Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2014-00413-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2014-00413-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2014-00413-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2014-00413-01
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actora: MARGARITA CORREA DE BALLESTEROS
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE
DESVIRTUADA LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
MEDIANTE LOS CUALES SE EXPROPIARON LOS PREDIOS DE LA
ACTORA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de 7 de junio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander1, que denegó las
pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La señora Margarita Corrrea de Ballesteros, actuando por
conducto de apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2014-00413-01
Actora: Margarita Correa de Ballesteros
Contencioso Administrativo CPACA2, contra la Nación - Fondo de
Adaptación, con la finalidad de discutir la legalidad de los
siguientes actos administrativos:
➢ Resolución 172 de 11 de marzo de 2014, «Por la cual se
ordena la expropiación parcial por vía administrativa del
predio denominado la Zarza, requerido para la ejecución de
las obras de “Reasentamiento del casco urbano del Municipio
de Gramalote en la Vereda Miraflores”», expedida por la
Gerencia del Fondo de Adaptación.
➢ Resolución 173 de 11 de marzo de 2014, «Por la cual se
ordena la expropiación parcial por vía administrativa del
predio denominado Palo Caído, requerido para la ejecución de
las obras del “Reasentamiento del casco urbano del Municipio
de Gramalote en la Vereda Miraflores”», expedido por la
Gerencia del Fondo de Adaptación.
➢ Resolución 374 de 8 de mayo de 2014, «Por la cual se
resuelve recurso de reposición interpuesto en contra de las
Resoluciones No.172 y No.173 del 11 de marzo de 2014,
mediante las cuales se ordenó la expropiación por vía
administrativa de los predios la Zarza y Palo Caído,
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En adelante CPACA.
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Actora: Margarita Correa de Ballesteros
respectivamente, para el Reasentamiento del casco urbano
del Municipio de Gramalote en la Vereda Miraflores»,
expedida por la Gerencia del Fondo de Adaptación.
➢ Resolución 399 de 15 de mayo de 2014, «Por la cual se
reconoce y ordena el pago de compensaciones económicas y
sociales de acuerdo con la Resolución No. 044 de 2013,
mediante la cual el Fondo de Adaptación adoptó el Plan de
Reasentamiento de la población de la Vereda de Miraflores,
sitio en el cual se reasentará el nuevo casco urbano del
Municipio de Gramalote», expedida por la Gerencia del Fondo
de Adaptación.
➢ Resolución 676 de 15 de agosto de 2014, «Por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No.399 del 15 de mayo de 2014, por medio de la
cual se reconoce y ordena el pago de compensaciones
económicas y sociales al titular del derecho de dominio de los
predios la Zarza y Palo Caído”», expedida por la Gerencia del
Fondo de Adaptación.
Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como
restablecimiento del derecho, la actora elevó las siguientes
pretensiones:
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«[…] NOVENO. Que en virtud de las declaraciones de nulidad
decretadas, y a título de restablecimiento del derecho, SE
ORDENE al FONDO ADAPTACION como responsable de la
solicitud de actualización de área y linderos de estos predios y
como expropiante o a quienes resultaren responsables de estos
reconocimientos:
1- Paguen las indemnizaciones y compensaciones a que se
tiene derecho debidamente actualizadas.
2- Se reconozcan los perjuicios por daño emergente y lucro
cesante por el despojo de los bienes confiscados dado que
no se ha recibido indemnización de ninguna clase
3- — Que solicite al IGAC, nueva diligencia de revisión,
actualización y verificación de área a nivel de campo respecto
de la LOCALIZACIÓN, UBICACIÓN, VERIFICACION DE AREA Y
DETERMINACION DE COLINDANCIAS sobre los predios de
PALOCAIDO, LA ZARZA, LA ZARZA HOY SAN LUIS Y
MONTERREDONDO. Conforme los títulos de propiedad que
acreditan su tradición, que resultaron alterados en las
diligencias de actualización y verificación de área realizadas en
junio del 2.013 a solicitud del FONDO DE ADAPTACION.
4- Que se practiquen los avalúos Comerciales y de mejoras y
se tasen los perjuicios materiales y morales sufridos por estas
expropiaciones para determinar el valor real de las
compensaciones e indemnizaciones a pagar sobre estos
predios. conforme los resultados obtenidos en estas diligencias
de verificación, revisión y verificación de área a nivel de campo
que el Fondo Adaptación pida al IGAC de los predios
PALOCAIDO, LA ZARZA, LA ZARZA HOY SAN LUIS.
5- Que a estos avalúos se les surta el traslado correspondiente
a los afectados para que sean controvertidos conforme lo
ordena la sentencia de Constitucionalidad C- 227 del 2.011.
6- Que sobre los valores que resulten determinados para las
compensaciones e indemnizaciones por estas expropiaciones
con estos avalúos, estos valores sean reconocidas conforme los
plazos, intereses y actualizaciones establecidas por los artículos
187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo contencioso Administrativo.
7- Que se emita nueva resolución con las rectificaciones y
correcciones resultantes […]».
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la actora señaló los
siguientes:
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Manifestó que mediante el Decreto 4580 de 7 de diciembre de
20103, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en razón a la ola invernal “fenómeno
de la niña”, la cual afectó gran parte de la población nacional, entre
ella, el Departamento de Norte de Santander.
Precisó que con ocasión de lo anterior el Gobierno Nacional expidió
el Decreto 4628 de 13 de diciembre de 20104, para regular el
trámite de expropiación administrativa por urgencia en ese
contexto, con el ánimo de conjurar y restablecer situaciones de
desastre; y que, además, fue creado el Fondo de Adaptación con el
objeto de recuperar y reconstruir las zonas afectadas por dicho
fenómeno.
Aseveró que el 17 de diciembre de 2010 se produjo la remoción de
la masa de la cabecera del municipio de Gramalote, lo que obligó a
la evacuación de su población.
Agregó que una vez adelantados los estudios geotécnicos
contratados por el Fondo de Adaptación, se determinó que el área
más apta y segura para desarrollar el reasentamiento del ente
territorial eran los predios ubicados en la Vereda de Miraflores,
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“Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave
calamidad pública.”
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“Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras
medidas”.
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dentro de los cuales se incluyeron los predios La Zarza, hoy San
Luis, Palo Caído y Monte Redondo.
Precisó que era propietaria de los siguientes predios:
• La Zarza, con matrícula inmobiliaria No. 260-125197 / Código
Catastral 54-313-00-01-0004-0047-000.
• Palo Caído, con matrícula inmobiliaria No. 260-125199 /
Código Catastral Vigente 54-313-00-01-0004-0174-000.
Comentó que a través de las resoluciones 54-313-012-2013 y 54-
313-0006-2013 de 8 de julio de 2013, previas diligencias, el
Instituto Agustín Codazzi – IGAG5 modificó las áreas de los
inmuebles aludidos registrados en catastro, reduciéndolas frente a
lo consignado en las escrituras públicas.
Anotó que mediante las resoluciones 039 y 043 de 10 de
septiembre de 2013, el Fondo de Adaptación decidió adquirir los
predios Palo Caído en su totalidad (2 hectáreas 3.843 m²), y La
Zarza de forma parcial (2 hectáreas 8.07 m2), decisiones contra las
que interpuso recurso de reposición, por cuanto las áreas ocupadas
no coincidían con las áreas registradas en las escrituras públicas y
los valores resultaban ostensiblemente inferiores al valor comercial
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En adelante el IGAG.
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real de estos.
Agregó que, además, el Fondo de Adaptación decidió adelantar
proceso de adquisición de los predios bajo los lineamientos de los
artículos 74 y 75 de Ley 1523 de 24 de 20126, dejando de lado la
aplicación de las reglas específicas del Decreto 4628 de 2010.
Señaló que, previamente, el Fondo de Adaptación había solicitado al
IGAC la elaboración de los avalúos de los predios, los cuales se
practicaron el 25 de febrero de 2013, no obstante, no se le corrió
traslado de ellos, de manera que no pudo ejercer contradicción ni
formular observaciones sobre la metodología empleada o el valor
resultante.
Agregó que conforme con el Oficio 6016 de 14 de marzo de 2014,
emitido por el IGAG, en su sentir, dichos avalúos solo reflejaron el
valor catastral no el comercial que debía haber soportado la oferta.
Afirmó que una vez se le hizo la oferta de adquisición, condicionó su
aceptación, entre otros aspectos, a que se aclarara la situación
física y jurídica de los predios y se practicara un nuevo avalúo que
reflejara el valor comercial y los perjuicios materiales,
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“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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planteamientos que fueron desestimados.
Afirmó que mediante las resoluciones 172 y 173 de 11 de marzo de
2014, el Fondo de Adaptación ordenó la expropiación de los bienes
en los términos de la Ley 1523.
Señaló que a través de la Resolución 399 de 15 de mayo de 2014,
la entidad reconoció y ordenó el pago de determinadas
compensaciones económicas y sociales, principalmente por pérdida
de ingresos derivados de cultivos permanentes y por especies
maderables inventariadas, decisión que fue confirmada por la
Resolución 676 de 15 de agosto de 2014 al resolver el recurso de
reposición, sin que se tuvieran en cuenta diversas mejoras y
aprovechamientos, como especies arbóreas específicas, ganado,
nacimientos de agua, obras en piedra, vías de acceso e
instalaciones eléctricas.
Añadió que otro de sus predios denominado San Luis resultó
expropiado de forma tácita, porque con la redefinición de áreas de
Palo Caído y la Zarza aquel quedó subsumido en estos, en un
procedimiento que, a su juicio, fue irregular.
Adujo que contrató un avalúo privado a los predios el 3 de mayo de
2014, en el que se estimó como valor promedio $56.000.000 por
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hectárea, es decir, $56.000 por metro cuadrado, en contraste con
el valor asignado por el Fondo de Adaptación que tasó $5.250 por
metro cuadrado, arrojando una diferencia del 1.066.66%.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 19 y 29 de la Constitución Política; 17 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano; 41 del
CPACA; 83 (numeral 3) de la Ley 1450 de 16 de junio de 20117; la
Ley 1523 y el Decreto Legislativo 4628 de 2010.
Manifestó que conforme con los artículos 19 y 29 de la Constitución
Política la actuación acusada es nula, comoquiera que desconoció
las normas en que debida fundarse al restringir su derecho de
defensa, así como la participación durante la etapa de negociación
directa y traslado de los avalúos.
Explicó que no tuvo la oportunidad de solicitar la revisión de los
avalúos, objetarlos o pedir su corrección, dado que se mantuvieron
ocultos sin que se le surtiera el correspondiente traslado.
Señaló que el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del
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“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.
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Hombre y del Ciudadano protege el derecho a la propiedad privada,
por lo que nadie puede ser privado de ella sino por necesidad
pública debidamente justificada y previa indemnización.
Explicó que cuando el Estado constriñe al particular a transferir
parte de su patrimonio por motivos de utilidad pública o interés
social, existe derecho a una indemnización previa que comprenda
tanto el valor del bien expropiado como los demás perjuicios
causados.
Precisó que, pese a que desde marzo de 2014 se decretó la
expropiación respecto de sus predios, no había recibido pago
alguno por indemnizaciones o compensaciones.
Indicó que de acuerdo con la sentencia C 227 de 2011, proferida
por la Corte Constitucional, aun si la voluntad del vendedor está
limitada, el particular debe contar con el mínimo derecho a discutir
el precio y la forma de pago, por lo que debe permitirse que este
revise el precio a su solicitud, dentro de un término razonable no
inferior a cinco días hábiles posteriores a la notificación.
Agregó que aunque presentó solicitudes de revisión dentro del
término, la administración las trató como rechazo de la oferta,
limitando la negociación.
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Añadió que conforme con el artículo 41 del CPACA, antes de expedir
el acto administrativo, la entidad debe corregir las irregularidades
presentadas en la actuación para ajustarla a derecho.
Indicó que el Fondo de Adaptación desconoció esa obligación
porque se negó sistemáticamente a tramitar o solicitar la corrección
y aclaración de linderos y de errores del proceso, bajo el argumento
de que tales gestiones eran de competencia del IGAC, postura que
implicó una pretermisión del deber de corrección y, por ende,
mantuvo irregularidades que impactaron directamente la legalidad
de los actos posteriores.
Argumentó que de acuerdo con el artículo 83, numeral 3, de la Ley
1450, una vez realizado el avalúo comercial debe notificarse al
propietario y a los interesados acreditados, quienes pueden
interponer los recursos correspondientes.
Insistió en que la entidad demandada ocultó los avalúos o no surtió
su traslado y notificación, lo que le impidió ejercer la contradicción
frente a estos, lo que repercute en la validez de los actos que
fijaron precios, decretaron la expropiación y determinaron
compensaciones.
Manifestó que el Fondo de Adaptación aplicó indebidamente la Ley
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1523, que contiene el régimen ordinario de gestión del riesgo y
expropiación administrativa, porque esta no podía extenderse a
sucesos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
Agregó que debía darse aplicación a el Decreto Legislativo 4628 de
2010, como norma especial destinada a regular el caso.
Anotó que el predio “San Luis” no fue objeto de expropiación; sin
embargo, la entidad demandada en el trámite administrativo
cambió su ubicación, al punto de situarlo dentro de las coordenadas
de uno de los predios expropiados.
I.4.- Contestación de la demanda
El Fondo de Adaptación afirmó, en términos generales, que los
hechos y la argumentación de la actora reposan, en buena medida,
en apreciaciones subjetivas y que, en todo caso, los actos
cuestionados se expidieron bajo la normativa vigente y aplicable al
proceso de adquisición predial para el reasentamiento del municipio
de Gramalote.
Advirtió que no era aplicable el Decreto 4628 de 2010, sino la Ley
1523, porque en aquel la medida excepcional de negociación directa
y expropiación solo podía utilizarse dentro de las fases de asistencia
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humanitaria y rehabilitación, en situaciones de calamidad pública por
ola invernal, pero no para la fase de reconstrucción.
Añadió que, además, la aplicación del procedimiento excepcional
quedaba condicionada a presupuestos de ordenamiento territorial,
por lo que para el caso del nuevo casco urbano del municipio de
Gramalote los predios se encontraban en suelo rural, aunque su
destinación final era urbana, de modo que no se daban los supuestos
para acudir al Decreto 4628 de 2010.
Indicó que la vereda Miraflores resultó el área más favorable
conforme a variables técnicas para la reconstrucción del municipio; y
que la identificación concreta de predios requeridos obedeció a
estudios inmobiliarios posteriores.
Sobre el perímetro o polígono del reasentamiento, aceptó
parcialmente que predios como La Zarza, Palo Caído y Monte
Redondo estuvieron incluidos dentro del perímetro identificado para
la reconstrucción y reubicación, pero negó que el predio San Luis
hubiese sido seleccionado como objeto del proceso de adquisición
predial, aunque hubiese sido considerado en estudios preliminares.
Adujo que no hubo una aplicación retroactiva de la Ley 1523, porque
dicha ley estaba vigente desde abril de 2012, mientras que el
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proceso de adquisición predial inició en el segundo semestre de 2013.
Aclaró que, en cuanto a la gestión predial y delimitación del polígono
de adquisición, en el marco de la Resolución 044 de 2013, los
propietarios fueron determinados por la firma Chahín Vargas &
Asociados S.A.S. dentro del Contrato 025 de 2013, cuyo objeto fue
adelantar la gestión necesaria para adquirir los predios, consecuencia
de la cual se definió un área aproximada de cien hectáreas,
correspondiente a adquisiciones totales o parciales de diez predios,
dentro de los cuales estaban Palo Caído y La Zarza.
Afirmó que, frente a la controversia por cabidas, linderos y
mutaciones de área, antes de iniciar la adquisición, se adelantaron
levantamientos topográficos y se surtió el proceso de conservación
catastral ante el IGAC, con el resultado de rectificaciones de área
para La Zarza y Palo Caído, formalizadas mediante las resoluciones
54-313-0012 de 2013 y 54-313-0006 de 2013, las cuales fueron
notificadas a la actora y objeto de recursos, los que se resolvieron de
manera confirmatoria.
Sostuvo que se limitó a adelantar la negociación directa y la
expropiación con base en las áreas determinadas por el IGAC,
entidad competente para elaborar el catastro nacional y definir
modificaciones respecto de áreas prediales, por lo que enfatizó que
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los actos de esa entidad gozan de presunción de legalidad mientras
no sean anulados.
Anotó que no es cierto que los avalúos hubieran sido secretos, pues
las ofertas de compra se hicieron con valores concordantes dados por
el IGAC, documentos que le fueron entregados junto con el
levantamiento topográfico de los predios La Zarza y Palo Caído.
Expuso que en relación con la oferta de compra la actora manifestó
aceptación condicionada el 24 de febrero de 2014, con solicitudes
como concertar valor con avalúo privado, rectificar áreas y no asumir
ciertos costos, pero al no ser posible concertar el valor basado en el
avalúo del IGAC, entendido como precio máximo de adquisición,
debía tenerse por rechazada la oferta.
Señaló que una vez agotada la negociación directa expidió las
resoluciones 172 y 173 de 11 de marzo de 2014, por medio de las
cuales ordenó la expropiación por vía administrativa del predio Palo
Caído y de una parte del predio La Zarza, respectivamente, para la
reconstrucción del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote,
de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1523.
Precisó que contra esas decisiones la actora interpuso recurso de
reposición, siendo resuelto mediante la Resolución 374 de 8 de mayo
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de 2014, en la que se confirmaron los actos primigenios.
Aseguró que las sumas reconocidas a la actora fueron pagadas en 5
pagos, entre el 10 de diciembre de 2014 y el 27 de marzo de 2015,
por lo que no es cierto que se le adeude dinero alguno.
Formuló como excepciones de mérito las que denominó «Ausencia
de ilegalidad del acto acusado» y «Cobro de lo no debido»,
comoquiera que en su sentir los actos acusados fueron expedidos de
acuerdo con la normatividad aplicable y las sumas reconocidas a la
actora fueron pagadas.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 7 de junio de 2018, denegó las
pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, en relación con el desconocimiento del debido
proceso alegado por la actora, advirtió que la entidad demandada
adelantó la negociación con fundamento en el procedimiento de la
Ley 1523, esto es, expidió actos previos de adquisición y formuló
ofertas, frente a los cuales la demandante tuvo oportunidad de
controvertir cada actuación, incluso, a través de recursos de
reposición y objeciones, por lo que era evidente la participación de
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esta en el trámite.
Indicó que la Ley 1523 prevé que el avalúo puede ser revisado a
solicitud de la entidad pública interesada y, por ende, en su sentir,
si el propietario no estaba de acuerdo debía encauzar su
inconformidad ante el IGAC y no ante el Fondo de Adaptación; y
que en el expediente obraba respuesta desfavorable de aquella
entidad a una solicitud de revisión y corrección de áreas de la
demandante.
Destacó que, en todo caso, aunque formalmente se pedía la nulidad
de los actos de expropiación, el inconformismo de la actora se
concentraba, en lo sustancial, en la tasación económica y en la
extensión de los predios.
Anotó que respecto de la presunta falta de pago de las sumas de
dinero reconocidas por la expropiación, estaba acreditado que
mediante depósitos judiciales en el Banco Agrario, a favor de la
actora, se pagaron las compensaciones económicas reconocidas en
el trámite administrativo.
Ahora, en relación con el artículo 83, numeral 3, de la Ley 1450,
con base en el cual la actora alegó que debió correrse traslado del
avalúo, advirtió que dicha disposición había sido derogada por el
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artículo 73 de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 20138, además
de que aquella norma hacía referencia al procedimiento que debía
seguirse para el desarrollo de los proyectos de infraestructura de
transporte no de emergencia ambiental.
Agregó que, contrario al sentir de la actora, el Decreto 4628 de
2010 no era aplicable al caso porque este creó un mecanismo ágil
en materia de negociación directa y expropiación para superar
situaciones de calamidad pública por ola invernal, cuyo uso se
limita a actuaciones vinculadas a las fases de asistencia
humanitaria y rehabilitación, mientras que las actuaciones a largo
plazo y la fase de reconstrucción se sujetan a los mecanismos
ordinarios, en este caso al establecido en la Ley 1523.
Señaló que en el proceso fue practicado un dictamen pericial, frente
al cual consideró que el perito no fundamentó de manera suficiente
sus apreciaciones, pues se limitó a presentar conclusiones, sin
incorporar soportes que permitieran evaluar objetividad y
razonabilidad, amén de haber afirmado la utilización del método de
comparación, sin aportar estudios de ofertas o transacciones
comparables; y que tampoco identificó ni soportó técnicamente la
consulta a otros avaluadores ni el origen de los valores por
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“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte
y se conceden facultades extraordinarias”.
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hectárea.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora recurrió la sentencia proferida en primera instancia, para
lo cual manifestó que el Tribunal convalidó el trámite de
negociación directa y expropiación aplicado por el Fondo de
Adaptación con base en la Ley 1523, mientras que, a su juicio, las
expropiaciones de los predios La Zarza y Palo Caído debieron
regirse por el Decreto 4628 de 2010, norma especial «[…] emitida
para conjurar los efectos causados por el fenómeno natural de la
ola invernal 2010-2011 ocasionada por el fenómeno de la niña
[…].»
Agregó que, conforme con el artículo 7° el Decreto 4628 de 2010,
esta norma empezó a regir desde su publicación, esto es, el 13 de
diciembre de 2010; y que su vigencia se ha mantenido hasta la
fecha, por cuanto no ha sido derogado expresa ni tácitamente por
norma posterior; y que comoquiera que la destrucción del casco
urbano de municipio de Gramalote ocurrió el 10 de diciembre de
ese año, aquella norma era la aplicable y no la Ley 1523 por ser
posterior.
Adujo que la Sentencia C 227 de 2011, al declarar la exequibilidad
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condicionada del Decreto 4628 de 2010, fijó un ordenamiento de
interpretación constitucional, según el cual en la expropiación
administrativa debe garantizarse el derecho de defensa, el debido
proceso y una indemnización previa y justa que evite que la
decisión administrativa sea confiscatoria.
Reprochó que el Tribunal, al abordar el asunto, se apartara de esa
interpretación constitucional para estimar que no era aplicable al
artículo 74 de la Ley 1523, en lo relativo a que el avalúo no podía
ser objeto de publicación ni de objeción.
Afirmó que, conforme con la referida sentencia, aun cuando la
voluntad del vendedor esté limitada, el particular debe contar con el
mínimo derecho de discutir el precio de compra y su forma de pago,
pues de lo contrario se desconoce el principio de acuerdo de
voluntades.
Arguyó que quedó demostrado que el IGAG asignó valores
catastrales y no comerciales, estos últimos que debieron ser
convenidos por acuerdo entre las partes, lo cual además se
desprende del contenido del Oficio 6016 de 14 de marzo de 2014,
emitido por aquella entidad.
Afirmó que era reprochable que en la sentencia proferida en
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primera instancia hubiese sido desestimada la prueba pericial
practicada en el proceso, en favor de los reparos extemporáneos
formulados por la entidad demandada en los alegatos de conclusión
sobre la idoneidad del perito, pese a que el dictamen no fue
objetado en su oportunidad, ni solicitado su adición, ampliación o
aclaración.
Agregó que el ponente tampoco ordenó de oficio la aclaración o
ampliación del dictamen, pues si encontró falencias ha debido
ordenar, oportunamente, las medidas necesarias, incluso prorrogar
la etapa probatoria y no solo desestimar sus conclusiones.
Precisó que, con base en la documentación aportada, las
expropiaciones para el reasentamiento se adelantaron entre
mediados de junio de 2013 y mediados de agosto de 2014, como
actuaciones correspondientes a las fases de asistencia humanitaria
y rehabilitación del casco urbano del municipio de Gramalote, por lo
que la adquisición de los predios mediante expropiación constituía
acciones inmediatas de la primera y segunda etapa del proceso de
reconstrucción y asentamiento del nuevo casco urbano y, en
consecuencia, era válido calificarlas como procesos de
estructuración de larga duración.
Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
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declarar la nulidad de los actos demandados y ordenar el
restablecimiento de los derechos reclamados, por haber sido
emitidos con violación del debido proceso y del derecho de defensa
al no aplicarse las normas especiales vigentes.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- El Fondo de Adaptación puso de presente que reiteraba
íntegramente los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios
expuestos en primera instancia, para pedir que se confirme la
sentencia que denegó las pretensiones, comoquiera que en su
sentir no se demostró que los actos demandados estuvieran
viciados de nulidad.
Sostuvo que la Corte Constitucional, en sentencia C-251 de 2011,
precisó que la respuesta estatal al fenómeno de la Niña 2010-2011
se estructuró en tres fases; y que existieron dos instancias para
gestionarlas: una para atención y rehabilitación y la otra para
recuperación, construcción y reconstrucción.
Indicó que el programa “Colombia Humanitaria” se orientó a la
asistencia y rehabilitación, mientras que a él se le asignó la
competencia para la fase 3, de prevención y reconstrucción.
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Afirmó que el proceso de adquisición predial requerido para el
macroproyecto de reasentamiento del casco urbano del municipio
de Gramalote fue adelantado con estricta sujeción a la Ley 1523,
con lo que garantizó los derechos de la actora.
En relación con los avalúos y ofertas, adujo que el IGAC comunicó
que realizaría los avalúos comerciales de los predios seleccionados,
los cuales fueron acordes con la legislación vigente; y que el valor
concluido constituyó el precio máximo de adquisición, conforme con
la Ley 1523.
Agregó que el dictamen pericial practicado en el proceso debía ser
claro, preciso, exhaustivo y debidamente sustentado; no obstante,
el del trámite de la referencia se limitó a presentar conclusiones sin
fundamentación ni soportes, por lo que era carente para desvirtuar
el avalúo del IGAG.
IV-2.- La actora sostuvo que el a quo erró al negar las
pretensiones, dado que los actos demandados que materializaron la
expropiación administrativa directa de los predios La Zarza y Palo
Caído sí adolecen de vicios de nulidad.
Afirmó que en todo trámite de expropiación administrativa debía
garantizarse el derecho de defensa, el debido proceso y una
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indemnización previa y justa, de modo que la decisión
administrativa no se tornara confiscatoria, garantías estas que
fueron vulneradas en la expedición de los actos acusados.
Sostuvo que las decisiones administrativas no podían depender de
la sola voluntad del funcionario ni ser discrecionales, sino sujetarse
a las causas, condiciones y procedimientos previstos en la ley; y
que el Fondo de Adaptación tramitó la expropiación con base en
normas ordinarias, omitiendo aplicar las normas especiales del
Decreto 4628 de 2010.
Insistió en que el Gobierno expidió el Decreto 4628 de 2010 como
herramienta jurídica especial para tramitar expropiaciones directas,
con el fin de conjurar los efectos de la ola invernal 2010–2011; y
que dicho decreto se mantiene vigente al no haber sido derogado
expresa ni tácitamente.
Iteró que la Corte Constitucional, en la sentencia C-227 de 2011,
declaró la exequibilidad condicionada del Decreto 4628 de 2010 y
ordenó garantizar, en el trámite de expropiación administrativa, el
debido proceso, el derecho de defensa y la indemnización previa y
justa, además de contar con un mínimo derecho a discutir el precio
y la forma de pago.
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Alegó que se pretermitió la notificación y traslado para que revisara
actos previos como el avalúo, y que también se le impidió concertar
y negociar la oferta de compra, además de que aun cuando solicitó
revisar el avalúo y concertar un precio “razonable” dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la notificación de la oferta, esa
solicitud fue considerada como rechazo, procediéndose a expropiar.
Reiteró que el Decreto 4628 de 2010 empezó a regir el 13 de
diciembre de esa anualidad; y que comoquiera que la destrucción
del casco urbano del municipio de Gramalote ocurrió ese mismo
mes, el procedimiento debía regirse de manera exclusiva y
excluyente por esa norma.
Finalmente, cuestionó la valoración probatoria del Tribunal respecto
del dictamen pericial, por cuanto la sentencia lo desestimó y
cuestionó la idoneidad del perito pese a que no existía prueba de
objeción o solicitud de aclaración, además de que el magistrado
ponente debió ordenar, de oficio y oportunamente, la actuación
para subsanar falencias.
IV.3.- El agente del Ministerio Público guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
En el caso bajo estudio la actora cuestionó el trámite de adquisición
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y expropiación administrativa adelantado por el Fondo de
Adaptación sobre áreas de sus predios denominados La Zarza y
Palo Caído, actuaciones que dijo también afectaron otro llamado
San Luis, como consecuencia del plan para el reasentamiento del
nuevo casco urbano del municipio de Gramalote.
La actora solicitó la nulidad de las resoluciones que definieron la
expropiación y compensaciones, alegando, en lo esencial: i) la
aplicación indebida del régimen ordinario previsto en Ley 1523, en
lugar del régimen especial contenido en el Decreto 4628 de 2010;
ii) la vulneración del debido proceso por falta de correcciones
previas de inconsistencias (áreas, linderos, ubicación) y por
limitación real de la negociación directa; (iii) cuestionamientos
sobre avalúos; y (iv) las deficiencias en el reconocimiento de
compensaciones.
El Tribunal denegó las pretensiones al concluir que no se acreditó
vulneración del debido proceso y que el Fondo de Adaptación aplicó
correctamente el procedimiento de la Ley 1523.
Además, el a quo consideró que los pagos y compensaciones se
encontraban acreditados y restó mérito al dictamen pericial
practicado en el proceso por falta de sustento suficiente.
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En el recurso de apelación, la actora insistió en que el trámite debía
regirse por el Decreto 4628 de 2010, reiteró sus planteamientos
relativos a la posibilidad de discutir el precio de los inmuebles, iteró
su derecho a conocer los avalúos antes de la oferta de compra y
cuestionó la valoración hecha por el a quo al dictamen pericial
practicado en el proceso.
La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a
los aspectos que fueron objeto de impugnación en el recurso de
apelación presentado por la actora.
Problema jurídico
A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera
instancia debe confirmarse o revocarse, en particular: i) si el
trámite de adquisición y expropiación administrativa adelantado por
el Fondo de Adaptación para el reasentamiento del nuevo casco
urbano de Gramalote debía regirse por el Decreto Ley 4628 de
2010 —como régimen especial— o por la Ley 1523; ii) si dentro de
ese trámite se debía garantizar a la demandante la posibilidad de
discutir el precio y la forma de pago, así como la publicidad que —
según sostiene— debía darse a los avalúos; y iii) si fue acertada la
valoración probatoria que el a quo efectuó del dictamen pericial
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rendido en el proceso, como elemento de juicio para controvertir el
avalúo administrativo y el precio reconocido por los bienes y
compensaciones.
Para resolver el problema jurídico aludido, la Sala enunciará los
actos acusados y su contenido, para enseguida desarrollar el
estudio de cada uno de los cargos planteados en la apelación.
Actos acusados y su contenido
El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los
siguientes actos administrativos:
➢ Resolución 172 de 11 de marzo de 2014, «Por la cual se
ordena la expropiación parcial por vía administrativa del
predio denominado la Zarza, requerido para la ejecución de
las obras de “Reasentamiento del casco urbano del Municipio
de Gramalote en la Vereda Miraflores”», expedida por la
Gerencia del Fondo de Adaptación, en cuya parte resolutiva
se dispuso:
«[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA EXPROPIACIÓN
de dos hectáreas (2 Ha) ochocientos siete metros cuadrados (807
m2) de tierra del predio denominado La Zarza, que corresponde a
una parte del mismo, bien inmueble necesario para la ejecución de
la reubicación de nuevo casco urbano del municipio de Gramalote
en la vereda de Miraflores — Norte de Santander, y el cual se
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identifica a continuación:
1. ÍTEM DESCRIPCIÓN
Nombre del Inmueble La Zarza
Vereda Miraflores
Municipio Gramalote
Departamento Norte de Santander
Folio de matrícula 260-125197
inmobiliaria
Cédula catastral 54-313-00-01-0004-0047-000
Titular del derecho Margarita Correa VDA de Ballesteros
Título de adquisición Escritura Pública No. 8 del 28 de
enero de 1990 Notaría Única de
Gramalote
Area de lote según 10 Has 2831 m2
levantamiento topográfico
Área del lote según título de 40 Has 9860 m2
adquisición
Linderos Los descritos en Escritura […]
Área de expropiación 2 Ha. 807 m2
Puntos de identificación del […]
área a expropiar
Área Remanente 8 Has 2024m2
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER a título de indemnización
económica, a favor de la señora Margarita Correa Vda. de
Ballesteros, identificada con cédula de ciudadanía 27.718.111 de
Gramalote, titular inscrito del derecho de propiedad y dominio del
predio expropiado, la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS MTC ($12.484.200)[…]”.
El acto administrativo en cita fue expedido por el Fondo de
Adaptación y tuvo por objeto ordenar la expropiación parcial, por
vía administrativa, del predio denominado “La Zarza”, en el marco
del proyecto de reubicación del nuevo casco urbano del municipio
de Gramalote en la vereda Miraflores.
En sus consideraciones, la entidad indicó que la actuación se
enmarcó en disposiciones como el artículo 58 de la Constitución
Política y el artículo 73 de la Ley 1523, y dejó constancia de que la
propietaria manifestó aceptación condicionada de la oferta,
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solicitando, entre otros aspectos, concertar el valor del terreno con
base en un avalúo privado, rectificar áreas y que no se le cargaran
costos notariales y de registro, por lo que al no ser posible
concertar el valor se entendió rechazada la oferta y se tuvo por
agotada la etapa de negociación directa.
La resolución ordena la expropiación de un área de dos hectáreas
(2 Ha) ochocientos siete metros cuadrados (807 m²) del predio “La
Zarza”; identifica el inmueble por ubicación, folio de matrícula
inmobiliaria y cédula catastral y como su titular a la señora
Margarita Correa Vda. de Ballesteros; incorpora la identificación del
área a expropiar mediante coordenadas y consigna el área
remanente.
En cuanto a la indemnización, reconoce a favor de la propietaria la
suma de $12.484.200 y ordena su pago en dos cuotas de
$6.242.100 cada una, disponiendo que se efectúe mediante
consignación judicial en el Banco Agrario.
➢ Resolución 173 de 11 de marzo de 2014, «Por la cual se
ordena la expropiación parcial por vía administrativa del
predio denominado Palo Caido, requerido para la ejecución de
las obras del “Reasentamiento del casco urbano del Municipio
de Gramalote en la Vereda Miraflores”», expedido por la
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Actora: Margarita Correa de Ballesteros
Gerencia del Fondo de Adaptación, cuya parte resolutiva
dispuso:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA EXPROPIACIÓN del predio
denominado Palo Caído, bien inmueble necesario para la ejecución
de la reubicación de nuevo casco urbano del municipio de
Gramalote en la vereda de Miraflores — Norte de Santander, y el
cual se identifica a continuación:
1. ÍTEM DESCRIPCIÓN
Nombre del Inmueble PALO CAÍDO
Vereda Miraflores
Municipio Gramalote
Departamento Norte de Santander
Folio de matrícula inmobiliaria 260-125199
Cédula catastral 54-313-00-01-0004-0174-000
Titular del derecho Margarita Correa VDA de Ballesteros
Título de adquisición Escritura Pública No. 8 del 28 de enero
de 1990 Notaría Única de Gramalote
Area de lote según 2 Has 3846 m2
levantamiento topográfico
Área del lote según título de 5 Has
adquisición
Área de expropiación 2 Has 3846 m2
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cúcuta, registrar la resolución con fines
Notariales Catastrales y de Registro No. 54-313-0006 emitida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por medio de la cual se
ordenó la rectificación de áreas pertenecientes al predio Palo Caido.
ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER a título de indemnización
económica, a favor de la señora Margarita Correa Vda. de
Ballesteros, identificada con cédula de ciudadanía .27.718.111 de
Gramalote, titular inscrito-del derecho de -propiedad y dominio del
predio expropiado, la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TRET SIETE PESOS MTC ($13.226.
937) […]».
A través del acto administrativo en cita el Fondo de Adaptación
ordenó la expropiación por vía administrativa del predio
denominado “Palo Caído”, requerido para la ejecución de las obras
del “Reasentamiento del casco urbano del Municipio de Gramalote
en la vereda Miraflores”.
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La resolución incorpora el marco constitucional del artículo 58 y cita
disposiciones de la Ley 1523, sobre motivos de utilidad pública e
interés social para la adquisición y expropiación de bienes
indispensables para la ejecución de planes de acción específicos de
manejo de desastres y calamidades.
También señala que, tras estudios de factibilidad adelantados, se
determinó que el sector Miraflores era el más apto desde el punto
de vista geotécnico para el plan de reasentamiento; y que para la
gestión predial se suscribió el Contrato 025 de 2013 con la sociedad
Chahín Vargas & Asociados S.A.S., precisando que el alcance de ese
contrato se circunscribía a la etapa de negociación directa de
predios y derechos reales.
Respecto del predio Palo Caído, incorpora información de
identificación del predio y registra, con base en levantamiento
topográfico, que el área que encierra el predio difiere del área
indicada en el título; además, menciona el trámite de conservación
catastral y la expedición por el IGAC de la Resolución 54-313-0006
de 2013, por la cual se rectificó el área del predio y se ordenó su
inscripción en el catastro.
En cuanto al trámite administrativo previo, la resolución refiere que
por razones de utilidad pública e interés social se dispuso la
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adquisición del predio mediante la Resolución 039 de 10 de
septiembre de 2013 y se ordenó formular oferta de compra con
base en avalúos administrativos del IGAC.
El Fondo de Adaptación señaló, en el acto aludido, que formuló
oferta de compra mediante el oficio 20141000003661 22 de enero
de 2014, por un valor de $13.226.937, conforme al avalúo del IGAC
referido como precio máximo de adquisición.
Además, consta que comoquiera que la propietaria condicionó la
aceptación, la entendió rechazada y, por ende, se dio por agotada
la etapa de negociación directa.
En conclusión, el acto administrativo ordenó la expropiación del
predio Palo Caído en su área total correspondiente a 2 Has 3846 m²
y reconoció a título de indemnización la suma de $13.226.937 a
favor de la propietaria.
➢ Resolución núm. 374 de 08 de mayo de 2014, «Por la
cual se resuelve recurso de reposición interpuesto en contra
de las Resoluciones No.172 y No.173 del 11 de marzo de
2014, mediante las cuales se ordenó la expropiación por vía
administrativa de los predios la Zarza y Palo Caido
respectivamente, para el Reasentamiento del casco urbano
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del Municipio de Gramalote en la Vereda Miraflores»,
expedida por la Gerencia del Fondo de Adaptación, cuya parte
resolutiva dispuso:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todos sus apartes las
Resoluciones No. 172 y No. 173 de 2014 por medio de la cuales se
ordenó la expropiación por vía administrativa del predio
denominado Palo Caído y la expropiación parcial del predio la
ZARZA […]”.
➢ Resolución núm. 399 de 15 de mayo de 2014, «Por la
cual se reconoce y ordena el pago de compensaciones
económicas y sociales de acuerdo con la Resolución No. 044
de 2013, mediante la cual el Fondo de Adaptación adoptó el
Plan de Reasentamiento de la población de la Vereda de
Miraflores, sitio en el cual se reasentará el nuevo casco
urbano del Municipio de Gramalote», expedida por la Gerencia
del Fondo de Adaptación, cuya parte resolutiva dispuso:
«[…] ARTÍCULO 1: Reconocer y ordenar el pago por única vez, de
la suma de once millones doscientos cinco mil seiscientos diez
pesos con trece centavos ($11.205.610.13) a la señora Margarita
Correa Vda de Ballesteros, identificada con cédula de ciudadanía
No. 27.718.111 expedida en Gramalote como jefe de la unidad
social existente en el predio Palo Caído, por concepto de las
compensaciones económicas a que tiene derecho conforme con el
Plan de Resarcimiento No. 44 de 2013. A continuación, se
discriminan los montos compensados:
a) La suma de once millones sesenta y un mil ochocientos setenta
y seis pesos con ochenta centavos ($11.061.876,80) por
concepto de PÉRDIDA DE INGRESOS POR CULTIVOS
PERMANENTES,
b) La suma de ciento cuarenta y tres mil setecientos treinta y tres
mil pesos con treinta y tres centavos ($143.733,33) por concepto
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2014-00413-01
Actora: Margarita Correa de Ballesteros
de COSTOS DE TRANSACCIÓN, la cual comprende los- costos de
oportunidad dedicados al desplazamiento y reasentamiento.
ARTÍCULO 2: Reconocer y ordenar el pago por única vez, de la
suma de DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y
CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
($12.062.094,74), a la señora Margarita Correa Vda. de Ballestero
_ identificada con cédula de ciudadanía No. 27.718.111 expedida en
Gramalote, como jefe de la unidad social existente en el predio La
Zarza, por concepto de las compensaciones económicas a que tiene
derecho conforme al Plan de Reasentamiento adoptado mediante
Resolución No. 044 de 2013. A continuación, se discriminan los
montos compensados:
a) La suma de once millones novecientos dieciocho mil trescientos
sesenta y un pesos (S11.918.361) por concepto de. PÉRDIDA DE
INGRESOS POR CULTIVOS PERMANENTES.
b) La suma de ciento cuarenta y tres mil setecientos treinta y tres
mil pesos con treinta y tres centavos (8143.733,33) por concepto
de COSTOS DE TRANSACCIÓN, la cual comprende los costos de
oportunidad dedicados: al desplazamiento y reasentamiento […]”
Este acto administrativo tiene por objeto reconocer y ordenar el
pago de compensaciones económicas y sociales conforme con la
Resolución 044 de 2013, que adoptó el Plan de Reasentamiento
para la vereda Miraflores, donde se reasentaría el nuevo casco
urbano del municipio de Gramalote.
La resolución reconoció y ordenó pagar, por una sola vez,
$11.205.610,13 a favor de la actora como jefe de la unidad social
del predio Palo Caído, discriminados en $11.061.876,80 por pérdida
de ingresos por cultivos permanentes y $143.733,33 por costos de
transacción; (ii) reconoce y ordena pagar, por una sola vez,
$12.062.094,74 como jefe de la unidad social del predio La Zarza,
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discriminados en $11.918.361 por pérdida de ingresos por cultivos
permanentes y $143.733,33 por costos de transacción.
Finalmente, reconoce a la unidad familiar residente en los predios el
derecho a la entrega de una vivienda en el nuevo casco urbano del
municipio de Gramalote de hasta 70 SMLMV, “como activo
generador de renta”, a nombre de la señora Margarita Correa Vda.
de Ballesteros.
➢ Resolución No.676 de 15 de agosto de 2014, «Por la cual
se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No.399 del 15 de mayo de 2014, por medio de la
cual se reconoce y ordena el pago de compensaciones
económicas y sociales al titular del derecho de dominio de los
predios la Zarza y Palo Caído”», expedida por la Gerencia del
Fondo de Adaptación, cuya parte resolutiva dispuso:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todos sus apartes, la
Resolución No. 399 de 2014, por medio de la cual se reconoce y
ordena el pago de la compensaciones económicas y sociales en el
marco de la resolución No. 044 de 2014, por la cual se acoge el
plan de reasentamiento de la población residente en la verdad
Miraflores […]»
Caso concreto
Precisado el problema jurídico y determinado el contenido de los
actos acusados, procede la Sala a resolver los cargos planteados en
el recurso de apelación.
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Del régimen aplicable al trámite de expropiación en cuestión
Mediante el Decreto 4580 de 2010, en uso de las facultades
previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente
de la República declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica por razón de calamidad pública, como consecuencia del
fenómeno de La Niña, el cual provocó graves inundaciones y
derrumbes, daños en vías, pérdidas de zonas agrícolas,
afectaciones a viviendas y centros educativos, acueductos y
hospitales, así como daños en la infraestructura de los servicios
públicos.
En desarrollo de dicha declaratoria, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto Legislativo 4628 de 2010, con la finalidad de establecer un
régimen especial de negociación directa y de expropiación
administrativa que permitiera a las entidades públicas encargadas
de adelantar proyectos de construcción y rehabilitación de las zonas
afectadas por la ola invernal adquirir con mayor celeridad los bienes
necesarios, a fin de que la población damnificada pudiera reanudar
sus condiciones de vida y se facilitara la rehabilitación económica y
social en el territorio nacional.
Al estudiar su exequibilidad, en sentencia C 227 de 2011, la Corte
Constitucional explicó que el Gobierno Nacional adelantaría el
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programa de atención de la emergencia en tres fases a saber, i)
atención humanitaria de emergencia, prevista para realizarse en el
año 2011; (ii) rehabilitación, prevista para desarrollarse entre los
años 2011 y 2014; y iii) reconstrucción y mitigación de riesgos,
concebida para ejecutarse en el largo plazo, con posibilidad de
extenderse hasta el año 2018.
En particular, sobre la fase de atención humanitaria, la Corte
Constitucional expuso que estaba destinada a intervenir en sectores
como justicia, transporte, agropecuario, protección social,
educación, defensa, ambiente, vivienda y desarrollo territorial; e
indicó, entre otras acciones, la atención de familias afectadas
mediante albergues temporales, intervenciones urgentes en
corredores viales y puentes averiados, reconstrucción de
infraestructura agropecuaria afectada y reubicación de colegios.
Por su parte, sobre la fase de rehabilitación, señaló que estaba
orientada a actividades en sectores como transporte, minas y
energía, educación, agua potable y saneamiento básico; e incluyó,
entre otras, la rehabilitación de la red vial nacional y terciaria hasta
alcanzar el nivel de servicio anterior a la emergencia y
rehabilitación de distritos de riego.
Por último, en cuanto a la tercera fase, reconstrucción y mitigación
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de riesgos, la Corte la ubicó expresamente en el ámbito de los
proyectos de infraestructura a largo plazo, por contraste con las
acciones propias de las dos primeras fases.
A partir de lo anterior, la Corte Constitucional precisó que la medida
excepcional del Decreto 4628 de 2010 era compatible con la
Constitución solo bajo la interpretación de que fuese utilizada
únicamente por las entidades públicas a las cuales se les hubiera
asignado el desarrollo de proyectos específicos en las zonas
afectadas por el fenómeno de La Niña y solo con el fin de conjurar
daños atendibles mediante acciones a surtirse dentro de las fases
de asistencia humanitaria y rehabilitación; por consiguiente, el
trámite de expropiación requerido para actividades u obras a largo
plazo debía regirse por los mecanismos ordinarios señalados por la
ley.
Al respecto, en la sentencia C 227 de 2011, la Corte Constitucional
indicó:
“[…] Precisamente, a propósito de los recursos comprometidos
en la atención de esta emergencia invernal, el Gobierno
Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación
informó a esta Corte para efectos del estudio del Decreto de
Emergencia 4580 de 2010, que su ejecución se realizaría en
tres fases: i. Atención humanitaria de emergencia a ser
ejecutado en el año 2011, ii. Rehabilitación a ser ejecutado
entre el año 2011 y 2014 y, iii. Reconstrucción y Mitigación de
Riesgos a ser ejecutado en el largo plazo con la posibilidad de
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extenderse hasta el año 2018.
Durante las dos primeras fases se proyecta ejecutar las
siguientes obras: i. Atención Humanitaria: esta fase tiene un
costo de 2.7 billones de pesos y está destinada a intervenir en
los sectores de justicia, transporte, agropecuario, protección
social, educación, defensa, ambiente, vivienda y desarrollo
territorial. Entre otras acciones, esta fase comprende la
atención de familias afectadas por la ola invernal a través de
albergues temporales, intervenciones de carácter urgente en
corredores viales afectados y puentes averiados –tramos con
cierre total, paso restringido y vulnerables-, la realización de
un plan de choque sanitario, reconstrucción de infraestructura
agropecuaria afectada por el invierno y, reubicación de
colegios; ii. Rehabilitación esta fase tiene un costo de $6
billones encaminadas a actividades en el sector transporte,
minas, energía, educación, agua potable y saneamiento básico,
que comprende entre otras actividades rehabilitar la red vial
nacional a la red terciaría alcanzando el nivel de servicio
anterior a la emergencia, la rehabilitación de distritos de riego,
el desarrollo de cerca de 17.000 soluciones de vivienda,
reconstrucción de 244.034 inmuebles y reubicación de 32.172
casas, rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado.
En ese orden, los proyectos de infraestructura que deban
adelantarse en el largo plazo, por sustracción de materia –
urgencia-, no hacen necesario desplazar las medidas
ordinarias de negociación directa y expropiación administrativa
por motivos de utilidad pública e interés social para privilegiar
el procedimiento brevísimo que contempla este decreto, más
aún cuando aceptar la extensión de los efectos de este decreto
en el tiempo compromete los principios
de finalidad y proporcionalidad de las medidas de
emergencia, en tanto se podría ocasionar una indebida
interferencia del nivel nacional en el nivel territorial en cuanto
a los usos del suelo a partir de la facultad que este decreto le
otorga a las entidades públicas, entre ellas las del nivel
nacional que tengan a su cargo el desarrollo de proyectos en
las zonas de desastre afectadas por la ola invernal, para acudir
a este procedimiento abreviado.
[…]
35. Cabe reiterar, que en relación con procesos de
reconstrucción y mitigación que involucren proyectos a gran
escala a ejecutarse entre cuatro y ocho años, su esquema de
planificación permite a la Administración, sin ningún
traumatismo, la utilización de los procedimientos ordinarios de
expropiación administrativa, pues en tal caso no se encuentra
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justificación alguna para acelerar innecesariamente los
términos ya previstos por la legislación común y, aún en el
caso de que el Ejecutivo los encuentre excesivos, será posible
acudir al legislador para que por vía ordinaria se unifique de
una vez por todas el trámite de expropiaciones administrativas
en casos de desastre o urgencia, como el que en este caso es
materia de estudio.
[…]
38. Así las cosas, este artículo será declarado exequible, bajo
la interpretación de que la medida especial de negociación
directa y expropiación administrativa que este decreto
consagra sea utilizada únicamente por las entidades públicas a
las cuales se les haya asignado el desarrollo de proyectos
específicos en las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña
y sólo con el fin de conjurar los daños causados por la ola
invernal producida por sus efectos, que puedan ser atendidos
mediante acciones a surtirse dentro de la fases de asistencia
humanitaria y de rehabilitación que empiecen a ejecutarse a
partir de la expedición de este decreto y hasta el año 2014. De
esta manera, el trámite de expropiación de bienes que se
requiera para adelantar actividades u obras a largo plazo se
regulará por los mecanismos ordinarios señalados por la ley
[…]”
Ahora bien, el Fondo Adaptación fue creado mediante el Decreto
4819 de 2010 con el objeto de ejecutar acciones de recuperación,
construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el
fenómeno de La Niña.
Sobre su campo de acción, en sentencia C-251 de 2011, la Corte
Constitucional precisó, en términos generales, que las medidas de
prevención, atención y reconstrucción deben concentrarse en las
zonas afectadas por la ola invernal, y que las actividades del Fondo
de Adaptación no pueden ser diversas a esa atención; así mismo,
indicó que esa entidad puede desarrollar las acciones previstas,
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siempre que su actuación se dirija a las zonas afectadas y busque la
prevención, reparación y mitigación de las causas y efectos que
dieron origen a la declaración de emergencia, así:
“[…] Así las cosas, teniendo en cuenta que las acciones
descritas en el precepto objeto de revisión (i) están dirigidas a
atender las causas mediatas y estructurales que
contribuyeron a la generación de la emergencia,
y (ii) están previstas para el mediano y largo plazo, se
ajustan a la Constitución. Es importante señalar si, que las
medidas de prevención, atención y reconstrucción deben
concentrarse en las zonas afectadas por la ola invernal,
igualmente, que las actividades del Fondo Adaptación no
pueden ser diversas a esa atención.
En consecuencia, encuentra la Sala que el mencionado
Fondo podrá desarrollar todas las acciones que se
enumeran en el precepto objeto de análisis, siempre y
cuando su accionar se dirija a las zonas afectadas y
busquen la prevención, reparación y mitigación de las
causas y efectos de las causas que dieron origen a la
declaración de emergencia […]” (Destacado fuera de texto)
De lo anterior, se advierte que el Decreto 4628 de 2010 solo podía
utilizarse para acciones a surtirse dentro de las fases de asistencia
humanitaria y rehabilitación; no obstante, las expropiaciones
requeridas para actividades u obras a largo plazo deben regirse por
los mecanismos ordinarios.
En ese contexto, siendo la actuación controvertida una expropiación
adelantada por el Fondo Adaptación para el reasentamiento y
reconstrucción del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote,
no encaja en el ámbito excepcional del Decreto 4628 de 2010, sino
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en el ordinario definido por la Corte Constitucional para las
actividades u obras a largo plazo.
Ahora, en lo que concierne a la legislación ordinaria aplicable, se
observa que para el año 2010, cuando se expidió el Decreto 4628
de 2010, el régimen de expropiación se encontraba distribuido en
distintos cuerpos normativos sectoriales.
Así, por ejemplo, la Ley 160 de 3 de agosto de 19949 regulaba
supuestos de adquisición y expropiación en materia agraria; la Ley
99 de 22 de diciembre de 199310 establecía hipótesis asociadas a
finalidades ambientales y; de manera general, la Ley 9ª de 11 de
enero de 198911, modificada por la Ley 388 de 18 de julio de
199712, regulaba, entre otros aspectos, la expropiación
administrativa en escenarios de urgencia.
Posteriormente, el legislador expidió la Ley 1523, que estableció la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y reguló, entre
otros aspectos, el procedimiento de negociación directa y
expropiación por vía administrativa en situaciones de desastre o
9
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones.”
10
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
11
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.
12
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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calamidad pública en los artículos 74 y 75.
La referida norma resultaba aplicable al caso por parte del Fondo de
Adaptación, comoquiera que las actuaciones tendientes a la
adquisición de los predios Caído y La Zarza fueron iniciadas a través
de las resoluciones 039 y 043 de 10 de septiembre de 2013, por lo
que no tienen vocación de prosperar los reproches que la actora
elevó en torno a la aplicación del Decreto 4628 de 2010.
De la discusión del precio de los bienes y la publicidad de los
avalúos
La actora sostuvo que el Fondo de Adaptación debía garantizarle,
dentro de la etapa de negociación directa, la posibilidad real de
discutir el precio y la forma de pago de los bienes, además que
debía garantizarse la publicidad del avalúo y su posibilidad de
controvertirlo.
Al respecto, la Sala advierte que conforme con el artículo 74 de la
Ley 1523 antes de la declaratoria de expropiación, debe surtirse
una etapa de negociación directa.
En esa etapa, el representante legal de la entidad pública
adquirente expide un oficio mediante el cual dispone la adquisición
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del inmueble o de derechos reales por negociación directa,
identifica con precisión el bien y ordena el avalúo.
Con base en ese avalúo, -que puede ser realizado por el IGAC, las
oficinas de catastro o peritos privados inscritos-, la entidad formula
la oferta de compra.
El citado artículo precisa que ese avalúo es requisito necesario para
la oferta y la negociación y que determina el precio máximo de
adquisición; además, dispone que el avalúo será revisado a
solicitud de la entidad pública interesada.
En lo relativo a la comunicación de la oferta, la norma prevé que
esta, junto con el edicto, se envíen por correo certificado a la
dirección del titular si figura en el directorio telefónico; en defecto
de dirección comercial, se entrega en el lugar del predio a quien allí
se encuentre o se fija en la puerta de acceso.
Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de
la oferta no es posible comunicarla personalmente, la entidad debe
dejar constancia en el predio y oficiar a la alcaldía para que se fije
aviso por cinco (5) días hábiles en lugar visible, y durante ese
término la entidad publicará el texto completo del oficio y la oferta
en un periódico de amplia circulación nacional o local; vencido ese
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término, la oferta surte efectos respecto del propietario y demás
titulares de derechos sobre el inmueble.
El término para aceptar o rechazar la oferta es de cinco (5) días
hábiles contados desde la comunicación personal o desde la
desfijación del aviso en la alcaldía.
Así lo prevé la norma en mención:
«[…] ARTÍCULO 74. NEGOCIACIÓN DIRECTA. Previa a la
declaratoria de expropiación, se surtirá la etapa de negociación
directa, en la cual se aplicará el procedimiento siguiente:
1. El representante legal de la entidad pública adquirente,
previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas,
expedirá el oficio por medio del cual se dispone la adquisición
de un bien inmueble o de derechos reales mediante
negociación directa. El oficio contendrá la identificación precisa
del inmueble o de los derechos reales, y ordenará el avalúo de
los bienes o derechos.
2. El representante legal de la entidad pública hará la oferta de
compra del bien o bienes inmuebles o derechos reales de
conformidad con avalúo administrativo previo que efectúe el
Instituto “Geográfico Agustín Codazzi”, las oficinas de catastro
o el realizado por peritos privados inscritos en las lonjas de
propiedad raíz o asociaciones equivalentes. El avalúo será
revisado a solicitud de la entidad pública interesada. Este
avalúo, que es requisito necesario de la oferta y negociación,
determinará el precio máximo de adquisición.
3. Con fundamento en el avalúo, el representante legal
formulará oferta de compra a los titulares de los bienes o
derechos reales que se pretende adquirir. La oferta de compra,
junto con el edicto se enviarán por correo certificado a la
dirección del titular cuando figure en el directorio telefónico, o
en defecto de una dirección comercial, al lugar del predio
donde se le entregará a cualquier persona que allí se encuentre
o se fijará en la puerta de acceso, según las circunstancias de
la propiedad.
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4. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
expedición de la oferta no fuere posible comunicar
personalmente la oferta, se dejará constancia escrita a
cualquier persona que se encontrare en el predio y se oficiará a
la alcaldía del lugar de ubicación del inmueble, mediante
telegrama que contenga los elementos sustanciales del oficio y
la propuesta, para que se fije al día siguiente de su recepción y
por un término de cinco (5) días hábiles en lugar visible al
público, término durante el cual la entidad adquirente publicará
el texto completo del oficio y la oferta en un periódico de
amplia circulación nacional o local. Vencido dicho término, la
oferta surtirá efectos respecto del propietario y de los demás
titulares de derechos constituidos sobre el inmueble.
5. El oficio y la oferta de compra serán inscritos en el folio de
matrícula inmobiliaria del inmueble, en la oficina de registro de
instrumentos públicos correspondiente por parte de la entidad
adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su
comunicación. Los inmuebles y derechos reales afectados
quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la
inscripción, y mientras subsista dicha inscripción, no podrán
concederse licencias de urbanismo, construcción ni permisos de
funcionamiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto
de la oferta de compra.
6. El término para aceptar o rechazar la oferta será de cinco
(5) días hábiles contados a partir de su comunicación personal
o de la desfijación del aviso en la alcaldía. Si la oferta es
aceptada, deberá suscribirse el contrato de compraventa
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la
escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del
lugar. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un término igual
por justa causa que obre a favor de cualquiera de las partes.
7. En el contrato de compraventa se fijarán las fechas para la
entrega real y material del inmueble y para el pago del precio.
Los plazos respectivos no podrán superar 30 días calendario.
8. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación y
rechaza la oferta de compra cuando no hubiere acuerdo sobre
el precio y la forma de pago, o cuando el titular de los derechos
guarde silencio en los términos para decidir sobre la oferta o
suscribir la escritura de compraventa.
9. En los eventos en que el propietario del bien o el titular del
derecho real sea un incapaz o dicho bien forme parte de una
sucesión, se aplicará el artículo 16 de la Ley 9 de 1989.
PARÁGRAFO 1o. El avalúo a que se refiere este artículo se
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practicará teniendo exclusivamente en cuenta los factores y
variables correspondientes a la época anterior a la declaratoria
de desastre o calamidad pública.
PARÁGRAFO 2o. Los actos administrativos a que se refiere
este artículo solo serán susceptibles del recurso de reposición
[…]”.
La norma añade que se entiende que el propietario renuncia a la
negociación y rechaza la oferta cuando no hay acuerdo sobre el
precio y la forma de pago, o cuando guarda silencio dentro de los
términos para decidir o para suscribir la escritura.
Finalmente, el artículo prevé que el avalúo se practicará con base
en factores y variables anteriores a la declaratoria de desastre o
calamidad pública, y dispone que los actos administrativos de esta
etapa solo son susceptibles de recurso de reposición.
Por su parte, respecto de la expropiación vía administrativa el
artículo 75 de la Ley 1523 establece:
«[…] ARTÍCULO 75. EXPROPIACIÓN POR VÍA
ADMINISTRATIVA. Agotada la etapa de negociación directa,
el representante de la entidad, mediante resolución motivada,
podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos
reales constituidos sobre el mismo. Para esos efectos se
aplicará el procedimiento siguiente:
1. El representante legal de la entidad pública expropiante
deberá expedir resolución motivada de expropiación por vía
administrativa dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se
agotó la opción de negociación directa. Si no fuere expedida tal
resolución, las inscripciones que se hubieren efectuado en las
oficinas de registro de instrumentos públicos quedarán sin
efecto alguno y se cancelarán de pleno derecho, sin necesidad
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de pronunciamiento judicial o administrativo algún.
2. La resolución de expropiación se notificará personalmente al
propietario, a su representante legal o apoderado dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición de
la resolución o, de no ser posible la notificación personal se
hará por edicto fijado durante cinco (5) días hábiles en lugar
visible al público en la alcaldía del lugar, en la sede de la
entidad expropiante y en el lugar de ubicación del inmueble.
Durante el término de notificación por edicto la entidad
expropiante publicará el edicto en un periódico de amplia
circulación nacional o local.
3. Adicionalmente, se enviará copia del edicto por correo
certificado a la dirección del propietario que figure en el
directorio telefónico y a la puerta de acceso a la propiedad
según las circunstancias. También se enviará a la dirección del
propietario registrada en la oficina de catastro respectiva.
4. La resolución que decreta la expropiación deberá determinar
el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo
administrativo que efectúen el Instituto Geográfico “Agustín
Codazzi” o las oficinas distritales y municipales de catastro, o
en su defecto, el avalúo por los peritos privados de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del
artículo 75 de la presente ley. La resolución deberá incluir la
forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9ª de
1989.
5. Contra la resolución que ordene la expropiación
administrativa, procederá únicamente el recurso de reposición,
el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación.
6. Transcurridos veinte (20) días hábiles sin que la autoridad
administrativa expropiante hubiere expedido la resolución que
resuelve el recurso de reposición, este se entenderá negado y
el acto recurrido quedará en firme.
7. Notificada la resolución que decrete la expropiación, y sin
que haya lugar a la oposición, se procederá a la entrega del
bien, la cual se llevará a cabo con el concurso de las
autoridades de policía, quienes están en la obligación de
apoyar a la entidad expropiante. En el acta de la diligencia de
entrega se insertará la parte resolutiva de la resolución. Dicha
acta se inscribirá en la oficina de registro correspondiente,
junto con la resolución en copia expedida y autenticada por la
entidad.
8. Contra la resolución que ordene una expropiación
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administrativa en desarrollo de la presente ley, procederán la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar de ubicación
del inmueble […]»
La norma en cita prevé que, agotada la etapa de negociación
directa, el representante legal de la entidad puede decretar la
expropiación del inmueble y demás derechos reales mediante
resolución motivada.
La resolución de expropiación debe determinar el valor de la
indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo del IGAC o
catastro, e incluir la forma de pago en los términos del artículo 29
de la Ley 9ª de 1989, decisión contra la que procede recurso de
reposición, así como el respectivo medio de control jurisdiccional.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que a través de Oficio
2014000003671 de 22 de enero de 2014, notificado el 4 de febrero
siguiente, el Fondo de Adaptación comunicó la oferta de compra del
predio La Zarza a la actora, en el cual se precisó13:
13
SAMAI índice 36 Folios 47 a 50, CD folio 309, Expediente La Zarza.
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De igual forma, a través de Oficio 2014000003661 de 22 de enero
de 2014, notificado el 4 de febrero siguiente, el Fondo de
Adaptación comunicó la oferta de compra del predio La Zarza a la
actora, en el cual se precisó14:
Visto lo anterior, la Sala advierte, por una parte, que el precio
máximo de adquisición de los inmuebles con la propuesta de
compra correspondía al establecido en los avalúos del IGAG, sin
que hubiera la posibilidad de acordar sumas superiores de común
acuerdo, además que no existía obligación de correr traslado de
dichos soportes de forma previa a la actora.
Al respecto, al interpretar los artículos 66 a 69 de la Ley 388 de
1997 y 15 y 17 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199815, que
comparten un contenido similar al previsto en los artículos 74 y 75
14
SAMAI índice 36 Folios 44 a 74, CD folio 309, Expediente Palo Caído.
15
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
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de la Ley 1523, en relación con la negociación de precios en este
tipo de asuntos, esta Sala ha indicado16:
«[…] Pues bien, de la lectura de las normas que establecen la
expropiación por vía administrativa, artículos 66 a 69 de la Ley
388 de 1997, se advierte que no se prevé la posibilidad de
controvertir en sede administrativa, el avalúo que sirve de base
para determinar el precio de la oferta de compra del inmueble a
expropiar. Lo anterior, como se ha indicado por esta Sección21
tiene su razón de ser en que el precio del avalúo constituye el
precio de la oferta de compra, que es precisamente el que se
somete a la negociación en la etapa de enajenación voluntaria,
período en el cual el destinatario de la oferta podrá argumentar
en relación con ella para lograr la modificación del precio.
[…]
Cabe agregar que, de acuerdo con los artículos 15 a 17 del
Decreto 1420 de 1998, en el trámite de revisión e impugnación
del avalúo que determina el precio de oferta no está previsto
que se deba notificar dichas actuaciones al propietario del bien a
expropiar, así como tampoco que éste pueda controvertirlo vía
administrativa, pues, se reitera, el escenario previsto por el
legislador para que el propietario del bien a expropiar pueda
discutir el avalúo que determina el precio de la indemnización,
es en sede judicial […]».
En ese orden de ideas, no tienen vocación de prosperar los
reproches que aduce la actora, en relación con la presunta falta de
publicidad de los avalúos que sustentaron las ofertas de compra, así
como la imposibilidad que tuvo de acordar el precio de mutuo
acuerdo en esa etapa administrativa.
Del dictamen pericial practicado en el proceso y la
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
noviembre de 2023, MP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 05001 2331 000 2012
00835 01.
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incorrección del avalúo IGAG
A través del Decreto 1420 de 1998 fueron reglamentadas las
normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración
de los avalúos por los cuales debe determinarse el valor comercial
de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso de expropiación
administrativa.
Ahora, el artículo 2317 del referido decreto facultó al IGAC para
expedir a través de resolución las disposiciones metodológicas para
la realización de los avalúos referidos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente
expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones
que fueron derogadas por la Resolución 620 de 2008, que en la
actualidad establece los procedimientos para dichos avalúos.
En el caso concreto, la actora cuestionó la valoración que el a quo
realizó del dictamen pericial rendido en el proceso para controvertir
el avalúo administrativo que sirvió de base al precio ofrecido y a la
indemnización fijada.
17
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución
que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este
decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial
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En particular, la actora sostuvo que el Tribunal desestimó la pericia
con fundamento en reparos formulados tardíamente por la entidad
demandada en los alegatos de conclusión, pese a que el dictamen
no habría sido objetado oportunamente, ni se solicitó su aclaración,
adición o ampliación; y afirmó que, si el despacho advertía
falencias, debió adoptar oportunamente las medidas para su
esclarecimiento y no descartarlo al momento de fallar.
Por otro lado, afirmó que además el avalúo que elaboró el IGAG,
como soporte de las sumas que le fueron canceladas por la
expropiación, solo refleja el valor catastral y no comercial de los
inmuebles conforme con el Oficio 6016 de 14 de marzo de 2016
emitido por esa entidad, en respuesta a una solicitud que elevó.
En relación con el primer aspecto, la Sala advierte que en efecto el
Tribunal restó valor demostrativo al dictamen pericial porque
concluyó que carecía de sustento técnico suficiente, comoquiera
que el perito se limitó a presentar conclusiones sin la
correspondiente fundamentación, además que, aunque afirmó
aplicar el método de comparación o de mercado, no incorporó
estudios verificables de ofertas o transacciones de bienes
comparables y la supuesta “indagación” con otros avaluadores
tampoco fue soportada.
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Al respecto la Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia de
esta Sección, cuando el precio o la indemnización incorporados al
acto administrativo reposan en un avalúo oficial, la determinación
del valor está amparada por la presunción de legalidad, de modo
que quien lo controvierte asume la carga de demostrar su
incorrección.
En ese escenario, esta Sección ha reiterado que la prueba idónea
para desvirtuar la corrección técnica del avalúo oficial es, por regla
general, el dictamen pericial, y que un avalúo aportado como
simple documento no reemplaza esa carga demostrativa.
Al respecto en sentencia de 10 de abril de 202518, esta Sección
indicó:
«[…] 50. Para resolver este argumento de apelación, la Sala
recuerda que la jurisprudencia, con fundamento en la normativa
que regula el asunto, ha considerado que el precio indemnizatorio
está amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al
acto administrativo que ordena la expropiación, por lo tanto, la
parte demandante tiene la carga de probar cuál es error o la
incorrección del avalúo oficial […]
51. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado
que el dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la
incorrección del avalúo oficial; en la sentencia proferida el 30 de
abril de 2020, indicó lo siguiente:
[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
abril de 2025, MP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
25000234100020190102101.
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ordenamiento jurídico la prueba idónea para demostrar la
incorrección del avalúo oficial que determinó el valor comercial de
un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial y,
en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo
presentado por el actor con la demanda, siendo una prueba
documental, no resulta conducente para esa finalidad […]».
Ahora, el dictamen no obliga al juez, pues la valoración debe
efectuarse bajo las reglas de la sana crítica, de manera que el
fallador puede acogerlo total o parcialmente o apartarse cuando
carezca de firmeza, precisión y claridad o no permita verificar la
razonabilidad técnica de sus conclusiones.
Incluso, la jurisprudencia ha precisado que el juez puede separarse
del dictamen aun cuando no prosperen objeciones por error grave,
si tras su examen concluye que no brinda certeza suficiente para
fundar la decisión19.
En ese sentido, la Sección ha identificado como defectos relevantes
que afectan el mérito demostrativo del dictamen, entre otros: i)
que el perito se limite a conclusiones sin exponer el soporte
técnico; ii) que invoque métodos tales como el de comparación y
mercado sin aportar transacciones u ofertas comparables; iii) que
no justifique las variables o el origen de los valores; iv) que omita
confrontar condiciones físicas y jurídicas del inmueble o el momento
19
Ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
abril de 2025, MP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 15001 2331 005 2011 00630
01.
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relevante del avalúo; o v) que no cumpla los parámetros técnicos
que rigen la elaboración de avalúos.
Visto lo anterior, la Sala advierte que el a quo no desestimó el
dictamen por los reparos que la entidad demandada formuló en los
alegatos de conclusión, sino que expuso sus razones propias de
valoración probatoria.
Además, aunque dicha prueba no haya sido objeto de reparos
durante su traslado por parte de la entidad demandada, tal
situación no obligaba al Tribunal a dar plena validez a sus
conclusiones.
Ahora, visto el dictamen pericial elaborado por el arquitecto Addison
Palomino Velandia20, la Sala advierte que, en efecto, dicho
documento se limitó a señalar de forma autónoma un valor
comercial para los bienes expropiados, sin que el mismo estuviese
encaminado a desvirtuar las conclusiones a las que llegó el IGAC en
los avalúos oficiales que soportaron las actuaciones cuestionadas,
sus yerros e las implicaciones de estos en el precio de los
inmuebles en cuestión.
Cabe mencionar que dicho avalúo evidencia que el mismo está
20
SAMAI índice 36. Expediente digitalizado cuaderno 5.
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desprovisto de la suficiente fundamentación fáctica y probatoria que
permita corroborar la corrección y certeza de sus dichos, esto es,
que respalde los valores señalados en el mismo para obtener el
valor de los inmuebles objeto de expropiación, pues no existió
claridad en cuanto a la forma como se obtuvieron los valores
indicados en el mismo, en tanto solo fueron citados, y tampoco
sustentó las fuentes o la información en que se basó para utilizar el
método de comparación o de mercado en el que dice haberse
basado.
De igual forma, en el dictamen fueron calculados el daño
emergente y el lucro cesante así:
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Frente a lo anterior, la Sala advierte que no bastaba con que se
afirmara la existencia de los referidos perjuicios, sino que los
cálculos respectivos debían estar soportados a partir de los
métodos que fueron utilizados, además de evidenciar sus
supuestos, aspectos que no cumple la prueba referida.
Tampoco es de recibo el reparo de la actora según el cual, si el
Tribunal advertía falencias, debió ordenar de oficio la aclaración,
adición o complementación del dictamen y no solo restarle mérito al
momento de fallar.
En efecto, si bien el juez puede, por iniciativa propia, ordenar la
aclaración o complementación del dictamen, dicha potestad no es
obligatoria ni puede desplazar el deber de las partes de promover
oportunamente esa actuación conforme a las reglas procesales; en
otras palabras, el recurrente no puede pretender que el juez haga
uso de facultades oficiosas para suplir la pasividad de su propia
actividad procesal.
En este sentido se pronunció esta Sección en sentencia de 3 de
abril de 202521:
«[…] 5.2.2.3. Ahora bien, con relación a la solicitud del actor de
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP Oswaldo Giraldo
López, número único de radicación 5001 2331 005 2011 00630 01.
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que era obligación del juez de oficio requerir al perito para que
aclare o complemente el dictamen pericial, es necesario recordar
lo expuesto por esta Sección en sentencia de 21 de mayo de
202013, en la cual se indica que, si bien es cierto el juez puede
por iniciativa propia, ordenar la aclaración o complementación de
este medio probatorio, tal facultad no puede desplazar el deber
de las partes de adelantar esta actuación de conformidad con el
artículo 238 C.P.C.
En otras palabras, el recurrente no puede pretender que el juez
haga uso de sus facultades oficiosas ante la pasividad de su
actuación, más aún cuando la carga de desvirtuar el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo
que ordenó la expropiación administrativa recae en la parte
actora, sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a
cargo de la dirección o decisión del proceso […]».
Por otro lado, la actora manifestó que los avalúos que sustentaron
las sumas que le fueron canceladas por los inmuebles expropiados
reflejaron solo el valor catastral y no comercial, conforme con la
información consignada en el Oficio 6016 del IGAC de 14 de marzo
aportado con la demanda22, cuyo contenido es:
«[…] señor (a)
MARGARITA CORREA DE BALLESTEROS
Calle 8N No. 3E-32
Barrio Ceiba II
Teléfono 313 479 0423
San José de Cúcuta
Asunto: Revisión y corrección de área de unos predios en el
Municipio de Gramalote
Respetado Señor (a):
Con relación al oficio del asunto, nos permitimos informarle que
con respecto a los números prediales: 00-01-0004-0047-000
la Zarza, 00-01-0004-0174-000 Palo Caído, 00-01-0004-0173-
000 San Luis, 00-01-0004-0153-000 Monte Redondo predios
ubicados en la vereda Miraflores, Municipio de Gramalote, estos
22
SAMAI índice 36, expediente digitalizado Cuaderno Principal folio 101.
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predios fueron visitados por los funcionarios del IGAC
recorriendo los linderos en compañía de una persona de la
misma vereda, que conocía muy bien los linderos y con el
funcionario de la firma Chain Vargas y Asociados, con los planos
topográficos levantados por esta misma firma avalados por el
Fondo de Adaptación y la fotografía aérea del IGAC de la zona,
vereda Miraflores, donde estaba el levantamiento catastral de
los predios en mención.
Al comparar los linderos, que están en cada finca, con los
levantamientos catastrales establecidos en la fotografía aérea
del IGAC, se encontró, que estaban desfasados en la
localización, procediéndose a corregir dicha anomalía.
Estos mismos linderos, se constataron con el levantamiento
topográfico de la firma Chain Vargas y Asociados,
encontrándose correcto con lo visto en terreno.
Estos cambios se corrigieron con las resoluciones 54-313-0006-
2013, 54-313-007-2013, 54-313-012-000, 54-313-010-2013,
que contra ellas, se presentaron los recursos de reposición y
apelación, dichos recursos fueron resueltos y notificadas
oportunamente confirmando las actuaciones catastrales llevadas
a cabo con la visita a los predios.
En el caso de la finca Monte Redondo, proceso que se lleva en el
juzgado de Gramalote, se debe esperar a que se resuelva por
sentencia a favor o en contra y así el IGAC procederá de
acuerdo a la sentencia establecida.
Con la petición de fechas 28-01-2014, usted aporta un plano
topográfico con coordenadas, que al compararlo con el
levantamiento catastral y con los planos topográficos de la firma
Chain Vargas y Asociados, los cuales están ajustados a la
realidad vista en terreno, su plano no concuerda en sus linderos,
con lo que tenemos inscrito
catastralmente.
Los valores asignados a estos predios son valores catastrales y
no comerciales.
El avalúo aportado, no se puede tener en cuenta, para modificar
el valor catastral, solo se puede modificar por medio de un auto
avalúo, con pruebas establecidas en la ley.
Los avalúos se pueden modificar, por medio de un auto avalúo
con tiempo hasta el 31 de Junio 2014, adjuntando los soportes
para su trámite en el IGAC.
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Los precios de los predios a vender es a convenir entre las
partes o con precios comerciales establecidos en la zona, el
IGAC no le concierne hacerlo.
Cordialmente,
MARITZA SÁNCHEZ CELY
Responsable Área de Conservación Catastral […]”.
La prueba en cita no evidencia que los avalúos administrativos
previos que sirvieron de base a la oferta de compra o a la
indemnización fijada en las resoluciones de expropiación fueran
“catastrales”, porque su objeto y alcance son distintos.
En efecto, el documento responde a una solicitud de la actora
relacionada con “revisión y corrección de área” de varios predios y
describe actuaciones propias de conservación catastral (verificación
de linderos, confrontación con fotografía aérea, levantamientos
topográficos y expedición de resoluciones catastrales), esto es,
asuntos vinculados al registro catastral y a la actualización de la
información física de los inmuebles, mas no a la elaboración y
metodología del avalúo administrativo previo utilizado por la
entidad adquirente en el procedimiento de adquisición.
Dicha comunicación se relaciona con las resoluciones 54-313-0006-
2013, 54-313-007-2013, 54-313-012-000 y 54-313-010-2013, a
través de las cuales los predios de la actora fueron actualizados en
sus áreas en el registro catastral.
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La afirmación contenida en el oficio según la cual “los valores
asignados a estos predios son valores catastrales y no comerciales”
se enmarca precisamente en esa discusión catastral, pues en el
documento el IGAC explicó a la actora que el avalúo aportado por
ella no podía tenerse en cuenta para modificar el valor catastral y
que dicha modificación procede por la vía de autoavalúo, conforme
a la normativa catastral.
Por el contrario, en Oficio 8002014EE1367-01 de 14 de febrero de
2014, el IGAG informó al Fondo de Adaptación sobre la metodología
usada para la elaboración de todos los avalúos de los predios
identificados en el polígono para el reasentamiento del municipio de
Gramalote, lo siguiente:
«[…] En cuanto a la solicitud de información en aspectos
relacionados con metodologías, visitas. de campo, y demás
aspectos técnicos de los avalúos comerciales que realiza la
señora Florentina Cotamo-en el oficio con radicado en el Fondo
de Adaptación con el número 20148100006672, procedemos a
dar respuesta de la. siguiente manera.
Teniendo en cuenta el estado de emergencia y la urgencia de
respuesta planteada por el alto gobierno, fue necesario realizar
un esfuerzo interinstitucional para aprovechar las fortalezas de
cada una de las entidades participantes en este proceso: En lo
que hace referencia a la labor que desarrolló el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, se ejecutó lo siguiente:
[…]
Se procedió a realizar la investigación de mercado, referente a
predios en oferta o negociaciones realizadas recientemente en la
zona, se hizo una visita al caserío El Salado ubicado en la
vereda Boyacá, en donde se logró obtener información de
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mercado inmobiliario y en el antiguo casco urbano de Gramalote
y en sus alrededores, se consultó con propietarios y personas
vinculadas a la actividad. inmobiliaria e igualmente se
adelantaron investigaciones en el municipio de Lourdes y
Santiago, para conocer el concepto de algunas personas que
conocen las: fincas y el mercado del sector, específicamente de
la vereda Miraflores donde se va a construir el Nuevo casco
urbano de Gramalote.
[…]
En cuanto a la metodología empleada para la elaboración
de los avalúos, se tuvo en cuenta los métodos de avalúos
contenidos en la Resolución número 0620 de 23 de
septiembre de 2008, tal como aparece en el numeral 8
METODO-DE AVALÚO, en la cual se citan los artículos 1, 9 y 13
de la respectiva Resolución. En lo relacionado con la
determinación del valor del terreno, se empleó el método
de comparación o de mercado y para las construcciones
el Método de Costo de Reposición, utilizando las tablas de
Fitto y Corvini, teniendo en cuenta la edad y el estado de
conservación de las mismas, también […]».
Como se advierte de la prueba en cita los avalúos en cuestión
fueron elaborados por el IGAG usando el método de comparación o
de mercado, conforme con la Resolución 0620 de 23 de septiembre
de 2008, sin que haya prueba conducente en el plenario que
desvirtué su legalidad.
Ante la no prosperidad de alguno de los fundamentos del recurso de
apelación se impone confirmar la decisión de primera instancia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
COSTAS PROCESALES
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Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18823 del CPACA en armonía con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP24, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo25, la Sala condenará a la parte apelante,
en los términos del numeral 3 del artículo 36526 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso27 y por las agencias en derecho28”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
23
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
24
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
25
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
26
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
27
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Actora: Margarita Correa de Ballesteros
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandante a través de apoderado
judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación
se sujetará a la liquidación29 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP30, se fijan como agencias en derecho, la suma
de $600.000 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones31) a
favor del Fondo de Adaptación. Lo anterior, de conformidad con las
tarifas establecidas en el del artículo 6°32 del Acuerdo núm. 1887
de 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, según la naturaleza del proceso, la calidad y duración
de la gestión realizada por la parte vencedora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
29
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
30
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
31
Expediente digitalizado obrante en el índice 36 de SAMAI. Cuaderno del Tribunal núm. 1 folio 28, el
valor de las pretensiones corresponde a $300.000.000.
32
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.
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Actora: Margarita Correa de Ballesteros
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora
y en favor del Fondo de Adaptación, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $600.000
(equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá
incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de febrero
de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOS CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
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Actora: Margarita Correa de Ballesteros
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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