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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01932-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-01932-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2014-01932-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: HENRY ULISES RAMÍREZ GIRALDO
Demandado: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación presentados por las partes contra la
sentencia de 17 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se concedieron parcialmente
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Henry Ulises Ramírez Giraldo, obrando a través de apoderado y en
ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó
demanda con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Que se DECLARE que son nulas las resoluciones Nro. 0630 de 9 de abril de
2014 “POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
DE UN INMUEBLE CON TODAS SUS MEJORAS Y ANEXIDADES”, y la 0717 de 08
de mayo de 2014, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN”, expedidas por el señor alcalde del municipio de El Carmen de Viboral,
con el correspondiente restablecimiento del derecho.

2. Que se declare administrativamente responsable al Municipio del Carmen de Viboral
de los daños y perjuicios causados al actor, por la ejecución de los actos y registros
anulados.

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Municipio
del Carmen de Viboral al pago de todos los daños y perjuicios ocasionados a mí
representado y que se estiman de la siguiente manera:

los (sic) perjuicios materiales se determinan en daño emergente: la compensación por
la afectación que se estima en la suma de $11 millones; gastos de conceptos y

1
Cfr. Índice 18 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C01_01DemandaConSolicitudDeSuspensionProvisionalYAnexos(.pdf) NroActua 18”.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

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Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

asesorías varios para soportar los reparos a los actos administrativos y al avalúo, por
un total de $6.000.000; por perjuicios inmateriales de tipo moral la suma de 50 salarios
mínimos, equivalentes a $30.800.000, toda vez que la grave enfermedad de la
cónyuge de mi representado requirió buscar recursos económicos para asumir el
tratamiento y la afectación del lote, limitó su enajenación o disposición para la
consecución de los mismos. Esto da un total para la indemnización de $47.800.000

4. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el C.C.A.,
aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que se causaron y hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

5. El municipio del Carmen de Viboral, dará cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 194 del C.P.A. y C.A.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

En el evento de que los actos administrativos no sean declarados nulos, la reclamación
versará sobre el reconocimiento del área real afectada que se estima en
aproximadamente 40 metros cuadrados y el justo precio del metro según avalúos
anexos, que se determina en $500.000 por metro cuadrado, para un total de 20
millones. El resto de los perjuicios permanecen como se estimaron en el punto anterior
[…]” (negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Mencionó que el señor Henry Ulises Ramírez Giraldo era propietario del
inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 018-52089, ubicado en la calle 34 # 25-
61 del municipio de El Carmen de Viboral. Una franja de ese predio se declaró objeto
de adquisición para el desarrollo de la obra de infraestructura de transporte
denominada Circunvalar - Tramo Oriental.

3. Manifestó que el 21 de febrero de 2014 el municipio presentó oferta de compra
de aquel predio por medio de la Resolución 0416 de 19 de febrero de esa anualidad
por valor de $4.804.407 pesos, conforme al avaluó 2013-17.

4. Indicó que, en la notificación de la oferta, el municipio otorgó un término de 3
días para presentar observaciones técnicas de conformidad con el artículo 15 del
Decreto 1420 de 24 de julio de 19983.

5. Dentro de dicho plazo, el 25 de febrero de 2014, el propietario solicitó mediante
oficio 00871 la entrega de la ficha técnica núm. 22 y su anexo 1, por considerar que
el acto administrativo carecía de la determinación exacta del área y de los linderos
técnicos de la franja a adquirir.

6. Refirió que, tras sucesivas solicitudes al ente territorial, la información técnica
fue entregada parcialmente el 14 de marzo de 2014, mediante el oficio 01578.
Denunció que el anexo aportado no constituía un plano técnico bajo los estándares
del parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, sino un bosquejo carente

3
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.

3

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Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

de escalas, rumbos y distancias que permitieran identificar plenamente el objeto de
la oferta.

7. Expuso que el 17 de marzo y el 10 de abril de 2014 insistió ante la
administración en el suministro de un plano ajustado a la normativa vigente. No
obstante, el municipio respondió mediante oficio 02269 eludiendo la obligación
técnica y remitiendo al propietario ante la oficina de catastro para resolver las
discrepancias físicas encontradas en el predio.

8. Anotó que el 22 de abril de 2014, mientras el demandante reiteraba sus
objeciones técnicas, el municipio notificó la Resolución 0630 de 9 de abril de 2014,
por la cual se dispuso la expropiación por vía administrativa del bien.

9. Finalmente, mediante Resolución 0717 de 8 de mayo de 2014, el alcalde
municipal resolvió el recurso de reposición confirmando la expropiación y
declarando extemporáneos los reparos al avalúo. Con ello, se agotó la vía
gubernativa y se procedió al pago de la suma de $4.577.286 pesos.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

10. El señor Henry Ulises Ramírez Giraldo afirmó que las Resoluciones 0630 de 9
de abril de 20144 y 0717 de 8 de mayo de 20145, se encuentran falsamente
motivadas y transgreden los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, la Ley 9
de 11 de enero de 1989, los artículos 61, 68 y 122 de la Ley 388 de 18 de julio de
19976, el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 y los artículos 1, 6, 7, 10 y 11 de la
Resolución 620 de 23 de septiembre de 20087, por las siguientes razones:

i) Infracción del ordenamiento superior

11. A su juicio, se desconoció el artículo 68 de la Ley 388 de 1997 por el
procedimiento que se le dio al trámite de la oferta de compra pues “[…] el municipio
la manejó como un contrato de adhesión, en el que solamente se limitó a notificar
la resolución de la oferta sin propiciar ningún espacio para audiencia y discusión del
negocio propuesto, esperando que el notificado simplemente manifieste si acepta o
rechaza la propuesta, sin tener en cuenta que en realidad se trata de una invitación
a realizar un negocio jurídico […]”.

12. Resaltó que la Resolución 0630 de 9 de abril de 2014 no determinó de forma
precisa el predio que sería expropiado, conforme a los señalado en el parágrafo del
artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, porque se negoció el área como cuerpo cierto,
pese a la indeterminación de los linderos del predio y a las falencias técnicas del
avalúo comercial contratado. Al respecto, precisó lo siguiente:

4
“[…] Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble con todas sus mejoras y anexidades […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones y la Ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones […]”.
7
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.

4

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Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

“[…] el artículo 13 del decreto 1420 de 1998 determina los documentos que se deben
entregar por quien solicita el avalúo (para el caso el municipio de el Carmen de
Viboral) a quien lo debe realizar (la corporación AVALUOS), entre ellos, el parágrafo
primero determina en su tenor literal que “cuando se trate del avalúo de una parte de
un inmueble, además de los documentos e información señalados en este artículo
para el inmueble de mayor extensión, se deberá adjuntar el plano de la parte objeto
del avalúo, con indicación de su linderos, rumbos y distancias*” (negrillas fuera de
texto para resaltar) y para el caso, en el informe del avalúo el perito reconoce que no
se le suministró este documento. El área de la parte del inmueble sometida al avalúo,
que dicen que es de 26.14 metros cuadrados no es determinable por cuanto el anexo
1 de la ficha técnica 22 no es un plano en el sentido técnico del concepto, pues es
más "un esquema ilustrativo" "sin escalas, sin acotamientos. La geometría en el sector
oriental no coincide con la física visual del terreno demarcado con cerco de estacones
y alambrado concretamente en los puntos C, D y E del esquema suministrado […]”.
(Negrilla del texto).

13. Agregó que “[…] entrando en el contenido de la resolución de expropiación, en
la medida que es solo una copia exacta de la resolución de oferta de compra con el
simple cambio de la palabra “oferta” por “expropiación”, se le hacen serios reparos
en lo que tiene que ver con la determinación precisa del inmueble a expropiar por el
municipio. La misma siempre se refiere a su determinación en el anexo denominado
ficha técnica 22 y su anexo 1 realizado por la secretaria de hacienda del municipio
de El Carmen de Viboral. Como bien se dijo en los hechos no se anexó a la
resolución de oferta de compra, a pesar de que el tenor literal de la misma así lo
indicaba y fue solo después de varios requerimientos por parte de mi poderdante
que la misma se le entregó […]”.

14. Mencionó que en cuanto “[…] al avalúo realizado por la corporación AVALUOS,
se tiene algunos reparos, entre los más importantes: La resolución 620 de 1998
determina en su artículo 6 las etapas para la elaboración de los avalúos, entre ellas
impone al avaluador realizar un “Reconocimiento en terreno del bien objeto de
avalúo. En todos los casos dicho reconocimiento deberá ser adelantado por una
persona con las mismas características técnicas y profesionales de la persona que
ha de liquidar y firmar el avalúo” y este reconocimiento no se hizo pues las
diferencias entre el bien real y el del esquema que se anexa al informe permiten
llegar a esa conclusión […]”.

15. Argumentó que el avalúo administrativo quebranta los artículos 1.º, 10 y 11 de
la Resolución 620 porque presentó graves errores metodológicos, tales como el uso
de un muestreo estadístico no representativo y la comparación errónea de viviendas
bajo régimen de propiedad horizontal con el terreno independiente del afectado.
Adicionalmente, señaló una ostensible desproporción frente a los valores
comerciales de predios colindantes, lo que derivó en un precio de oferta
sustancialmente inferior al mercado.

16. Adujo que el avalúo aplica el método comparativo de mercado que es la técnica
que busca establecer el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al predio avaluado.
Sin embargo, no contiene una mención explícita del medio por el cual se obtuvo la
información y la fecha en que se hizo la publicación.

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Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

17. Por lo anterior, concluyó que la administración desconoció la compensación a
la que tiene derecho, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 388 de 1997.

ii) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

18. Sostuvo que “[…] cuando se niega a mi poderdante la posibilidad de hacer una
venta directa con su anuencia y se le somete prácticamente a una propuesta
adhesiva que toma o deja, entendiendo que la norma, art. 61 de la ley 388 de 1997,
pretende un acuerdo formal entre las partes llevado a una promesa de compra-
venta […]”.

iii) Falsa motivación

19. Mencionó que “[…] se da cuando se fundamentan los actos administrativos en
un lote que no está debidamente determinado e identificado y en un avalúo que no
parte de aplicar de forma adecuada el método que predica […]”.

I.2. La contestación de la demanda

20. El municipio de El Carmen de Viboral, mediante escrito de 7 de julio de 20158,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque los actos administrativos
demandados se expidieron conforme al ordenamiento jurídico aplicable y no como
resultado de irregularidades o arbitrariedad.

21. Argumentó que el municipio respetó el procedimiento legal de enajenación
voluntaria y, al existir diferencias sobre el valor del predio, continuó con el
procedimiento previsto en la Ley 388. En ese contexto, expidió la resolución que
dispuso la expropiación por vía administrativa de una franja de 26,14 m², decisión
contra la cual procedía el recurso de reposición, el cual fue decidido por la
administración.

22. Respecto del avalúo indicó que “[…] en cumplimiento con el requisito previsto
en la norma que rige la materia, realiza el avalúo del bien inmueble objeto de
adquisición y para ello contrató a la Corporación Avalúos, identificada con el NIT
No. 900.042.850-9, entidad de pleno reconocimiento en su labor y en el sector de la
economía y prueba de ello son los organismos a los cuales se encuentran afiliados,
esto es, a Camacol y Asolonjas […]”.

23. Afirmó que el avaluó se construyó con referencias de mercado y bajo la
presunción de veracidad de los documentos suministrados. Además, podía
revisarse o impugnarse dentro del término legal.

24. En relación con el procedimiento de enajenación voluntaria manifestó que “[…]
se ajustó a los parámetros establecidos en la norma que rige la materia […] lo que

8
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C01_13ContestacionDeLaDemandaMunicipioDeElCarmenDeViboralParteDemandada(.pdf) NroActua 18”.

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permite concluir que en ningún momento se configuraron las causales de infracción
de las normas en que debería fundarse, desconocimiento del derecho de audiencia
y de defensa y falsa motivación aducidas por la parte actora […]”.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

25. Mediante auto de 2 de marzo de 20159 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada y al Ministerio Público.

26.Por medio de auto de 23 de noviembre de 201510, se negó la solicitud de
suspensión provisional.

27. A través de proveído de 3 de mayo de 201611, se adecuó el trámite del presente
proceso al establecido en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 y se decretaron las
pruebas solicitadas por las partes.

28. El 28 de julio de 201612 se realizó audiencia pública con el fin de llevar a cabo
la contradicción de los dictámenes y la práctica de los testimonios.

29.Por auto de 5 de agosto de 201613 se ordenó correr el traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

30. La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 17 de julio de 201514, concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 0630 del 9
de abril de 2014 y 0717 del 8 de mayo de 2014, por medio de las cuales se dispuso
la expropiación por vía administrativa del derecho de dominio sobre una franja del
bien inmueble propiedad del señor HENRY ULISES RAMÍREZ GIRALDO y el cual se
encuentra ubicado en la Calle 34 No. 25-61 del Municipio El Carmen de Viboral –
Antioquia, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 018-52089.

SEGUNDO: A título de restablecimiento se ordenará al Municipio El Carmen de
Viboral cancelar al señor HENRY ULISES RAMÍREZ GIRALDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.112.362, la suma de siete millones doscientos sesenta
y dos mil trescientos treinta pesos ($7.262.330), valor determinado como acorde a la
realidad del precio del bien objeto de expropiación.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas.

9
Cfr. Ibídem. Documento denominado “ED_C01_07AutoAdmisorioAdmiteLaDemanda(.pdf) NroActua 18”.
10
Cfr. Ibídem. Documento denominado “ED_C01_17AutoQueResuelveNegarLaSuspensionProvisional(.pdf) NroActua 18”.
11
Cfr. Ibídem. Documento denominado “ED_C01_17AutoQueResuelveNegarLaSuspensionProvisional(.pdf) NroActua 18”.
12
Cfr. Ibídem. Documento denominado “ED_C01_21AudienciaDePruebas(.pdf) NroActua 18”.
13
Cfr. Ibídem. Documento denominado “ED_C01_22AutoCorreTrasladoParaPresentarAlegatos(.pdf) NroActua 18”.
14
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C01_26FalloSentenciaDePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 18”.

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QUINTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA. […]”. (Negrilla del texto).

31. Precisó que la controversia giraba en torno a dos ejes fundamentales. El primero
era la determinación del área objeto de la expropiación y el segundo la falta de
correspondencia del precio indemnizatorio con la realidad comercial del sector.

32. Respecto del primer punto, reconoció que existió una falencia técnica por parte
del ente municipal al momento de identificar el inmueble, toda vez que la ficha
técnica núm. 22 y su anexo carecían de los requisitos legales exigidos.

33. Explicó que el plano aportado por la administración no era más que un dibujo
trazado a mano que no contenía rumbos, linderos ni distancias, incumpliendo lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998.

34. Aun así, señaló que la parte actora no logró demostrar técnicamente que la
franja expropiada tuviera una extensión superior a la definida por el municipio. El
dictamen pericial aportado por el demandante, el cual estimaba un área de 40 m 2,
se basó exclusivamente en una “apreciación visual” del ingeniero civil y no en un
levantamiento técnico de precisión, razón por la cual no se desvirtuó la legalidad del
metraje de 26.14 m2 definido en los actos cuestionados.

35. Frente al segundo componente de la controversia, explicó que el avalúo oficial
realizado por la Corporación Avalúos perdió su presunción de legalidad debido a
que el avaluador oficial incurrió en errores metodológicos insubsanables.

36. Destacó que el perito oficial omitió el uso de planos técnicos obligatorios y
empleó una muestra de mercado no homogénea, al comparar predios de uso
residencial con inmuebles de la zona centro de naturaleza comercial, lo que derivó
en una tasación del metro cuadrado ostensiblemente inferior al valor real de
mercado.

37. Adujo que los avalúos comerciales allegados por el demandante contaban con
un mayor rigor técnico y metodológico, por lo que les otorgó pleno valor probatorio
para determinar el precio justo. Estos estudios consideraron la ubicación específica
en el sector residencial El Edén y utilizaron referentes comparables como las
urbanizaciones San Fernando y Villa de Alejandría, logrando desvirtuar el valor de
$183.796 por metro cuadrado que había sido fijado inicialmente por la
administración.

38. Agregó que la indemnización en procesos de expropiación debe ser integral y
reparatoria, por lo que no es de recibo un pago que ignore la realidad económica
del bien afectado. Por lo tanto, al haberse probado el error en el avalúo, resultaba
imperativo ordenar el reajuste del precio indemnizatorio a favor del señor Ramírez
Giraldo, tomando como base el área de 26.14 m2 pero aplicando los valores
comerciales superiores que fueron debidamente acreditados y controvertidos dentro
del proceso judicial.

8

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Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

39. Declaró improcedente la solicitud del pago de perjuicios a la parte actora por
cuanto esta no probó su existencia. Tampoco, se concedió el pago por concepto de
gastos de asesorías y avalúos porque no fueron allegados al proceso los pagos
realizados y no se puede hacer un estimado de los honorarios cancelados.

40. Por último, respecto de los perjuicios morales solicitados por la expropiación
administrativa, recordó el criterio jurisprudencial que sostiene que tales perjuicios
no se incluyen dentro del precio indemnizatorio.

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1 Municipio de El Carmen de Viboral15

41. El ente territorial solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para
que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda por cuanto los actos
administrativos acusados no incurren en ninguna de las causales de nulidad
establecidas en la Ley 1437 de 18 de enero de 201116.

42. Argumentó que contrató a una entidad reconocida para que, de manera técnica
determinara el valor de la franja que se requería para la construcción de la obra de
interés general. La Corporación Avalúos utilizó el método de comparación o de
mercado establecido en el artículo 1.º de la Resolución 620 de 2008.

43. Señaló que la Resolución 620 no establece el número mínimo de bienes o
viviendas semejantes y comparables con el bien objeto de avalúo. Además, los
bienes usados para realizar la comparación estaban mejor ubicados que los
utilizados por el demandante.

III.2 Henry Ulises Ramírez Giraldo17

44. El demandante solicitó modificar la sentencia de primera instancia para que se
reconociera que el área objeto de expropiación es de 49,55 m2.

45. Señaló que el municipio de El Carmen de Viboral no cumplió con su obligación
legal de presentar los linderos, rumbos y distancias exactos cuando expidió las
resoluciones demandadas. Por esta razón, al momento de presentar la demanda,
el ingeniero Jhon Fredy González no pudo calcular el área precisa con base en los
datos disponibles. El experto advirtió desde el inicio que la información entregada
por el municipio era incorrecta y no incluía datos esenciales como ángulos y radios
de curvatura, por lo que tuvo que hacer una estimación visual.

15
Cfr. Ibidem, documento denominado: “ED_C01_28RecursoApelacionInterpuestoPorLaParteDemandadaContra
LaSentencia(.pdf) NroActua 18”.
16
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
17
Cfr. Ibidem, documento denominado: “ED_C01_27RecursoApelacionInterpuestoPorLaParteDemandanteContra
LaSentencia(.pdf) NroActua 18”.

9

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

46. Explicó que la delimitación física del área que se debía expropiar se hizo
después de que se elaboró el dictamen pericial. Una vez el municipio demarcó los
linderos en el terreno, el ingeniero realizó un levantamiento técnico y encontró que
el área afectada no era de 26,14 m2, sino de 49,55 m2.

47. Afirmó que la sentencia de primera instancia no consideró este hecho y
pretendió que el perito se basara solo en el cálculo inicial hecho sobre planos que
el mismo juez calificó como “dibujos a mano”.

48. Adujo que la sentencia trasladó injustamente al demandante la carga de la
prueba, pero ante la duda sobre el área expropiada, el juez debió ordenar pruebas
de oficio para establecer la realidad física del terreno ocupado, en vez de aceptar
un área sin soporte legal ni factual.

49. Indicó que, en la audiencia de pruebas del 28 de julio de 2016, el ingeniero
ratificó y amplió su dictamen luego de verificar en terreno la ocupación real del
inmueble. El experto confirmó que la medida correcta era de 49,55 m 2, cifra que el
municipio no logró refutar pese a tener la oportunidad. Por eso, concluyó que la
sentencia apelada vulneró su derecho al debido proceso y el principio de justicia
reparatoria en casos de expropiación administrativa.

50. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la parte demandada por su
comportamiento en el proceso de expropiación. Además, aclaró que presentó los
recibos de pago de los honorarios de los peritos, lo que demuestra que dichos
gastos sí se causaron.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

51. Esta autoridad judicial, a través de auto de 12 de junio de 201818, admitió los
recursos de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que
presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

52. En la oportunidad procesal, las partes guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) los actos administrativos demandados; y (iv) el análisis del caso concreto.

18
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C02_04AutoQueAdmiteYOAdmiteYDecretaPruebasAdmiteElRecursoDeApelaciónInterpuestoPorLasPartes(.pdf)
NroActua 18”.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

V.1. Competencia

54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1319 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

V.2. Los actos administrativos demandados

55. En la demanda se cuestionó la legalidad de la Resolución 0630 de 9 de abril
de 201421, en la que se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar la expropiación por vía administrativa
de una franja de terreno con área de 26.14 metros cuadrados, con todas las mejoras
y anexidades existentes, segregada de un bien inmueble de mayor extensión, cuyo
titular del derecho real de dominio es el Señor HENRY ULISES RAMÍREZ GIRALDO,
identificado con cédula de ciudadanía número 71.112.362, inmueble ubicado en la
Calle 34 N° 25-61 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral,
distinguido con matrícula inmobiliaria 018-52089, cuya descripción, área y linderos
según Escritura Pública N° 713 del 7 de Octubre de 2.000, de la Notaria única del
Círculo Notarial del Municipio de El Carmen de Viboral, son:

DESCRIPCIÓN Y LINDEROS INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN:

“Un lote de terreno, demás mejoras y anexidades, con un área de 227 metros
cuadrados, Comprendido por los siguientes linderos Partiendo de la Calle 34, sigue
lindero con Jenny Ramírez Giraldo, luego con Erika, Magda, Henry y Asenet Ramírez
Giraldo en su orden, después con Alberto Jiménez, Héctor Carmona, luego con Sergio
Alzate a limitar con otro predio de Henry Ramírez Giraldo; con este a encontrar Los
Duques y con ellos a encontrar de nuevo a Calle 34 primer lindero”.

Parágrafo 1: De conformidad con lo registrado en la Oficina de Registro de
Instrumentos Púbicos de Marinilla, matrícula inmobiliaria 018 - 52089, y la Escritura
Pública N° 713 del 7 de Octubre de 2.000 de la Notaria Única del Circuito Notarial
del Municipio de El Carmen de Viboral, el área del inmueble de mayor extensión es
de 227 metros cuadrados.

Parágrafo 2: De conformidad con la Ficha Técnica número 22 y su anexo 1 elaboradas
por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Carmen de Viboral, el área de la
franja de terreno a adquirir es de 26.14 metros cuadrados y esta ubicado en la Calle
34 N° 25 - 61 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral.

DESCRIPCIÓN, ÁREA Y LINDEROS DE LA FRANJA DE TERRENO A ADQUIRIR
EL MUNICIPIO DE EL CAMEN DE VIBORAL:

“Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras y anexidades, ubicado en la
Calle 34 N° 26-61 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de Viboral,
con un área total a adquirir de 26.14 metros cuadrados, cuyos linderos son: Por el
Norte, con la Calle 34, entre los punto (sic) B y C; Por el Sur — Oriente, con propiedad

19
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
20
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
21
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C01_13ContestacionDeLaDemandaMunicipioDeElCarmenDeViboralParteDemandada(.pdf) NroActua 18”,, folios 85 y
siguientes.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

del Señor José Ángel Ramírez Cardona, entre los puntos C, D y E, Por el Occidente,
con la faja de terreno que le queda al Vendedor, entre los puntos E y B, del piano
anexo 1 a la Ficha Técnica número 22, elaboradas por la Secretaria de Hacienda del
Municipio de El Carmen de Viboral.

Parágrafo 3: No obstante el área y descripción de linderos de la franja de terreno a
adquirir y de la presente Oferta de Compra, esta se realiza sobre cuerpo cierto,
consistente en una franja de terreno segregada del inmueble de mayor extensión con
Matrícula Inmobiliaria N° 018 - 52089.

[…]

ARTÍCULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN: EL VALOR TOTAL de
la indemnización por la franja de terreno segregada del bien inmueble de mayor
extensión, es conforme al avalúo comercial número 2013-17 del día 27 de Agosto
de 2013, realizado por la Corporación Avalúos, asciende a la suma de CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
PESOS ($4.804.427). […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

56. También se demandó la Resolución 0717 de 8 de mayo de 2014 22, a través de
la cual se confirmó lo resuelto en la Resolución 630 de 9 de abril de 2014. De la
parte motiva de ese acto se destacan los siguientes apartados:

“[…]
1) La supuesta falta de resolver o atender de fondo, en forma precisa, concreta y
congruente reiteradas y repetitivas solicitudes de aclaración y precisión, no es
cierto, pues todas ellas fueron atendidas y resueltas dentro de la oportunidad que
de acuerdo al asunto así lo permitieron. Solicitudes o memoriales que no
cumplieron los requisitos que la ley exige para soportar la solicitud de revisión o
impugnación del avalúo, es decir relación de observaciones técnicas.
2) La impugnación y solicitud de revisión de los avalúos relacionados, que dicho sea
de paso, para el caso concreto solo correspondería al avalúo a que hace
referencia el inmueble con matrícula inmobiliaria número 018-52089, toda vez que
corresponde al acto recurrido, ya que para atender y tramitar tal impugnación y
solicitud de revisión de avalúos, es imperativo el cumplimiento del Artículo 15 del
Decreto 1420 de 1998, el cual establece:

“ARTÍCULO 15: La entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al
avalúo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que
realizó el avalúo se lo ponga en conocimiento”.

Conforme la norma transcrita y teniendo en cuenta que la resolución de oferta de
compra fue notificada en forma personal el día 21 de Febrero de 2014, el término
para solicitar por parte de la entidad, Municipio de El Carmen de Viboral, la
revisión o impugnación del avalúo venció desde hace mas de Setenta (70) días,
por lo tanto no es procedente por expresa disposición legal solicitar tal revisión o
impugnación.

3) La compensación reclamada conforme trata el Artículo 122 de la Ley 388 de 1997,
deberá cumplir, precisamente, con los requisitos establecidos en tal norma y la
Ley 9a de 1989, pues para la fecha de expedición de los actos administrativos de
oferta de compra y decisión de expropiación administrativa conforme
Resoluciones N° 0416 del 19 de Febrero y N°0630 del 9 de abril de 2014
debidamente notificadas, no se tiene noticia, ni siquiera sumaria, de los perjuicios
sufridos durante el tiempo de la afectación.

22
Cfr. Ibidem, página 142 y siguientes.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

La supuesta afectación NO IMPEDÍA NI IMPIDE el uso y goce del inmueble, por
esta razón NO OPERA, en este caso concreto, reconocimiento y pago de
compensación alguna.

4) En los actos administrativos de oferta de compra y decisión de expropiación
administrativa conforme Resoluciones N° 0416 del 19 de Febrero y N° 0630 del 9
de Abril de 2014de 2014, se detalla expresamente la franja de terreno a adquirir,
igualmente la faja de terreno que le queda el recurrente Señor Henry Ulises Ramírez
Giraldo, conforme lo ordena la Ley 388 de 1997. Los aspectos puntuales del avalúo,
están contenidos en el informe avalúo comercial 2013-17 del día 27 de Agosto de
2013, realizado por la Corporación Avalúos, con base en el cual se formuló la oferta
de compra y la correspondiente resolución de expropiación administrativa, de las
cuales de entregó copia integral al recurrente. […]”. (Negrilla y subrayado del texto).

V.3. El planteamiento del problema jurídico

57. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
de primera instancia por las razones expuestas en los recursos de apelación
presentados por ambas partes.

58. En la sentencia de 17 de julio de 2017, la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en el sentido de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 0630 y 0717 de
2014, respecto del precio indemnizatorio del predio objeto de expropiación, porque
se desvirtuó la legalidad del valor comercial del m2 previsto en el avalúo oficial.

59. El tribunal consideró que la tasación oficial carecía de validez debido a errores
metodológicos relacionados con el uso de una muestra de mercado no homogénea,
lo que resultó en un precio por metro cuadrado inferior al real. Por ello, otorgó mayor
credibilidad a los avalúos presentados por el demandante, que aplicaron criterios
técnicos y valores comerciales acordes al sector.

60. Respecto del cuestionamiento relacionado con que el área a expropiar
correspondía a 49.55 metros cuadrados, en vez de los 26.14 señalados en los actos
acusados, el tribunal reconoció que existían falencias técnicas en la identificación
del inmueble, pues los documentos aportados por la administración municipal no
cumplían con los requisitos legales, y el plano presentado no especificaba rumbos,
linderos y distancias.

61. Sin embargo, consideró que, pese a dichas omisiones no se logró demostrar
técnicamente que el área expropiada fuera mayor a la definida por el municipio, ya
que el dictamen pericial del demandante se basó en una apreciación visual y no en
un levantamiento técnico. Por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda en
torno a ese punto.

62. Asimismo, negó el reconocimiento de perjuicios materiales y morales, así como
el reembolso de gastos de asesoría y avalúos. Esto obedeció a que la parte
demandante no aportó los soportes de pago que acreditaran la cuantía de los
honorarios cancelados ni probó la existencia de perjuicios materiales adicionales.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

Respecto a los perjuicios morales, el tribunal aplicó el criterio jurisprudencial vigente,
según el cual estos no forman parte del precio indemnizatorio en los procesos de
expropiación administrativa.

63. La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando la modificación
de la sentencia para que se reconozca un área de expropiación de 49.55 m². Insistió
en que la delimitación física real solo pudo verificarse tras la ocupación material del
predio por parte del municipio, momento en el cual el experto realizó un
levantamiento técnico de precisión que superó la estimación visual inicial.

64. Cuestionó que el tribunal le trasladara la carga de la prueba cuando fue la propia
administración la que omitió presentar linderos y rumbos precisos, validando un área
de 26.14 m² que carecía de sustento técnico legal.

65. Por su parte, el municipio de El Carmen de Viboral solicitó que se nieguen las
pretensiones, porque el avalúo realizado por la Corporación Avalúos aplicó
correctamente el método de comparación de mercado, conforme a lo regulado en
la Resolución 620 de 2008. Insistió que los bienes usados como referencia eran
técnica y legalmente válidos para fijar el precio.

V.4. Análisis del caso concreto

66. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará si: i) el avalúo oficial
cumplió con los estándares metodológicos previstos en la Resolución 620 de 2008
o si, por el contrario, adolece de errores que justifiquen el reajuste ordenado en
primera instancia; ii) los actos demandados transgreden el artículo 13 del Decreto
1420 de 1998 porque el avaluador no identificó de forma técnica los linderos,
rumbos y distancias de la franja objeto de expropiación; y iii) si es procedente la
condena en costas.

V.4.1. El valor comercial del inmueble expropiado

67. Para resolver el planteamiento, la Sala pone de presente que, el Estado puede
adelantar una expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, mediante una indemnización
previa que se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado, en los
términos del artículo 58 de la Constitución Política.

68. El artículo 67 de la Ley 388 indicó que el acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación “[…] deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley […]”.

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69. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.223 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos24 y 1725 de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, aclaró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio.

70. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 dispone que el precio de adquisición será
igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto Ley 2150 de
1995.

71. La norma igualmente señala que el valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, su
destinación económica.

72.La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico
que se fundamenta en los procedimientos y parámetros previstos en el Decreto
1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.

73. Conforme a los artículos 20, 2126, 22 y 25 del Decreto 1420, el avaluador debe
acudir a la metodología prevista en la reglamentación, especificar cuál fue el método
utilizado, definir el valor comercial desglosando el valor del suelo, edificaciones y
mejoras, y tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente, la destinación
económica, los valores unitarios de las construcciones, los aspectos físicos, la clase

23
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
24
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
25
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
26
“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el
inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo
en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran
de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su
valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a
actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la
compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir
bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se
aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le
han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”

15

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de suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socioeconómica y las
construcciones existentes.

74. El Decreto 1420 de 1998 prescribe que los avalúos comerciales de inmuebles
que se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos (artículo 25). Igualmente, el artículo 26 del decreto ibidem
establece que cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la
aplicación de uno o más de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las
estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se determine.

75. La Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi define y
precisa el alcance de cada uno de los métodos referidos y su forma de aplicación,
e igualmente regula las etapas, procedimientos y normas metodológicas para la
realización de los avalúos.

76. En relación con el método de comparación o de mercado, la resolución dispone:

“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que
busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de
avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

[…] Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la realización
del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que
en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros factores que
permitan su identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno
y la construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por
metro cuadrado de área privada de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en
oferta o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior
análisis […]”.

77. En el caso concreto, el valor comercial de la franja de predio expropiado,
ubicado en la calle 34 #25-61 de la nomenclatura urbana del municipio de El Carmen
de Viboral, distinguido con matrícula inmobiliaria 018-52089, fue determinado
mediante el avalúo comercial núm. 2013-1727, elaborado por la Corporación
Avalúos. La conclusión del informe rendido por la entidad avaluadora es la siguiente:

27
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_01DemandaConSolicitudDeSuspensionProvisionalYAnexos(.pdf) NroActua 18”, página 45.

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78.El avalúo indicó que la metodología utilizada es el método comparativo de
mercado en los siguientes términos:

“[…] 6. Metodología de Avalúo:
6.1 Método Comparativo de Mercado:
Este método valuatorio consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta, demanda y avalúos de inmuebles similares o equiparables,
previo ajuste de tiempo, conformación y localización entre otros, la cual es
debidamente ordenada, verificada y homologada, para este caso en particular se
analizaron ofertas existentes en la zona.
Para conformar un estimativo de valor sobre el inmueble en estudio se investigó y se
evalúo de forma estadística el comportamiento del mercado, para aproximarse con
un admisible grado de certidumbre al valor más razonable de los bienes en el sector,
de características similares a las del bien en estudio y que a su vez estos sean
aprovechables, o que ya estén siendo aprovechados de maneras similares a las que
se permiten en el lote en estudio. Para el análisis del inmueble se evalúan diferentes
factores tanto positivos como negativos que afectan al inmueble e influyen
directamente en el valor por metro cuadrado de este, basados en la consideración de
las características físicas de área, topografía y usos factibles según PBOT.

17

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[…]”.

79. El citado avaluó explicó que la selección de los inmuebles objeto de comparación tuvo
en cuenta las siguientes consideraciones:

“[…] 4. Factibilidad de Aprovechamiento: Partiendo del Principio universal de la
Tasación, de que el Suelo vale de acuerdo al máximo provecho que se pueda obtener
de él y debido a que la ubicación del Lote se encuentra en una zona de uso residencial
o habitacional, se realiza la estimación del valor del predio considerando la factibilidad
de aprovechamiento (Mayor y Mejor Uso) según el potencial desarrollable desde el
punto de vista legal (PBOT) y más factible desde la óptica del mercado.
De ese análisis y como resultado del estudio y de las tendencias más probables del
mercado desde el punto de vista inmobiliario y normativo, el aprovechamiento del bien
inmueble actual es para uso residencial.
[…]
1.8 Restricciones y Limitaciones:
En el proceso de investigación y trabajo, para alcanzar el objetivo de emitir un
estimativo de valor sobre el bien valorado, se analizaron y evaluaron las Operaciones
de Compra-Venta, las ofertas públicas en revistas y prensa, la Información recogida
de primera mano por el Tasador, para bienes que de manera análoga, fueran
similares y/o comparables con el estudiado. Además se consideraron los juicios de
expertos en la materia inmobiliaria que han realizado avalos recientes en inmuebles
comparables y/o similares al analizado.
El estimativo de valor que se expresa en este informe de Avalúo, obedece al que
existiría, en la oportunidad de realizar una negociación de estricto contado, la cual,
consiste en aquella efectuada en un instante del tiempo coincidente con la
negociación que se haga, al valor actual convenido y sin que exista alguna
consideración con respecto a las condiciones económico financieras de las partes
involucradas en la operación. (Comprador-Vendedor).
En consecuencia se han examinado las referencias del mercado investigadas por el
Avaluador y consultas con empresas dedicadas al arrendamiento, venta y avalúos de
inmuebles similares al avaluado. En el presente informe sobre la El estimativo de valor
del bien en cuestión, se presume la veracidad, se acogen como correctos y han sido
tomados de buena fe por el experto, los documentos de titulación del Bien, sin tener
en cuenta aquellos aspectos de orden jurídico que no hayan podido ser previamente
informados de manera específica al
Avaluador, para que sea considerada en él.
Además, Los estudios y análisis fueron realizados tomando como base cierta, la
información recolectada y suministrada por terceros […]”.

80. En la audiencia de pruebas celebrada el 28 de julio de 2016 28, Ruben Franco
Medina, quien actuó como avaluador de la Corporación Avalúos29, aclaró lo
siguiente:

“[…] Pregunta (P): ¿A qué conclusión llegó con el avalúo?

Respuesta (R): Se trata de un avalúo especial para proyectos de interés colectivo o
general, los cuales se rigen por una normativa específica. Es un avalúo corporativo y
colegiado, donde el comité nombra a un perito para realizar la visita técnica y
presentar el informe. Dicho comité está integrado por un número plural de expertos.

28
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_CD2Folio217DemandaMemorialAnexaLoSolicitado(.zip) NroActua 18”.
29
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “008ED_C01_TESTIGO
DOCUMENTAL CE - CD3 FOLIO 429-VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS 28-07-2016”.

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De acuerdo con el estudio de mercado de la zona, el comité determina el valor
máximo, mínimo y medio del predio. La mejora o construcción se valora mediante el
método de reposición a nuevo, utilizando la tabla “Fito y Corvini”. El avalúo tiene una
vigencia de un año y los plazos para solicitar su revisión están estipulados en el
Decreto 1420 de 1998.

P: ¿A qué conclusión llegaron en relación con el terreno objeto del proceso?

R: Esa información consta en el cuerpo del avalúo. El estudio de mercado se realizó
con rigurosidad técnica conforme a la ley. Si la parte interesada no agotó las
instancias de revisión, tenía la posibilidad de impugnar; el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) era la entidad competente para fijar el precio definitivo. Al no
realizarse dichas objeciones en su momento, la entidad avaluadora queda exonerada
de responsabilidad.

P (Parte demandante): ¿En qué consistió el uso de la metodología de mercado?
R: Para terrenos se utilizan principalmente dos metodologías: estudio de mercado o
método residual. En este caso, por las características del predio, se aplicó el de
comparación de mercado. Este requiere identificar la clase de inmueble, dirección,
ofertas o ventas realizadas y fuentes verificables. Se analizan ítems que permiten
establecer un límite superior, uno inferior y un promedio. El valor final determinado
fue de $4.804.427.

P: (Parte demandante): En la página 10 del informe hay una tabla sobre la
muestra tomada. ¿Por qué se seleccionaron solo cuatro viviendas para realizar
la comparación?

R: La norma no precisa un número exacto, pero técnicamente se requiere un mínimo
de tres muestras. Por lo general, se utilizan cuatro para dar mayor solidez al estudio.

P: ¿Qué norma indica el mínimo de muestras?

R: La Resolución 620 de 2008 no lo indica expresamente, pero señala que debe
realizarse un muestreo representativo; en la práctica profesional, se utilizan
habitualmente cuatro referentes.

P: Respecto a la muestra, ¿las dos casas ubicadas en la urbanización San
Fernando son unifamiliares divididas en dos?

R: Se tomó el valor del segundo piso porque lo que se evalúa es el valor del terreno,
que representa el 50% del derecho. Cuando no existen lotes baldíos semejantes, se
utiliza un inmueble con construcción y se desglosa el valor del lote y de la edificación
por separado.

P: ¿Por qué utilizaron casas de la zona centro si el predio está en otro sector?
R: La norma permite usar inmuebles de la misma zona o de sectores con
características similares. Técnicamente, el centro tiene características comparables
al barrio El Edén. La asignación de valores según la ubicación es criterio del avaluador
asignado.

P: ¿Se tomaron en cuenta los usos del suelo del PBOT para este avalúo?

R: Sí, se consultaron. […]”. (Negrilla fuera del texto).

81.Del material probatorio supra, se destaca que el estudio de los valores del
mercado contempló 4 inmuebles tipo casa. Dos inmuebles son urbanizaciones y dos

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se ubican en la zona centro. El tipo de transacción es oferta y se determinó el área
y el precio para la construcción y el valor del metro cuadrado para el terreno.

82.Como se explicó previamente, el método comparativo de mercado exige
comparar el bien con inmuebles similares o equiparables y efectuar los ajustes
necesarios para aproximarse, con un grado razonable de certidumbre, al valor de
mercado.

83. En este caso, el avaluador explicó que investigó ofertas existentes en la zona y
evaluó estadísticamente el comportamiento del mercado, teniendo en cuenta el
área, la topografía y los usos factibles según el PBOT; factores que influyen en el
valor por metro cuadrado.

84. Para asegurar que las referencias fueran homogéneas, se comparó el predio
con inmuebles con construcciones residenciales, al ser esa la destinación del predio
objeto de expropiación, el cual debido a su tamaño de 26.14 metros cuadrados no
podría compararse con otros predios en donde fuera posible desarrollar nuevas
obras urbanísticas residenciales de mayor tamaño.

85. Para la Sala resulta razonable que el avaluador buscara predios con vivienda
ya construida porque el avalúo partió de la “factibilidad de aprovechamiento” y, en
consecuencia, la selección de comparables se enfocó en inmuebles que reflejaran
ese mismo destino residencial, conforme al comportamiento del mercado para
bienes con características y uso equivalente.

86. En este contexto, se pone de presente que, al estar el precio de indemnización
respaldado por una presunción de legalidad, la parte demandante en el libelo
petitorio debe demostrar el error o la incorrección en el avalúo oficial, basada en los
procedimientos y parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución 620 de 2008.

87. Precisamente, esta Sección explicó en las sentencias de 20 de febrero de
202030 y 14 de marzo de 202431 que el demandante tiene la carga de probar cuál
es el error o la incorrección del avalúo oficial.

88. En el caso concreto, con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, el señor Henry
Ulises Ramírez Giraldo aportó con la demanda 2 avalúos comerciales.

89.El primero fue realizado por el señor John Dairon Jaramillo Arroyave32,
documento que se fundamenta en la siguiente metodología valuatoria:

“[…] 5.1 METODO RESIDUAL

30
Consejo de Estado, Sección Primera; C.P. Oswaldo Giraldo López; sentencia de 20 de febrero de 2020; radicación núm.
25000232400020110011501.
31
Consejo de Estado, Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 14 de marzo de 2024; radicación
núm. 05001233100020120003301.
32
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_01DemandaConSolicitudDeSuspensionProvisionalYAnexos(.pdf) NroActua 18”, página 125.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

Se emplea en nuestro medio para avaluar lotes o terrenos únicamente.

Consiste en determinar el valor de la tierra mediante diferencia o residuo, entre el valor
total de los ingresos por ventas del posible proyecto a desarrollar, previa la deducción
del valor de los costos de construcción, y de los gastos de índole administrativos,
financieros y legales, incluidos los beneficios del promotor. Se complementó
información con la revista de costos de Construdata.

5.2 MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO

Se aplico (sic) para el lote de terreno, consistente en determinar el valor mediante
información obtenida de transacciones, ofertas y avalúos de inmuebles recientes para
predios equiparables, previos ajustes, correspondientes por forma de pago, época,
forma, tamaño, topografía, estado de conservación, entre otros.

[…]

El sector es uno de los sitios que presenta un mayor desarrollo urbanístico residencial
e institucional en todo el municipio, con la construcción de distintas urbanizaciones,
edificaciones, y otras.

El lote de terreno se encuentra en un sitio residencial donde está el barrio El Edén
etapa 1 y 2, con casas de diseño unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar,
considerado uno de los mejores barrios del municipio.

También, están en construcción las urbanizaciones Villa Suiza, Villas de Alejandría,
San Fernando, Flores de Toledo, la torre de apartamentos Santa Isabel, con casas de
diseño unifamiliar, bifamiliar y apartamentos multifamiliar.

El sector además presenta un desarrollo institucional; El (sic) centro de convenciones,
El (sic) Instituto Técnico Industrial, La (sic) Institución Educativa Fray Julio Tobon
Betancur, la escuela de niñas y la cancha de futbol en arenilla.

El sector tiene una buena infraestructura y equipamiento en las distintas redes los
servicios públicos domiciliarios, distintas Instituciones Educativas, escenarios
deportivos, el centro de convenciones, vías amplias de las cuales algunas están recién
adoquinadas, zonas verdes y espacio público.

El frente del terreno es la mejor parte de este inmueble y es a través del terreno cedido
al municipio mediante la escritura pública 1.275 de 1.996, para la prolongación de la
calle 34.

Este lote de 350.85 M2, al pasar por una parte la vía proyectada lo deja muy poco
apetecido para desarrollar cualquier proyecto urbanístico. La Alcaldía, debería comprar
todo el terreno y pueda desarrollar alii andenes, senderos, parques, entre otros.

Para obtener el valor del metro cuadrado del terreno se trabajo con la siguiente
información:

Urbanización San Fernando: Es una vivienda de interés social, algunas viviendas
están terminadas y habitadas, otras están en etapa de construcción, está compuesta
por dos apartamentos, uno en el primer nivel y el otro en el segundo nivel, con la
posibilidad de que este último haga otro nivel más, son entregadas en obra negra.
Tienen todo el urbanismo como vías pavimentadas, andenes, zonas verdes, toda la
infraestructura y las redes de los servicios públicos domiciliarios como acueducto,
alcantarillado, energía, gas, y alumbrado público.

-Área del lote: 72 M2.

21

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

-Primer piso construido: 46 M2.

-Segundo piso construido: 48.95 M2.

Urbanización Villas de Alejandría: Son casas de diseño unifamiliar, algunas
viviendas están terminadas y habitadas, otras están en etapa de construcción, entregan
solo la primera planta en obra gris, con posibilidad de construir la segunda planta. Tiene
todo el urbanismo como vías pavimentadas, andenes, zonas verdes, toda la
infraestructura y las redes de los servicios públicos domiciliarios como acueducto,
alcantarillado, energía, gas y alumbrado público.

-Área del lote: 60 M2.
-Área de la casa construida: 51 M2.

Urbanización Flores de Toledo: Son casas de diseño unifamiliar y apartamentos
multifamiliares, algunas viviendas están terminadas y habitadas y otras están en etapa
de construcción, son entregadas con la obra blanca.

-Área del lote unifamiliar: 72 M2.
-Área de la casa construida: 128 M2.

También se tuvo en cuenta información de transacciones recientes realizadas en el
sector de distintos lotes de terreno, diferentes avalúos realizados en el sector por parte
del avaluador.

7. DETERMINACIÓN DEL VALOR COMERCIAL

[…]
Hechas las consideraciones anteriores, el siguiente es mi concepto sobre el valor
comercial del inmueble:

ÁREA VALOR MTS TOTAL
2.
Valor 26.14 M2 $500.000 $13.070.000
lote
terreno

VALOR TOTAL: TRECE MILLONES SETENTA MIL PESOS. […]”. (Negrilla del
texto).

90.También se allegó el avalúo comercial realizado por el señor José Libardo
Montoya Castrillón33 en el que utilizó como metodología valuatoria la técnica de
comparación de mercado, en los siguientes términos:

“[…] Esta técnica valuadora busca establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

El valor se determine mediante información obtenida de transacciones, ofertas y
avalúos de inmuebles recientes dentro del mercado local.

33
Ibidem, página 107 y siguientes.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

En cuanto a la investigación económica, para adoptar el precio por metro cuadrado en
la zona, se consultó a personas conocedoras del mercado de Bienes y Raíces; algunos
por ser propietarios en el sector, otros por conocimiento de causa, soportando estos
valores en entidades bancarias, conceptos notariales y personal dedicado al sector de
la construcción, entidades estas que mantienen estricta relación con la materia en
estudio.

Dicha encuesta se dirigió detallando variables como ubicación, distancia del parque
principal, calidad de los suelos y posibilidades de comercialización, vías de acceso,
estado actual del inmueble, servicios públicos, potencial de desarrollo del suelo, etc.

Teniendo en cuenta los valores plasmados en el cuadro anterior el valor adoptado por
m2 para el terreno es de $647,045 m2, lotes 100% urbanizados Valor total por m2 en
lotes 100% urbanizados es de $ 647.045, es decir que el lote que es objeto de esta
investigación se encuentra con un semiurbanismo que equivale hoy en un 30% menos
del resultado de lote completamente urbanizado de la comparación antes expuesta en
el cuadro.

Lo que quiere decir que el valor del metro cuadrado en el lote que da frente a la vía de
forma rectangular que mide: 7,00 de frente por 11,40 de fondo que es igual a 79,8 m2
a razón de $ 452,931 m2. De acuerdo a las medidas totales del lote me queda un
remante por valorar que es la parte que da atrás del lote y de las construcciones
vecinas, un área en bruto de 271,05 m 2 valores que se estima en bruto a $ 150.000
m2.

En resumen tenemos que el valor del lote según las investigaciones realizadas para
determinar el valor es de:

[…]”.
91.El a quo consideró que los avalúos aportados realizaron un estudio más
concienzudo de las ofertas, transacciones y de los bienes comparables teniendo en
cuenta la distancia y ubicación del predio.

92. Sin embargo, para esta Sala, los avalúos aportados por la parte demandante no
cuentan con la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de acierto que
ampara al avalúo oficial, toda vez que se apartan de los requisitos establecidos en
la Resolución 620 de 2008 del IGAC.

23

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

93. En efecto, el avalúo oficial de la Corporación Avalúos detalló sus fuentes y
clasificó ofertas de bienes semejantes y aplicó un análisis estadístico (T-Student)
para depurar la información. Por el contrario, los avalúos del demandante presentan
deficiencias en la identificación de sus fuentes.

94. El avalúo realizado por el señor José Libardo Montoya Castrillón se basa en
encuestas a personas del sector y “conceptos notariales” generales, sin identificar
explícitamente el medio de publicación ni la fecha exacta de las ofertas, lo cual
impide su verificación posterior como exige el artículo 10 de la norma citada.

95. Por su parte, el realizado por el señor John Dairon Jaramillo Arroyave utilizó el
método residual y de comparación con inmuebles que no se comparan con el que
es objeto de expropiación, como lo son las construcciones en urbanizaciones.
También indicó que tuvo en cuenta información de transacciones recientes
realizadas en el sector de distintos lotes de terreno sin allegar la fuente de la
información.

96. El artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 menciona que cuando se utiliza el
método de comparación o de mercado para los inmuebles no sujetos al régimen de
propiedad horizontal, el valor del terreno y de la construcción deben ser analizados
en forma independiente para cada uno de los datos obtenidos con sus
correspondientes áreas y valores unitarios. El avalúo oficial cumplió con esta
separación, permitiendo determinar un valor unitario técnico por m 2 para el terreno
de $183.796 pesos.

97. En este contexto, la afirmación del avaluador John Dairon Jaramillo Arroyave,
según la cual no es procedente comparar el mercado inmobiliario del barrio El Edén
con el del centro del municipio, no está respaldada en un estudio técnico de
mercado que demuestre, con variables verificables que se trata de mercados no
homologables. Por el contrario, el avaluador de la Corporación Avalúos (avalúo
oficial) sostuvo que “[…] el centro tiene características comparables al barrio El
Edén […]”.

98. En todo caso, tanto el avalúo oficial como el elaborado por John Dairon Jaramillo
Arroyave también incluyen ofertas de la Urbanización San Fernando, cuyo precio
coincide con el valor comercial del m2 calculado para los inmuebles ubicados en el
centro.

99. Adicionalmente, el avaluó elaborado por José Libardo Montoya Castrillón tiene
en cuenta predios no comprables porque hizo referencia a lotes urbanos destinados
a nuevas construcciones y el tamaño del predio objeto de expropiación no permite
dicha destinación. Además, el avalúo realizado por el señor José Libardo Montoya
Castrillón aplica un descuento discrecional del 30% por “semiurbanismo” sin
sustentar técnicamente el origen de dicho porcentaje.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

100. Esta Sección ha precisado que en estos casos no resulta suficiente la mera
exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las
deducciones extraídas por el perito, sin las explicaciones relativas a su origen y al
proceso lógico e intelectual que lo fundamenta34.

101.Nótese que las partes y la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos
especializados del perito, por lo que se espera que este revele los datos y los hitos
de su discernimiento que, si bien un entendido en la materia puede reputar
elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles.

102. En la sentencia de 30 de abril de 2020 la Sección Primera del Consejo de Estado
precisó que: “[…] en nuestro ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar
la incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial de un bien
inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial y, en consecuencia, tal y
como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor con la demanda, siendo
una prueba documental, no resulta conducente para esa finalidad […]” 35.

103. En conclusión, las falencias presentes en ambas pruebas conducen a la Sala a
tener por cierto el avalúo que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado al demandante con ocasión de la expropiación
administrativa dispuesta mediante las resoluciones demandadas.

104. Por lo tanto, el argumento de inconformidad de la parte demandada tiene
vocación de prosperidad.

V.4.2. El área a expropiar determinada en el avalúo comercial

105. La parte demandante en su recurso de apelación solicitó que se proceda a
modificar el fallo impugnado en el sentido de reconocer 49.55 m2 como área objeto
de expropiación.

106. El a quo en la sentencia proferida en primera instancia consideró que no era
clara la forma utilizada por el municipio demandado para determinar el área total
objeto de expropiación, porque “[…] es un dibujo trazado a mano que no cumple
claramente con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 13 del Decreto 1420 de
1998, puesto que como bien lo señala la parte actora, no indica los linderos, ni
rumbos, ni distancias y que si bien con posterioridad, esto es a folio 67 la entidad
demandad allega otro plano en el que ya se determinan las distancias, tampoco hay
claridad de donde se determinaron los 26.14 m2 […]”.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, radicación
núm. 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020, radicación núm. 05001233100020030050001.

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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

107. En el proceso se acreditó que el demandante. por medio de solicitudes de
aclaración del avalúo de 25 de febrero36, 6 de marzo37, 17 de marzo38, 10 de abril39
y 22 de abril de 201440 cuestionó la delimitación realizada a la franja de terreno por
la entidad avaluadora, respecto de los linderos, rumbos y distancias. Además,
solicitó la impugnación del avalúo.

108. Por medio de oficio núm. 1644 de 15 de abril de 201441, la entidad demandada
informó al demandante que:

“[…] el trámite adelantado para la adquisición de las fajas de la vía Circunvalar, Tramo
Oriental, se encuentra ajustado a la base de datos catastral, por lo que los linderos,
rumbos y distancias son tomadas con base a lo dispuesto en la escritura pública por
medio de la cual se adquirió el predio previamente. Por lo que al efecto jurídico se le
recuera el ARTÍCULO 42° de la Resolución 70 del 2011 el cual (sic) lo siguiente “la
inscripción en el catastro no constituye un título de dominio, ni sanea los vicios de que
adolezca la titulación presentada o la posesión del interesado y no puede alegarse
como excepción contra el que pretenda tener mejor derecho a la propiedad o posesión
de predio”. En esta medida se realiza el ejercicio a petición del solicitante y se adjunta
en este el Anexo 1; donde se indica las áreas afectadas y remanentes, como de igual
manera un tácito acotamiento del posible desarrollo de acuerdo a la Base de Datos
Catastral […].

[…]”

36
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_13ContestacionDeLaDemandaMunicipioDeElCarmenDeViboralParteDemandada(.pdf) NroActua 18”, página 77.
37
Ibidem, página 80.
38
Ibidem, página 84.
39
Ibidem, página 98.
40
Ibidem, página 101.
41
Ibidem, página 96.

26

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

109. La Dirección de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de
Antioquia expidió la ficha predial42 núm. 6504116 ubicado en la dirección calle 34
#25-61 en la cual se indica la información del predio de mayor extensión,
determinando como área total del lote el valor de 350.85 m2.

110. El acto administrativo 0630 de 2014 en su parte resolutiva describió el inmueble
a expropiar en los siguientes términos:

“[…] DESCRIPCIÓN Y LINDEROS INMUEBLE DE MAYOR EXTENSIÓN:

“Un lote de terreno, demás mejoras y anexidades, con un área de 227 metros
cuadrados, Comprendido por los siguientes linderos Partiendo de la Calle 34, sigue
lindero con Jenny Ramírez Giraldo, luego con Erika, Magda, Henry y Asenet
Ramírez Giraldo en su orden, después con Alberto Jiménez, Héctor Carmona, luego
con Sergio Álzate a limitar con otro predio de Henry Ramírez Giraldo; con este a
encontrar Los Duques y con ellos a encontrar de nuevo a Calle 34 primer lindero”.

Parágrafo 1: De conformidad con lo registrado en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Marinilla, matrícula inmobiliaria 018-52089, y la Escritura
Pública N° 713 del 7 de Octubre de 2.000 de la Notaría Única del Círculo Notarial
del Municipio de El Carmen de Viboral, el área del inmueble de mayor extensión es
de 227 metros cuadrados.

Parágrafo 2: De conformidad con la Ficha Técnica número 22 y su anexo 1
elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de El Carmen de Viboral, él
área de la franja de terreno a adquirir es de 26.14 metros cuadrados y está ubicado
en la Calle 34 N° 25-61 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de
Viboral.

DESCRIPCIÓN, ÁREA Y LINDEROS DE LA FRANJA DE TERRENO A ADQUIRIR
EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL:

“Un lote de terreno sin construcción, sus demás mejoras y anexidades, ubicado en
la Calle 34 N° 26-61 de la nomenclatura urbana del Municipio de El Carmen de
Viboral, con un área total a adquirir de 26.14 metros cuadrados, cuyos linderos
son: Por el Norte, con la Calle 34, entre los punto (sic) B y C; Por el Sur – Oriente,
con propiedad del Señor José Ángel Ramírez Cardona, entre los puntos C, D, y E,
Por el Occidente, con la faja de terreno que le queda al Vendedor, entre los puntos
E y B, del plano anexo 1 a la Ficha Técnica número 22, elaboradas por la Secretaría
de Hacienda del Municipio de El Carmen de Viboral”.

Parágrafo 3: No obstante el área y la descripción de linderos de la franja de terreno
a adquirir y de la presente Oferta de Compra, ésta se realiza sobre cuerpo cierto,
consistente en una franja de terreno segregada del inmueble de mayor extensión
con Matrícula Inmobiliaria N° 018-52089 […]”.

111. Por su parte la ficha técnica 2243 contiene la siguiente información:

42 Ibidem, página 25.
43
Ibídem, página 82.

27

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

[…]”.

112. El parágrafo 1 del artículo 13 del Decreto 1420 de 1998, señala que “[…]
Cuando se trate del avalúo de una parte de un inmueble, además de los documentos
e información señalados en este artículo para el inmueble de mayor extensión, se
deberá adjuntar el plano de la parte objeto del avalúo, con indicación de su linderos,
rumbos y distancias […]”.

113. Al examinar el plano, la ficha y la delimitación consignada en el acto
administrativo, se tiene que el lote original tenía un área total de 350,85 m 2. Al restar
la franja sombreada de 26,14 m2, queda un área restante de 324,71 m2.

114. En consecuencia, a diferencia de lo considerado por el a quo y por el
demandante, para la Sala la documentación que sirvió de sustento al avalúo oficial
cumple con el mencionado artículo porque indica los linderos, rumbos y distancias
de la franja a expropiar en términos de las medidas colindantes y orientaciones.

28

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

115. Se reitera que esta Sección ha sostenido que al incorporarse el valor del avalúo
oficial en el texto de los actos que decretan la expropiación por vía administrativa,
debe entenderse que este se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración.

116. Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el proceso
judicial los errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de septiembre
de 2020, esta Sección expuso lo siguiente sobre el particular:

“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que recae
sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la
administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad y
veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el precio
que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la materia
[…]”44.

117. La parte demandante aduce que el área expropiada corresponde a 49.55 m2, y
que, para determinar ese valor, allegó el avalúo realizado por el perito John Fredy
González Ramírez, el cual determinó como conclusión que: “[…] con los esquemas
suministrados y Anexos a la Ficha Técnica N° 22, NO se puede calcular el área
afectada por el PROYECTO VIA CIRCUNVALAR; La geometría del predio es
diferente a los mostrados por los esquemas. Faltan datos como ángulos y radio de
curvatura sobre el predio, de la vía proyectada. No obstante, basado en apreciación
visual, el área afectada, puede superar los 40 m2 […]”. (Negrilla del texto).

118. En el marco de la audiencia de pruebas celebrada el 28 de julio de 2016 45, se
surtió la contradicción del dictamen pericial (min. 53:44). En dicha diligencia, el
experto cuestionó la precisión técnica del levantamiento topográfico oficial,
manifestando que, tras su inspección en campo, identificó una discrepancia
significativa en la extensión del área afectada.

119. Señaló que “[…] el área expropiada es mucho mayor [...] a ellos les dio 26.14
m2 y a mí me dio 49.55 m2 aproximadamente, la medición que yo hice tiene
medidas, ángulos y no concuerda con lo que el municipio presentó […]”.

120. No obstante, el informe señala que fue: “[…] imposible calcular el área de la
afectación sobre el predio (sombreada) […]”. Tal como se puede observar:

44 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de 2020. Radicación núm. 05001-2331-000-2007-

00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
45
Cfr. Índice 18 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “008ED_C01_TESTIGO
DOCUMENTAL CE - CD3 FOLIO 429-VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIA DE PRUEBAS 28-07-2016”.

29

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

121. En este punto, se reitera el precedente jurisprudencial de la Sección, según el
cual la prueba pericial no puede limitarse a una simple enumeración de resultados
o conclusiones. Para desvirtuar el avalúo oficial, el perito debe exponer con claridad
el origen de sus datos y el proceso lógico que sustenta sus deducciones.

122. En conclusión, las falencias de las pruebas que han quedado evidenciadas
impiden darle plena credibilidad, lo que conduce a la Sala a tener por cierto el avalúo
que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado
al demandante con ocasión de la expropiación administrativa dispuesta mediante
las resoluciones demandadas.

123. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que la parte
demandante no desvirtuó la presunción de legalidad que cobija a las Resoluciones
0630 de 9 de abril de 2014 y 0717 de 8 de mayo de 2014.

124. Por lo tanto, resulta inane estudiar el argumento del señor Henry Ulises Ramírez
Giraldo relacionado con el reconocimiento a su favor de las costas procesales, al no
prosperar las pretensiones de la demanda.

125. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201246, sobre condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

46
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

30

Radicación núm.: 05001-23-33-000-2014-01932-01
Demandante: Henry Ulises Ramírez Giraldo

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de julio de 2017, proferida por la Sala
Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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