Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00201-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2015-00201-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2015-00201-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: ÁNGELA ADRIANA ZULUAGA GÓMEZ
Demandado: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se concedieron parcialmente
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. La señora Ángela Adriana Zuluaga Gómez, a través de apoderado y en ejercicio
de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERO: Declarar la nulidad del ARTÍCULO TERCERO, en concordancia con
el Artículo Primero de la Resolución 0850 del 03 de Junio de 2014 expedida por el
Alcalde de El Municipio de EL Carmen de Viboral, en la cual fijó el valor de la
indemnización por la expropiación ordenada en el artículo primero, sobre parte del
inmueble ubicado en la calle 30 N° 27 - 44 de la nomenclatura urbana del municipio
de EL CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA), identificado con la matrícula
inmobiliaria 018 – 66777, y cuyos linderos aparecen en la Escritura Pública No. 177
del 14 de febrero de 1994 de la Notaría Única de El Carmen de Viboral, de propiedad
de la Sra. ÁNGELA ADRIANA ZULUAGA GÓMEZ; el precio de la indemnización fue
fijado en la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($129.263.374).
SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración de nulidad parcial de la (sic)
Carmen de Viboral debe pagar a la señora ÁNGELA ADRIANA ZULUAGA GÓMEZ
como consecuencia de la expropiación administrativa realizada sobre el inmueble
descrito y que ella refleje el valor de la indemnización teniendo en cuenta la realidad
comercial del inmueble expropiado, el sector en el cual se encuentra ubicado que
conforme al Plan de Desarrollo y el PBOT puede ser destinado para construcción de
vivienda tipo familiar hasta de cinco (5) pisos, construcción tipo comercial (locales y/o
oficinas) y aún bodegas tipo industria mediana (no contaminantes ni ruidosa) por que
está calificado el inmueble como suelo de uso múltiple y porque su distancia de la
1
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 2 y siguientes.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
2
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
PLAZA PRINCIPAL es solo de 180 metros que lo hace excepcionalmente valioso
para cualquiera de estas destinaciones. “(El metro cuadrado en el marco de LA
PLAZA PRINCIPAL oscila entre $3.000.000 y $4.000.000 conforme
negociaciones realizadas en el último año); por tanto estas consideraciones son
fundamento para determinar que comercialmente el lote expropiado tiene un valor
total de seiscientos setenta y dos millones ochocientos ochenta y siete mil
quinientos cincuenta y seis pesos ($672.887.556).”
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración se solicita condenar al
Municipio de El Carmen de Viboral a pagar la suma de Quinientos Cuarenta y Tres
millones Seiscientos Veinticuatro mil Ciento Ochenta y Dos pesos ($543.624.182)
que corresponde a la diferencia entre el valor estimado y pagado como indemnización
en la Resolución 0850 del 03 de junio de 2014 ($129.263.374) y el valor de la
indemnización que hemos estimado razonadamente en $ 672.887.556, o la diferencia
que se acredite en el proceso.
CUARTO: Ordenar al Municipio de El Carmen de Viboral que conforme al Código de
lo Contencioso Administrativo y Código de Procedimiento Administrativo cumpla con
la condena impuesta en los términos y condiciones establecidos. (art.195 C.C.A). Así
mismo que se indexen los valores reconocidos.
QUINTO: Que el Municipio de EL CARMEN DE VIBORAL sea condenado a las
costas y agencias de derecho correspondientes […]” (negrilla del texto).
I.1.2. Los hechos
2. Explicó que era propietaria de un lote de terreno de mayor extensión, con un
área de 1.084,79 m², ubicado en la calle 30 # 27-44 del municipio de El Carmen de
Viboral, identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 018-66777. Ese predio se
encontraba localizado aproximadamente a 180 metros de la plaza principal y sus
linderos constan en la escritura pública núm. 177 de 14 de febrero de 1994 de la
Notaría Única de ese municipio.
3. Señaló que el municipio ordenó la expropiación de una porción del inmueble
correspondiente a 581,50 m², con el propósito de construir la vía circunvalar. Por lo
tanto, quedó como área remanente un lote de 503,29 m², cuyos linderos fueron
definidos en la ficha técnica elaborada por la Secretaría de Hacienda del municipio.
4. Manifestó que el municipio de El Carmen de Viboral inició el procedimiento
administrativo de adquisición predial mediante enajenación voluntaria y,
posteriormente, por vía administrativa, a través de la Resolución núm. 0415 de 19
de febrero de 2014, expedida por el alcalde municipal, respecto del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 018-66777.
5. Indicó que la oferta de compra se fundamentó en el avalúo 2013-4, elaborado
por la Corporación Avalúos el 20 de agosto de 2013, el cual fijó el valor del inmueble
en la suma de $129.263.374.
6. Afirmó que, una vez notificada de la oferta mediante aviso de 7 de marzo de
2014, manifestó su inconformidad con el referido avalúo.
7. Indicó que solicitó un avalúo comercial a la firma Avaluadores Profesionales,
elaborado conforme a la normatividad del IGAC y la Resolución 620 de 23 de
septiembre de 20083, el cual tomó como referencia diferentes inmuebles negociados
3
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
3
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en el área urbana del municipio. Dicho estudio estableció un valor de $1.100.000
por metro cuadrado.
8. Indicó que el municipio expidió la Resolución núm. 0850 de 3 de junio de 2014 4,
mediante la cual ordenó la expropiación administrativa de la franja de terreno
requerida para la obra. Posteriormente, consignó a su favor en el Banco Agrario el
monto de la indemnización.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
9. La parte demandante sostuvo que la Resolución núm. 0850 de 3 de junio de
2014 se encuentra falsamente motivada, incurre en desviación de poder y vulnera
los artículos 29 y 58 de la Constitución Política; 61, 67 y 68 de la Ley 388 de 18 de
julio de 19975; el Decreto 1420 de 24 de julio de 19986; y los artículos 6, 7, 10 y 11
de la Resolución IGAC 620 de 2008, así como los principios de mayor y mejor uso,
anticipación y precio justo.
i) Violación de las normas sustantivas en que debía fundarse la decisión
10. Afirmó que la administración fijó el valor de la indemnización con fundamento
en un avalúo que desconoció el valor comercial real del inmueble, pese a que los
artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 1997 disponen que el precio de adquisición debe
corresponder a dicho valor, determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, de
conformidad con la reglamentación vigente.
11. Indicó que el valor reconocido por el municipio representaba apenas una
fracción del valor comercial del inmueble, razón por la cual la administración
desconoció los principios del precio justo y anticipación que deben regir los procesos
de expropiación administrativa. En virtud del último principio, el valor de un bien se
fija atendiendo los beneficios o ingresos futuros que pueden derivarse de la
propiedad.
12. Explicó que el avalúo oficial únicamente utilizó uno de los métodos valuatorios
y no tuvo en cuenta la condición del inmueble como “suelo de uso múltiple”, su
ubicación, la cercanía a vías y construcciones existentes, la infraestructura de
servicios públicos, la cercanía a la plaza principal y la ubicación frente a la Casa de
Justicia.
ii) Falsa motivación
13. Sostuvo que el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos se sustentó
únicamente en el valor del metro cuadrado y omitió considerar factores
determinantes para establecer el verdadero valor comercial del inmueble. En ese
sentido, manifestó que el estudio no tuvo en cuenta las condiciones particulares del
predio.
4
“[…] POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE UN INMUEBLE CON TODAS SUS
MEJORAS Y ANEXIDADES […]”.
5
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9a de 1989, y la Ley 3a de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
6
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos. […]”.
4
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14. Añadió que el avalúo tampoco aplicó adecuadamente la metodología de
comparación de mercado, pues tomó como referente proyectos urbanísticos que no
eran comparables con el inmueble objeto de expropiación, especialmente la
Urbanización San Fernando.
15. Señaló que el estudio omitió valorar el potencial económico derivado del uso
permitido del inmueble y desconoció principios técnicos de la valuación,
particularmente el principio del mayor y mejor uso, conforme al cual el inmueble
debe valorarse atendiendo al uso económicamente más rentable permitido por la
normativa urbanística.
16. Mencionó que acudió a un segundo avalúo elaborado por la firma Avaluadores
Profesionales, el cual fue realizado con fundamento en la Resolución 620 de 2008
del IGAC y concluyó que el valor comercial del inmueble ascendía a $672.887.556,
valor superior al reconocido por la administración.
17. Complementó que el avalúo oficial no reconoció suma alguna por concepto de
daño emergente y lucro cesante, pese a que la indemnización por expropiación
debía comprender los perjuicios causados al propietario. Por lo tanto, los motivos
consignados en el acto demandado transgreden la “[…] Resolución 620 de 2008,
art. 6,7,10,11 y concordantes. Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Dto. 420 de 1998
(sic) […]”.
iii) Desviación de poder
18. Anotó que el municipio ejerció la facultad de expropiación con desconocimiento
de la finalidad prevista por la ley, toda vez que fijó una indemnización que no
correspondía al valor comercial del inmueble ni garantizaba el pago de un precio
justo al propietario.
19. Expuso que el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos carecía del rigor
técnico necesario y omitió reconocer los componentes indemnizatorios derivados
de la expropiación. Por ende, la administración ejerció la potestad expropiatoria
apartándose de los fines para los cuales fue conferida, al imponer una
indemnización considerablemente inferior al valor comercial del inmueble.
iv) Transgresión de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada
por la delimitación del área expropiada
20. Informó que el Acuerdo Municipal núm. 043 de 2 de junio de 20107 declaró de
interés social y utilidad pública varios inmuebles, entre ellos el de la demandante.
En dicho acuerdo se indicó que el predio de mayor extensión tenía un área de 861
metros cuadrados y que el área aproximada a afectar era de 161,09 metros
cuadrados.
21. Argumentó que la Resolución núm. 0850 de 3 de junio de 2014 modificó
sustancialmente esos datos, pues señaló que el área del inmueble de mayor
extensión era de 1.084,79 m2 y ordenó la expropiación de una franja de 581,50 m2.
7
“[…] POR EL CUAL SE DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL UNOS BIENES INMUEBLES, SE
FACULTA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
NECESARIOS PARA SU ADQUISICIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]”.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Esa diferencia significó que el municipio expropió 420,41 m2 adicionales que no
habían sido declarados de interés social y utilidad pública, lo que quebranta los
derechos a la propiedad y al debido proceso.
22. Advirtió que la expresión “[…] área aproximada a afectar […]” no podía
entenderse como una facultad ilimitada para aumentar el área expropiada, dado que
el municipio solo podía aproximar el área de 161,09 m2 a 161,1 m2 o a 161,00 m2,
pero no podía ampliarla hasta 581,50 m2.
23. Afirmó que la “[…] alternativa lógica, jurídica y que respeta el Debido Proceso
es que se acuda al CONCEJO MUNICIPAL, para que adicione, corrija y reforme
parcialmente el Acuerdo 043 de 2010, Artículo 1., en lo referente al área del
inmueble expropiado a la Sra. Ángela Adriana Zuluaga Gómez por medio de la
Resolución 0850 del 03 de Junio de 2010 (sic), distinguido con la Matrícula
Inmobiliaria 018-66777 de la Oficina de Registro de Marinilla y que en el listado del
Acuerdo 043 aparece con el número 42, para que se indique que el Área exacta del
lote a expropiar (que a la vez se declara de interés social y utilidad pública) es de
581.50 metros cuadrados que se segregan de un inmueble de mayor extensión y
no 161,09 metros cuadrados que por error en la mensura se aprobó así en el
Acuerdo Municipal […]”.
v) El precio indemnizatorio justo
24. Planteó que la indemnización por expropiación administrativa debe ser justa,
equitativa y objetiva, conforme a las reglas del mercado. Además, tenía que fijarse
consultando los intereses de la comunidad y del afectado, según lo dispuesto en el
artículo 58 superior. Por regla general, esa indemnización comprende el daño
emergente y el lucro cesante, de manera que el municipio no podía fijar una
indemnización irrisoria ni desconocer el valor comercial real del inmueble.
vi) Omisiones en el desarrollo de la etapa previa de negociación
25. Indicó que, si no existía una verdadera negociación conforme a lo reglado en
los artículos 67 y 68 de la Ley 388 de 1997 como ocurrió en el caso concreto, la
administración no podía limitarse a reiterar el avalúo utilizado en la etapa de oferta,
dado que la entrevista de la etapa de negociación se adelantó con un tercero que
no exhibió poder con facultades de representación ni autorización para negociar.
I.2. Contestación de la demanda
I.2.1. Municipio de El Carmen de Viboral8
26.La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto consideró
que el acto administrativo se expidió con observancia de las normas que regulan la
adquisición y expropiación administrativa de inmuebles.
8
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 132 y siguientes.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
27.Señaló que según la Resolución núm. 1638 de 25 de julio de 20139 “[…] es
deber de la Administración Municipal implementar las medidas necesarias con el fin
de mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad en la zona urbana del
Municipio, así como la implementación de procesos urbanísticos que atienda las
necesidades de la ciudadanía general […]”.
28. Indicó que previamente al inicio del procedimiento expropiatorio, expidió el
certificado de disponibilidad presupuestal núm. 1546 del 9 de octubre de 2013, con
el propósito de garantizar los recursos destinados a la adquisición de los inmuebles
requeridos para la ejecución del proyecto vial denominado “[…] Vía Circunvalar
Oriental […]”.
29. Resaltó que el avalúo comercial del inmueble fue elaborado por la Corporación
Avalúos y el estudio se realizó con fundamento en la documentación suministrada.
Ese avalúo se practicó conforme a los criterios técnicos aplicables y utilizando el
método de comparación o de mercado, para lo cual se analizaron ofertas,
transacciones e información de inmuebles comparables. Incluso el perito dejó
constancia de las restricciones propias del estudio y concluyó que el valor comercial
del inmueble ascendía a $129.263.374.
30. Expuso que, con fundamento en dicho avalúo, el municipio expidió la
Resolución núm. 0850 de 3 de junio de 2014, mediante la cual ordenó la
expropiación administrativa de una franja de 581,50 m² del inmueble de propiedad
de la demandante. Esa resolución se notificó por aviso el 12 de junio de 2014 sin
que la demandante presentara recurso de reposición.
31. Sostuvo que durante el procedimiento de enajenación voluntaria y de
expropiación administrativa no se vulneró el debido proceso ni se configuraron los
vicios de falsa motivación o desviación de poder alegados por la parte demandante,
toda vez que el avalúo fue elaborado por una entidad técnicamente idónea y la
administración actuó conforme a las normas que regulan la materia.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
32. Mediante providencia de 18 de febrero de 201510, el magistrado sustanciador
admitió la demanda y ordenó la notificación de la entidad demandada y del
Ministerio Público.
33. Por auto de 19 de agosto de 201511, el despacho sustanciador negó la medida
cautelar solicitada por la parte demandante.
34. En providencia de 29 de febrero de 201612, se decretaron las pruebas del
proceso.
9
“[…] Por la cual se declara situación de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino a la construcción de la vía
circunvalar, tramo oriental […]”.
10
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 18 y siguientes.
11
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO MEDIDA CAUTELAR CT(.pdf)
NroActua 13”.
12
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 291 y siguientes.
7
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
35. Mediante el auto de 4 de mayo de 201613 se dejó sin efecto la decisión contenida
en el numeral 2 del auto que decretó las pruebas y ordenó poner en conocimiento
el dictamen pericial aportado con la demanda para garantizar el derecho de defensa
y contradicción de las partes.
36. El 26 de mayo de 201614 se llevó a cabo la audiencia de pruebas. Además, se
dio el traslado para alegar de conclusión.
37. Mediante escrito de 31 de mayo de 201615, la parte demandada presentó sus
alegatos de conclusión.
38. En providencia de 27 de marzo de 201716 se decretó una prueba de oficio con
el fin de establecer el valor comercial de las franjas de terreno que fueron objeto de
expropiación.
39. Por medio del auto de 16 de marzo de 201817 se nombró al señor Rubén Darío
Arenas como perito, el cual allegó por escrito de 22 de junio de 201818 el avalúo
requerido.
40. En auto de 10 de julio de 201819 se dejó en conocimiento el dictamen allegado
y se fijó fecha para la audiencia.
41. El 22 de enero de 201920 se llevó a cabo la diligencia de contradicción del
dictamen pericial decretado.
42. Por auto de 10 de marzo de 202021 se decretó como prueba de oficio el traslado
de las pruebas practicadas en el proceso con radicación núm. 05001-23-33-000-
2014-01080-0022.
43. En providencia de 9 de febrero de 202123 se puso en conocimiento la prueba
trasladada a las partes interesadas.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
44. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia de 24 de marzo de 202124, accedió a las pretensiones de la demanda en
los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo tercero de la Resolución No. 850
del 3 de junio de 2014 proferida por el municipio de El Carmen de Viboral, que fijó el
precio de la indemnización a pagar a la demandante por la franja de terreno (581.50
m2), segregada del bien de mayor extensión identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 018-66777 de propiedad de la señora Ángela Adriana Zuluaga Gómez.
13
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 298 y siguientes.
14
Ibidem. Página 309 y siguientes.
15
Ibidem. Página 2.
16
Ibidem. Página 26.
17
Ibidem. Página 52.
18
Ibidem. Página 59.
19
Ibidem. Página 93.
20
Ibidem. Página 98 y siguientes.
21
Ibidem. Página 114 y siguientes.
22
Mediante correo de 18 de noviembre de 2020 se indicó que la información quedó registrada en la página de la Rama
Judicial.
23
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
13”. Página 124.
24
Cfr. Índice 11 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C02_44 FALLO(.pdf) NroActua 11”.
8
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Municipio de El
Carmen de Viboral, pagar a la señora Ángela Adriana Zuluaga Gómez, la suma de
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS ($73.703.381), correspondientes a la diferencia entre el
valor que se debió pagar a la demandante y el valor que le fue entregado.
TERCERO: La suma anterior deberá ser indexada conforme al índice de Precios al
Consumidor en consideración al artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la
siguiente fórmula que viene siendo utilizada por esta Jurisdicción y que tiene por
objeto traer a valor presente las sumas a pagar:
R= Rh índice final
Índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que
es la cantidad a pagar, por la suma que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el Dane (vigente a la fecha de ejecutoria de la sentencia)
por el índice inicial (vigente a la fecha en que debió efectuarse el pago).
CUARTO: NO SE CONDENA EN COSTAS de conformidad con lo dicho en las
consideraciones de esta providencia.
QUINTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO: Se acepta la renuncia del poder realizada por el apoderado del municipio
demandado, doctor Rodrigo Orozco Montoya.
SÉPTIMO: Se le reconoce personería a la abogada Marcela Tamayo Arango con T.P.
68.634 del C.S. de la J., para que continúe con la representación del municipio de El
Carmen de Viboral, con las facultades otorgadas en el memorial presentado el 25 de
febrero de 2020.
OCTAVO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente […]”
(negrilla del texto).
45. Previo a analizar el avalúo oficial, el tribunal advirtió que los dictámenes
periciales rendidos por los peritos Gilber Grajales Betancur y Rubén Darío Arenas
Naranjo no demostraban que el precio indemnizatorio reconocido fuese errado, por
cuanto estos presentan falencias técnicas que impiden su consideración.
46. Señaló que el dictamen aportado con la demanda utiliza el método de
comparación o de mercado, el cual determina el valor del bien “[…] mediante
información obtenida de transacciones, ofertas y avalúos de inmuebles recientes
dentro del mercado local […]”. Sin embargo, al analizar el avalúo se advierte que se
mencionó una “[…] encuesta […]” y un cuadro de valores, pero no se presentó
información adicional que permitiera identificar la dirección, el folio de matrícula
inmobiliaria o si el valor reportado corresponde a una oferta o a una transacción
verificable.
47. Respecto del dictamen decretado de oficio, explicó que este fue elaborado el 18
de junio de 2018 y utilizó el método de comparación o de mercado. No obstante, al
verificarse la fundamentación de este se indicó que “[…] para efectos del presente
avalúo se han tomado condiciones actuales de mercado […]” lo que implicaría que
se tomaron las condiciones del año 2018 y no del año 2013 en el que se realizó el
avalúo oficial y con fundamento en el cual se pagó la parte del bien expropiado.
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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
48. Además, el avalúo elaborado por el auxiliar de la justicia presenta una relación
de 3 bienes inmuebles, pero no precisa si corresponden a transacciones reales,
ofertas o simplemente a estimativos de su valor. En todo caso destacó que esos
valores corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.
49. Consideró que ambos dictámenes presentan valores elevados del bien
expropiado, pues el allegado con la demanda “[…] presentó una valoración por
metro cuadrado de $1.100.000 y un valor total del terreno de $637.391.000,
mientras que el rendido por el perito Rubén Darío Arenas Naranjo, señala un valor
por metro cuadrado para el año 2013 de $1.608.857 y un valor de $935.550.346
para la parte expropiada del bien […]”.
50. Acto seguido destacó que el avalúo oficial que sirvió de fundamento para el
reconocimiento de la indemnización adoptada a través de la Resolución núm. 0850
de 3 de junio de 2014, no se ajustó a las exigencias previstas en la normativa
aplicable, lo cual conduce a la afectación del precio indemnizatorio.
51. Explicó que “[…] en el mismo proceso expropiatorio que tenía que ver con la
construcción de una vía denominada circunvalar en El Carmen de Viboral, se
adelantó otro proceso en el Despacho de la doctora Beatriz Elenea Jaramillo Muñoz
del Tribunal Administrativo de Antioquia, proceso radicado con el número 05001
2333 000 2014 0080 01 […]”.
52. Señaló que el proceso 2014-0080-01 se refiere a la misma obra pública, y al
momento de proferir la sentencia de segunda instancia en providencia del 13 de
octubre de 201625 la Sección Primera de esta Corporación hizo las siguientes
observaciones al dictamen oficial:
“[…] Al confrontar el avalúo oficial con las reglas contenidas en el Decreto 1420 de
1998 y en la Resolución 620 de 2008 del IGAC, encuentra la Sala que le asiste razón
al recurrente al afirmar que dicho avalúo carece de las exigencias establecidas para
adelantar una labor de este tipo conforme al método de comparación o de mercado.
En efecto, la mencionada técnica valuatoria busca establecer el valor comercial del
bien a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes
y comparables al del objeto de avalúo, requisito esencial que no se cumplió en este
caso, puesto que se efectuó la comparación utilizando como ejemplo casas (algunas
de interés social), bienes inmuebles éstos distintos al expropiado, que corresponde a
un lote de terreno plano sin construcción. Y aunque en el avalúo, en tratándose de las
casas, se individualizó el valor del terreno y el valor de la construcción, es claro que no
es equiparable el valor de un terreno ya utilizado para la construcción de vivienda con
el valor de un terreno que, como lo señala el mismo avalúo, tiene como uso potencial
“actividades múltiples” y no solo vivienda.
Además de lo anterior, encuentra la Sala que el actor, contrario a lo sostenido por el
Tribunal de primera instancia, sí demostró otras incorrecciones en el avalúo oficial,
entre las que se destaca la falta de indicación de la reglamentación urbanística
municipal vigente respecto del inmueble objeto de avalúo, requisito éste indispensable
en la determinación del avalúo comercial de acuerdo con lo previsto en el artículo 21
del Decreto 1420 de 1998. Este elemento del avalúo comercial sí aparece señalado en
el dictamen de parte aportado al proceso, en el cual se indica que “[d]e conformidad
con el Acuerdo 074 de 2007, por medio del cual se ajusta y se revisa el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial PBOT del municipio, el inmueble avaluado se encuentra
ubicado en la Unidad Espacial de Funcionamiento UEF CENTRO”, y que el inmueble
de la referencia posee la siguiente normatividad: “Clasificación del Suelo: Urbano”;
25
Citado de la sentencia de primera instancia. Cfr. Rad. 05001233300020140108001, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
10
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
“Tratamiento: Uso de actividad múltiple”, en el que se permite el uso institucional,
comercial y residencial.
De otro lado, también encuentra la Sala que en el avalúo oficial a pesar de que se
acudió a información de ofertas, no se hizo mención explícita de la fecha de publicación
del medio del cual se obtuvo la información (art. 10° de la Res. 620 de 2008), lo que
impide determinar si se trata o no de ofertas transacciones recientes que puedan servir
de soporte válido de la comparación efectuada. Así mismo, el avalúo oficial carece de
información relativa al tipo de construcciones en la zona y a la infraestructura vial y
servicios de transporte en la zona, la cual es relevante en la determinación del avalúo
comercial del inmueble objeto de expropiación, conforme al artículo 22 del Decreto
1420 de 1998.
Finalmente, aunque en el avalúo se afirma que “[p]ara el análisis del inmueble se
evalúan diferentes factores tanto positivos como negativos que afectan el inmueble e
influyen directamente en el valor por metro cuadrado de éste, basados en la
consideración de las características físicas del área, topografía y usos factibles según
el PBOT”, no se especifican cuáles son esos factores ni se hace ninguna valoración de
ellos.
Así las cosas, es claro para la Sala que el avalúo oficial no se ajusta en estricto rigor a
las exigencias establecidas en la normativa jurídica sobre elaboración de avalúos
comerciales, puesto que carece de la fundamentación técnica necesaria y suficiente
que soporte sus conclusiones. Esta circunstancia, como se ha puesto de presente en
otras oportunidades frente a casos similares, conduce a que se afecte negativamente
el precio indemnizatorio y se vulnere por ende el derecho del particular a la
indemnización plena, debiéndose fijar nuevamente el (sic) dicho precio conforme al
procedimiento ordenado expresamente en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
En efecto, en Sentencia del 26 de septiembre de 2013, reiterada el 28 de agosto de
2014, la Sala refiriéndose a este punto precisó que “[c]omo el avalúo practicado dentro
del proceso de expropiación administrativa objeto de este litigio no cumple con los
requisitos reseñados y, teniendo en cuenta que este constituye la herramienta de la
cual se sirve la Administración para fijar el precio de adquisición del inmueble y que su
falta de rigurosidad afecta negativamente el precio indemnizatorio, se vulnera el
derecho a la indemnización plena que tiene el particular”. Y agregó que “cuando en un
caso como el presente se comprueba que el avalúo realizado es irregular por no cumplir
con los mínimos técnicos, el precio indemnizatorio tiene que ser nuevamente fijado” y
que, en consecuencia, “se deberá proceder conforme lo dispone el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, para que el Tribunal de origen realice la diligencia de que trata el
literal b) del numeral 7 de ese artículo, de forma tal que se profiera el correspondiente
auto de liquidación y ejecución de la sentencia […]”.
53. Realizó una comparación entre los dos dictámenes y concluyó que era el mismo
dictamen y que en referencia al valor del metro cuadrado coincide el valor del bien
determinado en aquel proceso y el asignado en este por la suma de $183.796 por
metro cuadrado.
54. Precisó que, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sección dentro del
proceso con radicado 05001-23-33-000-2014-01080-01, se practicó un nuevo
dictamen pericial, incorporado al expediente y elaborado previa inspección judicial
al inmueble. Dicha experticia determinó que el valor del m2 del predio ascendía a
trescientos diez mil quinientos cuarenta y tres pesos ($310.543), correspondiente a
la época en que se surtió el procedimiento de expropiación y se formularon las
ofertas de compra, esto es, el año 2013.
55. Señaló que dicho dictamen se presentó el 1.º de junio de 2017 y se aclaró que
para su elaboración se tuvo en cuenta la fecha en la que se adelantó el proceso de
expropiación.
11
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
56. Indicó que se utilizó el método de comparación del mercado, se tomó como
referencia la oferta y la demanda de inmuebles en el mismo sector, se describió la
ubicación del predio, el acceso a servicios públicos, el transporte, el área del terreno,
el uso, la topografía y el potencial del predio en términos de mayor y mejor uso,
entre otros elementos. El mencionado dictamen se sustentó en audiencia pública
en la cual el perito explicó de manera detallada las razones por las cuales se
determinó el valor de $310.543 por m2 para el bien.
57. Consideró que era pertinente adoptar para el caso el dictamen que se practicó
en el proceso con radicación núm. 0500-23-33-000-2014-01080-00, al evidenciarse
que el avalúo oficial no se ajustó a las normas establecidas para su elaboración, en
lo que se refiere al valor del m2 del terreno.
58. En consecuencia, el tribunal declaró la nulidad del artículo 3 de la Resolución
0850 de 3 de junio de 2014, en relación con el precio de la indemnización pagada a
la parte demandante por el valor del terreno. Aclaró que el precio por m2 del terreno
acogido corresponde a un lote sin construcciones. En relación con el valor de las
celdas de parqueo y un depósito que fueron objeto de valuación de manera
independiente no se modificó su valor.
59. Adicionalmente, negó la condena en costas con fundamento en el artículo 188
de la Ley 1437, adicionado por el artículo 4726 de la Ley 2080 de 25 de enero de
202127, por las siguientes razones:
“[…] Aunque esta última norma solo hace referencia a la condena en costas a la parte
demandante, una interpretación armónica de la misma lleva a concluir que la condena
en costas en materia contenciosa solo opera para la parte actora cuando la demanda
se presenta con manifiesta carencia de fundamento legal o cuando la parte
demandada, en el curso del proceso, ejecuta maniobras dilatorias o que entorpecen
el desarrollo del mismo, lo que no ocurrió en el presente proceso.
De conformidad con lo anterior, considera la Sala que no hay lugar a condenar en
costas en esta instancia a la parte demandada, toda vez que su actuar durante el
trámite del proceso fue acorde a los parámetros legales vigentes. […]”.
60. Mediante auto de 1.º de junio de 202128 la Sala Primera de Decisión corrigió el
ordinal segundo de la sentencia de 24 de marzo de 2021 en los siguientes términos:
“[…] SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena al Municipio de
El Carmen de Viboral, pagar a la señora Ángela Adriana Zuluaga Gómez, la suma
de SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS ($73.703.381), correspondientes a la diferencia entre el
valor que se debió pagar a la demandante y el valor que le fue entregado […]”.
26
“[…] ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal. […]”.
27
“[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción
[…]”.
28
Cfr. Índice 11 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C02_48 AUTO CORRIGE
SENTENCIA(.pdf) NroActua 11”.
12
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
III. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
61. La demandante29 solicitó la revocatoria de los apartes desfavorables de la
sentencia de 24 de marzo de 2021, al considerar que el tribunal de primera
instancia: i) erró en la valoración del dictamen pericial rendido por Rubén Darío
Arenas Naranjo y en la incorporación y análisis de la prueba trasladada elaborada
por Luz Adriana Valencia Mejía; ii) aplicó de forma incongruente el precio
indemnizatorio fijado en el avalúo oficial respecto de las construcciones; y iii) negó
injustificadamente las costas procesales.
i) Valoración errónea del dictamen pericial rendido por Rubén Darío Arenas
Naranjo y de la prueba trasladada elaborada por Luz Adriana Valencia Mejía
62. Consideró que el dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia Rubén
Darío Arenas Naranjo cumplía con las exigencias previstas en la Resolución 620 de
2008 del IGAC, en el Decreto 1420 de 1998 y “[…] en el protocolo de avalúo urbano
publicado por la Agencia Nacional de Infraestructura […]”. Sin embargo, el a quo
exigió al perito requisitos no legales, consistentes en aportar soportes notariales,
catastrales o contractuales de los inmuebles usados como comparables, sin que la
Resolución 620 de 2008, el Decreto 1420 de 1998, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1682
de 2013 prevean dichos requerimientos.
63. Explicó que el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 no impone como
requisito de validez anexar las escrituras públicas o certificados de tradición de los
predios utilizados como referencia.
64. Agregó que el tribunal negó la validez del dictamen porque interpretó que el
perito había tomado valores de mercado de 2018 y no de 2013. Sin embargo, no
valoró que en ese peritaje se utilizaron fórmulas de retroindexación para llevar los
valores a precios de 2013.
65. En criterio del apelante, exigir cotizaciones exactas del año 2013 resultaba
desproporcional porque la práctica del dictamen se produjo años después por
razones atribuibles al trámite judicial desconociendo el término previsto en el artículo
71 de la Ley 388 para fallar estos procesos de forma oportuna. Además, en ese
dictamen se acudió tanto al método de comparación de mercado como al método
residual, sin que el a quo se hubiera pronunciado de fondo sobre este último.
66. Precisó que “[…] La metodología residual es una de las técnicas validas (sic) a
la que pueden acudir expertos de lonjas raíces para determinar el avalúo de un
predio, a diferencia de la homogenización la cual no es una metodología válida para
la realización de avalúos en Colombia según concepto de la Agencia Nacional de
Infraestructura en su protocolo de avalúo de vivienda urbana […]”.
67. Puso de presente que “[…] La tarea de los auxiliares de la justicia avaluadores,
forma parte integral de las normas procesales de orden público según lo estipulado
por el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, representan una garantía técnica y
29
Cfr. Índice 11 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C02_47 RECURSO APELACION(.pdf)
NroActua 11”.
13
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
procesal con las que cuentan los particulares frente al Estado, para salvaguardar el
derecho fundamental al patrimonio privado. […]”.
68. Mencionó que el tribunal aplicó un estándar probatorio desigual, porque
descartó los dictámenes de Gilber Grajales Betancur y Rubén Darío Arenas Naranjo
por supuestas falencias técnicas, pero acogió el dictamen rendido por Luz Adriana
Valencia Mejía en otro proceso, pese a que presentaba defectos graves.
69. Complementó que el dictamen trasladado: i) no aportó soportes notariales,
catastrales o contractuales de las transacciones u ofertas empleadas como
referencia; ii) no identificó las fechas de publicación de las fuentes; iii) no permitió
verificar con claridad el período de indexación; iv) utilizó valores posteriores a la
expropiación para luego retrotraerlos a precios de 2013; v) refirió a inmuebles
ubicados en la UEF Norte, mientras que el predio expropiado se encontraba en la
UEF Centro; vi) incorporó factores de depreciación ajenos a las condiciones del
inmueble objeto del proceso; y vii) aplicó una metodología de homogenización que,
según la demandante, no estaba prevista en la Resolución 620 de 2008 ni en los
protocolos de avalúos urbanos de la Agencia Nacional de Infraestructura.
70. Argumentó que, por todo lo anterior, no podía acudirse al dictamen trasladado
sin incurrir en una valoración probatoria incongruente, especialmente porque la
homogenización fue aplicada de manera desfavorable, pues se utilizaron factores
negativos sin considerar que las diferencias entre los inmuebles también podían
justificar ajustes positivos o mixtos.
71. Indicó que el tribunal incurrió en un yerro de apreciación al considerar
equivalentes el predio expropiado y el inmueble valorado en el dictamen de Luz
Adriana Valencia Mejía. Aunque ambos predios fueron afectados por la misma obra
pública y se encontraban próximos, no eran colindantes, pertenecían a barrios
catastrales distintos y tenían condiciones físicas, urbanísticas y económicas
diferentes. El predio de la demandante estaba ubicado en el barrio La Feria,
mientras que el inmueble usado como referencia en el dictamen trasladado se
encontraba en el barrio El Edén.
72. Explicó que el predio del barrio La Feria tenía explotación económica,
funcionaba como parqueadero, estaba cerca del parque principal de El Carmen de
Viboral, contaba con vías asfaltadas, servicios públicos, edificaciones en concreto
e inmuebles por adhesión. En cambio, el predio del barrio El Edén se describió en
el dictamen trasladado como un lote no urbanizado, aunque su entorno contara con
servicios públicos.
73. Planteó que el tribunal de primera instancia incorporó y valoró indebidamente
una prueba trasladada de otro proceso, sin cumplir los requisitos señalados en el
artículo 174 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201230. El dictamen de Luz Adriana
Valencia Mejía fue decretado y practicado en un expediente diferente, no fue pedido
por la parte contra quien se adujo en este proceso y, por tanto, no podía ser valorado
sin garantizar previamente la contradicción mediante la comparecencia e
interrogatorio de la perito.
30
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
14
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
74. Añadió que el tribunal al incorporar esa prueba citó disposiciones derogadas e
identificó equivocadamente el proceso de origen. Además, reprochó que la prueba
hubiera sido puesta en conocimiento mediante traslado secretarial de tres días,
cuando el proceso ya estaba para sentencia, sin que se permitiera una contradicción
efectiva del dictamen.
75. También sostuvo que el traslado no fue debidamente notificado al apoderado
de la parte demandante, aunque se les comunicó a otros sujetos procesales. Por
ello, solicitó acceso a la grabación de la audiencia de 22 de enero de 2019, pero el
tribunal negó la posibilidad de una nueva revisión del expediente con fundamento
en las restricciones sanitarias y en que ya se había autorizado una consulta previa
de 25 minutos.
ii) Incongruencia de la valoración probatoria respecto del precio
indemnizatorio fijado en el avalúo oficial
76. La demandante reprochó que el tribunal mantuviera parcialmente los efectos
del avalúo de la Corporación Avalúos para valorar construcciones, pese a haber
advertido deficiencias técnicas en ese avalúo. Al respecto señaló:
“[…]el A-QUO deja vigente los avalúos hechos por la CORPORACION AVALUOS
para las zonas construidas pese a que en la misma sentencia declara lo siguiente
sobre el avalúo hecho por dicha corporación:
dicho avalúo no se ajustó a las exigencias previstas en la normatividad que lo
regula, pues carece de los requisitos técnicos necesarios que soporten las
conclusiones que contiene, lo cual conduce a la afectación del precio
indemnizatorio y, en consecuencia, al derecho del particular a recibir la
indemnización plena por el bien objeto de expropiación.
Es así como el A-QUO pese a descartar los peritajes aportados por la parte
demandante y el auxiliar de la justicia mantiene parcialmente vigente el avalúo
realizado por la CORPORACIÓN AVALUOS, pese a que el A-QUO en la misma
reconoce que dicho dictamen "no se ajustó a las exigencias previstas en la
normatividad que lo regula" por lo cual está violando el Derecho de mi poderdante a
una indemnización justa por parte del A-QUO al no pronunciarse de fondo sobre el
valor del metro cuadrado urbanizado. […]”.
iii) Cuestionamientos en relación con la condena en costas
77. Sostuvo que el tribunal de primera instancia negó indebidamente las costas
procesales y las agencias en derecho porque en el proceso se demostró que la
actuación administrativa no tenía fundamento y, en consecuencia, era procedente
imponer dicha condena a la entidad demandada.
78. Afirmó que el a quo desconoció lo dispuesto en los artículos 157 y 365 de la Ley
1564 de 2012, conforme a los cuales el juez debe imponer condena en costas a la
parte vencida, e incluir en ese concepto los honorarios de auxiliares de la justicia.
79.También mencionó que las agencias en derecho en los procesos de
expropiación en primera instancia, conforme al Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
15
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
agosto de 201631, podían fijarse entre el 3% y el 7.5% del valor de la indemnización
y, en segunda instancia, entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
80. Advirtió que el a quo interpretó erróneamente el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021 que adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, porque esa norma
únicamente introdujo la posibilidad de exonerar a los demandantes de buena fe
cuando la demanda se presenta con manifiesta carencia de fundamento legal. Por
lo tanto, esa disposición no impedía condenar en costas a la entidad demandada
vencida.
81. De manera subsidiaria, planteó que el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 no era
aplicable al proceso, porque la demanda se admitió bajo la regulación anterior.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
82. Mediante auto de 13 de julio de 202132, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.
83. Esta autoridad judicial, a través de auto de 9 de septiembre de 202133, admitió
el recurso de apelación, se informó a los sujetos procesales que podían
pronunciarse en relación con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y se
advirtió que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se
informó al Ministerio Público que podía emitir concepto en la presente causa hasta
que el proceso ingresara al despacho para emitir sentencia.
84. La parte demandada presentó escrito el 7 de mayo de 202134, en el que solicitó
confirmar íntegramente la sentencia apelada al considerar que el recurso de la parte
demandante no controvierte realmente las razones de fondo de la decisión, sino que
se limita a cuestionar actuaciones procesales relacionadas con el traslado y
contradicción del dictamen pericial acogido por el tribunal.
85. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
86. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) el acto administrativo demandado; iii) el
planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1335 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201936, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
31
“[…] Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho […]”.
32
Cfr. Índice 11 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “ED_C02_51 AUTO CONCEDE
RECURSO(.pdf) NroActua 11”.
33
Cfr. Índice 3 expediente digital de segunda instancia.
34
Cfr. Índice 8 expediente digital de segunda instancia.
35
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
36
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
V.2. El acto administrativo demandado
88. En la demanda se solicitó la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm.
0850 de 3 de junio de 201437, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO TERCERO: PRECIO DE LA INDEMNIZACIÓN: El VALOR TOTAL
de la indemnización por la franja de terreno segregada del bien inmueble de mayor
extensión, en la presente Resolución, es conforme al avalúo del bien inmueble
número 2013 – 4 del día 20 de Agosto de 2013, realizado por la Corporación Avalúos,
asciende a la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($129.263.374).
PARÁGRAFO I: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la
consignación indicada en la presente Resolución, es el Banco Agrario de Colombia
S. A., Sucursal El Carmen de Viboral.
PARÁGRAFO II: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago se hará con cargo al
rubro presupuestal No. 05.02.03.03, 05.06.05.0102.02.03.01,
05.06.05.01.02.02.03.04, 05.06.05.01.02.06.01, Fondo 022, 024, reserva No. 268 del
11 de Febrero de 2014 […]” (negrilla del texto).
V.3. El planteamiento del problema jurídico
89. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad
con el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues
esos argumentos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que
ha de adoptarse en esta instancia38.
90. En la sentencia de 24 de marzo de 2021, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del artículo tercero de la
Resolución 0850 de 3 de junio de 2014, en relación con el precio indemnizatorio
reconocido por el valor del terreno expropiado, al concluir que el avalúo oficial no se
ajustó a las normas técnicas aplicables.
91. Para fijar el restablecimiento, el tribunal no acogió los dictámenes de Gilber
Grajales Betancur ni de Rubén Darío Arenas Naranjo, sino que se apoyó en el
dictamen practicado dentro del proceso radicación núm. 05001-23-33-000-2014-
01080-01, por considerar que se refería a la misma obra pública y que sus
fundamentos eran aplicables al caso.
92. La parte demandante limita su inconformidad con la sentencia de primera
instancia a la decisión de adoptar el valor del m2 del terreno determinado en el
dictamen pericial practicado dentro de otro proceso judicial e incorporado al
presente asunto como prueba trasladada, por considerar que las diferencias
37
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 222 y siguientes.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de junio de 2013. Radicación
núm. 25000-23-24-000-2005-00735-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
17
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
existentes entre el inmueble allí valorado y el objeto de este proceso impedían
utilizar dicho valor como parámetro para fijar el precio indemnizatorio.
93.Encontró incongruente que se desestimara el dictamen rendido por Rubén Darío
Arenas Naranjo, que cumplía la normativa técnica aplicable, mientras se valoraba
una prueba trasladada que incurría en defectos sustanciales y procedimentales.
94. Finalmente, cuestionó que el tribunal hubiera mantenido parcialmente el avalúo
de Corporación Avalúos para valorar las construcciones y que negara la condena
en costas, pese a que se cumplían los presupuestos de los artículos 157 y 365 de
la Ley 1564 de 2012 y a que el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 no era aplicable
y tampoco impedía imponer costas a la entidad demandada.
V.4. Análisis del caso concreto
95. Para resolver los problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación, la
Sala estudiará: i) la determinación del valor indemnizatorio del inmueble expropiado;
ii) la congruencia de la valoración probatoria respecto del precio indemnizatorio
fijado en el avalúo oficial; y iii) la procedencia de la condena en costas.
V.4.1. La determinación del valor indemnizatorio del inmueble expropiado
96. La demandante cuestionó que el tribunal acogiera el dictamen trasladado
elaborado por la perito Luz Adriana Valencia Mejía dentro del proceso con
radicación núm. 05001-23-33-000-2014-01080-01, pese a que ese avalúo no era
comparable con el predio expropiado y presentaba falencias técnicas relevantes.
97. Agregó que dicha prueba fue incorporada con vicios procesales, sin garantizar
su contradicción efectiva y con desconocimiento del artículo 174 del Código General
del Proceso, lo que vulneró el debido proceso y el derecho de defensa. Por ello,
estimó incongruente que se descartara el dictamen rendido por Rubén Darío Arenas
Naranjo que cumplía la normativa técnica aplicable.
98. Para resolver, la Sala destaca que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley
388 de 1997, el precio de adquisición debe corresponder al valor comercial del
inmueble, determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en el
decreto reglamentario aplicable. Dicha disposición también prevé que el valor
comercial debe fijarse teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal
o distrital vigente al momento de la oferta de compra y, en particular, la destinación
económica del bien.
99. En ese contexto, la determinación del valor comercial del inmueble tiene un
carácter técnico, pues debe sustentarse en los procedimientos, criterios y
parámetros previstos en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008,
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, normas que orientan la
elaboración de los avalúos en el marco de los procesos de adquisición y
expropiación de inmuebles.
18
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
100. Conforme a los artículos 20, 21, 22 y 25 del Decreto 1420, el avaluador debe
acudir a la metodología prevista en la reglamentación, especificar cuál fue el método
utilizado, definir el valor comercial desglosando el valor del suelo, edificaciones y
mejoras, y tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente, la destinación
económica, los valores unitarios de las construcciones, los aspectos físicos, la clase
de suelo, las construcciones en la zona, la estratificación socioeconómica y las
construcciones existentes.
En particular, el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 determina los parámetros
101.
que se deben tener en cuenta en la determinación del valor comercial así:
“[…] 1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación económica del inmueble.
3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente
del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir
hasta por un período máximo de seis (6) meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
8. La estratificación socioeconómica del bien […]”.
El artículo 22 señala que para la determinación del valor comercial de los
102.
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:
“[…] 1. Para el terreno
2. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
3. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
4. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
5. Tipo de construcciones en la zona
6. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos
domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
7. En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
8. La estratificación socioeconómica del inmueble
19
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
9. Para las construcciones:
10. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
11. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
12. Las obras adicionales o complementarias existentes
13. La edad de los materiales
14. El estado de conservación física
15. La vida útil económica y técnica remanente
16. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
17. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
18.Para los cultivos:
19. La variedad
20. La densidad del cultivo
21. La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo
22. El estado fitosanitario
23. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se
encuentre localizado […]”.
103.El artículo 25 ibídem precisa que los avalúos comerciales de inmuebles que se
requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos. El artículo 26 del decreto mencionado establece que
cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de
uno o más de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine.
104.La Resolución 620 de 2008 del IGAC define el alcance de cada uno de los
métodos referidos y su forma de aplicación, e igualmente regula las etapas,
procedimientos y normas metodológicas para la realización de los avalúos.
105. En el artículo 6 de la resolución ibídem se determinan las etapas para la
elaboración de los avalúos. La norma establece que la elaboración de un avalúo
exige la revisión documental, jurídica, urbanística y física del inmueble, así como la
verificación en terreno de sus características y condiciones, con el fin de obtener los
elementos técnicos necesarios para determinar su valor comercial.
106. En relación con el método de mercado, la resolución dispone:
“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas
o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto
de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
[…] Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es
necesario que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación, además de
otros factores que permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno
y la construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por
metro cuadrado de área privada de construcción.
20
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean
coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en
oferta o de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior
análisis. […]” (negrilla fuera del texto).
107. Respecto del método residual señala que:
“[…] Artículo 4º.- Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las
ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se
evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo
proyectado.
Parágrafo. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y
mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales
y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las
posibilidades legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita
obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.
[…] Artículo 14º.- Método (técnica) residual. En desarrollo de este método (técnica),
se debe tener en cuenta:
Para el cálculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de producto que por efectos
del principio de mayor y mejor uso se pueda dar sobre el predio, para lo cual se deben
referenciar las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto
planteado, así como las características de áreas, valores de venta, elementos
del proyecto, entre otros que este tenga.
El costo total es la suma del costo de urbanismo asociado al proyecto y/o plan parcial
y el costo de la construcción siendo este la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, teniendo en cuenta los
volúmenes y unidades requeridas para el proyecto planteado.
El costo de urbanismo se establece como la suma de los costos para habilitar el suelo
a usos específicos e incluye las cargas asociadas a su desarrollo.
La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificación, ubicación
espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sobre el predio se plantee,
teniendo en cuenta las condiciones de renta fija presentes en el momento del cálculo,
así como la tasa interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea como
mínimo igual a cero.
El valor resultante de esta técnica es el valor total del inmueble, es decir, del valor
del terreno y del valor de la construcción sobre él edificada, por lo tanto, al valor
obtenido no se debe agregar el valor de la construcción.
Cuando se requiera presentar en el avalúo de forma independiente, tanto el valor del
terreno como el de la construcción, se deberá hacer de la siguiente forma: calcular
por el método de reposición el valor de la construcción y descontarla al valor total del
inmueble. […]” (negrilla fuera del texto).
108.Con fundamento en el marco normativo expuesto, el a quo declaró la nulidad
parcial del acto administrativo demandado, al considerar que el avalúo que sirvió de
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Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
fundamento al precio indemnizatorio presentaba deficiencias técnicas. Para efectos
de determinar el valor de la indemnización, examinó los distintos dictámenes
periciales incorporados al proceso y determinó el valor del metro cuadrado de
acuerdo con el dictamen pericial trasladado de otro proceso judicial, con fundamento
en el cual fijó el valor del metro cuadrado del terreno. Contra esa decisión
únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante, quien pretende
que se incremente el valor indemnizatorio reconocido en primera instancia.
109.Esta Sección39 ha considerado que en los procesos en los que se controvierte
el precio indemnizatorio fijado en un acto de expropiación administrativa, el
dictamen pericial constituye un importante medio de convicción para verificar si el
avalúo que sirvió de fundamento a la actuación administrativa se ajusta a los
parámetros técnicos y normativos aplicables.
110. Sin embargo, su finalidad no consiste en sustituir la valoración efectuada por la
autoridad competente ni en imponer al juez el valor determinado por el auxiliar de
justicia, sino en suministrar elementos objetivos que permitan establecer si el avalúo
oficial incurrió en errores técnicos, metodológicos o fácticos capaces de desvirtuar
la presunción de legalidad que lo ampara.
111.Mediante auto de 10 de marzo de 2020 el tribunal ordenó el traslado de algunas
pruebas que fueron practicadas en el proceso 05001-23-33-000-2014-01080-00,
dentro de ellas el avalúo comercial realizado por la perito Luz Adriana Valencia
Mejía.
112. El avalúo tiene los siguientes datos:
“[…] 1 PROPIETARIO: FRANCISCO JOSÉ DUQUE BECERRA
CC 8´283.090
2. IDENTIFICACIÓN DEL USO A LA VALUACIÓN
2.1 Destinatario de la valuación
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE ORALIDAD
La solicitud del avalúo, la realiza el Tribunal Administrativo, Sala Segunda de Oralidad,
en cumplimiento, a lo dispuesto por el Consejo de Estado- Sección Primera, en
providencia del día 13 de Octubre de 2016; en la cual se dispuso que se debía fijar
nuevamente el precio del bien expropiado, conforme al procedimiento ordenado,
expresamente en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
2.2 Objeto de la valuación
Realizar el avalúo comercial del bien, objeto de este estudio, (lote urbano),
ubicado en la Carrera 28 No. 31 24, lote No. 5 en el municipio del Carmen de Viboral,
teniendo en cuenta, para emitir el valor, la fecha en que se adelantó este proceso de
expropiación del municipio. (Septiembre a Diciembre del año 2013).
3 TIPO DE INMUEBLE: LOTE DE TERRENO URBANO
4 FECHA DE VISITA Y ENTREGA DEL INFORME
4.1 Fecha de visita:
El predio se visitó, el día viernes 12 de Mayo del presente año. Visita de inspección
Judicial.
4.2 Fecha de entrega:
39
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2020,
Rad. 05001233100020090022701, C.P. Oswaldo Giraldo López.
22
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
El predio se visitó, el día jueves 01 de Junio del presente año.
5 BASES DE LA VALUACIÓN:
Para la realización de este avalúo se realizó visita de inspección judicial al predio.
En esta visita se pudo observar, que ya se ejecutó la vía circunvalar, por parte del
municipio del Carmen, esta vía se encuentra construida con afirmado, es decir aun sin
asfaltar, pero ya se encuentra habilitada para circulación.
En la visita no fue posible determinar el área completa del predio utilizado, porque en
ella intervinieron otros predios colindantes, sin embargo se constató que ya existe la
construcción de la misma, además se revisó la Resolución 2609 del 18 de Diciembre
de 2009. “EXPROPIACION DEL PREDIO POR VIA ADMINISTRATIVA”. En la cual el
municipio determinó el área afectada en su momento. 1031,28 m2.
También sirvió de apoyo la ilustración del predio y el sector antes de la construcción de
la circunvalar que se encuentran en los avalúos anexos en el expediente, realizados
por parte del demandante, y por parte del demandado.
Adicionalmente se tuvo en cuenta el estudio de mercado de la zona; por lo tanto se
buscó lotes en venta en el municipio del Carmen de Viboral, en zonas homogéneas, es
decir zonas que reúnan características semejantes, al sector donde se ubica el predio
objeto del avalúo.
Nota: estos comparables se muestran más adelante. (a partir de página 28).
También se tuvo en cuenta, la ubicación urbana del predio, la cercanía a la cabecera
municipal, los componentes de infraestructura de su entorno. El área, la forma y el
acuerdo municipal 074 de 2007 (aún vigente y en la época del proceso) […]” (negrilla
fuera del texto).
113.En la sentencia apelada, el tribunal consideró que el valor del m2 determinado
en el dictamen rendido por la señora Luz Adriana Valencia Mejía constituía un
referente para fijar el precio indemnizatorio del inmueble objeto del presente
proceso, por cuanto dicho dictamen había sido practicado dentro de un proceso
judicial relacionado con la misma obra pública y se elaboró en cumplimiento de una
sentencia proferida por esta Sección y, además, estimó que los fundamentos
técnicos expuestos por la perito resultaban aplicables al caso concreto.
114.En los términos de la sentencia proferida en primera instancia, se advirtió que
“[…] en el mismo proceso expropiatorio que tenía que ver con la construcción de
una vía denominada circunvalar en El Carmen de Viboral se adelantó otro proceso
en el Despacho de la doctora Beatriz Elena Jaramillo Muñoz del Tribunal
Administrativo de Antioquia radicado con el número 05001 2333 000 2014 01080 01
[…]”.
115. Por medio de la Resolución núm. 1638 de 25 de julio de 201340 se declaró la
situación de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino a la construcción
de la vía Circunvalar, tramo oriental. En la parte considerativa se indicó que: “[…] el
Acuerdo Municipal número 043 de 201041, declaró de utilidad pública e interés social
los inmuebles para la construcción de la Vía Circunvalar, Tramo Oriental y facultó al
Alcalde Municipal para realizar los procedimientos administrativos, necesarios para
su adquisición […]”.
40
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 178 y siguientes.
41
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 74 y siguientes.
23
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
116. En el mencionado acuerdo se determinó en su parte resolutiva:
“[…] ARTÍCULO: Declárese de interés social y utilidad pública los inmuebles descritos
en el siguiente cuadro, el cual relaciona su Número de Matrícula Inmobiliaria, código
catastral, dirección, propietario y área (aproximada) a afectar:
[…]
[…]”.
117. Dentro de los argumentos que consideró el tribunal para analizar la prueba se
encuentran que: i) el proceso se refiere a la misma obra pública; ii) esta Sección
ordenó practicar un nuevo avalúo para determinar el precio; iii) analizó la similitud
entre los dictámenes practicados y advirtió que coincidían en el valor del m2
asignado al bien, esto es $183.796; y iv) el dictamen practicado se elaboró previa
inspección judicial al lugar, verificándose que el m2 equivalía a $310.543 para la
época en que se llevó a cabo el proceso expropiatorio, es decir septiembre a
diciembre de 2013.
118.Resaltó que se utilizó el método de comparación del mercado tomando como
referencia la oferta y la demanda de inmuebles en el mismo sector, “[…] se describió
la ubicación del predio, el acceso a servicios públicos, facilidad para llegar,
transporte con que cuenta, área del terreno, el uso, la topografía, el potencial del
predio en términos de mayor y mejor uso, entre otros elementos […]”.
119. Ahora bien, la Sala destaca que para la determinación del valor comercial se
deben tener en cuenta las condiciones propias del inmueble objeto del avalúo, para
lo cual exige valorar sus características físicas, jurídicas, urbanísticas y económicas.
120. El dictamen trasladado fue elaborado respecto del predio “[…] ubicado en la
Carrera 28 No. 31 24, lote No. 5, en el municipio del Carmen de Viboral […]”. En la
descripción del sector se indicó que la ubicación “[…] del lote en zona urbana del
municipio, en el barrio el Edén a 2 cuadras del parque principal […]”. En cuanto a
su localización se señaló la “[…] cercanía a los siguientes servicios a la comunidad:
Institución educativa FRAY JULIO TOBON. El coliseo municipal […]”.
121. Incluso el dictamen señaló factores negativos que incidieron en el valor de la
vivienda por cuanto la ubicación es “[…] paralela a la quebrada la Cimarrona, por
posibles inundaciones, por fajas de ribera del rio, no obstante para fecha de
ejecución de la vía circunvalar, esta cumplió con los retiros exigidos por las
entidades competente (sic) “CORNARE” y por el PBOT del municipio […]”.
122.Según la normativa urbanística, el Acuerdo 074 de 2007, “[…] divide el municipio
en 3 Unidades Espaciales de Funcionamiento, para el caso en particular el predio
se encuentra ubicado en la “UFC (sic) CENTRO” […]” (negrilla del texto).
24
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
123.Por otra parte, en la liquidación del avalúo se indicó que “[…] Se parte de la
información de comparables en el año 2017, y analizan los comparables utilizados
en los 2 avalúos presentados, contratados por el (demandado) municipio, y el
demandante (Francisco J. Duque Becerra). Todos los lotes comparables elegidos
pertenecen a parcelaciones y/o urbanizaciones, con todo el urbanismo proyectado
o existente, y son barrios ya consolidados y de características en un sector
homogéneo al del predio objeto de este estudio […]”.
124.Aclaró que se debía descontar “[…] el valor del urbanismo existente en cada
lote o comparable, para llevarlo a las mismas características del predio objeto de
este estudio. En el diseño de un proyecto urbanístico, se considera para el
urbanismo un valor entre un 25% a un 30% del costo del proyecto. Por tratarse de
sectores en general, ya plenamente urbanizados y consolidados para este caso, se
trabajó con un porcentaje del 30% […]”. Determinó como áreas “[…] Área terreno:
2177 m2 (Lote en mayor extensión), Área expropiada: 1031,28 m2 (área afectada
por la circunvalar) […]”.
125. En el mencionado dictamen se determinó:
“[…]
5.1 Metodología valuatorio empleado:
Este Informe Valuatorio está ceñido a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1420
de 1998, Artículos del 8°, 13°, 19° y la Resolución IGAC 620 de 2008, Articulo 3°, 4°,
7°, 13° y 14°.
5.2 Método de comparación del mercado:
Este método consiste en realizar un análisis de la oferta de inmuebles similares, en
principio dentro de la misma zona de influencia y alternativamente en sectores de
alguna manera comparables.
Se tomó como referencia las ofertas y demandas de inmuebles en el sector, para lo
cual se realizaron investigaciones de la zona y en diferentes parcelaciones y
urbanizaciones del municipio, además con expertos inmobiliarios tanto de la zona,
como de toda la ciudad de Medellín.
[…]
LIQUIDACIÓN DEL AVALÚO
9. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS EXAMINADOS
El propósito es determinar el valor del lote para el año el 2013. Se parte de la
información de comparables en año 2017, y analizan los comparables utilizados en los
2 avalúos presentados, contratados por el (demandado) municipio, y el demandante
(Francisco J. Duque Becerra).
Todos los lotes comparables elegidos pertenecen a parcelaciones y/o urbanizaciones,
con todo el urbanismo proyectado o existente, y son barrios ya consolidados y de
características en un sector homogéneo al del predio objeto de este estudio.
De acuerdo a lo anterior, debemos descontar el valor del urbanismo existente en cada
lote o comparable, para llevarlo a las mismas características del predio objeto de este
estudio.
En el diseño de un proyecto urbanístico, se considera para el urbanismo un valor entre
un 25% a un 30 % del costo del proyecto.
25
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Por tratarse de sectores en general, ya plenamente urbanizados y consolidados para
este caso, se trabajó con un porcentaje del 30 %.
Este urbanismo corresponde a que los comparables tienen en cuenta toda una red
urbanística así: vías de buenas especificaciones asfaltadas, andenes en concreto,
zonas verdes, alumbrado público, y redes externas de acueducto, alcantarillado y Gas
[…]” (negrilla del texto).
126.En relación con los cálculos para determinar el valor, el dictamen partió de
ofertas de inmuebles urbanizados y con el propósito de hacerlas comparables con
el predio objeto de avalúo, descontó un porcentaje correspondiente al valor del
urbanismo, el cual fijó en un 30%, al considerar que los inmuebles de referencia
contaban con infraestructura vial, redes de servicios públicos y demás obras de
urbanización que no presentaba el bien objeto de valoración. Los datos son los
siguientes:
“[…]
[…]”.
127.Posteriormente, realizó un ajuste temporal mediante la aplicación del índice de
precios al consumidor (IPC), con el fin de llevar el valor de las ofertas a la fecha de
referencia del avalúo, correspondiente al año 2013. De esta manera, la estimación
del valor comercial del suelo se sustentó en dos premisas técnicas. La primera que
el costo del urbanismo representaba el treinta por ciento (30%) del valor de los
inmuebles comparables y la segunda que la variación del IPC constituía un criterio
para ajustar temporalmente las ofertas de mercado.
128.La Sala observa que la perito seleccionó 7 inmuebles comparables ubicados en
el municipio de El Carmen de Viboral, respecto de los cuales identificó variables
básicas como el valor de la oferta, el área, el valor unitario del suelo, el tipo de
inmueble, el estrato socioeconómico y la condición de lote esquinero.
26
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129.Posteriormente, se aplicó un proceso de ajuste o homogeneización mediante la
asignación de factores porcentuales relacionados con la fuente de información, la
ubicación respecto del parque principal, el entorno y las condiciones de
comercialización de cada comparable, con el propósito de aproximar sus
características a las del inmueble objeto del avalúo, tal como se puede observar:
“[…]
[…]”.
130.Una vez obtenidos los valores homogeneizados, calculó el promedio del valor
unitario del suelo y verificó la consistencia estadística de la muestra mediante el
análisis de la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, el cual
arrojó un resultado del 7,25 %, indicador que evidencia una baja dispersión entre
los comparables seleccionados.
131. La liquidación del avalúo arrojó el siguiente resultado:
“[…]
ITEM Área en m² Valor m² Valor Neto
LOTE 1031,28 $ 310.543 $ 320.256.013
Total Avalúo
$ 320.256.013
Integral
[…]”.
132.En el caso concreto, el inmueble objeto del proceso expropiatorio según la
información consignada en el avalúo comercial 2013-4 realizado por la Corporación
Avalúos42 tiene las siguientes características:
“[…] 1. Generalidades:
1.1 Solicitud: efectuada por EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, en el
mes de Agosto de 2013.
1.2 Inspección Ocular: El reconocimiento en sitio del predio, fue efectuado el día
El 8 Agosto de 2013, por el experto tasador JUAN GABRIEL LUGO, miembro de la
CORPORACIÓN AVALÚOS y asignado por el comité.
1.3 Fecha de Emisión del Informe de Avalúo: Éste Informe se emite para las
condiciones vigentes sobre el bien inmueble valorado, al día 20 de Agosto de 2013.
42
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua
13”. Página 106 y siguientes.
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1.4 Documentos Suministrados: Los documentos suministrados por la entidad
contratante o solicitante fueron los siguientes:
a) Matrícula Inmobiliaria N°. 018-66777
b) Escritura N°. 177 del 14/02/1994 Notaría Única de El Carmen de Viboral
c) Ficha Predial: Sí
d) Plano: No
e) Concepto de ubicación y uso del suelo: sí
1.5 Uso que se dará al Dictamen:
Según la información suministrada por el solicitante al momento de hacer el Encargo
de Valuación, la función u objeto de este dictamen, consiste en realizar una Tasación
para establecer el valor de un bien inmueble al día 20 de Agosto de 2013 con la
finalidad de realizar compra del predio por parte del municipio para construcción de
infraestructura.
[…]
3. Descripción del inmueble
3.1 Dirección:
calle 30 No 27-44
3.2 Barrio:
La Feria
3.3 Características particulares:
Corresponde lote de terreno que cuenta con construcciones básicas como celdas,
para el parqueo de vehículos y cuartos de materiales.
3.4 Servicios e infraestructura:
cuenta con servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía
eléctrica.
3.5 Destinación actual:
Predio urbano ubicado en el sector de la Feria, del Municipio de El Carmen de
Viboral – Antioquia, el cual actualmente cuenta con explotación económica
comercial. La zona es de actividad múltiple.
3.6 Topografía y Relieve:
El terreno presenta topografía plana.
3.7 Linderos:
Los linderos del Lote considerados para la valoración fueron los que se encuentran
estipulados en la escritura pública N°.177 del 14/02/1994 Notaría Única de El
Carmen de Viboral.
3.8 Construcciones:
Celdas de parqueo
Piso: Tierra
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Cubierta: Teja de Zinc
Estructura: Guadua
Área: 228.15 M2
Deposito 1
Piso: tierra
Cubierta: Teja de zinc y eternit
Muros: Adobe
Área: 132.6 M2
4. Factibilidad de Aprovechamiento:
Partiendo del Principio universal de la Tasación, de que el Suelo vale de acuerdo al
máximo provecho que se pueda obtener de él y debido a que la ubicación del Lote
se encuentra en una zona con tendencia para actividades de comercio, residencial
y de servicios, se realiza la estimación del valor del predio considerando la
factibilidad de aprovechamiento (Mayor y Mejor Uso) según el potencial
desarrollable desde el punto de vista legal (PBOT) y más factible desde la óptica del
mercado.
De ese análisis y como resultado del estudio y de las tendencias más probables del
mercado desde el punto de vista inmobiliario y normativo, el aprovechamiento del
bien inmueble actual es para uso de actividades múltiples.
5. Aspectos Legales y Jurídicos del Bien
5.1 Procedencia y Titulación
El predio en estudio y anteriormente descrito fue adquirido por el propietario actual
Ángela Adriana Zuluaga Gómez mediante escritura pública de compra N°177 del
14/02/1994 Notaria Única de El Carmen de Viboral
5.2 Derechos de Propiedad a Valorar:
El total de los Derechos de Propiedad sobre el lote, están en una Matrícula
Inmobiliaria a nombre de la Señora Ángela Adriana Zuluaga Gómez
5.3 Explotación Económica
Actualmente la explotación económica del predio es comercial, cuenta con servicios
públicos de Luz y agua
5.4 Oferta y Demanda
De acuerdo a las consultas, análisis e investigaciones realizadas, se considera que
el enfoque de valoración se debe realizar según el uso del suelo estipulado (PBOT),
por lo cual, en lo que se refiere al estimativo de valor que se dictamina en el presente
informe, a juicio del experto, será el que más se aproxime al Valor Comercial del
bien en estudio.
6. Metodología de Avalúo
6.1 Método Comparativo de Mercado:
29
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Este método valuatorio que consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta, demanda y avalúos de inmuebles similares o equiparables,
previo ajuste de tiempo, conformación y localización entre otros, la cual es
debidamente ordenada, verificada y homologada, para este caso en particular se
analizaron ofertas existentes en la zona.
Para conformar un estimativo de valor sobre el Inmueble en estudio se investigó y
se evaluó de forma estadística el comportamiento del mercado, para aproximarse
con un admisible grado de certidumbre al Valor más razonable de
os bienes en el sector de características similares a las del bien en estudio y que a
su vez estos sean aprovechables, o que ya estén siendo aprovechados de maneras
similares a las que se permiten en el lote en estudio. Para el análisis del inmueble
se evalúan diferentes factores positivos como negativos que afectan al inmueble e
influyen directamente en el valor por metro cuadrado de éste, basados en la
consideración de las características: físicas de área, topografía y usos factibles
según PBOT.
6.2 Método de reposición:
Se aplica únicamente a las edificaciones y se basa en la determinación del costo de
la construcción actualizado menos la depreciación por antigüedad y estado de
conservación, para ello se utiliza la tabla de Fitto y Corvini, que nos indica de
acuerdo a la edad del inmueble y a su estado de conservación el factor de
depreciación que se debe aplicar al valor nuevo de la construcción.
El deterioro físico de una edificación, es usualmente la forma más obvia de
depreciación; si una edificación presenta falta de pintura, deterioro en revoque,
humedades, acabados, fisuras, son efectos comunes al uso y a la edad de la misma,
factores que se tienen en cuenta al determinar en la tabla de Fitto y Corvini el estado
de la construcción.
9. Conclusiones y Recomendaciones:
El citar números de escrituras de adquisición, de propiedad horizontal, no implica un
estudio de títulos completos sobre el inmueble. Por tanto el tasador no asume
responsabilidades sobre los mismos.
30
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
La revisión, modificación o impugnación del presente avalúo se debe solicitar dentro
los cinco (5) días siguientes a la fecha, en que la entidad que realizó el avalúo lo
ponga en conocimiento del solicitante. Artículo 15 decreto 1420 de 1998 del IGAC
Avalúo Comercial: ($ 129.263.374) CIENTO VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M.L.
[…]” (negrilla fuera del texto).
En este contexto probatorio, la Sala reitera que la determinación del valor
133.
comercial de los inmuebles, de conformidad con el artículo 3.º del Decreto 1420 de
1998, se debe efectuar a través de un avalúo que tendrá en cuenta los requisitos
señalados en los artículos 21 y 22 ibídem.
134.Entre los criterios técnicos de comparación allí previstos no se contempla que
el solo hecho de que dos inmuebles hayan sido afectados por la misma obra pública
permita considerarlos equivalentes. Por el contrario, la comparabilidad debe
analizarse a partir de las condiciones físicas, urbanísticas, económicas, normativas
y de localización de cada predio.
135.En el presente medio de control el avalúo oficial recayó sobre un predio con
destinación económica comercial, dotado de construcciones básicas (celdas de
parqueo y depósitos), servicios públicos domiciliarios y ubicado en una zona de
actividad múltiple del barrio La Feria, circunstancias que fueron valoradas conforme
a las características físicas, urbanísticas y económicas del inmueble.
136.Por su parte, el dictamen trasladado tuvo por objeto un lote diferente, ubicado
en el barrio El Edén, respecto del cual analizó variables propias de su localización,
como la cercanía al parque principal, al coliseo municipal, a una institución educativa
y su ubicación paralela a la quebrada La Cimarrona, así como su clasificación
urbanística dentro de la Unidad Espacial de Funcionamiento Centro (UEF Centro),
elementos que inciden directamente en la determinación del valor comercial.
137.En consecuencia, el hecho de que un dictamen haya sido practicado dentro de
otro proceso relacionado con la misma obra únicamente no autoriza a extender al
sub lite el valor por m2 del terreno allí determinado. Para ello era indispensable
acreditar que ambos inmuebles compartieran las condiciones físicas, urbanísticas,
económicas, entre otras, exigidas por la normatividad.
138. Por consiguiente, al no existir certeza de que el predio objeto de dicho dictamen
compartiera las mismas condiciones físicas, urbanísticas, económicas y normativas
del inmueble materia del presente proceso, el valor del m2 allí establecido no podía
servir de fundamento para determinar el precio indemnizatorio en este asunto.
139. Bajo ese entendido, la Sala se releva de efectuar un análisis de los reparos
formulados por la recurrente frente a la metodología empleada en ese dictamen y
de las cuestiones procedimentales relacionadas con la incorporación de la prueba,
pues tales planteamientos parten de la premisa de que dicho avalúo no podía ser
utilizado como referente para fijar el precio indemnizatorio.
140.Ahora bien, la recurrente argumentó que el peritaje “[…] ejecutado por el auxiliar
de La justicia RUBÉN DARÍO ARENAS NARANJO cumple con todos los requisitos
de la Resolución 620 de 2008 del Agustín Codazzi y todos los requisitos del Decreto
31
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
1420 de 1998 y además es el informe más exhaustivo de todos los aportados al
proceso, toda vez que este dictamen hace uso tanto del método de comparación de
mercado como el método residual en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 26
del decreto 1420 de 1998 […]” (negrilla del texto).
141.Obra en el proceso el avalúo técnico 178-2018 de 22 de junio de 201843
realizado por el auxiliar de justicia, el cual contiene la siguiente información:
“[…] 1. VALOR DEL INMUEBLE BAJO ENFOQUE DE MERCADO:
DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) VALOR ($/m²) VALOR TOTAL ($)
Área total 581.50 1.950.000 1.133.925.000
VALOR TOTAL 1.133.925.000
SON: MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS M.L.
1.1. VALOR APLICABLE AL SUELO SEGÚN ENFOQUE DE MERCADO:
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BIEN AVALUADO
DESCRIPCIÓN VALOR ($)
Valor aplicable a la tierra 1.133.925.000
VALOR TOTAL INMUEBLE 1.133.925.000
1.2. EL VALOR RAZONABLE para este inmueble es el obtenido BAJO ENFOQUE
DE MERCADO, dado que es el valor que un comprador estaría dispuesto a pagar por
el mismo en condiciones normales.
2. VALOR DEL INMUEBLE BAJO ENFOQUE RESIDUAL:
DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) VALOR ($/m²) VALOR TOTAL ($)
Área Lote 581.50 2.062.347 1.199.256.000
VALOR TOTAL 1.199.256.000
SON: MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS M.L.
EL VALOR RAZONABLE para este inmueble, la metodología del avalúo contempla el
análisis de avalúo del terreno por el "Método Residual", el que resulta del análisis,
para un inversionista que adquiere un terreno, de los beneficios y costos asociados
al desarrollo de un proyecto inmobiliario de aprovechamiento del mismo.
[…]
1. GENERALES:
[…] Esta valuación tiene por objeto determinar el valor RAZONABLE de LOTE DE
TERRENO inmueble con fines establecer el valor comercial a la fecha, faja
expropiada en junio de 2014, según ley 1314-2009 y decreto 4946-2011, bajo
estándares de Normas Internacionales de Contabilidad –NIC– y Normas
Internacionales de Información Financiera– NIIF o IFRS.
1.4 DESTINATARIO DE LA VALUACIÓN
43
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
13”. Página 60 y siguientes.
32
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Destinatario de este estudio
Radicado 05001-23-33-000-2015-00201-00
DEMANDANTE: ÁNGELA ADRIANA ZULUAGA GOMEZ.
DEMANDADO: MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
[…] 1.6 FECHA DE VISITA
El inmueble materia de este avalúo fue visitado el día 27 abril de 2018, por el perito
Rubén Darío Arenas Naranjo, miembro de la Lonja de propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia, debidamente acreditados en el Registro Abierto de Avaluadores, inscrito
en el Registro Nacional de Avaluadores.
1.7 FECHA DEL INFORME
Este informe se realiza con fecha 18 de junio de 2018.
[…] 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
[…] 2.4 DIRECCIÓN
El inmueble objeto de avalúo se ubica en la CALLE 30 # 27 - 44.
2.5 BARRIO
La Feria.
2.6 MEJORAS
Al momento de la visita se evidencia que el lote fue desmembrado para el proyecto
vial “Vía Circunvalar”, y no registra vestigios de mejoras.
[…] 2.7 INFORMACIÓN DEL SECTOR
2.7.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA EN LA CIUDAD DEL CARMEN DE
VIOBORAL (sic)
El sector donde se ubica el inmueble se caracteriza por los usos mixtos
(equipamiento, comercio barrial y residencial) Casa de la Justicia, La Casa de la
Juventud, Parque lineal los Artesanos, Polideportivo Municipal, Instituto de la Cultura,
Talleres industriales, Microempresas, Coliseo Cubierto Municipal, Institución
Educativa Fray Julio Tobón, a tres cuadras del Parque Principal del Municipio del
Carmen de Viboral.
2.7.2. SERVICIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR
La zona cuenta con la atención de servicios públicos básicos como acueducto,
alcantarillado, energía, telefonía y gas domiciliario, atendidos de muy buena forma
por las Empresas Públicas de Medellín.
2.7.3. USOS PREDOMINANTES EN EL SECTOR.
Se observa en la zona predominantemente el uso comercial, y residencial, múltiple.
2.7.4. NORMATIVIDAD DEL SECTOR
2.7.4.1 NORMAS Y USOS DEL SUELO APLICABLE AL MOMENTO DE
EXPROPIACION
La normatividad vigente para la zona está contemplada al momento de la resolución
No 0850 del 03 de junio de 2014, en el acuerdo municipal número 74 de 2007 en el
cual se revisa el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para la ciudad.
SUELO URBANO. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio municipal
destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuenten con
33
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
posibilitándose su urbanización y edificación.
91.2.7 Usos para actividades múltiples: En estas se combinan los usos
habitacionales con los de actividades comerciales, mercantiles, de servicio e
institucionales que sean compatibles, es decir, que no les produzcan conflicto a los
habitantes en el uso y disfrute de su vivienda para el descanso y el desarrollo de sus
actividades familiares. También en la parte normativa se definirán los tipos de
establecimientos de comercio, servicios o actividades de industria pequeña, muy
liviana y limpia que se pueda ubicar en estas zonas.
U.E.F centro. (Unidades Especiales de Funcionamiento), alrededor del parque
principal y manzanas aledañas; sobre la carrera 31, desde la calle 19 hasta la 35; en
la zona aledaña al “Centro de Acopio y Plaza de Ferias”; y a futuro próximo, alrededor
de la “Centralidad de Comercio y Transporte” (calles 29 a 31 y carreras 27 a 29).
Artículo 261. Área Mínima. El área mínima de terreno útil (lote) o área individual para
construcción de vivienda en la zona urbana será:
Artículo 262. Vivienda Unifamiliar. El área mínima de terreno útil para vivienda
unifamiliar será de sesenta metros cuadrados (60 m2). El frente mínimo por lote para
vivienda unifamiliar será de seis (6) metros lineales.
Artículo 263. Vivienda Bifamiliar. El área mínima de terreno útil para vivienda
bifamiliar será entre setenta y dos (72) y setenta y cinco (75) metros cuadrados. El
frente mínimo por lote para vivienda bifamiliar será de seis (6) metros lineales.
Artículo 264. Vivienda Trifamiliar. El área mínima de terreno útil para vivienda
trifamiliar será de noventa y cinco metros cuadrados (95 m2). El frente mínimo por
lote para vivienda trifamiliar será de siete (7) metros lineales.
Artículo 265. Vivienda Multifamiliar. El área mínima de terreno útil para vivienda
multifamiliar será de ciento doce (112 m2) metros cuadrados y un frente mínima (sic)
de ocho (8) metros lineales, cumpliendo con el índice de construcción establecido
independiente del número de unidades de vivienda que resulten.
110.1.6 CONEXIÓN DE LA CIRCUNVALAR ORIENTAL AL CENTRO URBANO
(PARQUE PRINCIPAL). Su diseño, y el de todas las vías de mediano y largo plazo
que se incluyen a continuación, deberán quedar en el Plan Vial Municipal. Consiste
en un pequeño tramo (en longitud) de solo 220 metros, el cual deberá tener una
adecuada sección de calzada vehicular y sus respectivos andenes para una
circulación peatonal que llegará a ser alta. Este tramo también hará parte del Plan
Parcial de renovación urbana.
271.7.1 En zona residencial: En las edificaciones multifamiliares ubicadas en zona
residencial se permitirá la destinación de locales, en primer piso, de la siguiente
manera:
Se podrán destinar hasta treinta y seis (36 m2) en locales comerciales por edificio,
teniendo en cuenta:
1. Área mínima de local de nueve metros cuadrados (9 m2).
2. Frente mínimo de tres (3) metros.
3. Relación proporcional frente-fondo máximo uno a tres (1 a 3).
34
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
271.7.2 En zona de actividad múltiple. En las edificaciones multifamiliares ubicadas
en zona de actividad múltiple se permitirá la destinación parcial de estas para locales
y de acuerdo a ello se definirán las áreas, cumpliendo en estos casos (para áreas
destinadas a locales) con las normas específicas de locales y para la vivienda las que
a ésta le correspondan, proporcionalmente.
[…]
ESTADO DE CONSERVACIÓN
En general el estado de conservación de las vías anteriormente es regular en
proyecto.
2.7.6. AMUEBLAMIENTO URBANO
El sector y el inmueble cuentan con un adecuado amueblamiento urbano consistente
en alumbrado público, aceras para peatones y regular señalización.
2.7.7. ESTRATO SOCIOECONÓMICO
El sector está catalogado como estrato 3.
2.7.8. TOPOGRAFÍA DEL SECTOR
La topografía general de la zona es plana.
2.7.10 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
El sector cuenta con un excelente servicio de transporte público: por la calle 30, circula
el Transporte Municipal e Intermunicipal, circulan varias de rutas de servicio público,
que lo comunican con el centro de la ciudad y con barrios aledaños, así como con
algunos municipios vecinos del Oriente Antioqueño.
TIPO DE TRANSPORTE:
El sector dispone de rutas de buses, microbuses y servicio de taxis.
CUBRIMIENTO: El cubrimiento de estos servicios es en toda la ciudad y en el sector
centro en donde se ubica el predio en estudio
FRECUENCIA: Todos los servicios funcionan las 18 horas con una frecuencia que
fluctúa entre 15 y 20 minutos.
2.7.11. EDIFICACIONES IMPORTANTES DEL SECTOR
En el entorno inmediato al inmueble avaluado se encuentra las Instituciones
Educativas, Casa de la Justicia, La Casa de la Juventud, Parque lineal los Artesanos,
Polideportivo Municipal, Instituto de la Cultura, Talleres industriales, Microempresas,
Coliseo Cubierto Municipal, Institución Educativa Fray Julio Tobón, a tres cuadras del
Parque Principal del Municipio del Carmen de Viboral.
2.8 INFORMACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
2.8.4 TIPO DE BIEN INMUEBLE
Lote de Terreno
2.8.5 USO ACTUAL
El inmueble actualmente se encuentra destinado para el proyecto “Vía Circunvalar”.
2.8.6 UBICACIÓN (EN LA MANZANA, MEDIANERO O ESQUINERO)
El Inmueble se ubica en la manzana formada por la calle 30, la carrera 27 esquina;
es de posición esquinera.
35
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
2.8.7 TERRENO
LINDEROS DEL TERRENO OBJETO DE EXPROPIACIÓN.
El inmueble por el Sur con la Calle 30, por el punto E y F, por el Occidente, con la faja
de terreno que le queda a la Vendedora, entre los puntos F y B, por el Norte con
Herederos de Rafael Giraldo, entre los puntos B y C, por el Oriente con Luis Quintero,
entre los puntos C, D y E, del Plano anexo 1 a la ficha técnica número 12, elaboradas
por la Secretaría de hacienda del Municipio del Carmen de
NOTA SOBRE LINDEROS: Los linderos anteriores son de carácter informativo, para
efectos de linderos individualizados favor remitirse a la ficha catastral, y más
exactamente a la resolución 850 del 03/06/2014 emitida por el Municipio.
2.4. TOPOGRAFÍA
El predio se ubica en un terreno cuya topografía es totalmente plana.
CERRAMIENTOS
No Presenta cerramientos perimetrales.
FORMA
El inmueble posee forma irregular, asimilándose a un rectángulo.
[…] AREA LOTE OBJETO DE AVALUO, PROYECTO VIA CIRCUNVALAR
(MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL) 581.50 m² MI 020-188214 hoy oficina
de registro de Rionegro Antioquia (ANTES 018-66777 Oficina de Registros
Públicos de Marinilla).
Propiedad del Municipio del Carmen de Viboral por RESOLUCION 850 del 03-06-
2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE VIBORAL.
3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS
3.1 MATRICULA INMOBILIARIA:
Salvo las que sean perceptibles y de público conocimiento, en el avalúo presente no
se tiene en cuentas las características geológicas ni la capacidad de soporte o
resistencia del terreno avaluado, por cuanto para la certeza de tales análisis se
requiere la aplicación de técnicas especiales no realizadas por nosotros.
Se deja constancia que no se conoció estudio acerca de la calidad de los suelos del
inmueble objeto del presente avalúo.
6.2 IMPACTO AMBIENTAL Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD
36
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una acción sobre los
distintos aspectos del medio ambiente ya sea positiva o negativa; para el presente
avalúo no existe ninguna de ellos que afecten negativamente los inmuebles
analizados.
6.3 SERVIDUMBRES, CESIONES Y AFECTACIONES VIALES: no hay existencia
de servidumbres, presenta afectación vial por parte del Municipio del Carmen de
Viboral ya que fue solicitado vía expropiación para el Proyecto Circunvalar, fecha junio
del año 2014.
6.4 SEGURIDAD
El sector presenta una infraestructura vial en desarrollo, se conoce del proyecto vial
que puedan afectar el inmueble avaluado como lo es la “Circunvalar”.
6.5 PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS
No se conocieron.
7 HIPÓTESIS ESPECIALES
No se identificaron otras de condiciones o situaciones especiales, inusuales o
extraordinarias que afecten al inmueble en estudio, así como tampoco al método de
valuación utilizado.
8 METODOLOGÍA INFORMACIÓN Y DATOS
8.1 METODOLOGÍA
[…] “Resolución 620 de 2008: ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien,
a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.”
MÉTODO RESIDUAL Su aplicación permite verificar la razonabilidad del valor de
mercado de un terreno edificable como el precio más probable que, en el momento
de su tasación pagaría por él un promotor o emprendedor inmobiliario para su
aprovechamiento. Es válido para terrenos de alta deseabilidad, para verificar valores
obtenidos por el método comparativo en función de los supuestos anteriores,
adquiriendo validez técnica cuando exista planeamiento urbano vigente.
Los métodos residuales pueden brindar una estimación razonable de valor, pues, en
definitiva, atienden a un proceso que remite a la conformación del mismo.
8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Para efectos del presente avalúo se han tomado condiciones actuales de mercado,
bajo oferta y demanda. El valor razonable de una inversión inmobiliaria reflejará las
CONDICIONES DE MERCADO en la fecha del balance y es específico para una
fecha dada.
37
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
Las memorias de cálculos quedan en poder de los avaluadores en caso de ser
requeridas.
8.4 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
Inmueble orientado a uso para actividades múltiples donde existe un mercado activo,
tanto oferentes como demandantes, teniendo en cuenta poca oferta y alta demanda.
8.4.1 PARTICIPANTES DE MERCADO: VALOR DEL SUELO
Para efectos del presente análisis se consultaron evidencias de mercado y
transacciones de lotes urbanos similares, dado la especificidad ubicación y desarrollo
del Municipio, se homogenizo la muestra con el fin de adoptar un valor de acuerdo a
la norma y aplicación de datos estadísticos.
Esta evidencia de mercado, es analizada con expertos avaluadores, según las fuentes
directas de sus constructores: promotores inmobiliarios, criterios de zonas de
desarrollo y crecimiento del Municipio.
Actualmente el mercado inmobiliario, para inmuebles de este tipo, presenta
condiciones favorables y es importante destacar que la topología del inmueble objeto
de avalúo puede presentar interés por el desarrollo vial.
8.5 PERSPECTIVAS DE VALORIZACIÓN:
El predio analizado presenta unas condiciones de valorización positiva y no se
vislumbra a corto plazo situaciones que puedan afectar negativamente la misma.
38
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
9 VALUACIÓN
Resultado final del avalúo a fecha junio 18 de 2018.
9.1 VALOR DEL INMUEBLE BAJO ENFOQUE DE MERCADO:
DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) VALOR ($/m²) VALOR TOTAL ($)
Área total 581.50 1.950.000 1.133.925.000
VALOR TOTAL 1.133.925.000
SON: MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS M.L.
9.1 VALOR APLICABLE AL SUELO SEGÚN ENFOQUE DE MERCADO:
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BIEN AVALUADO
DESCRIPCIÓN VALOR ($)
Valor aplicable a la tierra 1.133.925.000
VALOR TOTAL INMUEBLE 1.133.925.000
El VALOR RAZONABLE para este inmueble es el obtenido BAJO ENFOQUE DE
MERCADO, dado que es el valor que un comprador estaría dispuesto a pagar por el
mismo en condiciones normales.
14. CONCLUSIONES
El valor metro cuadrado adoptado para el presente informe Bajo el Método de
Mercado, a la fecha es de $1.950.000 m² (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS METRO CUADRADO).
DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) VALOR ($/m²) VALOR TOTAL ($)
Área total 581.50 1.950.000 1.133.925.000
VALOR TOTAL 1.133.925.000
SON: MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO
MIL PESOS M.L.
lote que cuenta con ubicación, planimetría y moderada valorización, igualmente se
tuvo en cuenta:
Los Estudios de Valor del Suelo en el Oriente Cercano Antioqueño (Rural)
Así mismo se analizó para el presente informe, el valor metro cuadrado avalúo con
fecha 20 de agosto del 2013, por parte del Municipio del Carmen de Viboral, frente el
comportamiento del Índice de Precio al Consumidor obteniendo así la valorización de
la tierra.
AÑO IPC V/R M²
2013 (4 meses) 0,08% $ 1.608.857 M²
2014 3,66% $ 1.621.728 M²
2015 6,77% $ 1.731.519 M²
2016 5,75% $ 1.831.081 M²
2017 4,09% $ 1.905.972 M²
2018 (5 meses) 2,31% $ 1.950.000 M²
Nota: según análisis del comportamiento inflacionario el valor obtenido por
metro cuadrado a fecha agosto del año 2013 equivale a $1.608.857.
DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) VALOR ($/m²) VALOR TOTAL ($)
Área total Terreno 581.50 1.608.857 935.550.346
VALOR TOTAL 935.550.346
39
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-00201-01
Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L […]” (negrilla fuera del texto).
142.En audiencia de 22 de enero de 201944 se realizó la contradicción del dictamen,
el perito destacó que utilizó dos métodos. En relación con el de mercado manifestó
que: i) hizo una muestra de inmuebles comparables obteniendo un m 2 de
$1.950.000; ii) en cuanto al método residual su aplicación permite verificar el valor
del terreno edificable como precio más probable y realizó la investigación con
constructores.
143.El perito precisó que según el uso del suelo “[…] el lote está ubicado en el sector
centro del municipio […]”, es urbano y cuenta con acueducto, alcantarillado y de
usos múltiples. Resaltó características propias del predio como la cercanía a
inmuebles que permiten darle un mejor valor. Indicó que el mercado se da de
acuerdo con las manzanas y polígonos de desarrollo, el cual difiere de otro predio
que delimite el acceso a las instituciones o inmuebles ubicados alrededor. Señaló
que el valor del metro cuadrado del municipio a partir de los estudios realizados por
la Lonja, es el más alto.
144. En la audiencia de pruebas el municipio no hizo uso de la oportunidad procesal
para interrogar al perito45. En todo caso el a quo lo cuestionó sobre el estado actual
del lote. Al respecto, el perito indicó que la vía está delimitada pero no construida.
También se le interrogó sobre la diferencia en el valor del metro cuadrado en
relación con los demás avalúos que obran en el proceso, respecto de lo cual el
perito indicó que se debía a las diferencias normativas del suelo, que hace que en
cada periodo pueda cambiar el precio. Enfatizó que el lote conservaba un valor
comercial aun si no se hubiera ejecutado la construcción de la vía, por su ubicación.
145.Aclaró que los distintos valores del mercado dependen de la zona donde se
realizaron las cotizaciones de los predios comparables y que la forma como se toma
la muestra es lo más importante, lo recomendable es tomar predios con esas áreas
y ubicaciones comerciales parecidas, rechazando los que son bifamiliares por
ejemplo o retirados.
146. Pues bien, de conformidad con el material probatorio supra, la Sala observa que
el dictamen pericial rendido por el señor Rubén Darío Arenas Naranjo se elaboró el
18 de junio de 2013. En dicho documento el auxiliar de justicia manifestó que
empleó el método de comparación o de mercado y el método residual. Sin embargo,
el análisis contenido en el informe no permite verificar de manera suficiente el
procedimiento técnico mediante el cual obtuvo el valor por m2 del terreno adoptado
como conclusión del avalúo.
147.El perito indicó que, para efectos del estudio, “[…] se han tomado condiciones
actuales de mercado, bajo oferta y demanda […]”, precisando además que el valor
razonable de la inversión inmobiliaria refleja las condiciones del mercado “[…] a la
fecha del balance […]”.
En la memoria de los cálculos se utilizó la información de 3 inmuebles y en el
148.
nombre de la fuente no se identifica a cuál pertenece cada una, tampoco se
44
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua
13”. Página 98 y siguientes.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
identifica si es una oferta o una transacción. Además, el artículo 10 de la Resolución
620 requiere que, para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal,
el valor del terreno y la construcción deben ser analizados de forma independiente
para cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Los comparables corresponden a casas (casa antigua, casa lote), pero el
cuadro únicamente presenta un valor por metro cuadrado sin desagregar cuánto
corresponde al terreno y cuánto a la construcción.
149.La Resolución 620 de 2008 exige en el método de mercado que las ofertas o
transacciones recaigan sobre bienes semejantes y comparables al inmueble objeto
de avalúo. Esta exigencia era especialmente relevante en el presente asunto,
porque se trataba de un predio con particularidades físicas, urbanísticas y
económicas específicas, y con referencia a construcciones o mejoras que debían
ser analizadas de forma independiente. No obstante, la muestra utilizada por el
perito incluyó inmuebles de distinta naturaleza, con áreas, fechas y condiciones que
no se explican.
150.Aunado a lo anterior, el artículo 10 ibidem indica que en “[…] los eventos en que
sea posible, se deben tomar fotografías a los predios en oferta o de los que se ha
obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis […]”. Sin embargo,
en el informe no se indica por qué no fue posible registrar ese soporte, ni tiene anexo
un estudio de mercado complementario.
151.De igual manera, el dictamen no incorpora el desarrollo completo de las
operaciones técnicas que condujeron al valor finalmente adoptado. Se menciona la
existencia de memorias de cálculo, pero en el plenario no obran los soportes
matemáticos que permitan verificar la forma en que fueron procesadas las muestras.
152.La Sala observa que el dictamen incorpora conceptos propios de la valoración
financiera, al señalar que el “[…] valor razonable […]” del inmueble corresponde al
determinado bajo el enfoque de mercado, con fundamento en las condiciones
previstas en la NIIF 13. Sin embargo, el objeto del presente proceso no consiste en
establecer el valor razonable de un activo para efectos contables, sino el valor
comercial del bien expropiado, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 388 de
1997 y las metodologías reguladas en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620
de 2008.
153.De otro lado, el desarrollo del método residual contenido en el dictamen no
permite verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 14 de la
Resolución 620 de 2008. En efecto, aunque el perito plantea un proyecto
inmobiliario compuesto por apartamentos y locales comerciales, el informe no
explica por qué dicho desarrollo corresponde al principio de mayor y mejor uso del
inmueble, ni incorpora las referencias de mercado que sustenten los valores de
venta adoptados para cada producto inmobiliario.
154.Los costos del proyecto se presentan de manera global, sin discriminar los
componentes que, conforme a la norma, integran el costo total, urbanismo, costos
directos, indirectos, financieros y de gerencia, ni justificar la utilidad esperada o
desarrollar el análisis de factibilidad comercial, la tasa interna de retorno o el valor
presente del proyecto.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
155. En consecuencia, como la demandante no acreditó la incorrección del precio
indemnizatorio de la franja de terreno expropiada, se confirmará la sentencia de
primera instancia, de conformidad con el artículo 328 de la Ley 1564 y el principio
de la non reformatio in pejus que impide al juez de segunda hacer más desfavorable
la situación del apelante único46.
V.4.2. La congruencia de la valoración probatoria respecto del precio
indemnizatorio fijado en el avalúo oficial
156.El tribunal de primera instancia concluyó que el avalúo oficial elaborado el 20
de agosto de 2013 por la Corporación Avalúos “[…] no se ajustó a las exigencias
previstas en la normatividad que lo regula, pues carece de los requisitos técnicos
necesarios que soporten las conclusiones que contiene, lo cual conduce a la
afectación del precio indemnizatorio y, en consecuencia, al derecho del particular a
recibir la indemnización plena por el bien objeto de expropiación […]”.
157.Para arribar a esa conclusión, se apoyó en la sentencia de 13 de octubre de
2016 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso
con radicación núm. 05001-23-33-000-2014-01080-01, en la cual se había
considerado que un avalúo oficial elaborado por la misma corporación, con ocasión
de la misma obra pública carecía de las exigencias del método de comparación o
de mercado, pues tomó como referentes bienes no semejantes ni comparables y
omitió indicar la reglamentación urbanística aplicable al inmueble.
158.Por esa razón, el tribunal decidió no tomar el avalúo oficial como base para
calcular el valor del terreno y, en su lugar, acogió el valor del dictamen practicado
dentro de ese otro proceso, en el cual se fijó el valor del m2 en $310.543.
159. Sin embargo, el a quo precisó que dicho valor correspondía únicamente al
terreno y no a las construcciones existentes en el predio y, en consecuencia, no
modificó los valores que el avalúo oficial había reconocido por las celdas de parqueo
y el depósito, incrementando la indemnización exclusivamente por el componente
correspondiente al terreno.
160.Frente a dicho análisis, la demandante sostuvo que el a quo incurrió en una
valoración probatoria incongruente, porque declaró que el avalúo oficial no cumplía
las exigencias técnicas aplicables, pero mantuvo parcialmente sus efectos para
valorar las construcciones existentes en el inmueble.
161.Para resolver, la Sala advierte que el análisis efectuado por el tribunal sobre el
avalúo oficial se sustentó en las conclusiones adoptadas en un proceso distinto,
referido a otro inmueble afectado por la misma obra pública. Sin embargo, como se
explicó previamente, la identidad de la obra pública que motivó la expropiación no
permite concluir, por sí sola, que los inmuebles y avalúos oficiales sean
comparables, pues la valoración del precio indemnizatorio responde a las
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección C. Sentencia de 23 de febrero
de 2026. Radicación núm. 23001-23-33-000-2016-00593-01. C.P. Adriana Polidura Castillo; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Subsección A. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Radicación núm. 25000-23-
36-000-2021-00268-01. C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Radicación 76001-23-31-000-2012-00630-01. C.P. María Elizabeth García
González.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
condiciones físicas, urbanísticas, económicas, normativas y de localización de cada
predio.
162.En ese sentido, las conclusiones adoptadas en el proceso con radicación núm.
05001-23-33-000-2014-01080-01 sobre la pertinencia de ese avalúo oficial no
podían trasladarse automáticamente al presente asunto, en la medida en que se
referían a un inmueble cuyas características no guardaban identidad fáctica plena
con el predio objeto de este proceso.
163.En todo caso para que la demandante obtenga un reconocimiento adicional por
el valor indemnizatorio relacionado con las celdas de parqueo y el depósito, debía
desvirtuar la presunción de legalidad47 del precio indemnizatorio frente a ese punto,
lo cual no lo hizo.
164.Lo anterior, por cuanto dicha carga no se satisface únicamente con la invocación
de las disposiciones normativas que regulan la elaboración de los avalúos
comerciales ni con afirmar la indebida escogencia del método valuatorio utilizado
por la administración. Por el contrario, la demandante debe acreditar, mediante
elementos técnicos suficientes, los errores concretos o inconsistencias
metodológicas que afectan el avalúo oficial, pues no basta con proponer otras
alternativas posibles para la valoración del inmueble, sino que resulta necesario
demostrar objetivamente el defecto atribuido al avalúo48.
165. En el presente asunto, la apelante no explicó en su recurso de apelación por
qué el valor reconocido por las celdas de parqueo y el depósito desconocía la
metodología aplicable, ni aportó elementos técnicos que permitieran sustituir ese
monto por otro. Su inconformidad se dirigió principalmente a cuestionar la forma en
que el tribunal valoró tanto el dictamen rendido en este proceso por el auxiliar de la
justicia como la prueba trasladada, pero no desvirtuó de manera específica el valor
asignado a las construcciones.
166. Por lo anterior, este argumento del recuro no prospera.
V.4.3. La procedencia de la condena en costas
167.La demandante argumentó que el tribunal de primera instancia negó
indebidamente la condena en costas y agencias en derecho. A su juicio, quedó
demostrado la falta de fundamento de la actuación administrativa.
168.Complementó que el a quo interpretó erróneamente el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, pues dicha norma no impedía condenar en costas a la entidad demandada
vencida y, subsidiariamente, sostuvo que esa disposición no era aplicable al
proceso puesto que la demanda se admitió antes de esa reforma normativa.
169. Para resolver, de conformidad con los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y
36549 de la Ley 1564 de 2012, la condena en costas responde a un criterio objetivo
47
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de febrero de 2026, Rad.
25000234100020160113301, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
48
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, Rad.
25000232400020120048301, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
49
“[…] Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
• valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario o
de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es valorativo porque se
requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la
medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad efectivamente realizada dentro del proceso.
170.Así las cosas, en el presente caso no había lugar a condenar en costas a la
parte demandada en primera instancia, debido a que la nulidad parcial del acto
demandado declarada en la sentencia de 24 de marzo de 2021 se limitó al precio
indemnizatorio reconocido por el valor del terreno, sin que se accediera
integralmente a lo solicitado por la parte demandante. Por lo tanto, conforme con el
numeral 5. del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, el juez podía abstenerse de
imponer costas.
171. Adicionalmente, i) no se acreditó la causación de las agencias en derecho; y ii)
el dictamen rendido por Rubén Darío Arenas Naranjo no sirvió de fundamento para
declarar la nulidad parcial del avalúo oficial ni permitió acreditar el mayor valor
indemnizatorio pretendido por la demandante. Por lo tanto, no resultaba procedente
reconocer el valor de las sumas de dinero canceladas al perito.
172.La Sala se releva de efectuar un pronunciamiento adicional sobre los demás
argumentos formulados en la apelación frente a este punto, al no resultar
procedente dicha condena.
173.Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201250, sobre condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en
este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones
previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala
fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las
costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las
costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el
proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que
hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después
de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción […]”.
50
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
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Demandante: Ángela Adriana Zuluaga Gómez
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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