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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00033-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00033-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre de 2023. Radicado 05001233100020110026801. M. P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Núm. único de radicación: 050012331000 2012-00033 01 Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2012-00033-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 050012331000 2012 00033 01
Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas
Demandado: Municipio de Medellín

Asunto: Reiteración Jurisprudencial - Carga de la prueba respecto de la
incorrección del precio indemnizatorio, del daño emergente y lucro cesante
causados como consecuencia de la expropiación por vía administrativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 16 de febrero de 2017 por la Sala
Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda2

1. El señor Jenaro de Jesús Restrepo Arenas3, en adelante la parte demandante,
presentó demanda contra el Municipio de Medellín, en adelante la parte

1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
2 Cfr. folios 1 a 69
3 Por intermedio de apoderado

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Núm. único de radicación: 050012331000 2012-00033 01
Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista
en el artículo 71 de la Ley 388.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución
SHADQ2768 del 9 de junio de 2011 por medio de la cual se fijó en la suma de
doscientos ochenta y cinco millones treinta y ocho mil trescientos pesos
($285.038.300,00) el precio indemnizatorio por la expropiación por vía administrativa
que se decretó sobre el inmueble de propiedad de JENARO DE JESÚS RESTREPO
ARENAS, que se describe en el hecho PRIMERO de esta demanda, al cual le
correspondía el folio de matrícula inmobiliaria N° 001-388494 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución SHADQ2956 de agosto 17 de
2011, por medio de la cual se resuelve “NO REPONER la Resolución SHADQ2768”
[…]”

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] TERCERA. Que se declare que el valor comercial de los inmuebles objeto de
expropiación era de quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos cinco mil
seiscientos setenta y siete pesos ($538.405.677,00) a valores del mes de junio de
2011 o lo que determine el dictamen pericial.

CUARTA. Que se declare que por concepto de daño emergente y lucro cesante
derivados de la expropiación, al demandante se le debió haber reconocido la suma
de cien millones de pesos ($100.000.000,00), los cuales aumentan el valor del precio
indemnizatorio en un total de seiscientos treinta y ocho millones cuatrocientos cinco
mil seiscientos setenta y siete pesos ($638.405.677,00).

QUINTA. Que para restablecer el derecho vulnerado y como consecuencia de las
anteriores declaraciones se condene al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a pagar a favor
de la demandante la suma de la suma (sic) de trescientos cincuenta y tres millones
trescientos sesenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos ($353.367.377,00)
que es el valor resultante de la diferencia entre el precio indemnizatorio real y el precio
indemnizatorio reconocido por el demandado.

SEXTA. Que las sumas a las que sea condenado el Municipio de Medellín se
actualicen teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor entre
el mes de junio de 2011 y la fecha de la sentencia.

SÉPTIMA. Que se condene al Municipio de Medellín a pagar, a título de lucro cesante,
intereses de mora entre el momento en que se declaró la expropiación y la fecha de
la sentencia, calculados a la máxima tasa de interés moratorio comercial o en subsidio
a la tasa del interés bancario corriente (intereses comerciales ordinarios).

OCTAVA. Que se orden dar cumplimiento a la sentencia en los términos y
condiciones de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

NOVENA. Que se condene a la parte demandada a pagar la totalidad de las costas y
agencias en derecho que se causen en virtud del presente proceso […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones4:

4.1. La parte demandante era propietario de un bien inmueble, ubicado en el
Municipio de Medellín y conformado por una casa, a la cual le corresponde el folio
de matrícula inmobiliaria núm. 001-388494.

4.2. Metroplús S.A. formuló la oferta de compra del bien inmueble mediante la
Resolución APR núm. 0016 de 14 de febrero de 2011, adicionada por la Resolución
APR núm. 081 de 4 de abril de 2011 y fijó el precio indemnizatorio en doscientos
ochenta y cinco millones treinta y ocho mil trescientos pesos ($285.038.300,00).

4.3. Metroplús S.A. fijó el precio indemnizatorio con fundamento en el avalúo
comercial núm. MP05 de 15 de diciembre de 2010, elaborado por la Corporación
Avalbienes.

4.4. El avalúo núm. MP05 de 15 de diciembre de 2010 no indicó las operaciones,
transacciones inmobiliarias o avalúos recientes que fundamentaron el cálculo para
fijar el valor comercial del bien inmueble; asimismo, este carece de soportes
técnicos y probatorios.

4.5. La parte demandada, mediante el acto administrativo acusado, dispuso la
expropiación por vía administrativa del bien inmueble y fijó el precio indemnizatorio
global en doscientos ochenta y cinco millones treinta y ocho mil trescientos pesos
($285.038.300,00).

4.6. La parte demandada le notificó a la parte demandante el acto administrativo
acusado mediante “[…] edicto que se desfijó en agosto 1 de 2011 en las
instalaciones de METROPLÚS S.A. y no en las del Municipio de Medellín […]”5.

4 Cfr. folios 1 a 67
5 Cfr. Folio 4

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

4.7. La parte demandante interpuso recurso de reposición contra el acto
administrativo acusado para que se modificara el valor del precio indemnizatorio, de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado; los argumentos de la
impugnación consistieron en que “[…] el avalúo carece del señalamiento de “cuáles
fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se
tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación”; que adicionalmente éste
no refleja el valor comercial del inmueble expropiado; que el avalúo tiene más de un
año de expedido; que no se tuvo en cuenta el costo de una empresa en marcha que
funciona en el inmueble expropiado; que no se reconoce el daño emergente y el
lucro cesante y que existe una falsa motivación del acto administrativo […]”6.

4.8. La parte demandada confirmó el acto administrativo objeto del recurso de
reposición y notificó esta decisión mediante un edicto desfijado el 12 de septiembre
de 2011.

4.9. La parte demandada pagó a la parte demandante el valor del precio
indemnizatorio.

4.10. De acuerdo con el dictamen pericial realizado por el señor Francisco León
Ochoa Ochoa, el bien inmueble objeto de expropiación tenía un valor comercial, a
la fecha en que quedó ejecutoriado el acto administrativo acusado, de quinientos
treinta y ocho millones cuatrocientos cinco mil seiscientos setenta y siete pesos
($538.405.677,00) y el daño emergente y el lucro cesante correspondían a cien
millones de pesos ($100.000.000).

Normas violadas

5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 61 y 67 de la Ley 388.

Concepto de violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:

6 Cfr. Folio 4

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5

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

Primer cargo: Violación de las normas sustantivas en las cuales debía
fundarse la decisión

6.1. Indicó que el valor del precio indemnizatorio debe corresponder al valor
comercial del bien inmueble objeto de expropiación, de acuerdo con los artículos 61
y 67 de la Ley 388.

6.2. A su juicio, la parte demandada violó “[…] las normas sustantivas en las
cuales debía fundarse su decisión al ofrecer y expropiar el inmueble por un valor
diferente al valor comercial del mismo, pues fijó el precio de la negociación en una
cifra que difiere significativamente del valor comercial del mismo, tal como se narró
en los hechos de esta demanda […]”7.

Segundo cargo: Falsa motivación

6.3. Afirmó que la parte demandada incurrió en falsa motivación porque tuvo en
cuenta un valor que no coincide con el comercial; además, omitió reconocer el daño
emergente y el lucro cesante.

Tercer cargo: Desviación de poder

6.4. Manifestó que la parte demandada incurrió en desviación de poder “[…]
puesto que la competencia que se le otorga a los Municipios para decretar
expropiaciones debe ejercerse garantizando que al propietario se le pague un precio
justo por el bien expropiado; en el presente caso vemos que el Municipio no respetó
los fines para los cuales se le otorgó la competencia […]”8.

6.5. Sostuvo que, en el caso sub examine, el problema jurídico está relacionado
con el valor comercial del bien inmueble objeto de expropiación y con el concepto
del precio indemnizatorio, teniendo en cuenta que el avalúo carece de fundamentos
técnicos.

7 Cfr. Folio 7
8 Cfr. Folio 7

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

6.6. Destacó que los avalúos que realizó la Corporación Avalbienes, en la misma
fecha en que se adelantó el proceso de expropiación de la referencia, eran
irregulares y, por ello, fueron corregidos.

Cuarto cargo: La situación actual de la jurisprudencia constitucional

6.7. La parte demandante le solicitó al Tribunal que tuviera en cuenta la sentencia
C - 476 de 2007 de la Corte Constitucional, sobre la expropiación, los fundamentos
constitucionales de la indemnización justa, así como el deber de reconocer los
perjuicios en estos casos.

6.8. Asimismo, citó la sentencia C-1074 de 2002 de la Corte Constitucional, sobre
la indemnización en las expropiaciones.

6.9. Sobre el proceso administrativo de expropiación, destacó lo siguiente:

“[…] Cabe resaltar que en el numeral 2° del artículo 68 de la Ley 388 de 1997 al
enunciar los elementos que debe contener el acto administrativo motivado mediante
el cual se decide la expropiación, el Legislador aludió exclusivamente al “valor del
precio indemnizatorio y la forma de pago” sin hacer mención al avalúo comercial del
inmueble como si (sic) lo hizo en el artículo 67 de la misma Ley, lo que muestra que
el legislador estableció para esa etapa unos presupuestos claramente diferentes a los
de la etapa de oferta y negociación en los que se toma como base dicho avalúo.

Fracasada la negociación corresponde a la administración al momento de decidir la
expropiación mediante un nuevo acto administrativo efectuar la fijación de la
indemnización previa a que alude el artículo 58 superior “consultando los intereses de
la comunidad y del afectado” fijación que necesariamente no se limita a la reiteración
del avalúo comercial que sirvió de base para la negociación que no pudo concretarse.

Dado que se trata de un acto motivado, la administración, previa audiencia del
interesado según las reglas generales del Código Contencioso Administrativo
aplicables para el caso de actos de carácter particular que afectan a los particulares,
debe hacer una exposición razonada no solamente de los motivos de utilidad pública
o de interés social y de las condiciones de urgencia que se hayan invocado para
justificar la expropiación, sino también del valor del precio indemnizatorio y de la forma
de pago del mismo.

[…]

No puede afirmarse entonces que en el caso de la expropiación por vía administrativa
el único valor que puede tomarse en cuenta por la administración para efectos de
determinar el precio indemnizatorio que se pagará a los propietarios del bien
expropiado sea el avalúo comercial […]”9.

9 Cfr. Folio 16

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

Contestación de la demanda10

7. El Municipio de Medellín11 contestó la demanda, y se opuso a las
pretensiones de la parte demandante, así:

Respecto a los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7.1. Indicó que expidió el acto administrativo acusado con fundamento en la Ley
388 y que el avalúo comercial cumplió con los requisitos previstos en el Decreto
1420 de 24 de julio de 199812 y en la Resolución núm. 620 de 23 de septiembre de
200813, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

7.2. Frente a los argumentos de la parte demandante a la oposición al avalúo,
afirmó que, “[…] al resolver el recurso de reposición del acto que decidió la
expropiación del inmueble, se dio una respuesta amplia y fundamentada en la
información suministrada por la Corporación Avalbienes […]”

7.3. Indicó que el acto administrativo cumplió con los requisitos previstos en la ley
y la actuación administrativa no fue discrecional, sino que estuvo guiada por la
normativa que regula la expropiación.

7.4. Destacó que el Consejo de Estado ha considerado que para que proceda el
restablecimiento en estos casos es necesario que se acredite el daño emergente y
el lucro cesante, así como la incorrección del avalúo.

7.5. Afirmó que la parte demandante no logró desvirtuar o probar que en el avalúo
efectuado se presentarán errores.

8. La parte demandada propuso las siguientes excepciones:

8.1. Falta de causa para pedir, toda vez que los actos administrativos acusados
son legales y el precio indemnizatorio es justo.

10 Cfr. Folios 139 a 168
11 Por intermedio de apoderada.
12 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley

2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
13 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de

1997”

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

8.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que
Metroplús S.A. se encargó del trámite administrativo y la Corporación Avalbienes
elaboró el avalúo.

8.3. Inepta demanda, en atención a que no demandó todos los actos
administrativos relacionados con el proceso de expropiación administrativa.

9. La parte demandada le solicitó al Tribunal que decretara pruebas
testimoniales sobre la forma como fue practicado el avalúo, así como el método y
los demás elementos relacionados con este. Asimismo, aportó las copias del
convenio interadministrativo núm. 01 de 2005 celebrado entre la parte demandada
y los municipios de Envigado e Itagüí y Metroplús S.A.

Llamamiento en garantía

10. La parte demandada llamó en garantía14 a Metroplús S.A. porque esa
sociedad llevó a cabo los trámites para la adquisición de los bienes inmuebles objeto
de expropiación, en el marco del convenio interadministrativo núm. 01 de 2005 y del
Decreto 2335 de 13 de noviembre de 200515, expedido por el Municipio de Medellín.

11. Asimismo, destacó que Metroplús S.A. y la Corporación Avalbienes
celebraron el contrato núm. 53 de 2010, con el objeto de elaborar los avalúos de los
bienes inmuebles objeto de expropiación.

Sentencia apelada16

12. La Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia proferida el 16 de febrero de 2017, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. SE DECLARA no probada la excepción de inepta demanda
propuesta por la entidad demandada, de acuerdo con lo expuesto en el aspecto previo
de esta providencia.

SEGUNDO. SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
consideraciones que anteceden.

14 Cfr. Folios 149 y 150
15 “Por medio del cual se efectúa unas delegaciones en materia contractual”
16 Cfr. folios 340 a 358

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

TERCERO. NO PROSPERA la objeción por error grave contra el dictamen practicado
en el proceso, presentada por la parte accionada, por lo esgrimido en la parte motiva.

CUARTO. SIN CONDENA EN COSTAS para la parte vencida.

QUINTO. Ejecutoriada esa decisión, ARCHÍVESE el expediente. […]”

Consideraciones de la sentencia proferida en primera instancia

13. El a quo al resolver el problema jurídico planteado consideró necesario referirse
a la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley
388 y a las excepciones, así:

Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

14. Indicó que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva no está
llamada a prosperar comoquiera que la parte demandada expidió los actos
administrativos acusados y “[…] además de ser la facultada por la Ley para llevar a
cabo el proceso de expropiación que nos ocupa, por lo que era a éste quien
correspondía verificar que el mismo se adelantara en debida forma […]”17.

15. Refirió que la parte demandada llamó en garantía a Metroplús S.A., solicitud
que fue admitida, pero teniendo en cuenta que, ésta no realizó las diligencias
necesarias para la notificación de la mencionada decisión, el a quo mediante
providencia de 11 de marzo de 2013, reanudó el proceso sin la vinculación de la
sociedad, e indicó que “[…] la calidad que pudo fungir Metroplús S.A. en estas
diligencias, era la de garante del ente territorial, en virtud de la responsabilidad
contractual que pudo haber surgido por la ejecución del Convenio
Interadministrativo N° 1 de 2005 y sus posteriores adiciones y reformas […], y no la
litisconsorte necesario por pasiva […]”.

16. Y en ese sentido, concluyó que “[…] es al ente territorial demandado a quien
corresponde resistir las pretensiones del libelo, es factible adentrarse a la solución
del problema jurídico […]”.

Respecto de los cargos de violación de las normas sustantivas en las cuales
debía fundarse la decisión, falsa motivación y desviación de poder

17 Cfr. Folio 347 vto

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17. Sostuvo que, de acuerdo con la Ley 388, la administración tiene la obligación
de pagar una indemnización al propietario del bien inmueble objeto de expropiación,
en el marco de la justicia y equidad; por ello, el precio indemnizatorio debe ser
proporcional al uso y a la destinación del bien inmueble.

18. Afirmó, con fundamento en los artículos 67 y 68 de la Ley 388, que la
administración debe determinar, mediante un estudio, el valor comercial del bien
inmueble y que su propietario tiene la facultad de controvertir el precio
indemnizatorio, sin embargo, le asiste la carga de demostrar su incorrección.

19. Destacó que la parte demandante solicitó en el proceso judicial un dictamen
judicial, el cual fue decretado y practicado en el proceso. Sobre el particular señaló:

“[…] se determinó que el predio ubicado en la carrera 52 N° 29 AA – 40 (piso 1°) y en
la carrera 52 N° 29 AA – 38 (pisos 2° y 3°) del barrio Guayabal de la ciudad de
Medellín, tenía un valor comercial de $487.880.602,50 para el año 2011; asimismo,
estableció la suma de $16.338.271,04 por concepto de lucro cesante consolidado, y
la suma de $2.684.620.619,59 por concepto de lucro cesante futuro. […]”.

20. Indicó que la parte demandada presentó objeción al dictamen por error grave,
el cual ase desestimó toda vez que, consideró que el contenido del dictamen no
desbordó el objeto de la prueba, por encontrar que el perito: i) procedió de
conformidad con lo solicitado en la demanda; ii) determinó el valor comercial del
inmueble y los perjuicios de índole material ocasionados a la parte demandante; y
iii) no se observaron apreciaciones subjetivas en la información suministrada.

21. Sin embargo, precisó que en el escrito de objeción hubo argumentos los
cuales dieron cuenta de la falta de certeza de las conclusiones a las que se llegó en
la prueba técnica, entre los cuales resaltó:

“[…] Con la experticia se allegaron fotografías de la estación Industriales del
Metroplús, la que lógicamente no existía para el momento de la expropiación, luego,
debió la auxiliar de la justicia realizar las consideraciones pertinentes al respecto, y
descontar del precio comercial del inmueble el mayor valor que esa obra pudo
generar, sin que se observe, siquiera en forma sumaria, que haya procedido de tal
forma.

Ahora, la perito avaluadora del experticia sub-examine describió la ubicación
geográfica del municipio de Medellín, de la comuna N° 15 Guayabal, asimismo hizo
alusión a las características generales del sector, a la infraestructura urbanística, al
alumbrado público, a la redes de servicio público, al transporte público, y a las
características generales del terreno (tipo de inmueble, forma, frente), vigentes para
diciembre del año 2014 (se infiere esta fecha por ser la que se utiliza para actualizar

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el avalúo comercial). Sin embargo, ninguna información dio sobre las características
de esos ítems para el año 2011, fecha en la cual se llevó a cabo el proceso
expropiatorio materia del sub-lite dentro del cual hubo de establecerse el avalúo
comercial del inmueble expropiado al actor.

Adicionalmente, en el dictamen no se describió el método utilizado para establecer el
avalúo comercial 16; únicamente se indicó: "Cuando para la realización del avalúo se
acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación
del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información." (fl.
281), sin embargo, no se hizo alusión a las ofertas y/o transacciones tenidas en
cuenta, lo que tampoco se encuentra soportado en los anexos de la experticia. […]”

22. Y en ese sentido concluyó que “[…] le asiste razón a la apoderada de la entidad
demandada, al razonar que la perito no precisó “de dónde salen los precios del
terreno y de la construcción, máxime cuando la construcción para el momento del
dictamen no existía. Entonces no expresa que elementos tuvo en cuenta, o en que
se basó para determinar el valor de la construcción […]”; porque, en atención a ello,
señaló que no se acogerían las conclusiones del dictamen pericial, por carecer de
fundamentación técnica y no ofrece certeza.

23. Con fundamento en lo expuesto, concluyó que la parte demandada cumplió
con las normas que regulan la expropiación por vía administrativa y no incurrió en
desviación de poder o en falsa motivación de los actos administrativos acusados.

24. Citó la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el
14 de mayo de 2009, con ponencia del Consejero de Estado, doctor Rafael Ostau
De Lafont Pianeta, en el proceso radicado con el núm. único de radicación
05001233100020050350901.

25. Por último, consideró que no se configuraron los elementos para condenar
en costas.

Recurso de apelación18

26. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 16 de febrero de
2017 por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia; para lo
cual exponen los siguientes argumentos:

18 Cfr. folios 359 a 363.

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El precio indemnizatorio no atiende al valor comercial de los bienes inmuebles

26.1. Indicó que el precio indemnizatorio es “ruin” y no corresponde al valor
comercial de los bienes inmuebles objeto de expropiación.

26.2. Señaló que la función de la indemnización es reparatoria, por regla general,
toda vez que comprende el daño emergente y el lucro cesante; sin embargo, en
algunos casos, esta debe reducirse y cumplir una función compensatoria, teniendo
en cuenta los intereses de la comunidad.

Frente a la aplicación del Método comparativo de mercado

26.3. Afirmó que, nunca estuvo de acuerdo con el avalúo practicado sobre la
propiedad, toda vez que, al momento de su realización no se tuvo en cuenta las
condiciones del inmueble y no se utilizó el método residual para comprobar el valor
del mercado, y por ello, aportó un avaluó comercial en el cual se tuvieron en cuenta
las características reales del inmueble.

26.4. Aseveró que, la parte demandada, al realizar el avalúo usó el método
comparativo de mercado, sin embargo, al realizar el símil se evidencia que los
predios utilizados no eran semejantes ni comparables, por lo tanto no reflejaban el
valor comercial real del inmueble expropiado, y en ese sentido afirmó que “[…] no
le asiste razón al a quo cuando otorga conducencia al avalúo utilizado por el
demandado dada su metodología, cuando es evidente que esta se encuentra mal
aplicada […]”. Además, adujo que “[…] los actos administrativos demandados
careció (sic) elementos comparativos frente a la semejanza de los inmuebles
utilizados para hacer el avalúo […]”.

26.5. Mencionó que, otro de los reproches efectuados al avalúo fue: i) la ubicación
de los bienes comparados y, ii) la omisión de realizar la referencia al uso del suelo
que, para el predio expropiado preveía el plan de ordenamiento territorial del
Municipio.

Frente al dictamen pericial aportado por el demandante

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26.6. Expuso que, el dictamen pericial aportado cumplió con los requisitos exigidos
por el artículo 219 de la Ley 1437 y refleja el valor comercial del inmueble, el cual
sería el monto mínimo de la indemnización que debería recibir el demandante.

26.7. Afirmó que:

“[…] El valor comercial establecido en el dictamen pericial aportado, fue objeto de
validación y ratificación de firmeza mediante su convalidación con el "método
residual", hecho que en la audiencia de contradicción del dictamen fue debidamente
explicado y sustentado y cuya única función fue servir como mecanismo de revisión
y verificación de los resultados.

En la audiencia en la que el perito hizo su sustentación, quedó clara la imparcialidad
del perito y no se arrojó manto de dudas sobre la conducencia e idoneidad del avalúo,
tampoco el Despacho pudiendo hacerlo en esa oportunidad pidió aclaraciones o
decretó pruebas de oficio, es más, la parte demandada, no efectuó ningún
cuestionamiento ni de forma ni de fondo, frente a este avalúo y que, como era de
esperarse dada la conducencia del mismo, no lo objetó ni solicitó aclaración frente a
la metodología o las conclusiones.

Esta aceptación tácita de la metodología y resultados, tiene de igual manera efectos
procesales, los cuales debieron ser tenidos en cuenta por la Sala en la sentencia.

No es por lo tanto cierto que el demandante no lograra desvirtuar las conclusiones del
avalúo realizado por la entidad demandada; lo que sucedió fue que el Tribunal no
quiso ver lo que tan claramente se demostró en el proceso: que el avalúo que sirvió
de fundamento a la expropiación estaba lleno de errores y falencias. […]”

Trámite en segunda instancia

27. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de diciembre de 201719, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 16 de febrero de 2017 por Sala Sistema Escrito del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

28. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 7 de noviembre de 2018,
ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el
concepto.

Alegatos de conclusión parte demandada

19 Cfr. Folio 4 del Cuaderno de segunda instancia

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29. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda y en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia, además
resaltó que: i) no es a la entidad accionada a quien le corresponde acreditar los
supuestos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento a los actos
controvertidos sino que es la parte demandante quien debe desvirtuarlos; ii) el
medio probatorio por medio del cual se pretenda desvirtuar el avalúo oficial debe
cumplir estrictamente con los parámetros dispuestos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, explicar con suficiencia el método empleado para la valoración y
cumplir con los elementos objetivos que permitan determinar el justo precio
reclamado en la norma; y iii) le corresponde al demandante probar lo pretendido.

30. Solicitó que se confirme la decisión adoptada en sentencia de primera instancia.

Alegatos de conclusión parte demandante

31. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.

Concepto del Ministerio Público

32. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y v) el análisis del caso en concreto.

Competencia de la Sala

34. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo20, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos

20 “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.

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del artículo 30821 de la Ley 1437, sobre el régimen de transición y vigencia; y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.

35. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso
administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante.

36. La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte
demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el
16 de febrero de 2017 por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de
Antioquia, teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 320 y 328 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201222, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo 23, el juez se
limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos administrativos acusados

37. Los actos administrativos acusados24 son los siguientes:

37.1. El artículo tercero de la Resolución núm. SH-ADQ 2768 de 9 de junio de
201125, proferido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer la expropiación por vía administrativa sobre el
derecho de dominio y la posesión material que tiene y ejerce el señor JENARO DE
JESÚS RESTREPO ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.656.416,
sobre un lote de terreno de 102.73 m2 y un área construida de 263.81 m2, inmueble
que se encuentra ubicado en el Municipio de Medellín en la Carrera 52 N° 29 AA –
038, determinado y alinderado así:

21[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
22 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
23 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”
24 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin

perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
25 Cfr. Folios 41 a 46

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“Un lote de terreno con la casa edificada sobre él, mejoras y anexidades, situada en
esta ciudad de Medellín, en la Carrera No. 52, antes carrera que une el Distrito de
Medellín con el de Itagüí, marcado en su puerta de entrada con el No. 29AA-38 y que
linda: Por el frente u occidente en 3.54 metros con la citada Carrera 52; por el costado
Sur, en 23.60 metros con su propiedad que se va a adjudicar en Sucesión a Miriam y
a William Calderón Ruíz; por el Oriente, en 7.08 metros, con propiedad de Cementos
Argos; y por el norte, en 23.60 metros con propiedad de José Giraldo.” MATRICULA
INMOBILIARIA.001-388494.

ARTÍCULO SEGUNDO. -TRADICIÓN. Adquirió el derecho de dominio el señor
JENARO DE JESÚS RESTREPO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 71.656.416, así: el 50% por compraventa hecha a los señores RAMÓN ABEL
ARISTIZABAL GÓMEZ y JAIME ALONSO YEPES ARISTIZABAL, según Escritura
Pública 5205 del 23-10-1991, otorgada en la Notaría 3 de Medellín, y el otro 50% por
compraventa hecha al señor DIEGO ESTREPO ARENAS, mediante Escritura Pública
4900 del 3-11-1993 otorgada en la Notaría 3 de Medellín.

ARTÍCULO TERCERO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del
precio indemnizatorio sobre el inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 001-
388494, es conforme al informe técnico de avalúo No. MP-05 del 15 de diciembre de
2010, reajustado según documento radicado 1958 del 24 de marzo de 2011 efectuado
por el Gremio Inmobiliario Corporación AVALBIENES, identificado con NIT
900181064-1 por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($285.038.300)

ARTÍCULO CUARTO: FORMA DE PAGO.- El valor del precio indemnizatorio del
inmueble determinado en este acto, será pagado por METROPLÚS S.A., de contado
y puesto a su disposición, de conformidad con los certificados de disponibilidad y
reserva presupuestal que se indican a continuación […]”26

37.2. La Resolución núm. SH-ADQ 2956 de 17 de agosto de 201127, mediante
la cual, la Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín resolvió un recurso de
reposición. En la Resolución se indicó:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución SH-ADQ-2768, mediante
la cual se dispuso la expropiación por vía administrativa sobre el derecho de dominio
y la posesión material que tiene y ejerce el señor JENARO DE JESÚS RESTREPO
ARENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 71.656.416, sobre un lote de
terreno de 102.73 m2 y un área construida de 263.81 m2, inmueble que se encuentra
ubicado en el Municipio de Medellín en la Carrera 52 No. 29AA-038, identificado con
folio de MATRICULA INMOBILIARIA.001-388494.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICACIÓN. Se ordena notificar la presente Resolución
al apoderado especial del señor JENARO DE JESÚS RESTREPO ARENAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.656.416 de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo, advirtiendo que contra la
presente no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO: Queda de esta forma agotada la vía gubernativa […]”28.

26 Cfr. Folios 44 y 45
27 Cfr. Folios 57 a 63
28 Cfr. Folio 63

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Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, determinar:

39. Si la parte demandante acreditó la incorrección del avalúo que realizó el
Gremio Inmobiliario Corporación Avalbienes, en el proceso de expropiación por vía
administrativa.

40. Si a la parte demandante se le debió reconocer el daño emergente y el lucro
cesante conforme lo solicitado en las pretensiones de la demanda.

41. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado, y en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia.

42. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de la expropiación administrativa

43. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.

44. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem; ii) la oferta de compra, en los términos del artículo 66 ibidem;
iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v) la decisión de
expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de enajenación
voluntaria, como se explicará infra.

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45. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

46. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem29. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.

47. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.

48. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:

“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

29 Artículo 67 Ley 388

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3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.

49. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.

50. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que ésta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]” 30.

51. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.

52. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de

2020, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601

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carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración31.

53. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.

54. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:

“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.

Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.

Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.

Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

La estratificación socioeconómica del bien […]”

31 Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998

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55. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:

56. Para el terreno:

57. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.

58. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de
protección.

59. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.

60. Tipo de construcciones en la zona.

61. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte.

62. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.

63. La estratificación socioeconómica del inmueble.

64. Para las construcciones:

65. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.

66. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.

67. Las obras adicionales o complementarias existentes.

68. La edad de los materiales.

69. El estado de conservación física.

70. La vida útil económica y técnica remanente.

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71. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

72. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.

73. Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las Leyes 9.° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de
los siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.

74. En síntesis, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble
objeto de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la
reglamentación urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo;
además, este no puede incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y
verificables.

Análisis del caso concreto

75. Visto el marco normativo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

76. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 156432, aplicando para ello
las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación los problemas
jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Acervo probatorio

77. La Sala procede a realizar la numeración de las pruebas relevantes para
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

32 Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta

que el recurso fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.

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78. Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes
pruebas:

78.1. Convenio interadministrativo núm. 01 de 5 de agosto de 2005 celebrado entre
Metroplús S.A. y los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí, con el siguiente
objeto: “Administración delegada por parte de METROPLÚS S.A. de los recursos
que aportan los Municipios de Envigado, Itagüí y Medellín a partir de la constitución
de la empresa Metroplús S.A. para el desarrollo del sistema de transporte masivo
de mediana capacidad en el corredor troncal de Medellín y el corredor pretroncal
para los Municipios de Envigado, Itagüí y Medellín “Metropolitano Sur” […]”33.

78.2. Copias de las adiciones del convenio interadministrativo núm. 01 de 5 de
agosto de 200534.

78.3. Copia del avalúo comercial urbano realizado por la Corporación Avalbienes
el 15 de diciembre de 201035.

78.4. Copia de la Resolución APR núm. 0016 de 14 de febrero de 2011, “[…] Por
la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición por enajenación
voluntaria o expropiación por vía administrativa y se formula una oferta de compra
a JENARO DE JESÚS RESTREPO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 71.656.416 […]”, expedida por el Gerente General de Metroplús S.A.36.

78.5. Notificación personal de la Resolución APR núm. 0016 de 14 de febrero de
201137.

78.6. Copia de la Resolución APR núm. 0081 de 4 de abril de 2011, “[…] Por la se
modifica y adiciona la Resolución de Oferta APR No. 0016 del 14 de febrero de 2011
[…]”, expedida por el Gerente General (E) de Metroplús S.A.38.

33 Cfr. Folios 157 a 162
34 Cfr. Folios 163 a 168
35 Cfr. Folios 308 a 329
36 Cfr. Folios 25 a 38
37 Cfr. Folio 39
38 Cfr. Folios 21 y 22

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78.7. Notificación personal de la Resolución APR núm. 0081 de 4 de abril de
201139.

78.8. Copia de la resolución núm. SH-ADQ 2768 de 9 de junio de 2011 “[…] Por la
cual se dispone la expropiación por vía administrativa sobre un bien inmueble […]”40.

78.9. Notificación por edicto de la Resolución núm. SH-ADQ 2768 de 9 de junio de
201141.

78.10. Título de depósito núm. A 4892397 del Banco Agrario de Colombia por
doscientos ochenta y un millones cincuenta y cinco mil cuatro pesos
($281.055.004)42

78.11. Certificado de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria del bien inmueble
objeto de expropiación43.

78.12. Copia del recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra
la resolución núm. SH-ADQ 2768 de 201144.

78.13. Copia de la Resolución núm. SH-ADQ 2956 de 17 de agosto de 2011 “[…]
Por la cual se decide un Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución
SH-ADQ-2768 […]”45.

78.14. Notificación por edicto de la Resolución núm. SH-ADQ 2956 de 17 de agosto
de 201146.

78.15. Avalúo Comercial y de Reposición elaborado por peritos avaluadores de la
Firma Francisco Ochoa Avalúos S.A.S. aportado por la parte demandante47.

39 Cfr. Folio 23
40 Cfr. Folios 41 a 46
41 Cfr. Folios 47 a 51
42 Cfr. Folio 69
43 Cfr. Folios 67 y 68
44 Cfr. Folios 52 a 56
45 Cfr. Folios 57 a 63
46 Cfr. Folios 64 a 66
47 Cfr. Folios 95 a 138

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78.16. Avalúo comercial elaborado por la Perito Avaluadora decretado y practicado
a solicitud de la parte demandante dentro del proceso de la referencia48

79. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a realizar el análisis de los
argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, de
acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Incorrección del avalúo respecto al valor comercial de los bienes inmuebles
objeto de expropiación

80. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que el precio
indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad porque este es
incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la
parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la incorrección del
avalúo oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:

“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo comercial
al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este caso,
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este particular:

«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los
diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse
incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración,
lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene
la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”49 (negrillas fuera de texto).

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección50 sostuvo que “todo lo anterior
conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble y

48 Cfr. Folios 271 a 285
49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de

2009. Radicado: 2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de

2011. Radicado: 2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras

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fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el
mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó el juez
de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la indemnización
expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]»51 […]”52.

81. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico la
prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el valor
comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial y, en
consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor con la
demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad
[…]”53.

82. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter
técnico toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.

83. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.

84. En el caso sub examine, la parte demandante manifestó, en el recurso de
apelación, que probó que el avalúo oficial no corresponde al valor comercial del bien

sentencias la 31 de mayo de 2018, Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García
González.
51 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: ROBERTO

AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Sentencia de quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación
número: 25000-23-24-000-2011-00196-01. Actor: Daniel Patiño Parra. Demandado: Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López;

sentencia de 20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés; sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001

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inmueble y se refirió a un dictamen pericial rendido en el proceso judicial; sobre el
particular, manifestó lo siguiente:

“[…] Téngase en cuenta que el auxiliar de la justicia fue nombrado por el mismo
Tribunal sin que en ello hubiera interferencia de alguna de las partes, motivo por el
cual, adicionalmente mal puede el a quo objetar sobre su propio peritaje, lo que
ninguna de las partes objetó […]”54.

85. La parte demandante reiteró, en los alegatos de conclusión, en segunda
instancia, que el dictamen pericial que fue practicado en el proceso judicial cumplió
con las reglas de contradicción. Sostuvo que, además, aportó con la demanda un
dictamen pericial, el cual “[…] fue objeto de contradicción mediante el rito del artículo
220 de la citada Ley 1437 de 2011 […]”55; este, a su juicio, refleja el valor comercial
real del bien inmueble objeto de expropiación. Asimismo, destacó que la parte
demandada no objetó la prueba pericial.

86. La Sala destaca que la parte demandante aportó con la corrección de la
demanda56 un avalúo comercial y de reposición y tasación de daños y perjuicios
elaborado por un perito avaluador de la Sociedad Francisco Ochoa Avalúos S.A.S.
sobre el valor comercial del bien inmueble objeto de expropiación. Además, en el
acápite de pruebas de la demanda, indicó lo siguiente:

“[…] PRUEBAS

DOCUMENTAL QUE SE APORTA

[…]

• Avalúo comercial y de reposición y tasación de daños y perjuicios realizados por el
Dr. FRANCISCO LEÓN OCHOA OCHOA.

OFICIO

Solicito se oficie al demandado MUNICIPIO DE MEDELLÍN con el fin de que remita
al Despacho copia auténtica del avalúo comercial MP05 de diciembre 15 de 2010
realizado por la corporación AVALBIENES.

DICTAMEN PERICIAL

Sírvase designar perito avaluador de inmuebles para que determine el valor comercial
del inmueble que fue objeto de expropiación y cuya descripción, características y
linderos aparece en el hecho PRIMERO de esta demanda pero también en las
resoluciones de oferta de compra y de expropiación que acompañan esta demanda.
El perito determinará el valor a precios de junio de 2011. El perito avaluará de igual

54 Cfr. Folio 514
55 Cfr. Folio 46 cuaderno de segunda instancia
56 Cfr. Folios 76 a 138

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manera el daño emergente y el lucro cesante ocasionados con la expropiación
administrativa del inmueble.

TESTIMONIAL

Sírvase recibir el testimonio técnico del avaluador FRANCISCO LEÓN OCHOA […].
El testigo declarará sobre el avalúo al inmueble por él realizado, el daño emergente y
lucro cesante ocasionados al demandante y las graves falencias del avalúo MP05 de
diciembre de 2010 realizado por AVALBIENES que fue la base para fijar el monto de
la indemnización expropiatoria […]”57.

87. En efecto, la parte demandante aportó con la demanda un avalúo comercial,
elaborado por el avaluador Francisco León Ochoa, documento en el que se observa
entre otros aspectos, los siguientes: i) la información básica del bien inmueble objeto
de expropiación; ii) aspectos jurídicos; iii) descripción del bien inmueble; iv) política
del avalúo; v) metodología valuatoria; y vi) perjuicios adicionales causados por la
expropiación.

88. Sobre el particular, el a quo refirió que, en el numeral 7.° del avalúo se anotó
“[…] El terreno objeto de análisis en el presente avalúo ya cumplió su finalidad: está
construido, presta un servicio y genera una renta fruto del negocio que sobre este
opera y de los cánones de arrendamiento. // Para efectos del presente avalúo
trabajaremos con el criterio de estimar el valor de reposición o reemplazo […]”
(subrayado del texto original) y, al respecto destacó que no se acudió al método de
comparación o de mercado, sino, directamente al método de costo de reposición.

89. En ese sentido, precisó el tribunal, en primera instancia, que atendiendo lo
dispuesto en la Resolución núm. 620 de 2008, se “[…] prevé la aplicación del
método de costo de reposición de manera subsidiaria, cuando resulte materialmente
imposible la valuación directa del inmueble mediante la aplicación del método
comparativo o de mercado […]”, y refirió que en el peritazgo no se justificó porqué
ese método, cuando para el momento de la elaboración del avalúo era factible usar
el método comparativo, toda vez que era posible consultar los valores comerciales
de edificaciones similares a las del bien inmueble expropiado.

90. Además, destacó que “[…] aceptando la procedencia de método de costo de
reposición utilizado por el avaluador, no existe certeza de que se haya dado
aplicación a la fórmula prevista en el canon 3 de la Resolución N° 620 de 23 de
septiembre de 2008, en tanto, no se observa que haya tenido en cuenta la
depreciación de las edificaciones […]”, por lo cual, concluyó que, en el avalúo

57 Cfr. Folios 92 a 94

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aportado con el escrito de corrección de demanda, no se aplicó en debida forma la
metodología prevista en la Ley, por lo que las conclusiones allí indicadas no ofrecen
la certeza necesaria para tomar como válida la valoración realizada.

91. Esta Sala, al examinar el avalúo aportado por la parte demandante destaca
los siguientes apartes del documento:

“[...] 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. TIPO DE AVALÚO

Se efectuará un avalúo en el cual se determinará el valor comercial del lote, teniendo
en cuenta las condiciones actuales del mercado y las características especiales del
mismo. También, el valor de reposición o reemplazo de las de las edificaciones
existentes. Adicionalmente se tasarán los perjuicios económicos derivados del
traslado del establecimiento de negocio de fabricación e instalación de carpas para
vehículos (CARPAR) del señor Jenaro de Jesús Restrepo Arenas, que opera
parcialmente en el predio objeto de la expropiación.

[...]

5. POLÍTICA DEL AVALÚO

El precio que se asigna al lote de terreno es el que corresponde a una operación de
contado, entendiendo como tal la que se refiere al valor actual del bien, cubierto en el
momento mismo de efectuar la operación, sin consideración alguna referente a la
situación financiera del contratante. El avalúo practicado corresponde al valor
comercial del inmueble, expresado en dinero, entendiéndose por valor comercial
aquel que un comprador y un vendedor estarían dispuestos a pagar y recibir de
contado respectivamente, por una propiedad, de acuerdo a su localización, áreas y a
sus características generales y actuando ambas partes libres de toda necesidad y
urgencia.

Para las construcciones existentes se ha utilizado el criterio de fijar el valor de
reposición, sumando costos directos e indirectos requeridos [...]

[...]

6. METODOLOGÍA VALUATORIA

Los métodos utilizados para la realización del presente avalúo, son los siguientes:

6.1 MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO

Consistente en determinar el valor mediante información obtenida de transacciones,
ofertas y avalúos, para predios equiparables previos ajustes correspondientes por
forma de pago, época, forma, tamaño, topografía, estado de conservación, etc.

6.2 MÉTODO DEL COSTO DE REPOSICIÓN

El método del costo o reposición, aplicable a las edificaciones, consiste en determinar
el costo actual de reponer o hacer de nuevo considerando los costos directos e
indirectos.

7. ASPECTO ECONÓMICO Y CONSIDERACIONES SOBRE EL INMUEBLE

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El objeto del avalúo corresponde a un edificio urbano, medianero, sin reglamento de
propiedad horizontal. Se desarrolla en tres plantas, cada una de ellas con acceso
independiente. El primer piso fue adecuado como parte de un local comercial y en los
niveles superiores se tienen dos locales destinados a la renta.

[...]

Para efectos del presente avalúo trabajaremos con el criterio de estimar el valor de
reposición o reemplazo toda vez que las construcciones existentes y que
desaparecerán a raíz de la construcción de las obras del intercambio vial citado, se
deberán reemplazar por construcciones nuevas aptas para desarrollar una actividad
comercial como la que se desarrolla hoy día, pero con valores comerciales ajustados
a las realidades del mercado inmobiliario.

[...]

8. CUADRO DE VALORES INMUEBLE

[...]

Hechas las consideraciones anteriores el siguiente es nuestro concepto sobre el valor
comercial de los inmuebles.

Terreno 102,73 m2 a $ 1.500.000 / m2 = $ 154.095.000
Construcción 263,81 m2 a $ 1.271.940 / m2 = $ 335.550.491

VALOR
TOTAL $ 489.645.491
INMUEBLE [...]”

92. De la lectura se advierte que, la metodología valuatoria que se utilizó en el
avalúo indicado supra fue la del método del costo por reposición, al respecto, el
parágrafo 1.° del artículo 13 de la Resolución 620 de 2008 dispone que “[...] Este
método se debe usar en caso de que el bien objeto de avalúo no cuente con bienes
comparables por su naturaleza [...] o por la inexistencia de datos de mercado [...]”,
ahora bien, está demostrado que el bien objeto de expropiación correspondía a “[...]
un lote de terreno con la casa edificada sobre él, mejoras y anexidades [...]”; situado
en la ciudad de Medellín.

93. Esta Sala considera que, el método utilizado en el avalúo no se ajusta a los
parámetros descritos indicados supra, toda vez que, para el momento de su
elaboración y dada la naturaleza del inmueble, se podrían encontrar bienes que
fueran comparables y/o con datos en el mercado inmobiliario que permitieran
realizar el avalúo usando el método de comparación o de mercado.

94. Sobre el particular, esta Sección ha considerado que la determinación del
valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se

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requiere la aplicación de los métodos previstos en las normas que regulan la
materia, así como la aplicación de distintos criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble y las construcciones existentes, entre otros58.

95. En conclusión, esta Sala considera que, el avalúo allegado no aporta el
convencimiento suficientemente que permita establecer que el valor comercial del
inmueble objeto de expropiación asciende realmente a la suma allí consignada y no
a la determinada por la entidad demandada mediante avalúo técnico.

96. Ahora bien, el Tribunal, mediante el auto de 1.° de abril de 201359, decretó
como prueba el dictamen pericial que solicitó la parte demandante para determinar
el valor comercial del bien inmueble objeto de expropiación, en los siguientes
términos:

“[…] Se dispone la práctica del dictamen pericial relacionado en los folios 19 y 93 del
expediente, el cual se estima necesario para efectos de resolver el debate planteado
en torno a la adecuada determinación del valor comercial del inmueble objeto de
expropiación cuya descripción, características y linderos aparecen contemplados en
el hecho primero de la demanda, así como el valor del daño emergente y lucro cesante
derivados de la mentada expropiación […]”.

97. El despacho sustanciador mediante auto de 24 de julio de 201460 designó a
la perito avaluadora Esperanza Lourdes Agudelo Galeano, para la elaboración del
dictamen pericial indicado supra.

98. El dictamen pericial decretado fue allegado por la perito avaluadora, y en él
se observan las siguientes conclusiones61:

“[…] AVALÚO COMERCIAL

[…]

Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o
transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo se haga mención
explícita del medio del cual se obtuvo la información.

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de

2022. Radicado: 05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
59 Cfr. Folio 218 y 219
60 Cfr. Folio 261
61 Cfr. Folios 271 a 295

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Bajo estos parámetros se procede a determinar el valor del predio a precios de 2011:

Área del terreno………………………………………………………………102,73 m2

Valor del m2………………………………………….…………………...$1.500.000,00

Valor del terreno………………………………………………………$154.095.000,00

Área de la construcción……………………………………………...……...263,81 m2

Valor del m2…………………………………………………………..….$1.265.250,00

Valor construcción…………………………………………….…….. $333.785.602,50

Valor total a 2008……………………………………………………$ 487.880.602,50

Por lo tanto, el valor del inmueble que se solicita avaluar a precios del año 2011 es
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA
MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.L.

En concordancia con la metodología realizada en el informe, se estima este valor a
precios de hoy en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS M.L. ($655.414.180,76,00). (anexo 1).

VALOR INMUEBLE A 2011 $ 487.880.602,50
VALOR INMUEBLE A DIC. 14 $ 655.414.180,76

AVALUO PERJUICIOS:

PERJUICIOS MATERIALES:

[…]

1. DAÑO EMERGENTE:
[…]

En este orden de ideas, se considera como daño emergente correspondiente todos
aquellos los costos y gastos en que incurrió el señor Jenaro de Jesús Restrepo
Arenas desde junio de 2011 a la fecha.

Por cuanto no se allegaron al proceso certificaciones de los gastos ocasionados a
razón de la expropiación que le fue practicada al señor Jenaro de Jesús Restrepo
Arenas no se reconoce monto alguno por este ítem.

2. LUCRO CESANTE
[…]

Para el momento de la desocupación, junio de 2011, los inmuebles que generaban
ingresos a razón de canon de arrendamiento eran:

INMUEBLE CANON MESES TOTAL CANON
TERCER PISO $ 770.000,00 7 $ 5.390.000,00
SEGUNDO PISO $ 1.089.020,00 7 $ 7.623.140,00
TOTAL $ 1.859.020,00 $ 13.013.140,00

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CANON IPC IPC FACTOR DE CANON
ARRENDAMIENTO ENERO JUNIO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO
2012 2011
$ 13.013.140,00 109,96 107,90 1,019 $ 13.261.583,64

Una vez sabido el valor actualizado del lucro cesante, se requiere obtener el monto
de los intereses lucrativos.

En tal sentido, tenemos para los siguientes parámetros:

CAPITAL: Canon de arrendamiento actualizado para cada inmueble, hasta el día
de hoy.

PERIODO: Meses contabilizados desde la desocupación hasta enero de 2015,
equivalente a 43 meses.

TASA DE INTERES: Calculo el interés lucrativo o puro del 6% anual.

INTERESES PRODUCIDOS POR LUCRO CESANTE PASADO

[…]

CANON MESES FACTOR VA
$ 13.261.583,64 43 1,232 $ 16.338.271,04

En tal forma, en el resultado obtenido, este es DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUATRO
CENTAVOS ($16.338.271,04) representa la indemnización por el lucro cesante
pasado, incluyendo los intereses puros y legales.

LUCRO CESANTE PASADO …………………………………………..$ 16.338.271,04

LUCRO CESANTE FUTURO

[…]

Para realizar los respectivos cálculos se considera el canon de arrendamiento
mensual actualizado por la corrección monetaria a enero de 2012:

CANON IPC IPC FACTOR DE CANON
ARRENDAMIENTO ENERO JUNIO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO
2012 2011
$ 13.013.140,00 109,96 107,90 1,019 $ 13.261.583,64

[…]

Valor mensual Actualizado * Factor 870 meses

$13.261.583,64 * 202,4359 = $ 2.684.620.619,59

En tal forma, en el resultado obtenido, esto es DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.684.620.619,59) representa la
indemnización por el lucro cesante futuro con un descuento del 6% anual.

LUCRO CESANTE FUTURO..................................................$2.684.620.619,59 […]”

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

99. La parte demandada presentó objeción al dictamen por error grave 62
fundamentado en que hubo falta de objetividad y error grave en la apreciación, y al
respecto señaló:

“[…] 1. FALTA DE OBJETIVIDAD

En el dictamen aportado con la demanda, el perito realiza un dictamen pericial, sin
tener en cuenta lo existente para el momento en que se realizó la expropiación. Es
decir, realiza el dictamen de acuerdo con las características actuales como son el que
en este momento se encuentra funcionando el Metroplus, tal como consta en las fotos
tomadas.

Las opiniones que el perito dio en el dictamen no corresponden a un experticio
técnico, ya que sólo se limitaron a aportar las fotos actuales del sitio, y la información
estadística del DANE, sin determinar de dónde salen los precios del terreno y de la
construcción, máxime cuando la construcción para el momento del dictamen pericial
no existía. Entonces no expresa que elementos tuvo en cuenta, o en que se basó
para determinar el valor de la construcción.

Además, tampoco expreso si al momento de avaluar el terreno descontó las
valoraciones sufridas en la zona por el efecto de la obra de Metroplus.

De otro lado, no especificó cuál fue el método utilizado para avaluar tanto el terreno
como la construcción, ni aportó cual fue el fundamento para determinar los valores
que aparecen en el dictamen pericial.

Así las cosas, no aportó ningún dato que pudiera señalar en forma clara y objetiva
como fue realizado el avalúo, es decir se limitó a señalar un valor, sin hacer un
análisis, ni verificar la información con los documentos físicos.

En este punto, también es importante señalar que la perito tampoco establece de
donde saco el valor de los cánones de arrendamiento, y mucho menos aparece
acreditado la fecha en que desocuparon los locales, ya que la perito incurre en un
error al establecer la fecha de cancelación de los dineros como criterio, y no la fecha
en que desocuparon.

[…]

2. ERROR GRAVE EN LA APRECIACIÓN

En el presente caso, se encuentran los siguientes errores graves:

1. NO INDICACIÓN DEL MÉTODO: En el dictamen no se establece con claridad cuál
fue el método de valoración utilizado por la perito tanto para el lote como para el
terreno.

2. INCLUSIÓN DE LA VALORIZACIÓN: La perito en ningún momento señaló que a
su avalúo le había descontado el valor que produjo la valorización del predio en virtud
de la obra del Metroplus.

Lo que significa que en valor del avalúo se tuvo en cuenta la valorización debido a la
inversión que estaba realizando el Municipio en el sector.

Al respecto, es importante señalar que el perito incurrió en un error grave, debido a
que este valor no puede ser tenido en cuenta en el momento del avalúo. Es decir,

62 Cfr. Fls 300 a 303

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Demandante: Jenaro de Jesús Restrepo Arenas

debió o restar la valorización o tener en cuenta el valor de los inmuebles (precios del
mercado) antes del que se conociera del proyecto, tal como lo expresan las normas
jurídicas.

[…]

3. No indicación de las direcciones: El avalúo del terreno, si se hizo por precios del
mercado, debe realizarse con base en unas direcciones específicas, y debe
establecerse el valor de cada una. Porque de acuerdo a donde esté ubicando el
inmueble, es que se realiza el avalúo, es así como el valor del inmueble varía según
la ubicación en el barrio y por tanto no puede tenerse en cuenta.

4. No indicación de las condiciones del inmueble: Los inmuebles pueden estar nuevo
o usados, y esto influye en el avalúo, así las cosas, al mirar los inmuebles del
mercado, no se establece en sus valores si son nuevos o usados.

5. No tiene ningún fundamento el valor de la construcción: Cuando la perito realiza el
dictamen, y de acuerdo con las fotos aportadas por la misma, no existe ninguna
construcción en el sitio. Motivo por el cual desconocemos como hizo la perito para
asignarle un valor determinado, sin tener en cuenta la ficha catastral que al menos
estableciera cuales eran las condiciones del inmueble y en que materiales se había
construido.

6. Inexistencia del lucro cesante, ni pasado, ni futuro: En el dictamen no se establece
de donde extrajo el valor de los cánones de arrendamiento, y mucho menos aparece
acreditado la fecha en que desocuparon los locales, ya que la perito incurre en un
error al establecer la fecha de cancelación de los dineros como criterio, y no la fecha
en que desocuparon.

En cuanto a las actualizaciones y el lucro cesante pasado, si no hay lugar al lucro
cesante, mucho menos habrá lugar a la actualización del mismo. […]”

100. La parte demandante, se pronunció respecto de la objeción al dictamen63
efectuada por la parte demandada, e indicó que la auxiliar de la justicia fue
nombrada por el Tribunal sin que en ello hubiese interferencia alguna de las partes,
por lo cual, mal podría señalarse una supuesta falta de objetividad. Aduce además
que, a su juicio, el dictamen pericial fue sustentado en debida forma conforme los
lineamientos jurisprudenciales, por lo cual solicitó “[…] se deseche por improcedente
la objeción al dictamen […]”.

101. Sobre el particular, el a quo afirmó que, atendiendo lo dispuesto en los
numerales 4.° y 5.° del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado consideró que el dictamen pericial rendido
dentro del proceso no desbordó el objeto de la prueba, como tampoco observó
apreciaciones subjetivas de la auxiliar de la justicia, por lo cual rechazó la objeción
por error grave formulada por la parte demandada.

63 Cfr. Folios 304 a 306

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102. Sin embargo, resaltó que los reproches elevados en la objeción del dictamen
dan cuenta de una falta de certeza en las conclusiones a las que se llegó en la
prueba técnica, las cuales expuso en los siguientes términos:

“[…] Con la experticia se allegaron fotografías de la estación Industriales del
Metroplús, la que lógicamente no existía para el momento de la expropiación, luego,
debió la auxiliar de la justicia realizar las consideraciones pertinentes al respecto, y
descontar del precio comercial del inmueble el mayor valor que esa obra pudo
generar, sin que se observe, siquiera en forma sumaria, que haya procedido de tal
forma.

Ahora, la perito avaluadora del experticia sub-examine describió la ubicación
geográfica del municipio de Medellín, de la comuna N° 15 - Guayabal, asimismo hizo
alusión a las características generales del sector, a la infraestructura urbanística, al
alumbrado público, a la redes de servicio público, al transporte público, y las
características generales del terreno (tipo de inmueble, forma, frente), vigentes para
diciembre del año 2014 (se infiere esta fecha por ser la que se utiliza para actualizar
el avalúo comercial). Sin embargo, ninguna información dio sobre las características
de esos ítems para el año 2011, fecha en la cual se llevó a cabo el proceso
expropiatorio materia del sub-lite dentro del cual hubo de establecerse el avalúo
comercial del inmueble expropiado al actor.

Adicionalmente, en el dictamen no se describió el método utilizado para establecer el
avalúo comercial 16; únicamente se indicó: "Cuando para la realización del avalúo se
acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación
del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información." (fl.
281), sin embargo, no se hizo alusión a las ofertas y/o transacciones tenidas en
cuenta, lo que tampoco se encuentra soportado en los anexos de la experticia.

En consecuencia, le asiste razón a la apoderada de la entidad demandada, al razonar
que la perito no precisó "de dónde salen los precios del terreno y de la construcción,
máxime cuando la construcción para el momento del dictamen pericial no existía.
Entonces no expresa que elementos tuvo en cuenta, o en que se basó para
determinar el valor de la construcción.". […]”

103. En razón a lo expuesto, no acogió las conclusiones del dictamen practicado
al considerar que el mismo careció de fundamentación técnica y no ofreció certeza,
respecto al valor comercial del bien inmueble objeto de expropiación administrativa.

104. Al respecto, esta Sala al analizar el dictamen pericial decretado y practicado
dentro del proceso de la referencia, resalta las siguientes falencias: i) no indicó el
método utilizado para la elaboración del avalúo; ii) en el numeral 8.° “[...] avalúo
comercial [...]” no justificó de donde obtuvo el valor del predio para el año 2011; y
iii) lo manifestado en los numerales 5.° “[...] características generales del sector [...]”
y 6.° “[...] reglamentación urbanística [...]” no dan cuenta que hayan sido
características del entorno urbano para cuando se llevó a cabo la expropiación del
bien inmueble.

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105. Por lo cual, esta Sala considera que el dictamen pericial no aporta los
elementos suficientes de credibilidad y certeza, que permitan desvirtuar el avalúo
técnico presentado por la parte demandada al momento de realizar la expropiación
por vía administrativa y que sirvió de base para los actos administrativos
demandados.

106. Con fundamento en lo anterior considera que, pese a haberse decretado y
practicado todas las pruebas solicitadas por la parte demandante, advierte que no
logró demostrar que el valor comercial del bien inmueble objeto de expropiación
ascendía a quinientos treinta y ocho millones cuatrocientos cinco mil seiscientos
setenta y siete pesos ($ 538.405.677).

107. Ahora bien, la parte demandante manifestó en los alegatos de conclusión
en segunda instancia que su inconformidad con el avalúo oficial tiene fundamento
en lo siguiente: i) la parte demandada aplicó incorrectamente el método
comparativo porque, en síntesis, “[…] el municipio demandado realizó el avalúo que
sirvió para la expropiación mediante la comparación de cuatro (4) ofertas; sin
embargo, estas cuatro (4) ofertas no son el único requisito que establece la norma,
pues cometió un grave error en cuanto a la homogeneidad del objeto de cada una
de las cuatro (4) ofertas comparadas, pues los predios ni eran semejantes ni eran
comparables y en consecuencia no reflejan el valor comercial real del inmueble
expropiado […]. El reproche es la omisión en determinar el radio de ubicación
geográfica de los bienes comparados, pues el avaluador no se tomó el trabajo de
por lo menos señalar la localización de dichos inmuebles, error en el que también
incurrió el Tribunal […]”64; y ii) en el avalúo oficial no se realizó ninguna referencia
al uso del suelo, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial; además, afirmó
que el dictamen pericial aportado con la demanda se ajustó a los lineamientos
legales y reflejó el valor comercial “[…] real […]” del inmueble y cuál sería el monto
mínimo de la “[…] indemnización expropiatoria […]”.

108. La Sala considera que la parte demandante omitió explicar en la demanda,
en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión las razones por las
cuales los cuatro (4) bienes inmuebles indicados supra no eran semejantes ni
comparables con el que fue objeto de expropiación por vía administrativa y se

64 Cfr. Folio 45 del cuaderno de segunda instancia

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limitó a manifestar que “[…] el avaluador no se tomó el trabajo por lo menos de
señalar la localización de dichos inmuebles […]” 65.

109. Esta afirmación no encuentra sustento probatorio porque en el avalúo
oficial de 15 de diciembre de 2010 se indicó la dirección de los bienes inmuebles
objeto de comparación, así:

“[…]

METODOLOGÍA VALUATORIA

MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO

Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta,
demanda y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previo ajuste de
tiempo, conformación y localización entre otros. Es importe anotar que cada
inmueble es único y presenta condiciones muy particulares, por tanto este
método nos da el valor por el cual la propiedad en cuestión se venda (sic).

MÉTODO DE REPOSICIÓN

Para la construcción se realizó un análisis del puntaje de la construcción y se
cruzó con las tablas comerciales existentes para depreciar con el puntaje
obtenido.

El deterioro físico de una edificación, es usualmente la forma más obvia de
depreciación; si una edificación presenta falta de pintura, deterioro en
revoque, humedades, acabados, fisuras, son efectos comunes al uso y a la
edad de la misma, factores que se tienen en cuenta al determinar el estado de
construcción. De acuerdo a la edad del inmueble, su estado de conservación
y calidad de los materiales se deprecia con respecto al valor a nuevo de una
vivienda con las mismas características.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Carrera 29 A 375,00 M2 $1.300.000 M2 Teléfonos: 300 816
# 54 -15 79 43
Zona Santa 600,00 M2 $1.300.000 M2 Teléfonos: 300 816
Fe 79 43
Carrera 52 # 168,00 M2 $450.000.000 Teléfonos: 315 828
29 A – 10 85 53
(residencial)
casa
Carrera 54 # 50,00 M2 $78.000.000 Teléfono: 301 431
24-37 04 18
(residencial)
Apartamento
OBSERVACIONES: En el sector se encuentran todo tipo de bodegas o
inmuebles acondicionados y utilizados para la industria, tanto como industria
pesada como industria liviana, maquila y demás.
Encontramos que el valor promedio de venta en inmuebles tipo bodega se
encuentra en el sector entre 1´300.000 a 1´400.000 metro cuadrado (m2)

AVALÚO COMERCIAL

65 Ibidem

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Luego de analizar las características del inmueble, el resultado obtenido por las
metodologías valuatorias utilizadas y nuestra experiencia profesional, realizamos
la siguiente valoración:

AVALÚO COMERCIAL
2
ITEM ÁREA M VR. UNITARIO SUB-TOTAL
M2
Área Lote 104,00 $900.000 $93.600.000
Primer piso 90,55 $400.000 $36.220.000
Segundo piso 92,37 $518.000 $47.847.660
Tercer piso 93,75 $518.000 $48.562.500
VALOR TOTAL $ 226.230.160

[…]”66 (Subrayado fuera de texto).

110. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que el avalúo oficial efectuado
por la Corporación Avalbienes realizó la comparación de los bienes inmuebles
objeto de expropiación con predios ubicados en el sector.

111. En el avalúo indicado supra también se aplicó el método de reposición; en
este se precisó que para la construcción “[…] se realizó un análisis del puntaje
de la construcción y se cruzó con las tablas comerciales existentes para
depreciar con el puntaje obtenido […]” 67. Sin embargo, en el avalúo no obran las
operaciones correspondientes o las tablas comerciales que utilizó la Corporación
Avalbienes para determinar el valor comercial.

112. Esta circunstancia no vicia los actos administrativos acusados comoquiera
que la parte demandante tenía la carga de probar que el método de reposición
fue aplicado de forma incorrecta, lo cual no ocurrió en el caso sub examine.

113. La Sección Primera del Consejo de Estado ha indicado que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en
el informe técnico no se precisan las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo
siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos
comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar

66 Cfr. Folios 231 a 241

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el valor de la indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido que, aun
cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se
dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por
ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre el particular, expresó
lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración
se determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE
MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos
ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura
que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios
miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos
se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa
dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado
del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por
la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo
practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que
se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego
prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección68 […].”(la Sala destaca) […]”69.

114. La parte demandante no aportó las pruebas para demostrar que los
métodos comparativo o de mercado y de reposición no fueron aplicados
correctamente en el avalúo núm. MP-05 de 15 de diciembre de 2010. Por lo tanto,
el argumento objeto de estudio no tiene vocación de prosperidad.

115. Además, contrario a lo manifestado por la parte demandante, la
Corporación Avalbienes hizo referencia al suelo, en el marco del Plan de
Ordenamiento Territorial. En efecto, en el avalúo MP-05 de 15 de diciembre de
2010, precisó lo siguiente:

68 Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-01.

Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña

Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación:
08001233100019971225601

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“[…]

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR
GENERALIDADES El sector se encuentra en la zona sur-
occidental (Zona 6) del municipio de
Medellín
DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector se encuentra delimitado por los
Y URBANIZACIONES barrios: Trinidad, Tenche y Santa Fe.
ADYACENTES
ACTIVIDADES En el sector predominan las actividades
PREDOMINANTES DEL industriales y comerciales
SECTOR
TIPOS DE EDIFICACIÓN Se encuentran edificaciones comerciales
tipo bodegas, locales y residenciales.
También se encuentran residenciales con
transformación para la actividad industrial.
ESTRATO SOCIOECONÓMICO Tres (3) residencial y comercial
VÍAS DE ACCESO AL SECTOR La vía principal de acceso al sector es la
Carrera 52 (Guyabal) la cual se encuentra
pavimentada y [en] buen estado de
conservación
PRESPECTIVAS DE Presenta buena valorización
VALORIZACIÓN
INFRAESTRUCTURA Cuenta con obras de urbanismo para su
URBANÍSTICA DEL SECTOR desarrollo y transformación
SERVICIOS PÚBLICOS El sector cuenta con todos los servicios
públicos de: energía, acueducto,
alcantarillado, teléfono, red de gas,
transporte público y aseo urbano.

[…]

CONSIDERACIONES GENERALES

El presente avalúo se toma en consideración las siguientes premisas como
determinantes en la asignación del valor comercial del inmueble:

• El inmueble objeto de avalúo se localiza en un sector urbano, al que se
accede mediante vías pavimentadas y en buen estado de conservación, que
comunican al barrio con el resto de la ciudad.
• Las áreas libres se tiene en cuenta en el valor final del inmueble.
• Según el P.O.T de la Ciudad de Medellín, Antioquia el predio se
encuentra en el Polígono Z6_RED_18 que reglamenta lo siguiente:

Aprovechamiento Obligaciones
Densidad IC Altura M2/Hab M2/100 % AN
2
[Viv/Ha] [AN] m Otros Mínima
Usos
0 5 20 18%

• Del tratamiento de Redesarrollo (RED): Este tratamiento corresponde
fundamentalmente a las zonas homogéneas identificadas como “áreas en
transformación”, y cuyo propósito de desarrollo es orientar procesos de
transformación ya iniciados o generar nuevos en zonas con localización
estratégica en la ciudad de acuerdo con los objetivos de ordenamiento
propuestos por el Plan, de manera que se privilegie su transformación hacía la

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optimización de su potencial permitiendo mayores aprovechamientos y
diversidad de usos.
• Esta área tiene disponibilidad de obras de urbanismo y servicios
públicos.
• Valor Ponderado según la tipología de Construcción $850.000=

[…]”70.

116. En este orden de ideas, la Corporación Avalbienes tuvo en cuenta la
localización de los bienes inmuebles objeto de expropiación en el avalúo.

117. Por último, la parte demandante manifestó en los alegatos de conclusión,
en segunda instancia, que el avalúo oficial no fue aprobado por el Comité de
Avalúos, de acuerdo con el parágrafo 2.° del artículo 8.° de la Resolución núm.
70 de 2011 y el párrafo del artículo 24 de la Ley 1450.

118. La Sala precisa que la parte demandante no invocó la violación de las
normas indicadas supra en la demanda ni formuló un cargo sobre este aspecto.

119. En efecto, los cargos en la demanda estaban relacionados con lo
siguiente: i) el avalúo oficial no indicó “[…] las operaciones, transacciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para determinar el
valor comercial del inmueble y se encontraba desprovisto de soporte técnico y
apoyo probatorio. El avalúo consistió solamente en la mera exposición de los
resultados de las operaciones practicadas y de las deducciones extraídas por el
avaluador […]”71; y ii) el avalúo oficial no reconoció el daño emergente y el lucro
cesante.

120. Asimismo, ese argumento no fue incluido como un motivo de
inconformidad en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida, en primera instancia.

121. El marco de competencia del juez de segunda instancia debe estar limitado
por los argumentos del recurso de apelación, sin perjuicio de las decisiones que
debe proferir de oficio; además, debe existir correspondencia entre el petitum de la
demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de

70 Cfr. Folios 235
71 Cfr. Folio 4

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oposición a la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia.

122. La etapa para alegar de conclusión, en segunda instancia, está establecida
con posterioridad a la oportunidad probatoria para que las partes puedan exponer
los puntos de hecho, de derecho y probatorios que fueron objeto de controversia en
el recurso de apelación. En esa medida, los alegatos de conclusión no son un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del acto administrativo acusado
porque ello desconocería los principios de lealtad procesal, contradicción, defensa
y congruencia.

123. Por lo tanto, la Sala se encuentra relevada de hacer el estudio sobre el
desconocimiento del parágrafo 2.° del artículo 8.° de la Resolución núm. 70 de
2011 y del párrafo del artículo 24 de la Ley 1450.

124. Por las razones expuestas, no tiene vocación de prosperidad los argumentos
estudiados en este acápite.

Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante

125. El artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.

126. El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.

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127. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa
y ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.

128. En la sentencia C - 476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla
general, la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude
incluir los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin
embargo, esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la
Constitución Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico,
sino a una carga que debe soportar el particular.

129. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.

130. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:

“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:

1. No puede haber expropiación sin indemnización;

2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular
al Estado;

3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta
los intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;

4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función

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compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.

5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero
si se paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir
por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”72.

131. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.273 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos74 y 1775 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:

“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.

[…]

No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar

72 Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
73 “[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa,

por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
74 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de

diciembre de 1972.
75 “[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo

cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya
una justa y previa indemnización […]”

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lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.

En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”76.

132. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la
jurisdicción contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue
justa y plena, le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama
-daño emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto administrativo
que dispuso la expropiación.

133. En el caso sub examine, la parte demandante solicitó el reconocimiento del
lucro cesante y el daño emergente ocasionado por la expedición de los actos
administrativos acusados. Sostuvo que “[…] el predio al cual se ha hecho referencia
es un lote de terreno con sus correspondientes construcciones. En este inmueble
operó hasta el momento de la expropiación administrativa el establecimiento de
comercio denominado CARPAR […]”77; asimismo, insistió en que “[…] el precio
indemnizatorio reconocido por el Municipio de Medellín ni refleja el valor comercial
del inmueble y omite de forma abierta el reconocimiento del daño emergente y del
lucro cesante al que tienen derecho el expropiado, toda vez que no le fue
reconocida la afectación económica ocasionada por funcionamiento del
establecimiento de comercio denominado CARPAR […]”78 (Resaltado fuera de
texto).

134. En efecto, la parte demandante afirmó que el lucro cesante y el daño
emergente estaban relacionados con la imposibilidad de mantener en
funcionamiento el establecimiento de comercio denominado CARPAR que se
encontraba ubicado en el bien inmueble después de la ejecución de los actos
administrativos acusados; sin embargo, omitió aportar pruebas sobre este hecho.

76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña

Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
77 Cfr. Folio 3
78 Cfr. Folio 5

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135. Ahora bien, la parte demandante, en el procedimiento administrativo, no
manifestó que arrendaba el bien inmueble y que sus ingresos dependían de esta
actividad; por el contrario, indicó que allí funcionaba un establecimiento de
comercio.

136. En este contexto, la parte demandante, en el recurso de reposición que
interpuso contra el acto administrativo que dispuso la expropiación, manifestó que
la parte demandada “[…] no tuvo en cuenta el costo de una empresa en marcha que
funciona en el inmueble expropiado. Téngase en cuenta que va a desaparecer. Es
un negocio que funciona en el sitio y si el sitio desaparece, desaparece el negocio
y en consecuencia debe indemnizarse el valor del negocio en marcha. Hay formas
técnicas de hacerlo […]”79.

137. La parte demandada, cuando resolvió el recurso de reposición, mediante la
Resolución SH-ADQ-2768 de 2011, indicó que le otorgó un reconocimiento a la
parte demandante por el traslado de su actividad económica, en los siguientes
términos:

“[…] Contrario a lo manifestado por el recurrente en el numeral 3, de su escrito, se
difiere de tal afirmación, toda vez [que] mediante la Resolución APR N° 0091 del 08
de abril de 2011, expedida por la Gerencia General de Metroplús S.A., en calidad de
delegataria del Municipio de Medellín, de conformidad con el Decreto de delegación
2335 del 13 de noviembre de 2005 expedido por el señor Alcalde Municipal, para
adelantar la adquisición de los predios requeridos para la construcción de la
infraestructura del Sistema Integrado Transporte del Valle de Aburrá -SIT-VA en esta
localidad, otorgó reconocimientos económicos por “Traslado y traslado (sic) de la
actividad económica”, determinándose en el PARÁGRAFO 3, del artículo primero, de
la citada Resolución lo siguiente: “VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS. La
Unidad Social Socioeconómica (USSE), Propietaria residente, representada por el
señor JENARO DE JESÚS RESTREPO ARENAS identificado con la cédula de
ciudadanía No. 71.656.416, recibirá reconocimientos económicos “POR TRASLADO
Y POR TRASLADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA”, un VALOR TOTAL de OCHO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M/L ($8.187.997), acto administrativo que le fue debidamente notificado en
forma personal el 15 de abril de 2011 al titular del derecho de dominio […]”80.

138. En efecto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, en el
procedimiento administrativo no se indicó que la parte demandante arrendaba el
bien inmueble, sino que lo utilizaba para desarrollar su actividad económica
relacionada con la fabricación de carpas; por ello, la parte demandada indemnizó a
la parte demandante por el traslado de esta actividad económica.

79 Cfr. Folio 54
80 Cfr. Folio 61 vto y 62

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139. Esta Sala, en casos similares ha considerado que, para probar el lucro
cesante es fundamental demostrar que el bien inmueble objeto de expropiación
estaba destinado a una actividad productiva, además de estimar y acreditar el monto
de las rentas e ingresos no percibidos, y establecer el vínculo de causalidad entre
el perjuicio reclamado y la expropiación decretada81.

140. La Sala concluye que la parte demandante no cumplió con la carga de probar
el daño emergente y el lucro cesante; en consecuencia, no están llamados a
prosperar los motivos de inconformidad estudiados en este acápite.

Conclusiones

141. En suma, la Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos administrativos acusados; en consecuencia,
se confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

Condena en costas

142. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre la condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de noviembre

de 2023. Radicado 05001233100020110026801. M. P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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