construcción.
2. La suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($
4.729.384.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de daño
emergente.
3. La suma de DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 12.172.500.00) MONEDA CORRIENTE
por concepto de Lucro Cesante […]”.
A través del acto administrativo en cita el IDU ordenó la
expropiación del bien en cuestión, con fundamento en el artículo 58
de la Constitución Política, la Ley 388 y los acuerdos y decretos
distritales que declararon la existencia de condiciones especiales de
urgencia para las obras viales del proyecto Avenida El Rincón.
En su parte considerativa se hizo un recuento del trámite de
adquisición previa, desde la oferta de compra formulada mediante
Resolución 107807 de 11 de diciembre de 2014, las aclaraciones y
complementaciones del avalúo comercial efectuadas por la UAECD.
Con base en esas actualizaciones, el IDU modificó la oferta y fijó el
valor indemnizatorio en $201.945.144, suma que incluye terreno y
construcción, daño emergente y lucro cesante, detallando además
las deducciones aplicables por gastos de escrituración, desconexión
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de servicios públicos e impuesto predial.
También se relaciona la existencia de un gravamen hipotecario a
favor de Jessica Alejandra Alfonso Daza y se indica que la obra
cuenta con respaldo presupuestal.
La parte resolutiva concreta todas esas premisas, de forma que
ordena la expropiación del inmueble, describiéndolo mediante
linderos y área, fija el valor del precio indemnizatorio,
discriminando por el avalúo comercial ($185.043.260), el daño
emergente neto ($4.729.384) y el lucro cesante ($12.172.500).
Respecto de la forma de pago dispuso que a Tesorería del IDU
pondrá a disposición del propietario y de la acreedora hipotecaria el
valor total, con el deber de consignarlo si no es retirado dentro de
los diez días siguientes, además ordena aplicar los descuentos
respectivos.
V.2.2. RESOLUCIÓN 63937 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO 63937 DE 2015
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
[…]
Respecto a la estratificación del inmueble contenida en el
avalúo comercial Con respecto al estrato, es procedente aclarar
que ni el Instituto de Desarrollo Urbano, ni la Unidad
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Administrativa Especial de Catastro Distrital, son las entidades
competentes para determinar esta condición socio económica.
Sin embargo, el Decreto 1420 de 1998 establece en el artículo
21 que la estratificación económica del bien se deberá tener en
cuenta para la determinación del valor comercial, característica
que fue tenida en cuenta cómo se puede evidenciar en el folio
3 del informe técnico del avalúo comercial No 2014-2014 del
12 de noviembre de 2014 y obedece a la estratificación vigente
al momento de la realización del informe técnico de avalúo y la
notificación del mismo.
En este sentido y de acuerdo al Decreto No 291 del 26 de junio
del 2013, expedido por la Secretaría de Planeación Distrital, el
sector se encuentra clasificado en estrato socioeconómico dos
(2), como lo indica el informe mencionado, específicamente en
el folio 3.
[…]
Determinación de la vetustez y del área de terreno
De acuerdo al derecho de petición No 20155260216712 del 19
de febrero de 2015, se solicitó se verificara la vetustez de la
construcción por cuanto no correspondía a la declarada en el
informe técnico de avalúo No 2014-2014 del 12 de noviembre,
dicha solicitud fue objeto de traslado a la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital mediante el oficio
20153250301141 del 03 de marzo de 2015, quien mediante el
oficio 20155260589682 del 21 de abril de 2015, manifestó que
“el avalúo comercial en comento se aclara en cuanto a la
vetustez de la construcción” expidiendo el informe técnico de
avalúo No 2014-2014 del 30 de marzo de 2015 que aclara el
informe técnico de avalúo 2014-2014 del 12 de noviembre de
2014.
Bajo ese entendido, dicha condición (vetustez) en el avalúo fue
aclarada mediante el informe técnico de avalúo No 2014-2014
del 30 de marzo de 2015 y fue tenida en cuenta en la
Resolución modificatoria de la Oferta de Compra No 39281 del
03 de junio de 2015.
Con relación al área de terreno, se confirma la respuesta
brindada mediante el RAD IDU No 20153250316811 del 06 de
marzo, indicándole además que el área de terreno ofertada
equivalente a 80.14 m2 corresponde no solo a la establecida en
la Escritura Pública No 2318 del 22 de agosto de 2014 de la
Notaria 19 de Bogotá, mediante la cual adquirió el derecho de
dominio el Señor ALEXANDER SANCHEZ MANRIQUE sino a la
verificada físicamente en terreno reflejada en el Registro
Topográfico No 44445.
[…]
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución de expropiación administrativa No 60222 del 11 de
septiembre de 2015, del inmueble ubicado en la AK 91 130A 46
de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula,
catastral 127A 90A 12, CHIP AAA0128TZPA y matrícula
inmobiliaria 50N-20146558, la cual fue notificada
personalmente al Señor ALEXANDER SANCHEZ MANRIQUE
identificado con la cédula de ciudadanía No 79.828.936, el día
19 de octubre de 2015, conforme al registro topográfico
número 44445 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en
el mes de junio de 2014, por las consideraciones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo […]”.
Como se aprecia de la transcripción por medio de esta resolución se
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la
Resolución 60222 de 11 de septiembre de 2015, en el sentido de
confirmar en su integridad la decisión primigenia.
Dentro de los puntos más relevantes, el IDU destacó que la UAECD
era entidad competente para practicar los avalúos y que el estudio
cuestionado se elaboró aplicando la metodología obligatoria prevista
en el Decreto 1420 de 1998 y en las Resolución 620 de 2008, por lo
cual resultaba infundada la acusación sobre supuestas falencias
estructurales en su elaboración.
En relación con la estratificación del predio, la autoridad explicó que
el IDU no fijaba el estrato socioeconómico, pues esa competencia
corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación, cuyo acto
vigente para la zona clasifica el sector en estrato 2; y aclara que el
avalúo se elaboró con base en esa categorización oficial, por lo cual
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
no es posible acoger el argumento del recurrente según el cual el
predio tenía características comerciales que justificarían un mayor
valor.
También abordó las observaciones relativas al área y a la vetustez,
indicando que tales inconsistencias ya habían sido trasladadas a la
UAECD y corregidas técnicamente, de modo que el avalúo aplicó los
parámetros físicos verificados y actualizados.
En cuanto a la supuesta falta de justificación del valor del terreno y
la construcción, el IDU precisó que el informe técnico contiene la
explicación metodológica y los comparables exigidos por la
regulación, y que no basta señalar desacuerdo con el precio para
desvirtuar un avalúo oficial elaborado bajo los criterios del régimen
técnico de avalúos.
Finalmente, la autoridad analizó el avalúo privado aportado por el
actor y concluyó que no puede considerarse válido para efectos de
desvirtuar el avalúo oficial, pues no aplica la metodología
obligatoria del IGAC, incurre en inconsistencias técnicas, incluyendo
valoración como si se tratara de un inmueble en propiedad
horizontal y omite varios elementos esenciales de análisis, entre
ellos la comparación de mercado bajo parámetros homogéneos y la
identificación de áreas y variables relevantes.
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Con base en ese análisis, la resolución concluye que no existe
mérito para modificar el valor indemnizatorio ni para revocar el acto
de expropiación, razón por la cual confirma íntegramente la
Resolución 60222 de 11 de septiembre de 2015.
V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de
apelación presentado por el actor.
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera
instancia debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a
que: i) no procedía declarar probada la objeción por error grave
puesto que fue dada sin motivación y la valoración probatoria que
el a quo hizo al avalúo allegado con la demanda fue impropia; ii) si
es procedente en esta instancia revisar las normas procesales con
base en las cuales el a quo decidió sobre el decreto de pruebas y;
iii) si fue desvirtuada la legalidad del avalúo oficial y; iv) si había
lugar a efectuar descuentos y retenciones de las sumas reconocidas
al actor.
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V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN
Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título
de cuestionamientos contra el fallo del Tribunal a quo.
V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá
las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
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Con base en la norma en cita se tiene que8 i) la garantía a la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con
arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las
formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido
el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto
constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció
instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por
motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se
reguló por la Ley 388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el
procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a
cabo la expropiación por vía administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
8
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.
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llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 9, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la
destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto
administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u
otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos
procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada
el artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
9
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.
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correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en
el numeral 2 de este artículo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se
paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregara copia de
la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área
de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de
policía si es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía
administrativa no producirá efecto alguno y la entidad
deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término
máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.
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En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que
la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a
la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS
PROPIETARIOS, el cual será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 10 de la
presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características
esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación
del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,
previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende
su valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha
medida, con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.
10
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la
Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica. […].
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Al respecto esta Sección11 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. Destacado fuera de texto.
Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199812
fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita
la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre
otros, para el caso de expropiaciones administrativas.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
12
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
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Ahora bien, mientras en el artículo 2013 del decreto en mención se
establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el
artículo 2314 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a
través de resolución las disposiciones metodológicas para la
realización de estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente
expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones
que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200815, que
establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del
marco de la Ley 388 de 1997.
Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de
los avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización
de rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de
encuestas y v) el de costo o reposición.
V.4.2. CASO CONCRETO
La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos
13
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
14
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que
trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
15
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
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planteados, que corresponden a los reproches que el actor por
conducto de su apoderada judicial plasmó en el recurso de
apelación.
V.4.2.1. Objeción por error grave del avalúo aportado con la
demanda. Examen de los motivos de la decisión y valoración
por el juez a quo.
Previo a examinar los reproches en relación con esta censura es
oportuno referir que el Tribunal concluyó que el dictamen aportado
con la demanda no cumplió con los requisitos mínimos del régimen
técnico de avalúos, en particular, los parámetros metodológicos
previstos en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de
2008 del IGAC.
Señaló que dicho documento carecía de soporte suficiente respecto
de: i) la descripción física del inmueble, ii) la identificación y
justificación de los comparables utilizados, iii) la exposición
detallada de los métodos aplicados, y iv) no se allegaron los
soportes técnicos correspondientes.
A estos argumentos le sumó la evaluación respecto de la cual la
avaluadora se apartó de lo previsto en el artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008, norma que condiciona la adopción de la
media como valor probable del inmueble a que el coeficiente de
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variación sea inferior al 7,5%. En el caso concreto, refirió que la
profesional empleó un coeficiente de variación del 39,40%,
circunstancia que impedía adoptar la media obtenida y, en
consecuencia, justificaba la prosperidad de la objeción formulada
por la UAECD.
Dichas conclusiones tuvieron origen en el estudio de la objeción que
la UAECD presentó al avalúo privado, las cuales se complementaron
con la declaración rendida en audiencia el 9 de octubre de 2018 por
el ingeniero catastral Jhon Jairo Daza García, funcionario de dicha
entidad.
En esa diligencia, además de explicar la metodología del avalúo
oficial, el testigo detalló las deficiencias técnicas del informe privado
elaborado por la señora Diana Patricia Osorio Abello, conforme con
el objeto para el cual fue decretada esa prueba.
De este modo, se tiene que frente al reproche que el estudio y
valoración de la objeción por error grave no estuvo carente de
fundamentos, habida cuenta que el Tribunal explicó las razones
por las cuales no acogió el dictamen que presentó el demandante,
y se relacionaron con la inaplicación de las reglas para la
elaboración de avalúos comerciales destinados a determinar el valor
de los bienes sujetos a la medida administrativa de expropiación,
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de ahí que el reproche referente a la ausencia de fundamento
resulte improbado, todo lo cual examinar las razones de la decisión
que se reprocha.
En efecto, la Sala recuerda que el Decreto 1420 de 199816 fijó los
lineamientos técnicos y metodológicos que rigen los avalúos para
efectos de expropiación administrativa, cuya reglamentación delegó
en el IGAC, entidad que expidió la Resolución 620 de 200817, por la
cual se establecieron los métodos y los parámetros para la
elaboración de los avalúos presentados en relación con los
procedimientos de que trata la Ley 388 de 1997, que se distinguen
bajo los siguientes:
MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
o de Mercado mediante el estudio muestras: Se toman los fuentes verificables.
de ofertas o datos de mercado y se Si el mercado es
transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, estado). tiene prioridad
comparables y Se busca un valor unitario respecto de los
similares al del promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones deben
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la ser de mercado. No
los ingresos o renta líquida y se divide por se deben incluir
rentas que el bien una tasa de capitalización muebles o equipos a
puede producir. (V = R / i). menos que sea
En este método se necesario para la
considera la vida renta.
remanente del inmueble
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa la presupuesto detallado
una estructura construcción "como nueva" de obra (materiales,
igual, descontando y se le resta la depreciación mano de obra,
16
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
17
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
el desgaste. usando las Tablas de Fitto honorarios) y el
y Corvini. Se suma el valor estado de
del terreno. conservación.
ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se Se rige por el
Residual a partir del calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento
Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan
ofertas o ventas
opinión de expertos entrevistas en número
reales. El perito debe
ante la falta de plural. Se debe calcular
haber visitado el
datos reales. obligatoriamente la Media,
predio antes de
la Varianza y el
realizar las
Coeficiente de Variación
encuestas.
para validar la muestra.
Ahora bien, del contenido del avalúo aportado con la demanda 18 se
destaca lo siguiente:
“[…]
INFORMACIÓN BÁSICA
TIPO DE INMUEBLE: Casa comercial
TIPO DE AVALÚO: Comercial
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: AK 91 No. 130 A - 46
BARRIO CATASTRAL: LOS NARANJOS
CIUDAD: Bogotá
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
USO ACTUAL: Residencial y Comercial Vecinal B.
SOLICITANTE DEL AVALÚO: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRRIQUE
FECHA DE LA VISITA: Octubre 29 de 2015
FECHA ENTREGA DOCUM.: Octubre 29 de 2015
FECHA DEL INFORME: Octubre 30 de 2015
TITULACIÓN
PROPIETARIOS: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRRIQUE
TITULO DE PROPIEDAD: Según escritura pública 2318, de la
Notaria 19 de
Bogotá, fecha 22- 08-2014, de Bogotá
D.C.
MATRICULA INMOBILIARIA: 50N-20146558
CHIP: AAAO0128TZPA
CEDULA CATASTRAL: 127A90A 12
MANZANA CATASTRAL: 00920126
LOTE CATASTRAL: 0092012617
UPZ: 28-EL RINCÓN
[…]
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR
18
Se aprecia a los folios 82 a 91 del Cuaderno 1 principal. Expediente Digital. Índice 24 SAMAI
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ACTIVIDADES
PREDOMINANTES Residencial y comercial.
ESTRATO - Dos (2) Acto Administrativo: DEC291
SOCIO - ECONÓMICO: de 26-JUN-13.
VÍAS DE ACCESO: KR 91, Av. Suba, Av. Boyacá, Av.
Ciudad de Cali,
[…]
Según RESOLUCIÓN NÚMERO 620 DE 2008
(23 Septiembre 2008)
Se utilizará la (TABLA DE FITTO Y CORVINI: DEPRECIACIÓN TOTAL DE
UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO, DEBIDA A SU
EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN).
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN:
Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a
partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien
semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al
valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno.
Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Ve=(Ct-D)+ Vt
En donde:
Ve = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt= Valor del terreno
El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial del respectivo
inmueble expresado en dinero; entendiéndose por valor comercial aquel que
un Comprador y un vendedor estarían dispuestos a pagar y recibir de
contado, respectivamente por la propiedad, en un mercado de alternativas de
negociación.
Para efectos de la conformación del justiprecio del bien avaluado, el presente
avalúo Comercial, entre otros criterios, se ha tenido en cuenta las
transacciones del sector e identifica el inmueble homogéneamente.
El presente avalúo NO tiene carácter jurídico.
De acuerdo a lo anterior se ha estimado el siguiente avalúo
comercial:
AVALÚO COMERCIAL
No. 10.042/2.015
Ct= COSTO O VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Inmuebl Área Valor Valor
e construid Unitario total
a /M2
CASA 81.80 M2 $1.600.000.0 $130.880
0 .000.00
Vt= Valor del terreno
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
Inmueble Area Valor Valor total
terreno Unitario M2
Lote 81.80 $2.300.000.00 $188.1400.000.00
D = DEPRECIACIÓN: (Clase 2) y (11 años) TABLA DE FITTO Y CORVINI
D=847%
D =Ct * valor porcentual
D =130.880.000 * 8.47 %
D = 11.085.536=
Ct= 130.880.000
D= 11.085.536
Vt=188.140.000
Vc=(Ct-D) + Vt
Vc=(130.880.000 - 11.085.536) + 188.140.000
Vc=119.794.464 + 188.140.000
Vc =307.934.464
Valor total avalúo comercial
$307.934.464.00
[…]”
Dicha prueba se sustentó en audiencia de 9 de octubre de 2018,
por la señora Diana Patricia Osorio Abello, administradora de
empresas y avaluadora, quien indicó que utilizó “[...] el método
comparativo de mercado y el método residual para hallar el
valor de la depreciación en la construcción, y el comparativo para
hallar el valor de la construcción y el lote en el sector [...]”.
También indicó que “[…] realizó un estudio de mercado del sector
para el lote, que le arrojó un valor de $2.200.000 a $2.300.000
para el valor del metro cuadrado del lote en el sector, con
inmuebles de similares características, homogéneos, y que para la
construcción hizo el mismo estudio y aplicó la tabla de Fitto y
Corvini, que es el método residual, restando la depreciación
dependiendo de su uso y de los años de construido, así, aplicó la
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fórmula y sacó el valor sumando la construcción menos la
depreciación más el valor del lote, ambos con el método
comparativo y la depreciación con el método residual […]”.
Respecto de la ejecución del método de comparación de mercado,
la avaluadora indicó que anexó una tabla que realizó de inmuebles
con similares características, en el mismo barrio y sectores
aledaños, para la cual utilizó 6 inmuebles para hallar el valor de la
construcción y sacar el valor homogéneo, y 3 inmuebles para hallar
el valor del lote, también del sector y sectores aledaños y
homogéneos.
Además, la avaluadora precisó que obtuvo informaciones
inmobiliarias que se usan en el ejercicio de su profesión, como lo
son Fincaraíz, Metrocuadrado y el Tiempo, como también inmuebles
que están en el sector directamente con los propietarios.
Respecto de los métodos de: i) comparación o de mercado, ii)
residual y iii) de reposición, este último señalado expresamente en
el avalúo privado como método utilizado, conviene transcribir las
normas que los regulan de la citada Resolución 620 de 2008, así:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
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al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán
ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
[…]
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:
[…]
ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. Es el que
busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para
el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de
un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien
final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad
de vender lo proyectado.
[…]
ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
[…]
ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total de
la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de
calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.
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[…]
ARTÍCULO 14. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. En
desarrollo de este método (técnica), se debe tener en cuenta:
Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de
producto que por efectos del principio de mayor y mejor uso se
pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben referenciar las
ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto
planteado, así como las características de áreas, valores de
venta, elementos del proyecto, entre otros que este tenga.
El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al
proyecto y/o plan parcial y el costo de la construcción siendo
este la suma de los costos directos, costos indirectos, los
financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta
los volúmenes y unidades requeridas para el proyecto
planteado.
El costo de urbanismo se establece como la suma de los costos
para habilitar el suelo a usos específicos e incluye las cargas
asociadas a su desarrollo.
La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su
estratificación, ubicación espacial, especificaciones del tipo de
proyecto que sobre el predio se plantee, teniendo en cuenta las
condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo,
así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de
este proyecto sea como mínimo igual a cero.
El valor resultante de esta técnica es el valor total del
inmueble, es decir, del valor del terreno y del valor de la
construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor obtenido
no se debe agregar el valor de la construcción.
Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma
independiente, tanto el valor del terreno como el de la
construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular
por el método de reposición el valor de la construcción y
descontarla al valor total del inmueble […]”.
Como se precisó la Resolución 620 de 2008 establece los métodos
técnicos mediante los cuales debe determinarse el valor comercial
de un inmueble, entre los cuales desarrolla el método de
comparación o de mercado, el método de costo de reposición y la
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técnica residual, cada uno de los cuales parte de supuestos
distintos y exige un nivel propio de soporte técnico.
El método de comparación o de mercado constituye la técnica
por excelencia para determinar el valor comercial de un inmueble,
porque busca reproducir el comportamiento real del mercado
mediante el estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes
semejantes y comparables.
Para su adecuada aplicación, el avaluador debe identificar
inmuebles similares respecto de ubicación, uso, características
físicas y estado de conservación, recolectar información verificable
de esas ofertas o ventas y dejar constancia expresa del medio de
donde proviene, su fecha y los elementos que permitan su posterior
verificación.
Por su parte, el método de costo de reposición se orienta a
determinar el valor comercial de la edificación a partir del costo que
tendría reproducir hoy una construcción equivalente, restándole la
depreciación acumulada y sumándole el valor del terreno.
En este enfoque el avaluador debe estimar los costos directos e
indirectos, así como los financieros y administrativos necesarios
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para ejecutar una obra semejante, teniendo en cuenta las
condiciones del sitio donde se encuentra el inmueble.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en efecto el avalúo
aportado con la demanda contiene los errores que halló el Tribunal
a a quo al declarar probada la objeción por error grave y cuyo
propósito era desvirtuar la legalidad del avalúo oficial, porque en
efecto se trata de: i) un estudio que señaló de forma autónoma un
valor comercial para el bien expropiado, en cuantía diferente a la
determinada por la UAECD sin acreditar las presuntas deficiencias y
sin explicar las razones que estimó para llegar a tal conclusión y ii)
no está claro el método utilizado para su elaboración, por cuanto si
bien en el escrito alude al de reposición también lo es que en la
audiencia de pruebas su afirmó haber usado los métodos de
comparación o de mercado y residual, de lo cual se infiere que
la técnica que usó no estuvo clara en el documento en el que rindió
su estudio.
Lo anterior, se sustenta en que, pese a que la avaluadora afirmó
haber realizado estudios de mercado con base en seis inmuebles
comparables para determinar el valor de la construcción y en tres
inmuebles para valorar el lote, así como haber empleado fuentes
abiertas como Finca Raíz, Metro Cuadrado y anuncios clasificados,
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tales soportes no quedaron evidenciados en su dictamen todo lo
cual destaca los defectos hallados por el Tribunal.
Precisamente, esta Sección examinó la necesidad de que los
dictámenes sobre avalúos en el cuestionamiento del justiprecio en
procedimientos de expropiación administrativa, no solo identifiquen
la diferencia de precio con el avalúo oficial sino que identifiquen las
falencias que se encuentren en este, el cual debe ampliarse al
ejercicio avaluatorio que identifique el método aplicado, su uso en
el desarrollo del estudio y la explicación de los referentes
consultados y los soportes que dan cuenta de ello para llegar a tal
conclusión. Al respecto se puntualizó:
“[…] 94. El dictamen pericial presentado con la demanda
indicó que se tuvieron en cuenta las transacciones del
sector, sin embargo, no obran los anexos
correspondientes a esos valores. Por consiguiente, si lo
que se pretendía era cuestionar el avalúo oficial,
correspondía a la parte demandante indicar y demostrar
la equivocación y no solo evidenciar la diferencia de
precios entre uno y otro, es decir, era de su cargo
revestir de certeza sobre el justiprecio del inmueble
objeto de expropiación, porque no basta con el
señalamiento realizado para desvirtuar el avalúo oficial.
De acuerdo con la Resolución 620 de 23 de septiembre de
2008 se indica en el parágrafo 1 del artículo 13, que el método
de costo de reposición “[…] se debe usar en caso de que el bien
objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal […]”. En ese entendido, si bien se
determinó el método a usar, se deriva de la norma la
restricción de su uso a unas circunstancias específicas y el
hecho de señalar que el método utilizó transacciones, es
evidente la contradicción en el avalúo.
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95. Además, al no allegarse los soportes de las
transacciones no es posible corroborar la corrección y
certeza de sus dichos, ni de los fundamentos que
conduzcan a descartar el valor del precio indemnizatorio
del bien expropiado, determinada en el avalúo oficial
realizado por la unidad y que fue acogido en las resoluciones
demandadas […]”19.
Precisamente, el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 prevé la
obligación de aplicar procedimientos estadísticos que garanticen
que los datos utilizados reflejen verdaderamente el comportamiento
del mercado, lo que permite validar la idoneidad de un avalúo
basado en información de ofertas o transacciones. El artículo,
establece:
“[…] ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la aplicación
de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en
cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de variación
(Ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de
febrero de 2025 número único de radicación: 25000234100020150240201. Demandante: Fernando
Buitrago Mendoza. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
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Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado
[…]”.
La norma en cita exige que cuando el perito utilice información de
mercado contenida en documentos, dichos datos sean verificados,
confrontados y ajustados antes de ser incorporados a los cálculos
estadísticos.
Además, proscribe que las encuestas sean fuente para determinar
el valor medio cuando existan datos reales de mercado; en otras
palabras, la encuesta puede servir como instrumento
complementario, pero nunca como base para fijar el valor comercial
si existen ofertas o transacciones verificables.
Una vez consolidados los datos comparables, el perito debe calcular
medidas de tendencia central, principalmente la media aritmética y,
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de forma ineludible, indicadores de dispersión como la varianza y el
coeficiente de variación.
Este último constituye el parámetro determinante para evaluar la
representatividad de la muestra, si el coeficiente de variación es
igual o inferior a ±207,5%, la media puede adoptarse como el valor
más probable del inmueble; pero si supera ese umbral, la norma
advierte que la media no es confiable y que el perito no debe
utilizarla, debiendo ampliar el número de muestras para mejorar la
calidad del promedio. Este control estadístico opera como
salvaguarda técnica frente a mercados heterogéneos o muestras
insuficientes.
El artículo también establece que, si el perito pretende apartarse
del valor medio, debe calcular el coeficiente de asimetría para
determinar hacia dónde se desplaza la distribución de los valores,
pero sin sobrepasar los márgenes definidos por las medidas de
dispersión. Se trata de un límite técnico que impide decisiones
arbitrarias o ajustes discrecionales sin soporte estadístico.
Finalmente, cuando se estudian valores de construcción bajo
modelos de regresión, la norma exige realizar por lo menos tres
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El símbolo (más-menos)
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ecuaciones y escoger la más representativa del mercado,
reforzando así la trazabilidad y la consistencia del análisis.
En síntesis, el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008, fija un
estándar metodológico obligatorio, los avalúos basados en el
método de mercado deben demostrar que los datos fueron
verificados, que la media adoptada es estadísticamente
representativa y que, cuando la dispersión supera los límites
permitidos, el avaluador amplió la muestra o justificó técnicamente
el ajuste.
La ausencia de estos elementos compromete la validez técnica del
avalúo, por el incumplimiento de un parámetro normativo expreso y
esencial de la metodología.
Como anexo al avalúo aportado con la demanda respecto de dichos
cálculos al comparar 6 predios del sector, señaló:
“[…]
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[…]”21
De lo expuesto se tiene que, la avaluadora desconoció los
parámetros y las condiciones establecidas en el artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008, pues, pese a que la norma precisa que el
coeficiente de variación debe ser del 7.5%, usó un coeficiente de
21
Folios 92-98 del Cuaderno 1 principal. Expediente Digital. Índice 24 SAMAI
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variación del 39,40%, muy superior del permitido por la
disposición normativa especial para este tipo de avalúos.
Finalmente, en la apelación el actor sostuvo que debía aplicarse la
excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008, por considerar que el límite del coeficiente
de variación desconoce el valor real del inmueble derivado de la
comparación con las muestras del mercado.
Sobre el particular, la Sala advierte que un reproche de tales
características en las que se pretende invalidar una norma por
oposición a las normas superiores bajo la figura de la inaplicación,
debió ser planteada como pretensión de la demanda y no como
reproche a la decisión del Tribunal a quo, para así haber surtido el
contradictorio correspondiente y ser objeto de pronunciamiento en
la sentencia de primera instancia.
De este modo, no es procedente plantear en esta etapa un debate
no propuesto oportunamente, pues ello implicaría desconocer el
debido proceso y el principio de congruencia.
V.4.2.2. De las normas con base en las cuales el Tribunal a
quo decidió sobre la solicitud de pruebas y valoración del
testimonio solicitado por la UAECD
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El apelante cuestionó que el Tribunal hubiera acudido al CPACA
«[…] en cuanto a objeciones y decreto del testimonio de los
ingenieros solicitados por la parte demandada y llamamiento en
garantía y para negar los testimonios solicitados por la parte
demandante aplicó el Código General del Proceso […]».
Asimismo, reprochó que se hubiese valorado la declaración del
ingeniero catastral Jhon Jairo Daza García, pese a que según
sostiene, no participó en la elaboración del avalúo de la UAECD, y
que dicho testimonio se hubiese apreciado como si correspondiera a
un “testigo perito”, permitiéndose en su criterio afianzar el avalúo
oficial con un funcionario de la entidad cuestionada.
En relación con las normas con las que el Tribunal resolvió sobre el
decreto de pruebas y llamamiento en garantía, la Sala advierte que
los reparos del actor se dirigen, en estricto sentido, contra
decisiones interlocutorias adoptadas durante el trámite de primera
instancia que decidieron: i) la vinculación del llamado en garantía,
resuelta en auto de 13 de junio de 2017 (folio 233), y ii) la
referente al decreto definida en auto de 6 de octubre del mismo
año.
En esa medida, si el demandante consideraba que tales
providencias eran irregulares, bien por la norma aplicada, por la
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denegación o decreto de determinados medios de prueba o por el
alcance de las diligencias ordenadas, la carga procesal que le asistía
era interponer los recursos procedentes en forma oportuna, en el
marco del trámite ordinario de impugnación de tales autos.
No resulta procedente en sede de apelación y por vía indirecta al
cuestionar el fallo de primera instancia promover una controversia
ya precluida, máxime cuando el reproche se formula de manera
general y no se acompaña de una demostración concreta de cómo
esa supuesta irregularidad procesal se tradujo en la vulneración
efectiva del derecho de defensa o en un vicio que afecte la validez
de la decisión de fondo.
En todo caso, la Sala tampoco encuentra que el argumento afecte
legalidad de la actuación procesal, todo lo cual descarta tomar
medidas en esta actuación procesal.
En cuanto al segundo reproche, relativo al testimonio del ingeniero
Jhon Jairo Daza García, se tiene que en audiencia de 9 de octubre
de 201822 el citado funcionario de la UAECD rindió declaración en
calidad de testigo técnico, en la que explicó, por una parte, el
procedimiento y criterios bajo los cuales esa entidad realiza avalúos
en el marco de sus competencias y, por otra, en su condición de
22
SAMAI índice 24, CD folio 266.
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revisor del avalúo que sirvió de soporte a los actos cuestionados,
precisó la metodología empleada y respondió a interrogantes
asociados a su contenido.
Adicionalmente, el declarante se refirió a las falencias que desde la
perspectiva técnica presentaba el avalúo aportado con la demanda,
esto es, el elaborado por la avaluadora Diana Patricia Osorio Abello.
Ahora bien, debe resaltarse que, según la solicitud probatoria que
fundamentó su decreto23, el objeto de la declaración era
precisamente rendir y sustentar, desde el punto de vista técnico,
los aspectos discutidos en el proceso y controvertir el avalúo
allegado por el demandante, en especial en lo atinente a errores
metodológicos, ausencia de soportes y apartamiento de los
parámetros normativos del régimen de avalúos.
Por tanto, la circunstancia de que el ingeniero Jhon Jairo Daza
García no hubiera sido el autor material del avalúo oficial no lo
inhabilitaba, per se, para declarar sobre i) los procedimientos
institucionales de la UAECD; ii) los criterios técnicos usuales y; iii)
las observaciones derivadas de la revisión del avalúo o del
contraste con el documento privado aportado por la parte actora.
23
SAMAI índice 24, CD folio 87 cuaderno llamamiento en garantía.
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Tampoco se advierte que el testimonio se hubiese apreciado como
un dictamen pericial encubierto o que se le hubiera otorgado un
valor probatorio indebido, pues el apelante ni siquiera señala un
pasaje concreto en el que el a quo haya equiparado esa declaración
a una pericia judicial, ni demuestra que el Tribunal hubiera
sustituido con ese testimonio la valoración autónoma del material
documental.
Por el contrario, lo que se constata del análisis efectuado en
primera instancia es que el Tribunal utilizó la declaración,
principalmente, como elemento de contraste para sustentar el por
qué el avalúo privado no satisfacía exigencias metodológicas y de
soporte técnico, sin que ello implique que la sentencia se haya
construido sobre la sola posición institucional de la UAECD.
En síntesis, el reproche no tiene vocación de prosperidad.
V.4.2.3.- De la incorrección del avalúo oficial
El actor reiteró que, conforme con el avalúo aportado con la
demanda, el certificado catastral y las liquidaciones del impuesto
predial, el inmueble objeto de expropiación tendría un área de
80.80 m², mientras que el avalúo oficial tuvo en cuenta un área de
80.14 m².
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
Asimismo, insistió en que el avalúo oficial no consideró que,
durante el trámite de expropiación, el sector donde se ubicaba el
inmueble habría variado de estrato 2 a 3, tampoco que el impuesto
predial se liquida como estrato 0 por tratarse de un uso comercial,
además que no hizo análisis a las tipologías.
Sobre este asunto, esta Sección ha sostenido que al haber sido
incorporado el valor del avalúo comercial en el acto administrativo,
este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a la parte que se
siente afectada probar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones y, en
particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al
bien expropiado, de la siguiente manera24:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en
el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 15 de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-
000-2011-00196-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
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de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado
que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).
Por otra parte, en lo que concierne al alcance de la carga de la
prueba para desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala 25 ha precisado lo
siguiente:
“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en
las normas que regulan la materia, indique el defecto en
que se ha incurrido y su impacto en el precio
oficialmente establecido, pues de lo que se trata es
precisamente de llevar al convencimiento del juez de
que se ha incurrido en error al establecer el monto de la
indemnización, y no simplemente de identificar otras
alternativas probables […]” (Destacado fuera de texto).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.
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Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor
incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta
con que a la demanda se anexen otros avalúos del bien sobre el
cual recayó la medida, sino que corresponde al interesado probar
los errores del avalúo oficial y, en particular, la incidencia de estos
en el precio que fue determinado.
Ahora bien, respecto de la diferencia de áreas, de los elementos de
juicio obrantes en el plenario, la Sala advierte que en efecto el
avalúo oficial determinó como área del inmueble objeto de la
controversia 80.14m2, así:
“[…]
[…]”26
El área tenida en cuenta para la elaboración del avalúo oficial fue la
establecida en el registro topográfico 44445 elaborado por la
Dirección Técnica de Predios del IDU, en junio de 2014, que
registra el área así:
“[…]
26
SAMAI índice 24, Cuaderno llamamiento en garantía folio 141.
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[…]”27
La diferencia de áreas no fue desapercibida por el IDU, pues en
respuesta dada al actor el 6 de marzo de 2015, a través de Oficio
20153250316811, dicha entidad le indicó:
“[…] Con relación a la diferencia de áreas de terreno y
construcción contenidas en el certificado catastral y el Registro
topográfico No 44445, nos permitimos informarle que para el
cálculo de las mismas, el Instituto de Desarrollo Urbano parte
de un levantamiento topográfico seguido de una visita
de los funcionarios de esta entidad, quienes realizan las
mediciones a cinta y toma de fotografías del inmueble
previo a la elaboración del mencionado registro
27
SAMAI Índice 24 cuaderno contestación IDU folio 150.
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topográfico, documento que refleja las áreas reales
constatadas […]”28.
En ese orden de ideas, si bien la certificación catastral y los
desprendibles de liquidación del impuesto predial evidencian que el
predio tendría un área de 80.80 m² como lo indicó el actor, lo cierto
es que el avalúo oficial se soportó, en este aspecto, en un
levantamiento topográfico elaborado dentro del trámite
cuestionado, medio de prueba técnicamente conducente para la
determinación del área real del inmueble.
Adicionalmente, aunque el avalúo privado aportado con la demanda
partió de considerar como cierta el área de 80.80 m², no se
evidencia que dicha afirmación esté respaldada en un
levantamiento topográfico independiente, prueba técnica que
resultaba necesaria para controvertir eficazmente el registro
elaborado por el IDU.
Ahora bien, el actor insistió en que el avalúo oficial desconoció que,
durante el trámite de expropiación, el sector en el que se ubicaba el
inmueble pasó del estrato socioeconómico 2 al 3, así como que el
impuesto predial se liquidaba como estrato 0 por tratarse de un
bien con uso comercial, circunstancias que a su juicio debieron
incidir en el valor indemnizatorio reconocido.
28
SAMAI Índice 24 cuaderno contestación IDU folio 218.
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Al respecto, la Sala advierte que la visita técnica para la elaboración
del avalúo fue efectuada el 20 de octubre de 2014 y que, luego de
su modificación y complementación, el avalúo oficial fue suscrito en
marzo de 2015, fecha a partir de la cual quedó fijado el marco
fáctico, técnico y normativo bajo el cual debía determinarse el valor
comercial del inmueble objeto de expropiación.
En ese contexto temporal, el estrato socioeconómico vigente del
sector era el 2, con fundamento en el Decreto Distrital 291 del 26
de junio de 2013, circunstancia que fue expresamente consignada
en el informe de avalúo oficial, así:
“[…]
[…]”29
En consecuencia, el ejercicio de avaluación se adelantó con base en
la estratificación oficialmente vigente para el inmueble tanto al
momento de la visita como de la elaboración del informe técnico.
Posteriormente, si bien mediante Resolución 0001 del 12 de febrero
de 2016, la Dirección de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá accedió a una solicitud de cambio de estrato
29
SAMAI índice 24, cuaderno contestación IDU folio 191.
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2 al 3, entre otros, respecto del predio objeto de la presente
controversia, lo cierto es que dicha modificación se produjo con
posterioridad a la elaboración y adopción del avalúo oficial.
Sobre el particular, la Sala precisa que el avalúo comercial no
constituye una valoración dinámica ni abierta a modificaciones
sucesivas, sino un ejercicio técnico con una vigencia definida, que
debe elaborarse a partir de la información oficial existente al
momento de la visita técnica y de la suscripción del informe, de
manera que los cambios posteriores en variables administrativas
como la estratificación no inciden automáticamente en el valor
comercial ya determinado.
Al respecto, en sentencia de 24 de julio de 202530, esta Sala indicó:
“[…] 122.En el momento en que se realizó el informe técnico
de avalúo comercial, el sector en el que se encontraba ubicado
el inmueble correspondía al estrato 2. Por lo tanto, el avalúo
debió realizarse conforme al estrato legalmente establecido en
ese entonces, tal como se procedió en este caso concreto32.
123.Es importante precisar que, aunque mediante la
Resolución núm. 0053 de 9 de septiembre de 201533 el
director de Estratificación de la Secretaría Distrital de
Planeación modificó el estrato asignado por el Decreto Distrital
de 26 de junio de 2013 a la vivienda, este hecho no
constituye un argumento válido para modificar el valor
de la indemnización, en consideración a que conforme al
numeral 8° del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el
estrato vigente para el predio en el año 2014 era el
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
julio de 2025, MP Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-
2016-00605-01.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
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estrato 234 y, en consecuencia, el avalúo debe basarse
en esa estratificación […]”.
En esa medida, resulta claro que el eventual cambio de estrato
ocurrido en 2016 no podía ser considerado para ajustar el valor del
avalúo oficial elaborado en 2014–2015, sin que ello implique
desconocimiento del derecho de propiedad ni del principio de
indemnización justa.
De otra parte, en relación con el argumento del actor según el cual
el inmueble, por tener carácter comercial, carecería de
estratificación y, por ende, su valor comercial debía ser mayor, la
Sala advierte que dicha circunstancia no conduce, por sí sola, a la
conclusión pretendida.
La estratificación socioeconómica constituye una variable
administrativa orientada al cumplimiento de fines de política pública
y tarifarios, pero no es un factor determinante autónomo del valor
de mercado de un inmueble.
El precio comercial depende de un conjunto de elementos técnicos,
entre los cuales se destacan la ubicación, las condiciones físicas del
bien, su uso efectivo, el comportamiento real del mercado y los
comparables utilizados conforme a la metodología aplicable, todos
los cuales fueron considerados en el avalúo oficial.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
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Adicionalmente, el actor no acreditó técnicamente que la supuesta
ausencia de estratificación del inmueble, derivada de su uso
comercial o de la forma como se liquida el impuesto predial, tuviera
una incidencia real y demostrable en el valor comercial determinado
por la entidad.
Finalmente, en cuanto a la supuesta ausencia de análisis sobre
tipologías, la Sala precisa que el actor no acreditó que la omisión de
ese elemento constituyera un defecto metodológico relevante ni
explicó de qué manera su incorporación habría conducido a un
resultado distinto en la determinación del precio indemnizatorio.
Por el contrario, del expediente se desprende que el avalúo oficial
consideró las características físicas, el uso, la ubicación y los
parámetros del mercado del inmueble, sin que se advierta que la
falta de referencia expresa a una tipología específica comprometa la
validez técnica del ejercicio valuatorio.
En consecuencia, este reproche se reduce a una disconformidad
genérica con el resultado del avalúo oficial, sin que se haya
demostrado una infracción concreta del régimen técnico de avalúos
ni un yerro con incidencia determinante en el valor reconocido,
razón por la cual tampoco prospera.
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Conforme con lo anterior, la Sala no encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad del avalúo oficial.
V.4.2.4. De los descuentos y retenciones practicados sobre
las sumas reconocidas
El apelante cuestionó que, con ocasión de la expropiación
administrativa, el IDU hubiera efectuado dos descuentos
específicos i) una retención del 2,5% por concepto de enajenación
de bienes raíces y, ii) una retención del 20% sobre los valores
reconocidos como lucro cesante, al estimar que tales deducciones
no eran procedentes o que afectaban la indemnización justa que
debía recibir.
Al respecto, la Sala advierte que el descuento correspondiente a la
retención en la fuente del 2,5% encuentra respaldo expreso en el
ordenamiento tributario. En efecto, dicha retención se configura
cuando el adquirente del bien es una persona jurídica que actúa
como agente retenedor, supuesto que concurre en el caso del IDU.
El artículo 4 del Decreto 260 de 19 de febrero 200131, modificado
por el artículo 1 del Decreto 2418 de 31 de octubre 201332,
establece que la tarifa de retención en la fuente a título de
31
“Por medio del cual se reglamentan los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario”.
32
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”.
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impuesto sobre la renta por los pagos o abonos en cuenta que se
efectúen por los conceptos allí señalados, entre ellos, los derivados
de la enajenación de bienes raíces es del 2,5%, así:
“[…] Artículo 4°. Retención en la fuente sobre otros ingresos.
La tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la
renta por los pagos o abonos en cuenta que por los conceptos
señalados en el inciso primero del artículo 5° del Decreto
número 1512 de 1985 efectúen las personas jurídicas, las
sociedades de hecho y las demás entidades y personas
naturales que tengan la calidad de agentes retenedores, es el
dos punto cinco por ciento (2.5%).
Los pagos o abonos en cuenta que correspondan a estos
conceptos, para los cuales existan tarifas de retención en la
fuente, señaladas en disposiciones especiales, seguirán
rigiéndose por dichas tarifas […]”.
Se trata, por tanto, de una obligación legal de carácter tributario,
que no obedece a una decisión discrecional de la entidad adquirente
ni puede calificarse como una reducción arbitraria del precio
indemnizatorio.
En lo que concierne a la retención del 20% sobre los valores
reconocidos como lucro cesante, la Sala observa que dicho
concepto constituye, desde la perspectiva fiscal, un ingreso gravado
para el beneficiario cuando este es residente en el país.
Así lo dispone el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, al señalar
que los pagos o abonos en cuenta por concepto de indemnizaciones
distintas de las salariales, diferentes de aquellas expresamente
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excluidas por los artículos 45 y 223 del mismo estatuto, están
sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la
renta, fijando para los residentes una tarifa del veinte por ciento
(20%).
La norma en comento prevé:
“[…] ARTÍCULO 401-2. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN
INDEMNIZACIONES. Los pagos o abonos en cuenta por
concepto de indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones
salariales y a las percibidas por los nacionales como resultado
de demandas contra el Estado y contempladas en los
artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario, estará sometida a
retención por concepto de renta a la tarifa <32% año 2020>
<31% año 2021> <35% a partir del año 2022>* , si los
beneficiarios de la misma son extranjeros sin residencia en el
país, sin perjuicio de la retención por remesas**. Si los
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa
de retención por este concepto será del veinte por ciento
(20%). […]” (Destacado fuera de texto).
En esa medida, los valores reconocidos como lucro cesante, en
cuanto compensan una pérdida de ingresos y no se encuentran
dentro de las hipótesis exceptuadas por la ley, quedan sujetos a la
retención prevista en dicha disposición.
Así las cosas, la Sala concluye que los descuentos cuestionados no
constituyen una disminución indebida o ilegítima de la
indemnización reconocida en el trámite de expropiación, sino la
aplicación directa de mandatos legales de naturaleza tributaria,
cuya observancia resulta obligatoria para la entidad pagadora en su
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calidad de agente retenedor33.
En consecuencia, el reproche formulado por el actor carece de
sustento, pues desconoce que la retención en la fuente no altera la
determinación del valor indemnizatorio en sí mismo, sino que opera
como un mecanismo de recaudo anticipado de obligaciones fiscales
a cargo del beneficiario del pago.
Ante la no prosperidad de alguno de los fundamentos del recurso de
apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia,
como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.
V.5.- DE LAS COSTAS
De conformidad con lo previsto en el artículo 18834 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP351, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo 36, la Sala condenará al
33
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en sentencia de 27 de febrero de 2025, MP HERNANDO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, número único de radicación 25000234100020150240201.
34
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
35
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
36
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
actor en los términos del numeral 3 del artículo 36537 ibidem, al
pago de las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso38 y por las agencias en derecho39”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la entidad demandada a través de apoderado
judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación
se sujetará a la liquidación40 que realice el secretario del Tribunal
a quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP41, se fijan como agencias en derecho, la suma
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
38
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
40
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
41
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
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de $614.456 (equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones42)
que será distribuida por partes iguales a favor de la entidad
demandante y de la entidad llamada en garantía que participó en el
proceso. Lo anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en
el artículo 6°43 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según la
naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión realizada
por la parte vencedora44.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
42
De conformidad con el folio 5 del C. 1 del Tribunal la pretensión principal de restablecimiento
corresponde a la suma de $122.891.204.00.
43
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”
44
Atendiendo a que la demanda se presentó el 1° de junio de 2016 según sello visible en el escrito de
demanda.
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Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora
y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro – UAECD, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $ 614.456
(equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte
demandante y distribuirse en partes iguales en favor de las
entidades que se vincularon al proceso, de conformidad con el
numeral anterior.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero
de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
81
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01183-01
Actor: ALEXANDER SÁNCHEZ MANRIQUE
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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