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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02260-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02260-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2019, proferida por la SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del 22 La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem. 23 “[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”. 24 De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó gestión alguna en el trámite de segunda instancia. Únicamente obra dentro del expediente un poder visible en el índice 22 del expediente digital. 42 Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01 Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02260-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO. LOS DESCUENTOS
EFECTUADOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRECIO INDEMNIZATORIO
TIENEN FUNDAMENTO LEGAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor

contra la sentencia de 12 de diciembre de 2019, proferida por la

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. El señor Luis Arturo Bautista Castañeda, a través de

apoderada judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en

ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del

derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las

siguientes pretensiones2:

“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES

Que acorde con el artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia
C-476 del 2007, se declare la nulidad parcial de la Resolución
No. 20661 del 25 de marzo de 2015, “POR LA CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” así como la
Resolución 4988 del 29 de enero de 2015, "POR LA CUAL SE
ORDENA UNA EXPROPIACIÓN" modificando los artículos
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO. Parte Resolutiva -en lo que
concierne al' "VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.”, FORMA
DE PAGO y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. De las mismas,
ordenando pagar el precio justo.

2.- Que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra exenta
de los pagos tributarios que por razones de expropiación
administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que, si optó por
la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que la
llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar
un precio injusto, así como por la falta de negociación, más no
por capricho de la demandante.

3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mi mandante LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA,
los valores, que en adelante relaciono y/o de conformidad con
lo que resulte probado en el proceso, montos que han de ser
actualizados en su valor.

3.1. DAÑO EMERGENTE

3.1.1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS m/cte, ($257.795.651,oo) por ajuste
al valor ordenado y pagado con la Resolución No. 20661 del 25
marzo de 2015, por concepto de terreno y construcción del
inmueble ubicado en la Calle 127B No. 89-28 de Bogotá,
identificado con cédula catastral 009218381700000000, CHIP
AAA0132YTRJ y matrícula inmobiliaria 50N-20110446.

3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del

2
Corresponden a las pretensiones señaladas en el escrito de subsanación de la demanda.

3

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

bien expropiado, como gastos notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así:

Gastos Notariales: 3X1000

Iva Gastos Notariales: (16%)

Gastos de escrituración

Gastos de registro 0.5%

Beneficencia 1%

3.1.3. Los gastos de la desconexión de los servicios públicos
así:

• Energía Codensa. Retiro de acometida y medidor. Conexión
residencial $91.472.00
• Acueducto EAAB, un medidor con suministro de tapón macho
de hg, $171.460.
• Gas Natural: suspensión definitiva $395.700,00.

2.1.4. El valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
QUINIENTOS SIETE PESOS M/cte ($6.605.507.00) equivalente
al 2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU,
por enajenación de bienes Raíces, toda vez que el IDU aplica la
tabla de la tarifa tributaria de manera indebida, ya que mi
mandante debe ser exenta de la misma por ser expropiación
por vía administrativa por la decisión unilateral y arbitraria del
precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que en el peor de
los casos la retención correspondería al 1.5%.

2.1.5. El valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($2.813.600.000,oo) equivalente
al 20% de retención que les realizó el IDU de los dineros que
reconocieron como lucro cesante, en razón a que no hay
justificación legal para retener dineros por ingreso de
arrendamiento.

2.1.6. El valor de QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS
($572.000,oo) correspondiente al descuento que le realizaron a
los valores reconocidos por lucro cesante, supuestamente por
concepto de impuesto, toda vez que se está descontando de
este ítem y a su vez del ítem de daño emergente.

2.1.7. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

2.2. LUCRO CESANTE

2.2.1. La suma de OCHO MILLONES CIENTOS TREINTA Y DOS
MIL PESOS M/CTE e ($8.132.000.00) que por concepto de
ingresos de arrendamiento que dejaron de reconocer y que
dejaran de recibir por el concepto de arrendamiento así:

Local comercial, primer piso del inmueble, donde funciona un
establecimiento de comercio (efecty, servientrega), le
representaba un ingreso de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
PESOS ($1.300.000,00).

Local Comercial, Primer piso del inmueble, donde funciona un
establecimiento de comercio (cabinas telefónicas y de
comunicaciones e internet), le representa un ingreso de UN
MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000,oo)

Arriendo de dos habitaciones piso 2, del inmueble, le representa
un ingreso de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/cte
($400.000.00).

Arriendo Apartamento Piso 3 del inmueble, le representa un
ingreso de SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000,oo).

Lo anterior reconocido legalmente por seis meses, nos arroja un
total de VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($22.200.000,oo) de los cuales reconocieron únicamente
CATORCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS
($14.068.000,oo).

3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.;
[…]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los

siguientes:

Indicó que es propietario del bien inmueble ubicado en la calle 127B

núm. 89-28 identificado con el número de matrícula inmobiliaria

50N-20110446 el cual para el momento en que inició el trámite

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

administrativo se encontraba conformado por una estructura de

cuatro plantas3.

Señaló que la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital - Catastro4 realizó el avalúo comercial núm. 2014-0921

de 27 de agosto de 2014 con la finalidad de que el Instituto de

Desarrollo Urbano - IDU5 formulara oferta de compra sobre el

inmueble, el cual fue clasificado como de estrato 2.

Manifestó que el IDU, mediante Resolución núm. 93683 de 27 de

octubre de 2014, determinó la adquisición de su inmueble y formuló

oferta de compra por las sumas de $255.693.430 por concepto de

terreno y construcción; $7.139.630 por daño emergente y

$8.936.915 por lucro cesante.

Afirmó que la demandada, a través de la Resolución núm. 4988 de

29 de enero de 2015, ordenó la expropiación por vía administrativa

del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de

$260.973.494, la cual incluía los conceptos de terreno y

construcción, daño emergente y lucro cesante.

3
Relaciona que la primera planta se conformaba por 2 locales comerciales independientes, 3 baños, 1
local con acceso privado al zaguán que conduce a las escaleras. Escaleras de acceso. Segunda planta:
un apartamento independiente que consta de 4 alcobas terminadas, una de ellas con baño privado,
sala-comedor, baño social, cocina, patio de ropas. Escaleras de acceso. Tercera planta: un
apartamento independiente, consta de sala-comedor, 4 alcobas, una de ellas con baño privado, baño
social, cocina, patio de ropas. Escaleras de acceso. Cuarta planta: una terraza descubierta y un
cuarto.
4
En adelante Catastro.
5
En adelante el IDU.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

Expuso que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 20661

de 25 de marzo de 2015, en el sentido de modificar el valor de

precio indemnizatorio en la suma de $283.283.098, con

fundamento en un nuevo avalúo presentado por Catastro

identificado con el núm. 2014-2907.

Adujo que el IDU no puso a su disposición inmediata la suma

ordenada en la Resolución núm. 20661 de 2015, toda vez que el

cheque fue entregado el 17 de junio de 2015, por la suma de

$273.863.991, previa realización de varios descuentos.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora afirmó que el IDU motivó falsamente los actos

acusados, particularmente el que determino el precio del inmueble

objeto de expropiación, habida cuenta que este se basó en avalúos

comerciales que no reflejan la realidad de su predio.

Indicó que se trasgredió el artículo 70, numeral 2, de la Ley 388 de

1997, toda vez que la demandada no puso a su disposición de

manera inmediata los dineros ordenados en Resolución núm. 20661

de 2015.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

Sostuvo que para efectos de determinar el precio indemnizatorio

del bien inmueble no debía tenerse en cuenta únicamente el avalúo

comercial del inmueble, pues conforme con lo previsto en los

artículos 67 y 68 de la Ley 388 de 1997 y lo considerado por la

Corte Constitucional en sentencia C-1074 de 2002, debían

ponderarse los intereses de la comunidad y del interesado para

establecer la indemnización y su forma de pago.

Explicó que la demandada trasgredió los postulados de

imparcialidad y de buena fe, toda vez que no pagó el valor de una

indemnización justa.

Manifestó que se trasgredió el artículo 68 de la Ley 388 de 1997,

dado que la indemnización no tuvo en cuenta sus intereses,

condiciones de salud, edad, ingresos y profesión.

Afirmó que el IDU pasó por alto que ya no podía laborar, que

subsistía de sus ingresos por arrendamiento, que carece de una

profesión y que su esposa es mayor de 50 años por lo que le es

difícil acceder a un empleo. En ese mismo sentido, señaló que dicha

entidad omitió verificar el tiempo que tardó en levantar la

construcción de su vivienda, no valoró que el precio de los

inmuebles en Bogotá ha incrementado significativamente y sostuvo

que el precio indemnizatorio se limitó a copiar el establecido en el

avalúo efectuado por Catastro.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

Citó una providencia de 24 de marzo de 20116 proferida por la

Sección Primera del Consejo de Estado en la que se hace referencia

a la trasgresión de la Declaración de los derechos del Hombre y del

Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa Rica, para

indicar que los actos demandados eran nulos, por cuanto no se dio

una indemnización previa y justa que cubra los perjuicios

ocasionados por la transferencia del dominio del bien inmueble que

era de su propiedad en favor del Estado.

Expuso que el IDU no tuvo en cuenta otro avalúo para establecer la

indemnización a pagar, pese a tener la posibilidad de realizar una

licitación pública para obtener otro concepto proveniente de un

perito que no fuera de Catastro y promediar los resultados.

Afirmó que se trasgredieron los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y

124 de la Constitución Política, toda vez que la demandada abuso

de su poder al tener en cuenta únicamente un avalúo realizado por

otra entidad distrital.

Indicó que se violó el artículo 22, numeral 7, del Decreto 1420 de

1998, pues se no se tuvo en cuenta que el inmueble debía

clasificarse como estrato 3 y no 2 y por cuanto en el avalúo

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont
Pianeta.

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elaborado por Catastro no se omitió la edad de los materiales, los

acabados y su vida útil.

Señaló que la demandada vulneró los artículos 23 y 37 de la Ley

1682 de 2014, habida cuenta que no pagó la totalidad de la

indemnización reconocida en los rubros de daño emergente y lucro

cesante.

Expuso que la demandada redujo ostensiblemente el valor justo

que debía pagarle al realizarle retenciones por las sumas de

$6.605.507 por enajenación de bienes raíces y 2.813.600 por otros

conceptos, empobreciéndolo sin justificación alguna.

I.4.- Contestación

I.4.1. El IDU señaló que el precio indemnizatorio fue fijado

teniendo en cuenta las características de inmueble expropiado, su

uso, tipo de construcción y demás condiciones particulares,

conforme con lo señalado en el informe técnico presentado por

Catastro.

Expuso que los descuentos tributarios efectuados se fundamentaron

en lo previsto en el artículo 401-2 del Estatuto Tributario, en lo que

tiene que ver con la retención en la fuente.

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Indicó que el precio reconocido a través de las resoluciones

demandadas fue justo pues tuvo en cuenta el valor del terreno sus

construcciones, el daño emergente y el lucro cesante calculados por

Catastro.

Afirmó que el hecho de que la administración no haya reconocido a

la parte actora el precio que ellos estiman es el justo no invalida el

establecido a través del avalúo practicado.

Insistió en que el precio indemnizatorio se calculó con fundamento

en la información aportada por el propietario del bien inmueble y el

avalúo comercial elaborado por Catastro, con fundamento en lo

previsto en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, documento

realizado por profesionales especializados e independientes con

amplia experiencia en el tema, respetando el principio de

imparcialidad, siguiendo los lineamientos establecidos en la

normatividad para fijar una indemnización justa.

Señaló que los actos administrativos demandados gozan de

presunción de legalidad y fueron expedidos por la autoridad

competente para ello, en los términos de los artículos 58 de la

Constitución Política; 38, numerales 3 y 4 del Decreto Ley 1421 de

1993; y 64 de la Ley 388 de 1997.

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Explicó que las resoluciones demandadas se fundamentaron en el

beneficio de los intereses de la comunidad y la primacía del interés

público sobre el particular, sin desconocer el derecho a la

indemnización que asiste al propietario del bien expropiado.

Manifestó que el avalúo técnico de Catastro que fundamentó los

actos acusados fue elaborado conforme con las reglas establecidas

en la Ley 1682 de 2013 y en la Resolución núm. 898 de 2014, y se

llevó a cabo en cumplimiento del contrato interadministrativo núm.

1321 de 2013.

Afirmó que dicho avalúo tiene vigencia de 1 año desde la fecha de

su expedición o aquella en que se decida su revisión o impugnación,

por lo que no había lugar a solicitar la realización de otro dictamen

con la misma finalidad con miras a revisar nuevamente el precio

indemnizatorio allí establecido.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2019, el Tribunal

denegó las súplicas de la demanda.

Para ello comparó el dictamen pericial aportado por la parte actora

con los avalúos 2014-00921 y 2014-2907 realizados por Catastro

respecto del inmueble objeto de litigio así:

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Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el avalúo por medio del

cual se fijó el precio indemnizatorio cumplía con los requisitos

establecidos en el artículo 10º de la Resolución núm. 620 de 2008,

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toda vez que aplicó los métodos de mercado y de costo de

reposición para establecer el valor comercial del inmueble.

Explicó que, para establecer el valor del inmueble, el avalúo oficial

tuvo en cuenta: (i) respecto del terreno: a) la reglamentación

urbanística vigente del inmueble objeto del avalúo; b) la

estratificación socioeconómica del bien; c) los aspectos físicos tales

como el área, ubicación, topografía y forma de la reserva vial; y d)

la dotación de redes primaria, secundarias y acometidas de

servicios públicos domiciliarios; y (ii) respecto de las

construcciones: a) el área de construcciones existentes autorizadas

legalmente; b) los elementos constructivos empleados en su

estructura y acabados; c) el estado de conservación física; d) la

vida útil de la de construcción y e) la funcionalidad del inmueble en

relación con el objeto para el cual fue construido.

Señaló que en el avalúo oficial también identificó físicamente el

predio exponiendo su localización, uso que se le estaba dando,

edad y estado de conservación. Además, informó que realizó una

visita el 30 de mayo de 2014.

Sostuvo que el avalúo aportado por el actor no cumplía con los

lineamentos técnicos previstos en el artículo 13 de la Resolución

núm. 620 de 2008, toda vez que no indicó la suma de los costos

directos, los costos indirectos, los financieros y los de gerencia del

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proyecto, en los que se debería incurrir para la realización de la

obra ni los volúmenes y unidades requeridos para la construcción,

desconociendo los parámetros fijados para aplicar el método de

costo de reposición, por lo que dicha estimación no desvirtuaba la

legalidad del avalúo oficial rendido por Catastro.

Afirmó que no se trasgredió el artículo 70 de la Ley 388 de 1997,

toda vez que de la revisión del expediente se desprendía que la

suma de dinero reconocida a título de indemnización fue puesta a

disposición del actor dentro de un término razonable, esto es, 2

meses después de que fue notificada la Resolución núm. 20661 de

2015.

Finalmente, condenó en costas a la parte actora.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

El actor señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el avalúo

aportado con la demanda se aplicaron los mismos métodos de

mercado y comparación, así como el de reposición, tal y como se

hizo en la estimación oficial de Catastro.

Manifestó que el avalúo que allegó al proceso comparó inmuebles

en metro cuadrado y en el sector correspondiente a la realidad del

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mercado por lo que este debía tenerse en cuenta para establecer el

precio justo del bien expropiado.

Indicó que el avalúo que aportó tomó en consideración la edad real

del inmueble, factor respecto del cual Catastro tuvo que modificar

el avalúo inicialmente presentado, situación que, a su juicio, le

resta credibilidad a dicha estimación.

Afirmó que, si bien el avalúo aportado no indicó la suma de los

costos directos, los costos indirectos, los financieros y los de

gerencia del proyecto, en los que se debería incurrir para la

realización de la obra ni los volúmenes y unidades requeridos para

la construcción, estos tampoco fueron señalados expresamente en

la estimación elaborada por Catastro.

Expuso que el Tribunal no tuvo en cuenta el dictamen pericial que

fue practicado dentro del proceso que también demostraba las

falencias del avalúo realizado por Catastro.

Adujo que no era cierto que el demandado hubiera identificado

físicamente el predio expropiado, toda vez que no aportó prueba de

haber realizado la correspondiente visita física la inmueble.

Afirmó que el Tribunal omitió lo considerado por la Corte

Constitucional en las sentencias C-1074 de 2002, C-476 de 2007 y

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C-227 de 2011, en las que sostuvo que para establecer el precio

indemnizatorio se debe consultar los intereses de la comunidad y

del afectado, respondiendo de manera razonable a los intereses del

último.

Insistió en que el precio pagado no era justo y que el Tribunal no

analizó las pruebas aportadas al proceso que demostraban que la

indemnización no fue tasada conforme a derecho.

Señaló que, a su juicio, no había lugar a efectuar descuento

tributario alguno al concepto de lucro cesante por cuanto su fuente

era el reconocimiento de unos cánones de arrendamiento.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La parte actora sostuvo que el avalúo aportado con la

demanda fue efectuado con los mismos lineamientos de mercado y

comparación usados por Catastro y en este se determinó que la

edad del inmueble era de 11 años, lo que demostraba el error de la

estimación oficial que había concluido una edad diferente, situación

que afectó directamente el reconocimiento económico de la

indemnización.

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Insistió en que con el dictamen pericial decretado dentro del

proceso se demostraron las falencias del avalúo oficial presentado

por Catastro.

Afirmó que no existe imparcialidad en los casos en que una entidad

descentralizada del Distrito presenta avalúos, máxime cuando no se

divulga públicamente cuáles fueron los valores a comparar en la

construcción.

Indicó que los avalúos realizados por Catastro proponen valores

irrisorios, mientras que el avaluó realizado por Sarmiento y Osorio,

allegado al proceso el 27 de septiembre de 2014, comprobó que se

pueden obtener valores distintos con los mismos parámetros

exigidos a la autoridad distrital.

Resaltó que la ley no “facultó a las entidades para otorgar algún

valor eso incluye valores de Lucro cesante y daño emergente que

también le delegaron a la UAECD, lo anterior y acorde a la ley 1682

de 2013 sustenta la integridad del valor mas no que el mismo sea

competencia del perito avaluador”.

Señaló que el recurso interpuesto tenía como finalidad obtener el

reconocimiento de una indemnización justa, toda vez que, a su

juicio, la reconocida en los actos demandados desconoció sus

derechos, en especial el de una vida digna.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

IV.2- El IDU guardó silencio7.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

Resolución núm. 20661 de 25 de marzo de 2015, “por la cual se

resuelve un recurso de reposición”, expedida por el IDU,

mediante la cual se modificaron los artículos 2°, 3° y 4° de la

Resolución núm. 4988 de 29 de enero de 2015, “por la cual se

ordena una expropiación por vía administrativa”, en la que se

dispuso la expropiación administrativa del inmueble de propiedad

del actor, ubicado en la calle 127B núm. 89-28 identificado con el

número de matrícula inmobiliaria 50N-20110446, para el cual se

fijó un precio indemnizatorio de $283.283.0988.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por

considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial que elaboró Catastro en el que se

fundamentó la resolución que modificó el precio indemnizatorio,

toda vez que el avalúo aportado con la demanda no cumplía con los

lineamientos técnicos establecidos en el artículo 13 de la Resolución

núm. 620 de 2008.

7
Conforme consta en el informe secretarial visible en el índice 16 del expediente digital.
8
Precio indemnizatorio establecido en la Resolución núm. 20661 de 25 de marzo de 2015.

20

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Adicionalmente, sostuvo que tampoco se había trasgredido el

artículo 70 de la Ley 388 de 1997, toda vez que de la revisión del

expediente se desprendía que la suma de dinero reconocida a título

de indemnización fue puesta a disposición del actor dentro de un

término razonable.

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de

apelación argumentando que, contrario a lo afirmado por el a quo,

el avalúo aportado con la demanda demostró que el precio

indemnizatorio reconocido a través de la Resolución núm. 20661 de

25 de marzo de 2015 no era justo.

Igualmente, sostuvo que el Tribunal no valoró el avalúo decretado

dentro del proceso el cual demostró las falencias en que incurrió la

estimación oficial de Catastro identificada con el número 2014-

2907 y que no había lugar a efectuar descuento alguno sobre el

lucro cesante reconocido.

Precisado lo anterior, la Sala considera necesario traer a colación

los criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 9 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 200910, aleccionó sobre los elementos que debe contener

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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la indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior

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significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni

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enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para

el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo 61

de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor

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comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en
relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo

que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el

segundo, además de comprender aquel, contiene el daño

emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que

merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que

permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio

técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado11.

El acto acusado

La Resolución núm. 20661 de 25 de marzo de 2015, “por la cual

se resuelve un recurso de reposición”, que fue la que estableció
11
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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el precio indemnizatorio del bien inmueble ubicado en la calle 127B

núm. 89-28, identificado con el número de matrícula inmobiliaria

50N-20110446, dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos segundo,
tercero y cuarto de la Resolución número 4988 del 29 de enero
de 2015, “por la cual se ordena una expropiación por vía
administrativa”, los cuales quedaran así:

ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
($283.283.098) MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye:

1. La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
($264.220.290) MONEDA CORRIENTE, por concepto de terreno
más construcción conforme el avalúo comercial No. 2014-2907
de fecha de 30 de diciembre del 2014, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital – Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.

2. La suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($4.994.808)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de daño emergente
conforme el avalúo comercial No. 2014-2907 de fecha de 30 de
diciembre del 2014, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital – Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica y el informe de
reconocimientos económicos de fecha 25 de marzo de 2015,
elaborado por el Grupo Económico de la Dirección Técnica de
Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

3. La suma de CATORCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL
PESOS ($14.068.000) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
lucro cesante conforme el informe técnico de avalúo comercial
No. 2014-2907 de fecha de 30 de diciembre del 2014,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital – Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos al señor LUIS
ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA.

ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
Cien por Ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
($283.283.098) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición del señor LUIS ARTURO BAUTISTA
CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
5.791.817, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición del señor LUIS ARTURO BAUTISTA
CASTAÑEDA, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 2 del artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo
copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización, en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.

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ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según Certificado de
Registro Presupuestal No. 4263 del 12 de noviembre de 2014 y
Certificado de Registro Presupuestal No. 1948 del 25 de marzo
de 2015, expedido por la Dirección Técnica Financiera -
Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la
Resolución No 4988 del 29 de enero de 2015, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo […]”.

Caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación de la siguiente manera:

• En cuanto a las inconformidades de la recurrente frente al
avalúo oficial 2014-2907 y la valoración del dictamen
aportado con la demanda

La recurrente estima que debe revocarse la decisión apelada, toda

vez que, a su juicio, el precio indemnizatorio establecido en la

Resolución núm. 20661 de 25 de marzo de 2015, no es justo,

habida cuenta que tuvo imprecisiones sobre la edad real del

inmueble, no indicó los rubros en que se fundamentó, no tuvo en

cuenta los intereses de la comunidad y del afectado y no respondió

de manera razonable a los intereses de este último.

Para acreditar lo anterior, sostuvo que el avalúo aportado con la

demanda se elaboró utilizando la misma metodología que aplicó

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
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Catastro solo que teniendo en cuenta la realidad del mercado para

establecer el precio justo del inmueble expropiado.

Frente a lo anterior, sea lo primero precisar que conforme con la

jurisprudencia reiterada de la Sección, el avalúo comercial forma

parte integral del acto administrativo que decreta la expropiación,

por lo que se encuentra amparado por la misma presunción de

legalidad y certeza que se predica de las decisiones definitivas de la

Administración, y debe tenerse como válido, creíble y

fundamentado, correspondiéndole a quien recurre, en este caso, al

demandante, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es

equivocado, para lo cual debe acreditar precisamente sus

incorreciones.

En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal

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cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el avalúo oficial

2014-2907 aplicó el método comparativo o de mercado con la

finalidad de establecer el valor del terreno conforme con lo

establecido en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, mientras

que para fijar el valor de las construcciones acudió al método de

costo de reposición previsto en el artículo 3° idem.

Igualmente, para la determinación de la indemnización del rubro de

daño emergente tuvo en cuenta los gastos en que debía incurrir el

actor con ocasión de la expropiación del inmueble y para el lucro

cesante el valor de los contratos de arrendamiento de cada piso del

inmueble por un lapso de 6 meses.

Ahora, de la revisión del avalúo aportado por la parte actora y

elaborado por Sarmiento y Osorio Soluciones inmobiliarias de 27 de

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septiembre de 2014, la Sala observa que en este se aplicó el

método de costo de reposición previsto en el artículo 3° de la

Resolución 620 de 2008, “Por la cual se establecen los

procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la

Ley 388 de 1997”, expedida por el INSTITUTO GEOGRÁFICO

AGUSTIN CODAZZI, que establece:

“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno […]”.

Por su parte, el artículo 13 idem, sobre la aplicación del método de

reposición, prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe entender
por costo total de la construcción la suma de los costos
directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del
proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos
para la construcción, se debe tener especial atención con los
costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
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naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.

PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante […]”.

Verificado el avalúo aportado por el actor, la Sala advierte que

efectivamente le asistió la razón al Tribunal cuando sostuvo que

no cumplía con los requisitos técnicos previstos en el artículo 13

anteriormente mencionado, toda vez que de su lectura no se

observa que haya señalado cuáles eran los costos directos, los

costos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en

los que se debía incurrir para la realización de la obra ni los

volúmenes y unidades requeridos para la construcción, sino que se

limitó a señalar que el valor de la construcción de la casa ubicada

en el inmueble expropiado correspondía a $400.784.000, sin

justificar debidamente dicha suma.

Asimismo, de la revisión del avalúo aportado con la demanda, se

advierte que se limitó a señalar que el precio comercial del

inmueble expropiado era superior al valor indicado en el avalúo

oficial, sin indicar cuáles eran los errores en que incurrió Catastro

al avaluar el inmueble, circunstancia que no resulta suficiente para

desvirtuar la legalidad del precio indemnizatorio establecido en los

actos administrativos demandados.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de

202512, sostuvo lo siguiente:

“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá
de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición
de los actos demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó
en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no
controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda
determinar que el avalúo comercial realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá es errado y no se encuentra ajustado a
las normas sobre avalúos., valga decir, no desvirtúa la
presunción de legalidad que los cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes, por ello la parte demandante
debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia
proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección13 […].” (la Sala destaca)
[…]”14

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo

13
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).

Por lo precedente, esta Sala considera acertada la decisión del

Tribunal al concluir que el avalúo aportado por el actor no logró

desvirtuar la presunción de legalidad de la estimación oficial 2014-

2907 elaborada por Catastro y, en consecuencia, no se acreditó en

el proceso que el precio indemnizatorio reconocido en la Resolución

núm. 20661 de 25 de marzo de 2015, fuera injusto, por lo que

dicho cargo no prospera.

• Reparos frente al dictamen pericial realizado por la perito
DIANA JUDITH ISAACS RAMÍREZ

El apelante estima que debe revocarse la decisión recurrida por

cuanto, a su juicio, el Tribunal no tuvo en cuenta el dictamen

pericial decretado dentro del proceso, rendido por la perito Diana

Judith Isaacs Ramírez que, en su criterio, demuestra los errores en

que incurrió el avalúo oficial elaborado por Catastro.

Al respecto, la Sala observa que, si bien el Tribunal no valoró en la

sentencia recurrida el dictamen pericial rendido por la referida

auxiliar de la justicia el 27 de julio de 2018, la realidad es que esta

prueba tampoco logra desvirtuar la presunción de legalidad del

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

avalúo oficial 2014-2907 rendido por Catastro por los siguientes

motivos:

En el dictamen rendido por la perito se afirma que en el avalúo del

bien inmueble expropiado se utilizó exclusivamente el método de

reposición establecido en el artículo 3° de la Resolución núm. 620

de 2008; sin embargo, de su revisión y de lo declarado por la

auxiliar de la justicia en la audiencia de contradicción del dictamen,

practicada el 26 de marzo de 2019, la Sala advierte que para

establecer el valor del metro cuadrado del terreno, se utilizó el

método de comparación o de mercado y la tabla de

depreciación fitto y corvini; y para el valor comercial de la

construcción se acudió a la tabla de depreciación fitto y corvini,

sin tener claridad de cómo se utilizó el método de reposición al caso

concreto y cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta

para ello, conforme con el artículo 13 idem, lo que resta credibilidad

a su dicho, debido a la confusión expresada al momento de

sustentar el dictamen.

Asimismo, el dictamen pericial decretado concluyó que los avalúos

núms. 2014-00921 y 2014-2907, rendidos por Catastro, no

cumplían con las normas técnicas para el establecimiento real del

precio del inmueble expropiado, por cuanto no se tuvo en cuenta

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

que su edad real era de 11 años y no de 20 como se señaló en los

actos acusados.

Al respecto, la Sala advierte que la conclusión de la perito resulta

errada, toda vez que de la lectura del avalúo oficial 2014-2907 se

desprende que en este se estableció que la edad aproximada del

inmueble es de 11 años con fundamento en la licencia de

construcción núm. 03-5-0485 de 9 de octubre de 2003, así:

Asimismo, la Sala observa que la perito, para rendir su dictamen,

tuvo en cuenta lo considerado por Catastro en el avalúo oficial

2014-00921 que señalaba que el predio tenía una edad aproximada

de 20 años; sin embargo, dicha estimación fue dejada sin efecto a

través del avalúo oficial 2014-2907, por lo que no es cierto que el

avalúo que fundamentó la Resolución núm. 20661 de 25 de marzo

de 2015 se hubiera equivocado en cuanto a la edad del inmueble

expropiado.

Por lo precedente, no prospera el cargo.

• En cuanto a los descuentos efectuados al lucro cesante.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

El recurrente señala que debe revocarse la decisión recurrida, por

cuanto, en su caso concreto, no había lugar a efectuar descuentos

al precio indemnizatorio reconocido, especialmente las deducciones

tributarias realizadas sobre el lucro cesante tasado.

Sobre la procedencia de los descuentos efectuados, la Sección

Primera, en sentencia de 27 de febrero de 202515, sostuvo lo

siguiente:

“[…] 108. Adicionalmente, el demandante cuestiona los
descuentos realizados por la entidad expropiante al momento
del pago “[…] como una retención del 2.5% por enajenación de
bienes raíces, más la suma del 20% de los ingresos que
perciben por lucro cesante […]”. La Sala considera, que el
asunto referido tiene que ver con deducciones realizadas al
momento del pago por parte de la Subdirección Técnica de
Tesorería y Recaudo en relación con la imputación contable, los
cuales corresponden a descuentos de ley, a cargo de quién
recibe las sumas de dinero.

109. Por un lado, la retención en la fuente del 2.5% se
configura cuando el comprador es una persona jurídica, de
acuerdo con el artículo 4 del Decreto 260 de 2001 modificado
por el artículo 1 del Decreto Nacional 2418 de 2013; y por el
otro, la retención en la fuente del 20% lucro cesante de
residentes, constituye un ingreso gravado según el
artículo 401-2 del Estatuto Tributario que señala: “[…]
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de
indemnizaciones diferentes a las indemnizaciones
salariales y a las percibidas por los nacionales como
resultado de demandas contra el Estado y contempladas
en los artículos 45 y 223 del Estatuto Tributario, estará
sometida a retención por concepto de renta […]. Si los
beneficiarios del pago son residentes en el país, la tarifa de
retención por este concepto será del veinte por ciento (20%)
[…]” (Destacado fuera de texto).

110. Para la Sala, no tienen vocación de prosperidad las
solicitudes realizadas por el demandante, de acuerdo con los

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 27 de
febrero de 2025. Proceso núm. 25000234100020150240201 M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

argumentos y las normas señaladas […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el presente

caso era dable efectuar la retención en la fuente del 20% al lucro

cesante, toda vez este corresponde a un descuento de ley,

conforme con lo previsto en el artículo 401-2 del Estatuto

Tributario, por lo que tampoco prospera el argumento expuesto por

la recurrente.

• Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez en el expediente no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado al actor, con ocasión de la

expropiación administrativa ordenada mediante las resoluciones

demandadas.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Costas procesales

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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-02260-01
Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18816 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP17, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo18, la Sala condenará a la parte apelante,

en los términos del numeral 3 del artículo 36519 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso20 y por las agencias en derecho21”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

16
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
17
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
18
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
19
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
20
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

41

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación22 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP23, la Sala se abstendrá de fijar agencias en

derecho, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que

el IDU no realizó gestión alguna dentro de esta instancia24.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2019,

proferida por la SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del
22
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
23
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
24
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia. Únicamente obra dentro del expediente un poder
visible en el índice 22 del expediente digital.

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Actor: LUIS ARTURO BAUTISTA CASTAÑEDA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que denegó

las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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