Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2007-00556-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2007-00556-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-31-000-2007-00556-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicados: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-
31-002-2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-
01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas
Rojas, Tito Mario Alberto Cajigas Rojas, Luis Edgar Cajigas
Rojas, Olga Libia Cajigas Rojas, Jorge Eduardo Cajigas
Rojas, Lizbeth Astryd Cajigas Rojas, en representación de
la sucesión de la señora Olga Marina Rojas Sarmiento,
Daniela Alejandra Cajigas Cajigas en representación de la
sucesión de la señora Luz Marina Cajigas Rojas, Omar
Iván Rojas Sarmiento, Hilda María Rojas Sarmiento y Luisa
Merlinda Rojas Sarmiento
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Expropiación por
vía administrativa – está sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso para controvertir el
precio indemnizatorio / Justo precio de la indemnización
expropiatoria – se encuentra amparado por la presunción
de legalidad de las decisiones administrativas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes, señores Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas
y Omar Iván Rojas Sarmiento en contra de la sentencia de 29 de abril de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4.
I-. ANTECEDENTES
I.1. Las demandas
I.1.1. Proceso con radicado 15001-23-31-000-2007-00556-011
1.El señor Fabio Enrique Cajigas Rojas, en ejercicio de la acción especial de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de
1
Folios 1 a 22, C 1 del expediente digital.
2
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
1997, a través de apoderado judicial, instauró demanda en contra del municipio de
Tunja con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] Primera: Que se declare la nulidad del artículo 2º de la resolución No. 0091
de 9 de febrero de 2007, notificada personalmente el 6 de marzo del mismo año,
por medio del cual se reconoció el valor del predio expropiado a mi mandante,
en la suma CIENTO VEINTE UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE
PESOS ($121.527.000).
Segunda: Que a título de restablecimiento del derecho, se condene al municipio
de Tunja, como entidad pública expropiante del inmueble referido en los hechos
de la demanda, a pagar a mi mandante al valor correspondiente a la
indemnización integral del perjuicio causado por la privación de la propiedad;
teniendo en cuenta el dictamen pericial correspondiente que se solicita en el
capítulo de pruebas.
Tercera: Que las sumas reconocidas a favor de mi mandante, sean actualizadas
teniendo en cuenta la variación del IPC en el país entre la fecha en que se dictó
la fecha de expropiación y la fecha de ejecutoria del fallo de primera o segunda
instancia según sea el caso.
Cuarta: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos y
condiciones de los artículos 176, 177 y 178 del CCA.
Quinta: Que se condene en costas a la parte demandada […]”.
I.1.2. Proceso con radicado 15000-23-31-002-2007-00710-012
2. Los señores César Augusto Cajigas Rojas, Tito Mario Alberto Cajigas Rojas, Luis
Edgar Cajigas Rojas, Olga Libia Cajigas Rojas, Lizbeth Astryd Cajigas Rojas, en
representación de la sucesión de la señora Olga Marina Rojas Sarmiento, y Daniela
Alejandra Cajigas Cajigas, representada por curador ad-litem, en representación de
la sucesión de la señora Luz Marina Cajigas Rojas, en ejercicio de la acción especial
de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de
1997 y a través de apoderado judicial, instauraron demanda en contra del
departamento de Boyacá y el municipio de Tunja con miras a obtener las siguientes
declaraciones y condenas:
“[…] Primera: DECLARAR, en sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada, que
el acto administrativo vertido en el oficio fechado 26 de octubre de 2006, suscrito
por el señor SECRETARIO DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, Dr. RAÚL ALBERTO CELY ALBA, y a través del cual se hace un
ofrecimiento de adquisición por el mecanismo de enajenación voluntaria del
inmueble que más adelante se describe, comunicación que fuera dirigida a los
herederos de OLGA MARINA ROJAS SARMIENTO, ES NULO por desviación
del poder de la Administración Departamental.
2 Folios 4 a 66, C 3 del expediente digital.
3
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
Segundo: DECLARAR que, como consecuencia de la NULIDAD del ACTO
ADMINISTRATIVO de que da cuenta la pretensión anterior, el mismo no está
llamado a producir las consecuencias jurídicas que de él se desprenden, y
menos frente a los herederos de las señoras OLGA MARINA ROJAS
SARMIENTO y LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS.
Tercero: Como consecuencia de la prosperidad de las dos pretensiones
anteriores, ordenar, para ante la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE TUNJA, la cancelación en el folio de
matrícula inmobiliaria 070-86523 de la inscripción del oficio mencionado en la
pretensión primera de este libelo.
Cuarto: DECLARAR, en sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada, que el
acto administrativo vertido en el DECRETO No. 091 del 09 de febrero de 2007,
proferido por el señor ALCALDE MAYOR DE TUNJA, Dr. BENIGNO HERNÁN
DIAZ CARDENAS, y a través del cual se “ordena la expropiación por vía
administrativa del predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
86523” de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Tunja (número
predial 020 0016 0015 000) y se establece una indemnización, ES NULO tanto
por desviación del poder de la Administración Municipal como por violación del
ordenamiento superior, según se expone en los hechos de esta demanda.
Quinta: DECLARAR que, como consecuencia de la NULIDAD del ACTO
ADMINISTRATIVO de que da cuenta la pretensión anterior, el mismo no está
llamado a producir las consecuencias jurídicas que de él se desprenden, y
menos frente a los herederos de las señoras OLGA MARINA ROJAS
SARMIENTO y LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS.
Sexta: Como consecuencia de la prosperidad de las dos pretensiones
anteriores, ordenar, para ante la OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE TUNJA, la cancelación en el folio de
matrícula inmobiliaria 070-86523 de la afectación por causa de una obra,
inscrita a instancias de la Alcaldía Mayor de Tunja (ANOTACIÓN No. 08 del 11
de enero de 2007).
Séptima: DECLARAR, en sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada, que el
acto administrativo vertido en el DECRETO No. 0200 del 26 de marzo de 2007,
proferido por el señor ALCALDE MAYOR DE TUNJA, Dr. BENIGNO HERNÁN
DIAZ CARDENAS, y a través del cual se resuelven unos recursos de reposición
interpuestos contra el Decreto 0091 del 09 de Febrero de 2007, mencionado en
las pretensiones cuarta y quinta de esta demanda, ES NULO tanto por
desviación del poder de la Administración Municipal como por violación del
ordenamiento superior, según se expone en los hechos de esta demanda.
Octava: DECLARAR que, como consecuencia de la NULIDAD del ACTO
ADMINISTRATIVO de que da cuenta la pretensión anterior, el mismo no está
llamado a producir las consecuencias jurídicas que de él se desprenden, y
menos frente a los herederos de las señoras OLGA MARINA ROJAS
SARMIENTO y LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS.
Novena: Como consecuencia de la prosperidad de todas las pretensiones
anteriores, ordenar que los herederos de OLGA MARINA ROJAS SARMIENTO
y de LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS, deben ser RESTABLECIDOS en sus
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
legítimos derechos como sucesores o continuadores del patrimonio económico
de dichas señoras, el cual fue objeto de expropiación tanto por el MUINICIPIO
DE TUNJA como por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en cabeza de sus
respectivos representantes Dr. BENIGNO HERNAN DIAZ CARDENAS y Dr.
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA.
Decima: Como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior,
condenar al DEPARTAMENTO DE BOYACA, legalmente representado por el
señor Gobernador, Dr. JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA y al MUNICIPIO
DE TUNJA, representado por su Alcalde Mayor, Dr. BENIGNO HERNAN DIAZ
CARDENAS, a pagar a favor de los herederos de OLGA MARINA ROJAS
SARMIENTO y LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS, en su condición de
continuadores del patrimonio económico expropiado, el valor de los perjuicios
de índole material, así:
A. POR DAÑO EMERGENTE: El valor que resulte de la diferencia entre el
precio reconocido en el Decreto de expropiación para el inmueble con matrícula
No. 070-86523, el cual se describe en los hechos de esta demanda, y el real
valor comercial que habrá de determinarse por peritos designados por el
despacho de conformidad con la normatividad procesal, diferencia que se
estima en suma no inferior a SETESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($700.000.000.00).
B. LUCRO CESANTE: El valor que, como renta, dejaron de percibir por la
explotación medianamente inteligente del inmueble los herederos de OLGA
MARINA ROJAS SARMIENTO y LUZ MARINA CAJIGAS ROJAS, a partir de la
privación de la propiedad (09 de febrero de 2007) hasta la fecha de la sentencia,
monto que se estima, para los efectos legales, en CINCUENTA MILLONES DE
PESOS ($50.000.000.oo) o, en todo caso, la cifra que se establezca mediante
justa tasación de peritos que designe el despacho.
C. Ordenar que las sumas de dinero de que tratan los literales anteriores, deben
pagarse indexadas con el ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
causado desde el 09 de febrero de 2007 hasta la fecha de la sentencia y, a partir
de la ejecutoría de ésta, causarán intereses comerciales a la tasa máxima legal
que fije la Superintendencia Financiera.
Undécima: Condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso
en caso de oposición […]”
I.1.3. Proceso con radicado 15000-23-31-001-2008-00069-013
3. Los señores Omar Iván Rojas Sarmiento, Hilda María Rojas Sarmiento y Luisa
Merlinda Rojas Sarmiento, en ejercicio de la acción especial de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, y a
través de apoderado judicial, instauraron demanda en contra del Municipio de Tunja
con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
3 Folios 3 a 83, C 2 del expediente digital.
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
“[…] Primera: Se declare la nulidad de las resoluciones 1103 del 13 de junio de
2007, “por medio de la cual se ordena iniciar la expropiación por vía
administrativa del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 070-
86523”, que en su artículo tercero fijó como valor total de la indemnización la
suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($170.173.940.00), la resolución
No. 1701 de 06 de septiembre de 2007, “por medio de la cual se ordena la
expropiación administrativa del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No 070 – 86523”, en la cual en su artículo segundo dice que el valor
de la indemnización es la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE ($166.773.940.00) y la resolución 1804 de 02 de Octubre de 2007, por
medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la
resolución No. 1701 de seis (6) de septiembre de 2007, en la cual resuelve en
su artículo primero: no reponer la resolución No. 1701 de 06 de septiembre de
2007, por medio del cual se ordenó la expropiación por vía administrativa del
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 070-86523, por lo
expuesto en la parte motiva de este decreto. Y en su artículo segundo:
adicionase la resolución No. 1701 de 06 de septiembre de 2007, la cual contará
con el siguiente artículo: Artículo séptimo: Ordenase la expropiación
administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales de la
construcción existentes en el predio identificado con el número predial
010200160015000 y con matrícula inmobiliaria No. 070-86523. El valor de la
indemnización es la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($3.400.000.00), de conformidad con el avaluó realizado por la lonja de
propiedad raíz “corporación lonja de avaluadores profesionales e inmobiliarios
Boyacá”, suma que se cancelará proporcional a la participación de cada uno de
los titulares del derecho de propiedad y demás derechos reales en un solo
contado una vez quede ejecutoriado el presente acto administrativo. En su
artículo quinto: dice contra la presente decisión no procede recurso alguno por
la vía gubernativa. Resoluciones suscritas por el señor alcalde mayor de Tunja,
BENIGNO HERNAN DIAZ CARDENAS.
Segunda: En consecuencia, se declare que el demandado Municipio de Tunja,
es responsable de los daños morales y materiales irrogados a los demandantes
por los actos acusados, así:
1. - El daño moral subjetivo, consistente en la angustia, inestabilidad emocional,
consiste en el dolor, la aflicción física que ocasionó una modificación del espíritu
en el desenvolvimiento de sus capacidades de entender, querer o sentir, que se
traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se hallaba
antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial, y
radica en las consecuencias o repercusiones anímicas teniendo en cuenta que
mis poderdantes todos son personas de la tercera edad al sobrepasar los
sesenta años de edad, donde dos de ellos no cuentan con ninguna pensión que
los ayude a sobrevivir y todos tenían sus expectativas para alcanzar un mejor
nivel de vida en la venta de esta inmueble, al ser expropiado por este valor tan
bajo el perjuicio sufrido a la psiquis de estas personas, es una trasgresión a la
honorabilidad, sosiego, y esta alteración de la normalidad sicológica de los
demandantes, sufridos por estos desde el momento en que se enteraron de
expropiación contenida en el primer acto acusado, cuya compensación se
estima en suma igual al valor a la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a la fecha de presentación de la demanda, CUARENTA Y
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/ CTE ($46.150.000),
para cada uno de los demandantes o la suma que el Honorable Tribunal fije
prudencialmente.
2. - El daño emergente comporta un empobrecimiento del patrimonio en sus
valores actuales, (el perjuicio efectivamente sufrido), el valor del bien inmueble
estaba avaluado catastralmente para el año 2005, en la suma de
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS M/CTE ($480.652.000), con todas y cada una de las
afectaciones impuestas por el plan de ordenamiento territorial de Tunja y que
debía aumentar como venía haciéndolo cada año. Para el año anterior es decir
el 2007, este valor catastral disminuyó sin razón alguna a la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($374.943.000), sin embargo las
sumas de dinero pagadas como indemnización por las expropiaciones por vía
administrativa del predio identificado con el número predial 010200160015000
y con matrícula inmobiliaria No 070-86523, por la primera expropiación se
canceló la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($121.527.000.00), y por la segunda
expropiación se canceló la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($170.173.940.00), dándonos como resultado un valor total cancelado por las
expropiaciones de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($291.700.940.00), la
anterior suma está muy por debajo del valor catastral fijado para el predio en el
año 2007, al observar el avaluó catastral, el valor cancelado por las
expropiaciones, como ya mencioné está por debajo del avaluó catastral en la
suma de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CERO SESENTA PESOS M/CTE, como se puede observar en las
expropiaciones el valor comercial fijado en los avalúos es inferior al valor
catastral, y en la costumbre mercantil se observa que el avaluó comercial
siempre es más alto que el catastral circunstancia que no ocurre en este caso,
como se puede observar el daño emergente a reparar es cierto, y como ya
mencioné sería la cifra de OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CERO SESENTA PESOS M/CTE, diferencia entre el
avalúo catastral y lo cancelado en las expropiaciones y este actualmente
subsistente, el daño es propio de quienes lo reclaman los afecta directamente
por los actos lesivos recaen sobre el bien de los damnificados, que son a la vez
víctimas del hecho y les asiste un interés legítimo.
3. - El lucro cesante consiste en la frustración de una ganancia o de la utilidad
que haya dejado de percibir las ganancias de las que fueron privados los
damnificados, es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de
una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de las víctimas
como consecuencia del daño, y que ésta se habría producido si el evento
dañoso no se hubiera verificado. Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar y
que se habría ganado de no haber sucedido un daño, si tenemos en cuenta que
el bien inmueble poseía un área total de 42.397 m2.
[…]
Si tomamos la suma cancelada como indemnización en esta segunda
expropiación del predio es decir la suma de CIENTO SESENTA Y SEIS
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE, y la dividimos por los metros cuadrados
(28.838.56m2), que equivalen al 68% del área del predio propiedad de los
demandantes da como resultado un valor por metro cuadrado de CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($5.783), cifra muy inferior
a los NUEVE MIL PESOS M/CTE ($9.000) pagados en la primera expropiación
por el mismo predio.
Para establecer el lucro cesante podemos realizar la siguiente operación
matemática tomar los (28.838.56m2), metros cuadrados que equivalen al 68%
y del área del predio propiedad de los demandantes que se está expropiando y
multiplicarlos por NUEVE MIL PESOS M/CTE ($9.000) pagados en la primera
expropiación por cada metro cuadrado del mismo predio, nos daría una suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CERO CUARENTA PESOS M/CTE ($259.547.040)
como lucro cesante.
Lo anterior cambia radicalmente si aplicamos los nuevos porcentajes de
afectación consagrados en la resolución No. 0788 del 29 de agosto de 2007,
que mediante certificación OAP - 16 06 de fecha 22 de agosto de 2007,
expedida por el asesor de planeación municipal, en la que se certifica que los
predios 010200160015000, ubicados en la carrera 6 No. 24 - 32 de la cuidad de
Tunja, de propiedad del señor OMAR IVAN ROJAS SARMIENTO, se encuentra
catalogado como AREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RESERVA RONDAS
AVENIDA UNTVERSIATARIA Y ÁREA ARTICULADORES PARQUES -
PARQUE PASEO RIO JORDAN SECTORES SUR Y NORTE, con un área total
del predio de 42.397M2 área del predio afectada 42397M2 y área de afectación
67% es decir que el restante deberá ser gravado con el pago de impuesto
predial y sobretasas. Pero al aplicar el porcentaje dado por otro de los actos
administrativos donde el porcentaje de afectación se reduce dramáticamente a
un 67% lo cual nos dejaría un 33% del bien sin afectaciones provocando así
que el área sin afectación aumente y dé cómo resultado un aumento en los
metros cuadrados que obtengan un mayor valor.
Da como resultado que del área total de 42397 M2, la expropiación, se realizó
sobre el 67% del área afectada es decir 28.405.99M2, se le expropiaron 13.503
es decir el 31% dando como resultado que quedo un área afectada de
14.902.99M2 a la cual debemos quitarle lo de la construcción 55.44M2 es decir
el 0.13%, dándonos como resultado, un área afectada de 14847.55 M2 es decir
el 35% del total del predio.
Y el 33% del área del predio que no está afectada por los usos de suelo y que
actualmente es totalmente urbanizable es de 13.991.01 M2. Con lo anterior se
demuestra que el lucro cesante existe y pueda ser probado, y existe una
relación directa con el daño causado. Y en este momento se puede ser
determinado económicamente la cuantía que se ha dejado de percibir, por
cuanto en los avalúos adelantados a los predios colindantes que no presentan
afectaciones el metro cuadrado se encuentra avaluado entre $100.000 y
$150.000 pesos por metro cuadrado.
Es decir que al observar estas diferencias en los porcentajes de afectación del
predio que surgen de la misma alcaldía mayor de Tunja, como se observa en el
acuerdo municipal No 0014 del 31 de mayo del año 2001, y los porcentajes de
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
afectación consagrados en la resolución No 01 del 29 de agosto de 2007, que
mediante certificación OAP - 1606 de fecha 22 de agosto de 2007, cambia
dramáticamente las reglas para que se puedan realizar los avalúos del predio.
Por cuanto según el que se aplique aumenta o disminuye la cantidad de los
metros cuadrados sin afectación los cuales tiene un mayor valor comercial por
ser urbanizables.
La única forma de establecer valor de este lucro cesante es realizando un nuevo
avaluó comercial, en el cual se determinen los verdaderos porcentajes de
afectación, y valor por cada metro cuadrado del predio expropiado.
Tercera: Condenar al MUNICIPIO DE TUNJA, a reconocer el pago de las costas
causadas […]”.
I.2. Los hechos comunes y relevantes de las demandas acumuladas
4. Como fundamentos fácticos en las demandas acumuladas se indicaron, en
síntesis, los siguientes:
5. Mediante el Acuerdo 001 de 2007, el Concejo municipal de Tunja facultó al
alcalde para declarar las condiciones de urgencia manifiesta y utilidad pública para
la ejecución del proyecto de construcción del eje de desarrollo vial e integración
urbana del nororiente de la ciudad, lo cual se materializó a través del Decreto 067
de 2007.
6. El Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja celebraron Convenio
Interadministrativo 003 de 2007 para la adquisición de los predios relacionados con
la construcción del eje de desarrollo vial mencionado.
7. El alcalde de Tunja expidió el Decreto 091 de 9 de febrero de 2007, a través del
cual ordenó la expropiación por vía administrativa de un área de 13.503 m2 del
predio identificado con el número predial 010200160015000 y con matrícula
inmobiliaria No. 070-86523 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tunja y se determinó que el valor a pagar sería el del avalúo comercial, estimado
en la suma de $9.000 por m2, para un total de $121.527.000.
8. El propietario del inmueble interpuso recurso de reposición en contra del Decreto
091 de 9 de febrero de 2007, aduciendo que a través del artículo 1º de dicho acto
administrativo se ordenó la expropiación por vía administrativa de la totalidad del
predio y no solamente de los 13.503 m2 respecto de los cuales se reconoció el precio
indemnizatorio.
9.El recurso de reposición fue resuelto por el alcalde de Tunja mediante el acto
administrativo No. decreto 26 de marzo de 2007 en el sentido de confirmar la
decisión de expropiación.
9
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
10. Con posterioridad y frente al derecho de propiedad que tienen los señores Omar
Iván Rojas Sarmiento, Hilda María Rojas Sarmiento y Luisa Merlinda Rojas
Sarmiento sobre parte del lote de mayor extensión identificado con matrícula
inmobiliaria No. 070-86523 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Tunja, la administración municipal expidió la Resolución 1103 de 13 de junio de
2007, por medio de la cual se ordenó iniciar la expropiación por vía administrativa y
se dispuso que, de conformidad con el avalúo oficial que dio sustento al acto
administrativo, el área a expropiar tenía un valor de $166.773.940 y la construcción
existente en el predio tenía un valor de $3.400.000, para un valor total de
$170.173.940.
11. La Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Tunja,
mediante Resolución 788 de 29 de agosto de 2007, «por la cual se aplica la tarifa
del 4 X mil a un predio afectado», dispuso que el predio afectado tenía un área era
de 42.397 m2, y área de afectación del 67%, de manera que el 33% restante debería
ser gravada con el pago de impuesto predial y sobretasas.
12. El
ente territorial expidió la Resolución 1701 de 6 de septiembre de 2007,
mediante la cual se dispuso la expropiación administrativa del predio y fijó la
indemnización en la suma de $166.773.940.
13. Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de reposición aduciendo que
el valor del avalúo contenido en su artículo 2º era inferior al del avalúo catastral y,
reiteró, que no se incluyó el valor de la construcción, el cual estaba estipulado en la
Resolución 1103 de 13 de junio de 2007 por la suma de $3.400.000.
14. A través de la Resolución 1804 de 02 de octubre de 2007, y a pesar de que el
Municipio de Tunja decidió no reponer la decisión, adicionó un artículo en el sentido
de ordenar la expropiación por vía administrativa del derecho de propiedad y demás
derechos reales de la construcción existente en el predio, por valor de $3.400.000.
I.3. Normas violadas y concepto de la violación
15. Losdemandantes señalaron que los actos administrativos acusados fueron
expedidos con violación de los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 29, 46, 58, 59, 90 y 334 de la
Constitución Política; los artículos 44, 45, 78, 84, 85, 176, 177, 178 y 206 al 214 del
Código Contencioso Administrativo; la Ley 388 de 1997 y el Decreto 2150 de 1995.
16. En sustento de la aducida violación, manifestaron que, a la luz del artículo 58 de
la Ley 388 de 1997, si bien es cierto que uno de los motivos de utilidad pública para
la adquisición de bienes por expropiación es la construcción de obras de
infraestructura vial, también lo es que el artículo 66 ibidem impone a la autoridad
pública el deber de determinar la forma o el procedimiento de la expropiación.
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17. Argumentaron que los actos administrativos demandados vulneraron el derecho
a la propiedad privada toda vez que el Departamento de Boyacá determinó que la
expropiación se adelantaría por la vía judicial y, por su parte, el Municipio de Tunja
llevó a cabo el proceso por vía administrativa, privando a los propietarios de su
propiedad por vías de hecho sin la indemnización plena y justa.
18. Asimismo, expusieron que, en razón al precio que se fijó por metro cuadrado al
inmueble, la expropiación se convirtió en una extinción del derecho de dominio sin
la indemnización previa, que es mandato constitucional y legal.
19. Aludieron que el precio del predio sometido a enajenación no puede ser inferior
al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por
peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, de
conformidad con lo estipulado en el Decreto Ley 2150 de 1995, las normas y los
procedimientos establecidos en los Decretos Reglamentarios especiales que sobre
avalúos expida el Gobierno Nacional.
20. En el mismo sentido, señalaron que el valor comercial se determina teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, en su
destinación económica.
21. Afirmaron que, en el marco de la Constitución Política, la propiedad privada
presenta diversos matices, por cuanto además de reconocerla como un derecho de
carácter subjetivo, también se le asigna una función social y ecológica que debe
hacer realizable su titularidad con el objeto de satisfacer tanto los intereses
particulares como los generales.
22. Refirieron que la indemnización previa a la expropiación por los perjuicios
causados al particular debe ser justa, es decir, debe ser omnicomprensiva de todos
aquellos aspectos que lo lesionen en su patrimonio, por lo que dicha indemnización
deberá ser garantizada por la intervención del juez, quien determinará no solo su
procedencia sino la objetividad del valor fijado a modo de pago por la decisión
expropiatoria, lo cual redunda en la garantía del principio de legalidad, fundado en
el estado de derecho, la efectividad del derecho de defensa, debido proceso y el
pago de una indemnización que no haga de la decisión de la administración un acto
confiscatorio, expresamente prohibido en el artículo 31 de la Constitución Política.
23. Destacaron que, según el avalúo oficial del bien expropiado, identificado con
número de predial 01020016 0015 000 y con la matrícula inmobiliaria 070-86523, el
mismo presenta tres usos del suelo, dos de los cuales limitan su uso en un 95%.
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24. Apuntaron que la primera afectación es la consagrada en el artículo 160 del
Acuerdo municipal 14 de 31 de mayo de 2001, “[…] por medio del cual se adopta el
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tunja […]”, el cual afecta una
parte del predio, señalando: “[…] naturales de protección, identificado en el plano
de usos del suelo urbano con el código (UENPr - 1) que a su vez se clasifican en
rondas (UENPr - 1r) y humedales (UENPr - 1h) desarrollado en el artículo 162 como
área protección ambiental reserva rondas código (UENPr1r) estableciendo los
siguientes usos principales: protección ambiental, recuperación ambiental,
compatible: recreativo pasivo, condicionado: deportivo, turismo, manifestaciones
culturales, recreativo activo, ubicación de infraestructura de servicios públicos […]”.
25. Observaron que la segunda afectación referida en el avalúo oficial es la contenida
en el artículo 163 del Plan de Ordenamiento Territorial, que alude al área de
protección ambiental reserva humedales con código UENPr1h, estableciendo los
siguientes usos: “[…] principal: protección ambiental, recuperación ambiental,
compatible: ninguno, condicionado: en turismo, manifestaciones culturales
recreativo pasivo, prohibido; ubicación de infraestructura […]”.
26. Sostuvieron que en el avalúo se desconoce el restante 5% del predio equivalente
a 2.119,85 m2 del inmueble, la cual está libre de cualquier afectación, siendo
urbanizable, con un valor para el metro cuadrado que oscila entre $100.000 y
150.000 pesos m2.
27. Finalmente, aseveraron que las referidas afectaciones están en contra de las que
reconoce la Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor
de Tunja a través de la Resolución 788 de 29 de agosto de 2007, “[…] por la cual
se aplica la tarifa del 4 X mil a un predio afectado […]”, y en la Certificación OAP —
1606 de 22 de agosto de 2007, expedida por el asesor de Planeación Municipal, en
la que certifica que el predio 010200160015000, ubicado en la carrera 6ª No 24 - 32
de la ciudad de Tunja, se encuentra catalogado como área de protección ambiental
reserva rondas avenida universitaria y área articuladores parques - parque paseo
rio Jordán sectores sur y norte, con un área del predio afectada de 42.397m2,
equivalente a un 67%, lo que implica que el 33% restante deberá ser gravado con
el pago de impuesto predial y sobretasas.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1. El Municipio de Tunja
28. Elmunicipio de Tunja, por conducto de apoderados judiciales, contestó
oportunamente las demandas4 oponiéndose a las pretensiones bajo el argumento
4 Folios 38 a 55 C 1, folios 102 a 111, C 2 y folios 189 a 244 C 3 del expediente digital.
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de que el proceso de expropiación administrativa se adelantó en estricto
cumplimiento a lo establecido en la Ley 388 de 1997, la cual establece que el valor
de la indemnización corresponde al avalúo comercial, tal como fue pagado.
29. Expusieron que, si bien es cierto que el artículo 58 de la Constitución Política
protege la propiedad privada, igualmente permite adelantar la expropiación por
motivos de utilidad pública o de interés social, pues en caso de conflicto entre los
derechos de los particulares con la necesidad general, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
30. Señalaron que, con fundamento en los artículos 58 y 64 de la Ley 388 de 1997,
el Concejo Municipal de Tunja, mediante Acuerdo 001 de 2007, facultó al alcalde
para declarar las condiciones de urgencia manifiesta y utilidad pública para la
ejecución del proyecto “[…] construcción del eje de desarrollo vial e integración
urbana del nororiente de la ciudad […]” adelantado por la Gobernación de Boyacá,
facultad en virtud de la cual el alcalde mayor de Tunja expidió el Decreto 67 de 2007,
disponiendo adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa.
31. Manifestaron que entre el departamento de Boyacá y el municipio de Tunja se
celebró el convenio interadministrativo 003 de 2007, cuyo objeto fue aunar
esfuerzos para la adquisición de los predios necesarios para el proyecto en
mención.
32. Mencionaron que, luego de diferentes comunicaciones con los propietarios del
predio, y tras su negativa a aceptar la oferta de compra, quedando fracasada la
etapa de negociación voluntaria, se expidió el Decreto Municipal 091 de 9 de febrero
de 2007, por el cual se ordenó la expropiación por vía administrativa del predio
identificado con el número de matrícula inmobiliaria 070-86523 y con número de
identificación predial 01 02 0016 0015000, confirmado mediante el Decreto 200 de
26 de marzo de 2007. Posteriormente, anotó, que también expidió la Resolución
1701 de 2007, confirmada y adicionada por la Resolución 1804 del mismo año, todo
ello de conformidad con los artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 1997.
33. Expresaron que el Municipio de Tunja pagó la suma de $121.527.000 a razón de
$9.000 por metro cuadrado, correspondientes a 13.503 m 2, de acuerdo con el
avalúo elaborado por profesionales avaluadores contratados por la Gobernación de
Boyacá.
34. Finalmente, propusieron la excepción que denominaron “[…] falta de legitimación
en la causa por pasiva […]” al no ser el llamado a responder por la expropiación
decretada e “[…] ineptitud de la demandada […]”, en tanto que en el proceso con
radicado 15001-23-31-000-2007-00556-00 no se demandó el Decreto 200 de 26 de
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marzo de 2007, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra el Decreto 091 de 2007.
II.2. El Departamento de Boyacá
35. El Departamento de Boyacá, demandado dentro del proceso con radicado 15000-
23-31-002-2007-00710-01, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no se
pronunció sobre los supuestos fácticos y jurídicos de la demanda.
II.3. Acumulación de los procesos
36. Las demandas de la referencia fueron adelantadas de manera individual,
decretándose las pruebas solicitadas por las partes y corriéndose traslado para
alegar de conclusión.
37. Trascurrido el término para alegar de conclusión, mediante auto de 25 de agosto
de 2018 se ordenó la acumulación del proceso 15000-23-31-001-2008-00069-00 al
proceso 15001-23-31-000-2007-00556-00. Posteriormente, a través de auto de 17
de julio de 2019, se dispuso la acumulación del proceso con radicado 15000-23-31-
002-2007-00710-00.
III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
38. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, en sentencia de 29 de
abril de 20225, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, declaró no prósperas las objeciones por error grave presentadas por
las partes contra el dictamen pericial practicado en el proceso y negó las súplicas
de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:
39. En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa, señaló que existe
una circunstancia que vincula sustancialmente al municipio de Tunja con los hechos
y pretensiones de la demanda, pues se debate la legalidad de las Resoluciones 091,
200, 1701 y 1804 de 2007, por medio de las cuales el ente territorial resolvió la
expropiación administrativa y la indemnización a favor de los demandantes, de
manera que no está llamado a prosperar.
40. Igualmente, desestimó la excepción de ineptitud de la demandada formulada por
parte del Municipio de Tunja dentro del proceso con radicado 2007-0556-00 por no
haberse demandado el Decreto 200 de 26 de marzo de 2007, por medio del cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 091 de 2007.
5 Índice 16 del expediente digital Samai.
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
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41. Al respecto, anotó que “[…] al ser ordenada la acumulación procesal, se observó
que en los procesos fueron demandados los demás actos administrativos proferidos
por el municipio de Tunja, en razón a que más allá del cuestionamiento de los actos
enjuiciados, se observaba similitud en las pretensiones, y en razón a que se trata
de un predio de comuneros, quienes perseguían el mismo fin indemnizatorio, por lo
que, al ordenarse la acumulación procesal, quedó zanjada cualquier circunstancia
que llevara consigo la falta de enjuiciamiento de otro acto […]”.
42. Seguidamente, procedió a analizar si el precio indemnizatorio fijado mediante los
actos administrativos objeto de demanda se ajusta o no a las normas que regulan
la materia, para lo cual analizó cada uno de los dictámenes aportados al plenario,
como se sintetiza a continuación:
i. Proceso 15001-23-31-000-2007-00556-00
43. Anotó que en el proceso se solicitó el decreto de prueba pericial, sin embargo,
por auto de 12 de agosto de 2015, se declaró precluida la etapa probatoria sin
haberse aportado dicha prueba, toda vez que, “[…] luego de los requerimientos
realizados a la parte actora para que presentara la información que solicitó el perito
designado para tal efecto en cuanto a la documentación de identificación del predio,
esta fue renuente, resultando imposible realizar la pericia […]”.
ii. Proceso 15000-23-31-002-2007-00710-00
44. Destacó que, mediante auto de 7 de octubre de 2009, se decretó prueba pericial
solicitada por la parte demandante, el cual fue practicado por el perito designado en
el proceso, señor Luis Orlando Hernández Carreño6, de cuyo análisis encontró que
el avalúo tiene en cuenta vías y obras ejecutadas con posterioridad a la expropiación
y que el mismo no refiere los métodos, criterios y parámetros de comparación
adoptados, además que no contiene la constancia expresa de las comparaciones,
simulaciones, cálculos y operaciones efectuados para deducir el valor unitario del
metro cuadrado, ni explicó el procedimiento realizado para obtener esos resultados.
45. Consideró que, en razón a las falencias advertidas, la experticia se encontraba
desprovista de la suficiente fundamentación fáctica y técnica, así como de las
pruebas idóneas que respalden mayores valores señalados por los demandantes.
6 Folio 338-349, C 3 del expediente digital Samai.
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iii. Proceso 15000-23-31-001-2008-00069-00
46. Observó que a través auto de 5 de agosto de 2009 se decretó la prueba pericial
solicitada por la parte demandante, la cual fue practicada por el perito Rubén
Rodríguez Lozano7.
47. Anotó que tanto la parte demandante como la demandada objetaron la experticia
por error grave, e indicó que, mediante auto de 9 de octubre de 2013, se resolvió
designar como perito al señor Carlos Emilio Soto Bulla, con el fin de que realizará
nueva experticia del predio objeto de debate.
48. Indicó que, una vez agotado el trámite correspondiente, el auxiliar de la justicia
allegó la experticia, la cual fue aclarada y complementada por solicitud de la parte
demandante.
49. Señaló que la parte demandada objetó por error grave el informe de aclaración y
complementación del dictamen pericial.
50. Frente a lo anterior, el a quo expuso que, atendiendo la jurisprudencial del
Consejo de Estado, el peritaje rendido no contiene un error de tal protuberancia que
permita prosperar el error grave que invoca la entidad demandada.
51. Seguidamente, procedió a analizar la experticia rendida por el perito y su
aclaración, observando que: i) se encuentra desprovisto de argumentos técnicos y
de apoyo probatorio; ii) no cuenta con análisis comparativo entre el bien objeto de
expropiación y los predios sobre los cuales se realizó comparación en precios
comerciales o de mercado; iii) no se identifica el método utilizado para determinar
el valor del metro cuadrado de terreno, ni se indica cómo se calculó el valor del
metro cuadrado de construcción y si dicho valor corresponde al de la fecha en que
se llevó a cabo la expropiación administrativa; iv) se incluyen vías y accesos a
centros comerciales, sin referir si los mismos fueron construidos con anterioridad a
la expropiación administrativa y v) no cuenta con fotografías de los inmuebles.
52. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la pericia no desvirtúa el avalúo
elaborado por la Lonja de Avaluadores, ni permite llegar a la conclusión de que los
valores reacomodos por el ente municipal resultaran errados.
53. En cuanto al dictamen pericial rendido por el señor Carlos Emilio Soto Bulla,
advirtió que, si bien en la aclaración estableció con mayor precisión el método de
comparación o de mercadeo y de encuestas realizadas a predios colindantes, el
mismo contiene las siguientes falencias:
7 Folios 156-170 y folios 254 a 256 (aclaración del dictamen), C 2 del expediente digital Samai.
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• No se identificó correctamente el predio y su localización, incumpliéndose lo
señalado en el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 762 de 1998.
• La información sobre las ofertas tenidas en cuenta por el perito para
determinar el precio comercial del bien valorado presenta inconsistencias,
toda vez que relaciona tres inmuebles identificados con el mismo número
predial, con valores de oferta distintos. Además, no se especifican
características similares en uso, localización, accesos, ni se especifica la
fecha de las ofertas.
• El perito avaluador no tuvo en cuenta la afectación ambiental que recaía
sobre una franja del predio, de conformidad con el artículo 160 del Acuerdo
0014 de 2001, por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Tunja.
• No hay claridad sobre la metodología utilizada para la fijación del precio
comercial del predio, “[…] pues si bien señala que el método utilizado es el
comparativo con bienes aledaños, se observa, que parte de los resultados
obtenidos en desarrollos urbanísticos, tales como, barrio las quintas, fuente
higueras y santa Inés, el método comparativo no es símil, en tanto que se
trataba de un lote sin desarrollo alguno, que como el mismo experto señala,
se trata de un terreno para pastos; y luego lo compara con desarrollos
urbanísticos ya consolidados […]”.
• Y, finalmente, no se indicó cuáles fueron las ofertas o transacciones de
bienes semejantes y comparables al del inmueble objeto de avalúo que
clasificó, analizó e interpretó el perito para llegar a la estimación del valor
comercial al utilizar el método de comparación o de mercado.
54. Por lo anterior, el a quo decidió no tener en cuenta la experticia para demostrar
los desaciertos que se le endilgan al avalúo oficial.
55. Seguidamente, puso de presente que, comoquiera que los peritajes que fueron
allegados en el trámite del proceso “[…] no aportaban elementos probatorios que
permitieran constatar la veracidad de las cifras que exponen y mucho menos la
certeza del valor por metro cuadrado para el año 2007, se ordenó el decreto de una
nueva pericia, quien debería resolver un cuestionamiento previamente señalado por
el Tribunal […]”, designándose para el efecto a la señora Flor Ángela Acuña Pinto.
56. Luego de transcribir el formulario y las respuestas elaboradas por la auxiliar de la
justicia, el Tribunal estimó que no cumple con los requisitos mínimos establecidos
por la Ley 388 de 1997, pues no se observa la determinación del método de
comparación o de mercado, ya que la perito indica que no fue posible hacer tal
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Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
parámetro comparativo por no existir negocios con las mismas características del
afectado.
57. Señaló que tampoco se observa que la perito allegara pruebas del
reconocimiento del terreno y fotos que permitieran identificar las características más
importantes del inmueble objeto de análisis.
58. Anotó que “[…] las falencias advertidas en dicho avalúo dejan al descubierto la
carencia de las exigencias para elaboración de un dictamen, conforme fuera
solicitado por esta Corporación […]” y agregó que la pericia “[…] no permite una
debida observancia de los parámetros que lleve a tener claridad sobre las dudas y
errores achacados a las experticias rendidas primeramente, pues el valor asignado
a cada metro cuadrado no aparece fundado, no se conoce en el fondo de dónde se
dedujo ese valor, ni cuáles fueron las negociaciones inmobiliarias, las ofertas o los
avalúos recientes que sirvieron de parámetro para realizar comparación con predios
símiles […]”.
59. Manifestó que, en contraste, la experticia que tuvo en cuenta el municipio de
Tunja, elaborada por la Lonja de Avaluadores, cuenta con parámetros como:
estudios, investigación directa del mercado, banco de datos respecto de sus
afiliados, lo que permite evidenciar la aplicación del método de valuación de
comparación o de mercado, a la luz de los parámetros señalados en la Ley 388 de
1997 y la Resolución IGAC No. 620 del 23 de septiembre de 2008.
60. Expuso que, en suma, los dictámenes periciales rendidos dentro de los procesos
bajo examen no permitieron tener claridad sobre las conclusiones arribadas, como
tampoco demostraron que el precio indemnizatorio señalado por la Lonja de
Avaluadores, tenido como precio indemnizatorio por el ente territorial resultara
errada, por lo que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos
demandados.
61. Concluyó que, por consiguiente, no hay lugar a declarar la nulidad deprecada, y
advirtió que “[…] resulta inane abordar el eje temático relacionado con los perjuicios
reclamados en caso de declararse la nulidad de los actos enjuiciados, toda vez que
este análisis estaba supeditado a que las pretensiones anulatorias contra las
nombradas resoluciones fueran de recibo y encontraran prosperidad, por cuanto lo
antijurídico del daño, cuando se está frente al acto administrativo, se predica en
conexidad perfecta y directa a su acumulación parcial o total, hipótesis que,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión no se presentó […]”.
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Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
IV.- RECURSOS DE APELACIÓN
62. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, los apoderados de los
demandantes presentaron recurso de apelación en contra la sentencia de primera
instancia con el fin de que sea revocada y que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de las demandas, con fundamento en los argumentos que se resumen
a continuación:
IV.1. Proceso 15001-23-31-000-2007-00556-00
63. El apoderado de la parte demandante adujo que, contrario a lo argumentado por
el a quo, esa parte procesal “[…] prestó la colaboración para el dictamen, porque
siempre instó al señor perito para suministrarle la documentación que necesitara,
sin embargo, dicho perito fue negligente y siempre colocó problemas […]”.
64. Anotóque, en todo caso, en el expediente reposaba toda la información
necesaria para que el perito rindiera el dictamen, como por ejemplo la
documentación aportada por la demandada, la obrante en el avalúo de la Lonja de
Profesionales Avaluadores.
65. Señaló que, ante las referidas circunstancias, el Tribunal ha debido insistir y
requerir al perito para que elaborara el dictamen pericial, o designar otro perito,
haciendo uso de las facultades oficiosas en aras de dictar una sentencia que
efectivamente resuelve el litigio, por lo que debió decretarse un nuevo dictamen
pericial.
IV.2. Proceso 15000-23-31-002-2007-00710-00
66. El apoderado de la parte actora manifestó que “[…] en el curso incidental o
accesorio, producto de la objeción del dictamen pericial, no es a la parte
demandante a quien le corresponde demostrar que el avalúo es correcto porque
con ello se afecta el equilibrio de las partes en el proceso. Es el objetante a quien
se le traslada la carga de probar los fundamentos de su objeción […]”.
67. Sostuvo que el a quo incurrió en contradicción toda vez que, por un lado, no
acogió los dictámenes periciales aduciendo, entre otros argumentos, que en los
mismos no se hace alusión a los métodos valorativos empleados por los peritos y,
por otro lado, decidió que son prósperas las objeciones formuladas por la entidad
demandada.
68. Añadió que si en el curso del proceso se practicaron tres dictámenes periciales,
uno de ellos ordenado por el Tribunal Administrativo, resulta un contrasentido que
19
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
se nieguen las pretensiones bajo el argumento de que no existe claridad sobre el
precio del bien expropiado en el año 2007.
69. Aunado a lo anterior, expuso que en el proceso se alegó y quedó demostrado
que el municipio de Tunja y el Departamento Gobernación de Boyacá notificaron
que, de no ser aceptada su propuesta de adquisición o enajenación voluntaria,
procederían a adelantar la expropiación por vía judicial. Sin embargo, transcurridas
las actuaciones administrativas previas a la expropiación, esta se adelantó por vía
administrativa y no judicial, desconociendo las entidades territoriales sus propios
actos y atentando contra la buena fe y la confianza legitima de los expropiados.
IV.3. Proceso 15000-23-31-001-2008-00069-00
70. El apoderado de la parte demandante argumentó que la sentencia fue proferida
sin que se hubieran practicado unas pruebas sobre la objeción por error grave que
se formuló contra el último dictamen pericial practicado en el proceso, con las cuales
se pretendía demostrar que el perito no acreditó la calidad de auxiliar de la justicia
para las fechas en que tomó posesión y rindió la experticia.
71. Asimismo, alegó que dos de los tres magistrados que integraron la sala de
decisión no conocían el expediente, pues se integraron a la misma en la fecha en
que fue expedida la providencia.
72. Al respecto, especificó que “[…] la sala de decisión que profirió la sentencia se
conformó irregularmente porque no se siguió el procedimiento establecido en el
artículo 131 del C.P.A.C.A. para declarar si los impedimentos presentados por dos
de los Magistrados […] porque los Magistrados designados para reemplazar a los
Magistrados impedidos fueron seleccionados después de proferida la sentencia, no
antes y mediante una providencia diferente, lo que deja serias dudas sobre el
estudio que hicieron de 3 procesos acumulados que tardaron más de 15 años cada
uno en formarse y sobre la competencia que cada uno de ellos tenía para conformar
la sala de decisión […]”.
V.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
73. El magistrado sustanciador de la primera instancia, mediante auto de 9 de junio
de 2022, concedió los recursos de apelación presentados en contra la sentencia de
primera instancia por los demandantes dentro de los procesos acumulados.
20
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
74. Remitido y repartido el proceso entre los Despachos que integran la Sección
Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 18 de julio de 2022, el Despacho
sustanciador admitió los recursos interpuestos8.
75. Mediante auto de 7 de septiembre de 20229, se ordenó correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que,
de tenerlo a bien, rindiera concepto.
76. Dentro del término concedido, el agente del Ministerio Público10 presentó el
concepto 22 - 31711, señalando que, tras analizar las pruebas que reposan en el
expediente, considera que la entidad demandada dio cabal cumplimiento al
procedimiento de expropiación administrativa previsto en el ordenamiento jurídico y
que, por su parte, los demandantes no lograron desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos acusados, en la medida que no demostraron que el precio
indemnizatorio señalado por la Corporación Lonja de Avaluadores Profesionales e
Inmobiliarios de Boyacá, tenido como precio indemnizatorio por el municipio de
Tunja, resultara errado, por consiguiente, solicitó que se nieguen las pretensiones
de los demandantes.
77. Los demandantes y la entidad demandada no se pronunciaron en esta etapa
procesal.
VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1.- Competencia
78. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 512 del artículo 71 de la Ley 388
de 1997, el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo sobre competencias
del Consejo de Estado, y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201913,
sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente
para conocer del presente asunto.
8 Índice 4 del aplicativo para la Gestión Judicial Samai.
9 Índice 9 del aplicativo para la Gestión Judicial Samai.
10 Procurador Quinto delegado ante el Consejo de Estado.
11 Índice 14 del aplicativo para la Gestión Judicial Samai.
12 5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, el cual decidirá
de plano, salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior
a un mes. La parte que no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento
antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia.
13 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad
de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
21
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
VI.2.- Problema jurídico
79. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
primera instancia, para lo cual, en los términos de los recursos de apelación, deberá
analizar si las pruebas practicadas en los procesos acumulados desvirtúan o no el
valor comercial fijado por el municipio de Tunja con ocasión de la expropiación
administrativa ordenada mediante los actos administrativos demandados, además
si el Tribunal ha debido insistir en practicar un nuevo dictamen pericial, si la
expropiación debía realizarse por la vía judicial y si la sala de decisión que profirió
la sentencia debía seguir el procedimiento establecido en el artículo 131 de la Ley
1437 de 2011 – CPACA.
VI.3. Los actos administrativos demandados
80. En los procesos acumulados los demandantes solicitaron la nulidad de los actos
administrativos que se relacionan a continuación:
• Decreto 091 de 9 de febrero de 2007, expedido por el alcalde mayor de
Tunja, “[…] por medio del cual se ordena una expropiación por vía
administrativa […]”14, en cuya parte resolutiva se dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa
del predio identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 070-86523, con
número de predial 01 02 0016 0015 000.
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del predio es la suma de CIENTO VEINTIUN
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE
($121.527.000.oo), que se pagará en un solo contado a las personas que
demuestren ser los titulares de dominio.
PARÁGRAFO: En caso que los titulares de dominio del predio expropiado se
rehúsen a recibir el dinero producto de la expropiación, éste será consignado
a sus órdenes en la cuenta abierta para tal fin en el Banco Agrario Sucursal
Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: El inmueble expropiado tendrá como destinación
exclusiva la “construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del
nor - oriente de la ciudad” que se adelanta a través de la Gobernación de
Boyacá […]”.
• Decreto 200 de 26 de marzo de 2007, expedido por el alcalde mayor de
Tunja, “[…] por medio del cual se resuelven los recursos de reposición
interpuestos en contra del decreto No 091 del nueve (9) de febrero de 2007
[…]”15, en cuya parte resolutiva se dispuso:
14 Folios 22 a 24, C 3 del expediente digital.
15 Folios 36 a 43, cuaderno 3 del expediente digital.
22
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
“[…] Artículo Primero: No REPONER el Decreto 091 del 9 de febrero de 2007,
por medio del cual se ordenó adelantar una expropiación por vía
administrativa, por lo que se confirma el contenido del decreto No 091 de 09
de febrero de 2007 por lo expuesto en la parte motiva de este decreto.
Artículo Segundo: ORDENAR la inscripción de esta decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja, para que en los
términos del art. 70 de la ley 388 de 1997, el titular del derecho real de
dominio del predio expropiado es el Municipio de Tunja.
Articulo Tercero: ORDENAR la entrega del inmueble al Municipio de Tunja,
sin necesidad de intervención judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio
de las autoridades de policía, si es necesario.
Artículo Cuarto: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por
la vía gubernativa […]”.
• Artículo tercero de la Resolución 1103 de 13 de junio de 2007, expedida
por el alcalde mayor de Tunja, “[…] [p]or medio de la cual se ordena iniciar la
expropiación por vía administrativa del predio identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No 070- 0086523»16, cuyo tenor literal es el siguiente:
“[…] Artículo tercero: El valor total de la indemnización es la suma de CIENTO
SETENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS M/CTE ($170.173.940.00), de conformidad con el avalúo
realizado por la lonja de propiedad raíz “Corporación Lonja de Avaluadores
Profesionales e Inmobiliarios Boyacá […]”.
• Artículo segundo de la Resolución 1701 de 6 de septiembre de 2007,
expedida por el alcalde mayor de Tunja, “[…] por medio de la cual se ordena
la expropiación administrativa del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No 070-0086523 […]”17, cuyo tenor literal es el siguiente:
“[…] Artículo Segundo: El valor de la indemnización es la suma de CIENTO
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($166.773.940.oo), de conformidad
con el avalúo realizado por la lonja de propiedad raíz “Corporación Lonja de
Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios Boyacá”, suma que se cancelará
proporcional a la participación de cada uno de los titulares del derecho de
propiedad y demás derechos reales en un solo contado una vez quede
ejecutoriado el presente acto administrativo […]”.
• Artículos primero y segundo de la Resolución 1804 de 02 de octubre de
2007, expedida por el alcalde mayor de Tunja, «[p]or medio de la cual se
16 Folios 25 a 27, cuaderno 2 del expediente digital.
17 Folios 32 a 34, C 2 del expediente digital.
23
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1701
de 05 de septiembre de 2007»18, cuyo tenor literal es el siguiente:
“[…] Artículo Primero: No REPONER la Resolución No. 1701 de 06 de
septiembre de 2007, por medio del cual se ordenó la expropiación por vía
administrativa del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.
070-86523, por lo expuesto en la parte motiva de este decreto.
Artículo Segundo: ADICIONASE la Resolución No. 1701 de 06 de septiembre
de 2007, el cual contará con el siguiente artículo:
ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenase la expropiación administrativa del derecho
de propiedad y demás derechos reales de la construcción existente en el
predio identificado con número predial 010200160015000 y con No. de
matrícula inmobiliaria 070-86523. El valor de la indemnización es la suma de
TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.000.oo), de
conformidad con el avalúo realizado por la lonja de propiedad raíz
“Corporación Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios Boyacá”,
suma que se cancelará proporcional a la participación de cada uno de los
titulares del derecho de propiedad y demás derechos reales en un solo
contado una vez quede ejecutoriado el presente acto administrativo […]”.
VI.4. Análisis del caso concreto
81. ElTribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, desestimó las
pretensiones de las demandas por considerar que los demandantes de los procesos
acumulados no lograron desvirtuar la legalidad de los actos demandados, toda vez
que no demostraron la incorrección del precio indemnizatorio fijado por el municipio
de Tunja por la expropiación del predio identificado con matrícula inmobiliaria 070-
86523 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, y con número
de predial 010200160015000.
82. Los demandantes interpusieron recursos de apelación solicitando que se revoque
la sentencia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
83. Previo al análisis de los argumentos de inconformidad planteados por los actores,
la Sala recuerda que el artículo 58 de la Constitución Política protege y garantiza el
derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, siempre que su adquisición se haya ajustado a las prescripciones del
ordenamiento jurídico.
84. El inciso cuarto del citado precepto fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 30
de julio de 1999, norma que prescribe que, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa, que se fijará consultando los intereses de
18 Folios 39 a 41, C 2 del expediente digital.
24
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
la comunidad y del afectado y que, en los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contencioso administrativa, incluso respecto del precio.
85. Como se advierte, en caso de conflicto entre el derecho a la propiedad privada y
el interés general es este último el llamado a primar y, por ende, el derecho de
propiedad debe ceder en procura de la satisfacción de los intereses de la
colectividad, lo que devela que no se trata de un derecho absoluto ni tampoco
intangible19.
86. En armonía con lo expuesto, el derecho a la propiedad privada puede ser limitado
cuando no cumple la función social o ecológica, cuando su adquisición quebrante
las normas que la sustenta o, incluso, cuando entra en conflicto con el interés
general, por lo cual el constituyente y el legislador, en el marco de los cometidos
constitucionales, diseñaron diferentes instrumentos dirigidos a enervar ese derecho
por la ocurrencia de alguno de los supuestos mencionados.
87. Uno de tales instrumentos es el mecanismo de la expropiación, cuya regulación
legal se encuentra en la Ley 9ª de 1989, normativa que desarrolla la expropiación
por vía judicial; en la Ley 388 de 1997, que modificó aquella en algunos
procedimientos de la expropiación judicial y reguló expresamente la expropiación
por vía administrativa, y en los artículos 451 a 459 del CPC, ahora 399 del CGP,
norma que contiene las disposiciones a las cuales se encuentra sujeta la
expropiación por vía judicial.
88. Pues bien, el artículo 71 de la referida Ley 388 de 1997 dispone que contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del
derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido. Así, para
debatir el precio indemnizatorio no se requiere cuestionar la legalidad del acto
administrativo que lo determina.
89. Precisado lo anterior, la Sala procede a analizar si las pruebas practicadas en los
procesos acumulados desvirtúan o no el valor comercial fijado por el municipio de
Tunja con ocasión de la expropiación administrativa ordenada mediante los actos
administrativos demandados, ello a la luz de los argumentos que dan sustentos a
los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia:
19 Corte Constitucional. Sentencia C-459 del 1º de junio de 2011. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
25
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
i. Proceso 15001-23-31-000-2007-00556-01
90. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo señaló que en el
proceso con radicado 15001-23-31-000-2007-00556-01 no se practicó la prueba
pericial decretada a solicitud de la parte actora, toda vez que esta no suministró la
información requerida por el perito para el efecto.
91. Al sustentar el recurso de apelación contra la sentencia, el apoderado del actor
sostuvo que en el expediente reposaba toda la información necesaria para que el
perito rindiera la experticia y que, por ende, el a quo debió requerir al perito para
que elaborara el dictamen pericial, o designar otro perito, haciendo uso de las
facultades oficiosas en aras de dictar una sentencia que efectivamente resuelve el
litigio.
92. Sobre ese particular, viene al caso recordar que, al incorporarse el valor del
avalúo oficial en el texto de los actos administrativos demandados debe entenderse
que este se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza
que se predica de las decisiones de la administración. Por lo tanto, es obligación de
la parte demandante demostrar en el proceso judicial los errores que se cometieron
en dicho avalúo. Así se consideró en sentencia proferida el 14 de septiembre de
2020:
“[…] 5.2.3. En este punto, la Sala considera relevante precisar el alcance de la
carga que recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que
gozan los actos de la administración; no basta entonces con que se argumente
que los mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha
incurrido y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la
administración conforme las normas que regulan la materia […]”20 (negrilla
fuera de texto).
93. En esa línea de ideas, la Sala precisa que si bien el juez puede decretar de oficio
las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, ello
obedece a una facultad y no a un deber, puesto que, en primera medida,
corresponde a las partes interesadas en la prueba promover tal actuación, de
conformidad con el artículo 238 del CPC21.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre
de 2020. Radicado: 05001-2331-000-2007-00419-01. M.P.: Oswaldo Giraldo López.
21 Artículo 238. Contradicción del Dictamen. “[…] Para la contradicción de la pericia se procederá así: 1. Del
dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o
aclare, u objetarlo por error grave […]”.
26
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
94. Es por ello que, como lo consideró esta Sala de Decisión en sentencias de 21 de
mayo de 202022 y de 14 de julio de 202223, la carga de desvirtuar el avalúo técnico
que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordenó la expropiación
administrativa recae en la parte demandante, sin que pueda ser trasladada a la
autoridad judicial a cargo de la dirección o decisión del proceso.
95. Cabe resaltar que el hecho de que la parte demandante haya instado al perito a
solicitar documentación no necesariamente implica que se haya proporcionado toda
la documentación necesaria y de manera oportuna. Aunado a ello, no debe olvidarse
que es responsabilidad de la parte demandante asegurar que el perito reciba todo
el apoyo y los recursos necesarios para llevar a cabo su evaluación de manera
efectiva.
96. Elrecurrente afirma haber instado al perito a solicitar la documentación
necesaria, sin embargo, no existen pruebas concretas ni registros que demuestren
la frecuencia o la naturaleza de estos supuestos contactos. La ausencia de
evidencia documentada, impide a la Sala considerar, con certeza, que la parte
demandante haya cumplido con su obligación de facilitar el proceso de peritaje de
manera efectiva.
97. Aunado a lo anterior, no es de recibo el argumento según el cual debía decretarse
un nuevo dictamen después de haberse cerrado la etapa probatoria, lo anterior por
cuanto ello contraviene los principios fundamentales de preclusión y eficiencia
procesal que rigen los procedimientos judiciales.
98. La parte demandante tenía la responsabilidad durante la etapa probatoria de
asegurar que todas las pruebas necesarias, incluyendo el dictamen pericial, fueran
presentadas de manera oportuna y completa. Invocar ahora la facultad oficiosa del
del tribunal para ordenar un nuevo dictamen ignora estos principios y puede
considerarse un intento de sanear por la propia falta de diligencia, mucho menos en
esta instancia.
99. Cabe advertir que si el demandante, por imprudencia, negligencia o voluntad
propia ha permitido o facilitado que se ocurran determinados sucesos que de una
forma u otra atentan contra sus derechos, no puede posteriormente aspirar a que el
se proceda a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo
interesado.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de
2020. Radicado: 05001-23-31-000-2008-00033-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2022.
Radicado: 05001-23-31-000-2008-00035-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
27
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
100. La Sala destaca que en los procesos acumulados al proceso en análisis se
practicaron varios dictámenes periciales que versan sobre el mismo punto, valga
decir, demostrar la incorrección del avalúo adoptado en los actos administrativos
demandados.
101. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 233 del CPC, “[…] sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso
del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo,
en el que podrá decretarse otro […]”.
102. Por lo tanto, la actuación de la parte recurrente no puede trasladarse al perito y,
mucho menos, al juez, en tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177 del CPC “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”, en consecuencia, el
argumento de inconformidad en análisis no está llamado a prosperar.
ii. Proceso 15000-23-31-002-2007-00710-01
103. El a quo consideró que el dictamen pericial practicado en el proceso a solicitud
de la parte demandante no cumple con los requisitos señalados en la Ley 388 de
1997 y Resolución IGAC 762 de 1998 y que, por ende, no desvirtúa el avalúo que
dio fundamento a la indemnización fijada por el Municipio de Tunja mediante los
actos administrativos demandados.
104. La parte demandante, al impugnar la decisión, aseveró que el Tribunal acogió
la objeción por error grave presentada por la parte demandada contra el dictamen,
invirtiendo así la carga probatoria.
105. En esa misma línea de ideas, aseveró que el a quo “[…] incurrió en una
contradicción pues, por un lado, no acogió los dictámenes de la demanda
arguyendo, entre otras cosas, que no hacen mención a los métodos valorativos
empleados por los peritos y, por otro lado, aduce que las objeciones que formuló la
demandada son prósperas […]”.
106. Para resolver, la Sala destaca que el a quo, luego de transcribir el dictamen
pericial elaborado por el auxiliar de la justicia Luis Orlando Hernández Carreño 24,
refirió que el Municipio de Tunja presentó objeción por error grave sustentado en
que: (i) el valor incluye vías y construcciones que incrementan el avalúo, los cuales
no existían para el momento de la afectación del predio; (ii) no tuvo en cuenta el uso
de suelo permitido en el sector, toda vez que constituye ronda del río, el cual no es
apto para ningún tipo de construcción, ni áreas de vía férrea y no se permite ningún
24 Folios 388 a 349, C 3 del expediente digital Samai.
28
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
desarrollo urbanístico; (iii) según la Resolución 620 de 2008, se debe tener en
cuenta el uso de suelo, encontrándose prohibida la actividad lechera y ganadera y
se fija la suma de $19.000 por m2, sin embargo, no se explican las razones de dichas
conclusiones.
107. Seguidamente, el a quo arribó a las siguientes conclusiones sobre la experticia:
“[…] - El avalúo tiene en cuenta vías y la construcción del viaducto que fueron
desarrollados con posterioridad a la fecha en la que se produjo la afectación
administrativa por parte del Municipio, razón por la cual advierte la Sala que no
resulta acertado obtener valores indemnizatorios a partir de incrementos
económicos que para la fecha de la expropiación administrativa no estaban
proyectados.
• En el dictamen no obran los estudios de mercadeo, ni las investigaciones
económicas ni los ejercicios estadísticos, así como tampoco los datos
estadísticos de fuentes fidedignas representadas por Lonjas de Propiedad
Raíz, como de oferentes de inmuebles aledaños, como método comparativo de
homogenizado.
• No se aportó qué métodos, criterios y parámetros de comparación se
tuvieron en cuenta y cuáles las operaciones que se realizaron para determinar
el monto de la respectiva indemnización. Pues sin ello, no habría forma de que
el particular entre a controvertir un avalúo, y sin que se conozca en el fondo de
dónde se dedujo ese valor ni cuáles fueron las negociaciones inmobiliarias, las
ofertas o los avalúos recientes que sirvieron de parámetro para realizar la
mencionada comparación.
• No aparece la constancia expresa de las comparaciones, simulaciones,
cálculos y operaciones efectuados para deducir el valor unitario del metro
cuadrado, lo cual permite expresar que este avalúo carece de argumentos
técnicos y de apoyo probatorio, que conlleven a acreditar la corrección del
justiprecio arrojado por este avalúo, como tampoco explicó el procedimiento
realizado para obtener esos resultados.
[…]
Por consiguiente, al no cumplirse los criterios establecidos en la norma, no
puede ser tenido en cuenta dicho peritaje para desvirtuar las falencias de la
pericia aportada por la Lonja de Avaluadores que fuera tenida en cuenta por el
municipio de Tunja […]”.
108. Tras las anteriores consideraciones, el juez de instancia concluyó que la pericia
rendida está desprovista de la suficiente fundamentación fáctica y técnica, así como
de las pruebas idóneas que respalden la causación de mayores valores a los tenidos
como indemnizatorios por el Municipio de Tunja, y que reclama la parte
demandante.
29
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
109. Cabe destacar además que en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada se declararon “[...] no prósperas las objeciones por error
grave, presentada por el Municipio de Tunja […]”.
110. Lo expuesto permite a la Sala considerar que, si bien es cierto el a quo hizo
mención a la objeción por error grave que formuló la parte demandante, contrario a
lo afirmado por el recurrente, el Tribunal la declaró no prospera, por lo que no se
vislumbra contradicción alguna.
111. Debe ponerse de presente que se desestimó la experticia no en razón a la
objeción, sino en tanto que el dictamen no cumplió con los criterios previstos en las
normas aplicables, esto es, al no explicar ni enunciar la metodología adoptada,
además el mismo no contiene premisas de orden técnico suficientemente claras y
detalladas, ni soportes que permitan establecer que el valor comercial del inmueble
asciende realmente a la suma allí consignada y no a la determinada por la entidad
demandada mediante avalúo técnico, consideraciones que comparte esta Sala.
112. La Sala recuerda que, mediante auto de 7 de octubre de 2009, se decretó
prueba pericial solicitada por la parte demandante, la cual fue rendida por el perito
Luis Orlando Hernández Carreño, y cuyas conclusiones se transcriben a
continuación25:
“[…] Se trata de un lote de terreno sobre el cual se construyeron las torres o
columnas que soportan el viaducto Juan Nepomuceno Niño que comunica la
Calle 24 de la ciudad de Tunja con la avenida Universitaria vía elevada sobre
la avenida norte, vía que conecta a Tunja con la ciudad de Bogotá, el lote de
terreno posee una forma trapezoidal. […]
1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1 Dirección: Sin Nomenclatura Barrio Las Nieves de la Ciudad de Tunja.
1.2 Propietario: Herederos Señora Rojas Sarmiento Olga Marina.
1.3 Clase de Inmueble: Lote de Terreno Urbano.
1.4 Localización: Sector Centro Nororiental de la Ciudad de Tunja.
1.5 Puntos de Referencia para la Ubicación: El lote corresponde al predio
donde se construyeron las estructuras portantes, columnas y/o bases o pórticos
del viaducto Juan Nepomuceno Niño que interconecta la Avenida universitaria
con el centro de la ciudad de Tunja a la altura de la Calle 24.
1.6 Vías de Acceso: Avenida Norte, Calle 24 y vía al Batallón Bolívar de la
ciudad.
1.7 Transporte: Hasta el lote cualquier tipo de vehículo, taxis Colectivos, etc.
ya que el sector donde se encuentra el lote goza de bastante facilidad de
accesibilidad con suficientes rutas de transporte público de la ciudad de Tunja.
1.8 Servicios: Por su ubicación carece de los servicios de tanto de agua, luz,
alcantarillado acueducto gas natural, pero a pocos metros se pueden
25
Folios 338 a 349, C 3 del expediente digital Samai.
30
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
encuentran las redes madres o principales de estos servicios facilitando de esta
manera en cualquier momento que se requiera su conexión.
1.9 Área Aproximada tenida en cuenta: Son siete mil setecientos cuatro
metros cuadrados (7.704,00 M2).
2. DETERMINACIÓN FISICA DEL BIEN AVALUADO.
2.1 Linderos y Dimensiones:
Los linderos y dimensiones que se tienen en cuenta en el presente informe
están determinados por los encontrados en el croquis o plano de Localización
del predio que hace parte del informe del avalúo presentado por la Lonja
LONPA, teniendo en cuenta que el área que se avaluó en ese entonces era la
encontrada en dicho plano, delimitándola por unos elementos a describir en
cada uno de sus linderos y que a continuación se describen: […]
Área Total Lote de Terreno a avaluar: 7.704.00 Metros cuadrados.
2.3. Descripción del bien inmueble: Teniendo en cuenta el levantamiento del
lote referenciado anteriormente y según lo visualizado en la visita realizada al
predio, se trata de un lote de terreno cubierto con una capa vegetal de bastante
follaje con una tierra de buenas propiedades para la producción de pastos,
siendo esta, la actividad que se viene realizando y se encontró plasmado en la
visita, ya que como se observa en el registro fotográfico en la actualidad se
explota como lote de cría, desarrollo y engorde de ganado vacuno con buena
producción de pastos aptos para estas actividades, la topografía del lote
corresponde a un lote que en un 80% es plano con un 20% de pequeña ladera,
localizada a lo largo del costado occidental, donde limita con la vía férrea; En
la parte centro oriental del lote sector completamente plano se observó un
represamiento de aguas lluvias, producto de los fuertes aguaceros que por
estos días han caído en la ciudad. El lote posee una forma trapezoidal con su
mayor altura o longitud en el lindero norte del mismo.
2.4 Descripción del Bien Inmueble en la Actualidad: En la Inspección realizada
se pudo constatar que la intervención realizada en el lote por parte de la
Gobernación de Boyacá, con la construcción del viaducto Juan Nepomuceno
Niño, se ubicaron seis (6) torres o Columnas portantes del viaducto dentro de
este lote y sobre el mismo atraviesa diagonalmente de una manera elevada o
cenital las dos vías o carriles correspondientes a dicho viaducto que comunica
o interconecta la Avenida Universitaria que atraviesa la ciudad de norte a sur y
conecta esta con el centro histórico de la ciudad de Tunja, lo mismo que
paralelo al lindero oriental se construyó una vía que en la actualidad está en
material de afirmado y compactado recebo, no alcanzando esta vía a
pertenecer al lote achurado y determinado en el plano como área de 7.704
metros cuadrados, pero en su totalidad se encuentra dentro del globo total del
predio de los demandantes.
3. AVALÚO
3.1 Determinantes tenidas en cuenta para la elaboración del avalúo:
Topográficas:
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
El Lote topográficamente es completamente aprovechable ya que en su
mayoría es plano con un 20% de terreno ligeramente inclinado, posee un área
pequeña con un leve hundimiento donde en invierno se represa agua, por lo
que se puede considerar que para el desarrollo de un proyecto determinado de
acuerdo al uso del suelo del sector se pueda desarrollar fácilmente sin
necesidad de llegar a sobrecostos por rellenos para nivelaciones o por
excavaciones complejas.
Físicas: La cercanía a la línea férrea que pasa por uno de los linderos y que
existe o fue construida hace muchos años, por seguridad, ruido y peligro que
en un momento dado posee el lote devaluaría un poco el valor del lote, pero
está supeditado al tipo de proyecto de desarrollo que allí se pudiera plantear
para lo cual se tendría que contemplar algún aislamiento o creación de alguna
barrera natural de protección Plan de Ordenamiento Territorial (POT):
En el Plan de Ordenamiento Territorial POT de la Ciudad de Tunja sancionado
y aprobado según acuerdo Municipal No. 014 del año dos mil uno (2.001) en
donde se establece que el lote materia de litigio se encuentra ubicado según
los planos P-42 (Usos del Suelo Urbano) y P 42 (Espacio Público) y según
Articulo 177 ARTICULO PARQUES, en la zona establecida con código
UENPr1r, […]
Teniendo en cuenta la época (año 2.006) en la que se solicita estimar el valor
del metro cuadrado y valor del lote y considerando las determinantes
encontradas y tenidas en cuenta para la elaboración del informe y avalúo
pericial, tanto de vías de acceso, disponibilidad de servicios públicos,
localización del predio, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (Usos
del Suelo Urbano y Espacios Públicos), Topografía, Tipo de terreno, uso que
se le viene dando, elementos Físicos creados y existentes en esta época que
pudieren incidir en el valor del lote, y teniendo en cuenta que en el lote por su
ubicación de acuerdo al POT no se pueden construir proyectos que
económicamente se le puedan sacar provecho monetario con el desarrollo de
actividades como centros comerciales, vivienda de ningún tipo o
construcciones de edificios Institucionales ni de servicios, que se pudieren
desarrollar y que puedan representar un valor agregado del metro cuadrado de
lote con respecto al metro cuadrado de construcción, por lo que se llega a lo
conclusión que el valor del metro cuadrado de terreno en este lote es de DIEZ
Y NUEVE MIL PESOS ($19.000,00) M/CTE.
COSTOS LOTE DE TERRENO
ítem Descripción UN CANTI V/UNITARI V/TOTAL
O
1 Metro M2 7.704.00 19.000.00 146.376.000
cuadradode
lote
Valor total lote directo $146.376.000
La apoderada del Municipio de Tunja presentó objeción por error grave contra
la pericia anterior, señalando para tal que:
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
1. El valor incluye vías y construcciones que incrementan el avalúo, los cuales
no existían para el momento de la afectación del predio.
2. No tuvo en cuenta el uso de suelo permitido en el sector, toda vez que
constituye ronda del río, el cual no es apto para ningún tipo de construcción, ni
áreas de vía férrea y no se permite ningún desarrollo urbanístico.
3. Según la Resolución 620 de 2008, se debe tener en cuenta el uso de suelo,
encontrándose prohibida la actividad lechera y ganadera.
4. Se fija la suma de $19.000 por m2, sin embargo, no se explican las razones
de dichas conclusiones […]”.
113. La Sala reitera, como bien lo consideró el a quo, que el avalúo no da certeza
del origen del conocimiento y fundamentos del mismo, tiene en cuenta vías y
construcción que fueron desarrollados con posterioridad a la fecha en la que se
produjo la afectación administrativa por parte del Municipio, además que el mismo
no se soportó en estudios de mercadeo, en investigaciones económicas del sector,
entro otros, como se precisó con antelación.
114. Debe recordarse que esta Sección ha considerado que la determinación del
valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se
requiere la aplicación de los métodos previstos en las normas que regulan la
materia, así como la aplicación de distintos criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble y las construcciones existentes, entre otros26.
115. En igual sentido, esta Sección ha precisado que en estos casos no resulta
suficiente la mera exposición de los resultados de las operaciones periciales
practicadas y de las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha conducido
a su obtención, omitiendo la exposición y explicación de las razones por las cuales
no es dable mantener otro criterio diferente. Esto, considerando que, tanto las partes
como la autoridad judicial no cuentan con los conocimientos especializados del
perito, por lo que se espera que este revele los datos y los hitos de su
discernimiento, que, si bien un entendido en la materia puede reputar elementales,
un profano puede encontrarlos inasequibles27.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de
2022. Radicado: 05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de
2009. Radicado: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
116. De otro lado, el recurrente expuso que en el proceso se alegó y quedó
demostrado que el municipio de Tunja y la Gobernación de Boyacá notificaron que,
de no ser aceptada su propuesta de adquisición o enajenación voluntaria,
procederían a adelantar la expropiación por vía judicial. Sin embargo, transcurridas
las actuaciones administrativas previas a la expropiación, esta se adelantó por vía
administrativa y no judicial, desconociendo las entidades territoriales sus propios
actos y atentando contra la buena fe y la confianza legítima de los expropiados.
117. Sobre el particular, la Sala, tras analizar las pruebas obrantes en el expediente,
pone de presente que luego de fracasada la negociación para enajenación
voluntaria, el ente territorial consideró que existían condiciones de urgencia
manifiesta y utilidad pública para la ejecución del proyecto de construcción del eje
de desarrollo vial e integración urbana del nororiente de la ciudad, lo cual se
materializó a través del Decreto 067 de 2007.
118. Por lo anterior, contrario a lo afirmado por el recurrente, lo que se notificó a los
demandantes fue el hecho consistente en que la expropiación administrativa de los
predios procedía por vía administrativa, ello en el entendido que el bien se
encontraba destinado para uno de los fines previstos expresamente en la ley.
119. Así pues, tras haberse presentado las condiciones a que hace referencia el
artículo 65 de la Ley 388 de 1998, la administración municipal decidió adelantar el
proceso de expropiación administrativa, el cual se desarrolló cumpliendo con cada
una de las etapas señaladas en la norma en comento, garantizando a los
propietarios su derecho al debido proceso y defensa, lo que permite determinar que
el argumento de disenso en análisis carece de fundamento.
iii. Proceso 15000-23-31-001-2008-00069-01
120. El apoderado de la parte demandante reprochó que la sentencia apelada fue
proferida sin que se hubieran practicado unas pruebas sobre la objeción por error
grave que se formuló contra el último dictamen pericial practicado en el proceso,
con las cuales se pretendía demostrar que el perito no acreditó la calidad de auxiliar
de la justicia para las fechas en que tomó posesión y rindió la experticia.
121. En este punto, la Sala destaca que, revisado el plenario, la objeción se tramitó
de conformidad con lo dispuesto en el CPC, en tanto se resolvieron las solicitudes
de aclaración y adición formuladas contra el mismo.
122. Igualmente, mediante auto del 9 de octubre de 2013 y, ante la solicitud de la
parte demandante, entre otras, por la falta de acreditación del perito, el a quo
resolvió designar un nuevo auxiliar de la justicia con el fin de realizar otra experticia
del predio objeto de debate.
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Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
123. La Sala resalta que según las consideraciones de la sentencia de primera
instancia, la decisión de negar las pretensiones por no haberse desvirtuado la
legalidad de las valoraciones contenidas en los actos administrativos demandados
se fundamentó en el análisis de cinco dictámenes periciales, cuatro de ellos
practicados en el proceso en cuestión —15000-23-31-001-2008-00069-01— y uno
en el proceso con radicado 15000-23-31-002-2007-00710-01, todos encaminados
a demostrar el mismo hecho, a saber, la incorrección del avalúo oficial.
124. Por ende, la Sala considera que el argumento dirigido a demostrar la supuesta
falta de idoneidad del último de los peritos no es de recibo, además, el Tribunal dio
cumplimiento al artículo 174 del CPC, en cuanto dispuso que toda decisión judicial
debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
125. De hecho, cabe anotar que, como se precisó líneas atrás, a la luz del artículo
233 ibidem sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso,
sino un dictamen pericial, de manera que, en el caso concreto, el a quo brindó a las
partes suficientes garantías al decretar la práctica de dictámenes periciales pese a
no haber declarado previamente la prosperidad de las objeciones por error grave.
126. Por otro lado, la recurrente alegó que dos de los tres magistrados que integraron
la sala de decisión no conocían el expediente, pues se integraron a la misma en la
fecha en que fue expedida la providencia, lo que en su criterio constituye una
irregularidad debido a que no se siguió el procedimiento establecido en el artículo
131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA.
127. En criterio de la Sala, tal reproche carece de asidero toda vez que se sustenta
en una norma que no resulta aplicable al caso, considerando que, de acuerdo con
el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 -, dicha normativa “[…] sólo se aplicará a los
procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
[…]”, cuando el proceso de la referencia se presentó y tramitó en vigencia del
Decreto 01 de 1984 – CCA.
128. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que los
planteamientos de disenso de los apelantes no están llamados a prosperar, por lo
que confirmará la sentencia recurrida.
129. Finalmente, la Sala no condenará en costas como quiera que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
35
Radicado: 15001-23-31-000-2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-
2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-01)
Demandantes: Fabio Enrique Cajigas Rojas, César Augusto Cajigas Rojas y
Omar Iván Rojas Sarmiento Barajas y otros
Demandados: Departamento de Boyacá y Municipio de Tunja
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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