Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00268-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00268-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00268-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 05001233100020110026801
Demandante: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Expropiación por vía
administrativa – está sujeta a posterior acción contencioso
administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio
/ Justo precio de la indemnización expropiatoria – se
encuentra amparado por la presunción de legalidad de las
decisiones administrativas / Perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes
en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión.
I-. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1. En ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, y a través de apoderada judicial,
los señores Luz Adriana Gómez Gómez y Jaime Arturo Zuluaga Giraldo, en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad: María Isabel
Zuluaga Gómez y Jorge Luis Zuluaga Gómez, y también en representación de
los señores Daniel Esteban Zuluaga Gómez y Lina Marcela Zuluaga Gómez2,
según poderes generales conferidos, presentaron demanda en contra del Municipio
de Medellín con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1 Folios 2 a 20 y 188 a 193 C1.
2 Poder general conferido por Lina Marcela Zuluaga Gómez a Jaime Arturo Zuluaga Giraldo mediante escritura
pública núm. 901 de 17 de diciembre de 2010 de la Notaría 30 del Círculo Notarial de Medellín (folios 24 a 26
C1) y poder general conferido por Daniel Esteban Zuluaga Gómez igualmente a Jaime Arturo Zuluaga Giraldo
mediante escritura pública núm. 81 de 12 de enero de 2010 de la Notaría 15 del Círculo Notarial de Medellín
(folios 27 a 29 C1).
2
Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00268-01
Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
Que se declare la nulidad y restablecimiento del derecho, de los siguientes actos
administrativos:
1. Que se declare nula la Resolución Nro. 1323 del 02 de julio de 2010 “Por la
cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble con todas
sus mejoras y anexidades" distinguido en la nomenclatura urbana con el número
36 A-40 de la Calle 51, identificado con matrícula inmobiliaria Nro. 0 1 N-289764,
cuyos propietarios en común y proindiviso son el señor DANIEL ESTEBAN
ZULUAGA GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.128.394.142, con
un 25% del derecho real de dominio, LINA MARCELA ZULUAGA GÓMEZ,
identificada con cedula de ciudadanía N° 1.017.203.177, con un 25% del
derecho real de dominio y los menores MARIA ISABEL ZULUAGA GÓMEZ,
identificada con tarjeta de identidad N° 96021715570, con un 25% del derecho
real de dominio, y JORGE LUIS ZULUAGA GÓMEZ, identificado con tarjeta de
identidad N° 1001359390, con el restante 25% del derecho real de dominio,
cuya descripción, área y linderos según la escritura Pública N° 4.657 del 28 de
noviembre de 2003 otorgada por la Notaria Cuarta del círculo Notarial de
Medellín.
Que se declare nula la Resolución Nro. 1975 del 17 de agosto de 2010 “Por la
cual se resuelve un recurso de reposición contra la resolución Nro. 1323 del 02
de julio de 2010”.
Como consecuencia de lo anterior solicito:
1. El Restablecimiento del derecho o alternativamente que se modifique el valor
del precio indemnizatorio, ajustando el valor del inmueble al precio justo e
incluyendo el reconocimiento por el lucro cesante y el daño emergente
causados a JAIME ARTURO ZULUAGA GIRALDO, a sus hijos menores MAR-
LA ISABEL ZULUAGA GOMEZ y JORGE LUIS ZULUAGA GOMEZ y sus hijos
mayores LINA MARCELA ZULUAGA GOMEZ y DANIEL ESTEBAN ZULUAGA
GOMEZ
2. Solicitar al Municipio de Medellín pagar la indexación correspondiente, desde
la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago total de la indemnización
conforme lo autoriza el Artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
3. Reconocer el pago parcial, realizado el día 30 de agosto de 2010 por el ente
DEMANDADO a la respectiva obligación.
A los demandantes afectados se les ha ocasionado las afectaciones de carácter
patrimonial y sicológico que se discriminan a continuación, adicionales a las que
representa la privación del derecho de dominio:
UN DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO: representado en el acta de
conciliación llevada a cabo el 12 de noviembre de 2009, donde el señor JAIME
ARTURO ZULUAGA GIRALDO se obligó a pagar a favor de la señora ANGELA
DEL SOCORRO GIRALDO ARISTIZABAL, la suma de VEINTIUN MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 21.600.000.00) a causa del incumplimiento del
municipio de Medellín, ya que no realizó el pago de las propiedades objeto de
expropiación en el término oportuno.
UN DAÑO EMERGENTE FUTURO “...representado en el traslado del
establecimiento industrial INDURDALIZ que comprende las siguientes
propiedades ubicadas en la identificada con nomenclatura urbana Clle 51 Nro.
36 A-34, dos (2) con nomenclatura urbana Clle 51 Nro. 36 A-36, tres (3) con
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
nomenclatura urbana Clle 51 Nro.36 A-40 y cuatro (4) con nomenclatura urbana
Clle 51 Nro. 36 A-48, primero en arriendo, de las que aún no se ha ejecutoriado
el acto administrativo de expropiación, los costos de traslado y reacomodo de
maquinaria: cortadora de lámina, dobladora de lámina, horno y cabina de
pintura, equipo de pintura electrostática, mesa de corte de vidrio que mide 3.60
x 2.60, burros o muebles para cargar arrumes de lámina de vidrio, dos máquinas
cortadoras de hierro, cuatro troqueladoras, máquina de cortar aluminio, equipo
de video, voz y datos, planta telefónica, máquina de carpintería, mesas de
trabajo y estanterías, almacén, producto terminado, entre otros y equipo de
oficina:
Traslado: desmonte, cargue, transporte y descargue $11.387.200,00
Reinstalación de los equipos y sistema electrónico $56.227.000.00 Para un total
de $67.614.200.00 como lo ordenan los artículos 58 y 90 de nuestra Constitución
[…].
b) UN LUCRO CESANTE, representado en “...los beneficios que dejaba de
percibir, consistentes en ingresos internos y externos por la fabricación y venta
de vitrinas desde que se inició el procedimiento de negociación durante los
meses de agosto 30 de 2009 a diciembre 31 de 2009, dejó de percibir
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($23.640.000) y del
01 de enero a agosto 30 de 2010 TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL ($36.874.000) lo que equivale a dejar de percibir
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
($4.655.000) POR CADA MES. Adjunto balances elaborados por contador
público inscrito.
c) Los perjuicios morales y psicológicos ocasionados, a la familia ZULUAGA
GOMEZ se declare el pago por la vía de Restablecimiento que se estima en la
suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada
uno de los integrantes. Por la desintegración familiar que generó el
incumplimiento en la promesa del contrato de compraventa. Ya que el EDU,
teniendo conocimiento de la situación familiar, hizo que el DEMANDANTE
suspendiera sus labores de trabajo, lo que generó el incumplimiento en el
contrato.
d) Reubicación en un local semejante en cuanto a ubicación similar y tamaño
que le permita continuar ejerciendo su labor de comerciante.
1.1. Los hechos
2. Los hechos más relevantes que sustentan las pretensiones de la demanda son
los siguientes:
3. A comienzos del año 2009, el Municipio de Medellín, por intermedio de la Empresa
de Desarrollo Urbano, anunció que daría inicio a las diligencias tendientes a adquirir
mediante enajenación voluntaria o por expropiación administrativa, un inmueble
ubicado en la calle 51 No. 36 A-40 de Medellín, identificado con matrícula
inmobiliaria 01N-289764, «con una extensión superficiaria de 114 metros
cuadrados, con una construcción de 258.43 metros cuadrados de uso industrial de
dos pisos con mezanine», y cuyos propietarios en común y proindiviso eran Daniel
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
Esteban Zuluaga Gómez, Lina Marcela Zuluaga Gómez, María Isabel Zuluaga
Gómez, y Jorge Luis Zuluaga Gómez, en proporción de 25% cada uno.
4. El 9 de mayo de 2009, los demandantes radicaron ante la Empresa de Desarrollo
Urbano una comunicación mediante la cual informaron que en el predio funcionaba
la fábrica de vitrinas INDURDALUZ y, por ende, solicitaron que al elaborarse el
avalúo se tuviera en consideración su good will y demás intangibles, incluido un
registro de diseño industrial concedido por la Superintendencia de Industria y
Comercio, entre otros aspectos, solicitud que no fue respondida por la entidad.
5. Con la comunicación aludida se anexó, entre otros documentos, un contrato de
promesa de compraventa de un bien inmueble ubicado en la carrera 41 No. 60 A-
28, el cual fue destinado a la vivienda familiar de los demandantes. El valor del
inmueble se fijó en $120.000.000 y las partes pactaron una multa de $21.000.000
en caso de que no se perfeccionara el contrato de compraventa en la fecha fijada
para el efecto, a saber: el 27 de enero de 2010.
6. Mediante Resolución núm. 54 de 24 de septiembre de 2009, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar emitió concepto favorable para la venta de los
derechos que tenían los menores María Isabel Zuluaga Gómez y Jorge Luis Zuluaga
Gómez sobre el inmueble objeto de expropiación, así como para la compraventa de
la propiedad ubicada en la carrera 41 No. 60 A-28.
7. El 28 de enero de 2010, los demandantes fueron desalojados del predio objeto de
promesa de compraventa por haber incumplido lo acordado, situación que el señor
Jaime Arturo Zuluaga Giraldo puso en conocimiento de la Empresa de Desarrollo
Urbano.
8. El alcalde de Medellín expidió la Resolución núm. 229 de 12 de febrero de 2010,
por la cual formuló oferta de compra del predio de los demandantes, ubicado en la
calle 51 No. 36 A-40 de Medellín, identificado con matrícula inmobiliaria 01N-
289764, por valor de $124.141.920, por ser requerido para la construcción del
proyecto Parque Bicentenario, previsto en el Plan de Desarrollo del municipio de
Medellín 2008-2011 - Acuerdo núm. 16 de 2008. El valor de la oferta se fijó con
fundamento en el avalúo 2009-19-54 elaborado por la Corporación Avalúos.
9. Elseñor Jaime Arturo Zuluaga, mediante escrito con radicado núm.
201000005603 de 31 de marzo de 2010, expuso ante la Empresa de Desarrollo
Urbano su inconformidad con el avalúo determinado por la Corporación Avalúos.
10. El 6 de mayo de 2009, la Empresa de Desarrollo Urbano dio respuesta al señor
Jaime Arturo Zuluaga, informándole que no había lugar a modificar el avalúo.
11. El alcalde de Medellín expidió la Resolución núm. 1323 de 2 de julio de 2010,
mediante la cual decretó la expropiación por vía administrativa del inmueble de los
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
demandantes, fijando como precio indemnizatorio el determinado en la oferta de
compra.
12. Inconformes con el precio de la indemnización, los propietarios de los inmuebles
interpusieron recurso de reposición contra la Resolución núm. 1323 de 2 de julio de
2010, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. 1975 de 17 de agosto de
2010, en el sentido de no reponer la decisión.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
13. La apoderada de la parte actora aseguró que las Resoluciones núm. 1323 de 2
de julio de 2010 y núm. 1975 de 17 agosto de 2010, en cuanto acogieron el
justiprecio definido por la Corporación Avalúos, fueron proferidas con
desconocimiento del artículo 58 de la Constitución Política, el artículo 17 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el artículo 21.2
del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
14. En sustento de tal violación, argumentó que, de conformidad con las normas
citadas, los propietarios afectados con la decisión de expropiar por vía
administrativa un bien están facultados para demandar ante la jurisdicción
contencioso administrativa el reconocimiento y pago de los daños derivados de la
misma cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración
a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena,
esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial
del inmueble y los demás daños irrogados, con lo cual se quiere evitar una ruptura
del principio de igualdad frente a las cargas públicas.
15. Añadió que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
16. Aseveró que, en el caso concreto, el avaluó oficial fue realizado por el señor Juan
Camilo Franco Ferlin, funcionario de la Corporación avalúos, quien no cumplía con
los requisitos señalados en el artículo 8º del Decreto 1420 de 1998, que exige que
el avaluador tenga título profesional o 10 años de experiencia.
17. Asimismo, señaló que, en el avalúo, la Corporación Avalúos indicó que el precio
del inmueble se determinó como resultado de la aplicación del método comparativo
de mercado. Sin embargo, advirtió que, ni en el documento ni en sus anexos se hizo
mención de las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en
cuenta para hacer la comparación, como lo exige el artículo 10 de la Resolución
IGAC 620 de 2008, lo que permite concluir que el justiprecio fijado se encuentra
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
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18. Por lo demás, alegó que en el avalúo no fueron considerados factores como el
fácil acceso a múltiples medios de transporte público, el valor del terreno por metro
cuadrado, el valor de los locales, el mercado inmobiliario, el costo de inmuebles
similares en el mismo sector de igual destinación, la destinación económica del
inmueble, la compensación por la rentabilidad, servicios y las características del
predio expropiado.
2. Contestación de la demanda
19. El
apoderado del Municipio de Medellín contestó la demanda de manera
extemporánea, razón por la cual se tuvo por no contestada3.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
20. ElTribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, en
sentencia de 12 de mayo de 20154, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que sustentó, en síntesis, de la siguiente forma:
21. Precisó que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, a través
de la acción especial contencioso administrativa se puede solicitar la nulidad de la
decisión de expropiación administrativa y el consecuente restablecimiento del
derecho, o se puede controvertir el precio indemnizatorio, pretensiones que, según
la redacción de la norma, no son acumulables, de tal forma que se propondrá una
u otra.
22. En ese contexto, advirtió que, en el sub lite, si bien la parte actora solicitó la
nulidad de los actos administrativos demandados y el restablecimiento del derecho,
sus argumentos se encaminaron a cuestionar la indemnización fijada por el
Municipio de Medellín en los mismos.
23. Seguidamente, el Tribunal puso de presente que en el expediente reposa el
avalúo elaborado por la Corporación Avalúos sobre el predio ubicado en la calle 51
No. 36A - 40 de la ciudad de Medellín, de propiedad de los demandantes, en el cual
se basó la entidad demandada para determinar el valor de la expropiación.
24. Observó que, con el propósito de controvertir el precio indemnizatorio recibido,
la parte actora solicitó que se ordenara la práctica de un dictamen pericial, el cual
no se efectuó en razón de su propia inactividad, toda vez que no dio respuesta a los
requerimientos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para proceder
con la elaboración del avalúo requerido.
3 Folios 268 y 269 C1
4 Folios 293 a 301 C1.
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
25. Destacó que, encontrándose el proceso en la etapa de alegatos de conclusión,
los demandantes solicitaron que, de oficio, se decretara la práctica de la aludida
prueba, petición que fue denegada por el Despacho sustanciador en razón a que le
corresponde a la parte que alega la ilegalidad del avalúo oficial probar su
incorrección, carga procesal que no puede ser suplida por el juez, pues la facultad
oficiosa para decretar pruebas está instituida para dilucidar los puntos dudosos de
la litis, mas no para suplir la inactividad de las partes o para relevarlas de sus
deberes probatorios.
26. Expuso que la parte demandante se limitó a señalar que la entidad demandada
no tuvo en cuenta los precios de otras propiedades de similares condiciones para
hacer comparativos, sin allegar medios probatorios que permitan determinar que
para el inmueble expropiado debió reconocerse un precio superior.
27. En consecuencia, concluyó que la parte actora no logró demostrar que el avalúo
en el cual se basó el municipio de Medellín para la determinación del precio
indemnizatorio fuese incorrecto.
28. Asimismo, el a quo consideró que las pruebas allegadas para demostrar los
perjuicios por lucro cesante «no son suficientes ni tienen la claridad necesaria para
generar certeza en el Juez, al no ser valoradas por un profesional experto que
contabilice y soporte el total de los daños causados y alegados por los
demandantes».
29. En ese sentido, estimó que, no obstante estar establecido que en el inmueble
operaba un establecimiento de comercio, como se advirtió en el avalúo oficial, en el
plenario no está probado el monto aproximado que mensualmente recibieron los
propietarios durante el año anterior a la expedición del acto expropiatorio, «ya que
solo se aporta unos balances contables referentes a los ingresos percibidos, que
son insuficientes para probar este perjuicio, no observándose documentos tales
como los libros de comercio debidamente registrados de acuerdo a lo prescrito por
los artículos 58 a 60 del Estatuto Mercantil, u otros tales como la declaración de
industria y comercio por el último año gravable rendida ante la autoridad tributaria».
III.- RECURSO DE APELACIÓN
30. La apoderada de los demandantes presentó oportunamente recurso de apelación
solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda.
31. En sustento de su inconformidad, afirmó que, si bien es cierto que en primera
instancia no se pudo practicar el dictamen pericial solicitado en la demanda,
consistente en un avalúo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también
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lo es que en el expediente obran otras pruebas que demuestran que el valor del
inmueble expropiado debe ser incrementado.
32. Agregó que «[p]ese a que la sentencia de primera instancia manifiesta que este
dictamen no se pudo practicar por una presunta culpa de la parte demandante, lo
cierto es que sobre las labores previas que a la parte le correspondían para que se
llevara a buen término fueron cumplidas con total diligencia».
33. Solicitó
que, de conformidad con el artículo 361 numeral 2 del Código de
Procedimiento Civil, en segunda instancia se oficie al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi para que practique un avalúo sobre el bien expropiado.
34. Por otro lado, sostuvo que el acto administrativo de expropiación demandado es
ilegal por cuanto no incluyó dentro de la indemnización el valor de lucro cesante,
correspondiente a los ingresos permanentes derivados de las actividades
comerciales que desarrollaban los demandantes en el inmueble expropiado.
35. Aseveró que las operaciones comerciales que los demandantes ejercían, así
como los ingresos que percibían producto de las mismas quedaron plenamente
probados en el proceso a través de documentos aportados con la demanda, los
cuales, sin embargo, no fueron valorados por el Tribunal bajo el argumento, en su
criterio errado, de que los daños alegados no fueron contabilizados y soportados
por un experto. Tal consideración, cuestionó, conllevaría a establecer que «la
obligación de la parte demandante es la de aportar las pruebas documentales que
tenga en su poder y adicionalmente designar a alguien a instancias del proceso para
que las “contabilice” es decir para que haga una suma en una tabla de Excel o en
una calculadora».
36. Señaló que para demostrar el lucro cesante resultan suficientes las pruebas
documentales, de manera que no se requiere de la práctica de prueba pericial o
concepto técnico.
37. Alegó que «un juez no puede acusar de falta de claridad unos documentos por
el número o por la cantidad de datos numéricos que los mismos poseen pues es
deber constitucional del juez, de cara al debido proceso, realizar una valoración
probatoria de todos los documentos que se le pongan de presente y si se trata de
anotaciones de cantidades de dinero, es deber (sic) hacer los cómputos
correspondientes».
IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
38. Mediante auto de 22 de junio de 20155 se concedió el recurso de apelación
presentado por la apoderada de la parte actora.
5 Folio 308 C 1.
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
39. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 9 de junio de 20166 se
admitió el recurso de apelación.
40. El 18 de octubre de 2016, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que,
de considerarlo pertinente, rindiera concepto.
41. La apoderada de los demandantes presentó escrito de alegatos de conclusión a
través del cual, en síntesis, reiteró lo expuesto en la demanda y en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia7.
42. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Competencia
43. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 71 de la Ley 388 de
19978 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo sobre competencias
del Consejo de Estado, y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 9,
sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente
para conocer del presente asunto.
V.2.- Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
primera instancia, para lo cual, en los términos del recurso de apelación, deberá
analizar: i) si las pruebas que obran en el proceso desvirtúan o no el avalúo oficial
que sirvió de fundamento al Municipio de Medellín para la fijación del precio
indemnizatorio que reconoció por la expropiación administrativa ordenada mediante
los actos administrativos demandados y ii) si en el proceso está demostrado que a
los demandantes les asistía el derecho a obtener una indemnización del perjuicio
material en la modalidad de lucro cesante, en razón de los ingresos dejados de
percibir a causa de la expropiación administrativa.
6 Folios 4 a 9 C 2.
7 Folios 21 a 23 C 2.
8 5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, el cual decidirá
de plano, salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior
a un mes. La parte que no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento
antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia.
9 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
V.3. Análisis del caso concreto
45. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, en la
sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda por considerar
que la parte actora no demostró la incorrección del avalúo oficial que sirvió de
sustento al Municipio de Medellín para la fijación del precio indemnizatorio pagado
por la expropiación administrativa del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 01N-289764, ordenada a través de la Resolución núm. 1323 de 2 de
julio de 2010, confirmada mediante la Resolución núm. 1975 de 17 de agosto de
2010.
46. Asimismo, el a quo determinó que los demandantes no demostraron el perjuicio
por lucro cesante que adujeron haber sufrido, toda vez que no acreditaron el monto
de los ingresos mensuales que percibían durante el año anterior a la expropiación
administrativa, derivados de las actividades mercantiles que se desarrollaban en el
inmueble.
47. La parte actora interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la
decisión y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda aduciendo,
por un lado, que el precio indemnizatorio reconocido por el ente territorial
demandado no se ajusta al valor comercial que tenía el inmueble expropiado y, por
otro lado, que el lucro cesante sufrido por la expropiación está plenamente
demostrado.
48. Previo al análisis de los argumentos de inconformidad expuestos por la parte
actora, la Sala recuerda que el artículo 58 de la Constitución Política protege y
garantiza el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, siempre que su adquisición se haya ajustado a las
prescripciones del ordenamiento jurídico.
49. El inciso cuarto del citado precepto fue modificado por el Acto Legislativo núm. 1
de 30 de julio de 1999, norma que prescribe que, por motivos de utilidad pública o
de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa, que se fijará consultando los intereses de
la comunidad y del afectado y que, en los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso respecto del precio.
50. Como se advierte, en caso de conflicto entre el derecho a la propiedad privada y
el interés general, es este último el llamado a primar, razón por la cual el derecho
de propiedad debe ceder en procura de la satisfacción de los intereses de la
colectividad, lo que devela que no se trata de un derecho absoluto ni tampoco
intangible10.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-459 del 1º de junio de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00268-01
Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
51. En armonía con lo expuesto, el derecho a la propiedad privada puede ser limitado
cuando no cumple la función social o ecológica, cuando su adquisición quebrante
las normas que la sustenta o, incluso, cuando entra en conflicto con el interés
general, razón por la cual el constituyente y el legislador, en el marco de los
cometidos constitucionales, diseñaron diferentes instrumentos dirigidos a enervar
ese derecho por la ocurrencia de alguno de los supuestos mencionados.
52. Uno de tales instrumentos es el mecanismo de la expropiación, cuya regulación
legal se encuentra en la Ley 9 de 1989, normativa que desarrolla la expropiación
por vía judicial; en la Ley 388 de 1997, que modificó aquella en algunos
procedimientos de la expropiación judicial y reguló expresamente la expropiación
por vía administrativa, y en los artículos 451 a 459 del Código de Procedimiento
Civil, ahora 399 del Código General del Proceso, que contiene las disposiciones a
las cuales se encuentra sujeta la expropiación por vía judicial.
53. El artículo 71 de la referida Ley 388 de 1997 dispone que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial contencioso
administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido. Así, para debatir
el precio indemnizatorio no se requiere cuestionar la legalidad del acto
administrativo que lo determina, como en efecto ocurre en el sub lite, considerando
que las alegaciones de la parte actora están encaminados, en esencia, a que se
ordene el reajuste del precio indemnizatorio reconocido y pagado por la
administración.
54. En este contexto, a continuación la Sala procede analizar los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia:
I) El valor comercial del inmueble expropiado
55. La apoderada de los demandantes, al sustentar su inconformidad con la decisión
del a quo, sostuvo que el daño emergente consistente en el valor del inmueble
expropiado se debe incrementar con fundamento en las pruebas que obran en
expediente y el dictamen pericial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuya
práctica debería ordenarse en el curso de la segunda instancia.
56. En orden a resolver, la Sala destaca que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
dispone que el precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo
determinado por el Decreto Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre
avalúos expida el gobierno. La norma igualmente señala que el valor comercial se
12
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y,
en particular, con su destinación económica.
57. El Decreto 1420 de 1998 dispone que los avalúos comerciales de inmuebles que
se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos (artículo 25). Igualmente, el Decreto establece que cuando
las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más
de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine (artículo 26).
58. La Resolución IGAC 620 de 2008 define y precisa el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación e igualmente regula las etapas,
procedimientos y normas metodológicas para la realización.
59. En el caso sub examine, la Sala observa que el valor comercial de los predios
expropiados fue determinado mediante avalúo corporativo 2009-19-54 de 10 de
enero de 2010, elaborado por la Corporación Avalúos11. La Técnica de evaluación
utilizada para establecer el valor comercial del terreno fue el método de
comparación o de mercado, mientras que el valor de la construcción se obtuvo por
el método de reposición. La conclusión del informe rendido por la entidad
avaluadora es la siguiente:
11
Folios 77 a 90 C 1.
13
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
60. Con el fin de demostrar que el valor que arrojó el avalúo definido por la
Corporación Avalúos no corresponde con el valor comercial del inmueble, la parte
actora, en la demanda, solicitó «oficiar al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
CODAZZI-IGAC. Dirección Oficina Sede Central Bogotá - Carrera 30 N° 48-51
Conmutador 57-1-3694000 6 57-1-3694100 con la finalidad de que se practique un
avalúo sobre el bien objeto de expropiado».
61. No obstante, según lo sostuvo el a quo en la sentencia de primera instancia, la
prueba, cuya práctica se ordenó mediante providencia de 13 de septiembre de
201212, no fue practicada «por inactividad de la demandante, teniendo en cuenta
que no se dio respuesta a los requerirnientos realizados por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, para poder realizar el avalúo comercial».
62. Mediante providencia de 9 de junio de 201613, se negó la solicitud de decreto de
la aludida prueba en el curso de la segunda instancia por no configurarse la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 214 del CCA14, invocada por la parte actora.
Esto, en tanto que «en el expediente no obra información que permita concluir que
la parte interesada haya asumido la carga procesal establecida por el citado Tribunal
en auto de 14 de marzo de 2013, consistente en colocar en conocimiento de la
entidad designada, esto es, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la información
solicitada en oficio de 9 de noviembre de 2012 y puesta en su conocimiento
mediante auto de 14 de marzo de 2013 (fI. 271), acarreando como consecuencia
jurídica que el Tribunal Administrativo de Antioquia la entendiera como desistida».
12 Folio 268 C 1.
13 Folios 4 a 9 C 2.
14 ARTICULO 214. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Cuando se trate de apelación de sentencia, las
partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero
solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
[…].
14
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63. De lo expuesto se tiene que en el proceso no se practicó la prueba técnica
encaminada a desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo acogido en los actos
demandados debido a la conducta omisiva de la parte demandante.
64. Ahora bien, de la revisión del expediente la Sala advierte que no obra ningún otro
medio de convicción que soporte las afirmaciones de los demandantes relativas al
monto de la indemnización correspondiente al daño emergente por el precio del
inmueble materia de expropiación.
65. En este punto es pertinente resaltar que, de conformidad con el artículo 174 del
Código de Procedimiento Civil, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso y que, según el artículo 177 ibidem,
«incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen».
66. Bajo esa premisa legal, esta Corporación ha señalado que, en principio, le
corresponde a la parte demandante demostrar los hechos que dan sustento a sus
pretensiones cuando acude a la jurisdicción contencioso administrativo. Así se
señaló en sentencia de 18 de febrero de 2010:
[…]
La referida norma legal [artículo 177 CPC] desarrolla el tradicional aforismo de
acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio
qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante
el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende
determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las
normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la
prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al
demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos
fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si
aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir
será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en
cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos
fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus
excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir,
consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses 15. […]
67. En este escenario, viene al caso recordar que, en reiterada y pacífica
jurisprudencia, esta Sección ha sostenido que al incorporarse el valor del avalúo
oficial en el texto de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa,
debe entenderse que este se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración. Por lo
tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso judicial los
errores que se cometieron en dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de
2020, esta Sala expuso lo siguiente sobre el particular:
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 18 de febrero de
2010. Radicado: 19001-23-31-000-1997-01038-01(18076). M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
15
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[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que los
mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha incurrido
y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la administración conforme
las normas que regulan la materia […]16.
68. La Sección igualmente ha considerado que la determinación del valor comercial
del bien inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se requiere la
aplicación de los métodos previstos en las normas que regulan la materia, así como
la aplicación de distintos criterios y parámetros como la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente, la destinación económica del inmueble, los valores
unitarios para cada una de las construcciones del terreno, aspectos físicos, la clase
del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socio económica del bien
inmueble, las construcciones existentes17.
69. En suma, la carga de desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y
fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación administrativa recae en la
parte actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a cargo de la
dirección o decisión del proceso18.
70. En los términos que anteceden, al no obrar en el expediente ningún medio de
prueba idóneo que logre desvirtuar la legalidad de las resoluciones administrativas
enjuiciadas en lo atinente al precio indemnizatorio en ellas reconocido, dadas las
deficiencias probatorias antes advertidas, no existe ninguna fundamentación para
declarar la nulidad deprecada por la parte actora por ese aspecto.
71. Por consiguiente, la Sala estima que el planteamiento de disenso en análisis es
infundado.
II) El lucro cesante dejado de percibir por las actividades productivas
desarrolladas en el inmueble expropiado
72. La apoderada de los demandantes aseveró durante el proceso que los actos
administrativos demandados están viciados de nulidad por cuanto no incluyeron
dentro de la indemnización por la expropiación el perjuicio material por concepto de
lucro cesante, correspondiente a los ingresos dejados de percibir por las actividades
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre
de 2020. Radicado: 05001-2331-000-2007-00419-01. M.P.: Oswaldo Giraldo López.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de
2022. Radicado: 05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2022.
Radicado: 05001-23-31-000-2008-00035-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
mercantiles que desarrollaban en el inmueble de su propiedad antes de su
expropiación.
73. En el recurso de apelación, la apoderada argumentó que las operaciones
comerciales que los demandantes ejercían y el valor de los ingresos que se
percibían por las mismas fueron plenamente acreditados mediante las pruebas
documentales allegadas con la demanda. Sin embargo, cuestionó, que el Tribunal
se abstuvo de considerarlas, pues erróneamente estimó que la indemnización solo
incluía el precio del inmueble.
74. Señaló que, en ese sentido, «[e]l juez de primera instancia comete un grave error
al dejar de valorar los documentos que dan cuenta del lucro cesante obrantes a
folios 37 a 63 y que se soluciona con la realización de una suma en una tabla de
Excel con la anotación de todos los datos que figuran en los mencionados
documentos».
75. La Sala destaca que el numeral 6 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998
dispone que «[p]ara los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de
1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se
presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la
generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá
considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las
rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses».
76. En concordancia con el referido precepto, el artículo 21 de la Resolución IGAC
620 de 2008 dispone lo siguiente sobre los soportes de la estimación del monto de
las rentas o ingresos dejados de obtener:
Artículo 21º.- Cálculo del valor de la compensación debida por la afectación a
causa de una obra pública. La forma para calcular este valor será:
[…]
4. […] Para estimar el monto de la compensación de las rentas o ingresos que
se dejan de percibir por una limitación temporal o definitiva (numeral 6 del
artículo 21, Decreto 1420 de 1998) se deberán tener en cuenta:
• Las declaraciones para efectos tributarios.
• El balance contable que se presente para la Cámara de Comercio.
En caso de que la empresa no esté obligada a presentar ninguna de las
anteriores, deberá probar la utilidad neta del negocio de por lo menos los seis
meses anteriores, mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual
firmado por un contador público titulado, con matrícula profesional vigente.
Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan
establecido como período de compensación.
[…]
17
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77. De la disposición transcrita se tiene que, una vez se determina que el inmueble
se encuentra destinado a una actividad productiva, los documentos que deberán
tenerse en cuenta para determinar el monto de la compensación por rentas e
ingresos dejados de percibir por la afectación son, en principio, las declaraciones
para efectos tributarios y el balance contable que se presente ante la Cámara de
Comercio. Si el afectado no está obligado a presentar dichos documentos, deberá
acreditar la utilidad neta del negocio mediante un estado de pérdidas y ganancias
mensuales.
78. Ahora bien, en la medida en que no existe norma expresa sobre la forma de
indemnizar de manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios
causados a los propietarios de una expropiación por vía administrativa, esta
Sección ha considerado que, en aplicación del artículo 8° de la Ley 153 de
188719, debe acudirse a la regla establecida en el referido y transcrito numeral 6 del
artículo 21 del Decreto 1420 de 199820.
79. Es así como esta Sección ha reconocido la procedencia de perjuicios en la
modalidad de lucro cesante por rentas e ingresos dejados de percibir a causa de
expropiaciones administrativas, siempre que se demuestre en los términos previstos
en el artículo 21 de la Resolución IGAC 620 de 2008. Así se pronunció la Sala en
sentencia de 19 de abril de 2021:
[…] En este caso, el peritaje rendido durante el proceso judicial se basó en esas
normas y tuvo en cuenta la declaración de renta del año gravable 2009 y las
declaraciones del impuesto sobre las ventas (IVA) para el año 2010, para
efectos de calcular la utilidad dejada de percibir por la parte actora por un
periodo de 6 meses.
[…]
En consecuencia, contrario a lo manifestado por el tribunal, en el expediente sí
hay prueba que fundamenta el dictamen pericial, la cual da cuenta del lucro
cesante que dejó de percibir el demandante como consecuencia de la
expropiación administrativa de la cual fue objeto el inmueble de su propiedad.
Ahora, si bien es cierto, dentro de los soportes anexados a la pericia
practicada en el proceso judicial no obra la declaración de renta y
complementarios de personas naturales y asimiladas del año gravable
2009, la cual echa de menos el tribunal, la realidad es que, como se puso
de presente, a folio 333 del expediente la parte actora allegó esa
declaración.
Por los motivos anteriores, se concluye que el dictamen pericial practicado
durante el proceso judicial se fundamentó en las pruebas que permitían
19 Artículo 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen
casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de
2012. Radicado: 05001-23-31-000-2003-00977-01. M. P. (E): Marco Antonio Velilla Moreno.
18
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Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
determinar el valor del lucro cesante del actor como consecuencia de la
expropiación administrativa de su inmueble. Los parámetros en los cuales se
basó el peritaje y las pruebas que lo fundamentaron están acordes con las
exigencias normativas indicadas, razón por la cual, este dictamen no podía
ser desechado por parte del tribunal.21 […] (negrilla fuera de texto).
80. Precisado lo anterior, procede la Sala a examinar si, como lo aduce la parte
recurrente en el sub lite, en el expediente reposan pruebas documentales que
demuestran tanto las operaciones comerciales desarrolladas en el inmueble
expropiado como el monto de los ingresos que percibían por las mismas.
81. Sea lo primero señalar que, en el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos,
adoptado por la demandada como avalúo oficial, se señaló que el inmueble objeto
de expropiación estaba destinado a uso industrial y residencial. Igualmente, en el
expediente obra copia de certificado de registro mercantil de 10 de diciembre de
201022, que da cuenta de la existencia del establecimiento de comercio Indurdaliz,
ubicado en la calle 51 No. 36A-34, de propiedad de Jaime Arturo Zuluaga Giraldo y
cuya actividad comercial era la venta de vitrinas al por menor.
82. Revisados los documentos allegados con la demanda, se observa que se
relacionan con: contrato de promesa de compraventa sobre un inmueble que
pretendían adquirir los demandantes y audiencia de conciliación sobre dicho asunto,
comunicaciones dirigidas a la Empresa de Desarrollo Urbano informando sobre las
características de la fábrica de vitrinas Indurdaliz, acta de entrega de secuestro
DIAN sobre el predio ubicado en la calle 51 No. 36A-34 (bodega 1), relación de
gastos y costos por traslados a una nueva bodega, cálculo de producción y
rentabilidad de la fábrica Indurdaliz, relación de gastos personales mensuales del
señor Jaime Zuluaga Giraldo, resumen de diseño y estructura de producción y
oficinas de las bodegas 1, 2, 3 y 4 de la fábrica Indurdaliz, relación de costos de
traslado de maquinaria y equipos y solicitud de revisión de avalúo oficial.
83. Los relacionados documentos ‒algunos sin firma y otros suscritos por el señor
Jaime Arturo Zuluaga Giraldo‒, en nada demuestran los ingresos percibidos por los
actores por el funcionamiento del establecimiento de comercio Indurdaliz. De hecho,
no todos los documentos se refieren al predio expropiado, ubicado en la calle 51
No. 36 A-40.
84. En los folios 93 a 96 del expediente se encuentran, en el orden, copias de balance
general de 1º de enero a 30 de agosto de 2010, estado de resultados de 1º de enero
a 30 de agosto de 2010, balance general de 30 de agosto a 31 de diciembre de
2009 y estado de resultados de 30 de agosto a 31 de diciembre de 2009, suscritos
por contador público. Los documentos son los siguientes:
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de abril de
2021. Radicado: 25000-23-24-000-2011-00240-01. M. P.: Oswaldo Giraldo López.
22 Folio 91 C1.
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85. En criterio de la Sala, los documentos relacionados no permiten estimar de
manera clara, precisa y detallada las rentas o ingresos que dejaron de percibir los
demandantes como consecuencia de la expropiación administrativa de la cual fue
objeto el inmueble de su propiedad.
86. Lo anterior, por cuanto ninguno de los documentos aportados indica, establece y
sustenta cuál fue el monto de los ingresos percibidos por los demandantes en
calidad de propietarios del predio ubicado en la calle 51 No. 36 A-40, identificado
con matrícula inmobiliaria No. 01 N-289764.
87. Cabe anotar que los balances generales no se acompañaron de la constancia de
su presentación en la Cámara de Comercio y que no se allegó la declaración de la
renta, como lo exige el artículo 24 de la Resolución IGAC 620 de 2008.
88. Por su parte, los estados de resultado del año gravable 2009 ‒anterior a la
expropiación‒ no reportan ingresos sino que, por el contrario reflejan pérdidas netas
de «23.440» (imagen 4).
89. En todo caso, a juicio de la Sala, dada la naturaleza del daño, la estimación y
cuantificación del lucro cesante por la pérdida de utilidad económica por inmuebles
destinados a actividades productivas, así como el examen de los documentos que
sustentan el daño, conlleva un análisis especializado, como lo consideró el juez de
primera instancia.
90. Aunado a lo anterior, se observa que, en la demanda los actores señalaron que
«INDURDALIZ fábrica de vitrinas ha adquirido herramientas para ejecutar ventas a
nivel nacional e internacional para lo cual adquirió bodegas: uno (1) identificada con
nomenclatura urbana Clle 51 Nro. 36 A-34, dos (2) con nomenclatura urbana Clle
51 Nro.36 A-36, tres (3) con nomenclatura urbana Clle 51 Nro. 36 A-40 y cuatro (4)
con nomenclatura urbana Cll 51 Nro.36 A-48, primero en arriendo y luego por
compra».
91. En comunicación de fecha 26 de mayo de 2009 dirigida a la EDU (fls. 42 y 43),
el señor Jaime Arturo Zuluaga indicó que «INDURDALIZ fábrica de vitrinas tiene un
área de 656 mts cuadrados y diseñada su estructura de producción, contabilidad
y costos; patentes de diseño industriaI y una capacidad de producción de $
300'000.000 mensuales» (negrilla fuera de texto).
92. En el folio 49 del expediente, se encuentra el siguiente documento, aportado con
la demanda:
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93. En el certificado de registro mercantil aportado se evidencia que el
establecimiento de comercio estaba ubicado en la calle 51 No. 36A-34, siendo el
predio expropiado el que se ubicaba en la calle 51 No. 36 A-40.
94. De lo anterior se desprende que en el predio que fue materia de expropiación
funcionaba una de las cuatro bodegas del establecimiento Indurdaliz (bodega 3), es
decir, tan solo una parte de la fábrica de vitrinas, lo que implica que, en caso de
demostrarse el daño aducido por concepto de lucro cesante, sería necesario
determinar la proporción de la afectación por la expropiación que es objeto de
debate, así como el nexo causal.
95. Todo lo expuesto permite establecer que no existe certeza sobre la ocurrencia
de los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio y su valor representativo
y, por ende, tampoco se puede evidenciar el nexo de causalidad entre el perjuicio
alegado y la expropiación decretada.
96. Sobre el particular, esta Sección ha precisado que el carácter resarcible del daño
depende, fundamentalmente, de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las
lesiones de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto de reparación o
compensación. El agravio debe estar revestido de certeza para que produzca
efectos jurídicos y de lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una
simple conjetura o una suposición no puede generar una indemnización23.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 16 de febrero de 2017.
Radicado: 05001-23-31-000-2007-00379-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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97. Resulta oportuno traer a colación la sentencia proferida por esta Sección el 14
de mayo de 200924, en la cual, en relación con el alcance de lo dispuesto en el
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 17 de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el artículo 21.2 del Pacto de
Derechos Económicos y Sociales o Pacto de San José de Costa Rica y el artículo
71 numeral 6 de la Ley 388 de 1997, consideró lo siguiente en relación con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias:
[…] [C]uando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una
porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social
debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una
indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el
valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma
reiterada la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.[…]
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar
un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de
indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar
por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los
límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado
de justicia consagrado por el constituyente. […]
Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los
daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación,
es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista
necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión
administrativa mediante la cual se decretó la expropiación. (negrillas fuera
de texto).
98. En síntesis, en casos como el que se analiza, para acreditar el lucro cesante no
basta con demostrar que el inmueble expropiado se encuentra destinado a una
actividad productiva, sino que resulta indispensable estimar y acreditar el monto de
las rentas e ingresos dejados de percibir, ello, según las normas aplicables, a través
de las declaraciones para efectos tributarios y el balance contable que se presente
a la Cámara de Comercio o, en su defecto, mediante un estado de pérdidas y
ganancias mensual, carga probatoria que no cumplió la parte actora en el asunto
sub examine.
99. Cabe anotar que la recurrente sostuvo que el a quo cometió un grave error al
abstenerse de valorar los documentos referidos, y que a su juicio dan cuenta del
lucro cesante, pues sus falencias se solucionan con «la realización de una suma en
una tabla de Excel con la anotación de todos los datos que figuran en los
mencionados documentos».
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de
2009. Radicado: 05001-23-31-000-2005-03509-01. M.P.: Rafael Enrique Ostau de Lafont.
26
Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00268-01
Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
100. Al respecto, se reitera que, a la luz de las normas procesales aplicables al caso,
en los procesos que cursan en la jurisdicción contencioso administrativa, quien
pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las
normas en que se ampara, de manera que la parte demandante tiene la carga de
probar los hechos que sustentan sus pretensiones.
101. Bajo las anteriores premisas, la Sala considera que el a quo no incurrió en el
error que por indebida valoración de las pruebas sobre el lucro cesante le endilgó la
parte recurrente y que, en efecto, no quedó demostrada la pérdida de utilidad
económica percibida por los demandantes por el bien inmueble expropiado.
102. En conclusión, la parte actora no logró desvirtuar en el proceso el avalúo
practicado y, por consiguiente, no desvirtuó la presunción de legalidad que cobija
los actos administrativos demandados que acogieron dicho avalúo, razón por la cual
se confirmará la sentencia apelada.
103. Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala
considera que no se configuran los presupuestos para que la parte actora sea
obligada al reconocimiento de las mismas, en tanto no se observa en su proceder
un actuar doloso o temerario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de mayo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
27
Radicado: 05-001-23-31-000-2011-00268-01
Actor: Luz Adriana Gómez Gómez y otros
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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