Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00022-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2011-00022-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022 -01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
TESIS: LA PARTE ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN
DE LEGALIDAD DEL INFORME TÉCNICO DE AVALÚO QUE REALIZÓ
EL IGAC, EN EL QUE SE FUNDAMENTARON LAS RESOLUCIONES DE
EXPROPIACIÓN ACUSADAS DE NULIDAD. NO CUMPLIÓ CON LA
CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE,
CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL, ERA EQUIVOCADO E
INCORRECTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 24 de febrero de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”1, por medio de la cual se negaron las pretensiones de
la demanda y se declaró probada la excepción de inepta demanda,
con relación a la solicitud de nulidad de la Resolución núm. 204 de
12 de agosto de 2010.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022-01
Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
I. ANTECEDENTES
I.1.- Los señores RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y NANCY
AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de
la Ley 388 de 18 de julio de 19972, mediante apoderado, presentaron
demanda contra la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ-ERU3, en la que formularon las siguientes
pretensiones:
“[…] PRIMERA: Declárense nulas las siguientes
resoluciones:
1. Las Resoluciones que la EMPRESA DE RENOVACION
URBANA - ERU, expidió con el fin de ordenar la expropiación
por vía administrativa de los inmuebles ya identificados, y
que se relacionan a continuación:
-Resolución No. 198 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 199 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 200 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 201 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 202 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 203 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
2
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante el ERU.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
-Resolución No. 204 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 205 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
• Resolución No. 206 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 207 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 208 del 12 de agosto de 2010, expedida por
la Empresa de Renovación Urbana ERU.
2. Las Resoluciones mediante las cuales la Empresa de
Renovación Urbana ERU, resolvió los Recursos de Reposición
presentados por mis apoderados y confirmaron lo dispuesto
en los Actos Administrativos relacionados en el numeral
anterior. A continuación, se identifican las siguientes:
-Resolución No. 249 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 250 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 251 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 252 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 253 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 254 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 255 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 256 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 257 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
-Resolución No. 258 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
-Resolución No. 259 del 22 de septiembre de 2010, expedida
por la Empresa de Renovación Urbana ERU.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de
nulidad de las anteriores resoluciones, se sirvan reconocer y
ordenar a la empresa de Renovación urbana - ERU cancele a
los señores RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI y NANCY
AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ, la suma de SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS M/CTE ($785.294.300), suma
esta corresponde a la diferencia del precio indemnizatorio
reconocido en las Resoluciones Nos. 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208 del 12 de agosto de 2010,
mediante las cuales ordenó la expropiación por vía
administrativa de los predios de mis poderdantes y las Nos.
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, del
22 de septiembre de 2010, mediante las cuales se decidieron
los recursos de reposición interpuestos, y el valor arrojado
en el informe de avalúo corporativo suscrito por la firma
avaluadora AVALUOS Y CONSULTORIAS, miembro del
Registro Nacional de Avaluadores de Fedelonjas y de la
sociedad Colombiana de Arquitectos, documentos éstos que
forman parte integral de la presente demanda.
TERCERA: Que la liquidación de la anterior condena se
efectúe mediante suma líquida de moneda de curso legal en
Colombia y que se ajuste, tomando como base el Índice de
Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo
dispuesto por el artículo 179 del Código Contencioso
Administrativo.
Se solicita a título de restablecimiento del derecho:
1. Por la determinación del daño emergente:
Que, como consecuencia de la Declaratoria de Nulidad de las
Resoluciones ya relacionadas, se ordene a la Empresa de
Renovación Urbana ERU, cancelar las siguientes sumas a mis
poderdantes:
1. Al señor RUBEN DARIO VÁSQUEZ ECHEVERRI, la suma
de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS
($675.194.038 MCTE), equivalentes al 61.89% de coeficiente
de copropiedad, por la diferencia presentada en el precio
cancelado por la demandada, y el avalúo pericial hecho en el
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
Proceso de Constitución de Prueba Anticipada realizado en el
Juzgado Quinto Administrativo de Cundinamarca, o lo que se
reconozca en el proceso.
2. A la señora NANCY AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ, la
suma de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
($415.764.174. MCTE), equivalentes al 38.11% del
coeficiente de copropiedad, por la diferencia presentada en
el precio cancelado por la demandada, y el avaluó pericial
hecho en el Proceso de Constitución de Prueba Anticipada
realizado en el Juzgado Quinto Administrativo de
Cundinamarca, o lo que se reconozca en el proceso.
3. Al señor RUBEN DARIO VÁSQUEZ ECHEVERRI, la suma de
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS($384.543.104
MCTE) (sic), CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS COMUNES
QUE NO FUERON TASADAS PERICIALMENTE, QUE
CORRESPONDIAN AL EDIFICIO PAOLA, Y CUYO MONTO FUE
DETERMINADO SOBRE UN PORCENTAJE DEL 61.89% DEL
COEFICIENTE DE COPROPIEDAD QUE CORRESPONDE A LA
PARTICIPACION QUE TIENE EL DEMANDANTE EN EL
EDIFICIO PAOLA, TASADOS SOBRE 466 METROS
CUADRADOS, SEGÚN DICTAMEN PERICIAL DEL JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
4. A la señora NANCY AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ, la
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
($236.790.074 MCTE), CORRESPONDIENTES A LAS ZONAS
COMUNES QUE NO FUERON TASADAS PERICIALMENTE, QUE
CORRESPONDIAN AL EDIFICIO PAOLA, Y CUYO MONTO FUE
DETERMINADO SOBRE UN PORCENTAJE DEL 38.11% DEL
COEFICIENTE DE COPROPIEDAD QUE CORRESPONDE A LA
PARTICIPACION QUE TIENE LA DEMANDANTE EN EL
EDIFICIO PAOLA, TASADOS SOBRE 466 METROS
CUADRADOS, SEGÚN DICTAMEN PERICIAL DEL JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
2. Por la determinación del lucro cesante:
Teniendo en cuenta que el edificio se encontraba arrendado
en su integridad, y que debido a las reparaciones iniciadas
en la Calle 26, y con motivo de la expropiación administrativa
que inició la EMPRESA DE RENOVACION URBANA ERU, los
arrendatarios decidieron terminar las relaciones
contractuales que en el Edificio PAOLA se tenía, ocasionando
un lucro cesante desde el momento mismo de la entrega del
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
inmueble por parte de los arrendatarios, hasta la entrega del
mismo a la empresa de Renovación Urbana ERU. Este
perjuicio lo discriminamos así:
1. Por el Lucro Cesante ocasionado a la señora NANCY AIDÉE
MARTÍNEZ, con la terminación del contrato de arrendamiento
suscrito con la empresa DRO SERVICIO LTDA, NIT.
800099283-5, cuyo canon mensual era CUATRO MILLONES
CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE
($4.131.503 MCTE), LIQUIDADOS DESDE EL MES DE MAYO
DE 2010, HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2010, o lo que
se reconozca en el proceso.
2. Por el Lucro Cesante ocasionado a los señores NANCY
AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ Y RUBEN DARIO VÁSQUEZ
ECHEVERRI, con la terminación del contrato de
arrendamiento suscrito con la Doctora ESPERANZA AREVALO
BORRERO, y donde funcionaba la Fundación Social Crecer. El
canon de arrendamiento suscrito entre las partes fue de SEIS
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 6.000.000. MCTE). POR LO
QUE LA LIQUIDACION DEL LUCRO CESANTE DEBE HACERSE
DESDE EL MES DE MARZO DE 2010 HASTA EL MES DE
DICIEMBRE DE 2010, o lo que se reconozca en el Proceso.
3. Por el Lucro Cesante ocasionado a la señora NANCY AIDÉE
MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ con la terminación del contrato de
arrendamiento suscrito con la señora DORIS MARIA
TORRADO VACA. El canon de arrendamiento suscrito entre
las partes fue de SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 700.000
MCTE). POR LO QUE LA LIQUIDACION DEL LUCRO CESANTE
DEBE HACERSE DESDE EL MES DE MAYO DE 2010 HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DE 2010, o lo que se reconozca en el
Proceso.
4. Que se condene en agencias en derecho y costas
procesales a la Empresa de Renovación Urbana ERU.
Las demás pretensiones quedan tal cual se demandó
inicialmente.
CUARTA: Que la liquidación de la anterior condena se
efectué mediante suma liquida de moneda en curso legal
colombiana y que se ajuste, tomando como base el índice de
Precios al Consumidor, o al por mayor, conforme a lo
dispuesto en el art. 179 del Código Contencioso
Administrativo.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
QUINTA: Que, para el cumplimiento de la sentencia, se
ordene dar aplicación a los art. 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo. […]”4.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los
siguientes:
1º. En el año 2005, los señores NANCY AIDÉE MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ Y RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI adquirieron un
inmueble denominado Edificio Paola, ubicado en la Avenida Caracas
núm. 25 A 10/12/16, con dirección secundaria Calle 25 A Núm. 13A-
86, 94, de la ciudad de Bogotá, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 50C-266404. La edificación se encontraba conformada
por los siguientes apartamentos y locales:
INMUEBLE MATRICULA PORCENTAJE PROPIETARIO
INMOBILIARIA COEFICIENTE*
Local 25 A-16 50C-513471 5,66% NANCY AIDÉE MARTÍNEZ
DE VÁSQUEZ
Local 25 A-12 50C-513472 5,65% NANCY AIDÉE MARTÍNEZ
DE VÁSQUEZ
Local 25 A-10 50C-513473 7,47% NANCY AIDÉE MARTÍNEZ
DE VÁSQUEZ
Local 13 A-86 50C-513474 6,00% NANCY AIDÉE MARTÍNEZ
DE VÁSQUEZ
Local 2-01 50C-513475 5,74% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
Apto 3-01 50C-513476 15,57% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
Apto 3-02 50C-513477 7,59% NANCY AIDÉE MARTÍNEZ
DE VÁSQUEZ
Apto 4-01 50C-513478 15,57% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
Apto 4-02 50C-513479 7,59% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
Apto 5-01 50C-513480 15,45% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
Apto 5-02 50C-513481 7,53% RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ
ECHEVERRI
4
Folios 1 a 2 del C.1 y 1 a 7 del C. Reforma Demanda.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
TOTAL 100%
• Coeficiente de copropiedad según escritura pública núm. 3140 de 6 de julio de 1970 de la
Notaria Sexta del Círculo de Bogotá.
2º. Los actores suscribieron los siguientes contratos de
arrendamiento sobre los siguientes inmuebles, así:
INMUEBL FOLIO DE PROPIETARI ARRENDATARI FECHA CANON
E MATRÍCUL O O DE
A INICI
O
Local 25 50C- NANCY DRO 1º de $2.300.00
A-16 513471 AIDÉE SERVICIOS julio de 0
Local 25 50C- MARTÍNEZ LTDA 2006
A-12 513472 DE VÁSQUEZ
Local 25 50C-
A-10 513473
Local 13 50C- NANCY DRO 18 de $1.200.00
A-86 513474 AIDÉE SERVICIOS octubre 0
MARTÍNEZ LTDA 18 de
2006
DE VÁSQUEZ
Apto 4 - 50C- AIDÉE ESPERANZA 15 de $6.000.00
01, Apto 513478, MARTÍNEZ ARÉVALO febrero 0
4 - 02, 50C- DE VÁSQUEZ BORRERO de
2007
Apto 5 - 513479, Y RUBÉN
01, Apto 50C- DARÍO
5 - 02 513480, VÁSQUEZ
50C- ECHEVERRI
513481
Local 13 50C- NANCY DORIS MARÍA 1º de $700.000
A-86 513474 AIDÉE TORRADO agosto
MARTÍNEZ VACA de
2008
DE VÁSQUEZ
3º. El 28 de enero de 2009, los demandantes ofrecieron a la ERU el
inmueble denominado Edificio Paola ubicado en la Calle 25 A No. 13
A- 86, 94, de la ciudad de Bogotá, identificado con folio de matrícula
50C-266404, con ocasión de las obras de la fase III de
TRANSMILENIO.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
4º. El 24 de marzo de 2010, la ERU, mediante las resoluciones núms.
062, 039, 061, 067, 029, 046, 032, 069, 070 y 053 formuló oferta
de compra por los 5 locales y 6 apartamentos que conformaban el
Edificio Paola, de acuerdo con los siguientes valores:
RESOLUCIÓN
NÚM. MATRÍCULA DIRECCIÓN ÁREA VALOR PROPIETARIO
INMOBILIARIA
OFERTA
1 062 50C-513471 AK 14 No. 25 A-16 62,06 M2 $71.059.000 NANCY AIDÉE
LC MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ
2 039 50C-513474 CL25 A No. 13 A 86 66,45 M2 $65.332.500 NANCY AIDÉE
LC MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ
3 061 50C-513473 AK 14 No. 25 A-10 81,78M2 $79.287.000 NANCY AIDÉE
LC MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ
4 067 50C-513475 CL 25 A No. 13 A - 61,34 M2 $39.871.000 RUBÉN DARÍO
94 LC 201 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
5 029 50C-513476 CL 25 A No. 13 A - 166,07 $96.320.600 RUBÉN DARÍO
94 AP 301 M2 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
6 046 50C-513477 CL 25 A No. 13 A - 80,95 M2 $48.570.000 NANCY AIDÉE
94 AP 302 MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ
7 049 50C-513478 CL 25 A No. 13 A- 166,07 $99.642.000 RUBÉN DARÍO
94 AP 401 M2 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
8 032 50C-513479 CL 25 A No. 13 A - 80,95 M2 $50.189.000 RUBÉN DARÍO
94 AP 402 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
9 069 50C-513480 CL 25 A No. 13 A 94 166,07 $102.963.400 RUBÉN DARÍO
AP 501 M2 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
10 070 50C-513481 CL 25 A No. 13 A 94 80,95 M2 $52.617.500 RUBÉN DARÍO
AP 502 VÁSQUEZ
ECHEVERRI
11 053 50C-513472 AK 14 No. 25 A-12 62 M2 $69.197.500 NANCY AIDÉE
LC MARTÍNEZ DE
VÁSQUEZ
TOTAL 1.074,69 $775.049.500
5º. El 4 de mayo de 2010, la parte actora solicitó a la directora
técnica de la ERU revisar los citados valores ofertados en las referidas
resoluciones, toda vez que, a su juicio, el precio del metro cuadrado
construido ofertado no correspondía al precio del mercado para la
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zona comercial y de influencia donde se encontraba ubicado el
Edificio Paola.
6º. El 24 de mayo de 2010, la ERU informó a los demandantes que
los precios de las ofertas fueron fijados mediante avalúos elaborados
por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, en adelante
IGAC, los cuales se ajustaron a la metodología prevista en el Decreto
1420 de 24 de julio de 19985 y en la Resolución núm. 620 de 23 de
septiembre de 20086, expedida por el IGAC.
7º. El 12 de agosto de 2010, la entidad demandada, mediante las
resoluciones núms. 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207 y 208, ordenó la expropiación administrativa de los
inmuebles antes relacionados, por la falta de acuerdo respecto del
precio ofertado.
8º. El 22 de septiembre de ese año, la ERU, a través de las
resoluciones núms. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258 y 259, resolvió los recursos de reposición interpuestos
5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
6
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la ley”,
expedida por el Director del IGAC.
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contra las anteriores resoluciones, en el sentido de confirmar las
decisiones recurridas.
9º. El 28 de septiembre de 2010, los demandantes solicitaron a la
Empresa de AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S. la elaboración del
avalúo de los inmuebles, objeto de expropiación, sin incluir las zonas
comunes y el monto total, el cual arrojó un valor de $1.560.313.800,
presentándose una diferencia de $785.264.300 respecto del precio
establecido en el avalúo del IGAC.
10º. El 22 de noviembre de 2010, el Juzgado Quinto Administrativo
de Cundinamarca practicó una inspección judicial, la cual solicitaron
los actores como prueba anticipada, antes de efectuar la entrega
para su posterior demolición, para establecer el estado real del
Edificio Paola, en la que estuvo presente el perito evaluador PABLO
ENRIQUE BELTRÁN GONZÁLEZ, y arrojó como valor total del
inmueble la suma $1.865.977.713.
I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 29 y 58 de la Constitución Política; 1947 del Código Civil;
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85 del Código Contencioso Administrativo 7 ; numerales 7 y 8 del
artículo 22 de la Ley 820 de 10 de julio de 20038; Ley 9ª de 11 de
enero de 19899; Ley 388; el Decreto 1420 y la Resolución IGAC núm.
620 de 2008.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
Señaló que las resoluciones de expropiación se expidieron con base
en los informes de avalúos de 10 de diciembre de 2009, expedidos
por el IGAC, que se limitan a una descripción imprecisa de “atributos
prediales” de los inmuebles objeto de expropiación, sin desarrollar
en manera alguna la forma en que se “articuló el valor resultado de
los avalúos” con el valor comercial del bien, esto es, sin tener en
cuenta las ofertas o transacciones de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo, ni la destinación económica del
inmueble, con lo cual se infringió el artículo 21 del Decreto 1420 y
se impidió el reconocimiento de valores adicionales por su calidad
comercial y competitiva.
7
En adelante CCA.
8
“Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones”.
9
“por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones.”
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Indicó que el IGAC al basar sus valores comerciales definitivos en
unos estudios de mercados, que no se observan en los informes
técnicos de avalúos, desconoció el artículo 10º de la Resolución núm.
620 de 2008 y el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida
en que los actores no tuvieron la oportunidad de conocer todas las
pruebas para sustentar la contraoferta y tener la posibilidad de
refutar los argumentos que no estuvieran acorde con la realidad
económica de los inmuebles.
Expresó que los informes técnicos de avalúos del IGAC desconocieron
la Resolución núm. 620 de 2008, por cuanto presentan las siguientes
falencias: (i) desconocimiento de las características del sector, tales
como la existencia de edificios de 10 o más pisos, como el de FONADE
con 34 pisos y el del Círculo de Periodistas con 12 pisos; (ii)
imprecisiones en la descripción de la zona, en tanto que la Calle 14
no es la avenida Caracas; (iii) no tuvo en cuenta la forma del terreno
regular y que la topografía no era totalmente plana; (iv) no especificó
el tipo de construcción que existía en el predio ni las características
del mismo; (v) no expuso la manera en que fueron evaluados y
medidos los cuatro (4) datos del mercado utilizados dentro del
método del mercado; (vi) no indicó el soporte utilizado en el método
de reposición, ni explicó con qué criterio se depreciaron los diferentes
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elementos constitutivos a valorar; y (vii) no incluyó registro
fotográfico del inmueble.
Sostuvo que en el análisis comparativo de mercado del informe
técnico corporativo realizado por la firma AVALÚOS Y
CONSULTORÍAS S.A.S. en septiembre de 2010, allegado con la
demanda, se puede observar que sobre la zona de influencia del
proyecto para predios de similares características, se determinó un
valor por metro cuadrado muy por encima del considerado por la ERU
en las resoluciones de expropiación acusadas, por lo que la
determinación técnica del precio realizada por el IGAC no se ajusta a
la realidad comercial de la zona.
Manifestó que no se puede pasar por alto que pese a que la
indemnización ofrecida se basó en los mismos soportes de las
resoluciones de oferta, en estas se presentaron unas incongruencias
en las sumas reconocidas, debido a que en la oferta se ofreció un
valor como indemnización, mientras que en las resoluciones de
expropiación se dispuso pagar otro, por lo que se generó una nulidad
ante la inconsistencia en las sumas reconocidas.
Alegó que debió tenerse en cuenta que para calcular el daño
emergente, antes del inicio del procedimiento administrativo, el
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Edificio Paola– Propiedad Horizontal gozaba de un good will, el cual
estaba acreditado, por cuanto presentaba un nivel total de
ocupación, en razón a que los 11 inmuebles, que lo conformaban,
estaban arrendados y generaban un promedio aproximado de
ingresos mensuales superiores a los $15.000.000.
Señaló que el daño emergente y el lucro cesante no fueron
ponderados, por cuanto se calcularon de conformidad con un formato
preestablecido denominado “Tasación de Reconocimiento
Económicos Adicionales - Enajenación Voluntaria o Indemnización De
Perjuicios - Expropiación Administrativa”, el cual no permite el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados dentro de los que se
debieron incluir gastos notariales y de registro por valor de
$32.882.666.
Adujo que debió reconocerse el lucro cesante por actividad
económica y por renta, reflejada en los contratos de arrendamiento
a terceros para el funcionamiento de establecimiento de comercio.
Expresó que con la suma reconocida en las resoluciones de
expropiación acusadas no se garantizó el mantenimiento del equilibro
de las cargas públicas, ya que dicho precio no cubre el detrimento
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patrimonial que sufrieron los propietarios, con ocasión de los injustos
cálculos.
Anotó que con dicha suma los demandantes no pueden adquirir otro
edificio de las mismas características, pues de acuerdo con el avalúo
practicado por la sociedad AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S.,
allegado con la demanda, se requeriría un valor promedio de
$1.560.000.000.
Afirmó que dadas las características del procedimiento de
expropiación y la precaria situación de los actores, a pesar de no
mediar un contrato de compraventa, en el presente caso se configuró
una clara lesión enorme en contra de los demandantes, por cuanto
recibieron una suma menor a la mitad del valor real de los inmuebles,
existió un aprovechamiento y un enriquecimiento sin justa causa por
parte de la parte demandada.
Advirtió que se puede prever el inminente enriquecimiento sin justa
en favor de la ERU, por el posible incremento que podrían tener los
inmuebles objeto de expropiación, frente al futuro desarrollo
urbanístico que podría tener el sector con el proyecto ESTACIÓN
CENTRAL, donde la entidad propietaria de los predios podría vender
el metro cuadrado en ese sector por sumas que oscilarían entre
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$3.000.0000 y $4.000.000, conforme a la valorización del centro de
Bogotá.
Sostuvo que debe tenerse como precio indemnizatorio justo el valor
de $1.865.977.713, el cual fue reconocido en el Informe de Avalúo,
realizado como prueba anticipada por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cundinamarca.
Que, igualmente, se debe reconocer la suma de $621.333.178, a
título de daño emergente, por los 466 metros cuadrados
correspondientes a las zonas comunes, liquidadas de acuerdo con el
valor de metro cuadrado construido a favor de los actores, de manera
proporcional al coeficiente de copropiedad que ellos tenían del
Edificio Paola.
Que, asimismo, se debe reconocer, el lucro cesante ocasionado por
el inicio de obras en la zona circunscrita al edificio y la terminación
de los contratos de arrendamiento, con ocasión al proceso de
expropiación administrativa.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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I.4.1.- La ERU, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
demanda 10 y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones,
adujo que el precio indemnizatorio por la expropiación administrativa
fue calculado en debida forma y que los actos acusados se expidieron
con apego a las normas legales y reglamentarias que regulan la
materia.
Destacó que los avalúos oficiales de los inmuebles expropiados,
elaborados por el IGAC, se ajustaron a los parámetros establecidos
en el artículo 61 de la Ley 388, el Decreto 1420 y la Resolución núm.
620 de 2008, así como a la normativa urbanística vigente, esto es,
la Unidad de Planteamiento Zonal (UPZ) 93 Las Nieves, teniendo en
cuenta que los predios estaban clasificados dentro del sector
normativo 4 subsector B, razón por la cual se les dio el tratamiento
de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo.
Expresó que dentro de la valoración comercial de los inmuebles no
era procedente tener en cuenta normas anteriores a la elaboración
del avalúo y reconocer un eventual y supuesto mayor valor comercial
en el sector, con ocasión de la intervención del Estado por la
ejecución del proyecto de renovación urbana “Estación Central”.
10
Folios 132 a 157 y 185 a 195 del C. 1.
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Señaló que el IGAC, para establecer el precio comercial de los
inmuebles, tuvo en cuenta la norma urbanística vigente al momento
de la elaboración del avalúo, las características físicas de los
inmuebles, así como su sometimiento al régimen de propiedad
horizontal, de acuerdo con la escritura pública 3140 de 6 de julio de
1979 de la Notaría 6ª del Círculo de Bogotá.
Explicó que el IGAC fijó el valor del área privada de construcción de
cada uno de los inmuebles que conformaban la propiedad horizontal
del Edificio Paola, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10° de la Resolución 620 de 2008, razón por la cual no era
procedente establecer valores comerciales independientes de áreas
de terreno y construcción, ni valorar el área de terreno referido en
una licencia de construcción.
Explicó que en los avalúos de los predios sometidos a propiedad
horizontal el valor de las zonas comunes estaba incluido en la
evaluación de las áreas privadas.
Anotó que el IGAC aplicó el método de “Comparación o de Mercado”,
en virtud de lo cual hizo un estudio de las ofertas inmobiliarias o
transacciones recientes de inmuebles semejantes y comparables a
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los que fueron materia de expropiación, información que sí forma
parte de los avalúos comerciales, según se demuestra de la copia
que se anexa con la contestación de la demanda.
Sostuvo que el avalúo que la parte actora aportó con la demanda,
elaborado por la sociedad AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S., no
desvirtúa el avalúo oficial.
Afirmó que el IGAC tuvo en cuenta que el sector no fue objeto de
valorización ni plusvalía por cuenta del proyecto de renovación
urbana de Estación Central.
Agregó que el IGAC estudió las características del sector, para lo cual
precisó que corresponde a “vivienda unifamiliar entre 1 y 3 niveles
y multifamiliares entre 4 y 10 niveles”, sin que por ello haya
desconocido la existencia de otro tipo de construcciones que no son
comunes; que también tuvo en cuenta que el edificio expropiado era
mayoritariamente regular, aspecto que no tiene impacto en la
valoración comercial de los inmuebles; y que el avalúo tiene soporte
fotográfico de los inmuebles y de su entorno inmediato.
Indicó que la indemnización fijada mediante los actos
administrativos demandados se ajusta a lo previsto en los artículos
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58 de la Constitución Política y 68 de la Ley 388, en tanto que fue:
a) previa, pues se pagó antes de que se efectuara la transferencia
del derecho de dominio, y b) justa, en la medida en que incluyó el
valor comercial de los inmuebles y, por lucro cesante, el valor de los
cánones de arrendamiento dejados de percibir.
Advirtió que la indemnización no podía incluir otros conceptos, tales
como desconexión de servicios públicos y gastos de escrituración y
registro, pues estos debían ser asumidos por los propietarios y solo
serían pagados a ellos en el evento de que se aceptara la oferta de
compra.
Manifestó que para efectos de establecer un precio indemnizatorio
justo sí se revisaron las condiciones y características específicas de
los predios objeto de expropiación, a fin de resarcir los perjuicios
generados a los actores.
Alegó que de acuerdo con las visitas al Edifico Paola y los estudios
jurídicos y técnicos respectivos, realizados por la ERU, se estableció:
(i) las condiciones propias de los inmuebles que lo conformaban; (ii)
que 10 de los 11 inmuebles estaban arrendados; (iii) que los
demandantes no realizaban directamente actividad comercial en los
inmuebles, por lo que no tendrían que asumir gastos de trasteo y
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publicidad, ni sufrirían pérdida de utilidades por cuenta de la
expropiación administrativa; (iv) que los predios tenían contadores
de servicios públicos domiciliarios, los cuales debían que ser
retirados, generando costos a cargo de los propietarios; y (v) que en
caso de aceptar la oferta de compra, se debía elevar una escritura
pública que generaría gastos notariales y de registro.
Precisó que el valor del precio indemnizatorio, contenido en las
ofertas de compra, no coincide con el previsto en las resoluciones de
expropiación, ya que el primero se refiere al valor comercial
debidamente determinado por los avalúos del IGAC y el segundo
corresponde a este concepto más los referentes a la liquidación del
lucro cesante, calculados en debida forma en el presente caso.
Expuso que la ERU procedió a establecer el correspondiente daño
emergente y lucro cesante con la información recopilada, para lo cual
diligenció el documento denominado “Tasación de Reconocimientos
Económicos Adicionales Enajenación Voluntaria o indemnización de
Perjuicios - Expropiación Administrativa”, identificando aquellos
gastos de los propietarios que debían enmarcarse como daño
emergente, así como las ganancias o utilidades dejadas de percibir
por concepto de lucro cesante.
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Adujo que la parte actora no aportó prueba demostrativa de otros
daños que, a juicio de esta, debían resarcirse dentro del daño
emergente, ni del good will; y que no identificó ni cuantificó un
posible daño derivado de la pérdida de utilidad percibida, por lo cual
no fue posible atender la petición de incremento del precio
indemnizatorio.
Advirtió que el artículo 21 de la Resolución 620 de 2008 no se aplica
para el cálculo de la indemnización, en el marco del proceso de
adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social de
la expropiación administrativa, bajo estudio, toda vez que dicha
norma regula lo atinente a la tasación de compensación por
afectación a una obra pública.
Señaló que no es cierto que haya “roto el principio de las cargas
públicas”; que, por el contrario, se acató a cabalidad, dado que en
el presente caso los daños derivados de la expropiación por vía
administrativa fueron resarcidos, cumpliéndose así el pago de un
precio justo de la indemnización.
En cuanto al pago del lucro cesante por los cánones de
arrendamiento que, según la parte actora, dejaron de percibir por
cuenta de la decisión de sus arrendatarios de devolver el inmueble
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arrendado antes del término pactado, adujo que el supuesto
perjuicio no tuvo origen en las resoluciones de expropiación, sino en
la ejecución de obras públicas en 2009 que generaron cierres de vías
y problemas de accesibilidad de los predios.
I.4.2.- La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO, -
TRANSMILENIO S.A.-1112 , contestó la demanda13 y se opuso a la
prosperidad de sus pretensiones.
Alegó que su actuación en el proceso de expropiación administrativa,
bajo estudio, se ajustó a las obligaciones que adquirió al suscribir
con la ERU el Convenio Interadministrativo núm. 215 de 2010, que
tuvo por objeto precisar las condiciones de cooperación y
coordinación de las partes en la adquisición de los inmuebles
requeridos para desarrollar el proyecto de Renovación Urbana
“Estación Central”, así como para la implementación del
Subprograma de Reasentamiento por obra pública.
Expresó que en virtud del mencionado convenio la ERU adquirió las
siguientes obligaciones: (i) adelantar el proceso de adquisición de
11
En adelante TRANSMILENIO S.A.
12
Mediante auto de 20 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vinculó al
proceso a TRANSMILENIO S.A., debido a que dicha sociedad pagó el precio indemnizatorio y puede
tener interés en las resultas del presente proceso. (Folios 207 a 208 del C. 1).
13
Folios 210 a 233 del C.1.
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predios por vía de expropiación administrativa; (ii) tramitar y llevar
hasta su culminación los procesos de contratación requeridos para
adelantar la adquisición de los inmuebles necesarios para la
construcción del Proyecto de Renovación Urbana “Estación Central”,
así como la implementación del Subprograma de reasentamiento por
obra pública; (iii) poner a disposición del IDU los predios expropiados
y recibidos materialmente.
Por su parte, TRASMILENIO S.A. asumió la obligación de efectuar los
pagos por el proceso de adquisición de inmuebles y reasentamiento
por obra pública.
Precisó que, en los actos acusados, intervino con la única finalidad
de ser pagador de las obligaciones dinerarias que provenían del
proceso de expropiación.
Explicó que dio cabal cumplimiento a las funciones que le fueron
asignadas, en tanto efectuó el pago del valor de los predios,
reconocido en las resoluciones demandadas, tal y como se verifica
en cada una de las órdenes de pago que giró a nombre de los
actores.
Adujo que no participó en la elaboración de los actos administrativos
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acusados y que no tenía a su cargo obligación legal o contractual
distinta a desembolsar o realizar el valor de pago de los inmuebles
con cargo a su presupuesto, por lo que carecía de capacidad jurídica
para disponer o intervenir en su trámite, decisión o gestión.
Propuso las siguientes excepciones:
-No agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez
que también ha debido agotarse frente a TRANSMILENIO S.A., en
aras de salvaguardar su derecho de defensa y debido proceso.
-Ausencia de acreditación del término de ejecutoria de los actos
administrativos acusados, al considerar que no se demostró en
forma oportuna y conducente la ejecutoria de los actos
administrativos que resolvieron los recursos de reposición, esto es,
las resoluciones núms. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258 y 259 de 22 de septiembre de 2010, por cuanto no figuran en
los anexos de la demanda, ni dentro de las pruebas practicadas,
desconociendo los presupuestos del artículo 139 del CCA.
II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección de “C”, mediante sentencia de 24 de febrero de 2015,
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declaró no probada las excepciones de “No agotamiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación para acudir ante la jurisdicción
contencioso administrativa”, toda vez que la parte actora cumplió con
intentar la conciliación extrajudicial frente a la ERU, respecto de la
cual fundó sus pretensiones; y la de “Ausencia de acreditación del
término de ejecutoria de los actos administrativos acusados”, por
cuanto en los anexos de la demanda sí reposan las respectivas
constancias de ejecutoria de dichos actos.
Y declaró de oficio probada parcialmente, la excepción de ineptitud
de demanda, respecto de la Resolución núm. 204 de 12 de agosto de
2010, alegada por TRANSMILENIO S.A. en los alegatos de conclusión,
por no haberse demandando la Resolución núm. 312 de 17 de
noviembre de 2010, “Por la cual se modifica la Resolución 204 del 12
de agosto de 2010, por la cual se ordenó una expropiación por vía
administrativa”, al estimar que la citada Resolución núm. 312 incluyó
una serie de decisiones adicionales relacionadas con el pago del
precio indemnizatorio, con ocasión al proceso de expropiación
debatido; y constituye una unidad inescindible, por lo que también
debió ser objeto de demanda, ya que el fallo que se adopte tendría
un alcance legal frente a su contenido.
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Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes argumentos:
Advirtió que el avalúo comercial efectuado por el IGAC evaluó y
ponderó las características del Edificio Paola, las condiciones
urbanísticas del mismo, el régimen de propiedad horizontal y la
destinación económica del predio y del sector.
Indicó que dicho avalúo sí contó con los soportes de mercado, en
tanto realizó los debidos estudios técnicos y tasó en debida forma las
variables aplicables al régimen de propiedad horizontal, por cuanto
para utilizar el método de mercado, se basó en estudios de bienes
semejantes y comparables, -apartamentos y locales comerciales-;
tuvo en cuenta un muestreo de 32 ofertas comparables de bienes
con similares características en el sector; e hizo una relación
individual de cada inmueble objeto de avalúo, entre otros.
Que cumplió con los requisitos del artículo 21 del Decreto 1420 y
para cuantificar la tasación comercial de los predios objeto de
expropiación; tuvo en cuenta las construcciones existentes y el valor
del terreno de acuerdo con la normatividad vigente, las condiciones
de acceso y desplazamiento desde y hacia al sector, como el
resultado de su ubicación con respecto de la ciudad; el número de
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vías arteriales de acceso; tomó las áreas de terreno y construcción
del registro topográfico, proporcionado por la ERU; para los predios
esquineros adoptó el límite máximo permitido en el estudio
estadístico de valores; tuvo en cuenta el estado actual de
conservación de la construcción, los factores de inseguridad en el
sector y los valores de terreno y construcción.
Asimismo, expresó que el referido avalúo oficial dio cumplimiento al
artículo del 61 del Decreto 1420, debido a que se basó en la
normatividad urbanística vigente, esto es, la UPZ las Nieves, que
clasificó los inmuebles dentro del sector normativo 4, subsector B,
tratamiento de renovación urbana en la modalidad de desarrollo,
además de que adoptó una cantidad considerable de muestras y
estudios de mercado idóneos para clasificar de manera comparativa
el valor de los avalúos del IGAC, y se apoyó en los reportes de la
Unidad Catastral del Distrito.
Señaló que el avalúo elaborado por la sociedad AVALÚOS Y
CONSULTORÍA S.A.S. no podía ser tenido en cuenta, toda vez que se
basó en una inspección realizada en el 2010 cuando las condiciones
resultaban disimiles a las analizadas por el IGAC en el 2009,
comoquiera que el factor tiempo incide de manera directa respecto
de la actividad inmobiliaria, por lo que se presenta una ruptura de
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contenido que permita efectuar una evaluación comparativa entre
ambos avalúos.
Que dicho avalúo, además, desconoció el artículo 10° de la
Resolución núm. 620 de 2008, ya que efectuó la evaluación de
manera independiente respecto de cada lote del referido edificio, a
pesar de que los inmuebles estaban sujetos al régimen de propiedad
horizontal; no contó con un estudio significativo de las variables del
mercado para establecer el valor, en la medida en que la ponderación
de las ofertas estuvo limitada a 4 locales comerciales; y no aplicó el
artículo 9º de la Resolución núm. 620 de 2008, sobre el
procedimiento de las encuestas realizadas, por cuanto estas hicieron
alusión a predios con similares especificaciones y no a los aspectos
negativos y positivos del Edificio Paola, además de que no se observa
que haya cumplido con el requisito de que acudió a las encuestas,
porque el perito no pudo obtener datos de ofertas o transacciones
recientes; y no explicó los elementos que tuvo en cuenta para
establecer, como precio comercial del Edificio Paola, la suma de
$1.560.313.800.
Expresó que el informe de avalúo realizado como prueba anticipada
por el Juzgado Quinto Administrativo de Cundinamarca, que arrojó
un valor de $1.865.477.713, no tiene la virtud de dejar sin
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fundamento los avalúos realizados por el IGAC, ante la ausencia de
soportes cuantificables que generen la debida certeza de la tasación
dada por el perito, pues se limitó a especificar que el metraje se había
liquidado tal y como consta en el formato de avalúo total del
inmueble, sin delimitar los factores objetivos utilizados para su
tasación al referirse al uso de aspectos subjetivos, tales como la
experiencia del avaluador en el conocimiento del mercado,
reconocimiento del inmueble y en las diferentes perspectivas de
caso, la ubicación del precio y el valor del metro cuadrado en predios
aledaños y de similares características.
Sostuvo que no resulta de recibo las aseveraciones de los actores,
en el sentido de que la ERU hizo un avalúo carente de los debidos
soportes de mercado y que había desconocido el artículo 10° de la
Resolución núm. 620 de 2008, toda vez que en el plenario quedó
demostrado que la experticia del IGAC no solo lleva inmersa los
debidos estudios técnicos, sino que tasó en debida forma las
variables aplicables al régimen de propiedad horizontal.
Advirtió que desestima que la demandada hubiese hecho uso de un
soporte cuantificable del valor comercial del bien de manera
equivocada, máxime cuando el IGAC se enmarca como la autoridad
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idónea para la realización de un avalúo comercial de un bien que se
apropie por motivos de utilidad pública.
En cuanto a la tasación del lucro cesante y daño emergente, sostuvo
que la tasación del lucro cesante se derivó de 10 contratos de
arrendamientos de locales comerciales que funcionaban en el predio,
cuya renta se promedió conforme a los valores de la renta mes y la
renta neta y con el tiempo que normalmente demora el proceso de
enajenación hasta que el propietario reciba la totalidad del pago.
Afirmó que el formato de diligenciamiento de perjuicios, lejos de
significar una predeterminación de los perjuicios, permitió la
evaluación discriminada de los conceptos que debían pagarse
respecto de cada bien, lo que permitió una clasificación ordenada de
tales valores.
Expresó, en cuanto al pago del daño emergente por concepto de
desconexión de servicios públicos y gastos notariales y de registro,
que se dejó constancia que su reconocimiento quedó supeditado a la
aceptación de la oferta dentro del proceso de enajenación voluntaria,
lo cual no ocurrió en el presente caso.
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Anotó que si bien dichos conceptos fueron reconocidos inicialmente
en la oferta de compra, posteriormente, no se pagaron, por cuanto
no fueron aceptadas las condiciones de las ofertas, sin que por ello
implique una afectación de las garantías a que tenían derecho.
En relación con el lucro cesante, manifestó que la entidad demandada
sí consideró los valores que los propietarios iban a dejar de percibir
por concepto de arrendamiento, pero que no podían reconocer las
actividades económicas, alegadas por la parte actora, que se
desarrollaban dentro de los inmuebles arrendados, debido a que la
compensación de perjuicios debe ponderarse en función de los
demandantes y no de las acciones desplegadas por los arrendatarios.
Precisó que en cada una de las resoluciones acusadas se realizó una
tasación por concepto de daño emergente y lucro cesante, de
conformidad con los estudios previos realizados por el IGAC respecto
de cada inmueble que integra el Edificio Paola y de acuerdo con los
contratos de arrendamiento de los locales que funcionaban en el
predio, cuya mensualidad fue promediada con la ganancia neta que
era percibida por estos.
Indicó, respecto de los montos reclamados con ocasión de la decisión
de los arrendatarios de finalizar de forma anticipada los referidos
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contratos, que “[…] la administración solo se obliga respecto de los
menoscabos provocados, con ocasión a la actuación desplegada y no
respecto de acciones que se encuentren por fuera de procedimiento
adelantado por tal entidad. […]”.
En relación con la transgresión de los lineamientos que rigen la figura
de la lesión enorme manifestó que la misma no se configura, toda
vez que no vislumbra que las sumas reconocidas como indemnización
hayan sido menor a las que arrojaron los estudios del mercado
inmobiliario, desarrollados a lo largo de la actuación administrativa,
además de que dichas sumas se sustentaron en la revisión técnica y
física del inmueble, como en una evaluación de los perjuicios netos.
Y frente al enriquecimiento sin justa causa a favor de la ERU, señaló
que no se configuraba dado que el precio indemnizatorio no podía
ser efectuado con sustento en aproximaciones futuras, luego de la
realización del proyecto “Estación Central”, además de que no se
evidenció el alegado empobrecimiento de los actores.
Aseveró que la tasación del precio indemnizatorio, en el presente
asunto, se ajustó a la reglamentación urbanística distrital y a la
destinación económica del inmueble, teniendo en cuenta respecto de
cada predio una evaluación del mercado y de los montos adicionales
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a los que había lugar, sin que de tal actuación se evidencie una
vulneración del principio de equilibrio de las cargas públicas.
Concluyó que no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
acusados, toda vez que se comprobó que la demandada basó su
actividad en las facultades legales otorgadas por las leyes 9ª y 388.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
que, como consecuencia de ello, se declare la nulidad de los actos
acusados14. Para el efecto, fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló que el a quo incurrió en un defecto fáctico por realizar una
indebida valoración de las pruebas, en cuanto no hizo un análisis
integral de las pruebas presentadas por la parte actora.
Indicó que los avalúos presentados por el IGAC para determinar el
justiprecio indemnizatorio a que tenía derecho la parte actora,
desconocieron lo dispuesto en el artículo 10° de la Resolución 620 de
2008, por cuanto: (i) en la utilización del método de mercado no
14
Folios 787 a 860 del C.2.
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mencionan como obtuvieron la información, las fuentes consultadas
y la fecha de publicación, ni las características de los inmuebles
objeto de comparación; no tuvieron un estudio soporte; (ii) no es
clara la metodología utilizada para realizar la tasación de la
indemnización debido a que para determinar el valor del terreno y
de los predios en propiedad horizontal se tomaron los datos del
estudio realizado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital,
es decir, valores dados por la misma administración distrital; y (iii)
no aparecen discriminados los valores correspondientes a las zonas
comunes y terreno, de conformidad con el coeficiente de copropiedad
de cada inmueble.
Anotó que el fallador de primera instancia, al señalar que el IGAC es
la autoridad idónea para la realización de un avalúo de un bien que
se apropia por motivos de utilidad pública, desconoció que hay otras
entidades y/o personas, diferentes al IGAC, que pueden realizar la
actividad valuada.
Asimismo, alegó que el avalúo presentado por la sociedad AVALÚOS
Y CONSULTORÍA S.A. cumplió con las previsiones del artículo 10° de
la Resolución 620 de 2008, toda vez que: (i) identificó los once (11)
inmuebles con sus respectivas direcciones, área de cada inmueble,
valor estimado por metro cuadrado y operación matemática realizada
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entre el valor por metro cuadrado y área total de cada uno de los
inmuebles; (ii) valoró de manera independiente el valor de cada uno
de los bienes que componen la copropiedad; (iii) identificó una
valoración independiente del valor del terreno y de la construcción;
y (iv) las encuestas fueron utilizadas como medio de apoyo, sin que
hayan sido determinantes para fijar el valor por metro cuadrado en
cada uno de los inmuebles objeto de expropiación.
Que el Tribunal no debió desestimar dicho avalúo, pues si bien es
cierto que este fue elaborado en septiembre de 2010, con
posterioridad a los avalúos realizados por el IGAC, no había
transcurrido más de un año desde la elaboración de esos avalúos
oficiales, ni se había agotado la vía gubernativa, por lo que se tiene
que los avalúos del IGAC estaban vigentes para el momento en que
fue practicado el avalúo allegado por la parte demandante, razón por
la cual no se presenta una ruptura de contenido, como lo sostuvo el
a quo.
Afirmó que tanto los avalúos practicados por el IGAC, como el avalúo
presentado por los actores, tenían la connotación procesal de un
informe técnico y no de una prueba pericial; y que al existir
contradicción entre los valores arrojados por esos informes técnicos,
el Tribunal debió decretar de oficio un peritaje judicial, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 10° de la Ley 446 de 7 de
julio de 199815.
Expresó que la sentencia apelada no valoró la prueba decretada
mediante auto de 18 de septiembre de 2012, consistente en la copia
auténtica del informe técnico de avalúo practicado por el IGAC dentro
del proceso de adquisición el inmueble denominado BOLÍVAR BOLO,
la cual resultaba idónea para demostrar que el avalúo realizado por
el IGAC desconoció el valor real del mercado establecido por este tipo
de inmuebles.
Manifestó que el avalúo realizado por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cundinamarca, como prueba anticipada, debió ser
tenido en cuenta al momento de dictarse fallo, por cuanto: (i)
identificó las características del inmueble en el formato de avalúo
aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura para tal fin; (ii)
señaló que utilizó el método de Comparación y determinó el valor por
metro cuadrado en la zona de acuerdo con las condiciones del
mercado; (iii) utilizó información verificable; (iv) cumplió con valorar
tanto el terreno como la construcción; y (v) goza de una presunción
15
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
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de legalidad, por haber sido la misma Justicia la que encargó al
Auxiliar de Justicia para constituir la referida prueba.
Que la citada prueba es conducente para demostrar que existe una
diferencia importante con los valores señalados en los avalúos el
IGAC en el proceso de expropiación administrativa, por lo que la
misma, junto con el avalúo presentado por la sociedad AVALÚOS Y
CONSULTORÍAS S.A.S., llevan a concluir que los avalúos oficiales del
IGAC adolecen de un error grave en la estimación del precio de los
inmuebles objeto de expropiación.
Argumentó que el a quo no efectuó en debida forma la tasación del
lucro cesante y el daño emergente, por cuanto condicionó el pago de
los costos de traslados, desconexión y cancelación de los servicios
públicos, así como los gastos notariales y de publicidad en que
incurrieron los demandantes dentro del proceso de expropiación, a
la aceptación de las ofertas dentro de un proceso de enajenación
voluntaria, lo cual contrarió el principio de la reparación plena y justa
de los afectados del proceso de expropiación.
Manifestó que el Tribunal no realizó un análisis sobre el
reconocimiento del lucro cesante y el daño emergente, pues la
tasación citada por la entidad demandada en los actos acusados no
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da cuenta de manera puntual y concreta de donde salieron los
valores estimados, no obstante haberse aportado los
correspondientes contratos de arrendamiento que ponen de presente
el lucro cesante.
Señaló que la tasación del lucro cesante no reflejó los montos de los
cánones de arrendamiento que se desprenden de los contratos, los
cuales debían ser reconocidos hasta por un término máximo de seis
(6) meses contados a partir de la publicación de la resolución que
ordena la expropiación administrativa, de conformidad con lo
previsto en el artículo 21 del Decreto 1420, por lo que la valoración
de las compensaciones de la renta ha debido hacerse de conformidad
con la información aportada al proceso.
Finalmente, indicó que no era necesario demandar la Resolución
núm. 312 de 17 de noviembre de 2010, toda vez que si bien modificó
la Resolución núm. 204 de 12 de agosto de 2010, esta
modificación se circunscribió a la forma de pago de la indemnización
establecida por la ERU en el proceso de expropiación administrativa
adelantado, que no guarda relación alguna con el objeto de la litis,
esto es, la cuantía indemnizatoria establecida por la mencionada
entidad demandada en el proceso expropiatorio. Por tal razón, no se
presenta ineptitud de la demanda.
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IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la parte actora, mediante escrito visible a folios 57 a
66 y 71 a 72 del cuaderno apelaciones, reiteró los mismos
argumentos esgrimidos en la demanda y en la sustentación del
recurso de apelación.
IV.2- Por su parte, la ERU 16 , reiteró, en síntesis, los mismos
argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual
adujo que el precio indemnizatorio que se le pagó a los actores está
conforme a la ley, debidamente soportado en los avalúos realizados
por el IGAC, los cuales se encuentran ajustados a la metodología del
Decreto 1420 y la Resolución núm. 620 de 2008.
IV.3- TRANSMILENIO S.A. 17 , también reiteró los mismos
argumentos expuestos en la contestación de la demanda e indicó que
la sentencia apelada sustentó los motivos que llevaron a desestimar
los avalúos realizados fuera del procedimiento de expropiación
administrativa, consistentes en el desconocimiento de las
16
Folios 43 a 56 del C. Apelaciones.
17
Folios 67 a 70 del C. de Apelaciones.
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características esenciales de los inmuebles y que no desvirtuaron el
avalúo oficial.
IV.4- El Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.
Por último, cabe resaltar que a través de escrito de 10 de noviembre
de 202318, el Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES manifestó impedimento para conocer del presente
asunto, el cual le fue aceptado por la Sala mediante auto de 7 de
marzo de 202419, por lo que, en consecuencia, se ordenó separarlo
del conocimiento del mismo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción
de ineptitud de demanda, declarada, de oficio, parcialmente probada
por el Tribunal, respecto de la Resolución núm. 204 de 12 de
agosto de 2010, acusada, por no haberse demandando la
Resolución núm. 312 de 17 de noviembre de 2010, “Por la cual se
18
Índice 64 de SAMAI.
19
Índice 69 de SAMAI.
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modifica la Resolución 204 del 12 de agosto de 2010, por la cual se
ordenó una expropiación por vía administrativa”, al estimar que dicho
acto incluyó una serie de decisiones adicionales relacionadas con el
pago del precio indemnizatorio, con ocasión al proceso de
expropiación debatido, y constituye una unidad inescindible, por lo
que también debió ser demandada, ya que el fallo que se adopte
tendría un alcance legal frente a su contenido.
Al respecto, el apelante indicó que no era necesario demandar la
Resolución núm. 312 del 17 de noviembre de 2010, toda vez que si
bien modificó la Resolución núm. 204 de 12 de agosto de 2010,
esta modificación se circunscribió a la forma de pago de la
indemnización establecida por la ERU en el proceso de expropiación
administrativa adelantado, que no guarda relación alguna con el
objeto de la litis, esto es, la cuantía indemnizatoria establecida por
la mencionada entidad demandada en el proceso expropiatorio.
Para resolver lo anterior, es del caso traer a colación lo dispuesto en
el artículo primero de la Resolución núm. 312 de 17 de noviembre de
201020, “Por la cual se modifica la Resolución 204 del 12 de agosto
de 2010, por la cual se ordenó una expropiación por vía
20
Folios 293 a 294 del C. Anexo núm. 7.
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administrativa”, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero
de la resolución 204 del 12 de agosto de 2010, el cual
quedara así:
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA, tramitará la solicitud de pago ante la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-
TRANSMILENIO S.A. quien en su calidad de PAGADOR- se
obliga a cancelar el precio indemnizatorio en los términos
establecidos el numeral segundo del artículo 70 de la Ley 388
de 1997, así: Un cien por ciento (100%) del valor del precio
indemnizatorio, o sea la cantidad de CINCUENTA MILLONES
TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($50.032.044), de la siguiente manera: 1) La
suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTES CUARENTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($19.597.448), directamente a la
Corporación Fondo de Empleados para Vivienda del Instituto
de Seguros Sociales y demás Entidades de la Seguridad
Social- Covics con NIT. 860048537-0, atendiendo el
gravamen hipotecario registrado y 2) La suma de TREINTA
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE
($30.434.596) será puesta a disposición de la señora NANCY
AIDÉE MARTÍNEZ DE VÁSQUEZ, identificada con la cédula
31.251.801 de Cali (Valle). Por parte de la EMPERSA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO- TRANSMILENIO, una
vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si una vez puesto a disposición
por parte de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO- TRANSMILENIO S.A. dicho valor no es retirado
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, éste se
consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 70
de la Ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose
que de esta manera queda formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se tendrá el tratamiento tributario establecido
en la ley para los bienes inmuebles adquiridos mediante el
proceso de expropiación administrativa por motivos de
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utilidad pública e interés social.
PARÁGRAFO TERCERO.- A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el presente artículo se comunicará la presente
resolución a la Corporación Fondo de Empleados para
Vivienda del Instituto de Seguros Sociales y demás Entidades
de la Seguridad Social- Covics. […]”.
De conformidad con lo antes transcrito, se observa que si bien es
cierto que la Resolución núm. 312 de 17 de noviembre de 2010
modificó la Resolución núm. 204 de 12 de agosto de 2010,
acusada, también lo es que dicha modificación se circunscribió a
señalar la forma como se realizaría el pago de la indemnización, esto
es, la manera como se pagaría el precio indemnizatorio y se
distribuiría su pago, pero en manera alguna definió un precio
indemnizatorio nuevo o decidió sobre una situación jurídica que
podría tener un alcance legal frente al fallo objeto de apelación.
Por ende, acertó el apelante al aducir que no era necesario demandar
la Resolución núm. 312 de 17 de noviembre de 2010, razón por la
que se revocará el ordinal primero de la sentencia apelada, que
declaró probada la excepción de inepta demanda y así se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el presente asunto se
contrae a establecer la legalidad de las resoluciones núms. 198,
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199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 208 de 12 de
agosto de 2010 y núms. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258 y 259 de 22 de septiembre de 2010, expedidas
por la ERU, mediante las cuales, respectivamente, ordenó la
expropiación administrativa de los inmuebles identificados con las
matrículas inmobiliarias núms. 50C-513471, 50C-513472, 50C-
513473, 50C-513474, 50C-513475, 50C-513476, 50C-513477, 50C-
50C-513478, 50C-513479, 50C-513480 y 50C-513481, que forman
parte del Edificio Paola, ubicado en la Avenida Caracas núm. 25A
10/12/16, con dirección secundaria Calle 25 A Núm. 13A- 86, 94, de
la ciudad de Bogotá, para lo cual fijó un precio indemnizatorio de
$775.049.500; y resolvió los recursos de reposición interpuestos
contra las anteriores resoluciones, en el sentido de confirmar las
decisiones recurridas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó las
pretensiones de la demanda, por considerar que la parte actora no
desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, debido a
que no demostraron las incorrecciones de los avalúos oficiales
realizados por el IGAC, que sirvieron de sustento para la fijación del
precio indemnizatorio que estableció la ERU en las resoluciones
acusadas.
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Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron recurso
de apelación argumentando que el a quo realizó una indebida
valoración de pruebas, por cuanto los avalúos presentados por el
IGAC para determinar el justiprecio indemnizatorio a que tenía
derecho la parte actora, desconocieron lo dispuesto en el artículo 10°
de la Resolución 620 de 2008; que el avalúo presentado por la
sociedad AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S. y el realizado por el
Juzgado Quinto Administrativo de Cundinamarca son conducentes
para demostrar que existe una diferencia importante con los valores
señalados en los avalúos oficiales del IGAC y llevan a concluir que los
avalúos oficiales adolecen de un error grave en la estimación del
precio de los inmuebles objeto de expropiación; que tanto los avalúos
practicados por el IGAC como el avalúo presentado por los actores,
tenían la connotación procesal de un informe técnico y no de una
prueba pericial; que al existir contradicción entre los valores
arrojados por esos informes técnicos, el a quo estaba en la obligación
de decretar de oficio un dictamen pericial; y que el Tribunal no
efectuó en debida forma la tasación del lucro cesante y el daño
emergente.
Así las cosas y para un mejor entendimiento del asunto a resolver, la
Sala trae a colación los criterios expuestos por esta Sección en
relación con la acción especial contencioso administrativa de nulidad
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y restablecimiento del derecho que procede contra la decisión de
expropiación por vía administrativa. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas
y las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 21 (Destacado fuera del texto).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
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-DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE AVALÚOS
REALIZADOS POR EL IGAC
En orden a resolver, la Sala destaca que el Decreto 1420 de 1998,
que contiene las normas, procedimientos, parámetros y criterios para
la elaboración y controversia de los avalúos, dispone en su artículo
25 que para la elaboración de los avalúos comerciales de inmuebles
que se requieran con fundamento en las Leyes 9ª de 1989 y 388, se
deberá aplicar el método de comparación o de mercado, el de renta
o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual
o, si el caso lo amerita, varios de ellos.
Por su parte, la Resolución núm. 620 de 2008 del IGAC define y
precisa el alcance de cada uno de los métodos referidos y su forma
de aplicación, y señala las etapas, procedimientos y normas
metodológicas para la realización y presentación de los avalúos de
que trata el referido Decreto 1420.
Ahora, como se anotó en párrafos anteriores, la parte apelante
consideró que el avalúo realizado por el IGAC desconoció los criterios
señalados en el artículo 10° de la citada Resolución núm. 620 de
2008, que señala:
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“[…] ARTÍCULO 10º.- Método de Comparación o de
mercado. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que
en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad
horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis […]”.
Esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo acusado, que decretó la
expropiación, este se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y certeza, que se predica de las decisiones definitivas de
la Administración, y debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este caso,
a los demandantes, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones. Sobre el
particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
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que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”22.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección23 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” 24 (Destacado fuera de
texto).
22
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
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Aclarado lo anterior, la Sala precisa que la parte actora en el recurso
de apelación manifestó que los avalúos presentados por el IGAC para
determinar el justiprecio indemnizatorio a que tenían derecho,
desconocieron lo dispuesto en el artículo 10° de la Resolución 620 de
2008, por cuanto: (i) en la utilización del método de mercado no
mencionan como obtuvieron la información, las fuentes consultadas
y la fecha de publicación, ni las características de los inmuebles
objeto de comparación; no tuvieron un estudio soporte; (ii) no es
clara la metodología utilizada para realizar la tasación de la
indemnización, debido a que para determinar el valor del terreno y
de los predios en propiedad horizontal se tomaron los datos del
estudio realizado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital,
es decir, valores dados por la misma administración distrital; y (iii)
no aparecen discriminados los valores correspondientes a las zonas
comunes y terreno, de conformidad con el coeficiente de copropiedad
de cada inmueble.
Cabe señalar, en cuanto al primer reproche, que contrario a lo
afirmado por los actores, el avalúo del IGAC de 10 de diciembre de
200925 fue allegado al momento de la contestación de la demanda,
por la ERU, de forma completa, con los estudios y fotografías soporte
25
Este informe está compuesto por los informes de los 11 inmuebles que conforman el Edificio Paola.
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y obra en el C. Anexo núm. 4; y que al señalar que utilizó el método
de comparación o de mercado, sí informó las fuentes de donde
obtuvo la información, así como las características de los inmuebles
objeto de comparación.
En dicho avalúo se observa que para establecer el valor comercial del
Edificio Paola, conformado por 11 inmuebles, entre apartamentos y
locales comerciales, el IGAC determinó el valor en relación con cada
inmueble integrante del edificio, mediante informes de avalúos de la
misma fecha, con los siguientes núms. de radicación y con base en
la siguiente información:
Radicado RT Matricula Dirección Área Valor
Inmobiliaria
8002009EE10909-926 35550 50C-513471 AK 14 No. 25 A-16 62,06 M2 $71.059.000
LC
8002009EE10909-1027 35551 50C-513472 AK 14 No. 25 A 12 62 M2 $69.197.500
LC
8002009EE10909-1128 35552 50C-513474 CL 25 A No. 13 A 66,45 M2 $65.332.500
86 LC
8002009EE10909-1229 35553 50C-513473 AK 14 No. 25 A 10 81,78 M2 $79.287.000
LC
8002009EE10909-1330 35554 50C-513475 CL 25 A No. 13 A 61,34 M2 $39.871.000
94 LC 201
8002009EE10909-1431 35555 50C-513476 CL 25 A No. 13 A 166,07 M2 $96.320.600
94 AP 301
8002009EE10909-1532 35556 50C-513477 CL 25 A No. 13 A 80,95 M2 $48.570.000
94 AP 302
8002009EE10909-1633 35557 50C-513478 CL 25 A No. 13 A 166,07 M2 $99.642.000
94 AP 401
8002009EE10909-1734 35558 50C-513479 CL 25 A No. 13 A 80,95 M2 $50.189.000
94 AP 402
26
Folios 241 a 244 del C. Anexo 4.
27
Folios 245 a 248 del C. Anexo 4.
28
Folios 249 a 252 del C. Anexo 4.
29
Folios 253 a 256 del C. Anexo 4.
30
Folios 257 a 260 del C. Anexo 4.
31
Folios 261 a 263 del C. Anexo 4.
32
Folios 265 a 268 del C. Anexo 4.
33
Folios 269 a 272 del C. Anexo 4.
34
Folios 273 a 276 del C. Anexo 4
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8002009EE10909-1835 35559 50C-513480 CL 25 A No. 13 A 166,07 M2 $102.963.400
94 AP 501
8002009EE10909-9136 35560 50C-513481 CL 25 A No. 13 A 80,95 M2 $52.617.500
94 AP 502
TOTAL 1.074,69 $775.049.500
Asimismo, se tiene que en el acápite 8, denominado “MÉTODO DE
AVALÚO” del Informe Técnico, se indicó:
“[…] Método de comparación o de mercado: Es la técnica
valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a
partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de
bienes semejantes y comparables al objeto de avalúo. Tales
ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas
e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial. (Ver formato anexo “Estudio de Mercado”)37.
En el citado Anexo “ESTUDIO DE MERCADO”, se relacionaron los 13
predios ubicados sobre la Avenida Caracas entre la avenida calle 13
y la avenida calle 26 en propiedad horizontal, que se tuvieron en
cuenta, en el cual se detallaron las siguientes características: barrio,
tipo de inmueble, dirección, valor del predio, % de negociación, valor
depurado, número de parqueadero, valor unitario parqueaderos,
número de depósitos, valor unitario de depósitos, valor unidad
privada, área privada en M2, valor integral M2, observaciones sobre
los espacios (tales como número de habitaciones y de posos, tipo de
35
Folios 277 a 280 del C. Anexo 4
36
Folios 281 a 284 del C. Anexo 4.
37
Folio 214 del C. Anexo 4.
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zonas, entre otros), nombres y teléfonos de las fuentes de
información38.
En el acápite 10 de “CONSIDERACIONES GENERALES” del estudio,
se anotó que: “[…] Para el valor de referencia de terreno y de
predios en propiedad horizontal se tomaron los datos del
estudio realizado por la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital […]”.
Igualmente, se señaló:
“[…] Para la determinación de los valores por metro cuadrado
tanto de terreno como de construcción, el IGAC tuvo en
cuenta aspectos de tipo físico, económico y normativo.
[…]
El valor definido en este estudio corresponde al valor más
probable en un contexto normal del mercado inmobiliario, es
decir donde se presenta interés de compra y venta de un bien
inmueble, sin presiones externas y manteniendo las
condiciones típicas de transacciones comerciales por cada
una de las partes interesadas.
Otras de las consideraciones especiales a tener en cuenta
para justificar el valor metro cuadrado de terreno más bajo
en los predios con frente a la Avenida Caracas que los predios
ubicados al interior del sector son:
Sobre el eje de la Avenida Caracas funciona el servicio de
Transmilenio, el cual aumenta la velocidad del flujo vehicular
en la zona, los paraderos (Calle 22 y Calle 26) se encuentran
distantes del sector de investigación.
La falta de parqueos sobre el eje de la Avenida Caracas y la
limitación de dos carriles para vehículos hace que no sea
posible detenerse sobre esta ruta.
38
Folio 237 del C. Anexo 4.
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La presencia de un gran número de inmuebles abandonados
sobre el eje de La Avenida Caracas señala la pérdida de la
dinámica del mercado inmobiliario en esta zona.
La ausencia de comercio activo sobre el eje de la Avenida
Caracas demuestra que no se desarrolla su máximo
potencial.
Al interior del sector aún existen usos definidos de residencia
y comercia los cuales funcionan permanentemente a
diferencia de los predios ubicados sobre la Avenida Caracas
la cual no muestra ninguna actividad ni residencial ni
comercial en su gran mayoría.
Al ser un sector afectado con un vacío normativo, limita el
interés de los constructores o de los propietarios de
remodelar o construir en esta zona, lo cual hace perder
interés sobre cualquier potencial comprador.
[…]
Los valores de terreno y construcción consignados en
este estudio son acordes a parámetros y metodologías
establecidas en el Decreto 1420 de 1998. Se encuentra
acompañado de un estudio general por el cual se da
respuesta a la solicitud 8002009 ER 10909 1 al 52 al
58 del 17 de noviembre de 2009 y 8002009 ER 10975
53 y 54 del 18 de noviembre de 2009 de la Empresa de
Renovación Urbana. […]”39 (Destacado fuera de texto).
En el acápite 11 del referido Informe se dejó constancia que se
estableció el valor comercial del bien a partir del estudio de 29
ofertas de inmuebles en el sector, que se refieren a: lotes, casas y
edificios desarrollados por procesos urbanísticos o autoconstrucción,
respecto de predios ubicados en: (i) la parte interna del barrio la
Alameda; (ii) zona comercial del barrio la Alameda; (iii) sobre la
Avenida Caracas; (iv) apartamentos ubicados en el barrio la
39
Folios 217 a 218 del C. Anexo 4.
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Alameda; (v) local comercial en el barrio Alameda; (v) mercado de
lotes en sectores de interés cultural o con tratamientos de renovación
urbana; (vi) mercado de lotes en arriendo para parqueadero tanto al
interior como sobre el eje de la Avenida Calle 26.40
En el acápite 11.3 de “VALORES ADOPTADOS” del informe, se indicó:
“[…] Después de realizar los ejercicios de comparación de
mercados, se establecieron por metro cuadrado de terreno
teniendo en cuenta las condiciones específicas del inmueble
[…]
Aplicando el método comparativo basado en la oferta de
inmuebles comparables en el sector, se obtuvo un valor por
metro cuadrado de $350.0000,oo asignado a los lotes con
frente a la Avenida Caracas.
Del mismo modo para los inmuebles ubicados al interior del
sector de La Alameda se investigó y se adoptó un valor por
metro cuadrado de terreno para los predios tipo de
$450.000,oo, para los predios esquineros se adoptó
$480.000,oo al igual que para los predios con áreas de
terreno de menor magnitud (< de 80m2). Para los predios
con áreas de menor magnitud, esquineros se les asignó un
valor comercial de $500.000.oo por metro cuadrado de
terreno. […]”.41
Lo anterior pone de presente que el IGAC se basó a partir del estudio
de las ofertas de bienes comparables al inmueble objeto de avalúo;
que dichas ofertas fueron clasificadas, analizadas e interpretadas
para llegar a la estimación del valor comercial; y que tuvo como
referencia terrenos y predios en propiedad horizontal, así como datos
40
Folios 219 a 226 del C. Anexo 4.
41
Folios 228 a 229 del C. Anexo 4.
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del estudio realizado por la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital para establecer el valor más probable en el mercado
inmobiliario, razón por la cual la Sala destaca que en el informe oficial
del IGAC sí se cumplió con lo previsto en el artículo 10° de la
Resolución núm. 620 de 2008.
No obstante lo anterior, debe puntualizarse que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en
cuenta para hacer la comparación o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes; y que por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
este, conforme lo sostuvo la Sala en la sentencia de 19 de abril de
202142, en la que, al efecto, discurrió:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá
de controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja
Inmobiliaria de Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición
de los actos demandados, presentan características
generales correspondientes a cualquier avalúo; razón por la
cual no le asiste razón al accionante cuando indica que el a
quo no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos
no controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se
pueda determinar que el avalúo comercial realizado por la
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.
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Lonja Inmobiliaria de Bogotá es errado y no se encuentra
ajustado a las normas sobre avalúos., valga decir, no
desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo
de Estado ha indicado que se presume la legalidad del
acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun
cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los
valores correspondientes, por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar
los errores de este. En este contexto, esta Sección,
mediante sentencia proferida el 6 de febrero de 2020, expuso
lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto
administrativo mediante el cual se dispone la expropiación,
se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por
ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE
MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por
comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y
aunque se asegura que “Se han consultado las
estadísticas y avalúos recientes y la de varios
miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es
que en ninguno de los apartes de dicho documento ni
en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente
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las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes
que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección […].” (la Sala destaca) […]”
43 44
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto).
Ahora, en lo que respecta al argumento del apelante de que no es
clara la metodología utilizada para realizar la tasación de la
indemnización, debido a que para determinar el valor de referencia
de terreno y de predios en propiedad horizontal se tomaron los datos
43
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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del estudio realizado por la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital, es decir, valores dados por la misma administración
distrital, la Sala pone de presente que pese a que dicho argumento
no fue alegado en la demanda y no pudo ser objeto de contradicción
por la parte demandada, no impide señalar que en atención a que
dicha entidad es la que tiene la función de responder por la
recopilación e integración de la información georreferenciada de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico,
jurídico y económico, para con ello contribuir a la planeación
económica, social y territorial del Distrito Capital, en virtud de lo
previsto en el artículo 63 del Acuerdo 257 de 30 de noviembre de
2006 45 , expedido por el Concejo de Bogotá, el IGAC bien podía
fundamentarse en los datos suministrados por esa Unidad.
Y en cuanto a los valores correspondientes a las zonas comunes y
terreno, de conformidad con el coeficiente de copropiedad de cada
inmueble, cuestionados por el apelante, por cuanto los mismos no
aparecen discriminados en el avalúo oficial del IGAC, cabe mencionar
que en los casos de predios sometidos a propiedad horizontal, como
lo es el inmueble objeto de estudio46, el avalúo debe realizarse sobre
45
“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.”
46
Así se evidencia en la escritura pública núm. 3140 de 6 de julio de 1979 de la Notaría Sexta de Bogotá
(Folios 289 a 308 C.1), y en el Informe Técnico del IGAC (Folio 202 del C.1)
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el área privada de cada inmueble, tomando en cuenta los derechos
derivados de los coeficientes de copropiedad, esto es, el porcentaje
que le corresponde a cada unidad predial sobre las zonas comunes
que componen la copropiedad, como lo establece el artículo 21,
numeral 3, del Decreto 1420, en concordancia con los artículos 10°
y 18 de la Resolución núm. 620 de 2008, que son del siguiente tenor:
-Decreto 1420
“[…] ARTÍCULO 21.- Los siguientes parámetros se tendrán
en cuenta en la determinación del valor comercial:
[…]
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas
privadas, teniendo en cuenta los derechos
provenientes de los coeficientes de copropiedad.
[…]”.
-Resolución núm. 620 de 2008
“[…] ARTÍCULO 10º.- Método de Comparación o de
mercado. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que
en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de
propiedad horizontal se debe presentar el valor por
metro cuadrado de área privada de construcción. […]”.
ARTÍCULO 18.- Avalúos de bienes sometidos al
régimen de Propiedad Horizontal. El avalúo se
practicará únicamente para las áreas privadas que
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legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos
provenientes de los coeficientes de copropiedad. En los
bienes que están sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del régimen de propiedad con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan
establecido como área privada.
2. La conformidad de las áreas existentes con las
establecidas en el régimen de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es
necesario establecer si tienen restricciones tales como
servidumbres, o se refieren a bienes comunes de uso
exclusivo, que aun cuando influyen en el avalúo, no se les
debe asignar valor independiente.
4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas
de derecho privado, lo que restringe su comercialización
independiente y esto influye en su valor comercial, así estos
sean de uso exclusivo. […]” (Destacado fuera de texto).
En consecuencia, en los avalúos de los predios sometidos a propiedad
horizontal cuando se determina el área privada se tienen en cuenta
las zonas comunes, tomando en consideración los derechos
derivados de los coeficientes de copropiedad, por lo cual no es posible
realizar una valoración independiente de las zonas comunes.
De ahí que cuando el IGAC realizó el informe técnico de cada uno de
los 11 inmuebles que conforman el Edificio Paola, determinó el valor
por metro cuadrado del área privada de construcción de cada una de
las unidades prediales que componen dicho edificio, de acuerdo con
el coeficiente de copropiedad, indicado en la escritura pública núm.
3140 de 6 de julio de 1979 de la Notaría Sexta de Bogotá, conforme
lo estableció en el acápite 6. CARACTERÍSTICAS DE LA
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CONSTRUCCIÓN, de cada uno de los informes de avalúos de los
inmuebles, que conforman el mencionado edificio, así:
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513471
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 62,06 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513472
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 62 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513473
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 81,78 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513474
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 66,45 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513475
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
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[…]
Uso Área
Área privada 61,34 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513476
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 166,07 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513477
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 80,95 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513478
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 166,07 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513479
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 80,95 […]”.
-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513480
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 166,07 […]”.
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-INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NÚM. 50C-513481
“[…] 6. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PROPIEDAD HORIZONTAL
[…]
Uso Área
Área privada 80,95 […]”.
Por consiguiente, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
-DE LOS AVALÚOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
Con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, la parte actora junto con la
demanda allegó: i) avalúo del bien inmueble expropiado, realizado el
28 de septiembre de 2010 por la sociedad AVALÚOS Y
CONSULTORÍAS S.A.S.47; y ii) un dictamen pericial elaborado por el
señor PABLO ENRIQUE BELTRÁN GONZÁLEZ el 22 de noviembre de
2010 como prueba anticipada por el Juzgado Quinto Administrativo
de Cundinamarca48, en el cual también se llevó a cabo un avalúo del
predio que pertenecía a los demandantes.
-Del AVALÚO REALIZADO POR LA SOCIEDAD AVALÚOS Y
CONSULTORÍAS S.A.S. el 28 de septiembre de 2010, que arrojó un
valor total de $1.560.313.800, se destaca lo siguiente:
47
Folios 28 a 71 del C. 1.
48
Folios 121 a 130 del C. 1.
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Al respecto, se observa que dicho avalúo identificó: los once (11)
inmuebles que conforman el Edificio Paola con sus respectivas
direcciones, propietarios y matrículas inmobiliarias, en el acápite
denominado 2.1. PROPIETARIOS Y MATRÍCULAS INMOBILIARIAS49;
el área privada de cada uno de los inmuebles, en el acápite 4.6
DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES50, como lo establece el artículo
21, numeral 3, del Decreto 1420, en concordancia con los artículos
10° y 18 de la Resolución núm. 620 de 2008; el área por metro
cuadrado, el valor estimado por metro cuadrado de cada uno de los
inmuebles y el valor total correspondiente entre el valor por metro
cuadrado y área total de cada uno de los inmuebles, en el acápite 9.
AVALÚOS FINALES.
Asimismo, que para aplicar el método de comparación o de mercado
se basó en 5 ofertas de inmuebles, como se aprecia en el acápite 7.
FUENTES CONSULTADAS, y que realizó encuestas como apoyo al
proceso valuatorio, conforme lo indica el artículo 9º51 de la Resolución
núm. 620 de 2008.
49
Folio 31 del C.1.
50
Folios 41 a 51 del C.1.
51
“[…] Artículo 9º.- Consulta a expertos avaluadores o encuestas. Cuando para la realización del
avalúo se acuda a encuestas, es necesario tener en cuenta que éstas son un apoyo al proceso valuatorio,
pero no son en sí los determinantes del avalúo. En este sentido, es necesario que el perito haya
realizado previamente la visita al terreno para conocer la clase de bien que avalúa.[…]”.
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70
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Sin embargo, para la Sala no existió claridad sobre la forma como se
obtuvieron los valores en el referido avalúo, en tanto si bien hizo
referencia a la información antes indicada, también lo es que no
explicó el origen y el proceso lógico que llevó a determinar el valor
total de $1.560.313.800.
Y si bien es cierto que cuando fue practicado el referido avalúo por la
sociedad AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S., el avalúo oficial
realizado por el IGAC se encontraba aún vigente, como lo adujo el
apelante, también lo es que el valor de los inmuebles, que conforman
el Edificio Paola, fue determinado por la sociedad en mención en
septiembre de 2010 con valores de ese año, a pesar de que debieron
calcularse con respecto al año 2009, cuando se llevó a cabo la
expropiación administrativa, lo cual impide su comparación con el
avalúo oficial con el fin de establecer si se ajusta o no al valor real
del inmueble, dadas las dinámicas del mercado inmobiliario52.
Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por la
mencionada sociedad está desprovisto de la suficiente
fundamentación fáctica y probatoria que permita corroborar la
52
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).
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corrección y certeza de sus dichos, esto es, que respalde los valores
señalados en el mismo para obtener el valor del inmueble, objeto de
expropiación, en tanto no explicó el origen y proceso lógico que llevó
a establecer los valores allí establecidos, pues, conforme se indicó
anteriormente, tuvo en cuenta valores que no correspondían al año
cuando se llevó a cabo la expropiación administrativa y no existió
claridad en cuanto a la forma como se obtuvieron los valores
señalados en el mismo.
Además, de que tampoco da cuenta de las razones de orden fáctico y
probatorio que permitan descartar los valores de los precios
indemnizatorios del bien expropiado, establecido en el avalúo oficial
realizado por el IGAC y acogido en las resoluciones demandadas.
Esta Sección ha precisado que en estos casos no resulta suficiente la
mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas
de las explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e
intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la exposición
y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro
criterio diferente. Esto, considerando que tanto las partes como la
autoridad judicial no cuentan con los conocimientos especializados
del perito, por lo que se espera que este revele los datos y los hitos
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de su discernimiento, que si bien un entendido en la materia puede
reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles 53.
-En el AVALÚO DEL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA realizado el 22 de noviembre de 2010 como
prueba anticipada54, en el Formato para la Rendición de Dictamen
por Avalúo de Bienes Inmuebles y Mejoras del Consejo Superior de
la Judicatura, por el señor PABLO ENRIQUE BELTRÁN GONZÁLEZ, en
calidad de perito avaluador, con el objeto de rendir experticia
relacionada con el estado del inmueble, valores y demás a que
hubiere lugar, respecto del Edificio Paola, se señaló que el referido
inmueble tenía un área construida de 1.074,69 M2 y de terreno de
377,60 M2; que no se incluyeron los 466 metros de áreas comunes,
en cuanto el perito estimó “que no se justiprecian por ser de uso
público”; y que tenía las siguientes características: topografía plana,
forma rectangular- regular y clima frío.
Asimismo, en el referido avalúo se indicó:
“[…] El estudio se compone de evaluaciones de tipo objetivo
y medible, además de subjetivos del avaluador, basados en
la experiencia, en el conocimiento del mercado,
reconocimiento del inmueble, y en las diferentes perspectivas
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2005-
03509-01. Criterio reiterado en sentencia de 7 de marzo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de
radicación 15001233100020060143302).
54
Folios 121 a 130 del C. 1.
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del caso, teniendo en cuenta la ubicación del predio y el valor
del metro cuadrado en predios aledaños y/o de similares
características, ya que se trata de un avalúo comercial. […]”
55
.
Y se anotó que el valor del terreno fue calculado con base en 4 datos
de oferta de inmuebles (solo lotes), sin indicar la fuente de
información y promediando simplemente los valores y ajustándolos
con una desviación estándar, así56:
55
Folio 121 del C.1.
56 Folios 126 a 127 Ibidem
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Y se estableció que el valor total del terreno y la construcción
correspondía a la suma de $1.865.977.713, de la siguiente manera:
Sobre el particular, la Sala estima que el citado avalúo determinó que
el valor del inmueble es de $1.865.977.71357, pero que no aportó
elementos probatorios que permitan constatar la veracidad de las
cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad que debe existir
entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida
expropiatoria que conduzca a demostrar la corrección del justiprecio
que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente, la
incorrección del avalúo oficial.
Y si bien es cierto que identificó algunas características del inmueble
en el formato de avalúo del Consejo Superior de la Judicatura, hizo
referencia a 4 datos de ofertas de inmuebles (lotes) e identificó el
valor del terreno como de la construcción, también lo es que dicho
avalúo no realizó el estudio a partir de bienes comparables al
57
Folios 121 a 129 del C. 1.
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inmueble objeto de expropiación, esto es, -apartamentos y locales
comerciales-, ni identificó la fuente de la cual obtuvo la información,
ni dio la explicación técnica sobre la forma como fueron calculados
los valores asignados por metro cuadrado de terreno y por metro
cuadrado construido, ni fijó el valor del área privada del inmueble
objeto de expropiación (y de los inmuebles que lo conforman),
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de
copropiedad, conforme lo debía realizar por estar el inmueble
expropiado sometido a propiedad horizontal.
Además de lo anterior, la Sala debe precisar que el hecho de que el
avalúo del Juzgado Quinto en mención haya sido encargado por la
misma Justicia, practicado por un auxiliar de la Justicia y realizado
en un formato del Consejo Superior de la Judicatura, ello no lo reviste
de presunción de legalidad, como lo adujo el apelante, habida cuenta
que el único avalúo que goza de presunción de legalidad es el avalúo
oficial, por medio del cual se determina el precio indemnizatorio,
pues, como se precisó anteriormente, al formar parte del
procedimiento administrativo especial de expropiación administrativa
“el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
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legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración”58.
Así las cosas y después de revisar los avalúos practicados por la
sociedad AVALÚOS Y CONSULTORÍAS S.A.S. en septiembre de 2010
y por el Juzgado Quinto Administrativo de Cundinamarca en
noviembre de ese año, la Sala da cuenta de que estos se limitaron a
señalar de forma autónoma un nuevo y mayor valor comercial para
el bien expropiado, con base en datos vigentes para la época en que
fueron realizados, pero no estuvieron encaminados a desvirtuar el
resultado al que llegó el IGAC en su avalúo de 10 de diciembre de
2009.
Lo anterior, debido a que en estos avalúos no se incluyeron
argumentos que permitieran determinar si el avalúo oficial, que sirvió
de fundamento a las resoluciones acusadas, se realizó de forma
contraria a la ley, o incurrió en yerros que propiciaron un valor de
precio comercial del predio que no se ajustaba a la realidad, ni
mencionan de qué modo éste incurrió en fallas o pasó por alto los
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
00196 01.
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parámetros establecidos en el Decreto 1420 y en la Resolución 620 de
2008.
Adicionalmente, debe señalarse que no es de recibo para esta Sala
que los argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por el IGAC, que fundamentó la expedición de los actos
administrativos acusados, se basen en que los precios determinados
en los avalúos allegados con la demanda son superiores y que
demuestran una diferencia importante con relación al arrojado en el
avalúo oficial, y que ello resulte suficiente para concluir que el avalúo
oficial del IGAC adolece de un error grave en la estimación del precio
de los inmuebles objeto de expropiación, pues la parte demandante
debe convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la indemnización,
para lo cual debe aportar las pruebas para demostrar los errores de
éste.
Sobre el particular, es del caso traer nuevamente a colación la
sentencia de 19 de abril de 202159, en la que la Sala sostuvo que se
presume la legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022-01
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oficial, y que por ello la parte demandante debe aportar las pruebas
para demostrar los errores de este; y que no es de recibo que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo oficial, que
sustentaron la expedición de los actos administrativos acusados,
sean que al ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en
los avalúos contratados por el demandante, resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...]
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección60 […].” (la Sala destaca) […]”61
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de texto).
60
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.
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Ahora, en cuanto al argumento de que tanto el avalúo practicado por
el IGAC como los avalúos presentados por los actores, tenían la
connotación procesal de un informe técnico y no de una prueba
pericial, y que al existir contradicción entre los valores arrojados por
esos informes técnicos el a quo estaba en la obligación de decretar
de oficio un dictamen pericial, cabe mencionar que independiente de
la connotación que tengan, lo cierto es que tanto el dictamen pericial
como el informe técnico se establecieron en el ordenamiento jurídico
para que se diluciden hechos que interesan a un determinado
proceso, debido a que para el esclarecimiento se requieren especiales
conocimientos técnicos, científicos o artísticos, conforme se señaló
en la sentencia de 21 de mayo de 201862, cuando al efecto indicó:
“[…] el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, norma
vigente para la época de los hechos consagraba, lo siguiente:
“La peritación es procedente para verificar hechos que
interesen al proceso y requieran especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
[…]
Por su parte el artículo 243 ídem, establecía todo lo
relacionado con los informes técnicos y los peritajes de las
entidades oficiales, de la siguiente manera:
“Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte,
informes técnicos o científicos sobre avalúos y otros
hechos de interés para el proceso, a los médicos
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en Descongestión,
sentencia de 21 de mayo de 2018, C.P. Carlos Enrique Moreno, núm. único de radicación 50001-23-
31-000-2004-10006-01.
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legistas, a la Policía Judicial, al Instituto Geográfico
“Agustín Codazzi” y en general a las entidades y
dependencias oficiales que dispongan de personal
especializado, y a las que tengan el carácter de consultoras
del Gobierno.
Tales informes deberán ser motivados y rendirse bajo
juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de
la firma, y se pondrán en conocimiento de las partes por
el término de tres días para que puedan pedir que se
complementen y aclaren. […]
Como se observa, tanto el dictamen pericial, como el
informe técnico, se consagraron en el ordenamiento
jurídico para que se diluciden hechos que interesan a
un determinado proceso, debido a que para el
esclarecimiento se requieren especiales
conocimientos técnicos, científicos o artísticos. […]”
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, debe aclararse que el dictamen solo tiene fuerza para
desvirtuar la presunción de legalidad que pesa sobre los avalúos
oficiales y para constituir prueba para el juez con el propósito de
determinar el precio real del inmueble que se expropia, una vez
demuestre que el avalúo oficial incurrió en errores en el cálculo,
conforme lo expresó esta Sección en sentencia de 19 de abril de
202163, cuando sostuvo:
“[…] el dictamen rendido en un proceso judicial es un medio
probatorio que, por sí mismo, no tiene la fuerza para
desvirtuar la presunción de legalidad que pesa sobre el
avalúo oficial del IGAC; pues aquél simplemente constituye
prueba para el juez con el propósito de determinar el precio
real del bien inmueble que se expropia, una vez se haya
demostrado que el avalúo incurrió en errores en el cálculo.
En estos términos lo procedente, antes de acudir al dictamen
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00240-01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022-01
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producido dentro del proceso, era demostrar específicamente
el error en qué incurrió el IGAC, para establecer con base en
tal dictamen el valor a pagar. […]”.
Igualmente, debe precisarse que si bien el juez puede decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento
de la verdad, como lo es un dictamen pericial, ello obedece a una
facultad y no a un deber, puesto que, en primera medida,
corresponde a las partes interesadas en la prueba promover tal
actuación, y, en segunda medida, la carga de desvirtuar el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo que
ordenó la expropiación administrativa recae en la parte demandante,
sin que pueda ser trasladada a la autoridad judicial a cargo de la
dirección o decisión del proceso64.
Ahora, en relación con el argumento de que el fallador de primera
instancia, al señalar que el IGAC es la autoridad idónea para la
realización de un avalúo de un bien que se apropia por motivos de
utilidad pública, desconoció que hay otras entidades y/o personas,
diferentes al IGAC, que pueden realizar la actividad valuada, la Sala
estima que no le asiste razón a la parte actora al respecto, pues
cuando el Tribunal afirmó que el mencionado Instituto es una
64
Ver sentencia de 18 de abril de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 15001-23-31-000-
2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01).
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022-01
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autoridad idónea para realizar el avalúo comercial del inmueble
objeto de expropiación administrativa, en manera alguna desconoció
que otras entidades y/o personas podían realizar esa actividad.
En efecto, se tiene que el a quo en la sentencia apelada señaló lo
siguiente:
“[…] En consecuencia, desestima este Tribunal que la
empresa demandada hubiese hecho uso de un soporte
cuantificable del valor comercial del bien de manera
equivocada, máxime cuando el Instituto Agustín
Codazzi se enmarca como la autoridad idónea para la
realización de un avalúo comercial de un bien que se
apropie por motivos de utilidad pública. […]” (Destacado
fuera de texto).
Lo anterior pone de manifiesto que el fallador de primera instancia
solamente reconoció la idoneidad del IGAC para la realización de un
avalúo comercial de un bien expropiado por motivos de utilidad
pública, pero no desconoció que otras entidades y/o personas podían
realizar esa actividad.
Sobre el particular, la Sala debe aclarar que, ciertamente, el IGAC es
la primera entidad llamada a realizar el avalúo comercial de un
inmueble objeto de expropiación administrativa, o la
preferentemente llamada a determinar el valor comercial de un
inmueble objeto de expropiación. Sin embargo, la determinación de
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ese valor comercial también la puede realizar la entidad que haga
sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado
registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración.
Frente a este punto, ya la Sección Primera se pronunció, en la
referida sentencia de 19 de abril de 202165, de la siguiente manera:
“[…] Sobre este punto, la Sala se permite precisar que,
de conformidad con la Ley 388 de 1997, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi es la primera entidad
llamada a realizar el avalúo comercial del inmueble
objeto de expropiación administrativa. De conformidad
con el artículo 67 de la Ley 388 de 1997, norma vigente en
el momento de practicarse el avalúo, al regularse la
indemnización y forma de pago, se establece que “En el
mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el
cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para
los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley.” El artículo 61 de la norma en comento establece que “El
precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno.” (Se destaca)
En concordancia con lo anterior, el artículo 3º del Decreto
1420 de 1998, “por el cual se reglamentan parcialmente el
artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77,
80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00240-01.
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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00022-01
Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
avalúos”, norma también vigente para el momento en que se
practicó el avalúo, establece que “La determinación del valor
comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de
propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto
de la valoración.” (Se destaca)
En este orden de ideas, el aludido Instituto, por ley, es
preferentemente el llamado a determinar el valor
comercial del inmueble objeto de expropiación el cual
equivale al precio de adquisición; por lo tanto, no es de
recibo la afirmación del recurrente en el sentido que el perito
designado por el IGAC no goza de las garantías de
independencia e imparcialidad, pues es precisamente esa
institución la llamada a determinar el valor comercial
de los inmuebles. […]” (Destacado fuera de texto).
Y respecto al argumento de que el a quo no tuvo en cuenta la prueba
decretada mediante auto de 18 de septiembre de 2012, consistente
en la copia auténtica del informe técnico de avalúo practicado por el
IGAC dentro del proceso de adquisición el inmueble denominado
BOLÍVAR BOLO66, la Sala advierte que es cierto; empero, el análisis
de ese informe de avalúo tampoco demuestra que las conclusiones a
las que se llegó en el avalúo oficial, que sirvió de sustento a los actos
demandados, fueron equivocadas.
Además, cabe mencionar que el apelante simplemente se limitó a
señalar que dicho informe de avalúo resultaba idóneo para demostrar
que el avalúo oficial, en este proceso, desconoció el valor real del del
66
Folios 492 a 525 del C.2.
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mercado establecido para este tipo de inmuebles, sin aducir razones
que permitan constatar la veracidad de las cifras expuestas en el
avalúo elaborado dentro del proceso de adquisición el inmueble
denominado BOLÍVAR BOLO, la necesaria relación de causalidad que
debe existir entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida
expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del justiprecio
del avalúo del inmueble BOLÍVAR BOLO, y que entraña, obviamente,
la incorrección del avalúo oficial, objeto de las resoluciones acusadas.
En los términos que anteceden, la Sala estima que las falencias de
los avalúos allegados por la parte actora con la demanda, que han
quedado evidenciadas, impiden darles plena credibilidad y, por ende,
demuestran que los demandantes no cumplieron con la carga
procesal de probar que el valor comercial del inmueble, calculado en
el avalúo oficial por IGAC, era equivocado e incorrecto, por lo que
debe tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado, el
referido avalúo oficial, que sirve de sustento a las resoluciones
acusadas, sin que el mismo pueda ser objeto de modificación dado
que la parte actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo.
Cabe destacar y reiterar, nuevamente, que esta Sección ha sostenido
que al haber sido incorporado el avalúo comercial al acto
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe tenerse
como válido, creíble y fundamentado, por lo que correspondía a la
parte demandante demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones, conforme
se sostuvo en la citada sentencia de 15 de agosto de 201967, lo cual
no hizo.
En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
-DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE
La parte demandante, en el recurso de apelación argumentó que el a
quo no efectuó en debida forma la tasación del lucro cesante y el
daño emergente, por cuanto se condicionó el pago de los costos de
traslados, desconexión y cancelación de los servicios públicos, así
como los gastos notariales y de publicidad en que incurrieron los
demandantes dentro del proceso de expropiación, a la aceptación de
las ofertas dentro de un proceso de enajenación voluntaria, lo cual
contrarió el principio de la reparación plena y justa de los afectados
del proceso de expropiación.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
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Que, además, la tasación citada por la entidad demandada en los
actos acusados no da cuenta de manera puntual y concreta de donde
salieron los valores estimados, no obstante haberse aportado los
correspondientes contratos de arrendamiento, los cuales debían ser
reconocidos hasta por un término máximo de seis (6) meses
contados a partir de la publicación de la resolución que ordena la
expropiación administrativa, de conformidad con lo previsto en el
artículo 21 del Decreto 1420.
Sobre el particular, debe señalarse que la decisión de expropiación
de un bien del dominio privado conlleva la obligación de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Sin embargo, para poder obtener la reparación de los
daños accesorios que hubieren podido consumarse con la
expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que
exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión
administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
En otras palabras, a la persona afectada con esa decisión de
expropiación, le asiste la carga de probar la existencia de los
perjuicios que reclama, -daño emergente y lucro cesante-, y su nexo
de casualidad con el acto administrativo que ordenó la expropiación.
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Al efecto, es del caso traer a colación la sentencia de 6 de febrero de
202068, en la que esta Sección sostuvo:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que
la decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar
el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la
reparación de los daños accesorios que hubieren
podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que exista
necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente
de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones
de carácter hipotético o contingente no pueden ser objeto de
reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé
lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una
simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una
indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como
ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse
consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su
advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado
como un hecho existente en el plano ontológico o que
aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado
de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino
una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido, en
reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho
de dominio deben ser acreditados en el proceso por
quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001233100019971225601.
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lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han
producido todavía, existe una alta probabilidad en
torno a su ocurrencia. […]” (Destacado fuera de texto).
En el caso bajo examen, se tiene que en el INFORME TASACIÓN
RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES - ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA O INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS- EXPROPIACIÓN69
se señaló, dentro del concepto de daño emergente, respecto de los
gastos correspondientes a la desconexión o cancelación definitiva de
cada servicio público domiciliario, existente en el respectivo
inmueble, así como de los gastos notariales y de registro, lo
siguiente:
“[…] DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS
Corresponde a los gastos correspondientes a la desconexión
o cancelación definitiva de cada servicio público domiciliario,
existente en el respectivo inmueble, en que tendrán que
incurrir los propietarios, para efectos de llevar a cabo la
entrega real y material del bien a la Empresa de Renovación
Urbana, cuando acepten enajenar voluntariamente sus
inmuebles.
[...]
En caso de expropiación los propietarios, estos gastos serán
asumidos por la entidad expropiante, a fin de garantizar que
al momento de entrega del inmueble expropiado, éste se
encuentre libre de contadores y acometidas.
[…]
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
69
Folios 340 a 345 del C. Anexo 4 Contestación demanda.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
Este concepto se reconoce a aquellos propietarios que
enajenen voluntariamente sus inmuebles y
corresponde a los gastos escrituración […].
En la expropiación este concepto no se paga, ya que el
derecho de propiedad se transfiere, en virtud del acto
administrativo que decreta la expropiación expedida por la
ERU y registrado por solicitud de esta entidad
[…]”70(Destacado fuera de texto).
Por su parte, el Tribunal, sobre estos gastos, sostuvo lo siguiente:
“[…] en lo que atañe, al pago del daño emergente por
desconexión de los servicios públicos y gastos
notariales dentro de la actuación se dejó constancia,
que su reconocimiento quedaba supeditado a la
aceptación del proceso de enajenación voluntaria, lo
cual no ocurrió en el presente asunto.
En consecuencia, se desestima lo afirmado por los actores,
en el sentido de que tales conceptos pese a que se
reconocieron inicialmente, posteriormente no fueron
cancelados, por cuanto los mismos no aceptaron las
condiciones para hacer beneficiarios de dichos montos, sin
que ello implique per se una afectación de las garantías que
los asistían. […]” (Destacado fuera de texto).
Ciertamente, dentro de la actuación administrativa, esto es, en las
resoluciones “por medio de las cuales se determinó la adquisición de
un inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa, se
formula una oferta de compra y se realizan unos reconocimientos
económicos”, entre ellas, la Resolución núm. 062 de 24 de marzo de
201071, expedida por la Directora de la ERU, se dejó constancia de
70
Folios 342 y 343 del C. Anexo 4 Contestación demanda.
71
Folio 110 del C. Anexo 2.
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
que el reconocimiento de esos gastos quedaba supeditado a la
aceptación del proceso de enajenación voluntaria, para lo cual
estableció lo siguiente:
“[…] la indemnización de perjuicios en la etapa de
expropiación administrativa comprenderá los gastos y o
pérdidas de ganancias ciertas, que por cuenta de la decisión
expropiatoria deba asumir el titular del derecho de dominio.
Que de igual manera, el deber de los propietarios de los
inmuebles requeridos para la ejecución de proyectos de
utilidad pública e interés social que accedan a la enajenación
voluntaria de sus bienes, es ceder su derecho de dominio a
favor del interés general, sin que deba asumir cargas
diferentes que generen un detrimento en su patrimonio.
Que en aquellos casos en los que se logre acuerdo para
la enajenación voluntaria en desarrollo de la etapa de
negociación, el propietario deberá incurrir en una serie
de gastos y/o pérdidas de ganancias ciertas, derivadas
de la adquisición del inmueble por parte de la entidad
estatal adquiriente.
Que la expropiación administrativa es excepcional, razón por
la cual en el proceso de adquisición de inmuebles se debe
propender por el logro efectivo de la enajenación voluntaria
de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto
de Renovación Urbana, motivo de utilidad pública e interés
social que lo justifica.
Que para efectos de garantizar el cumplimiento del
principio de equilibrio de las cargas públicas de
aquellos propietarios que decidan enajenar
voluntariamente sus inmuebles colaborando de esa
manera con la concreción del motivo de utilidad
pública e interés social; impedir que se les de un
tratamiento discriminatorio con respecto a aquellos
que opten por no enajenar voluntariamente su derecho
de dominio, y enfilar esfuerzos para que la
expropiación mantenga su carácter excepcional, es
necesario realizar un reconocimiento económico a su
favor, con el propósito de resarcir aquellos gastos y/o
pérdidas de ganancias ciertas causadas en el proceso
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de adquisición que adelante la ERU. […]” (Destacado
fuera de texto).
En virtud de lo anteriormente transcrito, para la Sala, el
condicionamiento de que el reconocimiento del pago de esos gastos
quedaba supeditado a quienes enajenaran voluntariamente sus
inmuebles, no contraría el principio de la reparación plena y justa de
los afectados del proceso de expropiación, como lo adujo el apelante,
habida cuenta que lejos de contrariar el indicado principio, dicha
medida lo que pretendía era garantizar el cumplimiento del principio
de equilibrio de cargas públicas de aquellos propietarios que
decidieran enajenar voluntariamente sus inmuebles, colaborando con
la concreción del motivo de utilidad pública e interés social, así como
impedir que se les diera un tratamiento discriminatorio con respecto
a aquellos que optaran por no enajenar voluntariamente su derecho
de dominio, y enfilar esfuerzos para que la expropiación mantenga
su carácter excepcional.
Además de lo anterior, resulta del caso precisar que, en el caso de
expropiación administrativa, el propietario del bien inmueble
expropiado no debe incurrir en ningún gasto por concepto gastos
notariales y de registro, por cuanto el acto administrativo por el cual
se ordena la expropiación tiene como efecto que se transfiera el
derecho de propiedad a la entidad que ha dispuesto la expropiación,
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de acuerdo con lo previsto en el artículo 70, numeral 1 72, de la Ley
388; y los gastos de desconexión de los servicios públicos deben ser
sufragados por la entidad demandada, nuevo propietario del
inmueble expropiado73.
Ahora, en lo que respecta al argumento de que el Tribunal no realizó
un análisis sobre el reconocimiento del lucro cesante y el daño
emergente, pues la tasación citada por la entidad demandada en los
actos acusados no da cuenta de manera puntual y concreta de donde
salieron los valores estimados, no obstante haberse aportado los
correspondientes contratos de arrendamiento que ponen de presente
el lucro cesante, los cuales debían ser reconocidos hasta por un
término máximo de seis (6) meses contados a partir de la publicación
de la resolución que ordena la expropiación administrativa, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 1420, la
Sala considera lo siguiente:
72
“[…] ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISIÓN DE EXPROPIACION POR VIA
ADMINISTRATIVA. Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado
el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a
la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que el
propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este artículo. […]”.
73
Ver sentencia de 27 de junio de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 250002341000 2016
01044 02).
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Para efectos de determinar el valor de la indemnización para cada
uno de los inmuebles que conformaba el Edificio Paola, la entidad
demandada, en el INFORME TASACIÓN RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS ADICIONALES- ENAJENACIÓN VOLUNTARIA O
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS- EXPROPIACIÓN74, indicó que se
realizaron inspecciones en campo con el propósito de verificar las
condiciones reales de los inmuebles, la destinación y usos dados por
los propietarios; y que, de igual manera, se solicitó y obtuvo
información y documentación por parte de los titulares de derecho
real de dominio, “particularmente contratos de arrendamiento y
comprobantes de pago de arriendo de los últimos 3 meses”75, las
cuales permitieron tener claridad sobre las particularidades de los
predios.
Que, como consecuencia de ello, se determinó que los propietarios
de los inmuebles no habitaban ni tenían establecimientos de los que
derivaban utilidades; y que en 10 de los 11 bienes que conformaban
el Edificio Paola tenían contratos de arrendamiento vigentes, en
virtud de los cuales los titulares del derecho de dominio en su calidad
74
Folios 340 a 345 del C. Anexo 4 Contestación demanda.
75
Folio 341 del C. Anexo 4 Contestación demanda.
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de arrendadores percibían una renta mensual, como única actividad
económica.
Se anotó, en el citado Informe, lo siguiente:
“[…] Para efectos de establecer el valor del canon mensual
de arrendamiento percibido por los propietarios, se tomó en
consideración los contratos de arrendamiento y los
comprobantes de pago de renta de los últimos 3
meses, documentación que fue analizada y comprobada.
[…]
Para tal efecto se realizó estudio de ofertas de
arrendamiento de inmuebles de condiciones similares
en el sector.
Por otra parte, el tiempo en que los propietarios dejarán de
percibir renta derivada de los contratos de arrendamiento de
sus inmuebles, se determinó de acuerdo al estudio realizado,
durante el último año, por la Lonja de Propiedad Raíz de
Bogotá denominado Dinámica Inmobiliaria correspondiente a
los trimestres del año 2008 y a los 2 primeros trimestres del
2009, sobre el tiempo promedio que tarda en volverse a
arrendar un inmueble en el perímetro urbano de Bogotá,
cuyas conclusiones se resumen en el siguiente cuadro:
Tomando en consideración que, por definición legal, el Lucro
Cesante busca resarcir las utilidades dejadas de percibir, no
los ingresos, en este caso, actividad de arrendar inmuebles,
se realizaron descuentos correspondientes a los gastos76 en
que, normal y habitualmente 77 , los propietarios
arrendadores, que arriendan sus inmuebles en forma directa,
76
“Se tuvieron en consideración, entre otros, gastos tales como aquéllos derivados del pago del
impuesto predial, reparaciones locativas, y gastos bancarios”.
77
“La determinación de los gastos habituales y normales es extractada del Libro Avalúos de Bienes
Inmuebles, Conceptos, técnicas y Vivencia Segunda Edición.”
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es decir sin la intermediación de una inmobiliaria, deben
incurrir para efectos de arrendar sus inmuebles.
Aplicada la metodología y el procedimiento descrito el
resumen es el siguiente:
[…]”78.
Lo anterior poner de manifiesto que, contrario a lo señalado por la
parte apelante, el referido Informe de Tasación, que fundamentó las
resoluciones acusadas, dio cuenta de manera puntual y concreta de
donde salieron los valores estimados, en tanto especificó que había
tomado en consideración los contratos de arrendamiento y los
comprobantes de pago de renta de los últimos 3 meses y que había
realizado un estudio de ofertas de arrendamiento de inmuebles de
condiciones similares en el sector.
Asimismo, indicó que se determinó el tiempo en que los propietarios
dejarán de percibir renta derivada de los contratos de arrendamiento
de sus inmuebles, de acuerdo con el estudio realizado, durante el
último año, por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá denominado
78
Folios 344 a 345 del . Anexo 4 Contestación demanda.
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Dinámica Inmobiliaria correspondiente a los trimestres del año 2008
y a los 2 primeros trimestres del 2009, sobre el tiempo promedio que
tarda en volverse a arrendar un inmueble en el perímetro urbano de
Bogotá.
Y, en el segundo cuadro puesto de presente, anteriormente, que
forma parte del Informe de Tasación en referencia, enunció los
montos de los cánones de arrendamiento que se desprenden de los
contratos, con respecto a cada uno de los inmuebles que conforman
el Edificio Paola.
Ahora, en cuanto a la valoración de las compensaciones de la renta,
de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 21 del
Decreto 1420, es del caso poner de presente que dicha disposición
es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en
cuenta en la determinación del valor comercial:
[…]
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados
a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación
de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas,
deberá considerarse independientemente del avalúo del
inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de
percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
[…]”.
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Asimismo, conviene destacar que esta Sección, en la citada sentencia
de 19 de abril de 202179, se refirió a la aplicación al numeral 6 del
artículo 21 del Decreto 1420, en un caso en que, al igual al bajo
estudio, se discutía la indemnización por lucro cesante, que arrojó un
avalúo, a causa de una expropiación administrativa, de la cual
fue objeto el inmueble de propiedad del actor.
Así discurrió, la Sección Primera en dicha oportunidad:
“[…] Al respecto, es importante destacar que, de conformidad
con el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998,
“Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la
Ley 9 de 1989, los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la
compensación por las rentas que se dejarán de percibir
hasta por un período máximo de seis (6) meses.” (Se
destaca).
En concordancia con lo anterior, el numeral 4º del artículo en
cita preceptúa que, “Para estimar el monto de la
compensación de las rentas o ingresos que se dejan de
percibir por una limitación temporal o definitiva (…) se
deberán tener en cuenta: Las declaraciones para efectos
tributarios. El balance contable que se presente para
la Cámara de Comercio” (Se destaca)
Como puede apreciarse, previa determinación de que
el inmueble se encuentra destinado a una actividad
productiva y presente una afectación que ocasione una
limitación temporal o definitiva a la generación de los
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, los
79
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2011-00240-
01.
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documentos que se deberán tener en cuenta para que el
perito determine el monto de la compensación por rentas e
ingresos que se dejan de percibir, son las declaraciones para
efectos tributarios y el balance contable que se presente a la
Cámara de Comercio.
[….]
De conformidad con lo expuesto en el recurso de apelación,
a folios 307 a 345 obran declaraciones tributarias y estados
contables que dan cuenta de las rentas que dejó de percibir
la parte actora como consecuencia de la expropiación.
Estas pruebas documentales fueron aportadas por la parte
actora en respuesta a lo ordenado en el numeral 1.1 del auto
de pruebas fechado el 26 de abril de 2012, donde el Tribunal
resolvió: "1.1. documentales: Hasta donde la ley lo permita,
ténganse como pruebas los documentos que se acompañan
con la demanda, aportados con el valor legal (fls. 26 a 175
cdn 1). Se advierte que para otorgarles mérito probatorio a
los que no se allegan de la misma manera, deberán ser
presentados en la forma prevista en la ley artículos 252 y
254 CPC y dentro de los 20 días siguientes a la firmeza
de este proveído." (Se destaca)
La Sala procede a relacionar las mentadas pruebas
documentales así:
[…]
En conclusión, la Sala observa que el inmueble
expropiado estaba destinado a actividades
productivas; que de las pruebas referidas, las cuales
fundamentaron la pericial practicada en el proceso
judicial, se encuentra acreditada la utilidad que dejó
de recibir el demandante; que para estimar el monto
de la compensación de las rentas o ingresos que se
dejaron de percibir el perito aplicó el cálculo de 6
meses, según lo preceptúa la normativa aplicable; y
que este dictamen pericial no fue objetado por error grave
en este punto.
En consecuencia, contrario a lo manifestado por el tribunal,
en el expediente sí hay prueba que fundamenta el dictamen
pericial, la cual da cuenta del lucro cesante que dejó de
percibir el demandante como consecuencia de la
expropiación administrativa de la cual fue objeto el
inmueble de su propiedad. […]” (Destacado fuera de
texto).
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100
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Actores: RUBEN DARÍO VÁSQUEZ ECHEVERRI Y OTRO.
Igualmente, sobre este asunto, se debe poner de presente que,
posteriormente, en sentencia de 23 de mayo de 202480, se precisó
que la Sala ha reconocido la procedencia de perjuicios en la
modalidad de lucro cesante por rentas e ingresos dejados de percibir
a causa de expropiaciones administrativas, siempre que se
demuestre en los términos previstos en el artículo 21 de la Resolución
620 de 2008 del IGAC, que el inmueble expropiado era destinado a
una actividad productiva; que se estime y acredite el monto de las
rentas e ingresos no percibidos, y se establezca el vínculo de
causalidad entre el perjuicio reclamado y la expropiación decretada,
de la siguiente manera:
“[…] Es por ello que la Sala ha reconocido la
procedencia de perjuicios en la modalidad de lucro
cesante por rentas e ingresos dejados de percibir a
causa de expropiaciones administrativas, siempre que
se demuestre en los términos previstos en el artículo
21 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi81.
Bajo esa premisa, el carácter resarcible del daño depende,
fundamentalmente, de la certeza de su ocurrencia, pues es
claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio
debe estar revestido de certeza para que produzca efectos
jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede
generar una indemnización82.
80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo
de 2924, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2010-
00623-01.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de abril
de 2021. Radicado: 05001233100020020071601. M. P.: Oswaldo Giraldo López.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 16 de febrero
de 2017. Radicado: 05001-23-31-000-2007-00379-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Además, para obtener la compensación por los daños
accesorios que pudieron consumarse con la expropiación
es indispensable demostrar un nexo de causalidad entre
estos y la decisión administrativa mediante la cual se
decretó la expropiación 83.
En resumen, como ha señalado recientemente esta Sala, en
casos como el presente, para probar el lucro cesante es
fundamental demostrar que el inmueble expropiado
era destinado a una actividad productiva, estimar y
acreditar el monto de las rentas e ingresos no
percibidos, y establecer el vínculo de causalidad entre
el perjuicio reclamado y la expropiación decretada84,
ello en plena observancia del término establecido en el
numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998,
tal y como lo consideró el a quo.[…]” (Destacado fuera de
texto).
Además, cabe señalar que que el tiempo de seis (6) meses,
establecido por el citado artículo 21, numeral 6, Decreto 1420,
corresponde al plazo máximo, toda vez que la citada norma hace
referencia la compensación por las rentas que se dejarán de percibir
hasta por un período máximo de seis (6) meses.
En el caso bajo examen, la Sala observa que los inmuebles
expropiados estaban destinados a actividades productivas, en tanto
se trataban de apartamentos y locales comerciales dedicados a
arrendamiento; además de que tenían una afectación, que
ocasionaba una limitación definitiva a la generación de los ingresos
83
Sentencia del 14 de mayo de 2009 citada ut supra.
84
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 23 de
noviembre de 2023. Radicado 05001233100020110026801. M. P.: Dr. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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provenientes del desarrollo de esas actividades, razón por la cual se
estimó una compensación por las rentas dejadas de percibir,
conforme lo preceptúa el citado artículo 21 Decreto 1420 disposición
y como, en efecto, se reconoció en el avalúo oficial, en el INFORME
TASACIÓN RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS ADICIONALES-
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA O INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-
EXPROPIACIÓN, para lo cual, se reitera, se tomó como base los
contratos de arrendamiento y los comprobantes de pago de renta de
los últimos 3 meses, y se determinó el tiempo en que los propietarios
dejarían de percibir renta derivada de los contratos de arrendamiento
de sus inmuebles.
Por tal razón, por este aspecto, tampoco se desvirtuó la presunción
de legalidad del avalúo oficial que se tuvo como base para la
expropiación del inmueble de los demandantes.
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la
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expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones
acusadas.
En consecuencia, la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia
de 24 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en cuanto declaró
probada parcialmente la excepción de inepta demanda; y
CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia recurrida, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que
de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las
partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,
por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia de 24 de
febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, que declaró
probada parcialmente la excepción de inepta demanda, por las
razones aducidas en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 24 de
febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada ésta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de julio de 2024.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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