Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2014-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2014-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2014-00003-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 250002324000201400003 01
Demandantes: EDIFICIO LA SERRANITA PH
Demandados: IDU
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
de 3 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
138 del CPACA, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, el apoderado
judicial del Edificio La Serranita - Propiedad Horizontal, interpuso demanda contra Instituto
de Desarrollo Urbano -IDU, con el fin de obtener la nulidad de: I) Resolución núm. 434 del
19 de febrero de 2013 "por la cual se ordena una expropiación administrativa" y II) la
Resolución núm. 1187 del 8 de mayo de 2013 "por la cual se resuelve un recurso de
reposición", proferidas por la entidad demandada, con el objeto de que se acceda a las
siguientes:
1.1.1. Pretensiones
[…]
1.....se decrete la nulidad de los artículos segundo, tercero con sus tres parágrafos y el
artículo séptimo del acto administrativo Resolución 434 del 19 de febrero de 2013, por
medio de la cual el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ordenó la expropiación por vía
administrativa de un terreno de área de 49.43 ms que hace parte de la copropiedad que
conforma el Edificio la Serranita.
2.-...se declare la nulidad del acto administrativo resolución 1187 del 8 de mayo de 2013,
por el cual el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, resuelve el recurso de reposición y
confirmó en su totalidad la resolución 434 del 19 de febrero de 2013.
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3.-Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos administrativos,
se restablezca en su derecho al demandante, condenando al Instituto de Desarrollo Urbano
a reconocer como valor indemnizatorio, dentro del trámite de la expropiación administrativa
de que trata la Resolución núm.. 434 de 19 de febrero de 2013, la suma de ciento noventa
y siete millones doscientos mil seiscientos doce pesos ($ 197.200.612).
4.- Que como consecuencia directa de la anterior declaración, se ordene a la entidad
demandada a reparar los perjuicios materiales causados al demandante en la cuantía que
se estima en ciento setenta y cinco millones doscientos mil seiscientos doce pesos
($175.200.612) mcte discriminados de la siguiente forma:
5.- se condene a la entidad demandada al pago de los intereses comerciales y moratorios
establecidos en el artículo 177 del Código Contenciosos Administrativo, que se causen
entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago de las condenas
indemnizatorias citadas en las pretensiones de la demanda.
6.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.
Pretensiones subsidiarias.
Primera.- Que en caso de no decretarse la nulidad de los artículos solicitados en las
pretensiones anteriores, se ordene la modificación de los artículos segundo, tercero con
sus tres parágrafos y artículo séptimo del acto administrativo resolución 434 del 19 de
febrero de 2013 y del acto administrativo resolución 1187 del 8 de mayo de 2013.
Segunda.- Se concedan con fundamento en esta modificación las pretensiones 3, 4, 5 y 6
del escrito demandatorío.
[…]
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad parcial de las siguientes Resoluciones:
Resolución núm. 434 del 19 de febrero de 2013 artículos segundo, tercero con los tres
parágrafos y artículo séptimo "por la cual se ordena una expropiación administrativa" y la
Resolución núm.1187 del 8 de mayo de 2013 "por la cual se resuelve un recurso de
reposición" proferidas la entidad demandada, respectivamente.
1.1.3. Fundamentos de hecho
La parte actora manifiesta que:
Mediante la Resolución núm. 434 del 19 de febrero de 2013, el IDU ordenó la expropiación
por vía administrativa de un terreno con área 49.43 m2 que hace parte de la copropiedad
Edificio La Serranita, y como valor indemnizatorio se fijó la suma de setenta millones
cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos pesos ($ 70.482.500), por concepto de avaluó
comercial.
El precio indemnizatorio de la expropiación se estableció con base en el Informe Técnico
CA 647 proyecto No. 136 RT No. 38944-2011 del 14 de octubre de 2011, elaborado por el
Consorcio de Avalúos Cámara de Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA SA, doce meses
antes de la expedición de la Resolución 703 del 12 de marzo de 2012, que formuló la oferta
de compra.
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El valor del metro cuadrado que fija el mencionado informe, dista del valor comercial real
del metro cuadrado de la copropiedad y los precios del sector, además es necesario se
indemnice a los expropiados por los cuatro parqueaderos de visitantes los cuales
desaparecen para la copropiedad.
Los parqueaderos no fueron tenidos en cuenta en el valor a indemnizar, siendo que estos
se avalúan en la suma de ($ 48.000.000), además en el terreno a expropiar funciona un
tanque de agua potable de capacidad de 70 metros cúbicos, el cual surte de agua a todos
los habitantes del edificio.
La parte de terreno expropiado coincide con el acceso a los 29 parqueaderos subterráneos
de la propiedad horizontal, por lo cual se hace necesario adelantar obras de adecuación en
la rampa de ingreso, la cual quedaría inhabilitada.
Los costos que ocasionan las referidas obras no deben ser asumidos por los copropietarios
puesto que, originaría un daño antijurídico, que los administrados no están obligados a
soportar, y debe ser reparado por el Estado.
Contra la Resolución núm. 434 de 2013 se interpuso recurso de reposición, toda vez que,
el mencionado acto administrativo no hace ningún estudio ni tasación de los perjuicios, y
mediante la Resolución 1187 de 2013 se resolvió, ratificando el Informe Técnico CA 647
proyecto No.136 No.38944-2011 de 2011.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos demandados se expidieron desconociendo el
artículo 58 de la Constitución de la Política, por cuanto la indemnización que se fijó
desconoce el valor real y los intereses de la comunidad, ya que, se hace necesaria la
realización de otras obras en las zonas comunes y en el tanque de agua que se afecta.
Se vulneró el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, porque el precio indemnizatorio se
estableció con base en el informe técnico elaborado el 14 de octubre de 2011 y la
Resolución por la cual se determinó la adquisición de la zona de terreo y formuló la oferta
de compra se dictó el 12 de marzo de 2012, es decir, casi un año después del avaluó, y
por esta razón la oferta no representa la realidad económica del bien expropiado.
El Informe Técnico CA 647 del 14 de octubre de 2011, no incluyó las adecuaciones u
obras que se requieren, por lo tanto, se desconoció lo establecido por los artículos 21 y
22 del Decreto 1420 de 1998.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU1, se opone a las pretensiones de la
demanda, argumentando que, el carácter de indemnización del artículo 58 de la
Constitución es reparatorio, toda vez que, el particular no está obligado a soportar la
carga de toda la sociedad; además la disposición constitucional regula expresamente la
fijación de indemnización en caso de expropiación la cual comprende todas las cargas
que el particular ha tenido que soportar.
1 FIs.166 a 176 Cuaderno núm.3
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Indicó que frente a la falsa motivación del acto administrativo por la falta de vigencia del
avaluó utilizado para efectuar la oferta de compra, radica en que el Informe Técnico No.
CA 647 Proyecto No.136 RT No.38944-2011 fue elaborado el 14 de octubre de 2011, y
la oferta de compra es del 12 de marzo de 2012, es decir, se profirió el acto administrativo
de oferta en un plazo inferior a un año, tal como lo consagra el artículo 19 del Decreto
1420 de 1998.
Señaló que el informe técnico tuvo en cuenta el valor del terreno, las construcciones y
obras de adecuación, cumpliendo con los parámetros, criterios y procedimientos
establecidos en el Decreto 1420 de 1998; por lo que se evidencia un desconocimiento
del demandante de las condiciones jurídicas, técnicas y económicas del área evaluada.
Indicó que las adecuaciones y obras para el acceso a los parqueaderos, el traslado del
tanque de agua, cajas y acometidas, fueron consideradas tanto en el informe técnico de
avaluó, como en la Resolución núm.1187 de 2013, obedeciendo a la realidad del área
expropiada la cual corresponde a un antejardín sobre el que no está permitido el uso de
parqueaderos, además la rampa de acceso a los garajes no queda inhabilitada ya que
las obras que se realizaran son de adecuación del espacio público, donde se debe
garantizar por parte del constructor que la rampa de acceso al edificio continúe funcional.
Sostuvo que el traslado del tanque de agua fue tenido en cuenta en el informe técnico,
estableciendo un valor de $ 24.100.000, y se determinó que no era necesario el traslado
de las cajas de acometidas.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 3 de agosto de 2017
dictó sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
[…]
PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva.
SEGUNDO. CONDÉNESE EN COSTAS Edificio la Serranita Propiedad Horizontal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., y en consecuencia ordénese
por Secretaría hacer su respectiva liquidación.
TERCERO. ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria.
[…]
Aclaró que hace parte de la etapa de la oferta de compra la Resolución núm. 703 de 2012
"por la cual se determina la adquisición de una zona de terreno por el procedimiento de
expropiación administrativa y se formula una oferta de compra" proferida el 12 de marzo de
2011, y notificada el 26 de abril de 2011 por lo que se encontraba dentro del término de
validez del avaluó, y si bien después del vencimiento del avaluó (28 de septiembre de 2012)
el IDU profirió la Resolución No. 434 de 2013 "por la cual se ordena una expropiación por
vía administrativa", y la Resolución 1187 de 2013“por la cual se resuelve un recurso de
reposición", estas dos últimas resoluciones hacen parte del procedimiento de expropiación
que debían tener como valor de compra el precio vigente al momento de la oferta de compra.
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Señaló, de conformidad el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, los avalúos tienen una
validez de un año a partir de la fecha de expedición, y el avaluó contentivo en el Informe
Técnico CA-647 Proyecto No.136 de RT No 38944 de 2011, “fue expedido el 28 de
septiembre de 2011 (sic), por lo tanto, este era válido hasta el 28 de septiembre de 2012”;
y la Resolución Número 703 de 2012 "por la cual se determina la adquisición de una zona
de terreno por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula una oferta de
compra" fue proferida el 12 de marzo de 2012, dentro del término de validez del avaluó.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:
3.1. Primer cargo. Falsa Motivación
Sostuvo que el a quo consideró que el avalúo contenido en el Informe Técnico CA-647
Proyecto No.136 de RT.No 38944 de 2011 se encontraba vigente al momento de
proferir la Resolución núm. 434 de 2013 "por la cual se ordena una expropiación
administrativa”, toda vez que, el avaluó fue considerado en la oferta de compra
realizada en la Resolución 703 de 2012 “por la cual se determina la adquisición de una
zona de terreno por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula una
oferta de compra", momento en el cual el avalúo se encontraba dentro del año de
vigencia dispuesto por el Decreto 1420 de 1998.
Indicó que, aun cuando el Tribunal determinó la vigencia del avalúo realizado por el
IDU y tomado como base para la oferta de compra y la indemnización, este no refleja
la realidad económica y jurídica del bien, ya que, en relación con el segundo cargo
formulado en la demanda, no tuvo en cuenta las adecuaciones necesarias y las rentas
dejadas de percibir producto de la obra de interés público.
2.- Segundo cargo. Normas en que debía fundarse
Sostuvo que en la sentencia apelada no resolvió respecto a las obras necesarias para
la construcción y adecuación de zonas verdes y estacionamientos, cuatro
parqueaderos de visitantes afectados, adecuación de la rampa de acceso a los
parqueaderos subterráneos y el traslado de las cajas de acometidas de servicios
públicos.
Señaló que se omitió la evaluación del “dictamen pericial” ordenado por el mismo
Tribunal a petición de la parte actora mediante auto del 19 de enero de 2015, lo cual
no se entiende, ya que ni siquiera la tuvo en cuenta en el análisis de los cargos
presentados contra las resoluciones expedidas por el IDU. Esta prueba fue practicada
por la perito Martha Janeth Barreto, escogida de la lista de Auxiliares de la Justicia.
En este “dictamen pericial” se relaciona lo que se encontraba construido en el área
de terreno de 49.43 M2, objeto de expropiación administrativa.
Argumentó que la indemnización producto del proceso de expropiación administrativa
no debe contener solamente el valor del bien, sino, de todos aquellos daños
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ocasionados a partir de su ejecución. Por lo anterior, el Tribunal no puede considerar
como avalúo el presentado por el IDU en el informe técnico mencionado, puesto que,
no contiene la realidad económica del bien ni de las adecuaciones que deben
realizarse, producto de la expropiación administrativa aceptarlo sería transgredir el
artículo 58 constitucional.
Indicó que se transgredieron los artículos 20 y 21 del Decreto 1420 de 1998, ya que,
comprenden los parámetros que deben tenerse en cuenta en la realización del avaluó
del inmueble, entre otros, se refiere al caso en que los procesos de expropiación y
enajenación afecten parcialmente el inmueble objeto de avaluó y que requieran de la
ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas
remanentes, “el costo de dichas obras se determinará en forma independiente y se
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su
valor comercial".
Reiteró que lo dispuesto como indemnización en la Resolución núm. 434 del 19 de
febrero de 2013 expedida por el IDU, no corresponde a la realidad económica y
jurídica del bien, ya que no es equivalente a los daños que genera el proceso de
expropiación administrativa, por lo que no es correcta la apreciación del Juzgador de
primera instancia.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencia de 25 de enero y 17 de septiembre de 20182 3, se admitió el
recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión; respectivamente.
4.2. La parte actora presentó escrito de alegatos de conclusión en los que reiteró los
argumentos de la demanda4.
4.3. La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión en los que reiteró
los argumentos de la contestación de la demanda5.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 138 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
2 Visto a folio 4 del Cuaderno núm. 3 del expediente.
3 Visto a folio 28 del Cuaderno núm. 3 del expediente.
4 Visto a folios 33 a 40 del Cuaderno Principal
5 Visto a folios 41 a 46 del Cuaderno Principal.
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5.2. Los actos acusados.
RESOLUCIÓN NÚMERO 434 DEL 30 19 FEB 2013
"Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa"
DIRECTOR TÉCNICO DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ, D.C., en uso de sus facultades legales atribuidas por Resolución 438
del 16 de febrero de 2012 y en especial las otorgadas por la Ley 9 de 1989 y los
artículos 58, 59, 60 y los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, los acuerdos
Distritales No. 15 de 1999 y 180 de 2005 y el Decreto 316 del 19 de julio de 2007 y
las facultades delegadas por la Resolución 4286 del 14 de octubre de 2011. proferida
por la Dirección General del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. virtud de los
acuerdos del Consejo Directivo número 001 у 002 de 2009, y demás disposiciones
concordantes y,
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 70.482.500.00) MONEDA CORRİENTE, por concepto de avalúo comercial
de la zona de terreno que hace parte del inmueble, de conformidad con el INFORME
TECNICO CA 647 PROYECTO No 136 RT No 38944- 2011 del 14 de Octubre de
2011, elaborado por el Consorcio de Avalúos Cámara de Propiedad Raíz Navarro
Rocha y CIA S.A
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de SETENTA
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($
70.482.500.0o) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será puesto a disposición del
EDIFICIO LA SERRANITA P.H., identificado con el Nit. 830.084.761-8, por parte de
la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la presente
resolución y efectuados los respectivos trámites financieros, de la siguiente manera:
PARÁGRAFO PRIMERO. - Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición del EDIFICIO LA SERRANITA P.H., identificado con el Nit. 830.084.761-
8, por parte de la tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, no es retirado dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo
70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.
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[…]
ARTICULO SEPTIMO - ORDEN DE INSCRIPCION: De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDENASE al señor Registrador de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte, inscribir la presente
resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20063476, con lo que se surtirán
los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO identificado con el NIT-899.999.081-6.
[…]
RESOLUCIÓN NÚMERO 1187 DEL 8 MAY 2013
"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
EI DIRECTOR TÉCNICO DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO DЕ BOGOTÁ, D.C., en uso de sus facultades legales atribuidas por la
Resolución 438 del 16 de febrero de 2012 y en especial las otorgadas por la Ley 9 de
1989 y los artículos 58, 59, 60 y los artículos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997,
los acuerdos Distritales No. 15 de 1999 y 180 de 2005 y el Decreto 316 del 19 de julio
de 2007 y las facultades delegadas por la Resolución 4286 del 14 de octubre de 2011,
proferida por la Dirección General, del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en
virtud de los acuerdos del Consejo Directivo número 001 y 002 de 2009, y demás
disposiciones concordantes.
[…]
De acuerdo a los diseños-se pudo constatar que el área a intervenir corresponde a
un antejardín, sobre el cual no se permite el uso de parqueaderos y respecto a la
rampa de acceso a los parqueaderos del sótano ésta no quedará inhabilitada, ya que
las obras en dicho lugar van a ser adecuaciones de espacio público, donde se deberá
garantizar por parte del Constructor en conjunto con la Entidad, que la entrada siga
cumpliendo con la finalidad para la cual fue construida durante y después de la obra,
por lo tanto no hay lugar al reconocimiento de las obras de adecuación solicitadas en
el recurso.
[…]
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Confirmar en todas sus partes la Resolución 434 del 19 de
Febrero de 2013, por medio de la cual se dispuso la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la AC 153, N° 7B-60 de la ciudad de Bogotá
D.C. e identificado con cédula catastral UQ 153.133 (Mayor Extensión) y matricula
inmobiliaria 50N-20063476.
[…] Subrayas y negrillas fuera de texto.
El inmueble ubicado en la AC 153 N° 7B-60 de la ciudad de Bogotá D.C. e identificado
con cédula catastral UQ 153 133 (Mayor Extensión) y matrícula inmobiliaria 50N-
20063476, es requerido para la obra AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA
AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA ALBERTO LLERAS
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CAMARGO (AK 7), de acuerdo con la Resolución 509 del 11 de Marzo de 2009, expedida
por la Secretaria Distrital de Planeación.
5.3. Análisis de la Sala
De conformidad con los argumentos planteados por la parte actora en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala determinar sí el avalúo aportado y el dictamen pericial
decretado y practicado dentro del proceso, desvirtúan la presunción de legalidad de las
resoluciones acusadas en lo concerniente al precio de la indemnización reconocida.
Para resolver lo anterior, la Sala hará referencia al marco jurídico general aplicable a la
expropiación administrativa, para enseguida abordar el estudio del caso concreto.
5.3.1. Del procedimiento de expropiación administrativa - Generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad privada, en los
siguientes términos:
“[…]
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
Con base en la norma en cita se tiene que6 i) la garantía a la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos se hace con arreglo a las leyes civiles; ii) la Constitución
protege y promueve las formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está
reconocido el carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que prevalece el
interés público o social sobre el interés privado; v) a la propiedad se le ha asignado una
función social y ecológica; y, vi) están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional, inicialmente la
Ley 9ª de 19897 estableció instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles
6 Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la Corte
Constitucional.
7 Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004;
973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto
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por motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley
388 de 19978.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997, regulan el procedimiento que debe ser
atendido con el propósito de llevar a cabo la expropiación por vía administrativa. El
artículo 68 de la norma en comento prevé, que, una vez iniciado el proceso orientado a
la adquisición del inmueble y transcurridos 30 días hábiles a partir de la ejecutoria del
acto que así lo ordena sin llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 9,
la autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación administrativa
correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe contener: i) la
identificación específica del inmueble expropiado; ii) el valor del precio indemnizado y la
forma de pago; iii) la destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto
administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de notificar
a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales del predio y la información
sobre los recursos procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el artículo 70 ibidem,
prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado
el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas
titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará
con el registro de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El
registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros
derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el valor de la indemnización y
los documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este artículo.
2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del
particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje
del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no
retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días siguientes a
la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para
el efecto a disposición del particular, y entregara copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro
de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho
el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá exigir la entrega
material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin necesidad de intervención judicial,
para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del
Nacional 1160 de 2010 “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.
8Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones
9 Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa .
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propietario o no se consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de
este artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa no producirá efecto
alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.
5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía
administrativa, adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o
interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado
podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el
inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso
abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la
entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina
de Registro, a fin de que el demandante recupere la titularidad del bien expropiado.
En la misma sentencia se determinará el valor y los documentos de deber que la
persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva,
siendo necesario para los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado
[…]”.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el artículo 67 dispone
que “[…] en el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación se
deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el
cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo
6110 de la presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales de la expropiación
radica en el hecho de que la actuación del Estado se hace por razones de utilidad pública
e interés social, previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor
y los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de alejarse de un
acto confiscatorio.
Al respecto esta Sección11 ha precisado:
10
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se introducen
las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas
y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica. […].
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-03162-
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“[…] el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica
que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual
se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular
para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de
manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés
general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Const itución
reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba
asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos
como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos
los miembros de la colectividad y reparado de manera integral
[…]”.
Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios expuestos por
esta Sección, en relación con la acción especial contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso interpuesto. Al respecto, se ha
manifestado12:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si, como lo aduce la parte
actora, el Tribunal de origen analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas allegadas
al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la Ley 388 de 1997
prescribe que contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede la
acción especial contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, en la medida en que el valor de la indemnización es incorporado en el
acto administrativo que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de legalidad, fundamento de
todo Estado de Derecho, es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite
de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de interés social
constituyen un presupuesto para la legalidad de la expropiación, hace bien el juez que
ejerce el control de legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce el
recurrente, que la acción especial contencioso administrativa se aborde como una
acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del procedimiento administrativo con
las normas legales y reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196 01.
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desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta también acertado
verificar que el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordena la expropiación se ajusta a la normativa aplicable […]”.
Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado
el avalúo comercial al acto administrativo acusado que decretó la expropiación, este se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de
las decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones. Sobre el
particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta Corporación
en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las decisiones de
la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub-lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones
frente al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al haberse
incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.13
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección14 sostuvo que “todo lo anterior
conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble y fundamentado,
el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como lo concluyó el juez
de primera instancia, el actor no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la indemnización
expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]”15
Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 199816 fueron reglamentadas las
normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los
cuales debe determinarse el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el
caso de expropiaciones administrativas.
13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509. C.P: Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta.
14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018, expedientes 2005
00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
expediente 2008 0074.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011 00196 01
16 “por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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Ahora bien, mientras en el artículo 2017 del decreto en mención está establecido que en
el avalúo debe indicarse el método utilizado, el artículo 2318 de la misma norma facultó al
IGAC para expedir a través de resolución las disposiciones metodológicas para la
realización de estos. En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente
expidió las Resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que fueron derogadas
por la Resolución núm. 620 de 200819, que en la actualidad establece los procedimientos
para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. Dicha resolución
establece los métodos para la elaboración de los avalúos, como son el de comparación
o de mercado, el de capitalización de rentas o ingresos, el residual, el de consulta de
encuestas y el de costo o reposición.
5.4 CASO CONCRETO
5.4.1. Primer cargo. Falsa motivación.
Un cargo de falsa de motivación en derecho, está orientado a atacar los supuestos
jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que sustentan la expedición del acto, de modo
que si llega a acreditarse que la normativa que invoca la Administración no tiene el
alcance para definir la situación jurídica en el acto acusado, la suerte que corre en un
juicio de nulidad será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal; además supone un
juicio de certeza acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento
para expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación; siempre y cuando la parte que lo alega pruebe o acredite
dicha ilegalidad.
La parte actora sostuvo que el a quo consideró que el avalúo contenido en el Informe
Técnico CA-647 Proyecto No. 136 de RT. No 38944 de 2011 se encuentra vigente al
momento de proferir la Resolución No. 434 de 2013 "por la cual se ordena una
expropiación administrativa”, toda vez que, el avaluó fue considerado en la oferta de
compra realizada en la Resolución 703 de 2011 “por la cual se determina la adquisición
de una zona de terreno por el procedimiento de expropiación administrativa y se formula
una oferta de compra"; momento en el cual el avalúo se encontraba dentro del año de
vigencia dispuesto por el Decreto 1420 de 1998.
Indicó así mismo, que, aun cuando determinó la vigencia del avalúo realizado por el IDU
y tomado como base para la oferta de compra y la indemnización, este no refleja la
realidad económica y jurídica del bien, ya que, en relación con el segundo cargo
formulado en la demanda, no tuvo en cuenta las adecuaciones necesarias y las rentas
17 “[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
18 […] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el presente
decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá
expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la cual deberá
publicarse en el Diario Oficial.
19
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.
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dejadas de percibir producto de la obra de interés público. Frente a lo cual se analizará
el avalúo oficial - INFORME TECNICO CA 647 PROYECTO No 136 RT No 38944- 2011 del
14 de Octubre de 2011, elaborado por el Consorcio de Avalúos Cámara de Propiedad
Raíz Navarro Rocha y CIA S.A.:
5.4.1.1. Del avalúo comercial en la determinación del valor a reconocer por la
expropiación.
En el presente asunto se controvierte si dentro del proceso de expropiación adelantado
por el IDU se garantizó el pago del justo precio respecto del inmueble ubicado en la AC
153 núm. 7B-60 de la ciudad de Bogotá D.C. e identificado con cédula catastral UQ 153
133 (Mayor Extensión) y matrícula inmobiliaria 50N20063476, en un área de terreno
(49,43 M2), una construcción de (Jardinera) de (6.24 M2), una zona dura de (37.67 M2)
y un tanque de agua de (36.00 M3), conforme al Registro topográfico No. 38944; por lo
que resulta necesario establecer si el avalúo oficial - INFORME TECNICO CA 647
PROYECTO No 136 RT No 38944- 2011 del 14 de Octubre de 2011, elaborado por el
Consorcio de Avalúos Cámara de Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA S.A., se ajusta a
lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus disposiciones complementarias; o si, por el
contrario, debe ser desvirtuado con fundamento en el dictamen pericial elaborado por la
avaluadora Martha Janeth Barreto20, aportado por la parte demandante.
La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee los métodos
integrales previstos por el IGAC, tiene la aptitud de controvertir la presunción de acierto
del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena prevista en la Constitución
Política y desarrollada en los términos de la Ley 388 de 1997. En consecuencia,
corresponde a la parte recurrente, demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial
carece de validez.
Para efectos indemnizatorios, en las resoluciones acusadas, se fijó como precio la suma de
“SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
($ 70.482.500.00) MONEDA CORRİENTE”; correspondiente al valor del inmueble, estimación
que se realizó conforme al avalúo comercial - INFORME TECNICO CA 647 PROYECTO No
136 RT No 38944- 2011 del 14 de Octubre de 2011, elaborado por el Consorcio de
Avalúos Cámara de Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA S.
El análisis contenido en el avalúo21 permitió verificar que, para la determinación del valor
comercial del inmueble se tuvo en cuenta aspectos tales como: i) la información general en
la que se identificó el propósito del avalúo, el tipo de avalúo, el solicitante del avalúo, el tipo
de inmueble, la destinación actual, la dirección, barrio, comuna, municipio, fecha de visita y
fecha de informe; ii) la información jurídica; iii) las características del sector de localización:
descripción del sector, y estrato socioeconómico; iv) la normativa urbanística; v) las
características del terreno: vi) el área requerida, topografía, linderos; vii) las características
generales de la construcción: área expropiada (49,43 M2), una construcción de (Jardinera)
de (6.24 M2), una zona dura de (37.67 M2)ý un tanque de agua de (36.00 M3), viii) la
metodología empleada (comparativo o de mercado), criterio en el que se relacionó la
20
Fls. 180 a 182 Cuaderno núm. 3 del expediente. Mediante auto de 19 de enero de 2015 el a-quo abrió el
proceso a pruebas y decretó el dictamen pericial solicitado por la parte actora, y designó a la señora Martha
Janeth Barreto López – Perito Avaluador de bienes inmuebles de la lista de Auxiliares de la Justicia.
21
Fls. 87 y SS del Cuaderno núm.3 del expediente.
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investigación económica realizada para determinar los valores del terreno y de la
construcción; y ix) el resultado del avalúo:
La metodología aplicada, fue la del método de mercado. “Es la técnica valuatoria que
busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bines semejantes o comparables al del objeto del avalúo”:
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Respecto a este punto - metodología empleada - para determinar el valor comercial,
determinó los siguientes aspectos puntuales:
Resultado del avalúo oficial - INFORME TECNICO CA 647 PROYECTO No 136 RT No
38944- 2011 del 14 de octubre de 2011, elaborado por el Consorcio de Avalúos Cámara
de Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA S.A:
De lo anterior se evidencia que el avalúo se realizó conforme a lo dispuesto en el Decreto
1420 de 24 de junio de 1998 y en la Resolución IGAC 620 de 2008, teniendo en cuenta
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que: i) el valor comercial de inmuebles se definió mediante el método comparativo de
mercado, con base en el estudio de ofertas y transacciones recientes para la época del
avalúo, respecto de bienes semejantes y comparables al objeto de valoración.
Además, arguye el apelante que “…en relación con el segundo cargo formulado en la
demanda, no tuvo en cuenta las adecuaciones necesarias y las rentas dejadas de percibir
producto de la obra de interés público”; así como las “obras necesarias para la
construcción y adecuación de zonas verdes y estacionamientos, cuatro parqueaderos de
visitantes afectados, adecuación de la rampa de acceso a los parqueaderos subterráneos
y el traslado de las cajas de acometidas de servicios públicos”.
Frente a lo anterior, es menester precisar que la entidad demandada se pronunció al
respecto, mediante uno de los actos acusados que es la Resolución núm. 1187 del 8 de
mayo de 2013 "por la cual se resuelve un recurso de reposición” contra la Resolución
núm. 434 del 19 de febrero de 2013 "por la cual se ordena una expropiación
administrativa"; en donde se consideró que el área a intervenir corresponde a un
antejardín, sobre el cual no se permite el uso de parqueaderos, y con relación a la rampa
de acceso a los parqueaderos del sótano ésta no quedaría inhabilitada, ya que las obras
en dicho lugar serían adecuaciones de espacio público, entre otras. Dijo:
RESOLUCIÓN NÚMERO 1187 DEL 8 MAY 2013
"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION"
[…]
De acuerdo a los diseños se pudo constatar que el área a intervenir corresponde a un
antejardín, sobre el cual no se permite el uso de parqueaderos y respecto a la rampa
de acceso a los parqueaderos del sótano ésta no quedará inhabilitada, ya que las
obras en dicho lugar van a ser adecuaciones de espacio público, donde se deberá
garantizar por parte del Constructor en conjunto con la Entidad, que la entrada siga
cumpliendo con la finalidad para la cual fue construida durante y después de la obra,
por lo tanto no hay lugar al reconocimiento de las obras de adecuación solicitadas en
el recurso.
[…] Subrayas y negrilla fuera de texto.
Se observa que, el IDU reiteró que las adecuaciones u obras de las que habla el
demandante relacionadas con el acceso a parqueaderos, traslado del tanque de agua y
cajas de acometidas de los servicios públicos, fueron consideradas tanto en el Informe
Técnico de avalúo como en la Resolución 1187 de 2013 antes citada, de conformidad al
área expropiada la cual corresponde a un antejardín, sobre el que no es permitido el uso
de parqueaderos; igualmente respecto a la rampa de acceso a los garajes del sótano
del edificio esta no quedaría inhabilitada, ya que las obras en dicho lugar van a ser
adecuaciones de espacio público, donde se garantizaría por parte del Constructor en
conjunto con la Entidad, que la rampa al sótano del edificio continúe funcional durante y
después de la obra, por lo tanto no hay lugar al reconocimiento de las obras de
adecuación solicitadas. Por lo que precisó que el Informe Técnico antes referido
consideró el valor del terreno, las construcciones y las obras de adecuación, cumpliendo
así con los parámetros, criterios y procedimientos establecidos en el Decreto 1420 de
1998; lo que se evidencia por parte del demandante es desconocimiento de las
condiciones jurídicas, técnicas y económicas del área avaluada, la cual es una zona
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común (jardinera) y no un edificio de apartamentos susceptible de compararse con
información consignada en revistas inmobiliarias.
En cuanto a “las rentas dejadas de percibir”, se tiene que la reclamación de las mismas
debe estar debidamente probado para que sean reconocidas por la entidad demandada,
y debe estar respaldo con lo declarado ante la Dirección de impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, en caso de que aplique. Sin embargo, en este punto se observa que
no fue allegado al expediente prueba alguna que indique lo solicitado; esto en armonía
con el artículo 164 del Código General del Proceso – CGP, el cual preceptúa que “Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso…”.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye en este punto, que, el precio asignado al predio
por parte del IDU, así como el no reconocimiento de las adecuaciones necesarias y las
rentas dejadas de percibir; estuvo debidamente respaldado en un avalúo que cumplía
con los parámetros legales previstos en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998. En
razón a que el avalúo comercial, se determinó conforme a los métodos previstos en el
ordenamiento jurídico, y no se logró desvirtuar la legalidad de los actos demandados.
Establecido lo anterior, no prospera el cargo aducido por la recurrente.
5.4.2. Segundo cargo. Normas en que debía fundarse – Dictamen Pericial
Empero, la parte actora insiste en su inconformidad en la supuesta falta de valoración
probatoria que, en su criterio da cuenta de que el precio no era justo, toda vez que, en
la decisión apelada no resolvió respecto a las obras necesarias para la construcción y
adecuación de zonas verdes y estacionamientos, cuatro parqueaderos de visitantes
afectados, adecuación de la rampa de acceso a los parqueaderos subterráneos y el
traslado de las cajas de acometidas de servicios públicos; relacionados en el dictamen
pericial aportado por la parte actora y elaborado por la avaluadora Martha Janeth Barreto
• escogida de la lista de Auxiliares de la Justicia22. Esta prueba fue practicada por la perito
mencionada23.
Indicó la parte demandante, que, se transgredieron los artículos 20 y 21 del Decreto 1420
de 199824, ya que, comprenden los parámetros que deben tenerse en cuenta en la
22
Fls. 180 a 182 Cuaderno núm. 3 del expediente. Mediante auto de 19 de enero de 2015 el a-quo abrió el
proceso a pruebas y decretó el dictamen pericial solicitado por la parte actora, y designó a la señora Martha
Janeth Barreto López – Perito Avaluador de bienes inmuebles de la lista de Auxiliares de la Justicia.
23
Fls 217 y SS del Cuaderno núm. Del del expediente.
24 Artículo 20.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales
o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el
valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las
consideraciones que llevaron a tal estimación.
Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial: […]
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con
el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo
se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
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realización del avaluó del inmueble entre otros, se refiere al caso en que los procesos de
expropiación y enajenación afecten parcialmente el inmueble objeto de avaluó y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas
construidas remanentes, “el costo de dichas obras se determinará en forma
independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para
establecer su valor comercial".
5.4.2.1. Dictamen Pericial realizado por la avaluadora Martha Janeth Barreto
solicitado por la parte demandante sobre el predio expropiado - inmueble ubicado en la
AC 153 núm. 7B-60 de la ciudad de Bogotá D.C. e identificado con cédula catastral UQ
153 133 (Mayor Extensión) y matrícula inmobiliaria 50N20063476, en un área de terreno
(49,43 M2); del cual se extrae la siguiente información:
dichas obras se determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble
para establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a
la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis
(6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por
no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no
se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del
bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el
producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta
las adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien
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Al respecto, se observa que en dicho dictamen la mencionada profesional Auxiliar de la
Justicia estimó como valor de indemnización por la expropiación del predio, la suma de
$138.272.421.86; sin embargo, no allegó los soportes que justificaran el mayor valor.
De la revisión del mentado documento, la Sala observa que la parte actora no logró
demostrar que el avalúo comercial elaborado por el Consorcio de Avalúos Cámara de
Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA S.A., fuese erróneo, toda vez que, no controvirtió
ni desvirtuó los fundamentos fácticos, técnicos y metodológicos que lo soportan. En
efecto, el documento presentado por avaluadora Martha Janeth Barreto no hizo
referencia a diferencias sustanciales en el precio del predio respecto del avalúo oficial, ni
cuestionó de manera concreta el método aplicado como lo exige el artículo 21 y 22 del
Decreto 1420 de 1998, o las conclusiones derivadas de las discrepancias señaladas, lo
que permite concluir que no logró desvirtuar su validez.
Al efecto, resulta pertinente traer a colación la postura de esta Sección que ha exigido a
los dictámenes que se rinden en los procesos cuyo objeto es la nulidad de un acto de
expropiación, los mismos requisitos y reglas que deben cumplir los avalúos que se
realizan en los trámites de expropiación administrativa. Sobre el punto, resultan
relevantes las siguientes consideraciones que sobre la materia ha sostenido esta
Sección:
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[…] Respecto de la sujeción de los dictámenes periciales rendidos al interior de procesos
judiciales, del Consejo de Estado 25
6.2.2.2.- Ahora bien, como antes se expresó, en los dictámenes periciales que se
rindan en un proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble expropiado por vía
administrativa, en particular en lo relativo a su avalúo comercial, los peritos
designados están sujetos a las reglas para la elaboración de dichos avalúos antes
referidas contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 762 de 1998 e
igualmente, por tratarse de una prueba en una actuación judicial, deben seguir las
reglas que el estatuto de procedimiento civil establece para la elaboración y
rendición de los informes técnicos que se les solicite (artículos 233 y s.s.),
expresando no solo las conclusiones de sus trabajos sino explicando las razones
técnicas y científicas en que se las mismas se fundamentan. Precisamente, sobre
este particular en la Sentencia del 14 de mayo de 2009 esta Sección precisó lo
siguiente:
“Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos casos resulta
insuficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha
conducido a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por
las cuales no es dable mantener otro criterio diferente.
Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial no
cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que éste
revele los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en la
materia puede reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles.
Obsérvese que el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión,
y esta difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de
manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo
soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad,
la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas.
[…]
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del artículo 237 del C.
de P. C., en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado;
en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo
mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones".
Esta disposición consagra la necesidad de explicar por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que se
tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan
ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la
racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas” (Destacado fuera de texto
original)”.
[…]
De conformidad con la anterior jurisprudencia, al dictamen pericial se le exige el
cumplimiento de los mismos requisitos que al avalúo que sirve de soporte para la
determinación de la indemnización en el trámite de expropiación; por lo que el dictamen
pericial no se advierte claro, preciso y detallado, ni se explican las investigaciones
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 16 de julio de
2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. NUR 20040102701.
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efectuadas ni los fundamentos técnicos de las conclusiones como lo exige el artículo 237
del Código de Procedimiento Civil.
De otro lado, aceptando en gracia de discusión que el dictamen pericial en cuestión,
tuviese los requisitos que se exigen al avalúo oficial de conformidad con la normativa que
rige la materia y la Jurisprudencia arriba transcrita; el dictamen no obliga al juez, pues la
valoración debe efectuarse bajo las reglas de la sana crítica, de manera que el fallador
puede acogerlo total o parcialmente o apartarse cuando carezca de firmeza, precisión y
claridad o no permita verificar la razonabilidad técnica de sus conclusiones.
Es así como al Jurisprudencia ha precisado que el juez puede separarse del dictamen, si
tras su examen concluye que no brinda certeza suficiente para fundar la decisión 26. En
ese sentido, la Sección ha identificado como defectos relevantes que afectan el mérito
demostrativo del dictamen, entre otros: i) que el perito se limite a conclusiones sin
exponer el soporte técnico; ii) que invoque métodos tales como el de comparación y
mercado sin aportar transacciones u ofertas comparables; iii) que no justifique las
variables o el origen de los valores; iv) que omita confrontar condiciones físicas y jurídicas
del inmueble o el momento relevante del avalúo; o v) que no cumpla los parámetros
técnicos que rigen la elaboración de avalúos.
En esas condiciones, estima la Sala que el dictamen pericial realizado por la avaluadora
Martha Janeth Barreto, carece del soporte que justifique el avalúo comercial presentado,
por lo que no desvirtúa los fundamentos establecidos por el Consorcio de Avalúos
Cámara de Propiedad Raíz Navarro Rocha y CIA S.A., toda vez que la perito se limitó a
presentar un cálculo global sobre los estudios y diseños del tanque de agua, instalaciones
eléctricas, adecuación acceso peatonal, ajuste pendientado de la rampa, sin acreditar la
aplicación de los criterios técnicos previstos por la norma y el IGAC; de manera que al no
determinar algún método de los establecidos en la Resolución núm. 620 de 200827, el
informe carece de la solidez probatoria necesaria para modificar la indemnización
reconocida, razón por la cual se concluye que el dictamen pericial no cumple con los
26 Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de abril
de 2025, MP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 15001 2331 005 2011 00630 01.
27 Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388
de 1997. ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes
semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS. Es la técnica valuatoria que busca
establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo
bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo
a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto
de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.
PARÁGRAFO. Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que
efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de carga, la vida útil
será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, la vida
útil será de 100 años.
ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el que busca establecer el valor comercial del bien
objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al
del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el
valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula
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requisitos técnicos y legales exigidos para la determinación del valor comercial del predio
y, en consecuencia, no desvirtúa el avalúo oficial.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que el precio asignado al predio por el IDU
estuvo debidamente respaldado en un avalúo que cumplía con los parámetros legales
previstos en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y Resolución 620 de 2008.
Ello, en razón a que el avalúo comercial, se determinó conforme a los métodos previstos
en el ordenamiento jurídico, y no se logró desvirtuar la legalidad de los actos
demandados.
Establecido lo anterior, no prospera el cargo aducido por la recurrente.
5.5. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 determina que “[…] Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
Al respecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley 1564, “[…] Las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso y por las agencias en derecho […]”.
El artículo 365 ibidem, sobre su procedencia establece:
“[…] Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. […]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
[…]” (negrilla fuera del texto).
Frente al contenido de las citadas disposiciones, esta Sección ha señalado que si bien
una lectura de este precepto “[…] podría llevar a la errónea interpretación de que la
condena en costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa,
automática e ineluctable en todos aquellos procesos contencioso-administrativos en los
cuales se ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la
norma utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el
operador jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no
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procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas
sus pretensiones procesales […]”28
Así las cosas, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los artículos
188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 sobre condena en costas en segunda instancia.
5.6. Otros pronunciamientos
5.6.1. Se reconocerá personería al abogado HERNAN DAVID BONILLA SUA para que
represente los intereses de la parte demandada – IDU, conforme el poder a él conferido29,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del CGP.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado HERNAN DAVID BONILLA SUA para
que represente los intereses de la parte demandada – IDU, conforme el poder a él
conferido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del CGP.
CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
28 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de
abril de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala radicación número 25000-23-24-000-2012-00446-01.
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de junio
de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes radicación número 05001 2333 000 2013 01724 01.
29 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
250002324000201400003 01.
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GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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