Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-31-005-2010-01384-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 150012331005 20100138401
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORES: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA, TODA VEZ QUE
DICHO FALLO INCURRIÓ EN UNA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA, POR CUANTO SE PRONUNCIÓ SOBRE UN
PRESUNTO VICIO QUE NO FUE ALEGADO POR LA PARTE
DEMANDANTE Y SOBRE EL CUAL LA PARTE DEMANDADA NO TUVO
LA OPORTUNIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN.
ADEMÁS, LA PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA DE
DEMOSTRAR QUE EL VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE
CALCULADO POR EL AVALÚO OFICIAL ERA EQUIVOCADO E
INCORRECTO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de la parte actora y de la demandada, SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE DUITAMA S.A., contra la sentencia de 26 de
octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 3, por medio de la cual se declaró la
nulidad de las resoluciones núms. 1359 de 10 de diciembre de
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Actores: HÉCTOR JULIO BECERRA Y OTRO
2009 y 164 de 25 de febrero de 2010, expedidas por la Alcaldía
de Duitama-Boyacá.
I. ANTECEDENTES
I.1.- Los señores HÉCTOR JULIO BECERRA RUZ Y NUNCY DÍAZ
DE BECERRA, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 1 , presentaron
demanda 2 contra el MUNICIPIO DE DUITAMA 3 , tendiente a
obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Se declare la nulidad parcial de la Resolución núm. 1359 de
10 de diciembre de 2009, “por la cual se expropia por vía
administrativa un inmueble”, expedida por el alcalde del Municipio
de Duitama, a través de la cual se ordenó la expropiación
administrativa del predio identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria núm. 074-39313.
2ª. Se declare la nulidad de la Resolución núm. 164 de 25 de
febrero de 2010, emanada del mismo funcionario público, por
1
“Por la cual se modifica la Ley 9° y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2
Folios 5 a 40 y 132 a 134 del C.1.
3
En adelante el Municipio.
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medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la anterior decisión.
3ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se pague a la
parte demandante el precio real del predio conforme al valor
comercial.
4ª. Que, igualmente, se paguen los intereses moratorios desde
cuando debió cancelarse el valor real hasta que se realice el pago o
en su defecto, se ordene indexar la diferencia.
5ª. Que la sentencia se debe cumplir en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, en
adelante CCA.
6ª. Que se condene en costas a la demandada.
I.2.- La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º. El alcalde de Duitama, con fundamento en los decretos núms.
397 de 11 de agosto de 2009 y 401 de 13 de agosto de ese año,
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expidió la Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009,
“por la cual se expropia por vía administrativa un inmueble”.
2º. Los actores eran los propietarios inscritos del predio, cuya
expropiación administrativa se ordenó mediante la citada
Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009.
3º. Que se fijó como precio de indemnización del predio expropiado
la suma de $36.610.866.56, el cual, a su juicio, es muy inferior a
su verdadero valor comercial al momento de la expropiación.
4º. Anotó que dicho precio fue pagado por la entidad demandada,
según consta en actas de entrega de los cheques.
5º. Señaló que el valor del avalúo fue oportunamente controvertido
ante el señor alcalde de Duitama.
6º. Indicó que al verificar que el perito contratado por la Alcaldía
era el arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, procedió a
recusarlo, con base en lo previsto en el numeral 9 del artículo 150
del Código de Procedimiento Civil4.
4
En adelante C. de P.C.
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7º. Expresó que el alcalde de Duitama dio traslado de la recusación
a la Lonja CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, quien la rechazó de
plano.
8º. Que contra la Resolución núm. 1359 de 2009, se interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente.
I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 1º, 2º, 6º, 58, 288, 298, 313-2 y 313-7 de la
Constitución Política; 61, 68, 71 de la Ley 388 de 1997; 150, 152,
154 y 235 del C. de P.C.; del Decreto 1420 de 24 de julio de 19985;
y de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 20086.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
ES NULO EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO POR CUANTO
AL EXPEDIRSE SE INFRINGIERON LAS NORMAS EN QUE
DEBÍA FUNDARSE
Señaló que el artículo 58 de la Constitución Política prevé que por
motivos de utilidad pública o interés social se podrá realizar la
5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
6
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
ley”, expedida por el Director del IGAC.
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expropiación por vía administrativa, sujeta a una posterior acción
contencioso administrativa.
Que, según lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388, el precio de
adquisición será igual al valor comercial determinado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi7 o la entidad que cumpla sus
funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el
Decreto-Ley 2150 de 5 de diciembre de 19958.
Afirmó que, en el presente caso, la autoridad expropiante se atuvo
finalmente al avalúo practicado por el perito GERMÁN ESPINOSA
CAMACHO, como miembro de la Lonja CAMACOL BOYACÁ-
CASANARE, desconociendo la recusación formulada contra él, con lo
cual se violó el debido proceso de los actores.
Expresó que el numeral 4 del artículo 68 de la Ley 388 dispone la
inscripción de la transferencia del dominio a la entidad expropiante
y, en este caso, dicha transferencia se hizo a un tercero, como lo es
la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE DE
7
En adelante IGAC.
8 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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PASAJEROS DE DUITAMA S. A., con violación de la Ley.
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 6, 58, 288, 298, 313-2 Y
313-7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Adujo que cuando las autoridades acuden a la expropiación
administrativa, el “justo precio”, al que alude la Constitución
Política, debe ser fijado como el valor comercial, porque el
ciudadano expropiado espera recibir un precio o indemnización a
cambio de lo que ha dejado de ser suyo.
Agregó que la necesidad de que el avalúo sea previo, es decir,
antes de la decisión de expropiación, lo demuestra el mismo hecho
de que la solución a la indemnización o “justo precio” puede
producirse de forma acordada y amistosa entre la propia
administración y el particular, siempre que el ciudadano expropiado
esté de acuerdo con el precio que se le paga.
Que si hay acuerdo en el precio se tendrá por terminado el
expediente de expropiación forzosa y la administración abonará al
particular lo acordado. Empero, si no se llega a tal acuerdo, es
necesario seguir el trámite legal, pagando el precio ya determinado.
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Que es evidente que el “justo precio” o precio comercial debe ser
determinado por la entidad legitimada para expropiar; pero que
cuando ella no lo hace o acude a otros medios no permitidos por la
ley transgrede la normatividad procedimental, como ocurrió en el
caso sub-examine, que el Municipio desconoció los principios
básicos del estado de derecho, como son los previstos en las
normas citadas y, obviamente, se desconoció el respeto al derecho
de propiedad y los demás derechos adquiridos.
VIOLACIÓN DE LA LEY 388, EL DECRETO 1420 DE 1998 Y LA
RESOLUCIÓN 620 DE 2008
Afirmó que los actos administrativos violaron dicha normatividad,
toda vez que la entidad demandada debió aplicar en el avalúo del
bien inmueble objeto de expropiación los parámetros referidos por
el artículo 61 de la Ley 388, reglamentado por los decretos 2150 de
1995 y 1420 de 1998, éste último reglamentado por la Resolución
núm. 620 de 2008.
Adujo que, en primer lugar, se debe destacar cómo CAMACOL
BOYACÁ-CASANARE, entidad que hipotéticamente acogió como
asociado al ingeniero GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, quien elaboró
el avalúo, no es una lonja de propiedad raíz estrictamente, sino una
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“Lonja de Avaluadores”, de lo cual se deduce que no estaba
legalmente habilitada para practicar avalúos, de manera que sus
actos no pueden trascender a la vida jurídica, tal y como lo aceptó
ilegalmente la entidad demandada.
Expresó que, en segundo lugar, el precio contenido en el avalúo,
realizado por el señor GERMÁN ESPINOSA CAMACHO, no se
constituye en el más probable, ni es el comercial, ni el más justo,
dado que el perito dejó de aplicar o aplicó torcidamente las
disposiciones a que estaba obligado a cumplir, en tanto interpretó
mal el método de comparación o de mercado, pues se basó en
bienes disímiles, no semejantes y, por tanto, no comparables.
Que, de igual forma, dejó de homogenizar por estrato, aplicó
indebidamente los principios legales fijados para la aplicación del
método residual y generalizó en extremo su dictamen,
circunstancias todas las anteriores que lo llevaron erróneamente a
señalar un precio insignificante por metro cuadrado de terreno.
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS ARTÍCULOS
150, 152 154 Y 235 DEL C.P.C.
Argumentó que se violó el debido proceso, que obligaba al alcalde
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de Duitama a tramitar y decidir en debida forma el incidente de
recusación, formulado en contra del perito en mención.
Que como esto no hizo, sino que se delegó irregularmente la
facultad de decidir sobre dicho incidente en la gerente de la
organización gremial CAMACOL BOYACÁ- CASANARE, existió dicha
violación, pues en un asunto tan fundamental, como es el avalúo en
este tipo de procesos, no podía quedar al arbitrio de una persona
ajena a la actuación, una decisión de resorte exclusivo del alcalde,
como Juez natural de la expropiación.
Indicó que si se revisa el avalúo núm. 2.772, que sirvió como
fundamento de la expropiación, en ese documento aparece muy
claro que la persona natural que responde al nombre de GERMÁN
ESPINOSA CAMACHO fue quien actuó como perito AVALUADOR de
CAMACOL y no la persona jurídica CAMACOL BOYACÁ- CASANARE,
a quien se le permitió intervenir indebidamente en el proceso
expropiatorio sin tener personería alguna para hacerlo.
Anotó que estas actuaciones del alcalde de Duitama quebrantaron
en forma directa y extensible los artículos 150, 152, 154 y 235 del
C. de P.C., al no haber dado el trámite establecido en la ley
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procesal al incidente de recusación presentado por el bien a
expropiarse, pues absurdamente procedió a dar traslado de la
recusación a quien no le correspondía, con lo cual vulneró el
derecho que les asistía de que el perito que avaluará el bien fuera
garantía de imparcialidad, la cual no ofrecía el perito nombrado,
dado el antecedente de su grave enemistad de carácter personal
existente entre el perito mencionado y los actores.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.4.1. El MUNICIPIO DE DUITAMA, por intermedio de apoderado
judicial, contestó la demanda9 y para oponerse a la prosperidad de
las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
Indicó que de conformidad con lo establecido por el artículo 61 de
la Ley 388, en concordancia con el artículo 9º del Decreto 1420,
CAMACOL BOYACÁ- CASANARE sí es competente para la realización
de avalúos comerciales en el marco del proceso de adquisición
predial por motivos de utilidad pública e interés social, y dada su
idoneidad como Lonja de Propiedad Raíz, la administración
municipal, de acuerdo con un proceso de selección objetiva, le
solicitó a dicha agremiación la elaboración de los avalúos
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Folios 163 a 183 del C. 1.
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comerciales correspondientes a los inmuebles requeridos para la
ejecución de la obra de utilidad pública e interés social, dentro de
los cuales se encuentra el predio materia del presente proceso.
Señaló que, contrario a lo argumentado por la parte actora, sí se
atendió la solicitud y se estudiaron los fundamentos de la petición,
para lo cual y como corresponde al debido proceso, se dio traslado
del escrito de recusación a CAMACOL BOYACÁ - CASANARE,
agremiación que fue contratada por la administración municipal
para elaborar todos los avalúos comerciales de los predios, cuya
adquisición se adelantó con destino a la construcción de la nueva
Terminal de Pasajeros, ya que a dicha entidad le correspondía
revisar las acusaciones en el sentido de que uno de sus
agremiados, el arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO,
supuestamente tenía una enemistad con uno de los propietarios del
inmueble con el propósito de que se indicara el papel de dicha
persona en la determinación del avalúo comercial y si, de alguna
manera, por cuenta de esta situación, se había afectado la
imparcialidad del dictamen.
Agregó que la Administración Municipal contrató con CAMACOL
BOYACÁ - CASANARE la elaboración de los avalúos
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correspondientes a los predios requeridos para la construcción de la
nueva Terminal de Transportes de Pasajeros de Duitama, en la
modalidad de avalúos corporativos, de tal suerte que la
determinación del precio comercial de los predios, objeto de avalúo,
se fijó como resultado de la participación colegiada de un grupo
seleccionado de los integrantes de la agremiación (grupo calificado
e idóneo de avaluadores) y previo visto bueno del comité de
avalúos de la entidad.
Explicó que, en el presente caso, la determinación del precio
comercial no la determinó el arquitecto ESPINOSA CAMACHO, fue
un cuerpo colegiado, integrado por avaluadores vinculados a
CAMACOL BOYACÁ - CASANARE, y con la revisión de un comité
gremial, quienes, aplicando los criterios y parámetros del Decreto
1420 y la Resolución núm. 620 de 2008, definieron la valoración
comercial del bien.
Destacó el hecho de que el argumento de recusación, esgrimido por
la parte actora, no apareció una vez éste tuvo conocimiento del
avaluó comercial, sino que solo lo utilizó cuando sus pretensiones
de aumentar el avalúo fueron negadas por improcedentes, tanto
por la Lonja Avaluadora como por la Administración Municipal; que
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así se desprende de la comunicación de septiembre de 2009, en la
que la parte actora no hizo alusión alguna a la supuesta falta de
imparcialidad del avalúo y simplemente se limitó a realizar
observaciones al precio comercial fijado.
Asimismo, propuso las siguientes excepciones de mérito y de fondo,
que denominó:
1. CAMACOL BOYACÁ-CASANARE es competente para
elaborar el avalúo comercial, toda vez que de conformidad con
el artículo 61 de la 388, reúne las condiciones legales y
jurisprudenciales, para ser considerada Lonja de Propiedad Raíz, ya
que conforme a lo establecido en el certificado de existencia de
entidades sin ánimo de lucro, expedido por la Cámara de Comercio
de Tunja, se evidencia que dicha entidad podrá realizar actividades
propias de Lonja de Avaluadores, Colegio de Avaladores o
cualquier otra denominación que conlleve la elaboración de avalúos,
es decir, que está facultada para elaborar avalúos comerciales.
2. Imparcialidad en la elaboración del avalúo comercial, la
cual resulta reafirmada al revisar los valores comerciales fijados por
la Lonja Avaluadora CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,
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correspondientes a otros inmuebles requeridos para la construcción
de la Terminal de Pasajeros de Duitama, ya que se observa que el
precio determinado es igual o similar; es decir, a pesar de que en
los otros casos no existe la supuesta enemistad entre los
propietarios de los inmuebles y el arquitecto GERMÁN ESPINOSA
CAMACHO que, a juicio de la parte actora, ocurre en el presente
caso, el dictamen arroja resultados similares, pues la fijación del
valor comercial obedeció a la implementación de los parámetros y
criterios establecidos en la normatividad vigente, consultando para
tal efecto las condiciones y características propias de los inmuebles
objeto de avalúos y no a criterios subjetivos o personales, entre
otras, porque los valores establecidos son el resultado de una labor
colegiada y no del arbitrio del avaluador, cuya objetividad en forma
injustificada pretende menguar la parte demandante.
3. El avalúo fue elaborado en debida forma, puesto que se
realizó observando los preceptos normativos que regulan la
materia, no solo porque CAMACOL REGIONAL BOYACÁ-CASANARE
sí es competente para su elaboración y porque en su proceso de
formación se respetaron los principios de imparcialidad y debido
proceso, sino porque, en dicho dictamen, siguiendo los parámetros
y criterios legales y reglamentarios, se determinó el valor comercial
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del inmueble objeto de expropiación, atendiendo el precio más
probable por cual éste se transaría en un mercado en el que el
comprador y vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de
las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.
Anotó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el precio
comercial no es determinado por la entidad legitimada para
expropiar, ni mucho menos este puede ser acordado con el
propietario del inmueble objeto del proceso de adquisición, toda vez
que el artículo 61 de la Ley 388 ordena en forma clara que: “[…] El
precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por
el Instituto geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla su
función es o por peritos privados […]”, de tal suerte que es una
inmobiliaria idónea, basada en criterios objetivos y parámetros
reales, la que debe fijar el precio indemnizatorio y no en forma
negociada la entidad adquiriente y el propietario del inmueble a
adquirir.
4. La expropiación se adelantó por motivos de utilidad
pública e interés social y beneficiará el interés general, por
cuanto la construcción de la nueva Terminal de Pasajeros, obra que
fue prevista tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el
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Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011, es precisamente la que
se pretende, con su reubicación y modernización, prestar un mejor
servicio a los usuarios, situación que conllevará, adicionalmente, a
una mejoría en el sector de turismo y a la satisfacción del beneficio
colectivo del municipio.
Que, en efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del
Acuerdo Municipal 039 de 2009 (por el cual se modifica el POT de
Duitama), se hace evidente la importancia que reviste para el
interés general del municipio la construcción de la nueva terminal
transportes, ya que se identifica como una de las estrategias a
implementar para efectos de lograr el desarrollo industrial, agrícola,
comercial y turístico de Duitama.
Agregó que con la ejecución de este proyecto, que constituye
motivo de utilidad pública e interés social en los términos del
artículo 58 de la Ley 388, se cumple un mandato constitucional y
legal, que impone al Municipio la correcta prestación del servicio
público en comento, mediante la ubicación de la infraestructura
física en un sitio que reúna las condiciones técnicas y logísticas
propicias, con el fin de lograr que se atiendan en forma real y
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correcta los derechos e intereses colectivos de los habitantes de
Duitama, situación que con la actual terminal no se ha logrado.
Recordó que el artículo 61 de la Ley 388 autoriza la concurrencia de
terceros en la ejecución de proyectos de utilidad pública e interés
social y, en el presente caso, tomando en consideración que por
expresa consagración del POT de Duitama, la ejecución de la nueva
Terminal de Transporte de pasajeros requería recursos públicos y
privados, la Administración municipal suscribió un Convenio el 13
de agosto de 2009 con la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A.,
creada por el alcalde por orden del Concejo Municipal para poner en
ejecución la nueva Terminal de Pasajeros, en virtud del cual ésta se
obligó a suministrar los recursos requeridos para el precio de
adquisición de los inmuebles necesarios para ejecutar el citado
proyecto.
I.4.2. La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A. atendiendo el
llamamiento en garantía que se le hiciera10, a través de apoderado,
10
Folio 218 del C. 2.
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contestó la demanda 11 , y para oponerse a las pretensiones de la
demanda formuló las siguientes excepciones:
• Prescripción de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, al considerar que lo que se demanda, en este caso, es la
Resolución núm. 1358 de 2009, la cual quedó ejecutoriada y en
firme el 14 de enero de 2010, y la solicitud de conciliación fue
radicada ante la Procuraduría 46 Judicial hasta el día 21 de junio de
2010, es decir, cuando habían trascurrido más de 4 meses.
• Elaboración del avaluó comercial núm. 2772 en debida
forma
Afirmó que los actores desconocen la normatividad que regula lo
atinente a los avalúos comerciales en el marco del proceso de
adquisición predial por motivos de utilidad pública.
Que el artículo 61 de la Ley 388 señala que el precio de adquisición
en los procesos que se adelanten por motivos de utilidad pública e
interés social será igual al valor comercial determinado por el
IGAC, o la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
11
Folios 231 a 254 del C. 1.
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privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes,
según lo determinado por el Decreto 2150.
Resaltó que el predio, objeto del avalúo, no está urbanizado
(presenta un urbanismo no terminado), razón por la cual no puede
reconocerse, como en forma indebida pretenden los demandantes,
dar un valor comercial similar al que tiene inmuebles que sí fueron
objeto de proceso de urbanismo completo, como ocurre en los
casos de las urbanizaciones Villa Rouss.
Agregó que la ausencia de urbanismo fue puesta de presente en el
avalúo comercial núm. 2.772 de 2009, razón por la cual, para
efectos de determinar el valor comercial del inmueble, se tuvo que
realizar una serie de ejercicios a fin de establecer el valor de
inmuebles urbanizados, que tuvieran condiciones físicas similares
(ubicación, topografía, vías de acceso, etc.), para luego descontar
de dicho valor lo correspondiente a las obras de urbanismo.
Concluyó que tomando en consideración las particulares
condiciones que presentaban los predios, objeto del avalúo,
específicamente la ausencia de urbanismo (por lo menos
completo), el avaluador se vio en la necesidad de consultar
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inmuebles urbanizados (solo tuvo en cuenta la información de 3
inmuebles tipo de Villa Rouss), con características similares a las
encontradas en los predios objeto de avalúo, con el propósito de
implementar a partir de éstos el método residual y de esta manera,
a partir de valores de venta de inmuebles, establecer el precio del
metro cuadrado de terreno; no obstante, del resultado obtenido,
debía ser descontado el valor de las obras de urbanismo con las
que no contaban los predios materia de avalúo, y de esta manera
lograr establecer el valor real de los inmuebles, pues, de lo
contrario, se habría realizado en forma indebida el avalúo comercial
al tener en cuenta características (urbanismo) que realmente
dichos bienes no tenían.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 26 de octubre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de los actos acusados,
con fundamento en las consideraciones que a continuación se
sintetizan, así:
Respecto a las excepciones de que CAMACOL BOYACA - CASANARE
es competente para elaborar el avalúo comercial; imparcialidad en
la elaboración del avalúo; y elaboración del avalúo en debida forma,
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propuestas por el Municipio, señaló que las mismas no dan lugar a
la inhibición, sino que se oponen a los hechos y fundamentos de
derecho en que la parte actora sustenta su pretensión, por lo que
serían objeto de estudio junto con el fondo del asunto.
En cuanto a la excepción de prescripción de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, expresó que la Resolución núm.
1359 de 10 de diciembre de 2009 quedó debidamente
ejecutoriada el 4 de marzo de 2010, por haberse surtido el recurso
de reposición mediante la Resolución núm. 164 de 2010,
notificada personalmente a la recurrente, señora NUNCY DÍAZ DE
BECERRA, el 3 de marzo de 2010, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 del CCA.
Que el término de los 4 meses empezó a correr a partir del 5 de
marzo de 2010, es decir, que la parte actora tenía plazo hasta el 5
de julio de 2010 para presentar la demanda; no obstante, el 21 de
junio de 2010 se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial
faltando 14 días para vencerse el término de caducidad. Dicho
término se reanudó el 15 de septiembre de 2010, fecha en la que
se realizó la audiencia y se declaró fallida la conciliación.
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Que comoquiera que la demanda se presentó oportunamente el 24
de septiembre de 2010, no prospera dicha excepción.
Indicó que es claro que el restablecimiento del derecho que
pretenden los demandantes es el reconocimiento de un mejor
precio por el inmueble de su propiedad expropiado, por lo tanto
excluirá del litigio todos los argumentos ajenos a lo anterior y que
se esgrimen en el libelo para acusar ilegalidad de los actos de
expropiación, la destinación del bien, y la intervención de un
particular en el desarrollo del objeto al cual fue destinado el
inmueble, pues ello rebaza el contenido de la controversia y se
desvía a análisis de legalidad y no resuelve la inconformidad
demandada, que gira en torno al precio pagado por el inmueble
expropiado.
Expresó, con respecto al avalúo y la declaratoria de urgencia, que
se encuentra probado que: el 2 de marzo de 2009 CAMACOL
BOYACA-CASANARE realizó el avalúo núm. 2.777 al predio de los
demandantes, el cual fue suscrito por el arquitecto GERMÁN
ESPINOSA; que el 11 de agosto de 2009 se expidió la Resolución
núm. 397, por la cual se declaró la existencia de condiciones de
urgencia por razones de utilidad pública para la ejecución del
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proyecto del Terminal de Transporte de Duitama y la adquisición de
los inmuebles; y el 13 de agosto de 2009 se expidió el Decreto 401,
por el cual se adicionó el Decreto 397.
Advirtió que el avalúo del bien expropiado se realizó antes de
declarar las condiciones de urgencia y establecer el reglamento de
expropiación, cuando, en sana lógica, dentro del procedimiento
legal, el avalúo para efectos de las indemnizaciones surgiría como
consecuencia de tal declaratoria. Adicionalmente, en el avalúo no se
le determinó vigencia alguna, requisito que establecía la ley.
Afirmó que, en este caso, antes de la oferta de compra, los actores
no fueron escuchados por la administración y que en el acto
mediante el cual les fue notificada la oferta tampoco se les dio a
conocer las razones por las cuales se ofrecía el precio “comercial”
indicado en ella.
Sostuvo que en este caso la oferta no cumplió con el requisito de
motivación y publicidad, al no explicar la razón del avalúo ni
conceder margen alguno de negociación, cuando tanto la ley como
la jurisprudencia coinciden en señalar que se trata de un precio
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base que debe ser objeto de negociación con el afectado por la
decisión.
Manifestó que, este orden, el precio ofrecido era negociable en esta
etapa, de lo contario tal oferta no pasaría de ser un aviso de
expropiación con un precio unilateral.
Sobre la solicitud de revisión del precio de oferta de compra, no
obstante que en la oferta de compra no se informó sobre la
posibilidad de negociación directa en relación con el precio y la
información se limitó a señalar que no era posible interponer
recurso alguno, los propietarios solicitaron revisar el precio ofrecido
ante la Alcaldía de Duitama.
Que dicha solicitud de revisión fue remitida por el asesor jurídico de
la Alcaldía de Duitama a la gerente de CAMACOL BOYACA-
CASANARE, la cual, mediante oficio núm. CCBC 161 de 3 de
noviembre de 2009 dirigido al alcalde de Duitama, se pronunció
sobre la solicitud de revisión; y que, mediante oficio núm. OJU-
1002-963-2009 de 3 de noviembre de 2009, el alcalde de Duitama
remitió la respuesta de CAMACOL BOYACA- CASANARE a la parte
actora, en la cual la Lonja en mención señaló que el término para la
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enajenación voluntaria del predio es de 30 días hábiles, los cuales
iniciaron a contarse a partir de la notificación de la oferta de
compra, y que de no llegarse a un acuerdo la administración
procedería a la expropiación por vía administrativa.
Sostuvo que no es de recibo, como lo afirman los demandados, que
la revisión fue resuelta por el alcalde, pues él se limitó a reenviar la
petición de revisión del precio a CAMACOL.
Que si bien resultaba razonable que la petición se diera a conocer a
esa entidad, la negociación directa competía exclusivamente al
municipio que había efectuado la oferta de compra, contrario a ello,
únicamente se le remitió al propietario la respuesta de la
mencionada Lonja.
Indicó que lo que se evidencia en el proceder de la administración
es que materializó, en palabras de la Corte, un acto confiscatorio
unilateralmente indemnizable, eliminando todo derecho de defensa
y contradicción, es decir, eliminando materialmente la etapa de
negociación directa.
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Anotó que el municipio se limitó en la etapa de negociación directa
a remitir a CAMACOL BOYACA-CASANARE la revisión solicitada por
los interesados y, posteriormente, a enviar la respuesta de esa
Lonja a los interesados y luego, sin negociación alguna, la envió a
la parte actora, por lo que consideró que formalmente se informó
un precio sin la motivación necesaria en el acto de oferta.
Puntualizó que la etapa de negociación directa se redujo a la oferta
de compra; que si bien se hizo la oferta de compra con un precio
que era base, el mismo no fue objeto de negociación, pues el
Municipio se limitó a enviar la solicitud de revisión a CAMACOL
BOYACA- CASANARE y sin negociación alguna la remitió a la parte
actora.
Estimó que, por ello, lo que se advierte es la violación del derecho
fundamental al debido proceso y derecho de defensa, razón por la
cual el acto administrativo de expropiación amerita ser anulado por
acusar expedición irregular con violación del debido proceso.
Respecto a la recusación al perito, expresó que más allá de las
irregularidades que pudieran haberse presentado en el trámite de la
recusación y que la parte actora pone de relieve como ilegales, lo
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cierto era que no hizo uso oportuno de esa opción, sino que acudió
a manifestar sus inconformidades con el avalúo y a solicitar que
fuera revisado, sin manifestar la recusación, por lo que no puede
ahora, con la demanda, beneficiarse de su omisión.
Explicó que si al momento de solicitar la revisión del precio, esto es,
el 30 de septiembre de 2009, tenía conocimiento de que el
arquitecto GERMÁN ESPINOSA CAMACHO fue quien elaboró el
avalúo, era su deber, desde entonces, poner en conocimiento de la
entidad que existía una causal con suficiente importancia para
rehacer, si era del caso, el avalúo; sin embargo, guardó silencio y
solo presentó la recusación el 3 de diciembre de 2009, por lo que
este cargo no tenía vocación de prosperidad.
Respecto al dictamen pericial, recordó que la parte demandante
cuestiona exclusivamente el precio pagado como indemnización por
la expropiación; que con la demanda solicitó designar un perito
avaluador de la lista de auxiliares de la justicia o, en su defecto,
solicitarlo a través del IGAC, para determinar el valor comercial del
inmueble a la fecha de expropiación; que una vez el proceso se
abrió a pruebas, el 5 de octubre de 2011, el auxiliar de la justicia
RICARDO HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ rindió avalúo del inmueble
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expropiado, el cual arrojó como valor total del predio la suma de
$71.280.860.
Señaló que dicho dictamen fue objetado por error grave por la
parte actora, quien solicitó se tuviera como prueba trasladada la
copia del dictamen pericial practicado por el IGAC, sobre un
inmueble similar, en el proceso con radicación núm. 2010-01231.
Que, además, la mencionada parte solicitó que se decretara una
prueba pericial para que fuera practicada por el IGAC, la cual fue
ordenada como informe técnico mediante auto de 21 de marzo de
2017; no obstante, el IGAC manifestó que el predio había sido
englobado, loteado y se había constituido un reglamento de
propiedad horizontal, por lo tanto, no podía presentar informe
técnico dado que “el predio en mención no existe jurídicamente”.
Sobre la objeción por error grave, indicó que para que pueda
estimarse la variación en el objeto de estudio es necesario que se
haya tomado como objeto de observaciones una cosa
fundamentalmente distinta de la que es material del dictamen, es
decir, que el peritaje se haya realizado desconociendo radicalmente
lo solicitado por el Juez o la parte.
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Que lo que el objetante adujo como error grave corresponde al
desacuerdo con los métodos de avalúo utilizados para rendir la
experticia, aspecto que no puede ser admitido para los fines que
plantea, pues la experticia fue realizada por la autoridad que se
designó en el auto de pruebas, persona especializada en la materia
y, en esas circunstancias, admitir que ha incurrido en error grave
porque no utilizó métodos diferentes, no se enmarca en las
condiciones que la doctrina y la jurisprudencia avalan para estos
asuntos. Que, por el contrario, lo que pretende el objetante es
obtener otra opinión experta, porque la misma no lo satisface.
Que, además, no se encuentra que la cosa estudiada sea
fundamentalmente disímil de la materia del dictamen; que se
solicitó al perito determinar el valor de un predio y a ese asunto se
contrajo aún más, y que atendiendo la ubicación del bien aplicó una
tasa de reducción. Otra cosa es el desacuerdo en relación con el
valor asignado al bien.
Que, dentro del término legal, la apoderada del municipio de
Duitama solicitó aclaración y complementación del dictamen pericial
que fue presentado por el ingeniero RICARDO HUMERTO ACUÑA
SÁNCHEZ, lo cual llevo a que el perito precisara que el valor del
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inmueble se calculara a la fecha de la solicitud pericial, -2012-, y
efectuara la regresión al año 2009, y arrojara un valor comercial de
$60.214.657,90.
Anotó que en el dictamen presentado por el auxiliar de la justicia se
observa que el arquitecto perito para realizar el avalúo comercial
sobre el mismo inmueble utilizó el método residual estático técnica
inductiva y deductiva y dinámico para determinar el valor del lote a
partir del precio total del inmueble, deduciendo el costo de la
construcción o del terreno.
Que, en consecuencia, no se encuentra que de manera expresa se
excluyan los métodos de avalúo, toda vez que buscan establecer el
valor comercial del bien a partir de estimar el monto total de las
ventas de un proyecto de construcción, acorde con la
reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo, lo
que permite concluir que el objeto de estudio fue el solicitado
habida cuenta que existe una clara relación entre los términos en
que se decretó y emitió el peritazgo. Por tal razón, no prospera la
objeción por error grave.
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Estimó que la prueba pericial practicada por el auxiliar de justicia
no amerita reproche; es coherente, clara y razonada, sin que ni la
objeción por error grave prospere y, por el contrario, encontró que
la aclaración y complementación solicitada ajustó aspectos que
suscitaban incorrección, como era la valuación inicial fue realizada
en el año 2012, fecha de la realización de la prueba, pero regresada
al año 2009, fecha de la oferta de compra del inmueble expropiado
mediante los actos anulados.
Advirtió sobre la prueba trasladada, del avalúo realizado por el
IGAC, dentro del proceso radicado bajo el núm. 2010- 01231,
traída a petición de la parte demandante, que ésta no tiene
incidencia en el caso sub examine, comoquiera que avaluó un
predio que se encontraba en condiciones ostensiblemente
diferentes a las que ahora se indican. Se trata de un inmueble con
área de 6.600 mts.2, del cual se realizó la compra-venta al Leasing
de Occidente y en el que se hicieron un número significativo de
mejoras y obras para adecuarlo; además, se observa que a
diferencia del dictamen presentado en caso sub lite, el destino del
inmueble era comercial y no residencial y lindaba con vías
principales adyacentes a puntos comerciales de servicio vehicular,
“sus condiciones de accesibilidad a la zona inmediata son
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adecuadas e ideales para el tipo de actividades económicas que se
desarrollan en el sector y en todo el municipio”.
Anotó que, adicionalmente, en el avalúo realizado por el IGAC, en el
citado proceso con radicación núm. 2010-01231, se utilizó la misma
metodología del auxiliar de la justicia, es decir, se tomó el índice de
valorización predial y se disminuyó de 2012 a 2009 para determinar
el valor del inmueble.
Concluyó que, por todo lo anterior, se accederá a las pretensiones
de restablecimiento del derecho, consistente en el pago de la
diferencia entre el valor establecido en la prueba pericial
($60.214.657,9) y el pagado por la SOCIEDAD DE ECONOMÍA
MIXTA TERMINAL DE TRANSPORTE ($36.610.866,56), es decir, el
valor de $23.603.791,4, que será actualizado desde la fecha de
pago hasta la fecha de la sentencia, el cual corresponde a la suma
de $31.467.923.
Que el pago estará a cargo de la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A., en
razón a lo pactado en el convenio interadministrativo celebrado con
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el municipio de Duitama, según se acordó en la cláusula segunda,
numerales sexto y séptimo, y en la cláusula tercera.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
III.1.- La parte demandante mediante escrito de 20 de
noviembre de 201712 presentó escrito de apelación y en sustento de
su inconformidad con la sentencia de primera instancia, alegó, en
síntesis, lo siguiente:
Que concordantemente entre el objeto del litigio, acogido por el
Tribunal, con la finalidad establecida por el artículo 71 de la Ley
388, en el sentido de pretender controvertir el precio
indemnizatorio reconocido, se llega fácilmente a la conclusión de
que la decisión de la sentencia apelada de acoger las pretensiones
de la demanda, como lo hizo, es errónea, contraria al querer del
legislador, contradictoria de los principios desarrollados por nuestra
jurisprudencia nacional y lesiva de derechos inalienables de los
demandantes, de raigambre constitucional y legal, en tanto que
modificó el precio indemnizatorio del predio expropiado, fijado por
el Municipio de Duitama, mediante las resoluciones núms. 1359
12
Folios 664 a 700 del C.núm. 2. Observa la Sala que la foliatura del C. núm. 2, salta del folio 669 al
700.
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de 2009 y 164 de 2010, pero no en la cuantía que
comercialmente era de esperarse.
Afirmó que el fallo recurrido desatendió flagrantemente su deber de
promover y realizar toda la actividad probatoria, orientado al
cumplimiento del deber del juez de interpretar la demanda de modo
que resulte útil y eficaz para los fines del proceso.
Anotó que Tribunal, en razón a lo solicitado en el escrito de
objeción que se formuló por error grave al dictamen rendido por
auxiliar de la justicia, RICARDO ACUÑA, decretó la práctica de una
pericia por parte IGAC, con base en lo dispuesto por el artículo 243
del C. de P. C., prueba que “se dejó de practicar sin culpa de la
parte demandante”, pues esa entidad manifestó que no podía
efectuar el avalúo por la desaparición jurídica del bien expropiado.
Alegó que siendo el IGAC la entidad que cuenta con toda la
cartografía del país, resulta incomprensible esta negativa; que es
esa entidad la mejor garante de que el precio comercial que deba
pagarse por un bien expropiado sea el justo y no el gaseoso y
unilateral concepto emitido por un perito afiliado a una Lonja de
Propiedad Raíz, que fue el que sirvió de sustento para la ilegal
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expropiación administrativa, de que fue objeto el inmueble
propiedad de la parte actora.
Expresó que la prueba trasladada que reposa en el proceso,
practicada por un perito del IGAC, sí tiene plena validez para el
presente caso, pues si bien se aduce que existen diferencias entre
los inmuebles por su ubicación, la abismal diferencia existente entre
el avalúo objetado y el practicado por dicha entidad oficial, es
prueba suficiente para demostrar el error grave en que incurrió el
ingeniero ACUÑA.
Finalmente, manifestó disentir del fallo recurrido por razón de que
no se resolvió en el mismo con respecto al demandado principal, -
MUNICIPIO DE DUITAMA-, máxime teniendo en cuenta la flagrante
violación legal de la autoridad productora de los actos
administrativos cuya nulidad aquí se decretó, particular y
concretamente del numeral 1 del artículo 70 de la Ley 388,
recibiendo con franca sorpresa el hecho de que ni siquiera se haya
condenado a dicho demandado solidariamente al pago del monto
señalado, como indemnización a título de restablecimiento del
derecho, pues sería de recibo pensar en la posibilidad de
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insolvencia en un momento, dado del llamado en garantía sobre
quien recayó la condena.
III.1.- La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A. también
presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia y, en sustento de su inconformidad, adujo, en síntesis, lo
siguiente:
Que en el fallo de primera instancia se señaló: “[…] es claro que
restablecimiento del derecho que pretenden los demandantes es el
reconocimiento de un mejor precio por el inmueble expropiado. En
estas condiciones, desde ahora, dirá la Sala que excluirá del litigio
todos los argumentos ajenos a lo anterior […]”.
Que no obstante ello, el a quo manifestó que el avalúo se realizó
antes de declarar las condiciones de urgencia y de establecer el
reglamento de expropiación.
Resaltó que dentro de los argumentos de la parte demandante
sobre el avalúo y el valor del precio nunca se puso en discusión el
hecho de que este fuera realizado antes de la resolución de
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urgencia por condiciones de utilidad pública, argumento analizado
por el fallo de primera instancia y que reviste una vulneración al
debido proceso y de contradicción de la parte demandada y afecta
el principio de congruencia.
Señaló que la sentencia de primera instancia consideró que la etapa
de negociación directa, como etapa previa a la expropiación, no fue
agotada, toda vez que las razones por las cuales los demandantes
en su momento no estuvieron de acuerdo con el precio no fueron
examinadas por la administración, por lo cual señaló que la
administración cometió un acto confiscatorio, situación con la que
se encuentra en desacuerdo, teniendo en cuenta que la sentencia
C-227 de 2011 de la Corte Constitucional, citada en el fallo apelado,
lo que sostuvo que es el hecho de pagar una indemnización previa,
lo que hace que la administración incurra en un acto confiscatorio.
Alegó que por el hecho de que no se comparta el precio propuesto
en su momento a los demandantes, no quiere decir que con ello se
esté afectando el debido proceso, como tampoco que el avalúo solo
debió hacerse con fecha posterior a la Resolución de declaración de
urgencia manifiesta, ya que se debe tener en cuenta lo dispuesto
en el Decreto 1420, en su artículo 19, el cual prevé que: “[…] Los
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avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la
fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión
o impugnación […]”, y, a su vez, el parágrafo del artículo 12,
ibidem, expresa que: “[…] Dentro del término de la vigencia del
avalúo, no se podrá solicitar el mismo avalúo a otra entidad
autorizada […]”.
Anotó que de los artículos citados se puede observar que el avalúo
no podía volverse a solicitar después de la Resolución de
declaración de utilidad pública, si se tiene en cuenta que existía un
avalúo vigente.
Adujo que no puede decirse que no existió etapa de negociación
directa, porque el precio que se ofreció por el inmueble fue el del
avalúo comercial, ya que, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley
388, el precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el IGAC, la entidad que cumpla sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, de lo cual se infiere que el precio de
adquisición siempre partirá y será el del avalúo comercial, a menos
que se prueben otros perjuicios adicionales al del valor comercial
del inmueble a expropiar, de manera que un valor que esté por
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encima del valor comercial, sin la alusión de otros perjuicios, no
tendría la administración soporte para negociarlo, pues ello
constituiría un detrimento del patrimonio público.
Indicó que la sentencia de primera instancia contiene una
vulneración al principio de congruencia al declarar la nulidad
absoluta de la Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de
2010, cuando la parte demandante solamente solicitó la nulidad
parcial de este acto, por considerar que el valor pagado a título de
indemnización ha debido ser mayor.
Que, asimismo, durante el proceso tampoco se discutió sobre la
declaración de la nulidad absoluta de la mencionada resolución y,
en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de expropiación con
unos considerandos que analizan aspectos que nunca fueron
señalados en la litis y que la parte demandada nunca pudo
controvertirlas, vulnera abiertamente el derecho defensa.
Que no obstante la argumentación del a quo, en la que se advierte
una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ello no
quiere decir que dicha aplicación deba realizarse sin permitir el
derecho de defensa a los demandados y, sorpresivamente, aludirse
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una argumentación diferente en la sentencia, pues ello también
vulnera derechos fundamentales de los demandados.
Expuso que respecto a la condena a título de restablecimiento,
conforme al avalúo presentado dentro del proceso, el cual contiene
un error, si se tiene en cuenta que lo que se busca determinar con
el dictamen pericial de avalúo, es el precio del inmueble para el año
2009, no obstante el perito en su dictamen afirma: “el valor del
bien inmueble es a precios del año 2012”; y simplemente se toma
una tabla con el valor del avalúo realizado en el 2012 y se
disminuye conforme al IPC, hasta el año 2009, dando como
resultado, un valor del metro cuadrado del inmueble materia del
proceso de $59.569.30, pero que de ninguna manera dicho avalúo
refleja el valor del inmueble al año 2009, que fue cuando ocurrieron
los hechos y que corresponde al valor indemnizatorio pagado al
demandante, tal y como se sustentó en su momento.
Insistió en que el método residual, que se alude como utilizado por
el perito, busca establecer el valor comercial del bien a partir de
estimar el monto total de las ventas de un proyecto de
construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de
conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno
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objeto de avalúo. Para encontrar el valor total del terreno se debe
descontar al monto total de las ventas proyectadas, los costos
totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es
indispensable que, además, de la factibilidad técnica y jurídica se
evalúe la comercial del proyecto, o sea, la real posibilidad de
vender lo proyectado, aspectos que no fueron identificados por el
perito para el año 2009, fecha de adquisición del terreno por vía de
expropiación, y aspectos que no fueron tenidos en cuenta, en la
aclaración y complementación del dictamen pericial.
Concluyó que no existe soporte probatorio que avale las
apreciaciones o argumentos de la parte actora acerca de la
invalidez o defectos del avalúo realizado por CAMACOL BOYACÁ -
CASANARE, y por tanto, éste conserva total legalidad y
vinculatoriedad técnica y jurídica, como soporte de los actos
administrativos atacados; en consecuencia, no resulta la condena a
demandados a título de restablecimiento del derecho, comoquiera
que el dictamen establece un precio para el año 2012, en donde las
condiciones de plusvalía del inmueble eran diferentes, puesto que el
mismo proyecto de desarrollo del terminal valorizó el sector,
circunstancia que no fue tenida en cuenta en el avalúo.
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IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV. 1.- La SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA presentó alegatos
de conclusión de manera extemporánea, conforme consta en el
Informe Secretarial de 26 de noviembre de 2018 (folio 31 del C.
Apelaciones).
IV. 2.- En esta etapa procesal, tanto la parte actora, como el
MUNICIPIO DE DUITAMA, en su condición de demandada, y el
Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
De manera preliminar, la Sala debe precisar que en este caso
limitará el análisis de la cuestión litigiosa a lo decidido en la
sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos por
los recurrentes en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 357 del C. de P.C., que es del siguiente tenor:
“[…] La apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo,
cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
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hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. […]”. (Destacado fuera del texto).
La Sala, desde ya, advierte que por haber sido recurrida la
sentencia por ambas partes, no aplica en este caso la prohibición
de la no reformatio in pejus, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 31, inciso 2°, de la Constitución Política y 357 del C. de P.
C.
1. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS
Los actos administrativos de los cuales se pretende su nulidad
parcial y total 13 , respectivamente, mediante la acción especial de
nulidad, prevista en el artículo 71 de la Ley 388, son:
-Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009 14 ,
mediante la cual la Alcaldía Municipal de Duitama, decretó la
expropiación por vía administrativa del inmueble de propiedad de
los señores HÉCTOR JULIO BECERRA RUIZ Y NUNCY DIAZ DE
BECERRA, ubicado en Villa Rouss del Municipio de Duitama y se
encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria número 074-
39313 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Duitama y cédula catastral núm. 01-000-782-0012-0 00, el cual
13
Folios 132 a 134 del C. núm. 1.
14
Folios 41 a 44 del C. núm. 1.
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será destinado a la ejecución del proyecto de infraestructura
denominado CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, y que señaló como precio
indemnizatorio por el predio expropiado la suma de
$36.610.866,56, pagados por la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A.
-Resolución núm. 16415 de 25 de febrero de 2010, por medio
del cual se resuelve un recurso de reposición interpuesta contra la
anterior decisión, en el sentido de confirmarla.
2. PROBLEMA JURÍDICO
La Sala considera que el problema jurídico a dilucidar en esta
instancia gira en torno a si resulta procedente o no declarar la
nulidad de las resoluciones núm. 1359 de 10 de diciembre de
2009 y 164 de 25 de febrero de 2010, como lo decidió el a quo,
evento en el cual, se confirmará la sentencia apelada, o, en caso
contrario, esta se modificara o revocará para efectos de emitir el
pronunciamiento que en derecho corresponda.
15
Folios 108 a 114 del C. núm. 1.
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De acuerdo con los planteamientos de los recursos de apelación, la
Sala establece que, en este caso, los problemas por resolver se
concretan en:
La parte demandante adujo que el fallo de primera instancia
desatendió su deber de promover y realizar toda la actividad
probatoria, orientada al cumplimiento del deber del juez de
interpretar la demanda, de modo que resulte útil y eficaz para los
fines del proceso; que el fallo apelado modificó el precio
indemnizatorio del predio expropiado fijado por el Municipio de
Duitama, mediante las resoluciones núms. 1359 de 2009 y 164
de 2010, pero no en la cuantía que comercialmente era de
esperarse; que la prueba trasladada que reposa en el proceso
practicada por un perito del IGAC tiene plena validez para el
presente caso, pues si bien existen diferencias entre los inmuebles
por su ubicación, la abismal diferencia entre el avalúo objetado y el
practicado por dicha entidad oficial, es prueba suficiente para
demostrar el error en que se incurrió el perito ACUÑA; que en el
fallo que se recurre nada se resolvió respecto al demandado
principal, Municipio de Duitama, que ni siquiera se condenó
solidariamente al pago del monto señalado como indemnización a
título de restablecimiento del derecho.
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Por su parte, la SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA TERMINAL
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA S.A., alegó, en
síntesis, que el fallo de primera instancia señaló: “[…] es claro que
restablecimiento del derecho que pretenden los demandantes es el
reconocimiento de un mejor precio por el inmueble expropiado. En
estas condiciones, desde ahora, dirá la sala que excluirá del litigio
todos los argumentos ajenos a lo anterior […]”.
Expresó que la sentencia de primera instancia contiene una
vulneración al principio de congruencia al declarar la nulidad total
de la Resolución núm. 1359 de 2009 acusada, cuando la parte
demandante solamente solicitó la nulidad parcial de este acto, por
considerar que el valor cancelado a título de indemnización ha
debido ser mayor.
Que, asimismo, durante el proceso tampoco se discutió sobre la
declaración de la “nulidad absoluta” de la mencionada resolución y,
en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de expropiación con
unos considerandos que analizan aspectos que nunca fueron
señalados en la litis y que la parte demandada nunca pudo
controvertirlas, vulnera abiertamente el derecho defensa.
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Que no obstante la argumentación del a quo, en la que se advierte
una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ello no
quiere decir que dicha aplicación deba realizarse sin permitir el
derecho de defensa a los demandados y, sorpresivamente, aludirse
una argumentación diferente en la sentencia, pues ello también
vulnera derechos fundamentales de los demandados.
Que no existe soporte probatorio que avale las apreciaciones o
argumentos de la parte actora acerca de la invalidez o defectos del
avalúo realizado por CAMACOL BOYACÁ - CASANARE, y por tanto,
éste conserva total legalidad y vinculatoriedad técnica y jurídica
como soporte de los actos administrativos acusados; en
consecuencia, no resulta la condena a demandados a título de
restablecimiento del derecho, comoquiera que el dictamen
establece un precio para el año 2012, en el cual las condiciones de
plusvalía del inmueble eran diferentes, puesto que el mismo
proyecto de desarrollo del terminal valorizó el sector, circunstancia
que no fue tenida en cuenta en el avalúo.
3. CASO CONCRETO
Ahora bien, respecto de las inconformidades propuestas por la
parte demandada, las cuales se pueden concretar en la violación
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del principio de congruencia y, consecuentemente, el debido
proceso, derecho a la defensa y contradicción; y a la condena a
título de restablecimiento del derecho, la Sala, inicialmente,
abordará lo correspondiente a la figura del principio de congruencia,
frente a lo cual, los artículos 304 y 305 del C. de P.C.16, disponen:
“[…] ARTÍCULO 304. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
En la sentencia se hará una síntesis de la demanda y su
contestación. La motivación deberá limitarse al examen
crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para
fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad
y precisión, y citando los textos legales que se apliquen.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula
"administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener
decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones
de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver
sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y
sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir,
con arreglo a lo dispuesto en este Código.
La redacción de toda sentencia deberá iniciarse en folio que
no contenga actuación alguna, ni escrito en las partes, y de
ella se dejará copia en el archivo de la secretaría.
ARTÍCULO 305. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por
causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le
reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual
verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
16
Artículos 280 y 281 del C.G.P.
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demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido
alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato
de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que
entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley
permita considerarlo de oficio.[…]”.
Asimismo, el artículo 170 del CCA, señala, al respecto:
“[…] ARTÍCULO 17O. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.
La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes
y las excepciones con el objeto de resolver todas las
peticiones. Para restablecer el derecho particular, los
Organismos de lo Contencioso Administrativo podrán
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las
acusadas, y modificar o reformar éstas. […].” (Destacado
fuera de texto).
Conforme a lo expuesto, la sentencia que decida el proceso debe
ser motivada. La motivación debe limitarse al examen crítico de los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas
jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las
excepciones, con el objeto de resolver todas las peticiones.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción Contencioso
Administrativa podrá adoptar disposiciones nuevas en reemplazo de
las acusadas, y modificar o reformar éstas.
De igual forma, dicha providencia deberá producirse de acuerdo con
los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, así como con
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las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas,
a fin de poder condenar al extremo demandado por el objeto
solicitado y con base en la causa expuesta en ella.
Ahora, en materia jurisprudencial tanto la Corte Constitucional
como esta Corporación se han pronunciado acerca de los
fundamentos y el alcance del principio de congruencia. Así, por
ejemplo, en la sentencia T-455 de 2016 17 , se dijo sobre este
aspecto de la controversia, lo siguiente:
“[…] 24.1. El principio de congruencia de la sentencia,
además se traduce en una garantía del debido proceso para
las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra
petita, ni ultra petita, porque en todo caso, la decisión se
tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones
probadas a lo largo del desarrollo del proceso. Esto,
además, garantiza el derecho a la defensa de las partes,
puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos
que la ley ha establecido para ello en los términos
adecuados.
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el
principio de congruencia “como uno de los elementos
constitutivos del derecho fundamental al debido 6
Magistrado Ponente ALEJANDRO LINARES CANTILLO.
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, “en la medida que impide determinadas decisiones
porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”.
Además ha establecido que siempre que exista falta de
congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por
tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial
con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental
al debido proceso.
17
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en
el 2008 la sentencia 1274 8 de ese año, en la que
estableció lo siguiente:
“… la incongruencia tiene la entidad suficiente para
configurar una vía de hecho, ya que la incongruencia que es
capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez “es sólo
aquella que subvierte completamente los términos de
referencia que sirvieron al desarrollo del proceso,
generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva
jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de
contradicción y el derecho de defensa”, a tal grado que “la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y
relativa a materias medulares objeto del proceso”. De lo
contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia
y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería
insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial,
así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”9.
24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir
que el juez debe tomar su decisión de manera
congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo
tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se
pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las
partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin
pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues
de lo contrario deberá explicar de manera suficiente
las razones por las cuales omitió referirse a algún
pedimento. El principio de congruencia de la sentencia,
además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa
por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso
de cada una de las herramientas establecidas en la ley para
ello.” (Destacado fuera de texto).
Por su parte, en sentencia de 25 de enero de 2017 18 , esta
Corporación expresó sobre el principio en cita, lo siguiente:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
18
enero de 2017, C.P. Hernán Andrade Rincón, núm. único de radicación 11001-03-26-000-2016-
00052-00 (56703).
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“[…] En repetidas oportunidades esta Corporación se ha
referido al principio de congruencia, de conformidad con los
dictados de los artículos 304 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, como uno de los orientadores de las
decisiones judiciales, lo cual tiene plena vigencia a la luz de
lo dispuesto por el Código General del Proceso. Sobre este
principio expresó la Sala de Sección:
“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la
decisión del juez, encuentra su límite en las pretensiones y
hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos
alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al
juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través
de una sutil modificación de las pretensiones en una
oportunidad diferente a la legalmente prevista para la
modificación, adición o corrección de la demanda,
respectivamente, so pena de incurrir en la violación al
principio de congruencia. El actor sólo cuenta con dos
oportunidades para precisar la extensión, contenido y
alcance de la controversia que propone, es decir para
presentar el relato histórico de los hechos que originan la
reclamación y para formular las pretensiones
correspondientes: la demanda y la corrección o adición de
la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137,
143, 170 y 208 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio
procesal de ‘la congruencia de las sentencias’, reglado por
el Código de Procedimiento, el cual atañe con la
consonancia que debe existir entre la sentencia y los hechos
y pretensiones aducidos en la demanda (art. 305), que
garantiza el derecho constitucional de defensa del
demandado, quien debe conocer el terreno claro de las
imputaciones que se le formulan en contra. El juez, salvo
los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se
le faculta para adoptar determinadas decisiones de manera
oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las
pretensiones oportunamente formulados, so pena de
generar una decisión incongruente”.
En suma, de lo expuesto se colige que el principio de
congruencia se erige como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le
resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
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pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo,
sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por
más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir
pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el
deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión.
[…]”.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, la Sala procede a revisar las
actuaciones adelantadas dentro del expediente de la referencia para
determinar si el Tribunal de instancia vulneró el principio de
congruencia al momento de proferir la sentencia apelada, para lo
cual se evidencia que:
Los demandantes HÉCTOR JULIO BECERRA RUIZ Y NUNCY
DÍAZ DE BECERRA, por medio de apoderado, pretenden la
nulidad parcial de la Resolución núm. 1359 de 10 de
diciembre de 2009 19 , expedida por el Señor ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA, “Por la cual se expropia por vía
administrativa un inmueble”.
Y alegaron como hechos constitutivos de su pretensión que, en tal
acto administrativo se establece un precio que no corresponde
al verdadero y comercial valor del predio que se expropia, ya
que se fijó sin la realización de un avalúo que cumpliera con los
19
Así fue señalado a folio 132 del C.1.
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requisitos fijados por la ley y el precio muy inferior al real del
inmueble.
A su turno, la parte demandada indicó que, contrario a lo expresado
en la demanda, el avalúo comercial núm. 2772 de 2009, se realizó
observando los preceptos normativos que regulan la materia, no
solo porque CAMACOL REGIONAL BOYACÁ-CASANARE sí es la
entidad competente para su elaboración y porque en su proceso de
formación se respetaron los principios de imparcialidad y debido
proceso, sino porque, en dicho dictamen, siguiendo los parámetros
y criterios legales y reglamentarios, se determinó el valor comercial
del inmueble objeto de expropiación, entendiendo por tal el precio
más probable por el cual éste (el inmueble) se transaría en un
mercado donde comprador y vendedor actuarían libremente, con
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el
bien.
Es así como el Tribunal al momento de proferir el fallo que se
analiza, al momento de establecer el objeto del litigio, consideró,
lo siguiente:
“[…] Se demanda en este caso la nulidad de los siguientes
actos administrativos expedidos por el Alcalde del Municipio de
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Duitama: i) Parcial de la resolución No. 1359 de 10 de
diciembre de 2009 en relación con el precio pagado a los
demandantes con ocasión de la expropiación del bien
inmueble identificado […], de propiedad de los demandantes;
ii) La nulidad total de la Resolución No. 956 de 14 de
septiembre de 2009 por la cual se resolvió el recurso de
reposición20 (sic). Es claro que el restablecimiento del derecho
que pretenden los demandantes es el reconocimiento de un
mejor precio por el inmueble expropiado.
En estas condiciones, desde ahora, dirá la Sala que excluirá
del litigio todos los argumentos ajenos a lo anterior, y que se
esgrimen en el libelo para acusar ilegalidad de los actos de
expropiación, la destinación del bien, y la intervención de un
particular en el desarrollo del objeto al cual fue destinado el
inmueble pues, sin duda, ello rebaza el contenido de la
controversia y se desviaría a análisis de legalidad y no
resuelve la inconformidad demandada que, se reitera, gira en
torno al precio pagado por el inmueble expropiado.”
(Destacado fuera de texto).
Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación, frente a la
fijación del objeto del litigio, el criterio esbozado por esta Sección,
en sentencia de 20 de septiembre de 202121, en la cual se expresó,
lo siguiente:
“[…] [D]ebe señalarse que el Juez, al momento de dictar
sentencia, debe definir el correspondiente problema
jurídico, esto es, el aspecto jurídico a considerar sobre el
cual se centrará la decisión del fondo del asunto. Dicho
problema se encuentra integrado por el objeto (pretensión)
y la causa petendi (hechos y fundamentos de derecho) que
se ventilan en el proceso, los cuales, a su vez, integrarán
20
Es pertinente aclarar que la resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición es
la Resolución núm. 164 de 25 de febrero de 2010, acusada.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2016-
00600-00.
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en la respectiva etapa procesal la llamada fijación del litigio,
de tal suerte que los sujetos tengan absoluta certeza de que
es sobre ello y nada más que ello, sobre lo cual el operador
judicial deberá pronunciarse cuando emita el
correspondiente fallo. Lo anterior se encuentra además
ligado al principio de congruencia, esto es, una
garantía del derecho al debido proceso, cuyo objeto
no es otro que asegurar que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados
con los hechos y pretensiones/excepciones aducidas
en la demanda y su contestación, así como en las
demás oportunidades procesales previstas en el
ordenamiento jurídico para las partes alleguen
argumentos que deban ser tratados en la sentencia, o
de excepciones que el juez pueda declarar de oficio.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Ahora bien, el Tribunal de primera instancia, al proferir la sentencia
objeto de estudio, encontró probado que el acto administrativo de
expropiación se expidió con violación al debido proceso, al existir
irregularidades en la expedición del avalúo practicado por CAMACOL
BOYACA- CASANARE, ya que éste se realizó antes de declarar las
condiciones de urgencia y establecer el reglamento de expropiación,
cuando, a su juicio, en sana lógica debe surgir como consecuencia
de tal declaratoria; además, de que en el avalúo no se le determinó
un término de vigencia; la etapa de negociación directa se redujo a
la oferta de compra con un precio que era base; que dicho precio
no fue objeto de negociación, pues el Municipio que era el
competente para efectuarla, se limitó a enviar la solicitud de
revisión a CAMACOL y sin negociación alguna reenvió la respuesta
al propietario, por lo consideró que dicha etapa sustancial, en el
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proceso de expropiación, fue suprimida, con lo cual se violó el
derecho de defensa, por lo que el acto acusado ameritaba ser
anulado, como efectivamente se declaró, en la parte resolutiva de
la sentencia apelada.
Del examen realizado al proceso, la Sala advierte que la parte
actora solicitó en sus pretensiones la nulidad parcial de la
Resolución núm. 1359 de 2009 y el reconocimiento de un mejor
precio. El Tribunal, en el fallo, al determinar el problema jurídico a
resolver, fijó como objeto del litigio excluir todos los argumentos
ajenos a lo anterior, esto es, <el reconocimiento de un mejor
precio>, que se esgriman para acusar la ilegalidad de los actos
acusados, por lo tanto, la controversia giraría en torno al precio
pagado por el inmueble expropiado.
Para la Sala, resulta evidente en el presente caso, que el Tribunal
de primera instancia al declarar la nulidad absoluta de la
Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009 violó el
principio de congruencia, al no encontrarse ésta en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, la cual solo
pretendía la nulidad parcial de la referida resolución respecto al
precio pagado.
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Ahora, si bien el Tribunal encontró probados hechos atinentes al
procedimiento de avalúo comercial del predio y al procedimiento de
negociación directa, que antecede a la expropiación, y que guardan
relación directa con el precio, analizados por la sentencia de
primera instancia, no fueron propuestos por la parte demandante,
es así que al ser considerados en la sentencia, sin que contra ellos
se haya ejercido el derecho de contradicción dentro del proceso,
vulnera el derecho al debido proceso y derecho de defensa de los
demandados.
También hay que tener en cuenta el carácter de justicia rogada
como principio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en la cual el juez contencioso administrativo no puede realizar el
estudio de legalidad del acto administrativo acusado con
fundamento en normas superiores de derecho no invocadas en la
demanda, ni atender conceptos de violación no explicados, sino que
debe limitarse a estudiar las razones de inconstitucionalidad o
ilegalidad, expuestos en la demanda, que constituye el marco de la
litis o del juzgamiento.
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La Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia del 31 de
mayo de 2012 22 , consideró que corresponde al demandante
desvirtuar la presunción de legalidad del acto censurado y que el
juez, en virtud del principio de congruencia, está limitado por lo
solicitado en la demanda, salvo ciertas excepciones, así el
desconocimiento de dicho principio conlleva a las nociones de fallo
ultra y extrapetita.
Así las cosas, la Sala precisa que el fallador de primera instancia se
pronunció sobre un presunto vicio, que no fue alegado por la parte
demandante y sobre el cual la parte demandada no tuvo la
oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, con lo cual falló
extra y ultra petita, al declarar la nulidad absoluta de la
Resolución núm. 1359 de 10 de diciembre de 2009, cuando de
conformidad con la pretensiones de la demanda estaba limitado a
declarar una nulidad parcial respecto al precio establecido en dicho
acto administrativo, como indemnización del predio expropiado, y
no dejar sin efecto en su totalidad el acto expropiatorio, máxime,
cuando los fundamentos de éste para ordenar la expropiación, con
ocasión a la declaratoria de urgencia y utilidad pública del predio y
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 31 de
mayo de 2012, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, núm. único de radicación 44001-23-31-000-
2003-00264-01(17876).
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acerca de la negociación directa, no fueron objeto de controversia
por la parte actora, en la demanda.
Por lo tanto, se señala que la sentencia apelada incurrió una
violación del derecho al debido proceso de la parte demandada, en
razón del desconocimiento del principio de congruencia, previsto en
el artículo 170 del CCA, razón por la cual dicho cargo prospera y
debe ser revocada la sentencia apelada.
DEL PRECIO PAGADO COMO INDEMNIZACIÓN DEL PREDIO
EXPOPIADO.
Como lo determinó el a quo en el problema jurídico, en el presente
caso la controversia se contrae exclusivamente al precio pagado
como indemnización del predio expropiado, pero al considerar el
Tribunal que el acto administrativo se había expedido
irregularmente, no hizo un análisis del avalúo oficial realizado
durante el proceso de expropiación. Solo se limitó a dar por válido
el realizado por el auxiliar de la justicia, ordenado dentro del
proceso contencioso administrativo.
Dentro del expediente, obra copia del avalúo comercial núm. 2.772
de 2 de marzo de 2009, realizado por CAMACOL BOYACÁ-
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CASANARE23, que fundamentó los actos acusados, y el cual consta
de los siguientes datos:
“[…]
1. PROPÓSITO DEL AVALÚO
• Establecer el valor comercial al que se refiere la información
contenida, con base en los datos obtenidos en el mercado de
inmuebles del sector.
2. INFORMACIÓN BASICA
• Propietario HECTOR JULIO BECERRA RUIZ y NUNCY DIAZ DE BE
BECERRA
• Tipo de Inmueble Lote Urbanizable
• Elaborado por Arq. GERMÁN ESPINOSA CAMACHO
3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
• Municipio DUITAMA
• Barrio o Vereda VILLA ROUSS
• Ubicación VILLA ROUSS
• Estrato TENDENCIA A ESTRATO 3
• Servicios públicos y Urbanismo
Alcantarillado Acueducto Teléfono Gas Natural Energía Alumbrado
Público Transporte
• Vías Calle pública
• Usos actuales Pastos Naturales
• Normas del POT USO PRINCIPAL: Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar y
Multifamiliar
USO COMPLEMENTARIO: Comercio Tipo I y II
USO COMPATIBLE: Institucional tipo I y II e Industrial
tipo I
4. INFORMACIÓN JURÍDICA
• Matricula Inmobiliaria 074-39313
• Escritura No. 343 del 23 de febrero de 2001 corrida
Notaría Segunda del Círculo de Duitama
• Cédula catastral 01-000-0782-00212-000
5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PREDIO
• Terreno 1.027,36 M2
23
Folios 115 a 126 del C.1.
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• Área del terreno afectada 1.027,36 M2
• Topografía Porcentaje 1,0%
• Linderos
Al norte: En 84.57m linda con predio de Ana Francisca Guevara Pérez, antes
de propiedad de Julia Pérez Guevara y socias.
Al sur: En 86.07m linda con predio de María Guevara Sandoval, antes de
propiedad de Mercedes Sandoval viuda de Guevara.
Al sur: En 12.00m linda con predio de Luis Alfonso Fajardo Rodríguez, Calle
Pública al medio.
Al Este: En 12.04m linda con predio de Inversiones Camacho, antes de
Mardoqueo Morales.
CONCORDANCIA DE MEDIDAS El área de la Escritura es de 1000 y
área tomada del levantamiento
Topográfico es de 1027.36 optamos
por la medida del levantamiento
Topográfico 1027.36 por ser de
Mayor confiabilidad.
5.1.3. FORMA GEOMETRICA RECTANGULAR IRREGULAR
5.3,21 MEJORAS CERCAS
5.3,22 ARBOLES NO
5.3,21 DEPENDENCIAS Acceso a Servicios Público, Acueducto,
Alcantarillado, Energía Eléctrica
5,2 USO ACTUAL Pastos Naturales
6. ESTUDIO ECONÓMICO, el avalúo se practicó aplicando el método
comparativo y de mercado 24 e índices como factor fuente, factor
tamaño, factor topográfico y acuífero, se trata de un terreno con
destinación a usos de vivienda en sus tres categorías, usos
comercial e institucional.
7. DESTINACIÓN ECONÓMICA DEL PREDIO NO APLICA
• Determinación del valor del terreno $35.927.806,56
• Determinación del valor de las mejoras
Cercas en postes de madera y cuatro hilos
De alambre de púas $683.060,00
24
Resolución 620 de 2008 del IGAC. “[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es
la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales
ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación
del valor comercial. […]”.
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El POT del Municipio establece como unidad mínima de prediación en
suelo en el sector una extensión de: 72 m2.
OBSERVACIONES:
El Área Total de terreno es de 1.027,36 M2.
[…]
8 RESUMEN GENERAL Y OBSERVACIONES
• Valor del terreno-área requerida: $35.927.806,56
• Valor de la construcción
• Valor de las mejoras: $ 683.06000
• VALOR TOTAL DE AVALÚO: $ 36.610.866,56 […]”.
Además, consta que en dicho avalúo se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios:
• Ficha para método comparativo:
• Cuadro de valor lotes/m2, en donde se relacionan varios
lotes por su ubicación, dirección, la fuente, teléfono, valor del
lote, metros cuadrados y valor del metro cuadrado.
• Cuadro de homogenización de valor de lotes en venta
Factores para ser comparables:
Homogenización por localización, homogenización por estrato,
homogenización por fuente, homogenización por tamaño,
homogenización por obras de urbanización.
• Cálculo del valor de la construcción.
Para el cálculo de costos de construcción se tomó el valor en tablas
que se han calculado teniendo en cuenta proyectos similares que se
han construido en la región, comparados con fuentes de
información de CAMACOL CONSTRUDATA y bases de presupuesto
de obras similares realizadas.
APLICACIÓN DEPRECIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN POR EDAD
(Criterio Heidecke, Fitto y Corvini)
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• MÉTODO RESIDUAL a partir del valor de la vivienda en la
ciudad, casas oferta de ventas.
Se relacionan direcciones, fuentes, teléfonos, valor, M2 y se hace
análisis de Homogenización por fuente, homogenización por
calidad, homogenización por edad, homogenización por
conservación, homogenización por funcionalidad, homogenización
por altura, homogenización por orden público, a través de un
cuadro.
• Avalúo del lote bruto a partir de Urbanizaciones en la ciudad.
• Valor de urbanizaciones nuevas por metro cuadrado (Estrato
3).
• Incidencia en el valor respecto al estrato y el uso.
• Avalúo del lote bruto a partir de una urbanización estrato 3.
• Valor residual del lote a partir del valor de una vivienda en el
sector.
• Avalúo del lote bruto a partir de la urbanización vecina
• Avalúo del lote bruto a partir de un proyecto urbanístico
vivienda de interés social.
• Factor de homogenización por topografía, tamaño, por
terreno bajo y por densidad de construcción en el sector;
mejoras; Factor de Vías.
Asimismo, se estableció lo siguiente:
“[…]
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Vr TL = Valor del Lote por M2: $34.971.
VII-RESUMEN GENERAL Y CONCLUSIONES
Para llegar a esta conclusión se tuvo en cuenta:
1-El valor del M2 de inmuebles según el mercado normal de la oferta y la
demanda en el sector.
2-El sector donde se encuentra el inmueble objeto del presente avalúo
3-Valor de Reposición: Es el presupuesto que se tendría que disponer
para compensar una construcción de similares características.
4-Si el lote en análisis se encuentra a nivel, a nivel inferior o a nivel
superior con respecto a la autopista.
5-Si el lote en análisis se encuentra en Sectores de alta, media o baja
densidad de construcción.
6-Si el uso del terreno es Industrial, Comercial, de Vivienda o de vocación
agrícola.
7-Valorización: Se podría decir que en los últimos cinco años el precio de
la Finca Raíz ha tenido una valorización en extremo discreta.
8- El diseño y la calidad de los materiales encontrados en las edificaciones
a evaluar.
9-Las mejoras encontradas en el lote como construcciones, cercas,
árboles, cultivos, etc. […]”.
Al anterior informe, se le anexaron fotografías del predio con el
objeto de su mejor visualización.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en el referido
avalúo oficial se identificó y describió el inmueble por sus
características físicas, tales como área, ubicación, topografía y
forma, información jurídica, vías de acceso y forma del predio, la
estratificación socioeconómica del inmueble, servicios públicos,
destinación económica del inmueble, -uso principal y
complementario del inmueble de acuerdo con el POT-, oferta y
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demanda, como lo establecen los artículos 21 y 22 25 del Decreto
1420 de 1998.
Que CAMACOL BOYACÁ- CASANARE, en el avalúo oficial, cumplió
25
“[…] Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor
comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del
avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará
sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de
copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de
construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de
ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinarán en
forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para
establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del
desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble,
la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de
seis (6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el
método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación
acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción,
entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los
cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien.
Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener
en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en cuenta las
agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
6. La vida útil económica y técnica remanente
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
8. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas comunes. […]”.
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con especificar que había utilizado el “comparativo de mercado”,
como método valuatorio, así como el valor comercial
correspondiente a $36.510866,56, y las mejoras, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes
semejantes y comparables al del objeto de avalúo, entre ellos, los
ubicados en el sector de Villa Rouss (donde se ubica el inmueble
objeto de expropiación), para lo cual tuvo en cuenta los datos de
ofertas de 15 inmuebles, respecto de los cuales indicó la ubicación,
dirección, la fuente, teléfono, valor del lote, el valor del metro
cuadrado y el valor total del lote, conforme lo preceptúan los
artículos 1º de la Resolución 620 de 2008 y 20 del Decreto 142026.
Para el efecto, anexó una ficha, en la cual se recopilaron los
siguientes datos:
“[…] METODO COMPARATIVO (para obtener el valor del lote)
CUADRO DE VALOR VENTAS LOTES/M2
Dirección INFORMA TELÉFONO Valor M2 $X M2
Lote 1- Altos de Maranta- Cll 29A No.16-17 -G.Espinosa -$5.363.311- 55,14 m2- $97.267 M2
Lote 2- Altos de Maranta - Cll 29A No.16-17 -G.Espinosa -$5.363.311- 55,14 m2- $97.267 M2
Lote 3- Villa Juliana -Cra 31A No.14A-03 -G.Espinosa -$6.131.558- 60,50 m2- $101.348 M2
26
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.
[…]”.
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Lote 4- Villa Juliana 311 2892681 -$7.494.764- 84,00m2- $89.223 M2
Lote 5- Villa Juliana-Tel 7600556 3124207223 -Sergio Gonzalez -$14.989.529- 146,00m2-$102.668
M2
Lote 6- Villa Juliana-Tel 7600556 3124207223 -Sergio Gonzalez -$7.494.764- 84,00m2-$89.223 M2
Lote 7- Villa Juliana -Tel 7600556 3124207223-Sergio Gonzalez-$14.989.529-143,00m2-$104.822M2
Lote 8- Cacique Tundama- Cra44 No.21A-14 -Ana Sixta -$8.006.545- 70,00 m2- $114.379 M2
Lote 9- Cacique Tundama- Cra42 No.21A-35 -$7.390.656- 70,00 m2- $105.581 M2
Lote 10-Villa Rouss –Calle 6 Carr37A Esquina- Miguel Acero -$24.000.000- 224,00 m2- $107.143 M2
Lote 11-Villa Rouss–Calle 6 Carr37A Intermedio- Miguel Acero -$12.000.000-112,00 m2- $107.143
M2
Lote 13-Villa Rouss–Calle 6A 36-33- Gabriel Combariza -$12.000.000-67,20 m2- $178.571 M2
Lote 14-Villa Rouss–Calle 6A Carr37A esquina- José Lara -$19.500.000-97,20 m2- $200.617 M2
Lote 15-Villa Rouss–Calle 6A 35ª-47- 311 2579645 -$20.800.000-112,00 m2- $185.714 M2 […]”.
Lo anterior pone de presente que en el avalúo oficial claramente se
expusieron los valores que se tuvieron en cuenta, según el método
comparativo y de mercado, para calcular el costo del inmueble por
metro cuadrado y calcular el valor total del terreno.
Asimismo, se señaló que para realizar la comparación tuvo en
cuenta como factores de homogenización, -valor de lotes en venta-,
los siguientes: homogenización por localización, homogenización
por estrato, homogenización por fuente, homogenización por
tamaño, homogenización por obras de urbanización.
Adicionalmente, se tiene que en el avalúo oficial también se utilizó
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el método residual, para determinar el valor del predio objeto de
expropiación, a partir del valor de la vivienda en la ciudad (casas
oferta de ventas); tuvo en cuenta el avalúo del lote bruto a partir
de urbanizaciones en la ciudad, el valor de urbanizaciones nuevas
por metro cuadrado (Estrato 3), el avalúo del lote bruto a partir de
una urbanización estrato 3, el valor residual del lote a partir del
valor de una vivienda en el sector, el avalúo del lote bruto a partir
de la urbanización vecina, y el factor de homogenización por
topografía, tamaño, por terreno bajo y por densidad de
construcción en el sector.
En otras palabras, cuenta con los elementos más representativos
del método residual, entendido este como la técnica orientada a
determinar el valor de un bien inmueble a partir de la estimación
del monto total de las ventas de un proyecto de construcción. Por
tal razón, para la Sala el avalúo oficial brinda soporte legal y fáctico
al acto administrativo que ordena la expropiación.
Sobre el anterior avalúo, los demandantes presentaron escrito ante
el alcalde de Duitama el 30 de septiembre de 200927, a través del
cual objetaron y solicitaron la revisión del precio ofrecido. Y, en
27
Folios 56 a 59 del C. Anexo 5.
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sustento de sus objeciones, aportaron fotocopia del avalúo que les
fue entregado en el año 2002, elaborado, por un perito del IGAC,
que arrojó la suma de $41.039.60028.
De las anteriores objeciones, de conformidad al artículo 17 del
Decreto 1420, se dio traslado a la entidad evaluadora, -CAMACOL
BOYACA CASANARE- para su revisión, la cual respondió mediante
escrito de 3 de noviembre de 2009, lo siguiente:
“[…] Se aclara que los avalúos realizados por Camacol, se
someten a las normas contenidas en los decretos 1420 de
julio 24 de 1998. La resolución 620 de 2008 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, mediante la utilización de los
métodos Comparativo, del costo de reposición, residual y
con lo establecido en el Decreto 422 de 2002. Normas en
las que se tiene en cuenta:
. El valor contenido en la escritura de compraventa de cada
precio, donde se plasman las voluntades de los vendedores,
compradores y el Sr. Notario quien da fe y como cierto de lo
negociado en la Escritura Pública correspondiente.
. El valor contenido en el recibo del impuesto predial, que
corresponde al 70% del valor comercial calculado por el
IGAC y su oficina de catastro en la actualización realizada
en el año 2007.
. El valor comercial histórico de información de la Lonja de
Avaluadores de Camacol B.C.
. La información levantada en la investigación de mercado,
sobre oferta y demanda de predios en la ciudad y en el
sector donde se realizan los avalúos, datos que hacen parte
del informe valuatorio.
[…]
Todos estos cálculos condujeron al resultado final
teniendo en cuenta finalmente las condiciones de los
predios frente a las mejoras, cercanía a vías
urbanizadas, nivel en cuanto a las vías adyacentes, el
factor de tamaño y la densidad de construcción del
28
Folios 60 a 67 del C. Anexo 5.
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sector. El predio sufre una afectación por cuanto está a
desnivel con respecto a las cotas de alcantarillado del sector
por lo que requiere un relleno entre 1.50 y 2.00 M de
espesor que tiene un valor aproximado por M2 de: $35.000
que debe sustraerse del valor del lote en bruto.
[…]
El valor comercial dado por el IGAC en el año 2.002 ya no
es vigente. El valor de la actualización realizada por el
mismo instituto en el año 2017 bajó los precios de los
inmuebles en toda la ciudad a solicitud de la comunidad y
estableció como base para el cobro de los impuestos el 70%
valúo comercial calculado por el Instituto. En el caso que
nos ocupa, es el Instituto quien debe dar la explicación
correspondiente de las causas de la Diferencia en el valor
de los avalúos practicados con anterioridad por esa entidad.
En cuanto al precio estimado por el peticionario, de $
200.000 el M2 corresponde a un lote que se encuentra
debidamente urbanizado y en el caso que nos ocupa, se
realizó el cálculo desagregando las afectaciones que
corresponden al valor de las obras de urbanización y al de
las áreas de cesión que establece el P.O.T. de la Ciudad,
hasta llegar al valor del lote en bruto. De conformidad a lo
establecido en la resolución 620 de 2008 del IGAC art. 15.
Se realizó un trabajo de nivelación en el lote y se deja
expresa nota que el terreno debe ser rellenado, para
colocarlo en condiciones urbanizables 1.80 M, en promedio
con referencia a la cota de tapa del pozo de Alcantarillado,
tal situación fue igualmente tenida en cuenta en el valor; el
relleno que requiere el predio para ser apto para urbanizar,
tiene un costo aproximado de $41.220 por M2 incluido
A.I.U. Este valor se encuentra desagregado en menor
escala en el valor calculado. No se pueden reconocer obras
o circunstancias físicas que el lote como tal no tiene, sin
caer en la figura detrimento patrimonial. […]
Para Camacol el resultado del avalúo es equilibrado y por
tanto se ratifica que, el valor del terreno resultante que
corresponde al predio en las condiciones físicas que
encuentra, es el más probable ajustado a su valor
comercial, tal como lo demuestran sus cálculos realizados y
que hacen parte del informe. […]” 29 (Destacado fuera de
texto).
29
Folios 149 a 151 del C. Anexo 5.
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Es así como la administración se ratificó en el avalúo del predio y al
no llegar a un consenso en el precio ofrecido en la negociación
directa, se procedió, mediante Resolución núm. 1359 de 10 de
diciembre de 2009, a decretar la expropiación por vía
administrativa del inmueble de propiedad de los demandantes,
cancelándose como precio indemnizatorio la suma de
$36.610.866,56., siendo pagada, en partes iguales, la suma de
$18.305.433,28, a cada uno de los demandantes.
Al efecto, es del caso precisar que sobre el precio indemnizatorio el
artículo 67 de la Ley 388 dispone lo siguiente:
“[…] en el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que
se utiliza para los efectos previstos en el artículo 6130 de la
presente ley […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, esta Sección ha sostenido que al haber sido incorporado el
avalúo comercial al acto administrativo acusado, que decretó la
expropiación, este se encuentra amparado por la misma
30
“[...] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989: El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla
sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las
normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida
el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a
adquirir, y en particular con su destinación económica. […]”. (Destacado).
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presunción de legalidad y certeza, que se predica de las decisiones
definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este
caso, a los demandantes, demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente sus incorreciones.
La Sala ha indicado sobre este particular lo siguiente:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha
sostenido que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes
medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico,
lo cual no ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por
la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar
en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. […]”31.
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección 32
sostuvo que “todo lo anterior conduce a la Sala a
considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las
decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005- 03509.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. M.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó
el justo precio de la indemnización expropiatoria y,
en consecuencia, no desvirtuó la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, que lo
incorporó […]”. 33 (Destacado fuera de texto).
Cabe mencionar que la Sala ya ha tenido oportunidad de
pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa
y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los
valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en
la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado
o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al
interesado desvirtuar tal presunción.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
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En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009 34 , la Sección
Primera sostuvo:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles
fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o
los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta
para hacer la anunciada comparación, lo cual permite
concluir que contra el justiprecio realizado por esa
dependencia municipal cabrían exactamente las mismas
críticas que el apoderado del Municipio demandado
formula en su apelación contra el dictamen rendido por la
perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el
actor tiene la carga de demostrar en el proceso que
el avalúo oficial es equivocado, demostrando
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2005-03509-01.
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precisamente su incorrección […].” (Destacado fuera
de texto).
En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso,
correspondía a la parte demandante probar que el valor comercial
del inmueble calculado por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, a
instancias del Municipio de Duitama, no estaba ajustado a los
parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 y la Resolución
núm. 620 de 2008; que era equivocado e incorrecto; y que, por
tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios
causados con la expropiación.
Al efecto, se observa que en el decurso del proceso se ordenó por el
Tribunal una prueba pericial, designándose RICARDO HUMBERTO
ACUÑA SÁNCHEZ y cuyo dictamen de 27 de julio de 201235 consta
de los siguientes datos:
“[…] METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Para determinar el valor del lote urbano, aplicamos el método
residual, el cual obtiene el valor del lote di partir del precio total del
Inmueble deduciendo el costo de la construcción, o sea encontrando
el lote urbanizado como residuo, razón por la cual se llama método
residual.
Este método permite verificar el valor total de las ventas y aplicando
un factor de incidencia de la tierra (FACTOR ALFA); se puede calcular
el valor máximo que soportaría el lote. En este caso se deduce el
35
Folios 304 a 309 del C.1.
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valor del lote a partir del potencial de desarrollo que podría tener de
acuerdo con las normas o reglamentación urbana.
El método residual se divide en Residual Dinámico y Residual
Estático.
El Residual Dinámico utiliza flujos de fondos, de acuerdo a la renta
que valora, proyecta ingresos y egresos en el tiempo y los trae a
valor presente y estima la utilidad del inversionista mediante la TIR,
tasa interna de retorno; y lo que resta en valor presente
corresponde al valor del terreno. Este es conveniente para avalúos
de hoteles, centros comerciales, estaciones de servicio.
En el Residual Estático es el que mejor se acomoda para vivienda,
oficinas y bodegas industriales.
Método RESIDUAL ESTATICO TÉCNICA INDUCTIVA
Se analizan los indicadores generados por las normas de desarrollo
urbano en la ciudad (P.O.T) Plan de Ordenamiento Territorial de
Duitama, ENTENDIENDO ESTOS INDICADORES EL CONSTRUCTOR
TIENE LAS CAPACIDADES Y CONDICIONES DE EXAMINAR CUAL
PODRIA SER EL MAXIMO VALOR QUE SE PAGARIA
Área bruta del terreno: 1000 M²; Área de vías: 20% 200 M2; Área
de cesión: 240M2; Área Neta Urbanizable 56%:560 M2.
De acuerdo al uso de suelo, LAS NORMAS URBANISTICAS y el
potencial de desarrollo que tiene el terreno y el área de influencia
donde se encuentra el inmueble, se desarrolla un proyecto de
construcción de vivienda horizontal, de estrato medio.
Índice de ocupación: 0,70
Índice de construcción: 1,43
Factor alfa: 15% Ver gráfico 1: Relación del terreno urbanizado y el
valor total del proyecto (según índice de construcción) Fuente
CENAC.
Número de lotes: 7; Área lote: 72 M2 (6,67 de frente por 12 de
fondo); Área de construcción nivel: 80,04 M2; Área de construcción
vivienda: 112.016 M2; Aislamiento posterior: 3.0M; antejardín:
3.5M.
Se determina el valor del lote urbanizado empleando el Método
Residual Estático Técnica Inductiva
V = K*p*IC
K: Porcentaje vendible o área útil construida: (112,06*7=784,42
M2)
P: Precio de venta por M2 Útil construido; de acuerdo a estudio de
ventas de inmuebles urbanos. Fuente estudio de mercado.
$750.000 M2
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IC: Índice de construcción
V = 754,42 M2 * $750.000/M2 * 0,15
Valor del lote urbanizado: $88.247.250,00
Valor: Ochenta y Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Cincuenta pesos Mete Precio por metro cuadrado máximo
de Lote Urbanizado: $88.247,25M2
Valor: Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos con
Veinticinco centavos Mcte.
Para comparar el método residual estático inductivo utilizamos la
técnica estática deductiva de acuerdo al margen del constructor,
analizando la factibilidad económica del constructor con el fin de
determinar, si se justifica comprar el terreno.
Costo directo de construcción:
$315.00M2 (Fuente dane, construdata, cenuc); Multiplicador de
Costo para Estrato Medio Incluyendo costos indirectos generales y
Financieros: Fuente Oscar Borrero., 1,55; Construdata.
Costo de construcción: $488.250M2; Costo total de construcción:
$382.991.065,00; Valor de ventas: $750.000 M2; Valor total de
ventas: $588,315.000,00; MARGEN OPERACIONAL: ($588.315
000.00 - $382.093.065 00) $202.321.935.00, Equivalente al 34%
del costo del proyecto; Utilidad 18% $105, 890.700,00).
Valor del lote urbanizado: $96.425,235,00
Valor M2 Lote urbanizado: $96.425,24 M2
Valor: Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Pesos con Veinticuatro
centavos Mcte.
Se asume este valor por ser de mayor precisión, supone una
economía real, con facilidad en las ventas, baja tasa de interés,
liquidez, y el margen operacional supera el 30%. Se divide el
margen: dando un 17% al valor del lote y una utilidad del 18%.
MÉTODO RESIDUAL APLICADO A TERRENO BRUTO
Se emplea igual que a terreno urbanizado, aplicando la Técnica
residual inductiva: definiendo:
V: Valor del terreno bruto por M2; Dn: Densidad neta predial (7
Viviendas/0.10Ha) 70 viviendas/Ha; P: Precio óptimo de mercado
para la vivienda: $750.000 M2; Z: porcentaje de cesiones, vías,
parques equipamiento: 44%; B: incidencia del valor del terreno
bruto en las ventas.
Para la vivienda media, Fuente Cenuc, Oscar Borrero 12%; V=B* Dn
(1-Z) * P/10.000; V=012 * 125 (1-0,4))* $81.045.000/ 10.000;
Valor del lote bruto por M2=$70.597.80M2; Valor Lote Bruto:
$70.597.800,00.
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VALOR LOTE BRUTO: SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
[…]
LOTE URBANO $70.597.80 M2
MEJORAS LOTE URBANO $683.060,00 ML
VALOR AVALÚO $71.280.860
VALOR TOTAL AVALUÓ: SETENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
MCTE […]”.
La Sala pone de presente que contra el anterior dictamen, los
demandantes lo objetaron por error grave 36 , pero el Tribunal
consideró que dicha objeción no tenía prosperidad, toda vez que el
peritaje no desconoció radicalmente lo solicitado por el Juez o la
parte y que el objeto de estudio fue el solicitado, en tanto que
existe una clara relación entre los términos en que se decretó y
emitió el peritazgo.
Asimismo, se tiene que la apoderada del Municipio de Duitama,
solicitó aclaración y complementación 37 del referido dictamen
presentado por el auxiliar RICARDO HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ,
lo cual llevo a que el perito lo complementara, calculara el valor del
inmueble a la fecha del avalúo oficial, -2009-, y que el citado
dictamen arrojara un valor comercial de $60.214.657,9 38 , de la
siguiente manera:
36
Folios 396 a 399 del C.1.
37
Folios 440 a 453 del C.1.
38
Folios 514 a 515 del C.2.
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“[…] El valor comercial del bien inmueble es a precios del año 2012; a
continuación, complemento el dictamen calculando el año en que lo
solicitó la parte demandante y el Tribunal.
• Valor metro cuadrado año 2009
IVP: la base de la regresión es el índice del valor predial; fuente de
investigación DANE.
AÑO IVP VALOR M2
PROMEDIO TERRENO
NACIONAL BRUTO
2012 $70.597,80
2011 6,37% $66.370,03
2010 5,10% $63.149,41
2009 6,01% $59.569,39
• Valor mejoras realizadas en el inmueble en el año 2009
IPC: la base de la regresión es el índice de precios del consumidor;
fuente de investigación DANE.
AÑO IPC VALOR M2
MEJORAS
PREDIO
2012 $683.060,00
2011 6,37% $658.489,02
2010 5,10% $638.265,02
2009 6,01% $645.357,86
• Valor comercial inmueble lote sin urbanizar año 2009
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
UNITARIO PARCIAL
LOTE URBANO M2 1.000 $59.569,30 $59.569,300
MEJORAS ML 97,58 $6.613,63 $645.357,9
LOTE URBANO
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VALOR $60.214.657,9
AVALÚO
COMERCIAL
[…]”.
Sobre el referido dictamen pericial, el Tribunal concluyó que el
mismo no amerita reproche; es coherente, claro y razonado, sin
que la objeción por error grave prospere y que, por el contrario, la
aclaración y complementación solicitada ajustó aspectos que
suscitaban incorrección, como era la valuación inicial realizada al
año 2012, fecha de la realización de la prueba, pero regresada al
año 2009, fecha de la oferta de compra del inmueble expropiado
mediante los actos anulados.
En cuanto a la valuación regresada al año 2009, la parte
demandada, en el recurso de apelación, adujo que de ninguna
manera dicho avalúo refleja el valor del inmueble al año 2009, que
fue cuando ocurrieron los hechos. Al respecto, cabe señalar que,
como se puso de presente anteriormente, el dictamen fue aclarado,
en el sentido de que hizo una regresión de la valuación del año
2012 al año 2009, para lo cual el perito optó por utilizar el Índice
de Valorización Predial y con esta herramienta aplicó el Índice al
Valor actual para llegar al valor del año 2009.
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El Índice de Valoración Predial, -IVP-, es un indicador que se utiliza
desde diciembre del año 2001 para calcular la variación porcentual
promedio de los precios de los predios urbanos en Colombia entre
dos periodos de tiempo. Este índice permite hacer un seguimiento
anual a los cambios de valor en los predios habitacionales en el
área urbana, con fundamento en los avalúos comerciales y la
dinámica del mercado de los predios, por lo que la metodología
utilizada para establecer el valor del predio año a año no plantea
reparo, según lo señaló esta Sala en sentencia de 13 de junio de
2024.39
Ahora, la Sala estima que si bien es cierto que el dictamen,
ordenado por el Tribunal, establece un nuevo y mayor valor del
predio, y que fue complementado, calculando el precio para el año
2009, también lo es que el citado avalúo no controvierte en forma
directa aquél rendido por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE a
instancias del Municipio de Duitama, ni menciona de qué modo éste
incurrió en fallas o pasó por alto los parámetros establecidos en el
Decreto 1420 o en la Resolución núm. 620 de 2008, pues
simplemente se limitó a realizar una nueva valoración que, como se
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
junio de 2014, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 05-001-23-33-000-2010-
01231-01.
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dijo, no evidencia ninguna falencia en el precio indemnizatorio
reconocido y pagado al demandante, de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución 1359 de 10 de diciembre de 2009 acusada,
sin perder de vista que la misma parte actora en su recurso de
apelación señaló que el dictamen realizado por el Auxiliar de Justica
incurrió un error al señalar el precio indemnizatorio.
Y, si bien es cierto el fallador de primera instancia consideró que el
dictamen pericial practicado por el perito RICARDO HUMBERTO
ACUÑA SÁNCHEZ es coherente, claro y razonado y accedió al
restablecimiento con fundamento en ese dictamen, también lo es que
no hizo un análisis del avalúo oficial realizado durante el proceso de
expropiación, el cual goza de la presunción de legalidad y certeza, ni
indicó porque el mismo era equivocado e incorrecto y no estaba
ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420
y la Resolución núm. 620 de 2008. Solo se limitó a dar por válido el
realizado por el auxiliar de la justicia, ordenando del dentro proceso
contencioso administrativo.
Por tal razón, la Sala advierte que el avalúo, practicado por el perito
ACUÑA SÁNCHEZ, no prueba de manera cierta que las resoluciones
acusadas sean contrarias al artículo 67 de la Ley 388, dado que no
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logra desvirtuar que el Informe Técnico de Avalúo oficial, rendido
por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, hubiese pasado por alto los
parámetros y criterios para la elaboración de avalúos, contenidos
en los artículos 21 y 22 del Decreto 1420, esto es, no demuestra
que el valor comercial del inmueble, calculado en ese avalúo oficial
era equivocado e incorrecto.
Además, debe ponerse de presente, que si bien la parte
demandante señaló en la demanda que el avalúo oficial se basó en
bienes disimiles, no semejantes y, por tanto no comparables,
también lo es que la mencionada parte omitió explicar en la
demanda y en el recurso de apelación las razones por las cuales
los 15 bienes inmuebles indicados en el avalúo oficial, al
momento de sustentar el método comparativo de mercado, no
eran semejantes ni comparables con el que fue objeto de
expropiación por vía administrativa 40.
Así las cosas, para la Sala, no es de recibo que los argumentos que
sustentan la incorrección del avalúo oficial sean que el precio de la
indemnización debió ser mayor y que ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos acusados, ni tampoco es suficiente
40
En igual sentido, fue señalado en la sentencia de 14 de marzo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de
radicación 0500123331000 2012 00033 01).
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señalar y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron en el
avalúo oficial y simplemente identificar otras alternativas probables,
sino que se debe convencer al juez del error en el que ha incurrido
la Administración al fijar un monto específico para la indemnización.
Sobre este asunto, cabe recordar que frente a la carga de la prueba
de la parte demandante para efectos de desvirtuar los avalúos
oficiales en procesos de expropiación, esta Sala sostuvo en
sentencia de 20 de febrero de 2020 41 , que ahora se prohíja, lo
siguiente:
“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar
la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base
en las normas que regulan la materia, indique el
defecto en que se ha incurrido y su impacto en el
precio oficialmente establecido, pues de lo que se
trata es precisamente de llevar al convencimiento del
juez de que se ha incurrido en error al establecer el
monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables […]” (Destacado
fuera de texto).
Adicionalmente, es del caso señalar que la Sección Primera en
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2011-00115.
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sentencia de 14 de septiembre de 2020 42 , indicó que no será
suficiente señalar y atacar los métodos valuatorios que se utilizaron
en el avalúo oficial, sino que se debe convencer al juez del error en
el que ha incurrido la Administración al fijar un monto específico
para la indemnización.
Igualmente, en dicho pronunciamiento reiteró que el justo precio de
la indemnización expropiatoria se encuentra amparado por la
presunción de legalidad del acto administrativo que lo acoge; lo que
significa que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que deberá ser
desvirtuado a través de los medios de prueba establecidos en el
ordenamiento jurídico. Así, discurrió la Sala:
“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe
convencer al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.
Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.
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administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor
tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que
cobija los actos administrativos demandados que acogieron
ese justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún
medio de prueba que permita demostrar que el avalúo
fijado por la administración fuese incorrecto, no hay
ninguna razón para decretar la nulidad parcial deprecada
por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio. […]” 43
(Destacado fuera de texto).
Asimismo, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de abril de
202144, en la que la Sala puntualizó y reiteró que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial,
aun cuando en el informe técnico no se precisan las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores
correspondientes, y que por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este.
Y que no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial y que sustentó la expedición de los
actos administrativos acusados, sea que no se indicó los inmuebles
con los cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de
abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-
00232-01.
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precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad parcial de estos, en los siguientes términos:
“[…] Sobre el particular, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha indicado que se presume la
legalidad del acto administrativo que incorporó el
avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico no se
precisan las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, por ello la
parte demandante debe aportar las pruebas para
demostrar los errores de este. En este contexto, esta
Sección, mediante sentencia proferida el 6 de febrero de
2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse
acerca de los avalúos comerciales practicados por las
entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor
de la indemnización en los eventos de expropiación y ha
concluido que, aun cuando en el informe técnico no se
precisen las operaciones o la forma como fueron calculados
los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace
parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la
expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a
la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal
presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la
Sala, sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el
avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro
Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno
principal, se anuncia que el precio del inmueble
establecido por la administración se determinó como
resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones,
oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y
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avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre
operaciones y avalúos efectuados recientemente
sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las
operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que
se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada
comparación, lo cual permite concluir que contra el
justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de
la mencionada información, el avalúo practicado por
la Subsecretaría de Catastro Municipal también
estaría desprovisto de argumentos técnicos y de
apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde
luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor
tiene la carga de demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección 45 […].” (la Sala destaca)
[…]”46
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y
que sustentó la expedición de los actos
administrativos acusados, sea que no se indicó los
inmuebles con los cuales se realizó la comparación y
que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el
demandante, ello resulte suficiente para decretar la
nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera de
texto).
45
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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Ahora, la Sala observa que la parte demandante, en su recurso
de apelación, adujo que el a quo no desplegó toda la actividad
probatoria y que el fallo apelado modificó el precio indemnizatorio
del predio expropiado, fijado en los actos acusados, pero no en la
cuantía que comercialmente era de esperarse.
Para el efecto, anotó que el Tribunal, en razón del escrito de
objeción que se formuló por error grave al dictamen rendido por el
Auxiliar de Justicia, RICARDO ACUÑA, decretó la práctica de una
pericia por parte del IGAC, pero que dicha prueba no se practicó; y
que la prueba trasladada que reposa en el proceso, referente al
dictamen pericial practicado por el IGAC, dentro del expediente
radicado bajo el núm. 2010- 01231, es prueba suficiente para
demostrar el error grave en que incurrió el perito nombrado por el
Tribunal.
En efecto, la Sala observa que el fallador de primera instancia
decretó la práctica de una pericia por parte del IGAC, pero como
bien lo reconoció la parte actora en el recurso de apelación, dicha
prueba no pudo ser practicada, dado que el Instituto en mención no
pudo efectuar el avalúo por la falta de un documento solicitado por
un funcionario de esa entidad, esto es, el plano del inmueble
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objeto de avalúo georrefenciado con escala gráfica, por cuanto para
esa fecha el predio ya había sido englobado, por lo que
jurídicamente no existía el bien expropiado, conforme lo indicó el a
quo en providencia de 25 de julio de 2017 47, a través de la cual
declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión, sin que se observe que la parte actora
haya interpuesto recurso alguno frente a dicha decisión, lo cual
demuestra que la primera instancia sí desplegó actividad en torno a
la práctica de esa prueba, pero no fue posible recaudarla.
Cabe mencionar que en segunda instancia la parte actora, dentro
del término de ejecutoria de auto que admitió los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de 26 de octubre de
2017, solicitó la referida prueba, de la siguiente manera:
“[…] Se designe ordenar a mi costa, la práctica de la prueba
solicitada y no practicada en primera instancia por causas
no imputables a la parte actora que represento, consistente
en la realización de un avalúo por un perito del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, del predio objeto de
expropiación y para la época del proferimeinto de los actos
expropiatorios demandados. […]”48.
47
Folios 567 del C. 2.
48
Folios 6 a 8 del C. Apelaciones.
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En virtud de esa solicitud, el Despacho sustanciador, mediante auto
de 6 de septiembre de 201849, denegó dicha prueba al advertir que
la misma fue decretada por el a quo; sin embargo, no pudo ser
practicada por la falta de un documento solicitado por un
funcionario de esa entidad, esto es, el plano del inmueble objeto de
avalúo georrefenciado con escala gráfica, por cuanto para esa fecha
el predio ya había sido englobado, por lo que jurídicamente no
existía el bien expropiado.
Al respecto, debe precisarse que si bien el juez puede decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento
de la verdad, ello obedece a una facultad y no a un deber, puesto
que, en primera medida, corresponde a las partes interesadas en la
prueba promover tal actuación, y, en segunda medida, la carga de
desvirtuar el avalúo técnico que brindó soporte legal y fáctico al
acto administrativo que ordenó la expropiación administrativa recae
en la parte demandante, sin que pueda ser trasladada a la
autoridad judicial a cargo de la dirección o decisión del proceso50,
razón por la cual no le asistió razón al demandante al sostener que
49
Folios 18 a 20 del C. Apelaciones.
50
Ver sentencia de 18 de abril de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 15001-23-31-000-
2007-00556-01 (acumulados 15000-23-31-002-2007-00710-01 y 15000-23-31-001-2008-00069-
01).
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el fallo recurrido desatendió su deber de promover y realizar toda la
actividad probatoria.
Ahora, en lo correspondiente al argumento del recurrente, de que la
prueba trasladada que reposa en el proceso, de un avalúo
practicado por el IGAC, sobre el inmueble ubicado en la Carrera 42
No.6-29 de Duitama, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento, radicado bajo el núm. 2010- 01231, es prueba
suficiente para demostrar el error grave en que incurrió el perito
nombrado por el Tribunal, para la Sala, se trata de una afirmación
subjetiva de la parte actora, ya que no cuestionó los fundamentos
esbozados por el a quo para señalar que dicha prueba no tenía
incidencia en el caso sub examine, pues el apelante simplemente se
limitó a señalar que la abismal diferencia entre el avalúo objetado y
el practicado por dicha entidad oficial es prueba suficiente para
demostrar el error grave en que incurrió el Auxiliar de Justicia
ACUÑA, sin aducir argumentos con elementos probatorios, que
permitan constatar la veracidad de las cifras expuestas en ese avalúo
del IGAC, la necesaria relación de causalidad que debe existir entre la
suma cuyo reconocimiento se procura y la medida expropiatoria, que
conduzca a demostrar la corrección del justiprecio del avalúo del
IGAC y que entraña, obviamente, la incorrección del avalúo oficial,
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así como del referido dictamen pericial elaborado por el Auxiliar
Judicial, en este proceso.
No obstante lo anterior, la Sala estima que le asistió razón al a quo
cuando estimó que en el dictamen pericial, rendido dentro del
referido expediente radicado bajo el núm. 2010- 01231, se avaluó
un predio que se encontraba en condiciones diferentes al inmueble
bajo estudio de este proceso, pues si bien es cierto que presentan
ciertas similitudes, como lo es que los predios pertenecen al mismo
barrio, -Villa Rouss-, en el municipio de Duitama, también lo es que
el inmueble de aquel proceso tiene un área de 6.600 m2, una forma
geométrica trapezoidal y se encuentra localizado en uno de los
sectores más representativos del municipio de Duitama, esto es, el
corredor vial de la Autopista Norte – Sogamoso, zona que se ha
consolidado en actividades de usos mixtos con parqueaderos para
vehículos de carga pesada, talleres de mercancía y estaciones de
servicio, entre otras actividades; mientras que el inmueble, objeto
de estudio dentro del presente proceso, tiene un área de 1.027, 36
m2 y una forma rectangular irregular, es decir, unas características
físicas diferentes.
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Ciertamente, en el citado dictamen pericial rendido por el IGAC,
dentro del referido expediente radicado bajo el núm. 2010- 01231,
se estableció lo siguiente:
“[…]
1.11. DESTINACIÓN ACTUAL: Para el año 2009 de
acuerdo a la documentación suministrada para este estudio
y a lo indicado por el propietario del inmueble, en el terreno
funcionaba un parqueadero de vehículos articulados (tracto
camiones).
[..]
7. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO A
02 DE MARZO DE 2009
7.1.1. UBICACIÓN: El predio objeto de avalúo se
encontraba localizado en el caso urbano de la ciudad de
Duitama, más exactamente con frente sobre la Autopista
Norte, vía que comunica a Bogotá con Sogamoso y por la
cual circula la gran mayoría del transporte pesado del
municipio y de todo el gran sector industrial del norte de
Boyacá.
7.1.2. ÁREAS:
FUENTE ÁREA
(M2)
INFORMACIÓN CATASTRAL 6.590,00
FOLIO DE MATRÍULA 6.600,00
INMOBILIARIA
ÁREA ADOPTADA 6.600,00
El área adoptada es de 6.600,00 m2; debido a, que es la
que corresponde a la reportada en el folio de matrícula
inmobiliaria.
[…]
7.1.5. FORMA GEOMÉTRICA: El terreno es de forma
geométrica trapezoidal.
[…]
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10. CONSIDERACIONES
Adicionalmente a las características más relevantes de la
propiedad, expuestas en los capítulos anteriores, se han
tenido en cuenta en la determinación del valor comercial las
siguientes consideraciones generales:
La ubicación del inmueble materia de estudio en el
Municipio de Duitama, departamento de Boyacá, localizado
en uno de los sectores más representativos de la ciudad
como lo es el corredor vial de la Autopista Norte o Autopista
Bogotá – Sogamoso (Carrera 42); de gran importancia
debido a todas las actividades que allí se desarrollan,
específicamente Duitama es catalogada como la ciudad
transportadora de Boyacá. Ese eje vial se caracteriza por
ser el más transitado por camiones de carga y vehículos
articulados (tracto camiones), vía que desde hace varios
años se ha consolidado con actividades de uso mixto, como
parqueaderos especializados para carga pesada, industria,
talleres de mecánica, estaciones de servicio, locales de
repuestos, etc.
[…]
La ubicación específica del inmueble, localizado con frente a
la Carrera 42 Autopista Norte Bogotá Sogamoso, siendo la
vía intermunicipal más transitada e importante del
municipio ya que por esta vía circula todo el tráfico pesado,
transporte público y particular que va a los municipios de
Nobsa, Tibasosa, Sogamoso, Paz del Rio, etc.
[…]”.
Para la Sala, dichas diferencias en las características de los predios,
objeto de análisis dentro del dictamen pericial del IGAC y el bajo
estudio en este proceso, resultan ser relevantes para la
determinación del valor comercial de los inmuebles, en virtud de lo
previsto en el artículo 22 del Decreto 1420, el cual prevé lo
siguiente:
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“[…] Artículo 22.- Para la determinación del valor
comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por
lo menos las siguientes características:
A.- Para el terreno:
1.- Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y
forma. […]”.
De ahí, que no cabe duda que le asistió razón al fallador de primera
instancia, respecto a lo argumentado sobre la citada prueba
trasladada, practicada por el IGAC.
Así las cosas, la Sala considera que la parte actora no cumplió con
la carga procesal de demostrar que el valor comercial del inmueble,
calculado en el avalúo oficial por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,
era equivocado e incorrecto, ni mucho menos que el precio de la
indemnización debía ser mayor al valor indemnizatorio señalado en
el fallo recurrido, que fue sustentado con el dictamen pericial
elaborado por el Auxiliar de justicia, como lo adujo en el recurso de
apelación.
De otra parte, se tiene que la parte actora, en su recurso de
apelación, también expresó que nada se resolvió respecto al
demandado, Municipio de Duitama, que ni siquiera se le condenó
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solidariamente al pago del monto señalado como indemnización a
título de restablecimiento del derecho.
Frente a ello, cabe advertir que teniendo en cuenta que en la
sentencia apelada el a quo incurrió una violación del derecho al
debido proceso de la parte demandada, en razón del
desconocimiento del principio de congruencia y que los
demandantes no cumplieron con la carga procesal de demostrar
que el valor comercial del inmueble, calculado en el avalúo oficial
por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE, era equivocado e incorrecto, ni
acreditaron que el valor de la indemnización era superior al
precio presentado en el avalúo realizado por el Perito RICARDO
HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ, el cual además consideraron errado,
no hay lugar a pronunciarse sobre la condena solidaria frente al
Municipio de Duitama o los argumentos de la demandada sobre la
condena impuesta en primera instancia, en tanto se procederá a
revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se denegarán las
pretensiones.
En este orden de ideas, la Sala considera que en la expedición del
fallo que se analiza, el a quo incurrió en una flagrante violación del
principio de congruencia y, por ende, el de defensa y contradicción
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de las demandadas, y, además, como se determinó en líneas
anteriores por la Sala, los demandantes no cumplieron con la carga
procesal de demostrar que el valor comercial del inmueble,
calculado en el avalúo oficial por CAMACOL BOYACÁ-CASANARE,
era equivocado e incorrecto, ni mucho menos acreditaron que el
precio señalado en el avalúo realizado por el Perito RICARDO
HUMBERTO ACUÑA SÁNCHEZ fuere mayor al arrojado por el
avalúo oficial, por lo que debe tenerse como válido, creíble y
debidamente fundamentado el referido avalúo oficial que sirve de
sustento a las resoluciones acusadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la parte actora, quien tenía la
carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo.
Cabe destacar y reiterar que esta Sección ha sostenido que al haber
sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo, este
goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido, creíble
y fundamentado, por lo que correspondía a la parte demandante
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones, conforme se precisó en
la citada sentencia de 15 de agosto de 201951, lo cual no hizo.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-
2011-00196-01.
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Además de lo anterior, es del caso aclarar que pese a que es cierto
que la Jurisprudencia ha estimado que la indemnización que se
reconoce a quienes se ven afectados con la expropiación, tiene
carácter reparatorio y debe comprender no sólo el precio comercial
del bien sino los demás perjuicios que pudieron causarse con tal
medida, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, es deber
del interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de
causalidad con la expropiación decretada, lo que no ocurrió en el
asunto de la referencia 52 , por lo que a la administración solo le
correspondía el pago de lo establecido en el avalúo practicado a
instancia suya.
En conclusión, ninguno de los cargos planteados por la parte
demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos
acusados, razón por la cual la Sala revocará la decisión de primera
instancia y, en consecuencia, se denegaran las pretensiones de la
demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
julio de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-
2013-01598-01.
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En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta
asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la
actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y, en consecuencia,
DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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