RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2014-00631-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00631-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2014-00631-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 42 De conformidad con el valor de las pretensiones corresponde a $831.882.400 43 “[…] ARTÍCULO 6º. Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01 Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante y en favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho en la segunda instancia la suma de $1.663.765 (equivalente al 0,2% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: TENER a la doctora NATALIA ZULUAGA JARAMILLO como apoderada del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, de conformidad con los documentos visibles en el índice 21 del expediente digital en SAMAI. QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2014-00631-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO

TESIS: INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA POR CUANTO NO EXISTE
IDENTIDAD DE LA PARTE ACTIVA PESE A QUE SE CUESTIONAN IDÉNTICOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS. LA DECISIÓN INHIBITORIA CONTRA EL ACTO
DE TRÁMITE NO CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA DEL FALLO DEL A
QUO, POR CUANTO LA PARTE ACTORA SÍ DEMANDÓ LA RESOLUCIÓN SH-
ADQ 2178 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012. NO SE DESVIRTUÓ LA
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECRETARON LA
EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ACTOR (50%), POR
CUANTO LOS AVALÚOS APORTADOS Y PRACTICADOS EN EL PROCESO
JUDICIAL NO DESVIRTUARON EL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO QUE FUE
FIJADO POR EL IGAC. REITERACIÓN JURISPRUDENCAL. AUSENCIA DE
SEÑALAMIENTO DE ERRORES DEL AVALÚO DEL IGAC E INCIDENCIA EN EL
PRECIO. CONDENA EN COSTAS EN LA SEGUNDA INSTANCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra

la sentencia de 20 de septiembre de 2018, proferida por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1, que denegó las

pretensiones de la demanda y se inhibió para pronunciarse frente a

uno de los actos administrativos cuestionados.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

I.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA

El señor GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, actuando por

conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA)2, presentó demanda contra el DISTRITO ESPECIAL DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN3, con la

finalidad de cuestionar la legalidad de los siguientes actos

administrativos:

“[…]

• Resolución núm. SH-ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012,
expedida por la Secretaría de Hacienda de Medellín, “Por la cual
se inician las diligencias tendientes a la adquisición por
enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y
se formula una oferta de compra a GUILLERMO LEÓN
CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con cédula de
ciudadanía núm. 8.458.579, con el 50% del derecho real
de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la
cédula de ciudadanía núm. 21.632.310 con el 25% del derecho
real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA,
identificada con cédula de ciudadanía núm. 43.681.661, con el
21% del derecho real de dominio, JÉSUS ALFREDO LONDOÑO
ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
núm.71.691.289, con el 2% del derecho real de dominio,
MARGARITA MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la
cédula de ciudadanía núm. 42.760.776, con el 2% del derecho
real de dominio, de un bien inmueble identificado con matrícula
núm. 01N-5088366”.

• Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013,

2
En adelante CPACA.
3
En adelante DISTRITO DE MEDELLÍN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

expedida por la Secretaría de Servicios Administrativos de
Medellín, “Por la cual se dispone la expropiación por vía
administrativa de un bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria 01N-5088366 […]”.

Resolución núm. SSAA-ADQ 0077 de 21 de octubre de 2013,
expedida por la Secretaría de Servicios Administrativos de
Medellín, “Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición
contra la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 del 6 de agosto de
2013”.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, el actor solicitó:

“[…] TERCERO: En consecuencia y a título de
restablecimiento del derecho se ordene el pago, por el real
valor del inmueble ante citado e identificado con matrícula
núm. 01N5088366, el cual se encuentra avaluado
comercialmente en la suma de ochocientos treinta y un
millones ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos
($831.882.400) por el perito avaluador profesional Juan
David Ángel Aguirre, identificado con RNA CC-03-1876,
quien cumple con los requisitos establecidos en el artículo
116 del CPC.

CUARTO: Que se le paguen todos los perjuicios
ocasionados por la expropiación, tanto en daño emergente
como lucro cesante a título de indemnización tasado en la
suma de $40 SMLMV.

QUINTO: Que se indexe la condena.

SEXTO: Que se condene en costas a la accionada […]”.

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos relevantes de la demanda se invocaron por el

demandante, los que pasa a resumir la Sala, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Mediante la Resolución núm. SH-ADQ 2178 de 26 de diciembre de

2012, el ente territorial demandado inició las diligencias para la

adquisición por enajenación voluntaria o expropiación administrativa

del bien inmueble ubicado en la calle 62 # 85- 335 de Medellín,

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 01N-5088366,

sobre el cual el actor poseía el 50% del derecho real de dominio.

Explicó que en el referido acto administrativo se realizó una oferta

de compra por valor de $132.669.608, atendiendo el avalúo

comercial núm. 8002012ER6587 elaborado por el INSTITUTO

GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC4.

Ante la oferta que le efectuó la entidad accionada el demandante

contrató un avaluador adscrito a la Corporación Colombiana de

Lonjas y Registro -CORPOLONJAS DE COLOMBIA, quien dictaminó

mediante informe de 23 de marzo de 2013, que el valor comercial

del predio era de $831.882.400.

Agotadas las etapas del procedimiento de enajenación voluntaria sin

acuerdo, el ente territorial demandado dispuso la expropiación por

vía administrativa del inmueble, según consta en la Resolución núm.

SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013, y determinó como valor

4
En adelante IGAC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

indemnizatorio el de $132.669.608, correspondiente al avalúo

elaborado por el IGAC.

Inconforme con el valor de la indemnización interpuso recurso de

reposición, el cual se resolvió por la Resolución núm. SSAA-ADQ 0077

de 21 de octubre de 2013 en el sentido de confirmar en su integridad

el acto inicial.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como disposiciones transgredidas el actor invocó los artículos 1°, 2°,

25, 29, 34, 48, 51, 53, 55, 125 y 209 de la Constitución Política; el

Decreto 4628 de 13 de diciembre de 20105; y las leyes 4ª de 21 de

enero 19766 y 909 de 23 de septiembre 20047.

Afirmó que los actos administrativos impugnados deben ser anulados

por incurrir en las causales de: i) desconocimiento de las normas

superiores en que debían fundarse, ii) falsa motivación y iii)

desviación de poder, en razón a que cuestiona que no hubo una

indemnización justa y equitativa.

5
“Por el cual se dictan normas sobre expropiación por vía administrativa y se adoptan otras medidas”.
6
“Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y
privado y se dictan otras disposiciones” .
7
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Alegó que la indemnización reconocida por la entidad demandada

resultó irrisoria en relación con el valor comercial establecido en el

avalúo privado e, incluso, frente al avalúo catastral del año 2013 que

para la fecha en que fue notificada la resolución de expropiación era

de $756.371.000.

Manifestó que el terreno expropiado era utilizado para la explotación

económica, en cosecha de alimentos, cuidado de ganado y caballos,

por lo que la indemnización debía comprender también el daño

emergente y el lucro cesante.

Sostuvo que en el mercado de los bienes raíces es frecuente que el

valor de los avalúos catastrales sean menores que el de los avalúos

comerciales, porque la dinámica del sector inmobiliario es más rápida

que la gestión de los entes gubernamentales para mantener la

información actualizada.

De lo expuesto, afirmó que el valor reconocido por la expropiación

del bien es inferior al avalúo catastral y al avalúo comercial que

obtuvo de forma independiente, por lo cual la indemnización debe

ser reajustada.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El DISTRITO DE MEDELLÍN, por conducto de apoderado judicial,

contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones

invocadas e informó que contra los actos acusados en este proceso

se presentaron dos (2) demandas por los demás propietarios del

inmueble expropiado.

Bajo esta aclaración, señaló que la expropiación del inmueble se

realizó a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín;

y que el proceso de adquisición de predios se fundó en la Ley 388 de

18 de julio de 19978, a fin de desarrollar el proyecto “Conexión Vial

Aburrá- Rio Cauca tramo 4.1 Km”.

Indicó que el avalúo con base en el cual fue tasada la indemnización

lo elaboró el IGAC en el 2012 y, para ese año, el avalúo catastral

vigente del predio fue de $102.020.000.

Afirmó que el avalúo presentado por el actor con la demanda no

identificó el método que se usó para su elaboración, ni tampoco

precisó si fue efectuado conforme a lo dispuesto por la Ley 388 de

1997, el Decreto 1420 de 24 de julio 19989 y las resoluciones

expedidas por el IGAC para la determinación del precio de los predios

8
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
9
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

sometidos a los procesos de adquisición por parte de las entidades

públicas.

Aclaró que de acuerdo con el contenido del avalúo aportado podría

suponerse que para su elaboración se utilizó el método de

comparación o de mercado; sin embargo, no se presentó ningún

documento que confirme las ofertas de bienes inmuebles similares y

que sirvieron de sustento para las conclusiones sobre el valor

comercial dictaminado y tampoco se aprecia que haya invocado un

fundamento legal que determine que son los avalúos comerciales de

los inmuebles los cuales deben considerarse para el avalúo catastral.

Precisó que si bien es cierto que para el año 2013 se presentó un

aumento desproporcionado en el avaluó catastral del predio en

cuestión, también lo es que tal acrecentamiento fue corregido por la

Subdirección de Catastro mediante la Resolución núm. 9577 de 16

de septiembre de 2014, en la que dicha entidad determinó un valor

de $243.974.000.

Concluyó que las resoluciones cuestionadas se encuentran motivadas

en sus aspectos fácticos y jurídicos, además de que se ajustan a la

normatividad aplicable, en particular, a las leyes 9ª de 1989, 388 de

1997, al Decreto 1420 de 1998 y a las resoluciones expedidas por el

IGAC sobre la materia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Afirmó que es al actor a quien le corresponde probar en el curso del

proceso los supuestos errores del avalúo oficial que sustentó las

actuaciones administrativas, sin que tal situación haya acaecido

hasta el momento.

Finalmente, a título de excepción, indicó que la demanda contra la

Resolución núm. NSH ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012,

mediante la cual se inició el trámite de adquisición del inmueble, es

improcedente porque se trata de un acto de trámite.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018, el TRIBUNAL

resolvió: i) inhibirse de estudiar la legalidad de la Resolución núm.

SH ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012;10 ii) denegó las demás

pretensiones; y iii) condenó en costas al actor.

Para tal efecto, como asunto previo el a quo advirtió que la

Resolución núm. SH ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012,

mediante la cual se iniciaron las diligencias tendientes a la

adquisición del predio objeto de la expropiación, es un acto de

trámite que no puso fin a la actuación, motivo por el cual no es

10
Mediante la cual se inició el procedimiento administrativo cuestionado y se formuló la oferta de
compra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

susceptible de control jurisdiccional.

Asimismo, advirtió que mediante sentencia de 28 de febrero de

2018 se decidió en primera instancia el proceso identificado con

número 05001 23 33 000 2014 00750 00, radicado en el que también

se cuestionó la Resolución núm. SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de

2013, a través de la cual el ente territorial dispuso la expropiación

reprochada, la que se demandó por otro de los propietarios del

inmueble expropiado.

Explicó que en dicha oportunidad el Tribunal halló que si bien el

avalúo catastral del predio para el año 2013 había sido liquidado en

$734.341.000., también lo era que tal incremento fue objeto de

revisión por parte de la Subdirección Administrativa de Catastro que,

mediante Resolución núm. 9577 de 16 de septiembre de 2014,

modificó el valor y lo ajustó en $228.130.000.

Advirtió que, en todo caso, según el artículo 61 de la Ley 388 de

1997, en el trámite de la enajenación voluntaria y el proceso de

expropiación administrativa, la entidad respectiva debe considerar el

avalúo comercial del inmueble y no el catastral.

Agregó que, de igual forma, la sentencia en cita señaló que no fue

demostrado que los estudios realizados por el IGAC para determinar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

el valor comercial del inmueble expropiado fueran errados, por lo

que teniendo en cuenta que la carga de la prueba correspondía a la

parte demandante, la presunción de legalidad de la Resolución núm.

SSAA-ADQ 0013 de 6 de agosto de 2013 no había sido desvirtuada.

Detalló que frente al reproche del actor respecto de la diferencia

entre el valor del avalúo catastral y el comercial dictaminado por el

IGAC, también le resultaban aplicables las consideraciones

contenidas en la sentencia de 28 de febrero de 2018, por lo siguiente:

En relación con el avalúo que aportó con la demanda, encontró que

en este no se indicó la forma cómo fue determinado el valor del metro

cuadrado asignado al inmueble, ni la técnica usada para las consultas

que supuestamente se realizaron en el mercado para establecer el

precio, ni se acompañó documento alguno que respalde las

conclusiones a las que arribó.

Agregó que el referido avalúo no reúne los requisitos para ser tenido

en cuenta como dictamen pericial, según los artículos 116 de la Ley

1395 de 12 de julio de 201011 y 219 del CPACA, por cuanto no

contiene el juramento de quien lo elaboró sobre la ausencia de

impedimentos, la aceptación del régimen de responsabilidad de los

11
“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

auxiliares de la justicia, ni información sobre las razones técnicas, de

idoneidad y de experiencia que sustentan sus afirmaciones, ni una

relación de los documentos que las soportan.

Precisó que en el curso del proceso fue practicado un dictamen

pericial de avalúo que determinó como valor del predio la suma de

$1.405.336.969.

Destacó que en la audiencia de contradicción del avalúo el perito

señaló que el precio del metro cuadrado había sido tasado en

$350.000, con base en su experiencia, las características del sector

y porque, a su juicio, el valor comercial no podía ser menor al avalúo

catastral.

Destacó que el dictamen pericial estaba desprovisto de

documentación que soportara sus conclusiones, además de que

estaba basado en los avalúos catastrales iniciales de los años 2013 y

2014, sin tener en cuenta que estos fueron objeto de revisión y

ajuste.

Resaltó que el perito no señaló cuál fue el método utilizado para

concluir el valor del metro cuadrado, ni hizo alusión a las operaciones

inmobiliarias u ofertas recientes que tuvo en cuenta para determinar

el valor del predio expropiado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Bajo esta argumentación denegó las pretensiones de nulidad y

restablecimiento del derecho y condenó en costas al actor.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor apeló la sentencia proferida en primera instancia, para lo

cual alegó que resultaba inocuo que el a quo se inhibiera del estudio

contra la Resolución núm. SH ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012,

en razón a que no solicitó la nulidad de este acto.

Hizo mención al principio de confianza legítima, para afirmar que

resultaba absurdo que la administración hubiese valorado el

inmueble de cierta forma para efectos del cobro de impuestos, pero

que al adquirirlo haya estimado que costaba seis veces menos.

Afirmó que si los métodos de valoración de la administración para

fijar el valor del avalúo catastral del predio no fueron los correctos,

dichas negligencias no pueden ser resueltas en su contra.

Destacó que no pretendió que su indemnización fuera igual al avalúo

catastral, sino que se realizara un peritaje idóneo que ajustara la

brecha entre este y la suma reconocida por la expropiación.

Agregó que su solicitud nunca fue atendida, porque el a quo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

descalificó el avalúo que fue aportado con la demanda y el dictamen

pericial decretado y practicado dentro del proceso.

Alegó que pese a que todas las pruebas apuntaran hacia una

desproporción en el valor que fue pagado por la expropiación, el

TRIBUNAL tenía a su cargo, y ante las dudas, decretar otro

dictamen pericial sobre dicho aspecto y no resolver en favor de la

entidad demandada.

Reprochó el examen que realizó el a quo frente al análisis detallado

sobre los métodos utilizados para la elaboración del avalúo

presentado con la demanda y aquel practicado en el proceso, cuando

lo relevante es que la entidad demandada no se defendió con este

argumento.

Cuestionó el hecho de que el TRIBUNAL no haya requerido al

avaluador que elaboró el informe allegado con la demanda para que

rindiera explicaciones sobre sus conclusiones, como sí lo hizo con el

IGAG.

Resaltó que si bien el avalúo aportado con la demanda no cumplió

con los requisitos para ser tenido en cuenta como dictamen pericial,

estas falencias podían haber sido subsanadas con el decreto oficioso

de una aclaración o complementación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Adujo que resulta extraño que el a quo hubiese sido tan riguroso con

la valoración de los avalúos que le favorecían, mientras que frente al

elaborado por el IGAC no aplicó idéntico juicio.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Luego de admitido el recurso de apelación el Despacho corrió traslado

para alegar de conclusión, según se aprecia en el auto de 23 de enero

de 2019, término en el que las partes intervinieron de la siguiente

manera:

IV.1. LA PARTE APELANTE

En esta etapa procesal, la apoderada judicial del actor allegó escrito

a través del cual en síntesis reiteró los argumentos que plasmó en su

recurso de apelación.

Reiteró que no solicitó la nulidad de la resolución mediante la cual la

entidad demandada inició las diligencias para la adquisición del

predio origen de la controversia y citó jurisprudencia relativa a evitar

sentencias inhibitorias.

Insistió en los reproches sobre la confianza legítima generada por el

avalúo catastral (año 2013) y la descalificación que el a quo hizo al

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

avalúo que allegó con la demanda y aquel que fue decretado en el

proceso. Además, manifestó su inconformidad con la laxitud con la

que fue valorado el avalúo elaborado por el IGAC.

IV.2. EL DISTRITO DE MEDELLÍN

Indicó que el a quo explicó las razones por las cuales la indemnización

por la expropiación no debía corresponder al valor del avalúo

catastral del predio, sin que el actor se refiriera a dichas

consideraciones en el recurso de apelación.

Destacó que pese a la carencia de argumentos del dictamen pericial

decretado y practicado en el proceso, el actor no lo objetó ni pidió un

segundo avalúo como prueba.

Resaltó que, en todo caso, el actor no logró demostrar que el valor

del inmueble que fue reconocido en los actos acusados era errado.

Adujo que el actor no presentó el avalúo allegado con la demanda

como dictamen pericial anticipado, por lo que si quería que el

avaluador rindiera las razones de su informe habría podido citarlo

como testigo.

Aclaró que si el TRIBUNAL solicitó información adicional al IGAC

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

sobre el avalúo emitido, fue en razón a que tal actuación fue

solicitada como prueba en la contestación de la demanda.

Agregó que el avalúo catastral al que alude el actor fue elaborado

con base en la Ley 14 de 6 de julio de 198312, cuyo artículo 25, de

forma expresa, prevé que aquellos no se aplican para la

determinación del valor de los inmuebles sometidos a compra o venta

en que sea parte una entidad pública.

En lo demás, reiteró los argumentos que plasmó en la contestación

de la demanda.

IV.3.- MINISTERIO PÚBLICO

El agente de la Procuraduría General de la Nación no rindió concepto.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el artículo

12
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la Sección

Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del

asunto de la referencia.

V.2.- ACTOS DEMANDADOS

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

V.2.1. RESOLUCIÓN NÚM. SH-ADQ 2178 DE 26 DE DICIEMBRE
DE 2012

La expidió la Secretaría de Hacienda de Medellín, mediante la cual se

iniciaron las diligencias para la adquisición por enajenación voluntaria

o expropiación administrativa y se formuló oferta de compra, en

relación con el inmueble objeto de controversia, así:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO SH-ADQ 2178
(DICIEMBRE 26 DE 2012)

Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición
por enajenación voluntaria o expropiación por vía
administrativa y se formula una oferta de compra a GUILLERMO
LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la cédula de
ciudadanía Núm. 8.458.579, con el 50% del derecho real de
dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la
cédula de ciudadanía Núm. 21.632.310, con el 25% del derecho
real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA,
identificada con la cédula de ciudadanía Núm. 43.681.661, con
el 21% del derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO
ÁLVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía Núm.
71.691289, con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA
MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadanía Núm. 42.760.776, con el 2% del derecho real de
dominio, de un bien inmueble identificado con la matrícula No
01N- 5088366.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

EL SECRETARIO DE HACIENDA DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades delegadas por el alcalde de Medellín,
mediante el Decreto 1660 del 23 de septiembre de 2010, y de
conformidad con las otorgadas por la Ley 9a de 1989, por la
Ley 388 de 1997, artículos 58 y siguientes.

[…]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. De conformidad con lo
establecido por la Ley 9a de 1989, modificada por la Ley 388
de 1997, el objeto de esta oferta de compra consiste en la
adquisición mediante enajenación voluntaria directa del
derecho real de dominio y posesión de un bien inmueble,
consistente en vivienda y Lote de terreno, ubicado en la
CALLE 062 Núm. 085 - 335, identificado con matrícula
inmobiliaria Núm. 01N - 5088366, cuyos titulares del derecho
real de dominio, en común y proindiviso son: GUILLERMO LEÓN
CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía
Núm. 8.458.579, con el 50% del derecho real de dominio, ROSA
ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula de
ciudadanía Núm. 21.632.310, con el 25% del derecho real de
dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada
con la cédula de ciudadanía Núm. 43.681.661, con el 21% del
derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Núm. 71.691.289, con
el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía Núm.
42.760.776, con el 2% del derecho real de dominio; cuya
descripción, área y linderos según la Escritura Pública Núm. 987
del 29 de Junio de 2001, otorgada en la Notaría Décima del
Círculo de Medellín.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: PRECIO. El valor total de la oferta de
compra que se realiza por la presente Resolución es de: CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ML ($132.669.608), según
avalúo con radicado Núm. 8002012ER6587 elaborado por el
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) y remitido
al INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
-ISVIMED mediante comunicación Núm. 8002012EE13290-01-
F:13- A:12 del 17 de diciembre de 2012, allegada al Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —ISVIMED-, fecha de
radicado que sirve de referencia para efectos del término de la
vigencia del avalúo comercial, de conformidad con el Decreto
Ley 1420 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

V.2.2. RESOLUCIÓN NÚM. SSAA-ADQ 0013 DE 6 DE AGOSTO
DE 2013

Expedida por la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio

de Medellín, por medio de la cual fue dispuesta la expropiación

administrativa del predio allí identificado:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO SSAA - ADQ 00136 DE
AGOSTO DE 2013.

"Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa
de un bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
01N- 5088366, cuyos titulares del derecho real de dominio son:
GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO, identificado con la
cédula de ciudadanía Núm. 8.458.579, con el 50%, del derecho
real de dominio, ROSA ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con
la cédula de ciudadanía Núm. 21.632.310, con el 25% del
derecho real de dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA,
identificada con la cédula de ciudadanía Núm. 43.681.661, con
el 21% del derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO
ÁLVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía Núm.
71.691289, con el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA
MARÍA PABÓN RESTREPO, identificada con la cédula de
ciudadanía Núm. 42.760.776, con el 2% del derecho real de
dominio”

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

En uso de sus facultades delegadas por el alcalde de Medellín,
mediante el Decreto Núm. 0903 del 17 de mayo de 2013 y de
conformidad con las otorgadas por la Ley 9 a de 1989, por la
Ley 388 de 1997, artículos 58 y siguientes

[…]
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Disponer la expropiación por
vía administrativa de un bien inmueble, consistente en vivienda
y Lote de terreno, ubicado en la CALLE 062 Núm. 085 - 335,
identificado con matrícula inmobiliaria No 01N - 5088366, cuyos
titulares del derecho real de dominio, son: GUILLERMO LEÓN
CASTAÑEDA AGUDELO identificado con la cédula de ciudadanía
Núm. 8.458.579, con el 50% del derecho real de dominio, ROSA
ALEYDA PÉREZ MACÍAS, identificada con la cédula de
ciudadanía Núm. 21.632.310, con el 25% del derecho real de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

dominio, DORICEL DE LA CRUZ GAVIRIA MEJÍA, identificada
con la cédula de ciudadanía Núm. 43.681.661, con el 21% del
derecho real de dominio, JESÚS ALFREDO LONDOÑO ÁLVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía Núm. 71.691.289, con
el 2% del derecho real de dominio, MARGARITA MARÍA PABÓN
RESTREPO identificada con la cédula de ciudadanía Núm.
42.760.776, con el 2% del derecho real de dominio; cuya
descripción, área y linderos según la Escritura Pública No 987
del 29 de Junio de 2001 , otorgada en la Notaría Décima del
Círculo Notarial de Medellín, son:
[…]
ARTICULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se decide por la presente Resolución es por
valor total de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ML
($132.669.608), conforme al avalúo comercial con radicación
Núm. 8002012ER6587 elaborado por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) y remitido al
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN -
ISVIMED- mediante comunicación Núm. 8002012EE1329001-
F: 13- A: 12 del 17 de diciembre de 2012, allegada al Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín —ISVIMED-, fecha de
radicado que sirve de referencia para efectos del término de la
vigencia del avalúo comercial, de conformidad con el Decreto
Ley 1420 de 1998 […]”.

V.2.3. RESOLUCIÓN NÚM. SSAA-ADQ 0077 DE 21 DE OCTUBRE
DE 2013.

Expedida por la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio

de Medellín, por medio de la cual se resolvió desfavorablemente el

recurso de reposición interpuesto por el actor contra el acto

administrativo de expropiación, así:

“[…] RESOLUCIÓN SSAA-ADQ 0077 del 21 de octubre de
2013

"Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición contra la
Resolución Núm. SSAA - ADQ 0013 del 6 de agosto de 2013"

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTARTIVOS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En uso de sus facultades delegadas mediante el Decreto 903
del 17 de mayo de 2013 y de conformidad con las otorgadas
por la Ley 9a de 1989, por la Ley 388 de 1997, artículos 58 y
siguientes.

[…]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECISIÓN: no reponer la Resolución
Núm. SAA- ADQ 0013 DE 6 DE AGOSTO DE 2013 […]”.

V.3.- PROBLEMAS JURÍDICOS

En atención a los reproches planteados por el actor en el recurso de

apelación, corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o

revoca el fallo cuestionado en razón a que: i) el a quo se extralimitó

en el examen de legalidad de la Resolución núm. SH-ADQ 2178 de

26 de diciembre de 2012, en razón a que según lo alega el recurrente

tal pronunciamiento resultaba inocuo comoquiera que no dirigió la

demanda contra este acto; ii) si el avalúo catastral del predio en

cuestión tenía incidencia para fijar la indemnización reconocida al

actor por la expropiación; y iii) si el avalúo presentado con la

demanda y el que fue decretado y practicado en el proceso son

suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos

demandados, en relación con el precio de la indemnización

reconocida al actor.

V.4.- CUESTIÓN PREVIA

Dilucidados los motivos respecto de los cuales debe recaer el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

pronunciamiento de esta Corporación, es oportuno referir que aunque

la Secretaría de la Sección Primera informó que en esta instancia se

radicaron dos (2) procesos judiciales contra los mismos actos

administrativos, identificados bajo los expedientes núms.

05001233300020140087201 y 05001233300020140075001, lo

relevante es que tal situación no conduce a examinar la existencia de

la cosa juzgada en razón a que quienes promovieron los

correspondientes medios de control de nulidad y restablecimiento

(parte activa) no guardan identidad y, en todo caso, su legitimidad

para actuar está dada en razón a que comparten porcentualmente la

propiedad del inmueble que fue objeto de la expropiación.

Esta referencia es oportuna, habida cuenta que el proceso radicado

bajo el núm. 05001233300020140075001 ya fue decidido por la

Sala mediante fallo de 1o. de agosto de 2019, circunstancia que deriva

en la existencia de un precedente judicial debido a las similitudes con

en este asunto, por tal motivo, y en lo que corresponda, se prohijarán

los razonamientos allí expuestos. En todo caso, esta Corporación se

ocupará del examen planteado en la apelación como pasa a estudiarse.

V.5.- EL ASUNTO BAJO EXAMEN

Para resolver los reproches planteados, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

para luego abordar el estudio de los problemas planteados a título de

cuestionamientos contra el fallo del tribunal a quo.

V.5.1.- GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que13 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitado de la propiedad; iv) hay condiciones en que

13
Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11, proferidas por la
Corte Constitucional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

Ahora, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,

inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley 388

de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria14, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

14
Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales

del predio y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada,

el artículo 70 ibidem prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal
o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma
negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual
bastará con el registro de la decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá
que la entidad acredite que el propietario o los
titulares de otros derechos reales SOBRE EL
INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la
consignación correspondiente conforme a lo previsto en el
numeral 2 de este artículo.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según
sea el caso, el valor total correspondiente o el
porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber
correspondientes a los cinco contados sucesivos
anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos
en la entidad financiera autorizada para el efecto a
disposición del particular, y entregara copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de
los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE
EXPROPIADO, sin necesidad de intervención
judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las
autoridades de policía si es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa
no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa adquiere la obligación
de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés
social que hayan sido invocados, en un término máximo
de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de
propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará
exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un
término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia
se determinará el valor y los documentos de deber que la
persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la
entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite
mediante certificación auténtica que se ha efectuado el
reintegro ordenado […]”. (Destacado fuera de texto).

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá A LOS PROPIETARIOS,

el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los

efectos previstos en el artículo 6115 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y

justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y

los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin

de alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección16 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo
de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el
propósito de restablecer el equilibrio roto por la
privación patrimonial a la cual es sometido de manera
forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el

15
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se
introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley
9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

interés general deba prevalecer sobre los intereses privados,
no significa en modo alguno que por dicha circunstancia
queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce
en favor del propietario, pues no puede pretenderse que
éste deba asumir a título personal un detrimento en su
patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de
igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”. Destacado fuera de texto.

Asimismo, la Sala destaca que a través del Decreto 1420 de 199817

fueron reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y

criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se habilita

la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles, entre

otros, para el caso de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2018 del decreto en mención se

establece que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2319 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a

través de resolución las disposiciones metodológicas para la

realización de estos.

17
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-
ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el
artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”
18
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
19
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata
el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante
resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de
este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió

las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que

fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 200820, que

establece los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución determina como métodos para la elaboración de los

avalúos el de: i) comparación o de mercado, ii) capitalización de

rentas o ingresos, iii) el residual, iv) el de consulta de encuestas y

v) el de costo o reposición.

V.5.2. CASO CONCRETO

La Sala pasa a resolver cada uno de los problemas jurídicos

planteados, que corresponden a los reproches que el actor, por

conducto de su apoderada judicial, plasmó en el recurso de

apelación.

V.5.2.1. Acto de trámite no demandado

El primero de los reproches que planteó el apelante se dirige contra

la decisión inhibitoria del Tribunal, bajo el argumento de que no

demandó la Resolución núm. SH-ADQ 2178 de 26 de diciembre de

20
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley
388 de 1997”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

2012, y en ese sentido se aprecia por la Sala que no se cuestionó la

naturaleza jurídica de acto administrativo de trámite en lo que se

basó el a quo para adoptar tal decisión.

En efecto, como se precisa, el reproche del actor no radica en estar

en desacuerdo con el carácter demandable de la Resolución núm.

SH-ADQ 2178 de 26 de diciembre de 201221 sino en que, en su

entender, tal pronunciamiento es “inocuo” habida cuenta que no

solicitó la nulidad del referido acto.

Sobre este aspecto y para examinar si la decisión del Tribunal a quo

es congruente22, esto es, si abordó las pretensiones de la demanda,

se tiene que, contrario a lo que alega el apelante, en la demanda y a

título de peticiones sí se solicitó el examen de su legalidad, como se

aprecia en el siguiente numeral:

“[…] TERCERO: Que se declare la nulidad de la Resolución
Núm. SH-ADQ 2178 del 26 de diciembre de 2012, por
medio del cual se inicia las diligencias tendientes a la
adquisición por enajenación voluntaria o expropiación por
vía administrativa y se formula una oferta de compra,
tomando como precio o valor de la oferta de compra que se
realiza en la presente resolución es de: ciento treinta y dos
millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos ocho pesos

21
Mediante la cual se iniciaron las diligencias para la adquisición por enajenación voluntaria o
expropiación administrativa y se formuló oferta de compra del bien origen de la controversia.
22
“[…] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce en la armonía que
deber estar presente en su estructura interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en
la externa, entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes.
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que formula la parte
demandante, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de quien funge
como parte accionada y que, generalmente, se propone a título de excepciones”. Consejo de Estado.
Sala 8 Especial de Decisión. Sentencia de 28 de octubre de 2024. Exp. 11001031500020220581000.
Actora: Dormy Nelly Lloreda Trejos. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

($132.669.608), según avalúo con radicado
Núm.8002021ER6587 elaborado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) […].”

De lo anterior, la Sala encuentra que hay conformidad entre lo

solicitado y lo decidido por el Tribunal, luego no existe razón para

revocar la decisión inhibitoria respecto de la Resolución núm. SH-

ADQ 2178 de 26 de diciembre de 2012.

Además, en gracia de discusión, la Sala destaca que le asiste razón

al Tribunal frente a que el acto de formulación de oferta de compra,

que se identifica a su vez con el inicio de diligencias para adquisición

voluntaria o expropiación administrativa, no es demandable.

Ciertamente, el acto por medio del cual la entidad pública inicia las

diligencias para la adquisición por enajenación voluntaria o

expropiación administrativa y formula la oferta de compra para

adquirir el bien inmueble no es susceptible de control judicial. Al

respecto en sentencia de 29 de octubre de 202023, esta Sección

señaló:

“[…] Acto administrativo que ordena adquirir un bien
inmueble y realiza una oferta pública no es susceptible de
control judicial

La Sección Primera del Consejo de Estado ha señalado que el
acto administrativo por medio del cual la entidad pública hace
una oferta de compra para adquirir el bien inmueble previo a
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de
octubre de 2020, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00572-02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ordenar su expropiación no es susceptible de control judicial:

“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que
sólo pueden controvertirse ante la jurisdicción, mediante la
acción especial contencioso-administrativa, los actos que
deciden la expropiación. A propósito esta norma dispone:

[…] el artículo 71 dispone, en lo pertinente, lo siguiente: […]

De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente,
que la demanda ante esta Jurisdicción procede
únicamente contra el acto administrativo que decide la
expropiación.
[…]

De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la
oferta de compra no están llamados a generar perjuicios al
administrado, teniendo únicamente tal potencialidad el acto
administrativo de expropiación, por lo que, desde esta
perspectiva, tampoco se vislumbra el que proceda la acción
incoada por la demandante contra aquellos. Así se puntualizó por
esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente
Núm. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta esta
Providencia:

De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa
de negociación voluntaria la administración no está efectuando
ningún tipo de actividad administrativa que pueda perjudicar al
administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite
concluir que el acto por medio del cual se hace una oferta al
propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las
circunstancias ya reseñadas, no genera un perjuicio alguno para
el actor.

Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la
acción especial contencioso administrativa tendiente a
obtener la nulidad y restablecimiento del derecho o a
controvertir el precio indemnizatorio, se predica en
exclusiva del acto administrativo expropiatorio en los
términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]” (Se resalta y
subraya).

[…]

Por lo anterior, la Resolución núm. 6311 de 28 de diciembre de
2009, expedida por el IDU, por la cual se determinó la
adquisición del inmueble ubicado en la dirección AC 13 # .68 –
40 de la ciudad de Bogotá, de propiedad de los señores Ana
Beatriz Ahumada del Busto, Ignacio del Busto Ahumada y Camilo
del Busto Ahumada, y formuló la correspondiente oferta de
compra, no es susceptible de control judicial, por cuanto la
acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 solo procede
contra los actos que ordenan la expropiación. En consecuencia,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

el fallo de primera instancia será modificado a fin de declarar de
oficio la ineptitud sustantiva de la demanda respecto del acto
administrativo señalado [...]”.

Entonces, no hay motivo para revocar el numeral primero del fallo

que se inhibió de examinar la Resolución núm. SH-ADQ 2178 de 26

de diciembre de 2012, todo lo cual lleva a concluir que se confirmará

la decisión en lo que corresponde a este aspecto.

V.5.2.2. De los avalúos catastral y comercial en la
determinación del valor a reconocer por la expropiación
administrativa

El actor planteó como cuestionamiento en contra de la sentencia de

primera instancia que se le transgredió el principio de la confianza

legítima24, en la medida en que para el año 2013 el avalúo catastral

del predio en cuestión fue de $734.341.000, mientras que la

indemnización reconocida por el valor total se limitó a $132.669.608.

Previo a resolver si existe la preeminencia del avalúo catastral del

inmueble en materia expropiatoria, respecto de la cual insiste el

24
Al respecto la Corte Constitucional ha puntualizado: “[…] En esencia, la confianza legítima consiste
en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda
confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que
son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con
otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si
se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un
comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones
anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el
particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades
públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de
un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la Administración,
es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación
jurídica no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en estos casos,
ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse
a la nueva situación […]” Sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

apelante en el recurso de alzada, es oportuno referir que si bien es

cierto que el avalúo catastral para el año 2013 ascendió inicialmente

al valor informado, también lo es que tal fijación fue objeto de una

modificación oficiosa, según da cuenta la Resolución núm. 9577 de

16 de septiembre de 201425, expedida por el subdirector

administrativo de Catastro, en la que se ajustó el valor catastral para

para dicho inmueble en el año 2013, en la suma de $228.130.000.

En consideración a esta situación que otorga claridad frente al

proceso catastral del inmueble se concluye por la Sala que el valor

que finalmente adquirió firmeza se redujo considerablemente; y que

el monto inicialmente actualizado para el año 2013 y del que se sirve

el apelante para referir la posición de confianza legitima no

encuentra respaldo por virtud de tal modificación.

Además, según lo dispuesto en el artículo 6126 de la Ley 388 de 1997,

el precio para adelantar la adquisición de los bienes sometidos al

proceso de enajenación voluntaria o expropiación administrativa se

encuentra delimitado por el denominado valor comercial, de allí que

la insistencia del apelante frente a tener en cuenta y privilegiar el

25
“Por medio de la cual se modifica una inscripción catastral de oficio”. Cfr. Folio 252 C1.
26
“[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. El
precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que
sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra
en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

avaluó catastral no se ajusta al mandato legal que se orienta a que

la determinación del precio de indemnización por expropiación

corresponda al comercial, el cual puede probarse mediante el uso de

los diferentes métodos aceptados con tal fin.

En este orden, no le asiste razón al apelante frente a la prerrogativa

de dar prevalencia al avalúo catastral del inmueble expropiado, pues

no es viable, se insiste, considerarlo para determinar el precio

indemnizatorio con sentido de valor y comparación para la evaluación

económica, habida cuenta que no es el mecanismo fijado por la Ley

y, además, porque el precio del que se sirve el apelante para explicar

su reproche sufrió una corrección que redujo el valor perseguido

como restablecimiento del derecho.

En ese mismo sentido y bajo similar planteamiento esta Corporación,

como se precisó atrás, ya tuvo la oportunidad de ocuparse de idéntico

planteamiento al proferir la sentencia de 1o. de agosto de 201927, en

el expediente identificado con número único de radicación

05001233300020140075001, que constituye un precedente judicial

en este asunto, por cuanto se estudió la demanda presentada contra

los mismos actos, pero bajo la legitimación que alegó una de los

propietarias del inmueble origen de la presente controversia. Al

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1o. de
agosto de 2019, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 050012333000 2014
00750 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

respecto se prohíja dicho pronunciamiento, en lo siguiente:

“[…] 78. Ahora bien, en lo concerniente al argumento del apelante
según el cual, el referido avalúo debió tomar como base el valor
del avalúo catastral del año 2013 por la suma de $734,341,000 la
Sala encuentra que, conforme señaló el Subdirector
Administrativo de Catastro, área de Planeación, del municipio de
Medellín, en respuesta a la prueba decretada por el a quo, para
el inmueble ubicado en la calle 062 nro. 85-335 el incremento
del avalúo catastral para el año 2013 tuvo como causa una
inconsistencia […] por cuanto la construcción que figuraba
inscrita en la base de datos catastral se encontraba demolida y el
cálculo del avalúo catastral producto de la actualización catastral
se había realizado con base en una zona homogénea
geoeconómica que no le correspondía […], razón por la cual se
modificó oficiosamente la inscripción catastral del predio
con relación a su destinación económica y a su avalúo
catastral, mediante Resolución 9577 de septiembre 16 de 2014
con un avalúo de $ 228,130,000 para la vigencia fiscal 2013, con
fundamento en lo previsto en el artículo 16 de la Resolución 1055
de 2012 del IGAC.
79. No obstante el evidente incremento del avalúo catastral
presentado para el año 2013, corregido de oficio posteriormente
por la Subdirección de Catastro del Municipio de Medellín, para
la Sala resulta claro que es el avalúo comercial del predio
y no el avalúo catastral del mismo, el determinante para
la fijación del precio indemnizatorio o de adquisición del
inmueble, atendiendo a las consideraciones contenidas
en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, razón por la cual los
argumentos del recurrente según los cuales el mayor
incremento en el avalúo catastral que se produjo para el
año 2013 significa un mayor precio indemnizatorio no
tienen vocación de prosperidad.
80. Lo anterior resulta suficiente para concluir que también por
este cargo el fallo apelado debe confirmarse, pues la presunción
de legalidad del acto enjuiciado no fue desvirtuada por la parte
actora, a la cual correspondía dicha carga, en tanto no demostró
que el avalúo efectuado por IGAC en cabeza del perito avaluador
señor Benjamin Herran Rodríguez fue equivocado […]”.

En ese orden de ideas, se concluye que el avaluó catastral del predio

no es viable como parámetro para fijar el valor de la indemnización

por expropiación, motivo por el cual este reproche no prospera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

V.5.2.3. De la presunción de legalidad del avalúo comercial
incorporado al acto administrativo de expropiación
administrativa

Esta Sección ha sostenido que en la medida en que el avalúo oficial

es incorporado al acto administrativo de expropiación, aquel goza de

presunción de legalidad, por lo que debe tenerse como válido, creíble

y fundamentado.

En tales condiciones, corresponde a la parte que se siente afectada,

acreditar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, para lo

cual debe poner en evidencia precisamente sus incorreciones y, en

particular, la incidencia de estas en el valor que se ha atribuido al

bien expropiado.

Sobre este aspecto esta Sala28 ha señalado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y de
certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios
de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el caso sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 15 de 2019, Roberto Augusto Serrato Valdés, 25000-23-24-000-2011-00196-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección”.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor
no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual el Instituto de Desarrollo Urbano determinó el
justo precio de la indemnización expropiatoria y, en
consecuencia, no desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado, que lo incorporó […]”.

En lo que concierne al alcance de la carga de la prueba para

desvirtuar el avalúo oficial, esta Sala29 puntualizó:

“[…] Para precisar el alcance de la carga que recae sobre el
demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración, no es del caso que el escrito de
demanda anexe otros avalúos, si se pretende con ellos
desvirtuar el realizado por la entidad pública; para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial, es indispensable que el actor, con base en
las normas que regulan la materia, indique el defecto en
que se ha incurrido y su impacto en el precio oficialmente
establecido, pues de lo que se trata es precisamente de llevar
al convencimiento del juez de que se ha incurrido en error al
establecer el monto de la indemnización, y no simplemente de
identificar otras alternativas probables […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para desvirtuar el valor

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
febrero de 2020, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-24-000-2011-
00115-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

incorporado en los actos administrativos de expropiación, no basta

con anexar a la demanda otros avalúos del bien sobre el cual recayó

la medida, sino que corresponde al interesado probar los errores del

avalúo oficial y, en particular, la incidencia que estos tienen en la

fijación del precio.

En el presente caso, el actor reprochó el hecho de que el a quo no

haya dado alcance suficiente al avalúo presentado con la demanda y

aquel que se practicó el proceso y, además, que no haya decretado

otra prueba si tenía dudas sobre el valor comercial del inmueble.

También cuestionó el que, a su juicio, el Tribunal no haya efectuado

un análisis riguroso a cada uno de los elementos constitutivos del

avalúo elaborado por el IGAC, como sí lo hizo con el avalúo

presentado con la demanda y aquel que fue practicado en el proceso.

Precisadas las oposiciones planteadas, es oportuno identificar los

avalúos que examinó el Tribunal, así:

• AVALÚO APORTADO CON LA DEMANDA

Fue allegado con el escrito inicial y se rindió el 23 de marzo de

201330, y da cuenta de la evaluación económica que el señor Juan

30
Cfr. Folios 52 a 59 C1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

David Ángel Aguirre, avaluador inscrito en el registro nacional de

Corpolonjas de Colombia, realizó respecto de inmueble expropiado.

En el referido avalúo se realiza una descripción de las características

del inmueble y se determina como valor comercial del predio la

suma de $831.882.400, para lo cual señaló lo siguiente:

“4. Sustentación del avalúo

Para la determinación del justo precio, además de todo lo
anteriormente descrito en el presente avalúo comercial, se
han tenido en cuenta las siguientes variables endógenas
y exógenas que influyen directamente sobre el precio y
para su calificación, esto son los siguientes:

• Oferta y demanda de lotes en el sector específico o con
otros sectores similares.

• La reglamentación de la zona del predio particularmente.

• Servicios Públicos y Privados.

• Las condiciones actuales de oferta y demanda de la zona de
inmuebles de alguna manera comparable con el que es objeto el
presente avalúo.

• Posibilidades de valoración.

• Nivel socioeconómico de los pobladores del sector o sus
alrededores.

• Potencial de Desarrollo.

• Marketing de producción de acuerdo con su actividad actual.

5. Cálculo del valor

Área m2 Valor m2 Valor total
Área de lote 3.524.616 $220.000 775.415.520
aproximada m2
Área terreno ronda 391.624 m2 $120.000 $46.994.880
Área de 47.36 m2 $200.000 $9.472.000
construcción

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Valor total avalúo $831.882.400
comercial

[…]”

Al informe se anexaron únicamente fotos del predio y las

certificaciones sobre la inscripción del avaluador en Corpolonjas de

Colombia.

• AVALÚO DECRETADO EN EL PROCESO

En cumplimiento del auto de pruebas, el 29 de enero de 2016 se

presentó dictamen pericial por el Ingeniero Civil Rafael Estrada

Londoño, que concluyó como valor del predio la suma de

$1.405.336.969, así:

“[…] CONSIDERACIONES PARA EL AVALÚO. –

El IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO para el año 2013, copia de
cuenta que se adjunta, fue de $ 734.341.000.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO para el año 2014, copia que
también se adjunta fue de $ 756.371.000.

Causa extrañeza que en la FICHA CATASTRAL PREDIO, que
también se adjunta con vigencia 11/12/2015, se presente un
avalúo de $ 242.022.000, para el lote y de $ 1.000 para la
construcción, con un avalúo total de $ 242.023.000.

Para el avalúo, tengo en cuenta, no solamente el terreno que
ya fue descrito atrás, sino la construcción existente al momento
de la expropiación, catalogada así:

REVISTA CONSTRUDATA (Se anexa fotocopia)
UNIFAMILIAR INTERES SOCIAL:
1 PISO
46 M2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Muros en bloque pañetados y pintados
Cubierta en fibro — cemento
2 alcobas y un baño
Pisos en baldosa

VALOR TOTAL $ 731.687 m2
Valor de la construcción 47.36 metros cuadrados a $ 731.687
$ 34.652.696
Valor de 3.916.24 M2 de lote a $ 350.000 $1.370.684.oo

TOTAL $1.405.336.969 […]”.

De acuerdo con el contenido de los avalúos que se encuentran en el

proceso, se tiene que, pese a que precisaron el valor el comercial

del inmueble, no son coincidentes en sus valores y de su contenido

no se puede establecer con certeza el método utilizado para hallar el

valor pretendido y las variables que se consideraron en la

determinación del precio.

Además, ninguno de ellos se ocupó de contradecir y evidenciar los

posibles errores en el que pudo incurrir el avalúo que elaboró el IGAC

y las incidencias de este en las conclusiones.

De ahí que estos avalúos, contrario a lo invocado por la parte

apelante, no tengan la vocación para desvirtuar la presunción de

legalidad de que está investido el avalúo oficial que fue incorporado

como sustento de los actos administrativos demandados, pues no

prueban que el valor comercial no corresponda al inmueble, no por

la diferencia evidente de las sumas indicadas en estos sino por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

cuestionamiento del método que se usó con tal propósito.

Lo anterior, evidencia que los avalúos con los que el actor pretendía

demostrar sus alegaciones incumplieron los requisitos fijados en el

Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008, que establecen

los métodos y parámetros para la elaboración de los avalúos

presentados en relación con los procedimientos de que trata la Ley

388 de 1997 y que se constatan así:

MÉTODO NORMA TÉCNICA PARA APLICACIÓN REQUISITOS
IDENTIFICAR EL (PROCEDIMIENTO
VALOR TÉCNICO)
COMERCIAL
Comparación o Art. 1º Se desarrolla Homogeneización de Se deben usar
de Mercado mediante el muestras: Se toman los fuentes verificables.
estudio de ofertas datos de mercado y se Si el mercado es
o transacciones ajustan mediante variables activo, este método
recientes de bienes (zona, edad, área, tiene prioridad
comparables y estado). Se busca un valor respecto de los
similares al del unitario promedio por m2. demás.
avalúo. ARTÍCULO 10.
Capitalización Art. 2º Determina el Fórmula de Valor Los cánones
de Rentas valor con base en Presente: Se calcula la deben ser de
los ingresos o renta líquida y se divide mercado. No se
rentas que el bien por una tasa de deben incluir
puede producir. capitalización (V = R / i). muebles o equipos
En este método se a menos que sea
considera la vida necesario para la
remanente del inmueble renta.
(70 o 100 años según la
construcción).
Costo de Art. 3º Calcula el costo Depreciación Requiere
Reposición de construir hoy Lineal/Técnica: Se tasa presupuesto
una estructura la construcción "como detallado de obra
igual, descontando nueva" y se le resta la (materiales, mano
el desgaste. depreciación usando las de obra,
Tablas de Fitto y honorarios) y el
Corvini. Se suma el valor estado de
del terreno. conservación.
ARTÍCULO 13
Técnica Art. 4º Valora el terreno Proyecto Hipotético: Se rige por el
Residual a partir del Se calcula el valor total de principio de "Mayor
potencial de ventas del proyecto, se y Mejor Uso". Solo
desarrollo de un restan costos de aplica si el proyecto
proyecto construcción, financieros y es legalmente
inmobiliario. utilidad del promotor. El permitido y
sobrante es el valor del financieramente
suelo. viable. ARTÍCULO
14
Consulta de Arts. Procedimiento de Tratamiento Se aplica si NO hay
Encuestas 11 y 12 apoyo basado en la Estadístico: Se realizan ofertas o ventas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

opinión de entrevistas en número reales. El perito
expertos ante la plural. Se debe calcular debe haber visitado
falta de datos obligatoriamente la el predio antes de
reales. Media, la Varianza y el realizar las
Coeficiente de Variación encuestas.
para validar la muestra.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien es cierto que el avalúo

que se presentó con la demanda manifestó que tuvo en cuenta la

“[…] oferta y demanda de lotes en el sector específico[..]”, también

lo es que no se logra identificar con certeza que utilizó el método de

comparación o de mercado31, pues no se aplicó en debida forma la

técnica que debe acogerse, esto es, identificar el medio del cual se

obtuvo la información y la fecha de la publicación de las fuentes

usadas, a fin de verificar la certeza de los datos junto con los demás

factores que permitan su identificación32, requisitos que son

indispensables para dar valía al examen y su ajuste a las

circunstancias que invocó para fijar el avalúo comercial.

Ahora, el avalúo decretado y presentado como dictamen pericial en

el curso del proceso estuvo basado en los avalúos catastrales del

predio en cuestión de los años 2013 y 201433, sin tener en cuenta

que estos fueron modificados. Además, como ya se dijo, esta

31
Resolución 620 de 2008. “[…] Artículo 1.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica
valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o
transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial […]”.
32
Resolución 620 de 2008. “[…] Artículo 10.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la
presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha
de publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior […]”.
33
Situación reiterada por el perito en memorial visto a folios 862 a 865.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

información no encuentra asidero como metodología para la

determinación del valor comercial de los inmuebles sometidos a

expropiación administrativa, conforme con lo previsto en la

Resolución 620 de 2008.

De este modo, ninguno de estos avalúos siguió la técnica obligada

para identificar a través de los métodos autorizados el valor

comercial del inmueble, lo cual descarta que deban privilegiarse

respecto del avalúo oficial que se incorporó a las decisiones

administrativas.

Finalmente, la alegación del apelante respecto de que el a quo debió

actuar oficiosamente y analizar la legalidad del avalúo elaborado por

el IGAC, no encuentra respaldo en razón a que el control de legalidad

requiere una formulación de parte, lo que implica que se formulen

bajo las causales de nulidad los motivos que cuestionan la presunción

que los ampara, que para el asunto bajo examen implica que se

identifiquen y demuestren los errores en que incurrió el avalúo oficial

y la incidencia en la determinación del precio del inmueble

expropiado.

De ahí que no sea de recibo alterar bajo el planteamiento expuesto

la carga de la prueba, la que implica la aportación y la solicitud de

las pruebas pertinentes, conducentes y útiles para acreditar sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

reproches sin que le sea dable desligar y trasladar su responsabilidad

en los términos del artículo 167 del CGP.

En consecuencia, en la medida en que los argumentos plasmados en

el recurso de apelación no tienen vocación de prosperar, la sentencia

recurrida se confirmará en su integridad y así se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

V.6. DE LAS COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18834 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP351, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo36, la Sala condenará a la

parte actora, en los términos del numeral 3° del artículo 36537

ibidem, al pago de las costas en segunda instancia.

34
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
35
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
36
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
37
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso38 y por las agencias en derecho39”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la entidad demandada a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación40 que realice el secretario del Tribunal a quo

y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP41, se fijan como agencias en derecho, en la

segunda instancia la suma de $ 1.663.765 (equivalente al 0,2% del

38
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
40
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
41
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

valor de las pretensiones42) a favor del DISTRITO ESPECIAL DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. Lo

anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo

6°43 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,

la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.

V.7. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

Por último, como quiera que quien se hallaba habilitado legalmente

para ello, otorgó poder en nombre del DISTRITO ESPECIAL DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se

reconocerá personería a la profesional del derecho destinatario de

aquel, conforme con los documentos visibles a índice 21 del

expediente digital en SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

42
De conformidad con el valor de las pretensiones corresponde a $831.882.400
43
“[…] ARTÍCULO 6º. Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Condenar en costas en esta instancia a la parte

demandante y en favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho en la segunda instancia

la suma de $1.663.765 (equivalente al 0,2% del valor de las

pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por la parte demandante.

CUARTO: TENER a la doctora NATALIA ZULUAGA JARAMILLO

como apoderada del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, de conformidad con

los documentos visibles en el índice 21 del expediente digital en

SAMAI.

QUINTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2014-00631-01
Actor: GUILLERMO LEÓN CASTAÑEDA AGUDELO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de enero de 2026.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.