RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y, en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 150012331005 20100138401
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORES: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA, TODA VEZ QUE
DICHO FALLO INCURRIÓ EN UNA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, POR CUANTO SE PRONUNCIÓ SOBRE UN
PRESUNTO VICIO QUE NO FUE ALEGADO POR LA PARTE
DEMANDANTE Y SOBRE EL CUAL LA PARTE DEMANDADA NO TUVO
LA OPORTUNIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN.
ADEMÁS, LA PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE
DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE
CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL ERA EQUIVOCADO E
INCORRECTO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de la parte actora y de la demandada, SOCIEDAD DE

ECONOMIA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS DE DUITAMA S.A., contra la sentencia de 26 de

octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de

Boyacá, Sala de Decisión núm. 3, por medio de la cual se declaró la

nulidad de las resoluciones núms. 1359 de 10 de diciembre de

2

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

2009 y 164 de 25 de febrero de 2010, expedidas por la Alcaldía

de Duitama-Boyacá.

I. ANTECEDENTES

I.1.- Los señores HÉCTOR JULIO BECERRA RUZ Y NUNCY DÍAZ

DE BECERRA, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el

artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 1 , presentaron

demanda 2 contra el MUNICIPIO DE DUITAMA 3 , tendiente a

obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Se declare la nulidad parcial de la Resolución núm. 1359 de

10 de diciembre de 2009, “por la cual se expropia por vía

administrativa un inmueble”, expedida por el alcalde del Municipio

de Duitama, a través de la cual se ordenó la expropiación

administrativa del predio identificado con el folio de matrícula

inmobiliaria núm. 074-39313.

2ª. Se declare la nulidad de la Resolución núm. 164 de 25 de

febrero de 2010, emanada del mismo funcionario público, por
1
“Por la cual se modifica la Ley 9° y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2
Folios 5 a 40 y 132 a 134 del C.1.
3
En adelante el Municipio.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto

contra la anterior decisión.

3ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se pague a la

parte demandante el precio real del predio conforme al valor

comercial.

4ª. Que, igualmente, se paguen los intereses moratorios desde

cuando debió cancelarse el valor real hasta que se realice el pago o

en su defecto, se ordene indexar la diferencia.

5ª. Que la sentencia se debe cumplir en los términos de los

artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, en

adelante CCA.

6ª. Que se condene en costas a la demandada.

I.2.- La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

1º. El alcalde de Duitama, con fundamento en los decretos núms.

397 de 11 de agosto de 2009 y 401 de 13 de agosto de ese año,

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

expidió la Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009,

“por la cual se expropia por vía administrativa un inmueble”.

2º. Los actores eran los propietarios inscritos del predio, cuya

expropiación administrativa se ordenó mediante la citada

Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009.

3º. Que se fijó como precio de indemnización del predio expropiado

la suma de $36.610.866.56, el cual, a su juicio, es muy inferior a

su verdadero valor comercial al momento de la expropiación.

4º. Anotó que dicho precio fue pagado por la entidad demandada,

según consta en actas de entrega de los cheques.

5º. Señaló que el valor del avalúo fue oportunamente controvertido

ante el señor alcalde de Duitama.

6º. Indicó que al verificar que el perito contratado por la Alcaldía

era el arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, procedió a

recusarlo, con base en lo previsto en el numeral 9 del artículo 150

del Código de Procedimiento Civil4.

4
En adelante C. de P.C.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

7º. Expresó que el alcalde de Duitama dio traslado de la recusación

a la Lonja CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, quien la rechazó de

plano.

8º. Que contra la Resolución núm. 1359 de 2009, se interpuso

recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 1º, 2º, 6º, 58, 288, 298, 313-2 y 313-7 de la

Constitución Política; 61, 68, 71 de la Ley 388 de 1997; 150, 152,

154 y 235 del C. de P.C.; del Decreto 1420 de 24 de julio de 19985;

y de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 20086.

En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:

ES NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO POR CUANTO
AL EXPEDIRSE SE INFRINGIERON LAS NORMAS EN QUE
DEBÍA FUNDARSE

Señaló que el artículo 58 de la Constitución Política prevé que por

motivos de utilidad pública o interés social se podrá realizar la

5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
6
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
ley”, expedida por el Director del IGAC.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

expropiación por vía administrativa, sujeta a una posterior acción

contencioso administrativa.

Que, según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388, el precio de

adquisición será igual al valor comercial determinado por el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi7 o la entidad que cumpla sus

funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o

asociaciones correspondientes, según lo determinado por el

Decreto-Ley 2150 de 5 de diciembre de 19958.

Afirmó que, en el presente caso, la autoridad expropiante se atuvo

finalmente al avalúo practicado por el perito GERMÁN ESPINOSA

CAMACHO, como miembro de la Lonja CAMACOL BOYACÁ-

CASANARE, desconociendo la recusación formulada contra él, con lo

cual se violó el debido proceso de los actores.

Expresó que el numeral 4 del artículo 68 de la Ley 388 dispone la

inscripción de la transferencia del dominio a la entidad expropiante

y, en este caso, dicha transferencia se hizo a un tercero, como lo es

la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE DE
7
En adelante IGAC.
8 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes

en la Administración Pública”.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

PASAJEROS DE DUITAMA S. A., con violación de la Ley.

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 6, 58, 288, 298, 313-2 Y
313-7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

Adujo que cuando las autoridades acuden a la expropiación

administrativa, el “justo precio”, al que alude la Constitución

Política, debe ser fijado como el valor comercial, porque el

ciudadano expropiado espera recibir un precio o indemnización a

cambio de lo que ha dejado de ser suyo.

Agregó que la necesidad de que el avalúo sea previo, es decir,

antes de la decisión de expropiación, lo demuestra el mismo hecho

de que la solución a la indemnización o “justo precio” puede

producirse de forma acordada y amistosa entre la propia

administración y el particular, siempre que el ciudadano expropiado

esté de acuerdo con el precio que se le paga.

Que si hay acuerdo en el precio se tendrá por terminado el

expediente de expropiación forzosa y la administración abonará al

particular lo acordado. Empero, si no se llega a tal acuerdo, es

necesario seguir el trámite legal, pagando el precio ya determinado.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Que es evidente que el “justo precio” o precio comercial debe ser

determinado por la entidad legitimada para expropiar; pero que

cuando ella no lo hace o acude a otros medios no permitidos por la

ley transgrede la normatividad procedimental, como ocurrió en el

caso sub-examine, que el Municipio desconoció los principios

básicos del estado de derecho, como son los previstos en las

normas citadas y, obviamente, se desconoció el respeto al derecho

de propiedad y los demás derechos adquiridos.

VIOLACIÓN DE LA LEY 388, EL DECRETO 1420 DE 1998 Y LA
RESOLUCIÓN 620 DE 2008

Afirmó que los actos administrativos violaron dicha normatividad,

toda vez que la entidad demandada debió aplicar en el avalúo del

bien inmueble objeto de expropiación los parámetros referidos por

el artículo 61 de la Ley 388, reglamentado por los decretos 2150 de

1995 y 1420 de 1998, éste último reglamentado por la Resolución

núm. 620 de 2008.

Adujo que, en primer lugar, se debe destacar cómo CAMACOL

BOYACÁ-CASANARE, entidad que hipotéticamente acogió como

asociado al ingeniero GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, quien elaboró

el avalúo, no es una lonja de propiedad raíz estrictamente, sino una

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

“Lonja de Avaluadores”, de lo cual se deduce que no estaba

legalmente habilitada para practicar avalúos, de manera que sus

actos no pueden trascender a la vida jurídica, tal y como lo aceptó

ilegalmente la entidad demandada.

Expresó que, en segundo lugar, el precio contenido en el avalúo,

realizado por el señor GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, no se

constituye en el más probable, ni es el comercial, ni el más justo,

dado que el perito dejó de aplicar o aplicó torcidamente las

disposiciones a que estaba obligado a cumplir, en tanto interpretó

mal el método de comparación o de mercado, pues se basó en

bienes disímiles, no semejantes y, por tanto, no comparables.

Que, de igual forma, dejó de homogenizar por estrato, aplicó

indebidamente los principios legales fijados para la aplicación del

método residual y generalizó en extremo su dictamen,

circunstancias todas las anteriores que lo llevaron erróneamente a

señalar un precio insignificante por metro cuadrado de terreno.

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS ARTÍCULOS
150, 152 154 Y 235 DEL C.P.C.

Argumentó que se violó el debido proceso, que obligaba al alcalde

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

de Duitama a tramitar y decidir en debida forma el incidente de

recusación, formulado en contra del perito en mención.

Que como esto no hizo, sino que se delegó irregularmente la

facultad de decidir sobre dicho incidente en la gerente de la

organización gremial CAMACOL BOYACÁ- CASANARE, existió dicha

violación, pues en un asunto tan fundamental, como es el avalúo en

este tipo de procesos, no podía quedar al arbitrio de una persona

ajena a la actuación, una decisión de resorte exclusivo del alcalde,

como Juez natural de la expropiación.

Indicó que si se revisa el avalúo núm. 2.772, que sirvió como

fundamento de la expropiación, en ese documento aparece muy

claro que la persona natural que responde al nombre de GERMÁN

ESPINOSA CAMACHO fue quien actuó como perito AVALUADOR de

CAMACOL y no la persona jurídica CAMACOL BOYACÁ- CASANARE,

a quien se le permitió intervenir indebidamente en el proceso

expropiatorio sin tener personería alguna para hacerlo.

Anotó que estas actuaciones del alcalde de Duitama quebrantaron

en forma directa y extensible los artículos 150, 152, 154 y 235 del

C. de P.C., al no haber dado el trámite establecido en la ley

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

procesal al incidente de recusación presentado por el bien a

expropiarse, pues absurdamente procedió a dar traslado de la

recusación a quien no le correspondía, con lo cual vulneró el

derecho que les asistía de que el perito que avaluará el bien fuera

garantía de imparcialidad, la cual no ofrecía el perito nombrado,

dado el antecedente de su grave enemistad de carácter personal

existente entre el perito mencionado y los actores.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. El MUNICIPIO DE DUITAMA, por intermedio de apoderado

judicial, contestó la demanda9 y para oponerse a la prosperidad de

las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Indicó que de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de

la Ley 388, en concordancia con el artículo 9º del Decreto 1420,

CAMACOL BOYACÁ- CASANARE sí es competente para la realización

de avalúos comerciales en el marco del proceso de adquisición

predial por motivos de utilidad pública e interés social, y dada su

idoneidad como Lonja de Propiedad Raíz, la administración

municipal, de acuerdo con un proceso de selección objetiva, le

solicitó a dicha agremiación la elaboración de los avalúos

9
Folios 163 a 183 del C. 1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

comerciales correspondientes a los inmuebles requeridos para la

ejecución de la obra de utilidad pública e interés social, dentro de

los cuales se encuentra el predio materia del presente proceso.

Señaló que, contrario a lo argumentado por la parte actora, sí se

atendió la solicitud y se estudiaron los fundamentos de la petición,

para lo cual y como corresponde al debido proceso, se dio traslado

del escrito de recusación a CAMACOL BOYACÁ - CASANARE,

agremiación que fue contratada por la administración municipal

para elaborar todos los avalúos comerciales de los predios, cuya

adquisición se adelantó con destino a la construcción de la nueva

Terminal de Pasajeros, ya que a dicha entidad le correspondía

revisar las acusaciones en el sentido de que uno de sus

agremiados, el arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO,

supuestamente tenía una enemistad con uno de los propietarios del

inmueble con el propósito de que se indicara el papel de dicha

persona en la determinación del avalúo comercial y si, de alguna

manera, por cuenta de esta situación, se había afectado la

imparcialidad del dictamen.

Agregó que la Administración Municipal contrató con CAMACOL

BOYACÁ - CASANARE la elaboración de los avalúos

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

correspondientes a los predios requeridos para la construcción de la

nueva Terminal de Transportes de Pasajeros de Duitama, en la

modalidad de avalúos corporativos, de tal suerte que la

determinación del precio comercial de los predios, objeto de avalúo,

se fijó como resultado de la participación colegiada de un grupo

seleccionado de los integrantes de la agremiación (grupo calificado

e idóneo de avaluadores) y previo visto bueno del comité de

avalúos de la entidad.

Explicó que, en el presente caso, la determinación del precio

comercial no la determinó el arquitecto ESPINOSA CAMACHO, fue

un cuerpo colegiado, integrado por avaluadores vinculados a

CAMACOL BOYACÁ - CASANARE, y con la revisión de un comité

gremial, quienes, aplicando los criterios y parámetros del Decreto

1420 y la Resolución núm. 620 de 2008, definieron la valoración

comercial del bien.

Destacó el hecho de que el argumento de recusación, esgrimido por

la parte actora, no apareció una vez éste tuvo conocimiento del

avaluó comercial, sino que solo lo utilizó cuando sus pretensiones

de aumentar el avalúo fueron negadas por improcedentes, tanto

por la Lonja Avaluadora como por la Administración Municipal; que

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

así se desprende de la comunicación de septiembre de 2009, en la

que la parte actora no hizo alusión alguna a la supuesta falta de

imparcialidad del avalúo y simplemente se limitó a realizar

observaciones al precio comercial fijado.

Asimismo, propuso las siguientes excepciones de mérito y de fondo,

que denominó:

1. CAMACOL BOYACÁ-CASANARE es competente para

elaborar el avalúo comercial, toda vez que de conformidad con

el artículo 61 de la 388, reúne las condiciones legales y

jurisprudenciales, para ser considerada Lonja de Propiedad Raíz, ya

que conforme a lo establecido en el certificado de existencia de

entidades sin ánimo de lucro, expedido por la Cámara de Comercio

de Tunja, se evidencia que dicha entidad podrá realizar actividades

propias de Lonja de Avaluadores, Colegio de Avaladores o

cualquier otra denominación que conlleve la elaboración de avalúos,

es decir, que está facultada para elaborar avalúos comerciales.

2. Imparcialidad en la elaboración del avalúo comercial, la

cual resulta reafirmada al revisar los valores comerciales fijados por

la Lonja Avaluadora CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

correspondientes a otros inmuebles requeridos para la construcción

de la Terminal de Pasajeros de Duitama, ya que se observa que el

precio determinado es igual o similar; es decir, a pesar de que en

los otros casos no existe la supuesta enemistad entre los

propietarios de los inmuebles y el arquitecto GERMÁN ESPINOSA

CAMACHO que, a juicio de la parte actora, ocurre en el presente

caso, el dictamen arroja resultados similares, pues la fijación del

valor comercial obedeció a la implementación de los parámetros y

criterios establecidos en la normatividad vigente, consultando para

tal efecto las condiciones y características propias de los inmuebles

objeto de avalúos y no a criterios subjetivos o personales, entre

otras, porque los valores establecidos son el resultado de una labor

colegiada y no del arbitrio del avaluador, cuya objetividad en forma

injustificada pretende menguar la parte demandante.

3. El avalúo fue elaborado en debida forma, puesto que se

realizó observando los preceptos normativos que regulan la

materia, no solo porque CAMACOL REGIONAL BOYACÁ-CASANARE

sí es competente para su elaboración y porque en su proceso de

formación se respetaron los principios de imparcialidad y debido

proceso, sino porque, en dicho dictamen, siguiendo los parámetros

y criterios legales y reglamentarios, se determinó el valor comercial

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

del inmueble objeto de expropiación, atendiendo el precio más

probable por cual éste se transaría en un mercado en el que el

comprador y vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de

las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.

Anotó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el precio

comercial no es determinado por la entidad legitimada para

expropiar, ni mucho menos este puede ser acordado con el

propietario del inmueble objeto del proceso de adquisición, toda vez

que el artículo 61 de la Ley 388 ordena en forma clara que: “[…] El

precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por

el Instituto geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla su

función es o por peritos privados […]”, de tal suerte que es una

inmobiliaria idónea, basada en criterios objetivos y parámetros

reales, la que debe fijar el precio indemnizatorio y no en forma

negociada la entidad adquiriente y el propietario del inmueble a

adquirir.

4. La expropiación se adelantó por motivos de utilidad

pública e interés social y beneficiará el interés general, por

cuanto la construcción de la nueva Terminal de Pasajeros, obra que

fue prevista tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011, es precisamente la que

se pretende, con su reubicación y modernización, prestar un mejor

servicio a los usuarios, situación que conllevará, adicionalmente, a

una mejoría en el sector de turismo y a la satisfacción del beneficio

colectivo del municipio.

Que, en efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del

Acuerdo Municipal 039 de 2009 (por el cual se modifica el POT de

Duitama), se hace evidente la importancia que reviste para el

interés general del municipio la construcción de la nueva terminal

transportes, ya que se identifica como una de las estrategias a

implementar para efectos de lograr el desarrollo industrial, agrícola,

comercial y turístico de Duitama.

Agregó que con la ejecución de este proyecto, que constituye

motivo de utilidad pública e interés social en los términos del

artículo 58 de la Ley 388, se cumple un mandato constitucional y

legal, que impone al Municipio la correcta prestación del servicio

público en comento, mediante la ubicación de la infraestructura

física en un sitio que reúna las condiciones técnicas y logísticas

propicias, con el fin de lograr que se atiendan en forma real y

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

correcta los derechos e intereses colectivos de los habitantes de

Duitama, situación que con la actual terminal no se ha logrado.

Recordó que el artículo 61 de la Ley 388 autoriza la concurrencia de

terceros en la ejecución de proyectos de utilidad pública e interés

social y, en el presente caso, tomando en consideración que por

expresa consagración del POT de Duitama, la ejecución de la nueva

Terminal de Transporte de pasajeros requería recursos públicos y

privados, la Administración municipal suscribió un Convenio el 13

de agosto de 2009 con la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A.,

creada por el alcalde por orden del Concejo Municipal para poner en

ejecución la nueva Terminal de Pasajeros, en virtud del cual ésta se

obligó a suministrar los recursos requeridos para el precio de

adquisición de los inmuebles necesarios para ejecutar el citado

proyecto.

I.4.2. La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A. atendiendo el

llamamiento en garantía que se le hiciera10, a través de apoderado,

10
Folio 218 del C. 2.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

contestó la demanda 11 , y para oponerse a las pretensiones de la

demanda formuló las siguientes excepciones:

• Prescripción de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, al considerar que lo que se demanda, en este caso, es la

Resolución núm. 1358 de 2009, la cual quedó ejecutoriada y en

firme el 14 de enero de 2010, y la solicitud de conciliación fue

radicada ante la Procuraduría 46 Judicial hasta el día 21 de junio de

2010, es decir, cuando habían trascurrido más de 4 meses.

• Elaboración del avaluó comercial núm. 2772 en debida

forma

Afirmó que los actores desconocen la normatividad que regula lo

atinente a los avalúos comerciales en el marco del proceso de

adquisición predial por motivos de utilidad pública.

Que el artículo 61 de la Ley 388 señala que el precio de adquisición

en los procesos que se adelanten por motivos de utilidad pública e

interés social será igual al valor comercial determinado por el

IGAC, o la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos

11
Folios 231 a 254 del C. 1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes,

según lo determinado por el Decreto 2150.

Resaltó que el predio, objeto del avalúo, no está urbanizado

(presenta un urbanismo no terminado), razón por la cual no puede

reconocerse, como en forma indebida pretenden los demandantes,

dar un valor comercial similar al que tiene inmuebles que sí fueron

objeto de proceso de urbanismo completo, como ocurre en los

casos de las urbanizaciones Villa Rouss.

Agregó que la ausencia de urbanismo fue puesta de presente en el

avalúo comercial núm. 2.772 de 2009, razón por la cual, para

efectos de determinar el valor comercial del inmueble, se tuvo que

realizar una serie de ejercicios a fin de establecer el valor de

inmuebles urbanizados, que tuvieran condiciones físicas similares

(ubicación, topografía, vías de acceso, etc.), para luego descontar

de dicho valor lo correspondiente a las obras de urbanismo.

Concluyó que tomando en consideración las particulares

condiciones que presentaban los predios, objeto del avalúo,

específicamente la ausencia de urbanismo (por lo menos

completo), el avaluador se vio en la necesidad de consultar

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

inmuebles urbanizados (solo tuvo en cuenta la información de 3

inmuebles tipo de Villa Rouss), con características similares a las

encontradas en los predios objeto de avalúo, con el propósito de

implementar a partir de éstos el método residual y de esta manera,

a partir de valores de venta de inmuebles, establecer el precio del

metro cuadrado de terreno; no obstante, del resultado obtenido,

debía ser descontado el valor de las obras de urbanismo con las

que no contaban los predios materia de avalúo, y de esta manera

lograr establecer el valor real de los inmuebles, pues, de lo

contrario, se habría realizado en forma indebida el avalúo comercial

al tener en cuenta características (urbanismo) que realmente

dichos bienes no tenían.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 26 de octubre de 2017, el Tribunal

Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de los actos acusados,

con fundamento en las consideraciones que a continuación se

sintetizan, así:

Respecto a las excepciones de que CAMACOL BOYACA - CASANARE

es competente para elaborar el avalúo comercial; imparcialidad en

la elaboración del avalúo; y elaboración del avalúo en debida forma,

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

propuestas por el Municipio, señaló que las mismas no dan lugar a

la inhibición, sino que se oponen a los hechos y fundamentos de

derecho en que la parte actora sustenta su pretensión, por lo que

serían objeto de estudio junto con el fondo del asunto.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, expresó que la Resolución núm.

1359 de 10 de diciembre de 2009 quedó debidamente

ejecutoriada el 4 de marzo de 2010, por haberse surtido el recurso

de reposición mediante la Resolución núm. 164 de 2010,

notificada personalmente a la recurrente, señora NUNCY DÍAZ DE

BECERRA, el 3 de marzo de 2010, de conformidad con lo

establecido en el artículo 44 del CCA.

Que el término de los 4 meses empezó a correr a partir del 5 de

marzo de 2010, es decir, que la parte actora tenía plazo hasta el 5

de julio de 2010 para presentar la demanda; no obstante, el 21 de

junio de 2010 se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial

faltando 14 días para vencerse el término de caducidad. Dicho

término se reanudó el 15 de septiembre de 2010, fecha en la que

se realizó la audiencia y se declaró fallida la conciliación.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Que comoquiera que la demanda se presentó oportunamente el 24

de septiembre de 2010, no prospera dicha excepción.

Indicó que es claro que el restablecimiento del derecho que

pretenden los demandantes es el reconocimiento de un mejor

precio por el inmueble de su propiedad expropiado, por lo tanto

excluirá del litigio todos los argumentos ajenos a lo anterior y que

se esgrimen en el libelo para acusar ilegalidad de los actos de

expropiación, la destinación del bien, y la intervención de un

particular en el desarrollo del objeto al cual fue destinado el

inmueble, pues ello rebaza el contenido de la controversia y se

desvía a análisis de legalidad y no resuelve la inconformidad

demandada, que gira en torno al precio pagado por el inmueble

expropiado.

Expresó, con respecto al avalúo y la declaratoria de urgencia, que

se encuentra probado que: el 2 de marzo de 2009 CAMACOL

BOYACA-CASANARE realizó el avalúo núm. 2.777 al predio de los

demandantes, el cual fue suscrito por el arquitecto GERMÁN

ESPINOSA; que el 11 de agosto de 2009 se expidió la Resolución

núm. 397, por la cual se declaró la existencia de condiciones de

urgencia por razones de utilidad pública para la ejecución del

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

proyecto del Terminal de Transporte de Duitama y la adquisición de

los inmuebles; y el 13 de agosto de 2009 se expidió el Decreto 401,

por el cual se adicionó el Decreto 397.

Advirtió que el avalúo del bien expropiado se realizó antes de

declarar las condiciones de urgencia y establecer el reglamento de

expropiación, cuando, en sana lógica, dentro del procedimiento

legal, el avalúo para efectos de las indemnizaciones surgiría como

consecuencia de tal declaratoria. Adicionalmente, en el avalúo no se

le determinó vigencia alguna, requisito que establecía la ley.

Afirmó que, en este caso, antes de la oferta de compra, los actores

no fueron escuchados por la administración y que en el acto

mediante el cual les fue notificada la oferta tampoco se les dio a

conocer las razones por las cuales se ofrecía el precio “comercial”

indicado en ella.

Sostuvo que en este caso la oferta no cumplió con el requisito de

motivación y publicidad, al no explicar la razón del avalúo ni

conceder margen alguno de negociación, cuando tanto la ley como

la jurisprudencia coinciden en señalar que se trata de un precio

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

base que debe ser objeto de negociación con el afectado por la

decisión.

Manifestó que, este orden, el precio ofrecido era negociable en esta

etapa, de lo contario tal oferta no pasaría de ser un aviso de

expropiación con un precio unilateral.

Sobre la solicitud de revisión del precio de oferta de compra, no

obstante que en la oferta de compra no se informó sobre la

posibilidad de negociación directa en relación con el precio y la

información se limitó a señalar que no era posible interponer

recurso alguno, los propietarios solicitaron revisar el precio ofrecido

ante la Alcaldía de Duitama.

Que dicha solicitud de revisión fue remitida por el asesor jurídico de

la Alcaldía de Duitama a la gerente de CAMACOL BOYACA-

CASANARE, la cual, mediante oficio núm. CCBC 161 de 3 de

noviembre de 2009 dirigido al alcalde de Duitama, se pronunció

sobre la solicitud de revisión; y que, mediante oficio núm. OJU-

1002-963-2009 de 3 de noviembre de 2009, el alcalde de Duitama

remitió la respuesta de CAMACOL BOYACA- CASANARE a la parte

actora, en la cual la Lonja en mención señaló que el término para la

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

enajenación voluntaria del predio es de 30 días hábiles, los cuales

iniciaron a contarse a partir de la notificación de la oferta de

compra, y que de no llegarse a un acuerdo la administración

procedería a la expropiación por vía administrativa.

Sostuvo que no es de recibo, como lo afirman los demandados, que

la revisión fue resuelta por el alcalde, pues él se limitó a reenviar la

petición de revisión del precio a CAMACOL.

Que si bien resultaba razonable que la petición se diera a conocer a

esa entidad, la negociación directa competía exclusivamente al

municipio que había efectuado la oferta de compra, contrario a ello,

únicamente se le remitió al propietario la respuesta de la

mencionada Lonja.

Indicó que lo que se evidencia en el proceder de la administración

es que materializó, en palabras de la Corte, un acto confiscatorio

unilateralmente indemnizable, eliminando todo derecho de defensa

y contradicción, es decir, eliminando materialmente la etapa de

negociación directa.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Anotó que el municipio se limitó en la etapa de negociación directa

a remitir a CAMACOL BOYACA-CASANARE la revisión solicitada por

los interesados y, posteriormente, a enviar la respuesta de esa

Lonja a los interesados y luego, sin negociación alguna, la envió a

la parte actora, por lo que consideró que formalmente se informó

un precio sin la motivación necesaria en el acto de oferta.

Puntualizó que la etapa de negociación directa se redujo a la oferta

de compra; que si bien se hizo la oferta de compra con un precio

que era base, el mismo no fue objeto de negociación, pues el

Municipio se limitó a enviar la solicitud de revisión a CAMACOL

BOYACA- CASANARE y sin negociación alguna la remitió a la parte

actora.

Estimó que, por ello, lo que se advierte es la violación del derecho

fundamental al debido proceso y derecho de defensa, razón por la

cual el acto administrativo de expropiación amerita ser anulado por

acusar expedición irregular con violación del debido proceso.

Respecto a la recusación al perito, expresó que más allá de las

irregularidades que pudieran haberse presentado en el trámite de la

recusación y que la parte actora pone de relieve como ilegales, lo

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

cierto era que no hizo uso oportuno de esa opción, sino que acudió

a manifestar sus inconformidades con el avalúo y a solicitar que

fuera revisado, sin manifestar la recusación, por lo que no puede

ahora, con la demanda, beneficiarse de su omisión.

Explicó que si al momento de solicitar la revisión del precio, esto es,

el 30 de septiembre de 2009, tenía conocimiento de que el

arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO fue quien elaboró el

avalúo, era su deber, desde entonces, poner en conocimiento de la

entidad que existía una causal con suficiente importancia para

rehacer, si era del caso, el avalúo; sin embargo, guardó silencio y

solo presentó la recusación el 3 de diciembre de 2009, por lo que

este cargo no tenía vocación de prosperidad.

Respecto al dictamen pericial, recordó que la parte demandante

cuestiona exclusivamente el precio pagado como indemnización por

la expropiación; que con la demanda solicitó designar un perito

avaluador de la lista de auxiliares de la justicia o, en su defecto,

solicitarlo a través del IGAC, para determinar el valor comercial del

inmueble a la fecha de expropiación; que una vez el proceso se

abrió a pruebas, el 5 de octubre de 2011, el auxiliar de la justicia

RICARDO HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ rindió avalúo del inmueble

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

expropiado, el cual arrojó como valor total del predio la suma de

$71.280.860.

Señaló que dicho dictamen fue objetado por error grave por la

parte actora, quien solicitó se tuviera como prueba trasladada la

copia del dictamen pericial practicado por el IGAC, sobre un

inmueble similar, en el proceso con radicación núm. 2010-01231.

Que, además, la mencionada parte solicitó que se decretara una

prueba pericial para que fuera practicada por el IGAC, la cual fue

ordenada como informe técnico mediante auto de 21 de marzo de

2017; no obstante, el IGAC manifestó que el predio había sido

englobado, loteado y se había constituido un reglamento de

propiedad horizontal, por lo tanto, no podía presentar informe

técnico dado que “el predio en mención no existe jurídicamente”.

Sobre la objeción por error grave, indicó que para que pueda

estimarse la variación en el objeto de estudio es necesario que se

haya tomado como objeto de observaciones una cosa

fundamentalmente distinta de la que es material del dictamen, es

decir, que el peritaje se haya realizado desconociendo radicalmente

lo solicitado por el Juez o la parte.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Que lo que el objetante adujo como error grave corresponde al

desacuerdo con los métodos de avalúo utilizados para rendir la

experticia, aspecto que no puede ser admitido para los fines que

plantea, pues la experticia fue realizada por la autoridad que se

designó en el auto de pruebas, persona especializada en la materia

y, en esas circunstancias, admitir que ha incurrido en error grave

porque no utilizó métodos diferentes, no se enmarca en las

condiciones que la doctrina y la jurisprudencia avalan para estos

asuntos. Que, por el contrario, lo que pretende el objetante es

obtener otra opinión experta, porque la misma no lo satisface.

Que, además, no se encuentra que la cosa estudiada sea

fundamentalmente disímil de la materia del dictamen; que se

solicitó al perito determinar el valor de un predio y a ese asunto se

contrajo aún más, y que atendiendo la ubicación del bien aplicó una

tasa de reducción. Otra cosa es el desacuerdo en relación con el

valor asignado al bien.

Que, dentro del término legal, la apoderada del municipio de

Duitama solicitó aclaración y complementación del dictamen pericial

que fue presentado por el ingeniero RICARDO HUMERTO ACUÑA

SÁNCHEZ, lo cual llevo a que el perito precisara que el valor del

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

inmueble se calculara a la fecha de la solicitud pericial, -2012-, y

efectuara la regresión al año 2009, y arrojara un valor comercial de

$60.214.657,90.

Anotó que en el dictamen presentado por el auxiliar de la justicia se

observa que el arquitecto perito para realizar el avalúo comercial

sobre el mismo inmueble utilizó el método residual estático técnica

inductiva y deductiva y dinámico para determinar el valor del lote a

partir del precio total del inmueble, deduciendo el costo de la

construcción o del terreno.

Que, en consecuencia, no se encuentra que de manera expresa se

excluyan los métodos de avalúo, toda vez que buscan establecer el

valor comercial del bien a partir de estimar el monto total de las

ventas de un proyecto de construcción, acorde con la

reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el

mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo, lo

que permite concluir que el objeto de estudio fue el solicitado

habida cuenta que existe una clara relación entre los términos en

que se decretó y emitió el peritazgo. Por tal razón, no prospera la

objeción por error grave.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Estimó que la prueba pericial practicada por el auxiliar de justicia

no amerita reproche; es coherente, clara y razonada, sin que ni la

objeción por error grave prospere y, por el contrario, encontró que

la aclaración y complementación solicitada ajustó aspectos que

suscitaban incorrección, como era la valuación inicial fue realizada

en el año 2012, fecha de la realización de la prueba, pero regresada

al año 2009, fecha de la oferta de compra del inmueble expropiado

mediante los actos anulados.

Advirtió sobre la prueba trasladada, del avalúo realizado por el

IGAC, dentro del proceso radicado bajo el núm. 2010- 01231,

traída a petición de la parte demandante, que ésta no tiene

incidencia en el caso sub examine, comoquiera que avaluó un

predio que se encontraba en condiciones ostensiblemente

diferentes a las que ahora se indican. Se trata de un inmueble con

área de 6.600 mts.2, del cual se realizó la compra-venta al Leasing

de Occidente y en el que se hicieron un número significativo de

mejoras y obras para adecuarlo; además, se observa que a

diferencia del dictamen presentado en caso sub lite, el destino del

inmueble era comercial y no residencial y lindaba con vías

principales adyacentes a puntos comerciales de servicio vehicular,

“sus condiciones de accesibilidad a la zona inmediata son

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

adecuadas e ideales para el tipo de actividades económicas que se

desarrollan en el sector y en todo el municipio”.

Anotó que, adicionalmente, en el avalúo realizado por el IGAC, en el

citado proceso con radicación núm. 2010-01231, se utilizó la misma

metodología del auxiliar de la justicia, es decir, se tomó el índice de

valorización predial y se disminuyó de 2012 a 2009 para determinar

el valor del inmueble.

Concluyó que, por todo lo anterior, se accederá a las pretensiones

de restablecimiento del derecho, consistente en el pago de la

diferencia entre el valor establecido en la prueba pericial

($60.214.657,9) y el pagado por la SOCIEDAD DE ECONOMÍA

MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE ($36.610.866,56), es decir, el

valor de $23.603.791,4, que será actualizado desde la fecha de

pago hasta la fecha de la sentencia, el cual corresponde a la suma

de $31.467.923.

Que el pago estará a cargo de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A., en

razón a lo pactado en el convenio interadministrativo celebrado con

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

el municipio de Duitama, según se acordó en la cláusula segunda,

numerales sexto y séptimo, y en la cláusula tercera.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1.- La parte demandante mediante escrito de 20 de

noviembre de 201712 presentó escrito de apelación y en sustento de

su inconformidad con la sentencia de primera instancia, alegó, en

síntesis, lo siguiente:

Que concordantemente entre el objeto del litigio, acogido por el

Tribunal, con la finalidad establecida por el artículo 71 de la Ley

388, en el sentido de pretender controvertir el precio

indemnizatorio reconocido, se llega fácilmente a la conclusión de

que la decisión de la sentencia apelada de acoger las pretensiones

de la demanda, como lo hizo, es errónea, contraria al querer del

legislador, contradictoria de los principios desarrollados por nuestra

jurisprudencia nacional y lesiva de derechos inalienables de los

demandantes, de raigambre constitucional y legal, en tanto que

modificó el precio indemnizatorio del predio expropiado, fijado por

el Municipio de Duitama, mediante las resoluciones núms. 1359

12
Folios 664 a 700 del C.núm. 2. Observa la Sala que la foliatura del C. núm. 2, salta del folio 669 al
700.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

de 2009 y 164 de 2010, pero no en la cuantía que

comercialmente era de esperarse.

Afirmó que el fallo recurrido desatendió flagrantemente su deber de

promover y realizar toda la actividad probatoria, orientado al

cumplimiento del deber del juez de interpretar la demanda de modo

que resulte útil y eficaz para los fines del proceso.

Anotó que Tribunal, en razón a lo solicitado en el escrito de

objeción que se formuló por error grave al dictamen rendido por

auxiliar de la justicia, RICARDO ACUÑA, decretó la práctica de una

pericia por parte IGAC, con base en lo dispuesto por el artículo 243

del C. de P. C., prueba que “se dejó de practicar sin culpa de la

parte demandante”, pues esa entidad manifestó que no podía

efectuar el avalúo por la desaparición jurídica del bien expropiado.

Alegó que siendo el IGAC la entidad que cuenta con toda la

cartografía del país, resulta incomprensible esta negativa; que es

esa entidad la mejor garante de que el precio comercial que deba

pagarse por un bien expropiado sea el justo y no el gaseoso y

unilateral concepto emitido por un perito afiliado a una Lonja de

Propiedad Raíz, que fue el que sirvió de sustento para la ilegal

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

expropiación administrativa, de que fue objeto el inmueble

propiedad de la parte actora.

Expresó que la prueba trasladada que reposa en el proceso,

practicada por un perito del IGAC, sí tiene plena validez para el

presente caso, pues si bien se aduce que existen diferencias entre

los inmuebles por su ubicación, la abismal diferencia existente entre

el avalúo objetado y el practicado por dicha entidad oficial, es

prueba suficiente para demostrar el error grave en que incurrió el

ingeniero ACUÑA.

Finalmente, manifestó disentir del fallo recurrido por razón de que

no se resolvió en el mismo con respecto al demandado principal, -

MUNICIPIO DE DUITAMA-, máxime teniendo en cuenta la flagrante

violación legal de la autoridad productora de los actos

administrativos cuya nulidad aquí se decretó, particular y

concretamente del numeral 1 del artículo 70 de la Ley 388,

recibiendo con franca sorpresa el hecho de que ni siquiera se haya

condenado a dicho demandado solidariamente al pago del monto

señalado, como indemnización a título de restablecimiento del

derecho, pues sería de recibo pensar en la posibilidad de

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

insolvencia en un momento, dado del llamado en garantía sobre

quien recayó la condena.

III.1.- La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A. también

presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera

instancia y, en sustento de su inconformidad, adujo, en síntesis, lo

siguiente:

Que en el fallo de primera instancia se señaló: “[…] es claro que

restablecimiento del derecho que pretenden los demandantes es el

reconocimiento de un mejor precio por el inmueble expropiado. En

estas condiciones, desde ahora, dirá la Sala que excluirá del litigio

todos los argumentos ajenos a lo anterior […]”.

Que no obstante ello, el a quo manifestó que el avalúo se realizó

antes de declarar las condiciones de urgencia y de establecer el

reglamento de expropiación.

Resaltó que dentro de los argumentos de la parte demandante

sobre el avalúo y el valor del precio nunca se puso en discusión el

hecho de que este fuera realizado antes de la resolución de

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

urgencia por condiciones de utilidad pública, argumento analizado

por el fallo de primera instancia y que reviste una vulneración al

debido proceso y de contradicción de la parte demandada y afecta

el principio de congruencia.

Señaló que la sentencia de primera instancia consideró que la etapa

de negociación directa, como etapa previa a la expropiación, no fue

agotada, toda vez que las razones por las cuales los demandantes

en su momento no estuvieron de acuerdo con el precio no fueron

examinadas por la administración, por lo cual señaló que la

administración cometió un acto confiscatorio, situación con la que

se encuentra en desacuerdo, teniendo en cuenta que la sentencia

C-227 de 2011 de la Corte Constitucional, citada en el fallo apelado,

lo que sostuvo que es el hecho de pagar una indemnización previa,

lo que hace que la administración incurra en un acto confiscatorio.

Alegó que por el hecho de que no se comparta el precio propuesto

en su momento a los demandantes, no quiere decir que con ello se

esté afectando el debido proceso, como tampoco que el avalúo solo

debió hacerse con fecha posterior a la Resolución de declaración de

urgencia manifiesta, ya que se debe tener en cuenta lo dispuesto

en el Decreto 1420, en su artículo 19, el cual prevé que: “[…] Los

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la

fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión

o impugnación […]”, y, a su vez, el parágrafo del artículo 12,

ibidem, expresa que: “[…] Dentro del término de la vigencia del

avalúo, no se podrá solicitar el mismo avalúo a otra entidad

autorizada […]”.

Anotó que de los artículos citados se puede observar que el avalúo

no podía volverse a solicitar después de la Resolución de

declaración de utilidad pública, si se tiene en cuenta que existía un

avalúo vigente.

Adujo que no puede decirse que no existió etapa de negociación

directa, porque el precio que se ofreció por el inmueble fue el del

avalúo comercial, ya que, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley

388, el precio de adquisición será igual al valor comercial

determinado por el IGAC, la entidad que cumpla sus

funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o

asociaciones correspondientes, de lo cual se infiere que el precio de

adquisición siempre partirá y será el del avalúo comercial, a menos

que se prueben otros perjuicios adicionales al del valor comercial

del inmueble a expropiar, de manera que un valor que esté por

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

encima del valor comercial, sin la alusión de otros perjuicios, no

tendría la administración soporte para negociarlo, pues ello

constituiría un detrimento del patrimonio público.

Indicó que la sentencia de primera instancia contiene una

vulneración al principio de congruencia al declarar la nulidad

absoluta de la Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de

2010, cuando la parte demandante solamente solicitó la nulidad

parcial de este acto, por considerar que el valor pagado a título de

indemnización ha debido ser mayor.

Que, asimismo, durante el proceso tampoco se discutió sobre la

declaración de la nulidad absoluta de la mencionada resolución y,

en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de expropiación con

unos considerandos que analizan aspectos que nunca fueron

señalados en la litis y que la parte demandada nunca pudo

controvertirlas, vulnera abiertamente el derecho defensa.

Que no obstante la argumentación del a quo, en la que se advierte

una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ello no

quiere decir que dicha aplicación deba realizarse sin permitir el

derecho de defensa a los demandados y, sorpresivamente, aludirse

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

una argumentación diferente en la sentencia, pues ello también

vulnera derechos fundamentales de los demandados.

Expuso que respecto a la condena a título de restablecimiento,

conforme al avalúo presentado dentro del proceso, el cual contiene

un error, si se tiene en cuenta que lo que se busca determinar con

el dictamen pericial de avalúo, es el precio del inmueble para el año

2009, no obstante el perito en su dictamen afirma: “el valor del

bien inmueble es a precios del año 2012”; y simplemente se toma

una tabla con el valor del avalúo realizado en el 2012 y se

disminuye conforme al IPC, hasta el año 2009, dando como

resultado, un valor del metro cuadrado del inmueble materia del

proceso de $59.569.30, pero que de ninguna manera dicho avalúo

refleja el valor del inmueble al año 2009, que fue cuando ocurrieron

los hechos y que corresponde al valor indemnizatorio pagado al

demandante, tal y como se sustentó en su momento.

Insistió en que el método residual, que se alude como utilizado por

el perito, busca establecer el valor comercial del bien a partir de

estimar el monto total de las ventas de un proyecto de

construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de

conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

objeto de avalúo. Para encontrar el valor total del terreno se debe

descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos

totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es

indispensable que, además, de la factibilidad técnica y jurídica se

evalúe la comercial del proyecto, o sea, la real posibilidad de

vender lo proyectado, aspectos que no fueron identificados por el

perito para el año 2009, fecha de adquisición del terreno por vía de

expropiación, y aspectos que no fueron tenidos en cuenta, en la

aclaración y complementación del dictamen pericial.

Concluyó que no existe soporte probatorio que avale las

apreciaciones o argumentos de la parte actora acerca de la

invalidez o defectos del avalúo realizado por CAMACOL BOYACÁ -

CASANARE, y por tanto, éste conserva total legalidad y

vinculatoriedad técnica y jurídica, como soporte de los actos

administrativos atacados; en consecuencia, no resulta la condena a

demandados a título de restablecimiento del derecho, comoquiera

que el dictamen establece un precio para el año 2012, en donde las

condiciones de plusvalía del inmueble eran diferentes, puesto que el

mismo proyecto de desarrollo del terminal valorizó el sector,

circunstancia que no fue tenida en cuenta en el avalúo.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV. 1.- La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA presentó alegatos

de conclusión de manera extemporánea, conforme consta en el

Informe Secretarial de 26 de noviembre de 2018 (folio 31 del C.

Apelaciones).

IV. 2.- En esta etapa procesal, tanto la parte actora, como el

MUNICIPIO DE DUITAMA, en su condición de demandada, y el

Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

De manera preliminar, la Sala debe precisar que en este caso

limitará el análisis de la cuestión litigiosa a lo decidido en la

sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos por

los recurrentes en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto

por el artículo 357 del C. de P.C., que es del siguiente tenor:

“[…] La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo,
cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. […]”. (Destacado fuera del texto).

La Sala, desde ya, advierte que por haber sido recurrida la

sentencia por ambas partes, no aplica en este caso la prohibición

de la no reformatio in pejus, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 31, inciso 2°, de la Constitución Política y 357 del C. de P.

C.

1. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS

Los actos administrativos de los cuales se pretende su nulidad

parcial y total 13 , respectivamente, mediante la acción especial de

nulidad, prevista en el artículo 71 de la Ley 388, son:

-Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009 14 ,

mediante la cual la Alcaldía Municipal de Duitama, decretó la

expropiación por vía administrativa del inmueble de propiedad de

los señores HÉCTOR JULIO BECERRA RUIZ Y NUNCY DIAZ DE

BECERRA, ubicado en Villa Rouss del Municipio de Duitama y se

encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria número 074-

39313 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Duitama y cédula catastral núm. 01-000-782-0012-0 00, el cual

13
Folios 132 a 134 del C. núm. 1.
14
Folios 41 a 44 del C. núm. 1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

será destinado a la ejecución del proyecto de infraestructura

denominado CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE

DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, y que señaló como precio

indemnizatorio por el predio expropiado la suma de

$36.610.866,56, pagados por la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A.

-Resolución núm. 16415 de 25 de febrero de 2010, por medio

del cual se resuelve un recurso de reposición interpuesta contra la

anterior decisión, en el sentido de confirmarla.

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala considera que el problema jurídico a dilucidar en esta

instancia gira en torno a si resulta procedente o no declarar la

nulidad de las resoluciones núm. 1359 de 10 de diciembre de

2009 y 164 de 25 de febrero de 2010, como lo decidió el a quo,

evento en el cual, se confirmará la sentencia apelada, o, en caso

contrario, esta se modificara o revocará para efectos de emitir el

pronunciamiento que en derecho corresponda.

15
Folios 108 a 114 del C. núm. 1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

De acuerdo con los planteamientos de los recursos de apelación, la

Sala establece que, en este caso, los problemas por resolver se

concretan en:

La parte demandante adujo que el fallo de primera instancia

desatendió su deber de promover y realizar toda la actividad

probatoria, orientada al cumplimiento del deber del juez de

interpretar la demanda, de modo que resulte útil y eficaz para los

fines del proceso; que el fallo apelado modificó el precio

indemnizatorio del predio expropiado fijado por el Municipio de

Duitama, mediante las resoluciones núms. 1359 de 2009 y 164

de 2010, pero no en la cuantía que comercialmente era de

esperarse; que la prueba trasladada que reposa en el proceso

practicada por un perito del IGAC tiene plena validez para el

presente caso, pues si bien existen diferencias entre los inmuebles

por su ubicación, la abismal diferencia entre el avalúo objetado y el

practicado por dicha entidad oficial, es prueba suficiente para

demostrar el error en que se incurrió el perito ACUÑA; que en el

fallo que se recurre nada se resolvió respecto al demandado

principal, Municipio de Duitama, que ni siquiera se condenó

solidariamente al pago del monto señalado como indemnización a

título de restablecimiento del derecho.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Por su parte, la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A., alegó, en

síntesis, que el fallo de primera instancia señaló: “[…] es claro que

restablecimiento del derecho que pretenden los demandantes es el

reconocimiento de un mejor precio por el inmueble expropiado. En

estas condiciones, desde ahora, dirá la sala que excluirá del litigio

todos los argumentos ajenos a lo anterior […]”.

Expresó que la sentencia de primera instancia contiene una

vulneración al principio de congruencia al declarar la nulidad total

de la Resolución núm. 1359 de 2009 acusada, cuando la parte

demandante solamente solicitó la nulidad parcial de este acto, por

considerar que el valor cancelado a título de indemnización ha

debido ser mayor.

Que, asimismo, durante el proceso tampoco se discutió sobre la

declaración de la “nulidad absoluta” de la mencionada resolución y,

en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de expropiación con

unos considerandos que analizan aspectos que nunca fueron

señalados en la litis y que la parte demandada nunca pudo

controvertirlas, vulnera abiertamente el derecho defensa.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Que no obstante la argumentación del a quo, en la que se advierte

una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ello no

quiere decir que dicha aplicación deba realizarse sin permitir el

derecho de defensa a los demandados y, sorpresivamente, aludirse

una argumentación diferente en la sentencia, pues ello también

vulnera derechos fundamentales de los demandados.

Que no existe soporte probatorio que avale las apreciaciones o

argumentos de la parte actora acerca de la invalidez o defectos del

avalúo realizado por CAMACOL BOYACÁ - CASANARE, y por tanto,

éste conserva total legalidad y vinculatoriedad técnica y jurídica

como soporte de los actos administrativos acusados; en

consecuencia, no resulta la condena a demandados a título de

restablecimiento del derecho, comoquiera que el dictamen

establece un precio para el año 2012, en el cual las condiciones de

plusvalía del inmueble eran diferentes, puesto que el mismo

proyecto de desarrollo del terminal valorizó el sector, circunstancia

que no fue tenida en cuenta en el avalúo.

3. CASO CONCRETO

Ahora bien, respecto de las inconformidades propuestas por la

parte demandada, las cuales se pueden concretar en la violación

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

del principio de congruencia y, consecuentemente, el debido

proceso, derecho a la defensa y contradicción; y a la condena a

título de restablecimiento del derecho, la Sala, inicialmente,

abordará lo correspondiente a la figura del principio de congruencia,

frente a lo cual, los artículos 304 y 305 del C. de P.C.16, disponen:

“[…] ARTÍCULO 304. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su
contestación. La motivación deberá limitarse al examen
crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad
y precisión, y citando los textos legales que se apliquen.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula
"administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener
decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones
de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver
sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y
sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir,
con arreglo a lo dispuesto en este Código.
La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en folio que
no contenga actuación alguna, ni escrito en las partes, y de
ella se dejará copia en el archivo de la secretaría.

ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por
causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le
reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la

16
Artículos 280 y 281 del C.G.P.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido
alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato
de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que
entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley
permita considerarlo de oficio.[…]”.

Asimismo, el artículo 170 del CCA, señala, al respecto:

“[…] ARTÍCULO 17O. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes
y las excepciones con el objeto de resolver todas las
peticiones. Para restablecer el derecho particular, los
Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, y modificar o reformar éstas. […].” (Destacado
fuera de texto).

Conforme a lo expuesto, la sentencia que decida el proceso debe

ser motivada. La motivación debe limitarse al examen crítico de los

hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas

jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las

excepciones, con el objeto de resolver todas las peticiones.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción Contencioso

Administrativa podrá adoptar disposiciones nuevas en reemplazo de

las acusadas, y modificar o reformar éstas.

De igual forma, dicha providencia deberá producirse de acuerdo con

los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, así como con

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas,

a fin de poder condenar al extremo demandado por el objeto

solicitado y con base en la causa expuesta en ella.

Ahora, en materia jurisprudencial tanto la Corte Constitucional

como esta Corporación se han pronunciado acerca de los

fundamentos y el alcance del principio de congruencia. Así, por

ejemplo, en la sentencia T-455 de 2016 17 , se dijo sobre este

aspecto de la controversia, lo siguiente:

“[…] 24.1. El principio de congruencia de la sentencia,
además se traduce en una garantía del debido proceso para
las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra
petita, ni ultra petita, porque en todo caso, la decisión se
tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones
probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto,
además, garantiza el derecho a la defensa de las partes,
puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos
que la ley ha establecido para ello en los términos
adecuados.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el
principio de congruencia “como uno de los elementos
constitutivos del derecho fundamental al debido 6
Magistrado Ponente ALEJANDRO LINARES CANTILLO.
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, “en la medida que impide determinadas decisiones
porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”.
Además ha establecido que siempre que exista falta de
congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por
tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial
con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental
al debido proceso.

17
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

52

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en
el 2008 la sentencia 1274 8 de ese año, en la que
estableció lo siguiente:

“… la incongruencia tiene la entidad suficiente para
configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es
capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez “es sólo
aquella que subvierte completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso,
generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva
jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de
contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y
relativa a materias medulares objeto del proceso”. De lo
contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia
y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería
insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial,
así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”9.

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir
que el juez debe tomar su decisión de manera
congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo
tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se
pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las
partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin
pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues
de lo contrario deberá explicar de manera suficiente
las razones por las cuales omitió referirse a algún
pedimento. El principio de congruencia de la sentencia,
además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa
por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso
de cada una de las herramientas establecidas en la ley para
ello.” (Destacado fuera de texto).

Por su parte, en sentencia de 25 de enero de 2017 18 , esta

Corporación expresó sobre el principio en cita, lo siguiente:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
18

enero de 2017, C.P. Hernán Andrade Rincón, núm. único de radicación 11001-03-26-000-2016-
00052-00 (56703).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

53

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

“[…] En repetidas oportunidades esta Corporación se ha
referido al principio de congruencia, de conformidad con los
dictados de los artículos 304 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, como uno de los orientadores de las
decisiones judiciales, lo cual tiene plena vigencia a la luz de
lo dispuesto por el Código General del Proceso. Sobre este
principio expresó la Sala de Sección:

“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la
decisión del juez, encuentra su límite en las pretensiones y
hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos
alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al
juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través
de una sutil modificación de las pretensiones en una
oportunidad diferente a la legalmente prevista para la
modificación, adición o corrección de la demanda,
respectivamente, so pena de incurrir en la violación al
principio de congruencia. El actor sólo cuenta con dos
oportunidades para precisar la extensión, contenido y
alcance de la controversia que propone, es decir para
presentar el relato histórico de los hechos que originan la
reclamación y para formular las pretensiones
correspondientes: la demanda y la corrección o adición de
la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137,
143, 170 y 208 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio
procesal de ‘la congruencia de las sentencias’, reglado por
el Código de Procedimiento, el cual atañe con la
consonancia que debe existir entre la sentencia y los hechos
y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que
garantiza el derecho constitucional de defensa del
demandado, quien debe conocer el terreno claro de las
imputaciones que se le formulan en contra. El juez, salvo
los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se
le faculta para adoptar determinadas decisiones de manera
oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las
pretensiones oportunamente formulados, so pena de
generar una decisión incongruente”.

En suma, de lo expuesto se colige que el principio de
congruencia se erige como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le
resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

54

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo,
sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por
más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir
pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el
deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión.
[…]”.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, la Sala procede a revisar las

actuaciones adelantadas dentro del expediente de la referencia para

determinar si el Tribunal de instancia vulneró el principio de

congruencia al momento de proferir la sentencia apelada, para lo

cual se evidencia que:

Los demandantes HÉCTOR JULIO BECERRA RUIZ Y NUNCY

DÍAZ DE BECERRA, por medio de apoderado, pretenden la

nulidad parcial de la Resolución núm. 1359 de 10 de

diciembre de 2009 19 , expedida por el Señor ALCALDE DEL

MUNICIPIO DE DUITAMA, “Por la cual se expropia por vía

administrativa un inmueble”.

Y alegaron como hechos constitutivos de su pretensión que, en tal

acto administrativo se establece un precio que no corresponde

al verdadero y comercial valor del predio que se expropia, ya

que se fijó sin la realización de un avalúo que cumpliera con los

19
Así fue señalado a folio 132 del C.1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

55

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

requisitos fijados por la ley y el precio muy inferior al real del

inmueble.

A su turno, la parte demandada indicó que, contrario a lo expresado

en la demanda, el avalúo comercial núm. 2772 de 2009, se realizó

observando los preceptos normativos que regulan la materia, no

solo porque CAMACOL REGIONAL BOYACÁ-CASANARE sí es la

entidad competente para su elaboración y porque en su proceso de

formación se respetaron los principios de imparcialidad y debido

proceso, sino porque, en dicho dictamen, siguiendo los parámetros

y criterios legales y reglamentarios, se determinó el valor comercial

del inmueble objeto de expropiación, entendiendo por tal el precio

más probable por el cual éste (el inmueble) se transaría en un

mercado donde comprador y vendedor actuarían libremente, con

conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el

bien.

Es así como el Tribunal al momento de proferir el fallo que se

analiza, al momento de establecer el objeto del litigio, consideró,

lo siguiente:

“[…] Se demanda en este caso la nulidad de los siguientes
actos administrativos expedidos por el Alcalde del Municipio de

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

56

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Duitama: i) Parcial de la resolución No. 1359 de 10 de
diciembre de 2009 en relación con el precio pagado a los
demandantes con ocasión de la expropiación del bien
inmueble identificado […], de propiedad de los demandantes;
ii) La nulidad total de la Resolución No. 956 de 14 de
septiembre de 2009 por la cual se resolvió el recurso de
reposición20 (sic). Es claro que el restablecimiento del derecho
que pretenden los demandantes es el reconocimiento de un
mejor precio por el inmueble expropiado.

En estas condiciones, desde ahora, dirá la Sala que excluirá
del litigio todos los argumentos ajenos a lo anterior, y que se
esgrimen en el libelo para acusar ilegalidad de los actos de
expropiación, la destinación del bien, y la intervención de un
particular en el desarrollo del objeto al cual fue destinado el
inmueble pues, sin duda, ello rebaza el contenido de la
controversia y se desviaría a análisis de legalidad y no
resuelve la inconformidad demandada que, se reitera, gira en
torno al precio pagado por el inmueble expropiado.”
(Destacado fuera de texto).

Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación, frente a la

fijación del objeto del litigio, el criterio esbozado por esta Sección,

en sentencia de 20 de septiembre de 202121, en la cual se expresó,

lo siguiente:

“[…] [D]ebe señalarse que el Juez, al momento de dictar
sentencia, debe definir el correspondiente problema
jurídico, esto es, el aspecto jurídico a considerar sobre el
cual se centrará la decisión del fondo del asunto. Dicho
problema se encuentra integrado por el objeto (pretensión)
y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que
se ventilan en el proceso, los cuales, a su vez, integrarán

20
Es pertinente aclarar que la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición es
la Resolución núm. 164 de 25 de febrero de 2010, acusada.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2016-
00600-00.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

57

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

en la respectiva etapa procesal la llamada fijación del litigio,
de tal suerte que los sujetos tengan absoluta certeza de que
es sobre ello y nada más que ello, sobre lo cual el operador
judicial deberá pronunciarse cuando emita el
correspondiente fallo. Lo anterior se encuentra además
ligado al principio de congruencia, esto es, una
garantía del derecho al debido proceso, cuyo objeto
no es otro que asegurar que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados
con los hechos y pretensiones/excepciones aducidas
en la demanda y su contestación, así como en las
demás oportunidades procesales previstas en el
ordenamiento jurídico para las partes alleguen
argumentos que deban ser tratados en la sentencia, o
de excepciones que el juez pueda declarar de oficio.
[…]” (Destacado fuera de texto).

Ahora bien, el Tribunal de primera instancia, al proferir la sentencia

objeto de estudio, encontró probado que el acto administrativo de

expropiación se expidió con violación al debido proceso, al existir

irregularidades en la expedición del avalúo practicado por CAMACOL

BOYACA- CASANARE, ya que éste se realizó antes de declarar las

condiciones de urgencia y establecer el reglamento de expropiación,

cuando, a su juicio, en sana lógica debe surgir como consecuencia

de tal declaratoria; además, de que en el avalúo no se le determinó

un término de vigencia; la etapa de negociación directa se redujo a

la oferta de compra con un precio que era base; que dicho precio

no fue objeto de negociación, pues el Municipio que era el

competente para efectuarla, se limitó a enviar la solicitud de

revisión a CAMACOL y sin negociación alguna reenvió la respuesta

al propietario, por lo consideró que dicha etapa sustancial, en el

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

58

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

proceso de expropiación, fue suprimida, con lo cual se violó el

derecho de defensa, por lo que el acto acusado ameritaba ser

anulado, como efectivamente se declaró, en la parte resolutiva de

la sentencia apelada.

Del examen realizado al proceso, la Sala advierte que la parte

actora solicitó en sus pretensiones la nulidad parcial de la

Resolución núm. 1359 de 2009 y el reconocimiento de un mejor

precio. El Tribunal, en el fallo, al determinar el problema jurídico a

resolver, fijó como objeto del litigio excluir todos los argumentos

ajenos a lo anterior, esto es, <el reconocimiento de un mejor

precio>, que se esgriman para acusar la ilegalidad de los actos

acusados, por lo tanto, la controversia giraría en torno al precio

pagado por el inmueble expropiado.

Para la Sala, resulta evidente en el presente caso, que el Tribunal

de primera instancia al declarar la nulidad absoluta de la

Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009 violó el

principio de congruencia, al no encontrarse ésta en consonancia con

los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, la cual solo

pretendía la nulidad parcial de la referida resolución respecto al

precio pagado.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

59

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Ahora, si bien el Tribunal encontró probados hechos atinentes al

procedimiento de avalúo comercial del predio y al procedimiento de

negociación directa, que antecede a la expropiación, y que guardan

relación directa con el precio, analizados por la sentencia de

primera instancia, no fueron propuestos por la parte demandante,

es así que al ser considerados en la sentencia, sin que contra ellos

se haya ejercido el derecho de contradicción dentro del proceso,

vulnera el derecho al debido proceso y derecho de defensa de los

demandados.

También hay que tener en cuenta el carácter de justicia rogada

como principio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,

en la cual el juez contencioso administrativo no puede realizar el

estudio de legalidad del acto administrativo acusado con

fundamento en normas superiores de derecho no invocadas en la

demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que

debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o

ilegalidad, expuestos en la demanda, que constituye el marco de la

litis o del juzgamiento.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

60

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

La Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia del 31 de

mayo de 2012 22 , consideró que corresponde al demandante

desvirtuar la presunción de legalidad del acto censurado y que el

juez, en virtud del principio de congruencia, está limitado por lo

solicitado en la demanda, salvo ciertas excepciones, así el

desconocimiento de dicho principio conlleva a las nociones de fallo

ultra y extrapetita.

Así las cosas, la Sala precisa que el fallador de primera instancia se

pronunció sobre un presunto vicio, que no fue alegado por la parte

demandante y sobre el cual la parte demandada no tuvo la

oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, con lo cual falló

extra y ultra petita, al declarar la nulidad absoluta de la

Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009, cuando de

conformidad con la pretensiones de la demanda estaba limitado a

declarar una nulidad parcial respecto al precio establecido en dicho

acto administrativo, como indemnización del predio expropiado, y

no dejar sin efecto en su totalidad el acto expropiatorio, máxime,

cuando los fundamentos de éste para ordenar la expropiación, con

ocasión a la declaratoria de urgencia y utilidad pública del predio y

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 31 de
mayo de 2012, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, núm. único de radicación 44001-23-31-000-
2003-00264-01(17876).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

61

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

acerca de la negociación directa, no fueron objeto de controversia

por la parte actora, en la demanda.

Por lo tanto, se señala que la sentencia apelada incurrió una

violación del derecho al debido proceso de la parte demandada, en

razón del desconocimiento del principio de congruencia, previsto en

el artículo 170 del CCA, razón por la cual dicho cargo prospera y

debe ser revocada la sentencia apelada.

DEL PRECIO PAGADO COMO INDEMNIZACIÓN DEL PREDIO

EXPOPIADO.

Como lo determinó el a quo en el problema jurídico, en el presente

caso la controversia se contrae exclusivamente al precio pagado

como indemnización del predio expropiado, pero al considerar el

Tribunal que el acto administrativo se había expedido

irregularmente, no hizo un análisis del avalúo oficial realizado

durante el proceso de expropiación. Solo se limitó a dar por válido

el realizado por el auxiliar de la justicia, ordenado dentro del

proceso contencioso administrativo.

Dentro del expediente, obra copia del avalúo comercial núm. 2.772

de 2 de marzo de 2009, realizado por CAMACOL BOYACÁ-

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

62

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

CASANARE23, que fundamentó los actos acusados, y el cual consta

de los siguientes datos:

“[…]
1. PROPÓSITO DEL AVALÚO
• Establecer el valor comercial al que se refiere la información
contenida, con base en los datos obtenidos en el mercado de
inmuebles del sector.

2. INFORMACIÓN BASICA
• Propietario HECTOR JULIO BECERRA RUIZ y NUNCY DIAZ DE BE
BECERRA
• Tipo de Inmueble Lote Urbanizable
• Elaborado por Arq. GERMÁN ESPINOSA CAMACHO

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
• Municipio DUITAMA
• Barrio o Vereda VILLA ROUSS
• Ubicación VILLA ROUSS
• Estrato TENDENCIA A ESTRATO 3
• Servicios públicos y Urbanismo
Alcantarillado Acueducto Teléfono Gas Natural Energía Alumbrado
Público Transporte
• Vías Calle pública
• Usos actuales Pastos Naturales
• Normas del POT USO PRINCIPAL: Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar y
Multifamiliar
USO COMPLEMENTARIO: Comercio Tipo I y II
USO COMPATIBLE: Institucional tipo I y II e Industrial
tipo I

4. INFORMACIÓN JURÍDICA
• Matricula Inmobiliaria 074-39313
• Escritura No. 343 del 23 de febrero de 2001 corrida
Notaría Segunda del Círculo de Duitama
• Cédula catastral 01-000-0782-00212-000

5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PREDIO
• Terreno 1.027,36 M2

23
Folios 115 a 126 del C.1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

63

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

• Área del terreno afectada 1.027,36 M2
• Topografía Porcentaje 1,0%
• Linderos
Al norte: En 84.57m linda con predio de Ana Francisca Guevara Pérez, antes
de propiedad de Julia Pérez Guevara y socias.

Al sur: En 86.07m linda con predio de María Guevara Sandoval, antes de
propiedad de Mercedes Sandoval viuda de Guevara.

Al sur: En 12.00m linda con predio de Luis Alfonso Fajardo Rodríguez, Calle
Pública al medio.

Al Este: En 12.04m linda con predio de Inversiones Camacho, antes de
Mardoqueo Morales.

CONCORDANCIA DE MEDIDAS El área de la Escritura es de 1000 y
área tomada del levantamiento
Topográfico es de 1027.36 optamos
por la medida del levantamiento
Topográfico 1027.36 por ser de
Mayor confiabilidad.
5.1.3. FORMA GEOMETRICA RECTANGULAR IRREGULAR

5.3,21 MEJORAS CERCAS

5.3,22 ARBOLES NO

5.3,21 DEPENDENCIAS Acceso a Servicios Público, Acueducto,
Alcantarillado, Energía Eléctrica

5,2 USO ACTUAL Pastos Naturales

6. ESTUDIO ECONÓMICO, el avalúo se practicó aplicando el método
comparativo y de mercado 24 e índices como factor fuente, factor
tamaño, factor topográfico y acuífero, se trata de un terreno con
destinación a usos de vivienda en sus tres categorías, usos
comercial e institucional.

7. DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO NO APLICA
• Determinación del valor del terreno $35.927.806,56
• Determinación del valor de las mejoras
Cercas en postes de madera y cuatro hilos
De alambre de púas $683.060,00

24
Resolución 620 de 2008 del IGAC. “[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es
la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales
ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación
del valor comercial. […]”.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

64

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

El POT del Municipio establece como unidad mínima de prediación en
suelo en el sector una extensión de: 72 m2.
OBSERVACIONES:
El Área Total de terreno es de 1.027,36 M2.
[…]

8 RESUMEN GENERAL Y OBSERVACIONES

• Valor del terreno-área requerida: $35.927.806,56
• Valor de la construcción
• Valor de las mejoras: $ 683.06000
• VALOR TOTAL DE AVALÚO: $ 36.610.866,56 […]”.

Además, consta que en dicho avalúo se tuvieron en cuenta los

siguientes criterios:

• Ficha para método comparativo:

• Cuadro de valor lotes/m2, en donde se relacionan varios

lotes por su ubicación, dirección, la fuente, teléfono, valor del

lote, metros cuadrados y valor del metro cuadrado.

• Cuadro de homogenización de valor de lotes en venta

Factores para ser comparables:

Homogenización por localización, homogenización por estrato,
homogenización por fuente, homogenización por tamaño,
homogenización por obras de urbanización.

• Cálculo del valor de la construcción.

Para el cálculo de costos de construcción se tomó el valor en tablas
que se han calculado teniendo en cuenta proyectos similares que se
han construido en la región, comparados con fuentes de
información de CAMACOL CONSTRUDATA y bases de presupuesto
de obras similares realizadas.

APLICACIÓN DEPRECIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN POR EDAD
(Criterio Heidecke, Fitto y Corvini)

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

65

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

• MÉTODO RESIDUAL a partir del valor de la vivienda en la

ciudad, casas oferta de ventas.

Se relacionan direcciones, fuentes, teléfonos, valor, M2 y se hace
análisis de Homogenización por fuente, homogenización por
calidad, homogenización por edad, homogenización por
conservación, homogenización por funcionalidad, homogenización
por altura, homogenización por orden público, a través de un
cuadro.

• Avalúo del lote bruto a partir de Urbanizaciones en la ciudad.

• Valor de urbanizaciones nuevas por metro cuadrado (Estrato

3).

• Incidencia en el valor respecto al estrato y el uso.

• Avalúo del lote bruto a partir de una urbanización estrato 3.

• Valor residual del lote a partir del valor de una vivienda en el

sector.

• Avalúo del lote bruto a partir de la urbanización vecina

• Avalúo del lote bruto a partir de un proyecto urbanístico

vivienda de interés social.

• Factor de homogenización por topografía, tamaño, por

terreno bajo y por densidad de construcción en el sector;

mejoras; Factor de Vías.

Asimismo, se estableció lo siguiente:

“[…]

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

66

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Vr TL = Valor del Lote por M2: $34.971.

VII-RESUMEN GENERAL Y CONCLUSIONES

Para llegar a esta conclusión se tuvo en cuenta:
1-El valor del M2 de inmuebles según el mercado normal de la oferta y la
demanda en el sector.
2-El sector donde se encuentra el inmueble objeto del presente avalúo
3-Valor de Reposición: Es el presupuesto que se tendría que disponer
para compensar una construcción de similares características.
4-Si el lote en análisis se encuentra a nivel, a nivel inferior o a nivel
superior con respecto a la autopista.
5-Si el lote en análisis se encuentra en Sectores de alta, media o baja
densidad de construcción.
6-Si el uso del terreno es Industrial, Comercial, de Vivienda o de vocación
agrícola.
7-Valorización: Se podría decir que en los últimos cinco años el precio de
la Finca Raíz ha tenido una valorización en extremo discreta.
8- El diseño y la calidad de los materiales encontrados en las edificaciones
a evaluar.
9-Las mejoras encontradas en el lote como construcciones, cercas,
árboles, cultivos, etc. […]”.

Al anterior informe, se le anexaron fotografías del predio con el

objeto de su mejor visualización.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en el referido

avalúo oficial se identificó y describió el inmueble por sus

características físicas, tales como área, ubicación, topografía y

forma, información jurídica, vías de acceso y forma del predio, la

estratificación socioeconómica del inmueble, servicios públicos,

destinación económica del inmueble, -uso principal y

complementario del inmueble de acuerdo con el POT-, oferta y

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

67

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

demanda, como lo establecen los artículos 21 y 22 25 del Decreto

1420 de 1998.

Que CAMACOL BOYACÁ- CASANARE, en el avalúo oficial, cumplió

25
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor
comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del
avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará
sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de
copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de
construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de
ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinarán en
forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para
establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble,
la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de
seis (6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el
método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación
acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción,
entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los
cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien.

Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener
en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las
agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
6. La vida útil económica y técnica remanente
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas comunes. […]”.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

68

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

con especificar que había utilizado el “comparativo de mercado”,

como método valuatorio, así como el valor comercial

correspondiente a $36.510866,56, y las mejoras, a partir del

estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes

semejantes y comparables al del objeto de avalúo, entre ellos, los

ubicados en el sector de Villa Rouss (donde se ubica el inmueble

objeto de expropiación), para lo cual tuvo en cuenta los datos de

ofertas de 15 inmuebles, respecto de los cuales indicó la ubicación,

dirección, la fuente, teléfono, valor del lote, el valor del metro

cuadrado y el valor total del lote, conforme lo preceptúan los

artículos 1º de la Resolución 620 de 2008 y 20 del Decreto 142026.

Para el efecto, anexó una ficha, en la cual se recopilaron los

siguientes datos:

“[…] METODO COMPARATIVO (para obtener el valor del lote)

CUADRO DE VALOR VENTAS LOTES/M2

Dirección INFORMA TELÉFONO Valor M2 $X M2

Lote 1- Altos de Maranta- Cll 29A No.16-17 -G.Espinosa -$5.363.311- 55,14 m2- $97.267 M2

Lote 2- Altos de Maranta - Cll 29A No.16-17 -G.Espinosa -$5.363.311- 55,14 m2- $97.267 M2

Lote 3- Villa Juliana -Cra 31A No.14A-03 -G.Espinosa -$6.131.558- 60,50 m2- $101.348 M2

26
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.
[…]”.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

69

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Lote 4- Villa Juliana 311 2892681 -$7.494.764- 84,00m2- $89.223 M2

Lote 5- Villa Juliana-Tel 7600556 3124207223 -Sergio Gonzalez -$14.989.529- 146,00m2-$102.668

M2

Lote 6- Villa Juliana-Tel 7600556 3124207223 -Sergio Gonzalez -$7.494.764- 84,00m2-$89.223 M2

Lote 7- Villa Juliana -Tel 7600556 3124207223-Sergio Gonzalez-$14.989.529-143,00m2-$104.822M2

Lote 8- Cacique Tundama- Cra44 No.21A-14 -Ana Sixta -$8.006.545- 70,00 m2- $114.379 M2

Lote 9- Cacique Tundama- Cra42 No.21A-35 -$7.390.656- 70,00 m2- $105.581 M2

Lote 10-Villa Rouss –Calle 6 Carr37A Esquina- Miguel Acero -$24.000.000- 224,00 m2- $107.143 M2

Lote 11-Villa Rouss–Calle 6 Carr37A Intermedio- Miguel Acero -$12.000.000-112,00 m2- $107.143

M2

Lote 13-Villa Rouss–Calle 6A 36-33- Gabriel Combariza -$12.000.000-67,20 m2- $178.571 M2

Lote 14-Villa Rouss–Calle 6A Carr37A esquina- José Lara -$19.500.000-97,20 m2- $200.617 M2

Lote 15-Villa Rouss–Calle 6A 35ª-47- 311 2579645 -$20.800.000-112,00 m2- $185.714 M2 […]”.

Lo anterior pone de presente que en el avalúo oficial claramente se

expusieron los valores que se tuvieron en cuenta, según el método

comparativo y de mercado, para calcular el costo del inmueble por

metro cuadrado y calcular el valor total del terreno.

Asimismo, se señaló que para realizar la comparación tuvo en

cuenta como factores de homogenización, -valor de lotes en venta-,

los siguientes: homogenización por localización, homogenización

por estrato, homogenización por fuente, homogenización por

tamaño, homogenización por obras de urbanización.

Adicionalmente, se tiene que en el avalúo oficial también se utilizó

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

70

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

el método residual, para determinar el valor del predio objeto de

expropiación, a partir del valor de la vivienda en la ciudad (casas

oferta de ventas); tuvo en cuenta el avalúo del lote bruto a partir

de urbanizaciones en la ciudad, el valor de urbanizaciones nuevas

por metro cuadrado (Estrato 3), el avalúo del lote bruto a partir de

una urbanización estrato 3, el valor residual del lote a partir del

valor de una vivienda en el sector, el avalúo del lote bruto a partir

de la urbanización vecina, y el factor de homogenización por

topografía, tamaño, por terreno bajo y por densidad de

construcción en el sector.

En otras palabras, cuenta con los elementos más representativos

del método residual, entendido este como la técnica orientada a

determinar el valor de un bien inmueble a partir de la estimación

del monto total de las ventas de un proyecto de construcción. Por

tal razón, para la Sala el avalúo oficial brinda soporte legal y fáctico

al acto administrativo que ordena la expropiación.

Sobre el anterior avalúo, los demandantes presentaron escrito ante

el alcalde de Duitama el 30 de septiembre de 200927, a través del

cual objetaron y solicitaron la revisión del precio ofrecido. Y, en

27
Folios 56 a 59 del C. Anexo 5.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

71

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

sustento de sus objeciones, aportaron fotocopia del avalúo que les

fue entregado en el año 2002, elaborado, por un perito del IGAC,

que arrojó la suma de $41.039.60028.

De las anteriores objeciones, de conformidad al artículo 17 del

Decreto 1420, se dio traslado a la entidad evaluadora, -CAMACOL

BOYACA CASANARE- para su revisión, la cual respondió mediante

escrito de 3 de noviembre de 2009, lo siguiente:

“[…] Se aclara que los avalúos realizados por Camacol, se
someten a las normas contenidas en los decretos 1420 de
julio 24 de 1998. La resolución 620 de 2008 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, mediante la utilización de los
métodos Comparativo, del costo de reposición, residual y
con lo establecido en el Decreto 422 de 2002. Normas en
las que se tiene en cuenta:

. El valor contenido en la escritura de compraventa de cada
precio, donde se plasman las voluntades de los vendedores,
compradores y el Sr. Notario quien da fe y como cierto de lo
negociado en la Escritura Pública correspondiente.
. El valor contenido en el recibo del impuesto predial, que
corresponde al 70% del valor comercial calculado por el
IGAC y su oficina de catastro en la actualización realizada
en el año 2007.
. El valor comercial histórico de información de la Lonja de
Avaluadores de Camacol B.C.
. La información levantada en la investigación de mercado,
sobre oferta y demanda de predios en la ciudad y en el
sector donde se realizan los avalúos, datos que hacen parte
del informe valuatorio.
[…]

Todos estos cálculos condujeron al resultado final
teniendo en cuenta finalmente las condiciones de los
predios frente a las mejoras, cercanía a vías
urbanizadas, nivel en cuanto a las vías adyacentes, el
factor de tamaño y la densidad de construcción del

28
Folios 60 a 67 del C. Anexo 5.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

72

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

sector. El predio sufre una afectación por cuanto está a
desnivel con respecto a las cotas de alcantarillado del sector
por lo que requiere un relleno entre 1.50 y 2.00 M de
espesor que tiene un valor aproximado por M2 de: $35.000
que debe sustraerse del valor del lote en bruto.
[…]

El valor comercial dado por el IGAC en el año 2.002 ya no
es vigente. El valor de la actualización realizada por el
mismo instituto en el año 2017 bajó los precios de los
inmuebles en toda la ciudad a solicitud de la comunidad y
estableció como base para el cobro de los impuestos el 70%
valúo comercial calculado por el Instituto. En el caso que
nos ocupa, es el Instituto quien debe dar la explicación
correspondiente de las causas de la Diferencia en el valor
de los avalúos practicados con anterioridad por esa entidad.

En cuanto al precio estimado por el peticionario, de $
200.000 el M2 corresponde a un lote que se encuentra
debidamente urbanizado y en el caso que nos ocupa, se
realizó el cálculo desagregando las afectaciones que
corresponden al valor de las obras de urbanización y al de
las áreas de cesión que establece el P.O.T. de la Ciudad,
hasta llegar al valor del lote en bruto. De conformidad a lo
establecido en la resolución 620 de 2008 del IGAC art. 15.

Se realizó un trabajo de nivelación en el lote y se deja
expresa nota que el terreno debe ser rellenado, para
colocarlo en condiciones urbanizables 1.80 M, en promedio
con referencia a la cota de tapa del pozo de Alcantarillado,
tal situación fue igualmente tenida en cuenta en el valor; el
relleno que requiere el predio para ser apto para urbanizar,
tiene un costo aproximado de $41.220 por M2 incluido
A.I.U. Este valor se encuentra desagregado en menor
escala en el valor calculado. No se pueden reconocer obras
o circunstancias físicas que el lote como tal no tiene, sin
caer en la figura detrimento patrimonial. […]

Para Camacol el resultado del avalúo es equilibrado y por
tanto se ratifica que, el valor del terreno resultante que
corresponde al predio en las condiciones físicas que
encuentra, es el más probable ajustado a su valor
comercial, tal como lo demuestran sus cálculos realizados y
que hacen parte del informe. […]” 29 (Destacado fuera de
texto).

29
Folios 149 a 151 del C. Anexo 5.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

73

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Es así como la administración se ratificó en el avalúo del predio y al

no llegar a un consenso en el precio ofrecido en la negociación

directa, se procedió, mediante Resolución núm. 1359 de 10 de

diciembre de 2009, a decretar la expropiación por vía

administrativa del inmueble de propiedad de los demandantes,

cancelándose como precio indemnizatorio la suma de

$36.610.866,56., siendo pagada, en partes iguales, la suma de

$18.305.433,28, a cada uno de los demandantes.

Al efecto, es del caso precisar que sobre el precio indemnizatorio el

artículo 67 de la Ley 388 dispone lo siguiente:

“[…] en el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que
se utiliza para los efectos previstos en el artículo 6130 de la
presente ley […]” (Destacado fuera de texto).

Ahora, esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado el

avalúo comercial al acto administrativo acusado, que decretó la

expropiación, este se encuentra amparado por la misma

30
“[...] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989: El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla
sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las
normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida
el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a
adquirir, y en particular con su destinación económica. […]”. (Destacado).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

74

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

presunción de legalidad y certeza, que se predica de las decisiones

definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble

y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este

caso, a los demandantes, demostrar en el proceso que el avalúo

oficial es equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones.

La Sala ha indicado sobre este particular lo siguiente:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. […]”31.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección 32
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005- 03509.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. M.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

75

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó
el justo precio de la indemnización expropiatoria y,
en consecuencia, no desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, que lo
incorporó […]”. 33 (Destacado fuera de texto).

Cabe mencionar que la Sala ya ha tenido oportunidad de

pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las

entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la

indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa

y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se

precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los

valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en

la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo

mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado

o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al

interesado desvirtuar tal presunción.

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

76

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 34 , la Sección

Primera sostuvo:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles
fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o
los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta
para hacer la anunciada comparación, lo cual permite
concluir que contra el justiprecio realizado por esa
dependencia municipal cabrían exactamente las mismas
críticas que el apoderado del Municipio demandado
formula en su apelación contra el dictamen rendido por la
perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que
el avalúo oficial es equivocado, demostrando

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-03509-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

77

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

precisamente su incorrección […].” (Destacado fuera
de texto).

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,

correspondía a la parte demandante probar que el valor comercial

del inmueble calculado por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, a

instancias del Municipio de Duitama, no estaba ajustado a los

parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 y la Resolución

núm. 620 de 2008; que era equivocado e incorrecto; y que, por

tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios

causados con la expropiación.

Al efecto, se observa que en el decurso del proceso se ordenó por el

Tribunal una prueba pericial, designándose RICARDO HUMBERTO

ACUÑA SÁNCHEZ y cuyo dictamen de 27 de julio de 201235 consta

de los siguientes datos:

“[…] METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para determinar el valor del lote urbano, aplicamos el método
residual, el cual obtiene el valor del lote di partir del precio total del
Inmueble deduciendo el costo de la construcción, o sea encontrando
el lote urbanizado como residuo, razón por la cual se llama método
residual.

Este método permite verificar el valor total de las ventas y aplicando
un factor de incidencia de la tierra (FACTOR ALFA); se puede calcular
el valor máximo que soportaría el lote. En este caso se deduce el

35
Folios 304 a 309 del C.1.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

78

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

valor del lote a partir del potencial de desarrollo que podría tener de
acuerdo con las normas o reglamentación urbana.

El método residual se divide en Residual Dinámico y Residual
Estático.

El Residual Dinámico utiliza flujos de fondos, de acuerdo a la renta
que valora, proyecta ingresos y egresos en el tiempo y los trae a
valor presente y estima la utilidad del inversionista mediante la TIR,
tasa interna de retorno; y lo que resta en valor presente
corresponde al valor del terreno. Este es conveniente para avalúos
de hoteles, centros comerciales, estaciones de servicio.

En el Residual Estático es el que mejor se acomoda para vivienda,
oficinas y bodegas industriales.

Método RESIDUAL ESTATICO TÉCNICA INDUCTIVA

Se analizan los indicadores generados por las normas de desarrollo
urbano en la ciudad (P.O.T) Plan de Ordenamiento Territorial de
Duitama, ENTENDIENDO ESTOS INDICADORES EL CONSTRUCTOR
TIENE LAS CAPACIDADES Y CONDICIONES DE EXAMINAR CUAL
PODRIA SER EL MAXIMO VALOR QUE SE PAGARIA

Área bruta del terreno: 1000 M²; Área de vías: 20% 200 M2; Área
de cesión: 240M2; Área Neta Urbanizable 56%:560 M2.
De acuerdo al uso de suelo, LAS NORMAS URBANISTICAS y el
potencial de desarrollo que tiene el terreno y el área de influencia
donde se encuentra el inmueble, se desarrolla un proyecto de
construcción de vivienda horizontal, de estrato medio.

Índice de ocupación: 0,70
Índice de construcción: 1,43

Factor alfa: 15% Ver gráfico 1: Relación del terreno urbanizado y el
valor total del proyecto (según índice de construcción) Fuente
CENAC.

Número de lotes: 7; Área lote: 72 M2 (6,67 de frente por 12 de
fondo); Área de construcción nivel: 80,04 M2; Área de construcción
vivienda: 112.016 M2; Aislamiento posterior: 3.0M; antejardín:
3.5M.

Se determina el valor del lote urbanizado empleando el Método
Residual Estático Técnica Inductiva

V = K*p*IC

K: Porcentaje vendible o área útil construida: (112,06*7=784,42
M2)
P: Precio de venta por M2 Útil construido; de acuerdo a estudio de
ventas de inmuebles urbanos. Fuente estudio de mercado.
$750.000 M2

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

79

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

IC: Índice de construcción
V = 754,42 M2 * $750.000/M2 * 0,15
Valor del lote urbanizado: $88.247.250,00
Valor: Ochenta y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Cincuenta pesos Mete Precio por metro cuadrado máximo
de Lote Urbanizado: $88.247,25M2
Valor: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos con
Veinticinco centavos Mcte.

Para comparar el método residual estático inductivo utilizamos la
técnica estática deductiva de acuerdo al margen del constructor,
analizando la factibilidad económica del constructor con el fin de
determinar, si se justifica comprar el terreno.

Costo directo de construcción:
$315.00M2 (Fuente dane, construdata, cenuc); Multiplicador de
Costo para Estrato Medio Incluyendo costos indirectos generales y
Financieros: Fuente Oscar Borrero., 1,55; Construdata.

Costo de construcción: $488.250M2; Costo total de construcción:
$382.991.065,00; Valor de ventas: $750.000 M2; Valor total de
ventas: $588,315.000,00; MARGEN OPERACIONAL: ($588.315
000.00 - $382.093.065 00) $202.321.935.00, Equivalente al 34%
del costo del proyecto; Utilidad 18% $105, 890.700,00).

Valor del lote urbanizado: $96.425,235,00
Valor M2 Lote urbanizado: $96.425,24 M2

Valor: Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Pesos con Veinticuatro
centavos Mcte.

Se asume este valor por ser de mayor precisión, supone una
economía real, con facilidad en las ventas, baja tasa de interés,
liquidez, y el margen operacional supera el 30%. Se divide el
margen: dando un 17% al valor del lote y una utilidad del 18%.

MÉTODO RESIDUAL APLICADO A TERRENO BRUTO

Se emplea igual que a terreno urbanizado, aplicando la Técnica
residual inductiva: definiendo:

V: Valor del terreno bruto por M2; Dn: Densidad neta predial (7
Viviendas/0.10Ha) 70 viviendas/Ha; P: Precio óptimo de mercado
para la vivienda: $750.000 M2; Z: porcentaje de cesiones, vías,
parques equipamiento: 44%; B: incidencia del valor del terreno
bruto en las ventas.

Para la vivienda media, Fuente Cenuc, Oscar Borrero 12%; V=B* Dn
(1-Z) * P/10.000; V=012 * 125 (1-0,4))* $81.045.000/ 10.000;
Valor del lote bruto por M2=$70.597.80M2; Valor Lote Bruto:
$70.597.800,00.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

80

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

VALOR LOTE BRUTO: SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
[…]

LOTE URBANO $70.597.80 M2
MEJORAS LOTE URBANO $683.060,00 ML
VALOR AVALÚO $71.280.860

VALOR TOTAL AVALUÓ: SETENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
MCTE […]”.

La Sala pone de presente que contra el anterior dictamen, los

demandantes lo objetaron por error grave 36 , pero el Tribunal

consideró que dicha objeción no tenía prosperidad, toda vez que el

peritaje no desconoció radicalmente lo solicitado por el Juez o la

parte y que el objeto de estudio fue el solicitado, en tanto que

existe una clara relación entre los términos en que se decretó y

emitió el peritazgo.

Asimismo, se tiene que la apoderada del Municipio de Duitama,

solicitó aclaración y complementación 37 del referido dictamen

presentado por el auxiliar RICARDO HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ,

lo cual llevo a que el perito lo complementara, calculara el valor del

inmueble a la fecha del avalúo oficial, -2009-, y que el citado

dictamen arrojara un valor comercial de $60.214.657,9 38 , de la

siguiente manera:

36
Folios 396 a 399 del C.1.
37
Folios 440 a 453 del C.1.
38
Folios 514 a 515 del C.2.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

81

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

“[…] El valor comercial del bien inmueble es a precios del año 2012; a
continuación, complemento el dictamen calculando el año en que lo
solicitó la parte demandante y el Tribunal.

• Valor metro cuadrado año 2009
IVP: la base de la regresión es el índice del valor predial; fuente de
investigación DANE.
AÑO IVP VALOR M2
PROMEDIO TERRENO
NACIONAL BRUTO
2012 $70.597,80

2011 6,37% $66.370,03

2010 5,10% $63.149,41

2009 6,01% $59.569,39

• Valor mejoras realizadas en el inmueble en el año 2009
IPC: la base de la regresión es el índice de precios del consumidor;
fuente de investigación DANE.

AÑO IPC VALOR M2
MEJORAS
PREDIO
2012 $683.060,00

2011 6,37% $658.489,02

2010 5,10% $638.265,02

2009 6,01% $645.357,86

• Valor comercial inmueble lote sin urbanizar año 2009

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO PARCIAL
LOTE URBANO M2 1.000 $59.569,30 $59.569,300

MEJORAS ML 97,58 $6.613,63 $645.357,9
LOTE URBANO

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

82

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

VALOR $60.214.657,9
AVALÚO
COMERCIAL
[…]”.

Sobre el referido dictamen pericial, el Tribunal concluyó que el

mismo no amerita reproche; es coherente, claro y razonado, sin

que la objeción por error grave prospere y que, por el contrario, la

aclaración y complementación solicitada ajustó aspectos que

suscitaban incorrección, como era la valuación inicial realizada al

año 2012, fecha de la realización de la prueba, pero regresada al

año 2009, fecha de la oferta de compra del inmueble expropiado

mediante los actos anulados.

En cuanto a la valuación regresada al año 2009, la parte

demandada, en el recurso de apelación, adujo que de ninguna

manera dicho avalúo refleja el valor del inmueble al año 2009, que

fue cuando ocurrieron los hechos. Al respecto, cabe señalar que,

como se puso de presente anteriormente, el dictamen fue aclarado,

en el sentido de que hizo una regresión de la valuación del año

2012 al año 2009, para lo cual el perito optó por utilizar el Índice

de Valorización Predial y con esta herramienta aplicó el Índice al

Valor actual para llegar al valor del año 2009.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

83

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

El Índice de Valoración Predial, -IVP-, es un indicador que se utiliza

desde diciembre del año 2001 para calcular la variación porcentual

promedio de los precios de los predios urbanos en Colombia entre

dos periodos de tiempo. Este índice permite hacer un seguimiento

anual a los cambios de valor en los predios habitacionales en el

área urbana, con fundamento en los avalúos comerciales y la

dinámica del mercado de los predios, por lo que la metodología

utilizada para establecer el valor del predio año a año no plantea

reparo, según lo señaló esta Sala en sentencia de 13 de junio de

2024.39

Ahora, la Sala estima que si bien es cierto que el dictamen,

ordenado por el Tribunal, establece un nuevo y mayor valor del

predio, y que fue complementado, calculando el precio para el año

2009, también lo es que el citado avalúo no controvierte en forma

directa aquél rendido por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE a

instancias del Municipio de Duitama, ni menciona de qué modo éste

incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el

Decreto 1420 o en la Resolución núm. 620 de 2008, pues

simplemente se limitó a realizar una nueva valoración que, como se

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
junio de 2014, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 05-001-23-33-000-2010-
01231-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

84

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio

reconocido y pagado al demandante, de acuerdo con lo dispuesto

en la Resolución 1359 de 10 de diciembre de 2009 acusada,

sin perder de vista que la misma parte actora en su recurso de

apelación señaló que el dictamen realizado por el Auxiliar de Justica

incurrió un error al señalar el precio indemnizatorio.

Y, si bien es cierto el fallador de primera instancia consideró que el

dictamen pericial practicado por el perito RICARDO HUMBERTO

ACUÑA SÁNCHEZ es coherente, claro y razonado y accedió al

restablecimiento con fundamento en ese dictamen, también lo es que

no hizo un análisis del avalúo oficial realizado durante el proceso de

expropiación, el cual goza de la presunción de legalidad y certeza, ni

indicó porque el mismo era equivocado e incorrecto y no estaba

ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420

y la Resolución núm. 620 de 2008. Solo se limitó a dar por válido el

realizado por el auxiliar de la justicia, ordenando del dentro proceso

contencioso administrativo.

Por tal razón, la Sala advierte que el avalúo, practicado por el perito

ACUÑA SÁNCHEZ, no prueba de manera cierta que las resoluciones

acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388, dado que no

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

85

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

logra desvirtuar que el Informe Técnico de Avalúo oficial, rendido

por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, hubiese pasado por alto los

parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos

en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420, esto es, no demuestra

que el valor comercial del inmueble, calculado en ese avalúo oficial

era equivocado e incorrecto.

Además, debe ponerse de presente, que si bien la parte

demandante señaló en la demanda que el avalúo oficial se basó en

bienes disimiles, no semejantes y, por tanto no comparables,

también lo es que la mencionada parte omitió explicar en la

demanda y en el recurso de apelación las razones por las cuales

los 15 bienes inmuebles indicados en el avalúo oficial, al

momento de sustentar el método comparativo de mercado, no

eran semejantes ni comparables con el que fue objeto de

expropiación por vía administrativa 40.

Así las cosas, para la Sala, no es de recibo que los argumentos que

sustentan la incorrección del avalúo oficial sean que el precio de la

indemnización debió ser mayor y que ello resulte suficiente para

decretar la nulidad de los actos acusados, ni tampoco es suficiente

40
En igual sentido, fue señalado en la sentencia de 14 de marzo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de
radicación 0500123331000 2012 00033 01).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

86

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

señalar y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron en el

avalúo oficial y simplemente identificar otras alternativas probables,

sino que se debe convencer al juez del error en el que ha incurrido

la Administración al fijar un monto específico para la indemnización.

Sobre este asunto, cabe recordar que frente a la carga de la prueba

de la parte demandante para efectos de desvirtuar los avalúos

oficiales en procesos de expropiación, esta Sala sostuvo en

sentencia de 20 de febrero de 2020 41 , que ahora se prohíja, lo

siguiente:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar
la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se
trata es precisamente de llevar al convencimiento del
juez de que se ha incurrido en error al establecer el
monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables […]” (Destacado
fuera de texto).

Adicionalmente, es del caso señalar que la Sección Primera en

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

87

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

sentencia de 14 de septiembre de 2020 42 , indicó que no será

suficiente señalar y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron

en el avalúo oficial, sino que se debe convencer al juez del error en

el que ha incurrido la Administración al fijar un monto específico

para la indemnización.

Igualmente, en dicho pronunciamiento reiteró que el justo precio de

la indemnización expropiatoria se encuentra amparado por la

presunción de legalidad del acto administrativo que lo acoge; lo que

significa que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto

administrativo que ordena la expropiación, por lo que deberá ser

desvirtuado a través de los medios de prueba establecidos en el

ordenamiento jurídico. Así, discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

88

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio. […]” 43
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de abril de

202144, en la que la Sala puntualizó y reiteró que se presume la

legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,

aun cuando en el informe técnico no se precisan las

operaciones o la forma como fueron calculados los valores

correspondientes, y que por ello la parte demandante debe

aportar las pruebas para demostrar los errores de este.

Y que no es de recibo que los argumentos que sustentan la

incorrección del avalúo oficial y que sustentó la expedición de los

actos administrativos acusados, sea que no se indicó los inmuebles

con los cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el

43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

89

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

precio del avalúo comercial determinado en los avalúos

contratados por el demandante, ello resulte suficiente para

decretar la nulidad parcial de estos, en los siguientes términos:

“[…] Sobre el particular, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha indicado que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el
avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se
precisan las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, por ello la
parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de
2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la
Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

90

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección 45 […].” (la Sala destaca)
[…]”46

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).

45
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

91

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Ahora, la Sala observa que la parte demandante, en su recurso

de apelación, adujo que el a quo no desplegó toda la actividad

probatoria y que el fallo apelado modificó el precio indemnizatorio

del predio expropiado, fijado en los actos acusados, pero no en la

cuantía que comercialmente era de esperarse.

Para el efecto, anotó que el Tribunal, en razón del escrito de

objeción que se formuló por error grave al dictamen rendido por el

Auxiliar de Justicia, RICARDO ACUÑA, decretó la práctica de una

pericia por parte del IGAC, pero que dicha prueba no se practicó; y

que la prueba trasladada que reposa en el proceso, referente al

dictamen pericial practicado por el IGAC, dentro del expediente

radicado bajo el núm. 2010- 01231, es prueba suficiente para

demostrar el error grave en que incurrió el perito nombrado por el

Tribunal.

En efecto, la Sala observa que el fallador de primera instancia

decretó la práctica de una pericia por parte del IGAC, pero como

bien lo reconoció la parte actora en el recurso de apelación, dicha

prueba no pudo ser practicada, dado que el Instituto en mención no

pudo efectuar el avalúo por la falta de un documento solicitado por

un funcionario de esa entidad, esto es, el plano del inmueble

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

92

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

objeto de avalúo georrefenciado con escala gráfica, por cuanto para

esa fecha el predio ya había sido englobado, por lo que

jurídicamente no existía el bien expropiado, conforme lo indicó el a

quo en providencia de 25 de julio de 2017 47, a través de la cual

declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado a las partes

para alegar de conclusión, sin que se observe que la parte actora

haya interpuesto recurso alguno frente a dicha decisión, lo cual

demuestra que la primera instancia sí desplegó actividad en torno a

la práctica de esa prueba, pero no fue posible recaudarla.

Cabe mencionar que en segunda instancia la parte actora, dentro

del término de ejecutoria de auto que admitió los recursos de

apelación interpuestos contra la sentencia de 26 de octubre de

2017, solicitó la referida prueba, de la siguiente manera:

“[…] Se designe ordenar a mi costa, la práctica de la prueba
solicitada y no practicada en primera instancia por causas
no imputables a la parte actora que represento, consistente
en la realización de un avalúo por un perito del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, del predio objeto de
expropiación y para la época del proferimeinto de los actos
expropiatorios demandados. […]”48.

47
Folios 567 del C. 2.
48
Folios 6 a 8 del C. Apelaciones.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

93

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

En virtud de esa solicitud, el Despacho sustanciador, mediante auto

de 6 de septiembre de 201849, denegó dicha prueba al advertir que

la misma fue decretada por el a quo; sin embargo, no pudo ser

practicada por la falta de un documento solicitado por un

funcionario de esa entidad, esto es, el plano del inmueble objeto de

avalúo georrefenciado con escala gráfica, por cuanto para esa fecha

el predio ya había sido englobado, por lo que jurídicamente no

existía el bien expropiado.

Al respecto, debe precisarse que si bien el juez puede decretar de

oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento

de la verdad, ello obedece a una facultad y no a un deber, puesto

que, en primera medida, corresponde a las partes interesadas en la

prueba promover tal actuación, y, en segunda medida, la carga de

desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y fáctico al

acto administrativo que ordenó la expropiación administrativa recae

en la parte demandante, sin que pueda ser trasladada a la

autoridad judicial a cargo de la dirección o decisión del proceso50,

razón por la cual no le asistió razón al demandante al sostener que

49
Folios 18 a 20 del C. Apelaciones.

50
Ver sentencia de 18 de abril de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 15001-23-31-000-
2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-
01).

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

94

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

el fallo recurrido desatendió su deber de promover y realizar toda la

actividad probatoria.

Ahora, en lo correspondiente al argumento del recurrente, de que la

prueba trasladada que reposa en el proceso, de un avalúo

practicado por el IGAC, sobre el inmueble ubicado en la Carrera 42

No.6-29 de Duitama, dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento, radicado bajo el núm. 2010- 01231, es prueba

suficiente para demostrar el error grave en que incurrió el perito

nombrado por el Tribunal, para la Sala, se trata de una afirmación

subjetiva de la parte actora, ya que no cuestionó los fundamentos

esbozados por el a quo para señalar que dicha prueba no tenía

incidencia en el caso sub examine, pues el apelante simplemente se

limitó a señalar que la abismal diferencia entre el avalúo objetado y

el practicado por dicha entidad oficial es prueba suficiente para

demostrar el error grave en que incurrió el Auxiliar de Justicia

ACUÑA, sin aducir argumentos con elementos probatorios, que

permitan constatar la veracidad de las cifras expuestas en ese avalúo

del IGAC, la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la

suma cuyo reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, que

conduzca a demostrar la corrección del justiprecio del avalúo del

IGAC y que entraña, obviamente, la incorrección del avalúo oficial,

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

95

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

así como del referido dictamen pericial elaborado por el Auxiliar

Judicial, en este proceso.

No obstante lo anterior, la Sala estima que le asistió razón al a quo

cuando estimó que en el dictamen pericial, rendido dentro del

referido expediente radicado bajo el núm. 2010- 01231, se avaluó

un predio que se encontraba en condiciones diferentes al inmueble

bajo estudio de este proceso, pues si bien es cierto que presentan

ciertas similitudes, como lo es que los predios pertenecen al mismo

barrio, -Villa Rouss-, en el municipio de Duitama, también lo es que

el inmueble de aquel proceso tiene un área de 6.600 m2, una forma

geométrica trapezoidal y se encuentra localizado en uno de los

sectores más representativos del municipio de Duitama, esto es, el

corredor vial de la Autopista Norte – Sogamoso, zona que se ha

consolidado en actividades de usos mixtos con parqueaderos para

vehículos de carga pesada, talleres de mercancía y estaciones de

servicio, entre otras actividades; mientras que el inmueble, objeto

de estudio dentro del presente proceso, tiene un área de 1.027, 36

m2 y una forma rectangular irregular, es decir, unas características

físicas diferentes.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

96

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Ciertamente, en el citado dictamen pericial rendido por el IGAC,

dentro del referido expediente radicado bajo el núm. 2010- 01231,

se estableció lo siguiente:

“[…]
1.11. DESTINACIÓN ACTUAL: Para el año 2009 de
acuerdo a la documentación suministrada para este estudio
y a lo indicado por el propietario del inmueble, en el terreno
funcionaba un parqueadero de vehículos articulados (tracto
camiones).
[..]
7. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO A
02 DE MARZO DE 2009

7.1.1. UBICACIÓN: El predio objeto de avalúo se
encontraba localizado en el caso urbano de la ciudad de
Duitama, más exactamente con frente sobre la Autopista
Norte, vía que comunica a Bogotá con Sogamoso y por la
cual circula la gran mayoría del transporte pesado del
municipio y de todo el gran sector industrial del norte de
Boyacá.

7.1.2. ÁREAS:

FUENTE ÁREA
(M2)
INFORMACIÓN CATASTRAL 6.590,00
FOLIO DE MATRÍULA 6.600,00
INMOBILIARIA
ÁREA ADOPTADA 6.600,00

El área adoptada es de 6.600,00 m2; debido a, que es la
que corresponde a la reportada en el folio de matrícula
inmobiliaria.

[…]

7.1.5. FORMA GEOMÉTRICA: El terreno es de forma
geométrica trapezoidal.

[…]

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

97

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

10. CONSIDERACIONES

Adicionalmente a las características más relevantes de la
propiedad, expuestas en los capítulos anteriores, se han
tenido en cuenta en la determinación del valor comercial las
siguientes consideraciones generales:

La ubicación del inmueble materia de estudio en el
Municipio de Duitama, departamento de Boyacá, localizado
en uno de los sectores más representativos de la ciudad
como lo es el corredor vial de la Autopista Norte o Autopista
Bogotá – Sogamoso (Carrera 42); de gran importancia
debido a todas las actividades que allí se desarrollan,
específicamente Duitama es catalogada como la ciudad
transportadora de Boyacá. Ese eje vial se caracteriza por
ser el más transitado por camiones de carga y vehículos
articulados (tracto camiones), vía que desde hace varios
años se ha consolidado con actividades de uso mixto, como
parqueaderos especializados para carga pesada, industria,
talleres de mecánica, estaciones de servicio, locales de
repuestos, etc.
[…]

La ubicación específica del inmueble, localizado con frente a
la Carrera 42 Autopista Norte Bogotá Sogamoso, siendo la
vía intermunicipal más transitada e importante del
municipio ya que por esta vía circula todo el tráfico pesado,
transporte público y particular que va a los municipios de
Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Paz del Rio, etc.
[…]”.

Para la Sala, dichas diferencias en las características de los predios,

objeto de análisis dentro del dictamen pericial del IGAC y el bajo

estudio en este proceso, resultan ser relevantes para la

determinación del valor comercial de los inmuebles, en virtud de lo

previsto en el artículo 22 del Decreto 1420, el cual prevé lo

siguiente:

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

98

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

“[…] Artículo 22.- Para la determinación del valor
comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por
lo menos las siguientes características:

A.- Para el terreno:

1.- Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y
forma. […]”.

De ahí, que no cabe duda que le asistió razón al fallador de primera

instancia, respecto a lo argumentado sobre la citada prueba

trasladada, practicada por el IGAC.

Así las cosas, la Sala considera que la parte actora no cumplió con

la carga procesal de demostrar que el valor comercial del inmueble,

calculado en el avalúo oficial por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,

era equivocado e incorrecto, ni mucho menos que el precio de la

indemnización debía ser mayor al valor indemnizatorio señalado en

el fallo recurrido, que fue sustentado con el dictamen pericial

elaborado por el Auxiliar de justicia, como lo adujo en el recurso de

apelación.

De otra parte, se tiene que la parte actora, en su recurso de

apelación, también expresó que nada se resolvió respecto al

demandado, Municipio de Duitama, que ni siquiera se le condenó

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

99

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

solidariamente al pago del monto señalado como indemnización a

título de restablecimiento del derecho.

Frente a ello, cabe advertir que teniendo en cuenta que en la

sentencia apelada el a quo incurrió una violación del derecho al

debido proceso de la parte demandada, en razón del

desconocimiento del principio de congruencia y que los

demandantes no cumplieron con la carga procesal de demostrar

que el valor comercial del inmueble, calculado en el avalúo oficial

por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, era equivocado e incorrecto, ni

acreditaron que el valor de la indemnización era superior al

precio presentado en el avalúo realizado por el Perito RICARDO

HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ, el cual además consideraron errado,

no hay lugar a pronunciarse sobre la condena solidaria frente al

Municipio de Duitama o los argumentos de la demandada sobre la

condena impuesta en primera instancia, en tanto se procederá a

revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se denegarán las

pretensiones.

En este orden de ideas, la Sala considera que en la expedición del

fallo que se analiza, el a quo incurrió en una flagrante violación del

principio de congruencia y, por ende, el de defensa y contradicción

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

100

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

de las demandadas, y, además, como se determinó en líneas

anteriores por la Sala, los demandantes no cumplieron con la carga

procesal de demostrar que el valor comercial del inmueble,

calculado en el avalúo oficial por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,

era equivocado e incorrecto, ni mucho menos acreditaron que el

precio señalado en el avalúo realizado por el Perito RICARDO

HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ fuere mayor al arrojado por el

avalúo oficial, por lo que debe tenerse como válido, creíble y

debidamente fundamentado el referido avalúo oficial que sirve de

sustento a las resoluciones acusadas, sin que el mismo pueda ser

objeto de modificación dado que la parte actora, quien tenía la

carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo.

Cabe destacar y reiterar que esta Sección ha sostenido que al haber

sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo, este

goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido, creíble

y fundamentado, por lo que correspondía a la parte demandante

demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,

acreditando precisamente sus incorreciones, conforme se precisó en

la citada sentencia de 15 de agosto de 201951, lo cual no hizo.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

101

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto

que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se

reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene

carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial

del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal

medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber

del interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de

causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el

asunto de la referencia 52 , por lo que a la administración solo le

correspondía el pago de lo establecido en el avalúo practicado a

instancia suya.

En conclusión, ninguno de los cargos planteados por la parte

demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la

presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos

acusados, razón por la cual la Sala revocará la decisión de primera

instancia y, en consecuencia, se denegaran las pretensiones de la

demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

102

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y, en consecuencia,

DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

103

Número único de radicación: 15001 23 31 005 2010 01384 01
Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.