Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01724-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-01724-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-01724-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: VELMER DE JESÚS VERGARA PALACIO
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN1
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra
la sentencia de 29 de abril de 2015, proferida por la Sala Primera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se concedieron parcialmente
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
I.1.1. Las pretensiones
1. El señor Velmer de Jesús Vergara Palacio, a través de apoderado y en ejercicio
de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho3, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad del acto administrativo resolución SH-ADQ 0211
del 20 de marzo de 2013 de la secretaria de hacienda del Municipio de Medellín.
SEGUNDA: Que en su lugar se expida una nueva resolución en la que se reconozca
el verdadero valor del avalúo de la propiedad de mi poderdante, realizado por la
entidad CORALONJA, ordenando el pago a favor de mi poderdante de la suma de
$66,326,086; discriminada de la siguiente forma:
A. La suma de $31.493.586 correspondiente al valor de las mejoras del inmueble
objeto de la expropiación (valor de la construcción).
B. La suma de $26.432.500 correspondiente al valor del terreno de propiedad de mi
poderdante.
C. La suma de $1.800.000, correspondiente al valor de los anexos de la propiedad.
1
Hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según el Acto Legislativo 01 de 14 de julio de 2021,
“[…] Por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a la ciudad de Medellín y se
dictan otras disposiciones […]”.
2
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “031ED_C01_01Demanda.pdf”, folios 3 a 9.
3
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
D. La suma de $6.600.000 (seis millones seiscientos mil pesos) correspondiente al
lucro cesante, derivado del valor de los ingresos mensuales por 6 meses.
TERCERA: Se consigne a favor de mi poderdante, el mayor valor correspondiente a
la suma reconocida en la resolución impugnada, frente a la verdadera suma que se le
ha de pagar por el bien expropiado; diferencia que asciende a la suma de $46.125.136
(CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS PESOS). Más los intereses causados por ese mayor valor, desde la fecha de la
resolución impugnada hasta el día del pago efectivo.
Cuarta: Se condene a la demandada en costas y agencias en Derecho […]” (negrilla
del texto).
I.1.2. Los hechos
2.Señaló que adquirió la posesión de una casa ubicada en la carrera 93 núm. 62-
08 del barrio Fuente Clara (antes barrio Blanquizal) del municipio de Medellín, de
conformidad con el documento de compraventa CA 14011007.
3.Manifestó que el 8 de octubre de 2003 adquirió un lote ubicado al frente del
inmueble descrito previamente, como consta en el documento de compraventa núm.
CL 0914801.
4.Agregó que la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, el 20 de marzo
de 2013 por medio de la Resolución SH-ADQ 0211, ordenó la expropiación del
inmueble y reconoció únicamente el pago de las mejoras del inmueble por un valor
de $ 20.200.950, pero desconoció el valor del terreno del cual es presunto poseedor,
así como el valor de los anexos de la propiedad.
5.Refirió que el 12 de junio de 2013 contrató el avalúo del inmueble a la entidad
CORALONJA y obtuvo un valor superior al pago ofertado por el municipio de
Medellín.
6.Adujo que la resolución demandada no reconoció la indemnización por lucro
cesante derivado de la actividad realizada en el inmueble objeto de expropiación.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7. El señor Velmer de Jesús Vergara Palacio afirmó que el acto acusado se
encuentra falsamente motivado y transgrede los artículos 58 y 90 de la Constitución
Política y el parágrafo del artículo 399 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20124, por
las siguientes razones:
i) Falsa motivación y transgresión de las normas constitucionales
relacionadas con la indemnización justa en la expropiación
8. Consideró que los actos demandados transgredieron el derecho de reparación
previsto en los artículos 58 y 90 de la Constitución Política, al establecer un avalúo
4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
3
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Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
incorrecto sobre las mejoras del inmueble y desconocer la propiedad adquirida por
sumatoria de posesiones.
9. Argumentó que, aunque en Colombia prevalece el interés general sobre el
particular, la facultad de expropiación otorgada al Estado no debe interpretarse
como una negación de los derechos de los ciudadanos. Por ello, como la entidad
demandada tiene el poder de llevar a cabo la expropiación debe indemnizar los
perjuicios patrimoniales causados, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante,
su compensación debe reflejar el valor real del derecho afectado y no una suma que
distorsione su verdadero alcance.
10. Indicó que el desconocimiento de la condición del demandante como verdadero
propietario del terreno expropiado constituye un enriquecimiento sin causa a favor
del municipio de Medellín, que estaría obteniendo el inmueble de manera
injustificada mediante el abuso de su potestad. Además, destacó que el mecanismo
de prescripción adquisitiva permite adquirir bienes por el transcurso del tiempo,
siendo la declaración judicial solo un reconocimiento legal de dicho derecho.
11. Consideró que la falta de pago del terreno se configura como una expropiación
sin indemnización previa, lo que genera la nulidad del acto administrativo por falsa
motivación y por desconocimiento de las normas superiores aplicables.
ii) El concepto de lucro cesante en la indemnización por expropiación
12. Adujo que “[…] la resolución impugnada desconoce que dentro de las
indemnizaciones a que hay lugar en desarrollo del principio de reparación, también
se comprende el concepto del lucro cesante el cual hace referencia a las utilidades
dejadas de percibir por mi poderdante en razón del traslado que ha de hacer de su
residencia, en la cual a su vez, como Io hizo saber a las autoridades competentes
en su momento, también desarrolla su actividad económica […]”.
I.2. La contestación de la demanda
13. El municipio de Medellín mediante escrito de 13 de mayo de 20145 se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, al considerar que el proceso de expropiación
administrativa cumplió con el ordenamiento jurídico, y se adelantó para ejecutar el
proyecto de construcción de la Conexión Vial Aburrá – Rio Cauca, en el tramo
Avenida 80-81 al Kilómetro 4+100.
14. Consideró que el proyecto propende por mejorar la infraestructura para la
competitividad, conforme a los diferentes planes de desarrollo a nivel nacional,
departamental y municipal, en procura de garantizar la equidad e inclusión social de
los asentamientos humanos.
15. Indicó que “[…] mediante la Resolución N° 386 del 28 de noviembre de 2008,
se declaró la situación de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino al
5
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“037ED_C01_07ContestacionDeLaDemanda.pdf”, folios 1 a 28.
4
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
proyecto de construcción de la Conexión Vial Aburrá - Rio Cauca, en el tramo
Avenida 80-81 al Kilómetro 4+100 y la Resolución No 153 de abril 2 de 2009 por
medio de la cual se aclara la Resolución No. 386 de 2008, autorizando así la
expropiación por vía administrativa de unos inmuebles de conformidad con Io
dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 2007 […]” (negrilla del texto).
16. Explicó que el municipio de Medellín adelantó las gestiones necesarias para
adquirir los inmuebles afectados para la ejecución de esas obras, bajo parámetros
de legalidad y respeto al debido proceso. Concretamente, el municipio acató lo
reglado en la Ley 388, el Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 23 de
septiembre de 20086, el Decreto Municipal 2320 de 26 de octubre de 19957,
reformado por el Decreto 500 de 20068.
17. Señaló que el municipio adelantó el estudio de títulos de cada inmueble a
adquirir para identificar la titularidad del derecho de cada persona e identificar
situaciones jurídicas sobre los inmuebles. Además, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi realizó los avalúos comerciales de acuerdo con lo reglado en el Decreto
1420 de 24 de julio de 19989, conforme al cual el valor comercial de un inmueble es
el precio más favorable en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían
libremente con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el
bien.
18. Planteó que la Resolución 620 de 2008 estableció los procedimientos para
adelantar los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 y que la Ley 1450
de 16 de junio de 201110 no era aplicable al presente caso, porque al momento de
la actuación administrativa el Gobierno nacional no había reglamentado esas
disposiciones, conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 83 ibidem.
19. Explicó que el Acuerdo núm. 046 de 2006 mediante el cual el Concejo Municipal
de la ciudad de Medellín adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, en su artículo
306 facultó a la Secretaría de Planeación Municipal para declarar las condiciones
de urgencia conforme al artículo 64 de la Ley 388.
20. Reafirmó que el valor indemnizatorio que se reconoció en la Resolución SH-
ADQ 0211 de 20 de marzo de 2013, se realizó teniendo en cuenta los criterios,
parámetros y demás conceptos técnicos señalados en la ley.
21. Indicó que, no se configura el enriquecimiento sin causa a favor de la
Administración, porque no se cumple con los requisitos para su configuración. En el
caso concreto, existe un mandato constitucional y legal donde se establecen todos
los requerimientos procedimentales y sustanciales para el trámite de la
expropiación.
6
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
7
“[…] Por el cual se adopta la metodología para el pago de compensaciones […]”.
8
“[…] Por el cual se modifica el Decreto 2320 del 26 de octubre de 2005, mediante el cual se adoptó la metodología para el
pago de compensaciones […]”.
9
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
10
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.
5
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Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
22. Finalmente, presentó como excepciones las que denominó: i) “[…]
Cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales por parte del Municipio de
Medellín, en el trámite de expropiación por vía administrativa […]”; ii) “[…]
Presunción de legalidad de los actos de expropiación […]”; y iii) “[…] Excepción
inexistencia de la obligación […]”.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
23. Mediante auto de 13 de noviembre de 201311 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada y al Ministerio Público.
24. A través de proveído de 16 de junio de 201412 se resolvió sobre el decreto y
práctica de las pruebas solicitadas por las partes, de conformidad con lo previsto en
el artículo 71 de la Ley 388.
25. El 17 de julio de 201413 se realizó audiencia pública con el fin de llevar a cabo
la diligencia de testimonios.
26. Por auto de 25 de agosto de 201414 se ordenó correr el traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
27. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 29 de abril de
201515, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
28. Determinó que el problema jurídico se contrae a establecer si el precio de las
mejoras fue justo, si la parte demandante debe ser indemnizada como poseedor de
los predios expropiados y si en el precio debe incluirse también el valor de la bodega
y el lucro cesante por la actividad comercial.
29. Indicó que el avalúo presentado en la demanda no logró desvirtuar la presunción
de legalidad del avalúo oficial, por cuanto no estableció de qué manera se apartó
del marco legal al determinar las mejoras. Además, el demandante únicamente se
limitó a mencionar que el valor de las mejoras no correspondía al verdadero valor.
30. Señaló que no se incluyó en el precio indemnizatorio el valor de la posesión
material, por esa razón, al analizar las pruebas determinó que el demandante
además de ser dueño de las mejoras era poseedor del predio.
31. A
partir de los testimonios y documentos del proceso, concluyó que el
demandante era poseedor del terreno en el que fueron construidas las mejoras,
11
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “033ED_C01_03AutoAdmisorio.pdf”.
12
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“038ED_C01_08OtrosAutosAbreAPruebas.pdf”.
13
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “040ED_C01_10AudienciaDePruebas.pdf”.
14
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“042ED_C01_12AutoCorreTrasladoParaPresentarAlegatos.pdf”.
15
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “044ED_C01_14Fallo.pdf”.
6
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
además se reputa dueño mientras no se demuestre lo contrario. Igualmente se
demostró que el predio era susceptible de adquirirse por usucapión.
32. Analizó la procedencia del reconocimiento de la indemnización por el valor de
una bodega que tenía el inmueble expropiado por cuanto, los testimonios que
sirvieron de fundamento para el reconocimiento de la posesión probaban también
la existencia de la bodega y el valor que se determinó en el dictamen aportado con
la demanda.
33. Consideró que la indemnización solicitada por lucro cesante por un presunto
establecimiento de comercio no se probó. En consecuencia, se negó esta
pretensión.
34. Por lo tanto, declaró la nulidad parcial de la resolución demandada por cuanto se
omitió incluir dentro del precio de la indemnización el valor del terreno expropiado y
el valor del anexo bodega. En consecuencia, el tribunal resolvió:
“[…] PRIMERO: Se declara la nulidad parcial de la resolución SH-ADQ 0211 de marzo
20 de 2.013, expedida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, en
cuanto omitió incluir dentro del precio de la indemnización el valor del terreno
expropiado y el valor del anexo bodega, de propiedad del demandante.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se condena al Municipio de
Medellín, Secretaría de Hacienda, a pagar al señor VELMER DE JESÚS VERGARA
PALACIO la suma de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y UN PESOS ($ 28.112.561) por concepto del valor del predio expropiado
y la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO
PESOS ($ 1.914.408) por el valor de la bodega, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Condenar en costas a la entidad demandada, conforme a los artículos
188 del CPACA, 392 del C.P.C. y los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003, emanados de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por
Secretaria. Se fijan las agencias en derecho, en primera instancia en la suma de UN
MILLÓN QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($1.501.348) equivalentes al 5% de las pretensiones concedidas.
CUARTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A
[…]”. (Negrilla del texto).
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
35. El municipio de Medellín, mediante memorial de 15 de mayo de 2015 16, solicitó
la revocatoria de la sentencia de 29 de abril de 2015 proferida por la Sala Primera
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar que el
demandante no demostró los supuestos jurídicos y fácticos necesarios para
16
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “045ED_C01_15RecursoApelacion.pdf”.
7
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
declarar la nulidad parcial del acto acusado, ni se acreditó la configuración de las
costas por concepto de agencias en derecho.
36. Respecto del primer componente de la apelación, puso de presente que la acción
especial de nulidad especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no es el medio
de control previsto por el legislador para declarar el reconocimiento de una posesión
irregular. En su criterio, la discusión sobre el enriquecimiento sin justa causa debe
cuestionarse por el medio de control de reparación directa.
37. Señaló que el municipio al expedir la Resolución SH-ADQ 0211 del 20 de marzo
de 2013, cumplió con la normatividad que regula el procedimiento de expropiación
y la legislación civil sobre tradición del dominio de bienes raíces. Esa normativa
autoriza a las entidades públicas a adquirir por enajenación voluntaria o
expropiación el pleno derecho de dominio y los demás derechos reales.
38. Agregó que el señor Velmer de Jesús Vergara Palacio realizó la compra de unas
mejoras constructivas ubicadas en la carrera 93 # 62-08, las cuales fueron objeto
del procedimiento de expropiación por vía administrativa, determinando como precio
indemnizatorio la suma de $ 20.200.950 de acuerdo con el avalúo comercial
realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En consecuencia, el municipio
de Medellín no reconoció el valor del terreno porque no se acreditó su titularidad.
39. Adujo que el a quo no podía otorgar al demandante la calidad de poseedor regular
porque el documento de compraventa núm. CI-0914801 se registró el 9 de octubre
de 2003 ante la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Medellín frente a: “ […] un
lote de 2 Mts de centro por 12 Mts de frente al frente de la casa de Velmer de Jesús
Vergara Palacio. Dirección CR 93 N° 62-08 […]”.
40. Explicó que el citado documento no obra en la actuación administrativa, dado que
el demandante presentó esa prueba el día 26 de septiembre de 2012, para que
municipio reconociera la bodega construida en el lote. Explicó que, según el criterio
técnico de la Subsecretaría de Catastro del municipio, las áreas construidas deben
cumplir con condiciones de habitabilidad y técnicas que no cumple dicha
infraestructura.
41. Señaló que la adquisición de un inmueble no se realiza por medio de un contrato
de promesa de compraventa o la suscripción de una escritura pública, sino que se
trata de un contrato solemne que requiere para su perfeccionamiento del título y el
modo.
42. En relación con el avalúo realizado por CORALONJAS, reiteró los argumentos
indicados en la contestación de la demanda. Asimismo, señaló que: (i) este
determinó un mayor valor en el que se incluyó el valor del terreno sin tener la
titularidad; y (ii) el demandante solicitó al ISVIMED un nuevo avalúo y se le indicó
que su solicitud fue remitida a la lonja de propiedad raíz para que de forma
autónoma designara a uno de los evaluadores inscritos.
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Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
43. Anotó que el 15 de marzo de 2013 se realizó una visita domiciliaria en la que
indicó que “[…] van a aportar la liquidación de la sociedad conyugal, con el fin que
cada uno sea atendido con subsidio. Siendo así el manifiesta que no continuaría
interesado en un 2° avalúo, porque de igual forma el avalúo actual se irá para el
pago de la vivienda […]”.
44. Respecto del segundo componente de la apelación, consideró improcedente la
condena en costas por agencias en derecho, porque el demandante no acreditó su
monto o valor, de conformidad con los criterios objetivos y subjetivos reconocidos
por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
45. Esta autoridad judicial, a través de auto de 3 de septiembre de 201517, admitió
el recurso de apelación, mediante auto de 7 de junio de 201618, corrió traslado a los
sujetos procesales para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.
46. En la oportunidad procesal, únicamente se pronunció la parte demandante y el
Ministerio Público no rindió concepto19.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
47. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) el acto administrativo demandado; y (iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120 y en el artículo 1321 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201922, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
V.2. El planteamiento del problema jurídico
49. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
29 de abril de 2015, proferida por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
17
Cfr. Índice 28 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
APELACIÓN SENTENCIA .pdf”. Folio 6.
18
Cfr. Índice 28 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
APELACIÓN SENTENCIA .pdf”. Folio 12.
19
Cfr. Índice 28 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 2
APELACIÓN SENTENCIA .pdf”.
20
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
21
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
22
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
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Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
50. En la decisión cuestionada, el a quo declaró la nulidad parcial de la Resolución
SH-ADQ 0211 de 20 de marzo de 2013, al considerar que la Secretaría de Hacienda
del Municipio de Medellín omitió incluir dentro del precio de la indemnización el valor
del terreno expropiado y el valor del anexo bodega cuya posesión estaba en cabeza
del demandante.
51. La entidad demandada afirmó en el recurso de apelación que la acción judicial
ejercida no es el medio de control adecuado para cuestionar la posesión irregular
alegada por el demandante, ni los presuntos perjuicios causados, máxime cuando
esa entidad cumplió con la normativa aplicable al procedimiento de expropiación
administrativa. En segundo lugar, consideró improcedente la condena en costas por
falta de prueba respecto de las agencias en derecho.
V.3. El acto administrativo demandado
52. En la demanda se cuestionó la legalidad de la Resolución SH-ADQ-0211 de 20
de marzo de 201323, expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de
Medellín, que resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO.- OBJETO: Disponer la expropiación por vía
administrativa de unas mejoras constructivas, ubicadas en la CR 93 N° 62-08 (207),
barrio Fuente Clara del Municipio de Medellín, […] con identificación predial N°
700018606, de propiedad de VELMER DE JESUS VERGARA PALACIO, identificado
con la cédula […], cuya descripción, área y linderos según documento de
compraventa, CA-14011007 debidamente diligenciado con reconocimiento de firma y
contenido en la Notaría Única de la Estrella, el 1 de Abril de 2.003, son:
"Una casa construida en material, ubicada en el barrio Blanquizal, Cra. 93 N° 62-08
Tel. 4263726 de la ciudad de Medellín, con una extensión de 6 metros de frente por
13 Mts de fondo, dicho inmueble se constituye en dos (2) plantas, y esta delimita de
la siguiente manera: ORIENTE. OCCIDENTE. NORTE SUR Rafael Taborda".
Linderos según ficha catastral: “Por el Norte con los predios 85, 86 y 61, por el Oriente
con el predio 54, por el Sur con servidumbre, por el Occidente con el predio 57. Todo
lo anterior acreditado mediante documento de compraventa AB-14011007
debidamente diligenciado con reconocimiento de firma y contenido en la Notaria Única
de la Estrella, el 1 de Abril de 2.003, identificación predial N° 700018606, COBAMA
07190020132.
Parágrafo 1: Según Ficha Predial y Oficio del 1 de Junio de 2012, expedidos por
la Subsecretaria de Catastro -Secretaría de Hacienda- del Municipio de Medellín, las
mejoras constructivas antes descritas tienen un área de la construcción, según ficha
catastral es de 76.23 M2. COBAMA 07190020132.
De conformidad con los numerales 7.2.6 (Áreas y fuente), conforme al avalúo
comercial con radicación N° 8002012ER2222-01 de Marzo 5 de 2012, elaborado por
el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC), y remitido el dia 9 de
Mayo de 2012 al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-, fecha
de radicado con el cual el IGAC remite cada grupo de avalúos a ISVIMED para efectos
del término de la vigencia del avalúo que se debe tomar como referencia, con la cual
se cuenta su expedición de conformidad con la Ley y de acuerdo con la respuesta a
la solicitud de información 8002012EE3602-01 del 3 de Abril de 2012, las áreas
descritas en el respectivo avalúo comercial fueron tomadas conforme a una ficha
23
Cfr. Índice 19 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “031ED_C01_01Demanda.pdf”. Folios 14 y
ss.
10
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
predial desactualizada del año 2008 y el Área de la construcción es de 76.23 M2, de
ahí que el día 13 de Abril de 2012 mediante oficio ISVIMED N° 003706, radicado en
el Municipio de Medellín con solicitud N° 01201200176756, el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-, solicitó a la Subsecretaria de Catastro -
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, una certificación de áreas sobre
las mejoras constructivas en mención, informándose por parte de dicha
Subsecretaria, a través del Oficio del 1º de Junio de 2012, que luego de realizar
visita, el predio de código de propiedad 07190020132, con identificación predial No
700018606 se pudo verificar que las mejoras tienen la misma área de la construcción
según ficha catastral de 76.23 M2. Por lo tanto, el área que se consigna en el
respectivo avalúo comercial, se encuentra acorde con la información catastral.
Parágrafo 2: No obstante el área y descripción de linderos se realiza la presente
expropiación sobre cuerpo cierto, mejoras constructivas con identificación predial No
700018606.
ARTÍCULO SEGUNDO.- TRADICIÓN: El vendedor señor VELMER DE JESÚS
VERGARA PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía N° […], acredita la
posesión pública, pacífica e ininterrumpida sobre las mejoras constructivas mediante
documento de compraventa, AB- 14011007 debidamente diligenciado con
reconocimiento de firma y contenido en la Notaría Única de la Estrella, el 1 de Abril
de 2.003, con JAIRO TORRES PÉREZ.
ARTÍCULO TERCERO.- PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN. - El precio de la
indemnización que se realiza por la presente Resolución de Expropiación, es por valor
de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
M.L ($20,200.950), conforme al avalúo comercial con radicación N° 8002012ER2222-
01 de Marzo 5 de 2012, elaborados por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI (IGAC), remitido a través de Oficio radicado N° 8002012EE4836-01-F:2-
A:1 del 9 de Mayo de 2012, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -
ISVIMED-, fecha de radicado que sirve de referencia para efectos del término de la
vigencia del avalúo comercial, de conformidad con el Decreto Ley 1420 de 1998, de
acuerdo con el concepto de respuesta remitido por el IGAC a la solicitud de
información de acuerdo con el concepto de respuesta remitido por el IGAC a la
solicitud de información 8002012EE3602-01 del 3 de Abril de 2012.
PARÁGRAFO. - En atención de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Municipal
2320 de 2005, no habrá lugar al reconocimiento de las compensaciones cuando se
acuda al trámite de la expropiación por vía administrativa
ARTICULO CUARTO.- FORMA DE PAGO.- El precio indemnizatorio del bien
determinado en el artículo primero, equivalente a VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($20.200.950), conforme al avalúo
comercial con radicación N° 8002012ER2222-01 de Marzo 5 de 2012, elaborados por
el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI (IGAC), remitido a través de
Oficio radicado N° 8002012EE4836-O1-F:2- A:1 del 9 de Mayo de 2012, al Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED-, fecha de radicado que sirve de
referencia para efectos del término de la vigencia del avalúo comercial, de
conformidad con el Decreto Ley 1420 de 1998, de acuerdo con el concepto de
respuesta remitido por el IGAC a la solicitud de información de acuerdo con el
concepto de respuesta remitido por el IGAC a la solicitud de información
8002012EE3602-01 del 3 de Abril de 2012, será pagado por el Municipio de Medellín,
a través del Instituto Social de Vivienda y hábitat de Medellín - ISVIMED-, de contado
y puesto a disposición del señor VELMER DE JESUS VERGARA PALACIO,
identificado con la cédula No […] poseedor de las mejoras constructivas ubicadas en
la CR 93 N° 62-08 (207), barrio Fuente Clara, con identificación predial N° 800007618,
por el término de 10 días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo. Dicha suma de dinero podrá ser reclamada en la entidad ALIANZA
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Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
FIDUCIARIA S.A. Ubicada en la dirección Calle 8 N° 43 A-115, de la ciudad de
Medellín, de 8:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 3:00 p.m., Tel 354 77-00.
PARÁGRAFO 1: En el evento que los valores correspondientes al precio de la
indemnización no sean retirados por los destinatarios de esta Resolución dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero
será consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición del
Mismo.
PARÁGRAFO II: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la
consignación indicada en la presente Resolución, es el Banco Agrario de Colombia.
sucursal Carabobo Medellín, ubicado en la carrera 52 N° 49-66, de la nomenclatura
actual del municipio de Medellín.
PARÁGRAFO III: Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo
de Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el
pago de conformidad con la Ley.
PARÁGRAFO IV: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de 1989, si la
propietaria, tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con prelación los
conceptos debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposición de la
Propietaria.
PARÁGRAFO V: Si la propietaria tuviere otras deudas pendientes legalmente
constituidas, por concepto de servicios públicos domiciliarios por cuentas diferidas o
por el debido cobrar, así como por los cargos fijos pendientes, y/o en proceso de
ejecución ante las instancias judiciales pertinentes, se ordenará consignar a órdenes
de la entidad competente los dineros respectivos según liquidación que ésta realice,
y el saldo se pondrá a disposición de la propietaria.
PARÁGRAFO VI: Adicionalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398
del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), se efectuará una retención en la fuente
equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la enajenación, que deberá cancelarse
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Imputar los recursos
otorgados al encargo fiduciario de administración y pagos, con destinación específica
para el proceso de reasentamiento y reubicación en vivienda usada, según Contrato
N° 243 del 30 de noviembre de 2010, suscrito entre ISVIMED y Alianza Fiduciaria.
ARTICULO SEXTO. - DESTINACION. - Las mejoras que por este instrumento
adquiere el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, a través del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín, serán demolidas, para la ejecución del proyecto "conexión vial
Aburrá - Rio Cauca", tramo de 4.1KM, ubicados en el área de jurisdicción del
municipio de Medellín, para la construcción de la vía de acceso al portal oriental del
Túnel Fernando Gómez Martínez.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ORDEN DE INSCRIPCION. - Por tratarse la expropiación de
unas mejoras constructivas, no se debe registrar y levantar la oferta de compra que
le fuera notificada a la propietaria del mismo puesto que tal bien no tiene matrícula
inmobiliaria registrada.
ARTÍCULO OCTAVO.- ENTREGA MATERIAL.- Efectuado el registro de la presente
resolución, en caso de que se requiera tal inscripción por parte de la Ley 388 de 1.997,
se exigirá la entrega material de los bienes expropiados sin necesidad de intervención
judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si ello
fuere necesario.
12
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
ARTÍCULO NOVENO.- ORDEN DE NOTIFICACION Y RECURSOS.- La presente
resolución será notificada al señor VELMER DE JESÚS VERGARA PALACIO,
identificado con la C.C. No. 71.662.830, en calidad de titular de las mejoras
constructivas, descritas en el artículo primero de esta resolución.
Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá ser
interpuesto ante la Secretaría de Hacienda de Medellín, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación personal o la des fijación (sic) del
Aviso, según el caso, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 de la
ley 1437 de 2011 […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).
V.4. Análisis del caso concreto
53. La parte demandada solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
al considerar que: (i) la acción especial de nulidad y restablecimiento no es el medio
de control previsto para requerir el reconocimiento de una posesión irregular, ni los
perjuicios causados al demandante en el caso concreto, más aún cuando el ente
territorial respetó la legislación civil sobre tradición del dominio y la bodega
cuestionada no cumple con los parámetros mínimos para ser considerada como una
mejora; y (ii) la condena en costas por agencias en derecho era improcedente.
V.4.1. La procedencia del medio de control ejercido conforme a las
pretensiones del demandante
54. El distrito de Medellín en la alzada indicó que: i) la acción judicial ejercida no es
el medio adecuado para declarar el reconocimiento de una posesión irregular o el
pago de los presuntos perjuicios causados al demandante; ii) esa entidad cumplió
con la normativa que regula el procedimiento de expropiación administrativa porque
el demandante no demostró la titularidad del predio; iii) el señor Velmer de Jesús
Vergara Palacio solo probó que compró mejoras constructivas por un valor
indemnizatorio de $ 20,200,950, según el avalúo realizado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; iv) el documento de compraventa presentado no
cumplía con los requisitos para demostrar la titularidad del inmueble; y v) el avalúo
realizado por CORALONJAS incluyó el valor del terreno sin que hubiera titularidad
comprobada.
55. Para resolver los planteamientos, la Sala pone de presente que, en los términos
del artículo 58 de la Constitución Política, el Estado puede adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, previa indemnización, la cual se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado.
56. El artículo 67 de la Ley 388 establece que el acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación “[…] deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley […]”.
13
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
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57. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 24, la expropiación
por vía administrativa, motivada por razones de utilidad pública e interés social, tiene
tres elementos característicos: los sujetos, el objeto y la causa.
58. En cuanto a los sujetos, la Corte explicó que están integrados por: (i) la entidad
con potestad expropiatoria, que puede ser judicial o administrativa (sujeto activo);
(ii) el titular del derecho fundamental expropiado (sujeto pasivo); y (iii) la persona
que se verá beneficiada por la expropiación (beneficiario).
59. Respecto al objeto, es el derecho de dominio del sujeto pasivo sobre un bien del
cual era su legítimo titular. Como resultado de la expropiación, dicho bien ingresa al
patrimonio público.
60. Finalmente, la causa es la finalidad de utilidad pública e interés social que motiva
y justifica la expropiación, la cual debe estar prevista en la ley.
61. En esa sentencia la Corte Constitucional explicó que el Estado tiene la obligación
de otorgar una indemnización previa y justa al titular del bien expropiado25. Es decir,
el hecho que el interés general en estos casos deba prevalecer sobre los intereses
privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas
las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que este deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio.
62. Como puede apreciarse, la indemnización previa y justa es un derecho
constitucional fundamental garantizado a los propietarios afectados por una
expropiación administrativa.
63. En este contexto, la Sala pone de presente que el artículo 762 del Código Civil
define la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor
o dueño, que exige, para su configuración, del animus y el corpus, esto es, la
intención del dóminus, que por escapar a la percepción directa de las demás
personas debe presumirse, siempre y cuando se comprueben los actos materiales
y externos ejecutados permanentemente y durante el periodo de tiempo consagrado
legalmente26.
64. La Corte Constitucional en la sentencia C-1007 de 18 de noviembre de 200227,
consideró:“[…] en nuestra legislación, la posesión no es un derecho sino un
hecho, que de manera particular está protegido mediante acciones procesales,
como son, las acciones posesorias civiles contenidas en los artículos del 972 al
1005 del Código Civil, que en términos generales tienen por objeto conservar o
recuperar la posesión; la acción de adquisición de la propiedad por el modo de la
prescripción, en los términos y con los requisitos determinados por el legislador; las
24
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 020 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
25
Corte Constitucional, sentencias C-531 de 1996, C-1074 de 2002, C-476 de 2007, C-227 de 2011, C-306 de 2013, C-750
de 2015 y C-035 de 2016, entre otras.
26
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de julio de dos mil 2016. SC10189-2016. Radicación
N° 6800131030022007-00105-01. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
27
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
acciones de policía, para recuperar y evitar que se perturbe la posesión; y, la acción
administrativa de lanzamiento, para los casos de invasión […]”.
65. Este hecho goza de protección en el ordenamiento jurídico, pero no constituye
un derecho real en los términos del artículo 66528 de la Ley 84 de 26 de mayo de
187329. Por ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la calidad
de poseedor no habilita al ciudadano para cuestionar los actos de expropiación
administrativa, ya que estos derechos se reservan exclusivamente a los propietarios
que cuenten con la respectiva declaración judicial o que hayan demostrado la
titularidad sobre el inmueble en cuestión.
66. En sentencia de 18 de julio de 2019, esta Sección determinó, en un caso
relacionado con la calidad de poseedor30, que dicha condición no habilita a quien la
invoca para cuestionar el acto de expropiación administrativa. Se explicó que ese
demandante no aportó una declaratoria judicial que reconociera la titularidad de un
derecho real sobre el inmueble, ni la presentación de una demanda con tal
propósito. Por lo tanto, no estaba legitimado para reclamar la indemnización por
motivos de expropiación, al ser un derecho reconocido a los propietarios.
67. En el mismo sentido, en sentencia de 23 de mayo de 2024 esta Sección31
consideró que, al momento de expedirse los actos acusados, la demandante en el
proceso con radicación núm. 2011-01555-01 no había probado el derecho de
propiedad sobre el lote de terreno, sino la posesión sobre las mejoras construidas.
Expresamente se concluyó que “[…] la sola invocación de ser poseedora
presuntamente del inmueble expropiado no es un aspecto que pueda resolverse o
reconocerse a través de esta acción. […]”.
68. En el caso concreto, la Secretaría de Hacienda de Medellín en la Resolución SH-
ADQ 0211 de 20 de marzo de 2013 fijó el precio indemnizatorio por la expropiación
por vía administrativa de un bien consistente en unas mejoras constructivas
ubicadas en la carrera 93 # 62-08 (207) del barrio Fuente Clara, con identificación
predial núm. 700018606.
69. Dicho monto se soportó en el avalúo comercial realizado por la Subdirección de
Catastro GIT de Avalúos de Bogotá el 5 de marzo de 2012, por solicitud del Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED. De dicho documento se
extraen los siguientes apartados:
“[…] INFORME DE AVALÚO COMERCIAL URBANO32
CARRERA 93 N° 62-08 int 207 y 208
28
“[…] ARTICULO 665. <DERECHO REAL>. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin especto a determinada
persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas,
el de prenda* y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales […]”.
29
“[…] Ley 57 de 1887, art. 4º. Con arreglo
al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la misma
Constitución […]”.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, Rad. 05001-
23-31-000-2004-04088-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Ver también sentencia de 10 de abril de 2025, Sección Primera,
número de radicación 73001233300020150019501, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2024, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 05001233100020110155501.
32
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “037ED_C01_07ContestacionDeLa
Demanda.pdf”, folio 127.
15
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
[…]
4. TITULACIÓN E INFORMACIÓN JURÍDICA
4.1. PROPIETARIO O POSEEDOR: “El predio 700018606, ubicado en la Cra 93 No.
68-08 (207), corresponde a VERGARA PALACIO YELMER DE JESÚS Y tiene un
área privada de 76,23 m2 y un porcentaje de desenglobe de 48,422%, conservándose
la destinación de residencial.
[…]
4.2. TITULO DE ADQUISICIÓN: no fue suministrado ningún título de adquisición del
predio.
4.3. MATRÍCULA INMOBILIARIA: No aplica, por tratarse de mejora en terreno ejido.
[…]
12. RESULTADO DEL AVALÚO
[…] ” (negrilla fuera del texto).
70. En el plenario se demostró que la entidad demandada, durante los
procedimientos de enajenación voluntaria y expropiación administrativa realizó el
estudio de los títulos de cada inmueble objeto de adquisición, lo cual permitió
identificar la titularidad del derecho de cada persona (poseedor, propietario, tenedor
o mero tenedor), e igualmente, verificar las situaciones jurídicas (gravámenes) que
afecten los inmuebles y que dificulten la adquisición (hipoteca o embargos) con el
fin de adelantar el saneamiento respectivo.
71. El señor Velmer de Jesús Vergara Palacio, de acuerdo con el documento de
compraventa CA-14011007 de 1.° de abril de 2003, adquirió la posesión de “[…]
Una casa construida en material, ubicada en el barrio Blanquizal, Carrera 93 No.
62-08 Tel. 4263726 de la ciudad de Medellín, con una extensión de 6 metros de
frente por 13 Mts de fondo, dicho inmueble se constituye en dos (2) plantas, y esta
delimita de la siguiente manera: ORIENTE. OCCIDENTE. NORTE. SUR Rafael
Taborda […]". (Negrilla fuera de texto).
72. Igualmente se acreditó que, mediante promesa de compraventa del inmueble CL-
0914801 de 9 de octubre de 2002, los señores Velmer de Jesús Vergara Palacio y
Rafael Antonio Taborda Bermúdez celebraron un contrato por el precio de
$1.000.000, por la venta de un lote de 2 metros de ancho por 12 metros de frente,
ubicado al frente de la casa de Velmer de Jesús Vergara Palacio en la dirección
carrera 93 # 62-08.
73. Se probó que en ese lote estaba ubicada la construcción denominada por el
demandante como “bodega”. Sin embargo, el vendedor adquirió ese inmueble por
compra de una posesión de 23 años el día 22 de mayo de 198033 que aun no
33
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado “031ED_C01_01Demanda.pdf”, folios 64 y 65.
16
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
contaba con decisión judicial. Además, la infraestructura no cumplía con las
condiciones mínimas para ser catalogada como una mejora.
74. En los antecedentes administrativos obra el oficio de 29 de febrero de 2012 34, a
través del cual el INSVIMED presentó una solicitud de corrección de avalúo inicial
por las siguientes razones:
[…]”. (Negrilla del texto).
75. Porello, en el oficio núm. 0003219 de 15 de mayo de 2012 35, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, en relación con la solicitud de reliquidación por ajuste
de áreas de construcción y separación, indicó:
“[…]
[…]”.
76. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, en oficio de 17 de octubre
de 201236 verificó esas conclusiones, en los siguientes términos:
34
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“037ED_C01_07ContestacionDeLaDemanda.pdf”, folio 114.
35
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“037ED_C01_07ContestacionDeLaDemanda.pdf”, folio 122.
36
Cfr. Índice 31 expediente digital Consejo de Estado. Documento denominado
“037ED_C01_07ContestacionDeLaDemanda.pdf”, folios 183 a 185.
17
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
“[…] es necesario que conozca que el avalúo se realizó basado en la información del
área construida que certificó la Subsecretaría de Catastro, mediante oficio con radicado
201200185601 del 1 de junio de 2012 y luego de solicitarle a la oficina de la
Subsecretaría de Catastro, realizara una visita técnica para analizar esta área de la
bodega, la Subsecretaría de Catastro nos hace claridad respecto a que las áreas
construidas a certificar deben reunir ciertas especificaciones técnicas para ser incluidas
en Catastro, como habitabilidad, acometidas de servicios públicos independientes, y
acabados locativos básicos, condiciones que después de la respectiva visita, se verificó
que no se cumplían. Así mismo esta área adicional que usted acondicionó para la
“bodega”, nunca ha sido tenida en cuenta catastralmente, y por tal razón nunca se
ha generado un tributo de impuesto predial por la misma […]”. (Negrilla fuera de
texto).
77. Además, el mencionado instituto, en visita domiciliaria realizada el 7 de marzo
de 2013, consignó que:
“[…] El señor Velmer manifiesta que van a aporta la liquidación de la sociedad
conyugal con el fin de que sea atendido con subsidio. Siendo así él manifiesta que no
continuaría interesado en un 2° avalúo porque de igual forma el avalúo actual se irá
al pago de la vivienda […]”.
78. A partir de lo anterior, esta autoridad judicial encuentra que: i) el demandante
desistió de la solicitud de un segundo avalúo; y ii) la entidad demandada determinó
por medio de un nuevo avalúo, cuyos fundamentos no se desvirtuaron en este
proceso, que las áreas construidas deben reunir ciertas especificaciones mínimas
que no se cumplían en relación con la “bodega”.
79. El precio indemnizatorio incluido en el acto administrativo de expropiación goza
de presunción de legalidad. Por ello, esta Sección explicó en las sentencias de
20 de febrero de 2020 37 y 14 de marzo de 202438 que la parte demandante tiene
la carga de probar cuál es el error o la incorrección del avalúo oficial.
80. Se recuerda que la determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un
carácter técnico, en la medida que se requiere la aplicación de los métodos previstos
en las normas que regulan la materia, así como la aplicación de distintos criterios y
parámetros como la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la
destinación económica del inmueble, los valores unitarios para cada una de las
construcciones del terreno, aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones
en la zona, la estratificación socio económica del bien inmueble y las construcciones
existentes, entre otros39.
81. En el caso sub examine el tribunal de primera instancia concluyó que el
demandante era poseedor del terreno en el que fueron edificadas las mejoras
constructivas, pues este se reputaba dueño mientras no se demostrara lo contrario.
Y, contrario a lo considerado por la jurisprudencia de esta Sección, el a quo adujo
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López; sentencia
de 20 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 25000232400020110011501.
38
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 14 de marzo
de 2024; núm. único de radicación 05001233100020120003301.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022. Radicación
número 05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
18
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
que no se requiere de sentencia judicial que declare la constitución del derecho real
para conceder la respectiva indemnización.
82. Sin embargo, la Sala considera que, si el demandante tenía la intención de
obtener la declaratoria de un derecho real sobre el inmueble expropiado, debió
acudir al procedimiento legal adecuado para tal fin, ya que el legislador ha
establecido la acción declarativa de pertenencia con ese propósito.
83. Incluso,
esta Corporación ha considerado que, si un poseedor pretende la
indemnización de los perjuicios causados por hechos similares a los ahora
cuestionados, debe acudir al medio de control de reparación directa40. De manera
que el primer planteamiento de la apelación cuenta con vocación de prosperidad y,
por las mismas razones, resulta inane efectuar un pronunciamiento de fondo sobre
los demás argumentos relacionados con el mismo punto.
V.4.2. La improcedencia de la condena en costas en primera instancia
84. El artículo 188 de la Ley 1437 determina que “[…] Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil […]”.
85. Al respecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley 1564, “[…] Las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso y por las agencias en derecho […]”.
86. El artículo 365 ibidem, sobre su procedencia establece:
“[…] Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de
amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala
fe.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación. […]” (negrilla fuera del texto).
40
Ver entre otras providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
18 de julio de 2019. Radicación núm.: 05001-23-31-000-2004-04088-01. C. P. Nubia Margoth Peña Garzón, y Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2003. Radicación núm.:
050012326000019940718-01 (15095). C. P. Ricardo Hoyos Duque.
19
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
87. Frente al contenido de las citadas disposiciones, esta Sección ha señalado que
si bien una lectura de este precepto “[…] podría llevar a la errónea interpretación de
que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera
forzosa, automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso
administrativos en los cuales se ventile un interés de carácter individual o particular,
lo cierto es que cuando la norma utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad
está señalando es que el operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos
los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de
la parte que ha visto frustradas sus pretensiones procesales […]”41.
88. Así las cosas, la Sala considera que en el caso sub examine, no es procedente
la imposición de la condena en costas en primera instancia a la parte demandada
por cuanto no se acreditó la causación de este concepto.
89. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas en
segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de abril de 2015, proferida por la Sala
Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS en ambas instancias.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto
Aclara voto
41
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2015, C.P.
Guillermo Vargas Ayala radicación número 25000-23-24-000-2012-00446-01.
20
Radicación núm.: 05001 2333 000 2013 01724 01
Demandante: Velmer de Jesús Vergara Palacio
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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