Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2011-00630-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2011-00630-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-31-005-2011-00630-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
1
Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
Leonilde Lozano de Higuera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 2331 005 2011 00630 01
Demandantes: OSCAR ALBERTO HIGUERA VALDERRAMA y MARÍA
LEONILDE LOZANO DE HIGUERA
Demandado: MUNICIPIO DE DUITAMA
Tema: No se probó la incorrección del avalúo oficial que sustentó las
Resoluciones 423 y 529 de 2011 expedidas por el Alcalde
Municipal de Duitama, por medio de las cuales se ordenó la
expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la parte
actora.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 10 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3, mediante la cual se negó
las pretensiones de la demanda incoada por Oscar Alberto Higuera
Valderrama y María Leonilde Lozano de Higuera en contra del Municipio de
Duitama.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del C.C.A., en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de
1997, Oscar Alberto Higuera Valderrama y María Leonilde Lozano de
Higuera1, a través de apoderado judicial, demandaron al Municipio de
Duitama, con el objeto de que se accediera a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“Primero:
Que se declare que es nula parcialmente la resolución número 423 del dos (02)
de mayo de dos mil diez (2010), proferida por el Señor ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA, “Por medio de la cual se expropia por vía
1
Según acta de reparto la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2011
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Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
Leonilde Lozano de Higuera
administrativa un inmueble”, y que recayó sobre el predio identificado con folio
de matrícula inmobiliaria No. 074-20629 y Cédula Catastral número 01-00-
0200-0023-000, de propiedad de mis representados, porque en tal acto
administrativo se establece un precio que no corresponde al verdadero y
comercial valor del predio que se expropia, ya que se fijó sin la realización de
un avalúo justo y equitativo que cumpliera con los requisitos fijados por la ley,
siendo dicho precio muy inferior al real del inmueble, tanto por sus propias
características y naturaleza como por comparación con el que fue fijado para los
inmuebles y construcciones aledañas al anteriormente identificado.
La nulidad parcialmente aquí impetrada se referirá de manera exclusiva a todo
cuanto atañe a la afectación de los derechos individuales de mis representados.
Complementariamente demando se declare la nulidad de la Resolución No. 529
de mayo 30 de 2011 proferida por la misma autoridad (Alcalde Municipal de
Duitama), en cuanto resolvió no reponer el acto administrativo principal cuya
nulidad en esta litis se demanda.
Segundo:
Que como restablecimiento del derecho de los señores OSCAR ALBERTO
HIGUERA VALDERRAMA y MARÍA LEONILDE LOZANO DE HIGUERA se
condene al MUNICIPIO DE DUITAMA a pagarles el precio real conforme
al valor comercial que PERICIALMENTE se demuestre en el juicio.
Ordenar el pago a mis representados de los intereses de mora desde la
fecha en que debió pagarse el precio del predio expropiado
administrativamente y aquella en que se realice el pago, o, en su
defecto, ordenar la indexación de la diferencia existente entre el valor
pagado efectivamente a los mismos y el valor que pericialmente fuere
señalado, calculada a la fecha en que ocurra el pago del precio
expropiatorio que se determine en la Sentencia.
Tercero:
Ordenar el cumplimiento de la Sentencia que ponga fin a este proceso, dentro
de los términos indicados en el artículo 176 del C.C.A., y con los efectos
señalados en ellos artículos 177 y 178 ibidem.
Cuarto:
Que se condene en costas al MUNICIPIO DE DUITAMA.”2
1.1.2. Los actos acusados
En este proceso se pretende la nulidad de la Resolución número 423 del
2 de mayo de 2011 expedida por el Alcalde Municipal de Duitama3, por
medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del
2
Cuaderno Principal, folios 60 a 62.
3
Ibidem, folios 1 a 3.
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Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
Leonilde Lozano de Higuera
inmueble ubicado en la carrera 20 número 9 - 24 en el municipio de
Duitama, identificado con la matrícula inmobiliaria número 074-20629, con
un área de 144.02 m2 de propiedad de Oscar Alberto Higuera Valderrama y
María Leonilde Lozano de Higuera, el cual establece como precio
indemnizatorio la suma de $154.067.196 que corresponde a $152.267.196
del valor comercial del bien expropiado según avalúo comercial del 10 de
octubre de 2010 elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Boyacá y la
suma de $1.800.000 por concepto de lucro cesante. En este mismo acto se
indica como destinación del inmueble la realización del proyecto de
infraestructura denominado “Conectividad Anillo Turístico Regional y
Renovación Ambiental del Corredor Vial de la Media Luna” del municipio de
Duitama.
De igual forma, se pretende la nulidad de la Resolución número 529 del
30 de mayo de 2011 expedida por el Alcalde Municipal de Duitama4, por
medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los
accionantes, en el sentido no reponer la Resolución número 423 del 2 de
mayo de 2011.
1.1.3. Fundamentos de hecho
Los demandantes manifiestan que mediante la Resolución Nro. 423 de 2011
se ordenó la expropiación por vía administrativa del inmueble de su
propiedad, el cual, además de ser utilizado como vivienda familiar, tenía un
apartamento en el primer piso que tenían arrendado y de cual percibían una
renta mensual.
Señalan que el predio está ubicado en una zona comercial y residencial, de
excelente y acelerado desarrollo, con una antigüedad de 20 y no 40 años como
se indica en el avalúo que fijó el precio indemnizatorio, además de que cuenta
con una remodelación reciente de 5 años.
Aseguran que el precio del metro cuadrado del terreno es como mínimo de
$416.666 de acuerdo con la media aritmética de 2 predio subsiguientes que
tenían valores de $300.000 y $700.000, valor que no corresponde con el fijado
en el acto acusado. Indican que en el avalúo acogido por la entidad
demandada hay un error respecto de la construcción ya que no es acorde con
el valor real.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión de la parte actora los actos acusados infringen los artículos 1, 2,
6, 58, 288, 298, 313-2 y 313-7 de la Constitución Política y 61 y 71 de la
Ley 388 de 1997, al estimar que no se acordó ni se reconoció un precio justo
como consecuencia de la expropiación desconociendo sus derechos.
Adicionalmente, indica que la expropiación en relación con la vivienda
4
Ibidem, folios 6 a 8.
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Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
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urbana sólo procede para desarrollar proyectos de vivienda de interés social
según la jurisprudencia fijada en el expediente 25-000-23-24-000-2003-
00776-01 del 29 de septiembre de 2011 del Consejo de Estado.
1.2. Contestación de la demanda. El Municipio de Duitama contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones5, con fundamento en las siguientes
razones de defensa:
Afirma que la entidad territorial se ajustó durante todo el trámite de
adquisición del inmueble a la normatividad que regula el proceso de
expropiación por vía administrativa, esto es, la Ley 388 de 1997, el Decreto
1420 de 1998 que reglamenta los avalúos y la Resolución 620 de 2008 del
IGAC que reglamenta las metodologías para elaborar los avalúos para la
adquisición de inmuebles prevista en la citada ley.
Alega que el precio fijado no es arbitrario, que la zona de expropiación no
es de excelente y acelerado desarrollo y que, por el contrario, es un área
con alto grado de deterioro y conflicto de uso presentado por un impacto
ambiental y social contiguo al centro, con desorden urbano en cuanto
edificaciones, espacio público, contaminación visual, que dificulta su uso
como zona residencial. Resalta que no es cierto que se deba cancelar el
mismo precio que las edificaciones contiguas al bien expropiado, ya que
presentan características diferentes.
Formula la excepción de inepta demanda al estimar que la actora se limitó
a trascribir normas sin explicar el concepto de violación.
Precisa que mediante el Decreto 636 de 17 de septiembre de 2010 se
declaró la existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad
pública e interés social para la adquisición de predios necesarios para la
ejecución del proyecto “Conectividad Anillo Turístico Regional y Renovación
Ambiental del Corredor Vial de la Media Luna” del municipio de Duitama.
Menciona que a través de la Resolución 944 de 3 de noviembre de 2010 se
determinó la adquisición del inmueble de propiedad de los actores y se
realizó la oferta de compra sin que se llegara a un acuerdo para la
enajenación voluntaria, por lo que se procedió a la expropiación. Agrega que
se reconoció un valor adicional de $1.800.000 por concepto de lucro cesante
y se brindaron todas las garantías dentro del trámite e incluso se solicitó la
revisión del avalúo lo que llevó a que se ajustara el valor de la
indemnización.
Aduce que el avalúo en el cual se fundamentó el precio indemnizatorio fue
elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Boyacá, quien realizó avalúos
corporativos con el propósito de brindar transparencia y certeza de la
fijación de los precios comerciales y que previamente se realizó un estudio
5
Cuaderno principal, folios 103 a 115.
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de homogenización en el que se establecen precios de referencia. Asegura
que el avalúo refleja las condiciones jurídicas y física reales del inmueble, el
cual no es determinado por la entidad legitimada para expropiar y tampoco
puede ser acordado con el propietario del bien como quiera que se fija con
base en criterios objetivos y parámetros reales.
Por último, señala que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto demandado, toda vez que tenía la carga de demostrar la
incorrección del avalúo oficial, circunstancia que no se logró probar en el
presente caso.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3 mediante
sentencia de 10 de febrero de 2017, declaró no probada la excepción de inepta
demanda y negó las pretensiones del libelo introductorio6, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Señala que no se configura la excepción de inepta demanda, toda vez que de
la lectura del libelo inicial se observa de manera sucinta las normas vulneradas
y los motivos por los cuales se estima fueron trasgredidas.
Afirma, que no se acogen las objeciones por error grave que se plantearon al
dictamen pericial practicado dentro del proceso, en razón a que, de un lado,
no se advierte que los métodos valuatorios que se utilizaron para realizar el
avalúo sean excluyentes y, de otro, el objeto de estudio del dictamen fue el
solicitado en la demanda.
Indica que no procede la nulidad de los actos acusados por la falta de
participación de los demandantes en el proceso de determinación del valor del
bien expropiado, ya que los artículos 61, 66 y 68 de la Ley 388 de 1997 no
establecen una etapa obligatoria de mutuo acuerdo para fijar el valor del bien
a expropiar, sino que lo que se prevé es que antes de expedir el acto de
expropiación las partes puedan llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria.
Afirma que la entidad territorial no tiene competencia para fijar libremente el
valor del inmueble expropiado, ya que el valor de la indemnización que debe
ser ofertado por la entidad pública es el que fije previamente la entidad
autorizada por la ley para dicho fin.
Señala, que el dictamen pericial elaborado por el IGAC al interior del proceso
no tiene eficacia probatoria, en la medida en que de su lectura integral no se
advierte la determinación de un sistema o parámetro de apreciación que
sustente el valor señalado en el estudio, ya que el perito se limita a rendir el
concepto pero no sustenta las motivaciones que soportan su dicho, pues, no
acompañó un análisis de los métodos y documentos utilizados para concluir
que el avalúo comercial debía incrementarse. Resalta que si el método
6
Cuaderno principal, folios 301 a 325.
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aplicado era el de mercado no aportó un estudio acerca de las ofertas de
predios semejantes al del objeto de avalúo, así como tampoco estableció
objetivamente el valor comercial de la construcción a partir de la estimación
del costo total de la edificación a precios de nueva para el método de
reposición.
Asegura que también se incurrió en un defecto de técnica al trasladarse
valores de reposición para la ciudad de Bogotá como “medidas de tendencia”
aplicables al Municipio de Duitama, información de mercado que no refleja
válidamente aspectos constructivos de predios que se encuentren ubicados en
un área adyacente a la del inmueble expropiado y que no ofrece ninguna
certeza respecto de los análisis de castigos por antigüedad, estado de
conservación, vetustez u obsolescencia, utilizada como patrones de cálculos
para establecer el valor comercial de la vivienda, máxime cuando se acude a
una grabación de video para determinar el grado de deterioro de la
construcción.
Concluye que el dictamen practicado dentro del proceso no controvierte las
conclusiones del avalúo oficial y, por tanto, no desvirtúa la legalidad de los
actos demandados.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La accionante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda7.
Como motivo de inconformidad manifiesta que el fallo de primera instancia
desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, ya que, contrario a lo afirmado por el a quo, es válido el video que
grabó sobre el bien expropiado y que elevó a escritura pública, con el fin de
demostrar aspectos fundamentales como la clase y la calidad de la unidad
habitacional y la conservación de la construcción y, por tanto, para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido en los actos demandados.
Aduce que es contradictorio que la sentencia de primera instancia indique
que el dictamen pericial practicado dentro del proceso no incurrió en error
grave, pero al mismo tiempo afirme que no alcanza eficacia probatoria.
Manifiesta que era carga de la parte demandada demostrar la objeción por
error grave, situación que no se acreditó dentro del presente proceso, razón
por la cual debía darse por probado el avalúo que se estableció en el
dictamen pericial practicado dentro del proceso y que acredita una valuación
en más de un 59% de la fijada en los actos acusados, lo que desvirtúa la
legalidad de aquellos.
7
Cuaderno principal, folios 328 a 334.
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Afirma que si el juez estimaba que el peritaje tenía falencias era su
obligación solicitar que se complementara o ampliara el dictamen, situación
que no ocurrió.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto de 26 de septiembre de 2017 se admitió el recurso de
apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión8, término dentro del
cual las partes y el Ministerio Público guardaron silencio9.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre
de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.
5.2 Análisis de la Sala
5.2.1. En criterio de la parte accionante, los actos acusados son nulos al
determinar el precio indemnizatorio del bien expropiado con fundamento en
un avalúo que no estableció el valor real del inmueble. Afirma que el dictamen
decretado y practicado dentro del proceso por el IGAC permite conocer el
valor real del inmueble expropiado, el cual al no quedar probado que incurrió
en error grave, debía ser acogido por la autoridad judicial. Indica que no era
posible restarle eficacia probatoria por sustentarse en el video que grabó la
actora para determinar las condiciones de deterioro de la construcción, ya que
si existían inquietudes sobre el dictamen era obligación del juez solicitar su
aclaración o complementación.
5.2.2. Respecto de la apelación, lo primero que se deberá determinar es, si
es cierto que, i) el juez debe acoger necesariamente las conclusiones del
dictamen pericial practicado en el proceso judicial, por no acreditarse que
incurrió en error grave; ii) el dictamen pericial practicado en el proceso
cumple con los requisitos exigidos para ser valorado y acogido por el a quo
y, iii) es deber del juez solicitar de manera oficiosa la aclaración y/o
complementación del dictamen.
5.2.2.1. Pues bien, con relación a que el juez debe acoger el dictamen pericial
practicado en el curso del proceso cuando no prosperan las objeciones por
error grave, es preciso recordar que el artículo 241 del C.P.C. establece que
el juez al apreciar el dictamen tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad
de sus fundamentos, disposición que ha sido analizada por esta Sección al
8
Cuaderno de segunda instancia, folio 5.
9
Conforme informe secretarial visto a folio 11 del cuaderno de segunda instancia.
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Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
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señalar que, aunque el peritaje demanda unos conocimientos especiales, el
juez debe someterle un posterior escrutinio, en el cual de advertirse que la
información allí incorporada no brinda certeza y claridad sobre los
fundamentos técnicos empleados en su elaboración, lo habilita para separarse
de sus conclusiones. En efecto, sobre este asunto se indicó10:
“[…] 58. La jurisprudencia de esta Corporación11 ha sido pacífica en admitir que
al juez le está dado separarse del dictamen pericial si este no se ofrece claro y
certero sobre la información allí incorporada, y ello obedece justamente a que
la capacidad persuasiva de estos medios de conocimiento depende de la
claridad, precisión y certeza de los fundamentos técnicos empleados en su
elaboración. Si estos no ofrecen tales cualidades, al juez corresponderá asumir
un papel activo en orden a alcanzar la verdad del asunto puesto a su
consideración.
59. Dicho de otro modo, contrario a lo dicho por el apelante, el juez no puede
asumir una actitud pasiva sobre las conclusiones que en este caso quedaron
consignadas en el dictamen pericial decretado en el curso del proceso. Por lo
contrario, se itera, este atenderá su valoración en el marco de la sana crítica
con el propósito de formarse una idea acerca del litigio a su cargo. […]”
Así las cosas, contrario a lo afirmado por el recurrente, el juez de primera
instancia sí puede apartarse de las conclusiones plasmadas en el peritaje
practicado en el curso de proceso, aun cuando no prosperen las objeciones
por error grave, si una vez realizado su estudio encuentra que el mismo no
proporciona claridad, precisión y coherencia en los fundamentos técnicos que
lo sustentaron, y que, por tanto, den plena certeza sobre su contenido. En
consecuencia, el argumento planteado por la parte actora, en cuanto a que
como las objeciones al dictamen no prosperaron llevaba a que el juez lo
acogiera plenamente y declarara la nulidad de los actos acusados no está
llamado a prosperar.
5.2.2.2. Aclarado lo anterior, en el expediente obra el dictamen pericial
solicitado por la actora y practicado dentro del proceso por el perito Germán
Emilio Espinosa Camacho del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial
Boyacá12, en el cual se lee lo siguiente:
“1. INFORMACIÓN BÁSICA O INFORMACIÓN GENERAL
[…]
1.3 TIPO DE INMUEBLE: Residencia
1.4 TIPO DE AVALÚO: Comercial Urbano
10
Consejo de estado, Sección Primera, Sentencia de 8 de octubre de 2020, Rad. 05001-
23-31-000-2011 00013-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Cita original del texto citado. CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA Consejera
Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, fallo del veintisiete (27) de mayo de
dos mil diez (2010), Radicación número: 76001-23-31-000-2003-03037-01(17324), Actor:
LUZ MARINA ECHEVERRY CEPEDA, Demandado: MUNICIPIO DE TULUA
12
Cuaderno Principal, folio 250 y anexo 2. Dictamen aportado el 21 de diciembre de 2015.
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Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
Leonilde Lozano de Higuera
1.5 DEPARTAMENTO: Boyacá
1.6 MUNICIPIO: Duitama
1.7 LOCALIDAD/COMUNA: uno
1.8 BARRIO: Maria Auxiliadora
1.9 DIRECCIÓN: Carrera 20 No 9-24
[…]
1.12 FECHA DE LA VISITA: 15 de agosto de 2015
[…]
7.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN: De acuerdo al
estudio realizado al expediente, el video y los planos presentados se
establece que la construcción de uso residencial unifamiliar tenía en el
momento de su expropiación una altura de tres pisos.
7.2.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:
NOTA: Se describe la construcción de acuerdo con los registros
fotográficos y el video suministrado, protocolizado en escritura pública y la
ficha Técnica predial 0200-0023 que sirvió de base para la expropiación.
CASA UNIFAMILIAR DE TRES PISOS
ITEM DESCRIPCIÓN
CIMENTACION Concreto ciclópeo con viga de amarre en concreto
reforzado
ESTRUCTURA Sistema aporticado en concreto reforzado
FACHADA Pañetada y pintada en vinilo
CUBIERTA En asbesto cemento y estructura de madera
CIELO RASO En primer piso pañete liso pintado con vinilo.
Segundo Piso en listón de techo
MUROS En ladrillo tolete, pañetados, estucados y pintados
con vinilo
PISOS En baldosa cerámica
CARPINTERIA METÁLICA En perfiles de lámina doblada para ventanas y
portones de acceso
CARPINTERIA MADERA En madera tratada y triplex entamborado para
puertas
ILUMINACIÓN Natural a través de ventanas y artificial con
lámparas fluorescentes neón, e incandescentes.
BAÑOS Muros y pisos enchapados en porcelana, aparatos
tipo medio, división en aluminio
COCINA Tipo integral
NUMERO DE PISOS Tres pisos
VETUSTEZ 25 años
ESTADO DE Bueno, según lo observado en el video presentado
CONSERVACIÓN
USO Vivienda Unifamiliar
ÁREA Y FUENTE Área construida 303.56 m2. Fuente ficha técnica
Predial Predio 0200-0023 de fecha 9 de abril de
2010; elaborada por la empresa Ingeniería y
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Radicado: 15001 23 31 005 2011 0630 01
Demandantes: Oscar Alberto Higuera Valderrama y María
Leonilde Lozano de Higuera
Gestión Especializada Ltda. Firmada por el
Ingeniero Fredy Echavarría Bastidas con
matrícula Profesional 15202-110720 BTC en
calidad de Gerente.
[…]
11. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
[…]
11.2. INVESTIGACIÓN INDIRECTA: De acuerdo con el Artículo 9 de la
Resolución 620 de 2008 del IGAC, como se encontraron ofertas de alguna
manera comparables en la investigación indirecta se pueden adoptar valores y
no es necesario realizar la investigación directa.
VALOR COSTO REPOSICIÓN CONSTRUCCIÓN: Nueva tipo vivienda unifamiliar
medio medio (sic) datos tomados de Construdata 160 de 2.011 $1.095.027. Se
descuenta el 15%, para municipios fuera de Bogotá para tomar un valor de
$930.772 m2
CALCULO DEL VALOR POR ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN TIPO FITTO Y CORVINI
ITEM EDAD VIDA EDAD ESTADO DEPRECIACIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR
ÚTIL EN % DE REPOSICIÓN DEPRECIADO FINAL ADOPTADO
DE VIDA CONSERVACIÓN
Casa 24 100 24,00 2.5 21.75% $930.772 $202.450 $728. $730.000
% 322
Observando el video presentado, se constata el buen estado de mantenimiento
del inmueble, por tanto se califica el estado de conservación de la construcción
con 2.5 en la escala de Fitto y Corvini.
11.2. VALORES ADOPTADOS: Se relacionan los valores adoptados para terreno
y construcción por unidad de medida.
ITEM U.M. Valor Unitario
Terreno M2 $250.000
Construcción M2 $730.000
12. RESULTADO DEL AVALÚO (para mayo de 2.011)
ITEM Unidad de Medida Valor Unitario VALOR TOTAL
Medida
Terreno M2 143,62 m2 $250.000,00 $35.905.000
Construcción
Cada 3 pisos M2 303,56 m2 $730.000,00 $221.598.800
Total $257.503.800
SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. […]” (Subrayas y negrita fuera
del texto original)
Alega la recurrente que el fallo de primera instancia incurre en error al restarle
valor probatorio al dictamen, por sustentarse en un video aportado por la
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actora para determinar el estado de la construcción objeto de valoración.
Sobre el particular, es preciso señalar que de la revisión del avalúo trascrito
se observa que se realizó visita al inmueble el día 15 de agosto de 2015; sin
embargo, al efectuar la valoración de la construcción se indica que se soporta
en el estudio realizado al expediente, así como en los planos, el video y las
fotos del bien expropiado suministrados por la demandante. Adicionalmente,
se encuentra que al dictamen se aporta un registro fotográfico con una nota
en la que se lee lo siguiente “Nota: Registro fotográfico suministrado por el
Dr Enrique Monroy, realizado antes de la entrega de la casa”.
En ese sentido, si bien se lee en el dictamen que se visitó el inmueble, no hay
claridad sobre ese hecho, ya que en ninguna parte del informe se aporta un
registro fotográfico de la visita efectuada por el perito y tampoco se aclara
que para la fecha de la visita no existía ninguna construcción lo que le impidió
realizar una verificación directa de la misma. Lo anterior, sumado a que la
valoración de la construcción se realizó tomando como referencia valores de
construcción en la ciudad de Bogotá, sin explicar las razones por las cuales
no se adoptan valores de construcción del municipio o por lo menos del
departamento donde se encuentra el bien expropiado, teniendo en cuenta que
la realidad del sector inmobiliario depende de la ubicación del bien, restan
eficacia probatoria al dictamen como lo afirmó el a quo.
Adicionalmente, del contenido y alcance del dictamen pericial decretado y
practicado en el proceso, no se advierte que el perito realice un análisis sobre
la valoración que se efectúo de la construcción en el avalúo oficial que soportó
los actos acusados, en la cual se determinó un valor específico dependiendo
del tipo de construcción. Por el contrario, en el avalúo decretado en el proceso
se maneja de manera general el ítem de construcción, sin detenerse a revisar
si la construcción era igual o no en todo el inmueble o si a pesar de ser
diferente no era necesario realizar una discriminación como sí lo hizo el avalúo
oficial, lo que impide brindar certeza a sus conclusiones y permite afirmar que
dicho dictamen corresponde a un avalúo más que establece el valor del bien,
pero no está dirigido a demostrar cuáles son los errores en que incurrió el
avalúo oficial.
Así las cosas, tal como lo señaló el a quo en la sentencia recurrida el
dictamen pericial practicado dentro del proceso no brinda certeza sobre su
contenido.
5.2.2.3. Ahora bien, con relación a la solicitud del actor de que era obligación
del juez de oficio requerir al perito para que aclare o complemente el dictamen
pericial, es necesario recordar lo expuesto por esta Sección en sentencia de
21 de mayo de 202013, en la cual se indica que, si bien es cierto el juez puede
13
Consejo de estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2008-00033-01. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. “[…] Por lo demás, si bien es cierto los jueces pueden, por
iniciativa propia, ordenar la aclaración o complementación del dictamen pericial, como lo
dispone el artículo 240 del C.P.C.26, ello obedece a una facultad y no a un deber, puesto
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por iniciativa propia, ordenar la aclaración o complementación de este medio
probatorio, tal facultad no puede desplazar el deber de las partes de adelantar
esta actuación de conformidad con el artículo 238 C.P.C. En otras palabras,
el recurrente no puede pretender que el juez haga uso de sus facultades
oficiosas ante la pasividad de su actuación, más aún cuando la carga de
desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordenó la expropiación administrativa recae en la parte
actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a cargo de la
dirección o decisión del proceso14.
En el anterior contexto, la Sala estima que los argumentos expuestos en el
recurso de apelación con relación al dictamen pericial practicado en el curso
del proceso no están llamados a prosperar y, por tanto, la Sala comparte la
decisión del a quo de no acoger las conclusiones allí expuestas al carecer de
los argumentos técnicos y de apoyo probatorio suficientes para determinar el
justiprecio del inmueble de propiedad de la actora que fue expropiado en su
momento por el Municipio de Duitama.
5.2.3. Ahora bien, el recurrente cuestiona el avalúo que fue utilizado para
determinar el precio de la indemnización en los actos acusados, informe
elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Boyacá el 10 de octubre de 2010
que señala lo siguiente:
“[…] INFORMACIÓN BÁSICA
CÓDIGO DEL INMUEBLE 01-00-0200-0023-000
TIPO DE AVALUO Comercial
TIPO DE INMUEBLE Vivienda
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Carrera 20 # 9-24
CIUDAD Y DEPARTAMENTO Duitama, Boyacá
BARRIO Maria Auxiliadora
FECHA DE LA VISITA 02 de octubre de 2010
FECHA DEL INFORME 10 de octubre de 2010
CARACTERÍSITCAS GENERALES DEL SECTOR
GENERALIDADES
Sector de predios con lotes y construcciones en su mayoría de una planta y
hasta tres plantas.
[…]
ACTIVIDADES PREDOMINANTES DEL SECTOR
que, en primer lugar, corresponde a las partes interesadas en la prueba promover tal
actuación, de conformidad con el artículo 238 ibídem, relativo a la contradicción del
dictamen pericial, y con el artículo 177 del mismo estatuto procesal, según el cual
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. […]”
14
Consejo de estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2012-00716-01, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Existen lotes destinados para el uso de talleres electromecánicos para el arreglo
de vehículos pesados y livianos, construcciones para bodegas donde funcionan
tornos, ferreterías, fábricas de elementos para vehículos, montallantas,
expendio de cerveza y restaurantes.
TIPOS DE EDIFICACIÓN
Predios con viviendas antiguas en su mayoría de una planta, pocos con
construcción reciente.
ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Dos y tres
VÍAS DE ACCESO AL SECTOR
Avenida de las Américas, vía pavimentada con separador, dos carriles en cada
sentido, en buen estado de conservación y mantenimiento, carrera 19, vía de
acceso al centro de la zona urbana […]
PERSPECTIVAS VALORIZACIÓN
Estable y lenta
INFRAESTRUCTURA URBANA
El sector cuenta con vías pavimentadas y en recebo compactado, sardineles y
andenes en buen estado.
SERVICIOS PÚBLICOS
Acueducto, alcantarillado y energía eléctrica
ACTIVIDAD EDIFICADORA
Escaza
REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
Este predio se encuentra en el área urbana del municipio, el Plan de
Ordenamiento territorial fue adoptado mediante el acuerdo 039 del 2019 del
concejo municipal y posee la siguiente normatividad.
Zonificación S10-11R2-3,5
Tratamiento Redesarrollo
Usos:
Principal Vivienda bifamiliar y multifamiliar
Complementario Comercio tipo I y II
Compatible Institucional tipo I y II, e industrial tipo I y II
CARACTERISTICAS DEL TERRENO
ÁREA TOTAL TERRENO 144,02 m2
ÁREA REQUERIDA DE TERRENO 144,02 m2
LINDEROS GENERALES
[…]
CARACTERÍSITCAS DE LA CONSTRUCCIÓN
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DESTINO Vivienda
ÁREA CONSTRUCCIÓN 303,55 m2
FUENTE Ficha técnica predial 0200-0023
NÚMERO DE PLANTAS Tres
EDAD DE LA EDIFICACIÓN 40 y 20 años
DISTRIBUCIÓN INTERIOR
Primera planta Garaje, sala comedor, tres alcobas, patio, cocina
sencilla y un baño
Segunda planta Alcoba principal con baño, baño auxiliar, dos
alcobas, un sanitario, cocina integral, alcoba de
servicio y sala comedor.
Tercera planta Baño, dos alcobas, estar para TV y patio
CATEGORÍA DE LOS ACABADOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
Posee acabados normales, se encuentran en buen estado de conservación y
mantenimiento.
ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS
CIMENTACIÓN Concreto ciclópeo
ESTRUCTURA Muros de carga y confinada
ENTREPISOS Concreto reforzado y aligerado
MAMPOSTERÍA Ladrillo tolete común
CUBIERTA Teja asbesto cemento
FALSO TECHO En madera
VENTANERÍA Lámina
PUERTA EXTERIOR Lámina
PUERTAS INTERIORES Madera
PINTURA Vinilo sobre estuco
PISOS Y ENCHAPES Mayólica y cerámica; cerámica en baños y cocina
FACHADA PRINCIPAL Graniplast y esgrafado
ESCALERAS Concreto y mayolica
ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno
[…]
METODOLOGÍA VALUATORIA
Para determinar el valor del inmueble se utiliza el método de reposición,
partiendo del valor nuevo, teniendo en cuenta en cuenta la antigüedad del
inmueble y su depreciación calculada por su estado de conservación. (Fitto y
Corvini).
Para el valor del terreno nos basamos en el valor determinado, en la
sectorización presentada en el estudio inicial de ofertas encontradas y
homogenizadas, las cuales indicaron una curva de isoprecios a lo largo del
trayecto de la carrera 20.
AVALÚO COMERCIAL
SECCIÓN UNID CANTIDAD V.UNIT V.PARCIAL
Área de terreno m2 144,02 250.000 36.005.000
Construcción primera planta m2 107,93 293.000 31.623.490
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Construcción 2ª y 3ª planta m2 195,63 426.000 83.338.380
Patio en concreto m2 36,09 21.400 772.325
Terraza piso en tableta m2 17,60 30.000 528.000
VALOR TOTAL DEL AVALUO $152.267.196
Adicionalmente, en el avalúo oficial se anexan las siguientes tablas
relacionadas con “análisis unitario y depreciaciones”:
CONSTRUCCIÓN 1ª PLANTA Unid: M2
Año de construcción 1980
Vida Útil 70 Años
Vida de uso 40 Años
Factor de uso 57,14 %
Factor de 3,0
conservación
Depreciación 54,87
Valor a nuevo 650.000
Factor por tamaño 100%
Factor comercial 100%
Valor depreciado 293.345
Valor asumido 293.000
CONSTRUCCIÓN 2ª y 3ª PLANTA Unid: M2
Año de construcción 1990
Vida Útil 70 Años
Vida de uso 20 Años
Factor de uso 28,57 %
Factor de 2,5
conservación
Depreciación 24,95
Valor a nuevo 700.000
Factor por tamaño 90%
Factor comercial 90%
Valor depreciado 425.534
Valor asumido 426.000
PLACA DE PISO CONCRETO Unid: M2
Descripción Unid Cant V.Unit V.Parcial
Placa de piso concreto m3 0,09 300.000 27.000
Recebo compactado m2 0,10 8.740 874
Subtotal 27.874
Subtotal con AIU 15% 32.055
Año de construcción 1990
Vida Útil 70 Años
Vida de uso 20 Años
Factor de uso 28,57
Factor de 3,0
conservación
Depreciación 33,14
Valor final 21.432
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Valor asumido 21.400
De la revisión del anterior avalúo se observa que para su elaboración se
tuvieron en cuenta las condiciones particulares del predio al momento de su
valoración. Específicamente, en el citado avalúo se lee: i) la identificación
y ubicación del inmueble; ii) características del predio, tanto del terreno
como de la construcción; iii) características del sector y actividades
predominantes; iv) redes de servicios públicos; v) vías de acceso; vi) norma
urbanística vigente al momento del avalúo; vii) destinación económica del
bien, y viii) factores y metodología aplicada para la valoración tanto de la
construcción como del terreno.
En este punto, cabe mencionar que la jurisprudencia de esta Corporación15
ha sostenido que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción
de legalidad al ser incorporado al acto administrativo que ordena la
expropiación, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál
es el error o la incorrección del avalúo oficial.
“[…] al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de
la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.”16
La Sala reitera que para concluir que hay incorrección del avalúo oficial no
basta con realizar una comparación del valor del precio indemnizatorio entre
el avalúo oficial y los allegados o solicitados por la parte actora17, sino que se
requiere demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió el avalúo
oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se analizan diferentes
criterios y parámetros técnicos, situación que no se acredita en el presente
caso.
15
Sobre este asunto se puede consultar entre otras providencias: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia del 20 de febrero de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-
00115-01. C.P: Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 28 de abril de 2022, Rad. 05-001-
2331-000-2010-0195901, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
16
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Rad. 05001-
23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
17
Sobre la carga de la parte actora para controvertir el avalúo oficial en sentencia del 20
de febrero de 202, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. 25000-23-24-000-2011-00115-01 se
indicó: “[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el demandante,
atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la administración, no es del caso
que el escrito de demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos desvirtuar el
realizado por la entidad pública; para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que
goza el avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en las normas que regulan la
materia, indique el defecto en que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar al convencimiento del juez
de que se ha incurrido en error al establecer el monto de la indemnización, y no
simplemente de identificar otras alternativas probables. […]” (Subraya del texto
original)
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En el anterior contexto, la Sala considera que los reparos expuestos por el
apelante en su recurso de alzada no desvirtúan los argumentos y conclusiones
expuestos por el juez de primera instancia, toda vez que en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que logren demostrar la ilegalidad de los
actos acusados como consecuencia de la incorrección del avalúo oficial que
sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio reconocido a la
parte actora con ocasión de la expropiación administrativa.
En consecuencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
tienen vocación de prosperar y, por tanto, la Sala confirmará la sentencia
apelada.
5.3. Costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la
parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque
no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de
su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente
dilatorio”18. En el caso concreto, la Sala no advierte que la conducta de la
parte demandante puede catalogarse como temeraria, abusiva o de mala fe
ni como un ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales de los que
dispone, así como tampoco de su derecho a acceder a la Administración de
Justicia. Por lo tanto, no hay lugar a acceder a su reconocimiento.
5.4. Otros pronunciamientos
De otro lado, se reconocerá personería al abogado RAÚL ANDRÉS CORREA
BRICEÑO, para que represente los intereses del Municipio de Duitama en
los términos y para los efectos del poder y los anexos aportados al
expediente19.
Así mismo, teniendo en cuenta que mediante memorial obrante en el índice
número 21 del expediente de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
Consejo de Estado – SAMAI se allegó renuncia de poder por parte del
mencionado profesional del derecho y como quiera que la renuncia cumple
los requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso, el
Despacho la tendrá por bien presentada.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775,
C. P. Ricardo Hoyos Duque.
19
Memorial aportado el 19 de febrero de 2020 al expediente.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada de 10 de febrero de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 3,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
Segundo: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Raúl Andrés Correa
Briceño para que represente los intereses del Municipio de Duitama.
Cuarto: TENER por debidamente presentada la renuncia de poder
presentada por el abogado Raúl Andrés Correa Briceño como apoderado del
Municipio de Duitama.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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