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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00912-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2021-00912-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2021-00912-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00912-01
Actores: MISAEL ENRIQUE MONTAÑA NIETO Y JOSÉ EVENCIO QUIROGA ARROYO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora

contra la sentencia de 15 de febrero de 2024, proferida por la

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Los señores MISAEL ENRIQUE MONTAÑA NIETO y JOSÉ

EVENCIO QUIROGA ARROYO, a través de apoderado judicial,

1
En adelante el Tribunal.

2

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promovieron demanda ante el TRIBUNAL, en ejercicio de la acción

especial de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el

artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo - CPACA, en concordancia con el artículo

71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19972, en la que formularon las

siguientes pretensiones3:

“[…] PRETENSIONES

Por lo anterior solicito:

1. Se DECLARE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 330 DE 16
DE DICIEMBRE DE 2020 en donde se ordenó la expropiación
administrativa del predio que se ubica en la KR 10 A 3 50 (sic) y
RESOLUCIÓN NO. 055 DE 9 DE MARZO DE 2021, en donde
no se repone la Resolución 330 de 16 de diciembre de 2021.
Proferida por EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ (ERU), por cuanto las mismas no se
ajustan a la normativa vigente y aplicable al caso en concreto.

2. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se pague el
excedente del precio indemnizatorio, es decir la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
($291.929.758), basado en los siguientes parámetros:

a. Se tenga como valor comercial del inmueble, la suma de MIL
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.025.390.968),
conforme el avaluó presentado por el profesional JOHN JAIRO
GAVIRIA GACHA […]”.4

2
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
3
La parte actora subsanó la demanda y excluyó de las pretensiones de la demanda “[…] la solicitud de
DECLARAR LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES LAS RESOLUCIONES No. 083 DE 28 DE
ENERO DE 2019, NO. 413 DE 30 DE MAYO DE 2019, por tratarse de actos preparatorios […]”.
4
Las pretensiones son las manifestadas en el escrito de subsanación de la demanda.

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3

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I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes, se señalan los siguientes:

Los actores eran propietarios del bien inmueble ubicado en la calle 4

núm. 11-46, identificado con el número de matrícula inmobiliaria

50C-351571 y Chip núm. AAA0032SOEP5.

La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE

BOGOTÁ, -ERU-6, expidió la Resolución núm. 083 de 28 de enero

de 20197, por medio de la cual les formuló oferta de compra del

referido inmueble por la suma de $688.058.530, de conformidad con

las leyes 9 de 11 de enero de 19898 y 3858 de 1997.

El 26 de marzo de 2019, la parte actora solicitó que se les reconociera

como valor indemnizatorio del predio la suma de $1.025.390.968, en

atención a un peritaje aportado.

5
La parte actora señaló una identificación diferente al inmueble objeto de expropiación; sin embargo,
una vez se verificó en los actos administrativos demandados y el certificado de tradición de matrícula
inmobiliaria, la referida identificación es la allí referida.
6
En adelante la ERU.
7
“Por medio de la cual se formula oferta formal de compra en el marco de las leyes 9 de 1989 y 388
de 1997”.
8
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones”.

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Conforme a lo anterior, la ERU modificó el valor de la oferta de la

compra y la fijó en $733.461.210, a través de la Resolución núm.

413 de 30 de mayo de 20199.

Los demandantes y la ERU suscribieron la promesa de compraventa

núm. 214 de 25 de junio de 2019 y establecieron que se haría un

primer pago por un valor de $586.768.968 y un segundo pago por

un valor de $146.692.242, como consecuencia de lo precedente, el

primer pago les fue entregado a ellos en septiembre del mismo año10

y la entrega material del inmueble la realizaron el 14 de agosto de

2019.

Posteriormente, la parte demandante desistió del trámite de

enajenación voluntaria y solicitó expresamente que se expidiera la

Resolución de expropiación del predio objeto de debate, teniendo en

cuenta que ya se les había entregado la suma de $586.768.968.

El ERU, como consecuencia de lo anterior, expidió la Resolución

núm. 330 de 16 de diciembre de 202011, por medio de la cual

ordenó la expropiación administrativa de dicha propiedad ubicada en

9
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 083 de 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual
se formula oferta formal de compra en el marco de las leyes 9 de 1999 y 388 de 1997”.
10
No se especifica el día.
11
“Por la cual se ordena expropiar por vía administrativa un inmueble requerido para la ejecución del
proyecto SAN BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C.”.

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la calle 4 núm. 11-46, identificada con el número de matrícula

inmobiliaria 50C-351571 y Chip núm. AAA0032SOEP, para lo cual fijó

el valor del precio indemnizatorio en $750.718.113, discriminando el

avalúo comercial en $733.461.210 por el terreno y la construcción y

el daño emergente por $17.256.903. Asimismo, precisó que al

habérseles efectuado el pago del 80% del inmueble a los actores por

un valor de $586.768.968, como consecuencia de la desistida

enajenación voluntaria, les sería descontado ese valor y se les

entregaría solo el saldo de $163.949.145, correspondiente a

$146.692.242 por el terreno y la construcción y $17.256.903 por el

daño emergente.

Los actores contra la anterior decisión interpusieron recurso de

reposición al no estar de acuerdo con el precio indemnizatorio, por lo

que a través de la Resolución núm. 055 de 9 de marzo de

202112, la ERU resolvió el mismo y modificó el saldo del precio

indemnizatorio por la suma de $173.295.880, la cual incluía los

conceptos de terreno y construcción por $146.692.242, daño

emergente por $17.560.638 y $9.043.000 por lucro cesante.

12
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 330 del
16 de diciembre de 2020”.

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Conforme a lo anterior, los actores manifestaron que el avalúo oficial,

el cual fue tenido en cuenta por la entidad demandada para fijar el

precio indemnizatorio, no se ajusta a las realidades físicas y jurídicas

del inmueble, por lo que le solicitó al avalúador JHON JAIRO GAVIRIA

GACHA que hiciera un avalúo a dicho inmueble, el cual concluyó que

el valor comercial del mismo ascendía a $1.025.390.968.

Asimismo, pusieron de presente que el método comparativo del

mercado utilizado en el avalúo oficial tuvo en cuenta un precio muy

inferior del m2 al de la realidad comercial del sector, que, a su juicio,

sería una diferencia de $291.929.758 sobre el valor indemnizatorio

total, lo que da cuenta de que estuvo mal realizado.

Luego, adujeron que existió un error en el proceso de expropiación

administrativa, toda vez que no les fue notificado el “acto

administrativo de urgencia o utilidad pública” por parte de la ERU,

sin que pudieran ejercer su derecho a la defensa.

Por último, resaltaron que el avalúo catastral para la vigencia de

2019 fue de $654.705.000 y, de tenerse en cuenta el artículo 444,

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numeral 413, del Código General del Proceso -CGP-14, para el avalúo

de los bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del

predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), por lo que

este sería de $982.050.750, esto, sin perjuicio de que el avalúo oficial

es del 2018 y los valores no fueron indexados, teniendo en cuenta

que la expropiación se realizó en el 2021.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte actora afirmó que el ERU vulneró los artículos 29 y 34 de la

Constitución Política, al desconocer la efectividad de los derechos y

deberes al proferir los actos administrativos acusados sin sujeción a

las disposiciones legales que regulan la materia.

Adujeron que tampoco tuvo en cuenta las leyes 9 de 1989; 088 de

1997 y 1682 de 2014, el Decreto 1420 de 24 de julio de 199815 y la

Resolución núm. 620 de 23 de septiembre de 200816, ni los

pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a las garantías a la

13
“[…] ARTÍCULO 444. AVALÚO Y PAGO CON PRODUCTOS. Practicados el embargo y secuestro, y
notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los
bienes conforme a las reglas siguientes:
[…]
4. Tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un
cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su
precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido en la
forma indicada en el numeral 1. […]”.
14
En adelante CGP.
15
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.
16
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.

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figura de la expropiación, como lo son el principio de legalidad, el

derecho a la defensa, debido proceso y la indemnización previa y justa

al afectado para que la decisión de expropiación administrativa no sea

un acto confiscatorio.

Manifestaron que para calcular el precio indemnizatorio no puede ser

tenido en cuenta solo lo correspondiente al valor del avalúo comercial,

dado que no incluye los perjuicios generados y, en ese entendido, se

debía incluir la ganancia o provecho que dejaron de percibir como

consecuencia de la expropiación, pues de ser así, sería un

enriquecimiento sin causa por parte del Estado.

Sostuvieron que existió una falsa motivación al expedir resoluciones

demandadas, comoquiera que no existieron los fundamentos de hecho

ni de derecho que justificaran la decisión.

Advirtieron que el avalúo oficial que tuvo en cuenta el ERU para fijar

el precio indemnizatorio no cumple con las reglas diseñadas y

establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-17

por lo siguiente:

17
En adelante el IGAC.

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“[…] a. No es un avaluó independiente, por el contrario, los datos de
área, linderos fueron suministrados a catastro por el ERU.
b. Los datos que fueron consultados a los vecinos y sobre el valor de
los inmuebles NO ES CIERTO, y para ello muchos de ellos están
dispuestos de acudir a su despacho a corroborar lo que aquí
mencionamos, no se les pregunte el valor de los inmuebles y mucho
menos se hizo contacto con ellos mismos.
c. No se trata de un inmueble de uso residencial, su uso es comercial.
d. El área de terreno dista de la certificación catastral, en donde se
precisa un área de 461 m2 y lo mostrado en la oferta comercial es de
447,41.
e. Las áreas llamadas de enramada, tienen instalaciones eléctricas y
una estructura debidamente conformada, así que se debe denominar
cubierta y pagarse conforme a ello.
f. No se hizo el cálculo de lucro cesante a favor de los propietarios
[…]”.

Explicaron que el avalúo oficial tiene varias inconsistencias si se

compara con el avalúo comercial que le solicitó al avalúador JHON

JAIRO GAVIRIA GACHA, por cuanto el m2 construido es muy inferior

a la realidad comercial del sector en que se encuentra ubicado el

inmueble, esto es, una diferencia de $291.000.000 entre los dos,

comoquiera que el método de reposición utilizado rodeó los precios

más bajos del mercado en el sector.

Finalmente, dijeron que los actos censurados incurrieron en una

desviación del poder al no estar debidamente motivados y asimismo

que existió un error en el proceso administrativo de expropiación al no

haberles notificado el “acto administrativo de urgencia o utilidad

pública”, por lo que no pudieron ejercer su derecho a la defensa dentro

del mismo.

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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La ERU se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que

expidió las resoluciones demandadas en el marco de su competencia

y adelantó el proceso administrativo de expropiación de conformidad

con las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y la Resolución núm. 620 de

2008.

Señaló que los actos administrativos demandados gozan de

presunción de legalidad prevista en el artículo 88 del CPACA y,

además, precisó que adelantó cada una de las etapas del

procedimiento expropiatorio en atención al debido proceso.

Adujo que no se le vulneraron los derechos fundamentales a la parte

actora previstos en los artículos 29 y 34 de la Constitución Política,

comoquiera que en el proceso de administración se le informó que el

motivo de la expropiación era el de utilidad pública e interés social y,

asimismo, dijo que los actores en principio estuvieron de acuerdo con

la oferta y suscribieron la promesa de compraventa, por lo cual

recibieron el 80% del avalúo comercial, para luego manifestar su

inconformidad, solo con el argumento de que se les debía reconocer

un mayor valor del precio indemnizatorio.

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Mencionó que no es de recibo las afirmaciones de la parte actora, en

cuanto a que las resoluciones demandadas debían incluir los daños y

los perjuicios sufridos por los afectados como consecuencia de la

expropiación, comoquiera que de conformidad con el artículo 61 de

la Ley 388 de 1997, establece que el valor de la indemnización será

igual al avalúo comercial oficial que elabore la entidad

correspondiente.

Sostuvo que la Resolución núm. 330 de 2020 realizó un recuento

de toda la gestión frente al inmueble expropiado para llevar a cabo

la ejecución del proyecto San Bernardo Tercer Milenio y que, una vez

se modificó la oferta de compra inicial, fue notificada a los

demandantes, los cuales la aceptaron y procedieron a suscribir la

promesa de compraventa núm. 214 de 2019, en la que se pactó que

se les pagaría el valor del precio indemnizatorio en $750.718.113,

para lo cual se efectuaría un primer pago del 80% del inmueble a los

actores por un valor de $586.768.968, el cual fue entregado.

Advirtió que, pese a lo anterior, los actores desistieron del trámite de

enajenación voluntaria y solicitaron expresamente que se expidiera

la Resolución de expropiación, razón por la cual acudió al

procedimiento de la expropiación administrativa prevista en el

artículo 63 de la Ley 388 de 1997.

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Dijo que posteriormente la parte actora solicitó la tasación del daño

emergente y lucro cesante y, por consiguiente, expidió la

Resolución núm. 055 de 2021, que modificó el saldo del precio

indemnizatorio al tener en cuenta los mismos por un valor de

$173.295.880.

Manifestó que, de conformidad con lo precedente, la indemnización

que se le reconoció a los demandantes cumplió con una función

reparatoria, al reconocer el valor comercial del inmueble, junto con

el daño emergente y lucro cesante, esto en cumplimiento del

principio de igualdad ante las cargas públicas, la función social que

debe cumplir la propiedad y la consulta de los intereses de la

comunidad como de los afectados. Además, expresó que la

indemnización no puede confundirse con pretender acceder a un

lucro mayor.

Expresó que el avalúo oficial elaborado por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -

UAECD18, que tuvo en cuenta la ERU para fijar el precio

indemnizatorio, goza de presunción de legalidad y cumple con todos

18
En adelante UAECD.

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los requisitos establecidos en la Resolución núm. 620 de 2008,

expedida por el IGAC.

Planteó que lo anterior no sucede con el avalúo comercial elaborado

por el avalúador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA, al no ajustarse a la

citada normativa y no contradice el avalúo oficial al no indicar cuáles

fueron los errores en los que presuntamente incurrió y, por lo tanto,

no podía ser tenido en cuenta.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 15 de febrero de 2024, el TRIBUNAL denegó

las pretensiones de la demanda.

Para ello, comparó el dictamen pericial aportado por la parte actora

con el avalúo oficial, elaborado por la UAECD respecto del inmueble

objeto de litigio, así:

“[…]

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[…]”.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el avalúo allegado con

la demanda no logró desvirtuar el avalúo elaborado por la UAECD y

no cumplió con los requisitos establecidos por el IGAC.

Manifestó que la parte actora alegó que el valor catastral fue mayor

al avalúo comercial, teniendo en cuenta que se presentó el avalúo

catastral del 2018 y que la expropiación del inmueble objeto de

debate fue posterior a ese año. Sin embargo, dijo que, de

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conformidad con la sentencia de 11 de noviembre de 202119,

proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, el avalúo

catastral se establece con una normativa y propósitos distintos de los

de la expropiación, por lo que no es un parámetro para determinar

el precio del predio expropiado, así que no se debe tener en cuenta

en los procesos de expropiación administrativa y aclaró que el avalúo

oficial es el documento idóneo para determinar el valor

indemnizatorio a pagar dentro del proceso de expropiación

administrativa.

Advirtió que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que el

proceso administrativo de expropiación estaba viciado de nulidad,

comoquiera que el acto administrativo de “urgencia o utilidad

pública” no les fue notificado y, por lo tanto, no pudieron ejercer sus

derechos de defensa y contradicción, debido a lo siguiente:

“[…] -. Los demandantes no pueden alegar falta de notificación de
dicho acto administrativo, ya que, posterior a la expedición de este,
mediante la Resolución No. 083 de 2019 se les realizó una oferta formal
de compra de su inmueble, resolución de la cual obra en el expediente
constancia de su notificación personal. Así mismo, contra dicha
resolución elevaron derecho de petición solicitando la reconsideración
de la oferta realizada. Petición que fue resuelta de manera favorable,
incrementado el valor de la oferta inicial mediante la Resolución No.
413 de 2019 de la que también obra constancia en el expediente que
se notificaron personalmente los dos demandantes y además
renunciaron a los términos al manifestar con su puño y letra: “Renuncio
a términos de la oferta de compra”.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 11 de
noviembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 05001-23-31-000-2001-
00519-02.

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-. Siendo así, se encuentra probado dentro del expediente
administrativo que los demandantes aceptaron la oferta de compra
realizada durante la etapa de enajenación voluntaria y suscribieron
Promesa de Compraventa No. 214 del 25 de junio de 2018 mediante
la cual se estableció:

-. Que está probado igualmente dentro del expediente administrativo,
que los demandantes recibieron el valor establecido como primer pago,
esto es el 80% del valor pactado en la Promesa de Compraventa
referida.

-. Posterior a esto, los demandantes desisten del trámite de
enajenación voluntaria alegando incumplimiento por parte de la
demandada alegando incumplimiento y solicitan a la ERU expedir
resolución de expropiación cuestionando el valor que habían pactado
en el Contrato de Promesa de Compraventa No. 214 del 25 de junio de
2018.

-. Teniendo en cuenta lo anterior, la ERU expide la Resolución No. 330
de 2020 “Por la cual se ordena expropiar por vía administrativa un
inmueble requerido para la ejecución del proyecto SAN BERNARDO
TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C.”, contra la cual los demandantes
interpusieron el recurso de reposición el cual fue resuelto mediante la
Resolución No. 055 de 2021 en donde se modificó la primera

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Resolución y se reconoció por parte de la entidad un valor adicional por
el concepto de “Lucro Cesante”, estableciéndose que el valor
indemnizatorio restante a cancelar a los demandantes sería la suma de
$ 173.295.880; es decir, un valor mayor pero que consideraron que
tampoco estaba acorde con sus pretensiones […]”.

Concluyó, conforme a lo anterior, que los demandantes fueron

notificados en debida forma de todas las actuaciones adelantadas en

el proceso administrativo de expropiación, los cuales ejercieron sus

derechos de manera activa, al suscribir el contrato de promesa de

compraventa y, asimismo, tuvo la oportunidad de interponer todos

los recursos legales.

Señaló que, en el trámite de la enajenación voluntaria, de la cual los

actores ya habían recibido el 80% del valor pactado, decidieron

detener el mismo y discutir nuevamente el precio que iban a recibir,

lo anterior a través del avalúo comercial elaborado por el avalúador

JHON JAIRO GAVIRIA GACHA, el cual no logró desvirtuar el oficial.

Explicó que respecto del perjuicio de lucro cesante que la parte actora

dice que no le fue reconocido, el mismo sí fue tenido en cuenta por

la Resolución núm. 055 de 2021, por un valor de $9.043.000, por

lo que dicho cargo no estaba llamado a prosperar.

Por lo precedente, afirmó que durante la actuación administrativa ni

en el proceso de la referencia, se pudo desvirtuar la legalidad de las

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resoluciones demandadas, por lo que era del caso mantener el precio

otorgado a los demandantes.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta el avalúo

aportado con la demanda, en el que dice que el valor comercial total

del inmueble ascendía a $1.025.390.968, por lo que, a su juicio, no

analizó las pruebas aportadas al proceso que establecían que el

avalúo elaborado por la UAECD no se encontraba conforme a la

realidad física y jurídica del inmueble expropiado.

Manifestaron que el ERU “[…] no objetó el dictamen en que fuera

presentado con la demanda, ni aportó un dictamen nuevo, que pudiera

precisar inconformismos en el aportado con esta, por ello la única prueba

que fue objeto de contradicción fue la presentada con la demanda, es decir

que era obligación de este Tribunal fallar con la prueba técnica aportada,

lo cual no hizo […]”.

Indicaron que en el avalúo oficial el método comparativo del mercado

utilizado por la UAECD tenía varias inconsistencias, toda vez que el

precio por m2 que tuvo en cuenta para el cálculo del precio

indemnizatorio es menor al de la realidad comercial del sector que,

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a su juicio, existía una diferencia de $291.929.758 sobre el valor total

y, asimismo, el método de reposición utilizó los precios más bajos

del mercado en el sector.

Reiteraron que el avalúo oficial, que tuvo en cuenta el ERU para fijar

el precio indemnizatorio, no cumple con las reglas diseñadas y

establecidas por el IGAC, por cuanto:

“[…] a. No es un avaluó independiente, por el contrario, los datos de
área, linderos fueron suministrados a catastro por el ERU.
b. Los datos que fueron consultados a los vecinos y sobre el valor de
los inmuebles NO ES CIERTO, y para ello muchos de ellos están
dispuestos de acudir a su despacho a corroborar lo que aquí
mencionamos, no se les pregunte el valor de los inmuebles y mucho
menos se hizo contacto con ellos mismos.
c. No se trata de un inmueble de uso residencial, su uso es comercial.
d. El área de terreno dista de la certificación catastral, en donde se
precisa un área de 461 m2 y lo mostrado en la oferta comercial es de
447,41.
e. Las áreas llamadas de enramada, tienen instalaciones eléctricas y
una estructura debidamente conformada, así que se debe denominar
cubierta y pagarse conforme a ello.
f. No se hizo el cálculo de lucro cesante a favor de los propietarios
[…]”.

Resaltaron nuevamente que el avalúo catastral para la vigencia de

2019 fue de $654.705.000 y de tenerse en cuenta el artículo 444,

numeral 4, del CGP, para el avalúo de los bienes inmuebles el valor

será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta

por ciento, por lo que, a su juicio, este sería de $982.050.750.

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IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- La parte actora y la ERU guardaron silencio.

IV.2- El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

V.2.- PROBLEMAS JURÍDICOS

La Sala advierte que la decisión en esta instancia estará limitada a

los aspectos que fueron objeto del recurso de apelación presentado

por la parte actora.

A partir de los cargos planteados en el recurso de apelación,

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corresponde a la Sala determinar, si la sentencia de primera instancia

debe confirmarse, modificarse o revocarse, en razón a que los

demandantes manifestaron que el avalúo elaborado por la UAECD,

tenido en cuenta por el ERU para fijar el precio indemnizatorio, no

cumplía con los lineamientos de la Resolución núm. 620 de 2008,

debido a que: i) no es un avalúo independiente, al ser los datos del

área suministrados por la misma ERU; ii) no se realizó el estudio de

los precios de los inmuebles del sector, debido a que no se les

preguntó el valor de los inmuebles a los “vecinos” del inmueble ni se

hizo contacto con ellos; iii) el uso del inmueble era comercial y no

residencial; iv) el área del terreno expropiado no concuerda con la

certificación catastral; v) no se tuvo en cuenta el área denominada

enramada del inmueble; y vi) no se les reconoció el lucro cesante.

Asimismo, indicaron que el Tribunal debía tener en cuenta el avalúo

comercial allegado con la demanda, elaborado por el avaluador JHON

JAIRO GAVIRIA GACHA, al cumplir con los requisitos técnicos

establecidos por el IGAC y, asimismo, señalaron que se debía tener

en cuenta el avalúo catastral para fijar el precio indemnizatorio,

conforme al artículo 444, numeral 4, del CGP.

V.3.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

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• RESOLUCIÓN NÚM. 330 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020

“[…] RESOLUCIÓN No. (330)
“Por la cual se ordena expropiar por vía administrativa un
inmueble requerido para la ejecución del proyecto SAN BERNARDO
TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C.”

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[…]”.

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A través del acto administrativo en cita, el ERU ordenó la

expropiación del bien en cuestión, con fundamento en el artículo 58

de la Constitución Política, la Ley 388 y los acuerdos y decretos

distritales que declararon la existencia de condiciones especiales de

urgencia para los predios comprendidos en las manzanas 23, 24, 26,

30, 34, 35, 36 y 37 del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo

Tercer Milenio de Bogotá D.C.

En su parte resolutiva, ordenó la expropiación del inmueble,

describiéndolo mediante linderos y área, y fijó el valor del precio

indemnizatorio en $750.718.113, discriminando el avalúo comercial

en $733.461.210 por el terreno y la construcción y el daño

emergente por $17.256.903. Asimismo, precisó que, al habérseles

efectuado el pago del 80% del inmueble a los actores por un valor

de $586.768.968, como consecuencia de la desistida enajenación

voluntaria, les sería descontado ese valor y se les entregaría solo el

saldo de $163.949.145, correspondiente a $146.692.242 por el saldo

del terreno y la construcción y $17.256.903 por el saldo del daño

emergente.

• RESOLUCIÓN NÚM. 055 DE 9 DE MARZO DE 2021

“[…] RESOLUCIÓN No. (055)

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“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO. 330 DEL 16
DE DICIEMBRE DE 2020”

[…]

Analizados los fundamentos que sustentan el recurso de reposición, las
pretensiones de los recurrentes y las pruebas allegadas y una vez se
verifica la totalidad de la actuación administrativa que sustenta el
proceso de adquisición del predio SB23-07_0000, se encuentra que la
misma esta conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1989 y Ley 388
de 1997, razón por la cual esta Dirección no encuentra merito técnico
o jurídico que afecte la legalidad del acto recurrido, que conlleve a
variar la posición de esta entidad, a excepción de la complementación
y reemplazo del avalúo técnico indemnización 2018-1436 del 20 de
octubre de 2020 elaborado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital- UAECD, por lo tanto, solo en este sentido, hay lugar
a modificar la Resolución No. 330 del 16 de diciembre de 2020 "Por
medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un
inmueble requerido para la ejecución del proyecto SAN BERNARDO
TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C."

En tal sentido la Directora de Predios de la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 330 del 16 de
diciembre de 2020 “Por la cual se ordena expropiar por vía
administrativa un inmueble requerido para la ejecución del proyecto
SAN BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C.”, en sus artículos
segundo y tercero, los cuales quedará así:

“ARTICULO SEGUNDO. - VALOR INDEMNIZATORIO: El saldo del
valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la
presente resolución corresponde a la suma de CIENTO SETENTA Y
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($173.295.880.oo), el cual incluye y reconoce los siguientes valores:

a) La suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($146.692.242.oo), por el
saldo correspondiente por terreno y construcción de conformidad con
el Informe Técnico de Avalúo Comercial No. 1436 del 10 de mayo de
2019, elaborados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, de acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en el
Decreto 1420 de 1998, compilado en el Decreto Único Reglamentario
1170 de 2015.

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b) La suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($17.560.638.oo MCTE), por concepto de Daño Emergente,
conforme al Informe Técnico de Avalúo Indemnización No. 2018-1436
del 26 de febrero de 2021, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.

c) La suma de NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($9.043.000.oo MCTE), por concepto de
lucro Cesante, conforme al Informe Técnico de Avalúo Indemnización
No. 2018-1436 del 26 de febrero de 2021, elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del proceso de enajenación
voluntaria tal y como quedó establecido en la parte motiva de la
presente resolución, conforme la certificación emitida por la fiduciaria
Alianza S.A. el día 8 de octubre de 2019 se efectuó el pago del primer
contado en el mes de septiembre de 2019 por el ochenta por ciento
(80%) del avalúo comercial por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($586.768.968)
MONEDA CORRIENTE, por tal motivo se hace necesario proceder a
su descuento del valor del precio indemnizatorio, en tal virtud el valor
a girar será la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($173.295.880.oo) […]”.

El citado acto administrativo modificó la Resolución núm. 330 de

2020, en el sentido de incluir la suma de $9.043.000, por concepto

de lucro cesante, y aumentar el monto del daño emergente a

$17.560.638 en el valor del precio indemnizatorio, por lo que el saldo

reconocido -luego del descuento del 80% que ya le había sido pagado

a los actores- ascendió a una suma de $173.295.880.

V.4.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

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marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título de

cuestionamientos contra el fallo del Tribunal a quo.

V.4.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés
público o social. La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta
a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita, se tiene que20 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

20
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

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arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos

para la adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de

utilidad pública e interés general, potestad que luego se reguló por la

Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que, una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena, sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria 21, la

21
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales

del predio y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada,

el artículo 70 ibidem prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad
que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el
registro de la decisión en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad
acredite que el propietario o los titulares de otros
derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de
este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según

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sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber correspondientes
a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el
particular no retira dichos valores y los documentos de deber
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad
deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para
el efecto a disposición del particular, y entregará copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los
diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado
formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO,
sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá
acudir al auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo,
la decisión de expropiación por vía administrativa no
producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3)
años contados a partir de la fecha de inscripción de la
decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el
inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina
de Registro, a fin de que el demandante recupere la
titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se
determinará el valor y los documentos de deber que la

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persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la
entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS,

el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los

efectos previstos en el artículo 6122 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y

justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y

los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin

de alejarse de un acto confiscatorio.

22
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley
9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].

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Al respecto, esta Sección23 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete
la incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a
cargo de la autoridad que ostenta la potestas
expropiandi, de indemnizar plena y previamente al
afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido
de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido
a todos los miembros de la colectividad y reparado de
manera integral […]”. Destacado fuera de texto.

Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199824

fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y

criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
24
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”

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la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre

otros, para el caso de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2025 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2326 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia, el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200827, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de los

avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización de

rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de encuestas y

25
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
26
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata
el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante
resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de
este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.
27
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.

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v) el de costo o reposición.

V.4.2. CASO CONCRETO

Los recurrentes adujeron que el avalúo elaborado por la UAECD,

tenido en cuenta por el ERU para fijar el precio indemnizatorio, no

cumplía con los lineamientos de la Resolución núm. 620 de 2008,

debido a que no calculó en debida forma el m2 del sector y además

porque: i) no es un avalúo independiente, al ser los datos del área

suministrados por la misma ERU; ii) no se realizó el estudio de los

precios de los inmuebles del sector, debido a que no se les preguntó

el valor de los inmuebles a los “vecinos” del inmueble ni se hizo

contacto con ellos; iii) el uso del inmueble era comercial y no

residencial; iv) el área del terreno expropiado no concuerda con la

certificación catastral; v) no se tuvo en cuenta el área denominada

enramada del inmueble; y vi) no se les reconoció el lucro cesante.

Asimismo, manifestaron que el TRIBUNAL debía tener en cuenta el

avalúo comercial allegado con la demanda, elaborado por el

avaluador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA, al cumplir con los requisitos

técnicos establecidos por el IGAC y, asimismo, que se debía tener

en cuenta el avalúo catastral para fijar el precio indemnizatorio,

conforme al artículo 444, numeral 4, del CGP.

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-DE LA INDEPENDENCIA DEL AVALÚO OFICIAL

Sobre el particular, vale la pena resaltar, que tal y como lo afirmó el

a quo, el artículo 2328 de la Ley 1682 de 2013 establece que el avalúo

comercial podrá ser realizado por el IGAC o la autoridad catastral

correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter

privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.

Asimismo, se tiene que el artículo 6329, literal e, del Acuerdo 257 de

30 de noviembre de 200630, expedido por el Concejo de Bogotá, no

solo define la naturaleza y objeto de la UAECD, sino que incorpora

28
“[…] ARTÍCULO 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la
adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte
será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por
las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de
transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos
comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los
avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de
transporte.
PARÁGRAFO. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta sancionable
disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador
[…]”.
29
“[…] Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital. La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Hacienda.
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a
la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas:
e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector
privado que lo soliciten […]” (Destacado fuera de texto).
30
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

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dentro de sus funciones básicas la realización de avalúos comerciales

para organismos y entidades distritales, así como para empresas del

sector privado que lo soliciten y, a su vez, el Decreto Distrital núm.

583 de 15 de diciembre de 201131, vigente para la época en que se

adelantó el proceso de expropiación administrativo 32, reglamentó

dicha competencia, la cual fue mantenida en el Decreto núm. 645 de

22 de diciembre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá

D.C.

Al respecto, vale la pena resaltar que, sobre la competencia de la

UAECD, esta Sección se pronunció en igual sentido en la sentencia

de 26 de enero de 202633, así:

“[…] Sobre el particular, vale la pena resaltar que tal y como
lo afirmó el a quo, el artículo 2334 de la Ley 1682 de 2013

31
“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de
que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”. Modificado por el Decreto núm. 152 de
16 de marzo de 2018, “Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Decreto Distrital 583 de 2011”.
32
El citado Acuerdo fue derogado por el Decreto núm. 645 de 22 de diciembre de 2025, “Por medio del
cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de enero
de 2026, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2016-01133-
01.
34
“[…] ARTÍCULO 23. Avaluadores y metodología de avalúo. El avalúo comercial para la
adquisición o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte
será realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral
correspondiente o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por
las Lonjas de Propiedad Raíz.
El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares.
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de
transporte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tendrá como función adoptar las normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos
comerciales y su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) introducirá las modificaciones que resulten necesarias.
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los
avaluadores, propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de
transporte.

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establece que el avalúo comercial podrá ser realizado por el
IGAC o la autoridad catastral correspondiente o las personas
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y
autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.

Por su parte, el artículo 6335, literal e, del Acuerdo 257 de 30
de noviembre de 200636, expedido por el Concejo de Bogotá,
no solo define la naturaleza y objeto de la UAECD, sino que
incorpora dentro de sus funciones básicas la realización de
avalúos comerciales para organismos y entidades distritales,
así como para empresas del sector privado que lo soliciten y,
a su vez, el Decreto Distrital núm. 583 de 15 de diciembre
de 201137, vigente para la época en que se adelantó el
proceso de expropiación administrativo38, reglamentó dicha
competencia, la cual fue mantenida en el Decreto núm. 645
de 22 de diciembre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C.

En ese entendido, es claro que no existe ningún tipo de
impedimento para que la UAECD realizara el avalúo
censurado al ser dicha entidad, de conformidad con la
normativa expuesta en líneas anteriores, la autoridad
catastral técnica competente para determinar el valor
comercial de los inmuebles en el Distrito Capital. […]”.

En ese entendido, es claro que no existía ningún tipo de parcialidad

o impedimento para que la UAECD realizara el avalúo censurado, al

ser dicha entidad, de conformidad con la normativa expuesta en

PARÁGRAFO. El retardo injustificado en los avalúos realizados es causal de mala conducta sancionable
disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador
[…]”.
35
“[…] Artículo 63. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital. La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, estará organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Hacienda.
Tiene por objeto responder por la recopilación e integración de la información georreferenciada de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico, que contribuya a
la planeación económica, social y territorial del Distrito Capital.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital tiene las siguientes funciones básicas:
e. Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas del sector
privado que lo soliciten […]” (Destacado fuera de texto).
36
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones
37
“Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de avalúos comerciales de inmuebles, de
que trata el literal e) del artículo 63 del Acuerdo 257 de 2006”.
38
El citado Acuerdo fue derogado por el Decreto núm. 645 de 22 de diciembre de 2025, “Por medio del
cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”.

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líneas anteriores, la autoridad catastral técnica competente para

determinar el valor comercial de los inmuebles en el Distrito Capital.

Precisado lo anterior, vale la pena puntualizar que los datos debían

ser suministrados por la ERU a la UAECD, de conformidad con lo

establecido en el artículo 13 del Decreto núm. 1420 de 1998, que

dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 13.- La solicitud de realización de los avalúos de que
trata el presente Decreto deberá presentarse por la entidad
interesada en forma escrita, firmada por el representante
legal o su delegado legalmente autorizado, señalando el
motivo del avalúo y entregando a la entidad encargada los
siguientes documentos:

1. Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y
descripción de linderos.

2. Copia de la cédula catastral, siempre que exista.

3. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble
objeto del avalúo, cuya fecha de expedición no sea anterior en más
de tres (3) meses a la fecha de la solicitud.

4. Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas
del terreno, de las construcciones o mejoras del inmueble o motivo
de avalúo, según el caso.

5. Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal,
condominio parcelación cuando fuere del caso.

6. Copia de la reglamentación urbanística vigente en el
municipio o distrito, en la parte que haga relación con el
inmueble objeto del avalúo. Se entiende por reglamentación
urbanística vigente aquella expedida por autoridad competente y
debidamente publicada en la gaceta que para el efecto tenga la
administración municipal o distrital.

7. Para el caso del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de
1989, deberá informarse el lapso de tiempo durante el cual se

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imposibilite la utilización total o parcial del inmueble como
consecuencia de la afectación.

Parágrafo 1.- Cuando se trate del avalúo de una parte de un
inmueble, además de los documentos e información señalados
en este artículo para el inmueble de mayor extensión, se
deberá adjuntar el plano de la parte objeto del avalúo, con
indicación de su linderos, rumbos y distancias.

Parágrafo 2.- El plazo para la realización de los avalúos objeto del
presente Decreto es máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las
excepciones legales, los cuales se contarán a partir del día siguiente
al recibo de la solicitud con toda la información y documentos
establecidos en el presente Artículo […]”. (Resaltado y subrayado
fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, en el presente caso era obligación del

ERU entregar los referidos documentos a la UAECD para que

procediera a realizar el avalúo oficial, por lo que no se advierte en

forma alguna la alegada parcialidad de dicho avalúo o que el mismo

no fuera independiente.

-DEL AVALÚO OFICIAL

Ahora, la Sala advierte que el avalúo oficial, esto es, el Avalúo

núm. 2018-1463 de 10 de mayo de 2019, elaborado por la

UAECD, respecto del inmueble ubicado en la calle 4 núm. 11-46 de

Bogotá D.C., fijó el valor total de la indemnización por concepto del

terreno y de construcción en $733.461.210, para lo cual señaló que

aplicó los métodos de comparación o de mercado y de costo de

reposición, de la siguiente manera:

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Posteriormente, fue modificado el daño emergente y reconocido

como lucro cesante por el informe técnico complementario del

avalúo comercial núm. 2018-1436 de 26 de febrero de 202139,

respectivamente, por los valores de $17.560.638 y $9.043.000 de la

siguiente manera:

39
El citado informe complementó y reemplazó al informe técnico complementario del avalúo comercial
núm. 2018-01436 de 20 de octubre de 2020.

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Verificado el avalúo oficial, la Sala encuentra que contrario a lo

manifestado por la parte actora, la UAECD cumplió con los requisitos

técnicos del Decreto núm. 1420 de 1998 y la Resolución núm. 620

de 2008, para elaborar el avalúo y determinar el valor comercial del

inmueble objeto de expropiación, pues tuvo en cuenta la visita

técnica en la que se obtuvieron las características o condiciones del

inmueble, como su ubicación, linderos, forma geométrica, área de

terreno, servicios públicos, características de la construcción,

matrícula inmobiliaria, vías de acceso, áreas del lote y de edificación,

topografía, la descripción el sector, la actividad predominante y

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edificadora, la estratificación socio económica, el registro

fotográfico, el estudio de mercado y el presupuesto de construcción.

En cuanto a la clasificación del uso comercial o residencial del suelo

alegada por la parte demandante, la Sala advierte que la UAECD sí

lo identificó, para lo cual tuvo en cuenta, además de lo mencionado

en precedencia, el tipo de inmueble, la reglamentación urbanística y

las actividades predominantes en el sector, así:

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De acuerdo con lo precedente es evidente que el avalúo oficial

estableció como tipo de inmueble “casa con local comercial” y como

destino económico “comercio en corredor comercial”; tuvo en cuenta

la reglamentación urbanística del inmueble para determinar que se

encontraba ubicado en la UPZ 95 Las Cruces; señaló que en ese

sector normativo el uso principal del suelo es residencial, vivienda

unifamiliar bifamiliar y multifamiliar y el uso complementario es de

equipamientos colectivos y servicios -servicios empresariales

financieros, escala zonal, servicios personales, alimentario de escala

zonal, profesionales, técnicos especializados, escala vecinal, de

comunicación y entretenimiento empresariales, alimentario de

escala zonal- y, en ese sentido, determinó que existían actividades

de tipo residencial con actividad complementaria de comercio en los

primeros pisos, razón por la cual para la Sala es claro que la UAECD

sí valoró dichas características.

Ahora, como se puso de presente anteriormente, el avalúo oficial

aplicó el método de comparación o de mercado, con la finalidad de

establecer el valor de terreno, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008, mientras que, para

fijar el valor de la construcción, acudió al método de costo de

reposición, previsto en el artículo 3º ibidem. Dichas disposiciones

prevén lo siguiente:

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“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
[…]

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es
el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se
le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para
ello se utilizará la siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno

PARÁGRAFO. Depreciación. Es la porción de la vida útil que
en términos económicos se debe descontar al inmueble por
el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida
remanente del bien.

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo
el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso de las
maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de
las construcciones se deben emplear modelos continuos y no
los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un
sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de
conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para
lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste
para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, se observa que los artículos 10 y 13 de la Resolución

núm. 620 de 2008, sobre la aplicación del método de comparación o

de mercado y de reposición, establecen lo siguiente:

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“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que
en la presentación del avalúo se haga mención explícita del
medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los
datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores
unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad
horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de
área privada de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
[…]

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En
desarrollo de este método se debe entender por costo total
de la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en
que debe incurrirse para la realización de la obra. Después
de calculados los volúmenes y unidades requeridos para la
construcción, se debe tener especial atención con los costos
propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que
el bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables
por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por
la inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones)
y corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de
propiedad horizontal.

PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta
la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por
el fabricante […]”.

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Cabe mencionar que la UAECD para aplicar el método de

comparación o de mercado y determinar el valor comercial del

inmueble, para el terreno, cumplió con los requisitos técnicos

previstos en el citado artículo 1º de la Resolución núm. 620 de 2008,

pues en el citado avalúo oficial núm. 2018-1463, señaló que tuvo en

cuenta las ofertas o transacciones recientes de bienes inmuebles de

similares características físicas del mismo sector catastral y sectores

aledaños, las cuales son comparables con el del predio objeto de

expropiación, para la época del avalúo, relacionadas en la

investigación económica inmobiliaria, como se muestra a

continuación:

“[…]

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[…]”.

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En efecto, al aplicar el referido método valuatorio, la UAECD tuvo en

cuenta las ofertas de cinco inmuebles encontradas en el sector

catastral del inmueble expropiado con características similares, en

cuanto a la (i) ubicación, (ii) edad, (iii) área construida y (iv) valor

ofertado, para lo que también trajo a colación el registro fotográfico,

el valor pedido y el valor negociado, y relacionó los números

telefónicos de los oferentes a través de los cuales fueron

contactados.

En consecuencia, el estudio del mercado estuvo ajustado a lo

establecido en los artículos 1 y 10 de la Resolución núm. 620 de

2008, pues contrario a lo manifestado por la parte actora, que alegó

que no se realizó el estudio de los precios de los inmuebles del sector

al no preguntar el valor de los inmuebles a los “vecinos”, se evidencia

que sí existió contacto con los “vecinos” y que se realizó el estudio

comparativo de mercado en debida forma.

Además, respecto a lo manifestado por la parte actora de que

presuntamente el avalúo oficial al aplicar el método tuvo en cuenta

un precio menor del m2 en el sector, vale la pena precisar que el

avalúo oficial aplicó, como ya se dijo antes, el método de

comparación o de mercado, en el que se determinó correctamente la

dinámica inmobiliaria de la zona, al analizar los valores del terreno

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de las mencionadas cinco ofertas en las que se evidenciaron valores

entre el $1.034.000 por m2 hasta el $1.159.000 por m2, por lo que

se obtuvo un valor promedio de $1.096.000 por m2, para septiembre

del año 2018, teniendo en cuenta un coeficiente de variación de

5.77%, esto es, inferior al 7.5%, lo que pone de presente el

cumplimiento del artículo 1140 de la Resolución núm. 620 de 2008,

razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar.

Asimismo, se observa que la UAECD, en el referido avalúo oficial,

cumplió con los requisitos técnicos previstos en el citado artículo 3º

de la Resolución núm. 620 de 2008, al aplicar el método de

reposición, así:

40
“[…] ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE
LOS VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información de mercado de documentos
escritos, estos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en los cálculos
estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los eventos de no existir mercado. En los
casos que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta producto de la aplicación de los métodos
valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la más usual es la media aritmética.
Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores de dispersión
tales como la varianza y el coeficiente de variación (Ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, la media
obtenida se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, no es
conveniente utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el número de
puntos de investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor medio
encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberá calcular el coeficiente de
asimetría (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia dónde tiende a
desplazarse la información, pero no podrá sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las construcciones y se quieran trabajar en
un sistema de ajuste de regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste para tres
ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) y se tomará la más representativa del
mercado. […]”. (Resaltado fuera de texto)

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“[…]

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Así las cosas, la Sala observa que no le asiste razón a la parte actora

al indicar que el avalúo oficial utilizó los precios más bajos del

mercado en el sector para determinar el costo de la construcción,

toda vez que para ello se tuvo en cuenta la descripción y el detalle

de la construcción (muros de ladrillo, tableta en gress, placa entre

piso y enramada en la cancha de tejo), el tipo de construcción, la

tipología de construcción según el criterio de la UAECD, la edad

(años), la vida útil, el estado de conservación, el valor del terreno, y

la depreciación fue adoptada mediante los criterios de edad y estado

de conservación de Fitto y Corvini, razón por la cual el cálculo

obedeció a todos los parámetros establecidos en los artículos 3 y 13

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de la Resolución núm. 620 de 2008, máxime sí se tiene en cuenta

que clasificó el inmueble como bien conservado.

Ahora, respecto de que la UAECD no tuvo en cuenta el área

denominada enramada del inmueble, es del caso advertir que esta sí

se valoró, pues el avalúo oficial determinó que, en efecto, contaba

con una cancha de tejo que presentaba características similares a

una enramada, como lo señaló la Resolución núm. 055 de 2021,

demandada, en la cual, además, explicó sobre la enramada, lo

siguiente:

“[…] el área de enramada se valoró de acuerdo con sus
características físicas, la cual presenta columnas en cerchas
metálica, doble altura, y con cubierta en teja de zinc, para la
cual se elaboró un presupuesto que se adjuntó en el informe
de avalúo, es decir esta estructura es de tipo temporal y no
se puede comparar con estructuras de concreto que
presentan instalaciones sanitarias y eléctricas más
elaboradas […]”.

Asimismo, se tuvo en cuenta el área del inmueble a expropiar,

consistente en el área de construcción de 419.97 m2, que contaba,

entre otras, con un área de 150.34 m2 perteneciente a la enramada

de la cancha de tejo, la cual se tomó para el cálculo del precio

indemnizatorio, así:

“[…]

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[…]”.

Así las cosas, es claro que para el cálculo del precio indemnizatorio

del inmueble sí se tuvo en cuenta la enramada, echada de menos por

la parte actora.

Además de lo anterior, es del caso resaltar que a través del informe

técnico complementario del avalúo comercial núm. 2018-1436 de 26

de febrero de 202141, sí se fijó el lucro cesante, contrario a lo

señalado por la parte actora, el cual fijado por valor de $9.043.000,

para lo cual se tuvieron en cuenta los documentos aportados para tal

fin, suma de dinero que fue reconocida, en la Resolución núm. 055

de 2021, acusada, así:

“[…] c) La suma de NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.043.000.oo MCTE), por
concepto de Lucro Cesante, conforme al Informe Técnico de Avalúo
Indemnización No. 2018-1436 del 26 de febrero de 2021, elaborado
por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. […]”
(Destacado fuera de texto).

41
El citado informe complementó y reemplazó al informe técnico complementario del avalúo comercial
núm. 2018-01436 de 20 de octubre de 2020.

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No obstante, lo anterior, si en gracia de discusión se aceptara alguno

de los reproches alegados por la parte actora contra el avalúo oficial,

es del caso precisar que se presume la legalidad del acto

administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el

informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como

fueron calculados los valores correspondientes, conforme lo sostuvo

la Sala en la sentencia de 19 de abril de 202142, en la que, al efecto,

discurrió:

“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo AV-466-
07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá sobre el
cual se sustentó la expedición de los actos demandados, presentan
características generales correspondientes a cualquier avalúo; razón
por la cual no le asiste razón al accionante cuando indica que el a quo
no tomó en cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no
controvierten ni aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar
que el avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá
es errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos., valga
decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los cobija.

69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado
ha indicado que se presume la legalidad del acto administrativo
que incorporó el avalúo oficial, aun cuando en el informe técnico
no se precisan las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores correspondientes, por ello la parte
demandante debe aportar las pruebas para demostrar los
errores de este. En este contexto, esta Sección, mediante sentencia
proferida el 6 de febrero de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los
avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente
autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los
eventos de expropiación y ha concluido que, aun cuando en el informe

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.

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técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron
calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio
indemnizatorio, en la medida en que dicho precio hace parte del acto
administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se
presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende,
corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala, sobre
el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio
del inmueble establecido por la administración se determinó
como resultado de la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO
DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el precio por
comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles
similares o equiparables, previos ajustes de tiempo,
conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura
que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y
la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados
recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en
ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos
se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones
inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta
para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir
que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen
rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el
texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde luego
prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga
de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección43 […].” (la Sala
destaca) […]”44

43
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

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74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo realizado
por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentó la
expedición de los actos administrativos acusados, sea que no
se indicó los inmuebles con los cuales se realizó la
comparación y que al ser mayor el precio del avalúo comercial
determinado en los avalúos contratados por el demandante,
ello resulte suficiente para decretar la nulidad parcial de estos
[...].” (Destacado fuera de texto)

De otra parte, la Sala observa que la parte actora adujo que se debía

tener en cuenta el avalúo catastral para fijar el precio indemnizatorio

conforme al artículo 444, numeral 4, del CGP y, además, que el área

del terreno expropiado no coincidía con el mismo.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 30 de

enero de 202545, proferida por esta Sección, en la que se sostuvo lo

siguiente:

“[…] 98. Los artículos 3º, 4º, 5º y 6º ibidem señalan lo
siguiente en cuanto a dichas perspectivas:

“[…] Artículo 3º.- Aspecto físico. El aspecto físico consiste en
la identificación de los linderos del terreno y edificaciones del
predio sobre documentos gráficos o fotografías aéreas u
ortofotografías y la descripción y clasificación de las
edificaciones y del terreno.

Artículo 4º.- Aspecto jurídico. El aspecto jurídico consiste en
indicar y anotar en los documentos catastrales la relación
entre el sujeto activo del derecho, o sea el propietario o
poseedor, y el objeto o bien inmueble, mediante la
identificación ciudadana o tributaria del propietario o
poseedor, y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de enero
de 2025, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2001-
00524-02.

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del predio respectivo.
Artículo 5º.- Aspecto fiscal. El aspecto fiscal consiste en la
preparación y entrega a los Tesoreros Municipales y a las
Administraciones de Impuestos Nacionales respectivas, de
los listados de los avalúos sobre los cuales ha de aplicarse la
tasa correspondiente al impuesto predial y demás
gravámenes que tengan como base el avalúo catastral, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 6º.- Aspecto económico. El aspecto económico
consiste en la determinación del avalúo catastral del predio,
contenido por la adición de los avalúos parciales practicados
independientemente para los terrenos y para las
edificaciones en él comprendidos […]”.

99. El artículo 7° ejusdem define el avalúo catastral y
establece las reglas para su determinación, precisando que
el mismo “[…] consiste en la determinación del valor de los
predios, obtenido mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de
cada predio se determinará por la adición de los avalúos
parciales practicados independientemente para los terrenos
y para las edificaciones en él comprendidos. Las autoridades
catastrales realizarán los avalúos para las áreas
geoeconómicas, dentro de las cuales determinarán los
valores unitarios para edificaciones y para terrenos […]”.

[…]

101. En síntesis, el avalúo catastral no solo cumple una
función económica sino también fiscal al ser la base para la
recaudación de impuestos y la planificación territorial. Su
cálculo basado en el análisis del mercado inmobiliario y las
características particulares de cada predio asegura un
proceso objetivo y ajustado a las realidades locales.

102. Nótese, entonces que el avalúo catastral sirve para
determinar el valor de los predios y como base para el cálculo
de impuestos y otras actividades administrativas.

103. Cabe advertir que, para efectos de la expropiación,
como se concluyó se debe tener en cuenta el avaluó
comercial y no el catastral de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 388 de 1997, pero ello no implica que valor catastral no
deba ser observado, todo lo contrario, el valor comercial de
los inmuebles debe partir del análisis de aquel.

104. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta
que en la eventualidad de disparidad entre el precio

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indemnizatorio por al avalúo comercial y el avalúo catastral,
se debe observar lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 223
de 1995.

105. La anterior disposición reguló aspectos relevantes de la
relación entre el valor catastral, el valor comercial y la
fiscalización de las enajenaciones de bienes raíces. Su
objetivo principal es prevenir subvaloraciones que puedan
impactar negativamente en la recaudación tributaria y
garantizar un equilibrio entre los valores catastrales y
comerciales para reflejar una valoración justa y razonable en
el mercado inmobiliario.

[…]

110. La disparidad entre el avalúo comercial y el avalúo
catastral debe resolverse asegurando una indemnización
justa, conforme al artículo 58 de la Constitución Política. Esto
implica que el avalúo catastral, aun siendo una base de
referencia inicial, no puede sustituir el avalúo
comercial, que representa el valor real de mercado del
inmueble. La normativa garantiza que el avalúo catastral
sea actualizado y proporcional, pero se reitera que es el
avalúo comercial el que debe prevalecer para
determinar el monto indemnizatorio en favor del
propietario.

111. Nótese que el artículo 79 del Estatuto Tributario tiene
un impacto positivo en los procesos de expropiación al
proporcionar herramientas y lineamientos claros para
determinar el valor del inmueble. Al exigir proporcionalidad
entre el avalúo catastral y el valor comercial, prevenir
subvaloraciones y establecer mecanismos para resolver
discrepancias, la norma fortalece el principio de
indemnización justa consagrado en la Constitución Política.
Esto garantiza un equilibrio entre los derechos del propietario
expropiado y el interés general que motiva la expropiación.

[…]

113. En suma, en los procesos de expropiación
administrativa, la normativa vigente establece de
manera clara que el avalúo comercial es el criterio
prevalente para determinar el precio indemnizatorio.
Según el artículo 67 de la Ley 388 de 1997, este valor
debe reflejar el precio de mercado del inmueble,
considerando criterios técnicos y objetivos como
ubicación, uso, características físicas y condiciones del
mercado inmobiliario.

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114. El avalúo catastral, por su parte, tiene un carácter
complementario y fiscal, como base para la recaudación de
impuestos y la planeación territorial. Si bien es relevante
para garantizar coherencia en la valoración de los
bienes inmuebles, no reemplaza al avalúo comercial
como referencia definitiva para el cálculo del precio
indemnizatorio. Así lo dispone también el artículo 79 de la
Ley 223 de 1995, que exige que el avalúo catastral no sea
inferior al 40% del valor comercial, pero reconoce que este
último debe prevalecer para reflejar el valor real del mercado
[…]” (Destacado fuera de texto).

Conforme a lo precedente, se colige que, si bien es cierto que el

avalúo catastral es relevante para garantizar coherencia en la

valoración de los bienes inmuebles, también lo es que dicho avalúo

catastral no reemplaza al avalúo comercial como referencia

definitiva para el cálculo del precio indemnizatorio.

En otras palabras, el avalúo comercial es el criterio prevalente

para determinar o definir el precio indemnizatorio46.

Ahora, en cuanto al reproche de que el área de terreno dista de la

certificación catastral, cabe mencionar que, tal y como lo señaló

la entidad demandada, en la Resolución núm. 055 de 2021,

acusada, la certificación catastral es un documento informativo

que se usa para fines tributarios, la cual puede presentar

Al respecto ver la sentencia de 26 de febrero de 2026 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
46

Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-
41-000-2016-01133-01).

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diferencias con el área real jurídica y física del predio, razón por

la cual esta no se toma como cierta para la elaboración del avalúo,

sino únicamente el registro topográfico aportado, el cual está

validado por un topógrafo certificado.

Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de

5 de marzo de 202647, en la que esta Sección precisó que el avalúo

debe elaborarse con fundamento en el registro topográfico

practicado en terreno, en los siguientes términos:

“[…] el avalúo debía elaborarse con fundamento en el
registro topográfico practicado en terreno, máxime
cuando los numerales 4 y 5 del artículo 6º de la Resolución
620 de 2008 del IGAC exigen el reconocimiento físico del bien
y la verificación de las mediciones como etapas obligatorias
del proceso técnico de valoración, así:

“[…] ARTÍCULO 6o. ETAPAS PARA ELABORACIÓN DE
LOS AVALÚOS.

Para la elaboración de los avalúos utilizando cualquiera de los
métodos enunciados anteriormente deben realizarse las
siguientes etapas:

1. Revisión de la documentación suministrada por la entidad
peticionaria, y si hace falta algo de lo previsto en el artículo
13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a solicitarlo por
escrito.

2. Definir y obtener la información que adicionalmente se
requiere para la correcta identificación del bien. Se
recomienda especialmente cartografía de la zona o fotografía
aérea, para la mejor localización del bien.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo
de 2026, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-41-000-2016-01718-03.

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Decreto 1420 de 1998, verificar la reglamentación
urbanística vigente en el municipio o distrito donde se
encuentre localizado el inmueble. En el evento de contar con
un concepto de uso del predio emitido por la entidad
territorial correspondiente, el avaluador deberá verificar la
concordancia de este con la reglamentación urbanística
vigente.

4. Reconocimiento en terreno del bien objeto de
avalúo. En todos los casos dicho reconocimiento
deberá ser adelantado por una persona con las mismas
características técnicas y profesionales de la persona
que ha de liquidar y firmar el avalúo.

5. Siempre que sea necesario se verificarán las
mediciones y el inventario de los bienes objeto de la
valoración. En caso de edificaciones deberán
constatarse en los planos las medidas y escalas en que
se presente la información. Y cuando se observen
grandes inconsistencias con las medidas, se informará
al contratante sobre las mismas. […]” (Destacado fuera
de texto). […]”.

Aunado a lo anterior, para la Sala es importante aclarar que respecto

del argumento de la parte actora que se debía tener en cuenta el

avalúo catastral para fijar el precio indemnizatorio, conforme al

artículo 444, numeral 4, del CGP, lo cierto es que no hay lugar a ello,

comoquiera que su aplicación corresponde al proceso ejecutivo y

además que para el trámite de la expropiación administrativa existen

normas especiales, tales como el Decreto núm. 1420 de 1998 y las

leyes 388 de 1997 y 1682 de 2013, en las cuales se establece que el

avalúo comercial es el criterio prevalente para determinar el precio

indemnizatorio.

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En ese entendido, tampoco le asiste razón a la parte actora, con

respecto a que se debía tener en cuenta el avalúo catastral para

determinar el precio indemnizatorio del inmueble expropiado.

-DEL AVALÚO ELABORADO POR EL AVALUADOR JHON JAIRO
GAVIRIA GACHA

La Sala advierte que, para desvirtuar el anterior avalúo oficial, la

parte actora allegó el avalúo comercial de marzo de 201948,

elaborado por el avaluador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA, el cual

aplicó los métodos de comparación o de mercado y de costo de

reposición, y que, a su juicio, debían ser tenidos en cuenta para la

fijación del precio indemnizatorio.

En dicho avalúo se expuso lo siguiente:

48
El referido avalúo solo especifica el mes y año en que fue realizado.

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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que para la aplicación de los

métodos de comparación o de mercado y de costo de reposición,

dicho avalúo señaló que:

“[…] para el lote se utilizó el método de mercado, técnica valuatoria
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio
de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y
comparables al del objeto de avalúo. En cuanto a la construcción se
utilizó el método de reposición: Es el que busca establecer el valor
comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total
de la construcción a precios de hoy, aplicando una depreciación en
relación directa con su edad y estado de conservación […]”.

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Al respecto, cabe mencionar que, pese a que obran en los anexos del

citado avalúo un registro fotográfico del inmueble expropiado y de

datos del mercado, unas memorias de cálculo, así como referencia a

los métodos de mercado y reposición, lo cierto es que no se sustentó

o desarrolló la aplicación de dichos métodos (el análisis y cálculo de

los métodos).

Tampoco existe en el referido avalúo claridad en cuanto a la forma

como se obtuvieron los valores allí reflejados, ni se dio una

explicación técnica sobre la forma como fueron calculados estos, ni

se expuso el origen de los valores para realizar las operaciones

aritméticas o el procedimiento de cálculo empleado para

establecerlos, lo cual impide verificar la coherencia interna del

dictamen y la razonabilidad de sus conclusiones económicas.

Sobre este asunto, se debe aclarar que con la demanda y su

subsanación solo se allegó, del referido avalúo, lo registrado en las

capturas de pantalla relacionadas en precedencia, documentación de

la cual no se evidencia el valor total del precio indemnizatorio del

inmueble, tal y como lo advirtió el Tribunal, cuando concluyó que:

“[…] El avalúo aportado por la parte demandante
relacionó unos valores los cuales fueron referenciados

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en la tabla, pero el mismo no concluye cuáles son los
valores finales, así como el valor total del avalúo […]”.

En efecto, se tiene que el referido dictamen pericial no aportó

elementos probatorios que permitieran constatar la veracidad de las

cifras expuestas, la necesaria relación de causalidad que debe existir

entre la suma cuyo reconocimiento se procura y la medida

expropiatoria, que conduzca a demostrar la corrección del justiprecio

que se hace en este avalúo y que entraña, obviamente, la

incorrección del avalúo oficial y en ese sentido no cumplió con los

requisitos establecidos en la Resolución núm. 620 de 2008.

Por lo tanto, la Sala considera que el avalúo realizado por el

mencionado avaluador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA evidencia

que el mismo está desprovisto de la suficiente fundamentación

fáctica y probatoria que permita corroborar la corrección y certeza

de sus dichos, esto es, que respalde los valores señalados en el

mismo para obtener el valor del inmueble objeto de expropiación,

pues, conforme se indicó anteriormente, no existió claridad en cuanto

a la forma como se obtuvieron los valores indicados en este.

Asimismo, el referido avalúo tampoco dio cuenta de las razones de

orden fáctico y probatorio que permitan descartar los valores de los

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precios indemnizatorios del bien expropiado, o que demuestren el

error en el que incurrió la Administración al fijar el monto específico

establecido en el avalúo oficial y que fue acogido en las resoluciones

demandadas.

Dicho avalúo se limitó a señalar de forma autónoma un nuevo y

mayor valor comercial para el bien expropiado, pero no estuvo

encaminado a desvirtuar el resultado al que llegó la UAECD, en el

avalúo oficial, esto es, el avalúo núm. 2018-1436.

Lo anterior, debido a que en este avalúo no se incluyeron argumentos

que permitieran determinar si el avalúo oficial, que sirvió de

fundamento a la resolución acusada, sí se realizó de forma contraria

a la ley, o si incurrió en yerros que propiciaron un valor de precio

comercial del predio que no se ajustaba a la realidad, ni mencionó de

qué modo este incurrió en fallas o pasó por alto algún parámetro

legal.

Frente a este asunto, cabe mencionar que la Sección Primera, en

sentencia de 14 de septiembre de 202049, señaló que se debe

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-2331-000-2007-
00419-01.

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convencer al juez del error en el que ha incurrido la Administración

al fijar un monto específico para la indemnización.

Igualmente, precisó que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad

del acto administrativo que lo acoge; lo que significa que el avalúo

técnico brinda soporte legal y fáctico al acto administrativo que

ordena la expropiación, por lo que deberá ser desvirtuado a través

de los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

Así discurrió la Sala:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante.
Para lo cual, no será suficiente señalar y atacar los
métodos que se utilizaron, sino que se debe convencer
al juez del error en el que ha incurrido la
Administración al fijar un monto específico para la
indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas
ocasiones, en el sentido de establecer que el justo precio
de la indemnización expropiatoria se encuentra
amparado por la presunción de legalidad del acto
administrativo que lo acoge; lo que significa que el
avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de
prueba establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los
actos administrativos demandados que acogieron ese
justiprecio, pues al no obrar en el expediente ningún medio

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de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para
decretar la nulidad parcial deprecada por el actor en lo
relativo al precio indemnizatorio.” 50[…]” (Destacado fuera de
texto).

En tal sentido, para la Sala, es claro que, en este caso, correspondía

a la parte demandante probar que el valor comercial del inmueble

calculado por la UAECD no estaba ajustado a los parámetros y

criterios dispuestos en la Resolución núm. 620 de 2008 y que, por

tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios

causados con la expropiación, en cuanto al valor del inmueble se

refiere.

Así las cosas, el avalúo aportado por la parte demandante no

presenta ningún razonamiento que soporte la determinación del

justiprecio que permita desvirtuar el precio indemnizatorio fijado por

la entidad demandada mediante el avalúo oficial.

En este punto, la Sala recuerda que, en reiterada jurisprudencia, esta

Corporación ha sostenido que el justo precio de la indemnización

expropiatoria se encuentra amparado por la presunción de legalidad,

ello considerando que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico

50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

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al acto administrativo que ordena la expropiación, razón por la cual

debe ser desvirtuado a través de los diferentes medios de prueba

establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el caso

sub lite.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que, contrario a lo alegado por

la parte actora, el Tribunal sí tuvo en cuenta el referido avalúo

elaborado por el avaluador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA,

aportado con la demanda, sobre el cual realizó el análisis

correspondiente, como se puso de presente en el acápite “II.-

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA” de este proveído;

sin embargo, se reitera, el mismo no logró desvirtuar la legalidad del

avalúo oficial.

Al respecto, se debe advertir que el hecho de que el citado análisis

no haya sido favorable a las pretensiones de la parte actora no

significa que el Tribunal incurriera en una indebida valoración

probatoria o que omitiera su valoración, por lo que tampoco es de

recibo ese argumento expuesto por la parte actora.

Por consiguiente, la Sala considera que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos acusados,

con el avalúo practicado por la UAECD.

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Por último, cabe mencionar que el carácter resarcible del daño en

este caso dependía fundamentalmente de la demostración de su

ocurrencia, de modo que una simple conjetura o una suposición no

puede dar lugar a una indemnización, habida cuenta de que la parte

actora tenía la carga de probar la existencia de los perjuicios

que reclama y, de no demostrarla, a la administración solo le asiste

el deber legal de pagar el precio resultante del avalúo comercial51.

En efecto, en los procesos de expropiación administrativa, el avalúo

comercial del inmueble constituye el soporte técnico esencial para la

determinación del precio indemnizatorio que se consigna en el acto

administrativo de oferta de compra y en la resolución que dispone la

expropiación.

Asimismo, se debe reiterar que una vez dicho valor es incorporado

en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de

legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende

controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la

prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el

avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas

51
Al respecto, ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-
31-000-2011-00564-01).

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que regulan la actividad valuatoria y no refleja el valor comercial real

del bien objeto de expropiación.

Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en

sentencia de 23 de julio de 201652 puntualizó que es deber del

interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la

expropiación decretada.

De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado frente

al valor asignado al inmueble, así como la aportación de elementos

probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente, no resultan

idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial

que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, ni para aducir que

la fijación del valor indemnizatorio por parte de la administración era

muy baja, como ocurrió en este caso.

En este orden de ideas, habida cuenta de que la parte actora no

demostró en el proceso que el avalúo oficial era equivocado e

incorrecto, ni acreditó la corrección del justiprecio presentado en el

avalúo realizado por el avaluador JHON JAIRO GAVIRIA GACHA,

52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.

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debe tenerse como válido, creíble y debidamente fundamentado el

avalúo oficial que sirve de sustento a las Resoluciones acusadas.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que, al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorrecciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de

agosto de 201953 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió
en el sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los
actos administrativos demandados, debe entenderse
que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de
las decisiones de la administración, lo cual admite
desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.

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el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”54.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección55 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas,
sin que el mismo pueda ser objeto de modificación
dado que la actora, quien tenía la carga probatoria de
desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no
logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual
el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de
la indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, que lo incorporó […]” (Destacado fuera de
texto).

Adicionalmente, es del caso traer a colación la sentencia de 19 de

abril de 202156, en la que la Sala sostuvo que se presume la legalidad

del acto administrativo que incorporó el avalúo oficial, y que por ello

la parte demandante debe aportar las pruebas para demostrar los

errores de este; y que no es de recibo que los argumentos que

sustentan la incorrección del avalúo oficial, que sustentaron la

expedición de los actos administrativos acusados, sean que al ser

mayor el precio del avalúo comercial determinado en el avalúo

54
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
55
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2009-00232-
01.

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contratado por la parte demandante, ello resulte suficiente para

decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en
el texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección57 […].” (la Sala
destaca) […]”58

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo realizado
por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que sustentó la
expedición de los actos administrativos acusados, sea que no se
indicó los inmuebles con los cuales se realizó la comparación y que al
ser mayor el precio del avalúo comercial determinado en los
avalúos contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado fuera
de texto).

CONCLUSIÓN

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

57
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-03509-
01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601.

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los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la

expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones

acusadas.

En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia apelada y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

V.4.- COSTAS PROCESALES EN SEGUNDA INSTANCIA

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso59 y por las agencias en derecho60“.

59
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
60
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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De conformidad con lo previsto en el artículo 18861 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP62, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo63, corresponde a la

Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que

se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los

términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 464 del artículo 365 ibidem,

habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

Al respecto, se tiene que, en esta instancia, y según las reglas

previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas

procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por

no encontrarse probadas.

61
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
62
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
63
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
64
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de febrero de 2024,

proferida por la SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, del

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, que denegó

las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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