Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00448-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00448-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-00448-03
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00448-03
Actores: ODILIA ALFONSO DAZA, GLORIA ESTELLA PERILLA ALFONSO,
RAFAEL ENRIQUE PERILLA ALFONSO Y FERNANDO ELÍAS PERILLA
ALFONSO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por la
Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. Los señores Odilia Alfonso Daza, Gloria Estella Perilla Alfonso,
Rafael Enrique Perilla Alfonso y Fernando Elías Perilla Alfonso, a
través de apoderado judicial, promovieron demanda ante el
Tribunal, en ejercicio de la acción especial de nulidad y
1
En adelante el Tribunal.
2
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ENRIQUE PERILLA ALFONSO Y FERNANDO ELÍAS PERILLA ALFONSO
restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
CPACA, en la que formularon las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que acorde con el Artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del Artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia
C-476 del 2007, se declare la Nulidad Parcial de la Resolución
No. 006847 del 21 de Junio de 2016, “POR LA CUAL SE
ORDENA UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA"
Modificando los artículos SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO. Parte
Resolutiva -en lo que concierne al “VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO”, FORMA DE PAGO y APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. De la misma, asi como la Nulidad de la
Resolución 008921 del 22 de septiembre de 2016 “POR LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION” y mediante
la cual confirma en todas sus partes la Resolución No. 006847
del 21 de junio de 2016, ordenando pagar el Precio Justo.
2.-Que de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mi mandante se encuentra exenta
de los pagos tributarios que por razones de expropiación
administrativa le obligaron a cancelar, toda vez que sí, optó por
la vía contenciosa administrativa, fue por la necesidad a que la
llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, al ofertar y pagar
un precio injusto, así como por la falta de negociación, más no
por capricho de la demandante.
3.-Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mis mandantes ODILIA ALFONSO DAZA, GLORIA
ESTELLA PERILLA ALFONSO, RAFAEL ENRIQUE PERILLA
ALFONSO Y FERNANDO ELÍAS PERILLA ALFONSO, los valores
que en adelante relaciono y/o de conformidad con lo que
resulte probado en el proceso; montos que han de ser
actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
3.1.1. La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
PESOS M/cte, ($585,837,660.00), por ajuste al valor ordenado
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y pagado con la Resolución No. 006847 del 21 de junio del
2016, por concepto de terreno y construcción del inmueble
ubicado en la CL 129 No. 91- 15 de Bogotá, identificado con
cédula catastral U 9337, CHIP AAA0129CHJZ y matrícula
inmobiliaria 50N-85706.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como Gastos Notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así.
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de Escrituración
Gastos de Registro 0.5 %
Beneficencia: (1.%)
3.1.3. Los Gastos de Desconexión de los Servicios Públicos así:
• Energía Codensa, Retiro de dos acometidas y medidores.
Conexión residencial $365.888,oo
• Acueducto EAAB, corte de servicio de acueducto desde la red,
incluye excavación, retire de manguera, suspensión del registro
o colocación de tapón. Reconstrucción de anden y
levantamiento de escombros, desmonte de medidor.
$443.400.oo
• Suministro de tapón macho de hg 6” 4; $242.440.oo
• Gas Natural: suspensión definitiva de cuatro instalaciones
$131.032.00.
3.1.4. El valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/cte
($13,754,611.00) equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto
de Desarrollo Urbano IDU, por enajenación de bienes raíces,
toda vez que el IDU aplica la tabla de la tarifa tributaria de
manera indebida, ya que mi mandante debe ser exenta de la
misma por ser expropiación por vía administrativa por la
decisión unilateral y arbitraria del precio ofertado y pagado per
parte del IDU, y que en el peor de los casos la retención
correspondería al 1.5%, y a prorrata a cada uno de los
expropiados, aclarando el porcentaje de retención para cada
uno de ellos, además porque no todos declaran renta.
3.1.5. La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE
MIL NOVESCIENTOS PESOS M/cte ($6.717.900.oo) que les
retuvieron a los demandantes y que corresponden al veinte por
ciento (20%) de los valores que les reconocieron por Lucre
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Cesante, sin que se encuentre justificación legal alguna para
ello.
3.1.6. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.
[…]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
Indicaron que son propietarios del bien inmueble ubicado en la Cl.
129 núm. 91 -15 de Bogotá, matrícula inmobiliaria núm. 50 N
85706, cédula catastral U9337 y CHIP AAA0129CHJZ el cual, para
el momento en que inició el trámite administrativo, se encontraba
conformado por una estructura de tres plantas2.
Manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - CATASTRO3 realizó el informe técnico avalúo comercial
núm. 2014-3008 de 24 de diciembre de 2014 con la finalidad de
2
Relaciona que la primera planta se conformaba de cinco locales comerciales con baño, entrada
independiente a la segunda planta de la casa y escaleras de acceso, la segunda planta por un
apartamento independiente que constaba de sala comedor, 2 alcobas, cocina integral enchapada a
gas natural, 1 baño completo enchapado, 1 local grande con cuatro baños, entrada principal y
entrada de emergencia y columnas estructurales, otro local independiente con escaleras de acceso,
mientras que la tercera planta estaba conformada por una construcción en obra gris con estructura en
ladrillo y vigas de amarre, cubierta en teja y ornamentación, 4 tanques de agua, zona de ropas,
terraza.
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En adelante CATASTRO.
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que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU4 formulara oferta
de compra sobre el inmueble.
Señaló que el IDU, mediante la Resolución núm. 114540 de 30 de
diciembre de 2014, determinó la adquisición del inmueble y formuló
oferta de compra por la suma de $ 319.225.500 por concepto del
terreno, sin reconocer valor alguno por los rubros de daño
emergente y lucro cesante.
Indicó que, posteriormente, CATASTRO realizó el informe técnico
avalúo comercial núm. 2015-0220 de 30 de junio de 2015, a través
del cual aclaró y corrigió el avalúo oficial 2014-3008, en el sentido
de señalar que el valor de las construcciones del predio
correspondía a la suma de $230.958.970 y de reconocer las sumas
de $14.472.722 por daño emergente y de $33.589.500 por lucro
cesante.
Expuso que el IDU, a través de la Resolución núm. 66449 de 23 de
diciembre de 2015, modificó la oferta de compra estableciendo la
suma de $598.246.692 que incluía el valor del terreno, sus
construcciones, el daño emergente y el lucro cesante.
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En adelante IDU.
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Afirmó que el IDU, mediante la Resolución núm. 6847 de 21 de
junio de 2016, ordenó la expropiación por vía administrativa del
inmueble y fijó como precio indemnizatorio la suma de
$592.396.287 la cual incluía los conceptos de terreno y
construcción.
Expuso que, inconforme con lo anterior interpuso recurso de
reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 008921
de 21 de septiembre de 2016, en el sentido de confirmar lo
decidido en la Resolución núm. 6847 de 21 de junio de 2016.
Manifestó que el IDU descontó de la suma de dinero reconocida
rubros como la desconexión de servicios públicos, los gastos de
escrituración del predio a adquirir y las retenciones por venta de
bien raíz e ingresos por arrendamiento, lo cual no permitió que
obtuviera, a su juicio, una indemnización justa.
Señaló que el pago obtenido empobreció su patrimonio, toda vez
que conforme con lo señalado por el avalúo elaborado por la firma
Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias de 15 de febrero
de 2016, el predio expropiado tenía un valor comercial de
$1.136.022.130.
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Finalmente, puso de presente que el demandado no llevó a cabo la
etapa de negociación, pues se limitó a formular una oferta de
compra sin darle la oportunidad de controvertir el valor ofrecido.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
Indicó que se trasgredió el artículo 70, numerales 2 y 4, de la Ley
388 de 1997, toda vez que el demandado nunca puso a su
disposición los dineros ordenados en las resoluciones núms. 6847
de 21 de junio de 2016 y 008921 de 21 de septiembre de ese año.
Manifestó que las resoluciones controvertidas trasgredieron los
artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política,
habida cuenta que el demandado no cumplió con la carga de
efectuar el pago de una suma indemnizatoria justa que no les
generara detrimento patrimonial alguno.
Explicó que la autoridad demandada trasgredió los postulados de
imparcialidad y de buena fe, pues no pagó el valor de una
indemnización justa.
Afirmó que se violó el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, pues el
IDU, para establecer el precio indemnizatorio, no tuvo en cuenta
sus intereses, su vida y dependencia familiar, no valoró que el
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precio de los inmuebles en Bogotá ha incrementado de manera
significativa y que este no fue motivado, toda vez que, en colusión
con la Secretaría Distrital de Planeación, congelaron la
estratificación de los predios del sector para no indemnizarlos como
correspondía.
Citó la providencia de 24 de marzo de 20115 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado en la que se hace referencia
a la trasgresión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa Rica, para
indicar que los actos demandados eran nulos, por cuanto no se dio
una indemnización previa y justa que cubra los perjuicios
ocasionados por la transferencia del dominio del bien inmueble que
era de su propiedad en favor del Estado.
Expuso que se trasgredió el artículo 3° del Decreto 1420 de 1998,
toda vez que el IDU no tuvo en cuenta otro avalúo para establecer
la indemnización, pese a contar con la posibilidad de realizar una
licitación pública para obtener un concepto proveniente de un perito
que no fuera de CATASTRO y promediar los resultados.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont
Pianeta.
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Indicó que se violó el artículo 22, numeral 7, del Decreto en
mención, al pasar por alto que el inmueble debía clasificarse como
estrato 3 y no 2 y al omitir en el avalúo elaborado por CATASTRO
la edad de los materiales, los acabados y su vida útil.
I.4.- Contestaciones
I.4.1. El IDU afirmó que no es la entidad competente para
designar los estratos socioeconómicos de los inmuebles pues dicha
función le corresponde a la Secretaría Distrital de Planeación,
conforme con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 291 de
2013.
Aclaró que dentro del rubro de daño emergente no había lugar a
reconocer concepto alguno por desconexión de servicios públicos,
pues dicho trámite no es efectuado por la parte actora, sino que se
realiza una vez se entrega el predio expropiado.
Señaló que los otros descuentos referidos por la parte actora
corresponden a deducciones de ley, tales como la retención en la
fuente de 20% del valor fijado como lucro cesante conforme con el
artículo 401-2 del Estatuto Tributario y el 2.5% por concepto de
enajenación de inmuebles según lo establecido en el artículo 2° del
Decreto 2418 de 2013.
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Respecto del avalúo aportado con la demanda y elaborado por la
firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias, sostuvo
que este no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13
de la Resolución núm. 620 de 2008, pues desconoce la metodología
allí prevista, comoquiera que realiza un estudio de mercado
teniendo en cuenta el precio del m2 como si el inmueble
perteneciera al régimen de propiedad horizontal, circunstancia que
no se presenta en el caso concreto.
Señaló que el avalúo no realizó debidamente el estudio de mercado
toda vez que incumplió con la carga de diferenciar el área de
construcción del área del lote propiamente dicho.
Expuso que el avalúo tampoco cumple con el requisito previsto en
el artículo 11 de la Resolución núm. 620 de 2008, pues el
coeficiente de variación obtenido en el estudio de mercado
realizado es de 39.40%, porcentaje superior al máximo establecido
correspondiente al 7.5%.
Manifestó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, sí se
adelantó la etapa de enajenación voluntaria; y que, sin embargo,
ante el fracaso de esta se dispuso la expropiación por vía
administrativa del inmueble.
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Puso de presente que el término “inmediato” señalado en el artículo
70 de la Ley 388 de 1997, hace referencia a que el pago de la
indemnización reconocida se efectúe a la mayor brevedad posible
sin que ello suponga un plazo perentorio, toda vez que, para tal
efecto, es necesario realizar el trámite financiero de radicación de la
orden de pago.
Señaló que en el presente caso el pago de la indemnización fue
diligente, puesto que la Resolución núm. 8921 de 2016 fue
notificada el 13 de octubre de 2016 y el cheque correspondiente se
le entregó de manera oportuna, según sus lineamientos y
cronogramas.
I.4.2. CATASTRO6 expuso que, pese a que es la entidad
encargada de elaborar los avalúos comerciales de los predios a
expropiar por motivos de utilidad pública en Bogotá D.C., para el
caso concreto es el IDU el competente para adelantar todas y cada
una de las etapas dentro del proceso expropiatorio por vía
administrativa del predio.
6
Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía del IDU, conforme con lo ordenado en auto
de 8 de agosto de 2023 proferido por el Tribunal.
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Señaló que es el IDU el que debe verificar si correspondía o no
otorgar un valor superior a la parte actora por concepto de la
indemnización.
Manifestó que no participó en las actuaciones administrativas que
adelantó el IDU para la adquisición del predio de propiedad de la
parte actora, por lo que no es responsable de las gestiones allí
adelantadas por la autoridad demandada.
Afirmó que realizó los avalúos núms. 2014-3008 y 2015-0220 con
fundamento en lo previsto en el Decreto 1420 de 1998, el artículo
11 del Decreto Ley 2150 de 1995; y la Resolución núm. 620 de
2008, que determinan los criterios y metodologías para la
realización de estas estimaciones.
Señaló que, mediante el avalúo núm. 2014-3008, determinó el
valor del terreno utilizando el método de comparación o de
mercado, para lo cual realizó un estudio de mercado sobre 4
inmuebles homogéneos y comparables con el expropiado, con un
coeficiente de variación de 6.23% dentro de los parámetros
establecidos por el artículo 11 de la Resolución núm. 620 de 2008.
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Adujó que, a través del avalúo núm. 2015-0220, estableció el valor
de las construcciones existentes en el predio aplicando el método
de costo de reposición previsto en la Resolución núm. 620 de 2008.
Manifestó que para establecer el daño emergente y lucro cesante
que debían reconocerse a favor de la parte actora tuvo en cuenta
todos los documentos que le fueron entregados por el IDU, entre
los cuales se encontraban las fotocopias de los recibos de los
servicios públicos domiciliarios de energía, acueducto y
alcantarillado, y gas y de 3 contratos de arrendamiento.
Afirmó que el avalúo aportado por la actora no tenía en cuenta la
realidad urbanística del inmueble expropiado, pues no señaló qué
disposiciones le eran aplicables ni explicó como había establecido
que los inmuebles estudiados eran semejantes y comparables.
Explicó que el estudio de mercado realizado no cumplía con los
requisitos previstos en los artículos 1°, 10º y 11 de la Resolución
núm. 620 de 2008, pues no se establecieron ni anexaron los datos
necesarios para identificar y revisar los inmuebles ni ofertas tenidas
en cuenta para su elaboración.
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Expuso que el avalúo realizó una indebida aplicación de los artículos
3º y 13 de la Resolución núm. 620 de 2008, toda vez que para
establecer el valor del metro cuadrado de construcción utilizó el
método de comparación o de mercado y no el de costo de
reposición.
Indicó que los datos consignados en el avalúo de parte no eran
consistentes y comprobables de fácil comprensión ni verificables,
por lo que no podían ser tenidos en cuenta dentro del proceso.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 30 de enero de 2025, el Tribunal denegó
las súplicas de la demanda.
Para ello, comparó el dictamen pericial aportado con la demanda
con los informes técnicos avalúos comerciales núms. 2014-3008 y
2015-0220 realizados por CATASTRO respecto del inmueble objeto
de litigio así:
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Con fundamento en lo anterior, afirmó que el avalúo oficial cumplía
con todos los requisitos establecidos en la ley para su elaboración,
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toda vez que aplicó los métodos de mercado y de costo de
reposición previstos en la Resolución núm. 620 de 2008.
Sostuvo que, para determinar el valor del terreno, el avalúo oficial
tuvo en cuenta la reglamentación urbanística vigente del inmueble,
su estratificación socioeconómica, sus aspectos físicos tales como
área, ubicación, topografía y forma de la reserva vial y la dotación
de redes primaria, secundaria y acometida de servicios públicos
domiciliarios.
Manifestó que para establecer el valor de las construcciones se
verificó el área de construcciones existentes autorizadas
legalmente, los elementos constructivos empleados en su
estructura, el estado de conservación física, la vida útil de la
construcción y la funcionalidad del inmueble en relación con el
objeto para el cual fue construido.
Señaló que se visitó el predio el 16 de julio de 2011, se le identificó
físicamente señalando su localización, dirección clara, uso que se le
estaba dando, edad y estado de conservación.
Explicó que el avalúo aportado con la demanda, elaborado por la
firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias de 15 de
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febrero de 2016, no satisfacía los lineamientos técnicos previstos en
el artículo 10º de la Resolución núm. 620 de 2008, pues no indicó
la fuente de la información utilizada para establecer el valor de las
construcciones existentes en el predio expropiado.
Indicó que en los análisis de mercado efectuados no mencionaron
de forma explicita la fecha en la que se obtuvo la información.
Señaló que respecto del valor del terreno se estableció un
coeficiente de variación estadístico de 39.40%, por lo cual no era
recomendable utilizar dicho estudio de mercado en los términos del
artículo 11 de la Resolución núm. 620 de 2008.
Concluyó que, debido a lo anterior, la parte actora no había logrado
desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial elaborado
por CATASTRO.
Sostuvo que la parte actora no cumplió con la carga de acreditar
que la demandada no puso a su disposición la suma de dinero
reconocida a través de las resoluciones demandadas, en los
términos del artículo 70, numeral 4, de la Ley 388 de 1997.
Indicó que de las pruebas aportadas al expediente se advertía que
la Resolución núm. 8921 de 22 de septiembre de 2016, fue
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notificada personalmente a la parte actora el 13 de octubre de ese
año y el pago del precio indemnizatorio se efectuó el 21 de
noviembre de 2016, esto es, dentro de un término razonable.
Indicó que al no prosperar las pretensiones de la demanda no había
lugar a pronunciarse sobre el llamamiento en garantía realizado a
CATASTRO.
Finalmente, no condenó en costas a la parte actora.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar el fallo recurrido por cuanto, en su
criterio, el Tribunal no tuvo en cuenta que en la demanda se
solicitó el reconocimiento de la indemnización integral o
reconocimiento económico correspondiente con la realidad, lo cual
estima que no fue verificado probatoriamente.
Agregó que el avalúo generado por la administración no cumple con
los requisitos que permitan dar veracidad en aquellos datos reales
del bien expropiado ni cuenta con soportes suficientes para
determinar los valores reales del predio.
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Expuso que el Tribunal, al hacer la comparación entre los avalúos
elaborados por CATASTRO y la firma valuadora Sarmiento &
Osorio Soluciones Inmobiliarias, no tuvo en cuenta que la
estimación realizada por la administración no se ajusta a las
exigencias establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
C-306 de 2013, sobre el precio indemnizatorio.
Reiteró que la expropiación administrativa tiene como fin poder
avanzar en obras urgentes mas no dar poder a entidades para fijar
precios, abusando de la facultad conferida.
IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de marzo de
2025, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 30 de enero de 2025, en los términos
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021.
IV.2.1- El IDU solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Afirmó que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar
que el avalúo oficial o que el trámite administrativo que culminó
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con la expedición de las resoluciones demandadas presentara
irregularidad alguna.
Señaló que la decisión del Tribunal fue acertada pues tuvo en
cuenta lo establecido en los artículos 61 y 67 de la Ley 388 de
1997; 25 y 26 del Decreto 1420 de 1998; y la Resolución 620 de
2008, para verificar si los avalúos realizados por CATASTRO y el
aportado con la demanda cumplían con los parámetros allí fijados.
Insistió en que el avalúo aportado con la demanda no cumple con
los requisitos previstos en la Resolución núm. 620 de 2008, toda
vez que de su revisión se evidenció que el coeficiente de variación
obtenido en el estudio de mercado correspondía al 39.40% cuando
lo máximo permitido por la Resolución núm. 620 de 2008 es el
7.5%.
Manifestó que la sentencia de primera instancia explicó
debidamente otras falencias del avalúo aportado por la actora, tales
como lo relativo a la información de las fuentes, fechas y áreas
tomadas para la aplicación del método comparativo o de mercado.
Señaló que dentro del proceso no se aportaron otras pruebas que
contribuyeran a demostrar que el valor comercial del inmueble
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fuera diferente al tasado en los avalúos oficiales y pagado con
ocasión de la ejecución de las resoluciones demandadas.
IV.3- El Ministerio Público, mediante escrito de 11 de abril de
2025, rindió concepto solicitando confirmar lo decidido en la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal.
Señaló que de la revisión de la providencia de primera instancia se
desprendía que el Tribunal soportó su decisión en las pruebas
oportunamente allegadas al proceso para concluir que el avalúo
aportado con la demanda no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de las estimaciones oficiales elaboradas por CATASTRO.
Manifestó que conforme con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para que exista una incorrección en el avalúo oficial no
basta con realizar una comparación del valor del precio
indemnizatorio determinado en el avalúo oficial y el tasado en los
avalúos allegados o solicitados por la parte, sino que se requiere
demostrar de manera clara y precisa el error en que incurrió la
estimación oficial, teniendo en cuenta que para fijar dicho valor se
analizan diferentes criterios y parámetros técnicos.
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Puso de presente que, incluso, dentro del trámite administrativo, el
demandado señaló que el avalúo elaborado por la firma Sarmiento
& Osorio Soluciones Inmobiliarias de 15 de febrero de 2016,
había aplicado indebidamente el método de comparación o de
mercado, pues tuvo en cuenta el área construida como si el
inmueble estuviera sometido a propiedad horizontal lo cual era
incorrecto, toda vez que “el inmueble no está sujeto a este régimen
y por lo tanto se debe valorar independientemente el área de
terreno y el área de construcción, empleando cualquiera de las
técnicas establecidas en la reglamentación […]”.
Concluyó que comoquiera que la parte actora no demostró el error
en que incurrieron los avalúos oficiales y los argumentos expuestos
en el recurso no desvirtuaban lo sostenido por el Tribunal, debía
confirmarse la providencia recurrida.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 6847 de 21 de junio de 2016, "por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”, y 008921 de
21 de septiembre de 2016, “por la cual se resuelve un recurso
de reposición”, expedidas por el IDU, en las que se dispuso la
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expropiación administrativa del inmueble de propiedad de la parte
actora, ubicado en la Cl. 129 núm. 91 - 15 de Bogotá, matrícula
inmobiliaria núm. 50 N 85706, cédula catastral U9337 y CHIP
AAA0129CHJZ, para el cual se fijó un precio indemnizatorio de
$592.396.287.
El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por
considerar que la parte actora no desvirtuó la presunción de
legalidad de los avalúos oficiales practicados por CATASTRO, toda
vez que estos fueron elaborados teniendo en cuenta la realidad
urbanística del predio expropiado y sus características, aplicando
debidamente la metodología prevista en la Resolución núm. 620 de
2008 para tal efecto.
Asimismo, señaló que el pago del precio indemnizatorio fue
realizado dentro de un plazo razonable, por lo que no podía tenerse
como trasgredido lo previsto en el artículo 70 de la Ley 388 de
1997.
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación argumentando que el avalúo aportado con la demanda, a
su juicio, no solo demostraba las falencias en las que incurrió la
estimación oficial elaborada por CATASTRO, sino que estableció un
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precio justo para la indemnización por la pérdida patrimonial que
sufrió por la expropiación de su inmueble.
Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
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contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 7 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 20098, indicó los elementos que debe contener la
indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
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sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
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resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
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El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado9.
Los actos acusados
La Resolución núm. 6847 de 21 de junio de 2016, "por la cual se
ordena una expropiación por vía”, estableció el precio
indemnizatorio del bien inmueble ubicado en la Cl. 129 núm. 91 -15
de Bogotá, con matrícula inmobiliaria núm. 50 N 85706, cédula
catastral U9337 y CHIP AAA0129CHJZ de la ciudad de Bogotá, así:
9
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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“[…] ARTICULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
identificado con NIT: 8999990816, del inmueble ubicado en la
CL 129 91 15 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la
cédula catastral U 9337, CHIP AAA0129CHJZ y matrícula
inmobiliaria 50N-85706 todo de acuerdo con el registro
topográfico número 44171 cuya copia se anexa, donde aparece
delimitado y alinderado, con un área de 193.47 m2 de terreno,
construcción 2 pisos de placa de 412.42 m2, enramada de
162.12m2, zona dura de 1.11m2, placa volada de 3.77m2 y
muro de antepecho de 23.42 m2, cuyos titulares del derecho de
dominio objeto de expropiación son los señores ODILIA
ALFONSO DAZA identificada con la cedula de ciudadanía No
41.421.224, GLORIA STELLA PERILLA ALFONSO, identificada
con la cedula de ciudadanía No 52.334.432, RAFAEL ENRIQUE
PERILLA ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadanía No
80.021.947 y FERNANDO ELIAS PERILLA ALFONSO, identificado
con la c6dula de ciudadanía No 80.170.117, conforme al
registro topográfico número 44171, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de junio de 2014, cuyos linderos
específicos son:
POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea recta y
distancia de (18.99 MTS), lindando con la calle 129; POR EL
ORIENTE: Del punto B al punto C en línea recta y distancia de
(9.98 mts), lindando con la AK 91; POR EL SUR: Del punto C al
punto D en línea recta y distancia de (19.04 mts) lindando con
propiedad particular; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto
A en línea recta y distancia de (10.40 mts) lindando con
propiedad particular y cierra.
ARTÍCULO SEGUNDO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.
El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($592,396,287.00)
MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con el avalúo comercial No.
2015-0220 del 30 de junio de 2015, el cual complementó el
informe técnico de avalúo comercial No 2014-3008 del 24 de
diciembre de 2014, elaborados por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL - Gerencia
de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica y el informe de reconocimiento económico RT No
44171 elaborado por el grupo económico de la Dirección
Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano de fecha 04
de abril de 2016, el citado valor incluye:
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Actores: ODILIA ALFONSO DAZA, GLORIA ESTELLA PERILLA ALFONSO, RAFAEL
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1. La suma de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
($550.184.470.oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalúo comercial de terreno y construcción.
2. La suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($33,589,500.00)
MONEDA -CORRIENTE por concepto de Lucro cesante.
3. La suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($8.622.317.oo) MONEDA
CORRIENTE por concepto de daño emergente.
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: “En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos los señores ODILIA
ALFONSO DAZA identificada con la cedula de ciudadanía No
41.421.224, GLORIA STELLA PERILLA ALFONSO, identificada
con la cedula de ciudadanía No 52.334.432, RAFAEL ENRIQUE
PERILLA ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadanía No
80.021.947 y FERNANDO ELIAS PERILLA ALFONSO, identificado
con la c6dula de ciudadanía No 80.170.117.
ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS ($592.396.287.oo) MONEDA CORRIENTE, el
citado valor, será puesto por parte de la Tesorería del Instituto
de Desarrollo Urbano a disposición de los señores ODILIA
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ALFONSO DAZA identificada con la cedula de ciudadanía No
41.421.224, GLORIA STELLA PERILLA ALFONSO, identificada
con la cedula de ciudadanía No 52.334.432, RAFAEL ENRIQUE
PERILLA ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadanía No
80.021.947 y FERNANDO ELIAS PERILLA ALFONSO, identificado
con la c6dula de ciudadanía No 80.170.117, una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de los señores ODILIA ALFONSO
DAZA identificada con la cedula de ciudadanía No 41.421.224,
GLORIA STELLA PERILLA ALFONSO, identificada con la cedula
de ciudadanía No 52.334.432, RAFAEL ENRIQUE PERILLA
ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadanía No
80.021.947 y FERNANDO ELIAS PERILLA ALFONSO, identificado
con la c6dula de ciudadanía No 80.170.11, no es retirado
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se
consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 70 de
la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considerándose que
de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano […]”.
La Resolución núm. 008921 de 21 de septiembre de 2016
resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora
contra lo decidido en la Resolución núm. 6847 de 21 de junio de
ese año, en el sentido de confirmar lo allí decidido.
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Caso concreto
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
• Sobre las inconformidades de la recurrente sobre la
valoración del avalúo elaborado por la firma SARMIENTO &
OSORIO SOLUCIONES INMOBILIARIAS frente a los informes
técnicos avalúos comerciales núms. 2014-3008 y 2015-0220
La recurrente estima que debe revocarse la decisión apelada, toda
vez que, a su juicio, la estimación aportada con la demanda no solo
demuestra las falencias en las que incurrió el avalúo oficial
elaborado por CATASTRO, sino que también es la que establece un
precio justo para la indemnización por la pérdida patrimonial sufrida
por la expropiación de su inmueble.
Cabe precisar que, conforme con la jurisprudencia reiterada de la
Sección, el avalúo comercial forma parte integral del acto
administrativo que decreta la expropiación, por lo que se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y certeza que se
predica de las decisiones definitivas de la Administración, y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que
corresponde a quien recurre, en este caso, a los demandantes,
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demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
acreditando precisamente sus incorreciones.
En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los avalúos
oficiales núms. 2014-3008 y 2015-0220, aplicaron el método
comparativo o de mercado con la finalidad de establecer el valor del
terreno, conforme con lo previsto en el artículo 1° de la Resolución
núm. 620 de 2008, mientras que para fijar el valor de las
construcciones acudió al método de costo de reposición previsto en
el artículo 3° idem. Además, para la determinación de la
indemnización del rubro de daño emergente tuvo en cuenta los
gastos en que debía incurrir la actora con ocasión de la
expropiación del inmueble y para el lucro cesante acudió al valor de
los contratos de arrendamiento de cada piso del inmueble por un
lapso de 6 meses.
Ahora, de la revisión del avalúo aportado por la parte actora y
elaborado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias
de 15 de febrero de 2016, la Sala observa que en la redacción de
este se afirma que fue elaborado aplicando el método de costo de
reposición de la siguiente manera:
“[…] METODOLOGÍA VALUADORA
El método que se utilizó para obtener el justiprecio del avalúo
en referencia es EL METODO COMPARATIVO O DE MERCADO.
Este mismo basa o soporta el avalúo en la información
suministrada por la realidad del mercado actual, teniendo en
cuenta la oferta y la demanda.
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Para ello se utilizará la siguiente formula:
Vc = (Ct-D) + Vt
En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno
El presente avalúo comercial, corresponde al valor comercial del
respectivo inmueble expresado en dinero; entendiéndose por
valor comercial aquel que un Comprador y un vendedor
estarían dispuestos a pagar y recibir de contado,
respectivamente por la propiedad, en un mercado de
alternativas de negociación.
Para efectos de la conformación del justiprecio del bien
avaluado, el presente avalúo comercial, entre otros criterios, se
ha tenido en cuenta las transacciones del sector e identifica el
inmueble homogéneamente. […]”.
Sobre el método de comparativo o de mercado, los artículos 1°, 10º
11 y 12 de la Resolución núm. 620 de 2008, “Por la cual se
establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997”, expedida por el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi, establecen:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.
[…]
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ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la
aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de
variación.
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
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por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.
ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.
En efecto, de la revisión del avalúo aportado por la actora, la Sala
advierte que la tabla de “mercado comparativo del sector metro
cuadrado construido” utilizada para establecer el valor del m2 de
las construcciones realizadas en el terreno, tuvo en cuenta el valor
de 6 predios analizados por la firma Sarmiento & Osorio
Soluciones Inmobiliarias presentando un coeficiente de variación
del 39.40% así:
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Por ello, el avaluador no podía tener como valor del m2 de la
construcción del predio expropiado la suma de $1.600.000, sino
que debía reforzar el número de puntos de investigación con el fin
de mejorar la representatividad del valor medio encontrado y
realizar nuevamente el cálculo correspondiente con mirar a obtener
un monto conforme con la realidad del mercado.
Ahora, en lo que tiene que ver con el valor del m2 del terreno, la
Sala observa que el avalúo aportado con la demanda no cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 10º de la Resolución núm.
620 de 2008, toda vez que en el cuadro anexo se mencionaron
precios de 3 inmuebles sin cumplir con la carga de identificar el
medio por el cual se obtuvo la información y la fecha de su
publicación.
Adicionalmente, de la revisión del avalúo aportado con la demanda
la Sala advierte que se limitó a señalar que el precio comercial del
inmueble expropiado era superior al valor indicado en el avalúo
oficial, sin que se señalara en parte alguna cuáles eran los errores
en que incurrió CATASTRO al avaluar el inmueble, circunstancia
que no resulta suficiente para desvirtuar la legalidad del precio
indemnizatorio establecido en el acto demandado.
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Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de
202510, sostuvo lo siguiente:
“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En
este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:
“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
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precisamente su incorrección11 […].” (la Sala destaca)
[…]”12
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).
Por ello, la Sala considera que le asistió razón al Tribunal al
sostener que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los avalúos oficiales núms. 2014-3008 y 2015-0220
con la estimación aportada con la demanda, por lo que no se
acreditó que el precio indemnizatorio establecido en las
resoluciones núms. 6847 de 21 de junio de 2016 y 008921 de 21
de septiembre de 2016, no fuera justo, por lo que no prospera el
cargo.
En cuanto al argumento expuesto en el recurso de apelación que
hace referencia a la finalidad de la expropiación administrativa y la
presunta desviación de poder de la administración al fijar de
manera abusiva los precios indemnizatorios, la Sala advierte que
dicho planteamiento solo se trajo a colación en el recurso de
11
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601
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apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra el acto acusado,
que no fue invocado en la demanda, situación que a todas luces es
improcedente, no solo por extemporáneo, pues se insiste que el
momento procesal oportuno era la demanda o su adición, sino
también porque de acogerse su estudio se violaría el derecho de
defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso,
siendo deber del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el
mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, en la sentencia de 31 de mayo de 201813, en la que se
señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se
estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
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artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202014, la Sección
consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto
de violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia
estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en
los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”15. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado
como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder
de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de
las partes, pues la demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fueron
planteados en la demanda16.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.
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• Conclusión.
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial y su complementación, la cual sirvió de sustento
para la fijación del precio indemnizatorio reconocido y pagado a la
parte actora, con ocasión de la expropiación administrativa
dispuesta mediante las resoluciones acusadas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Costas procesales
De conformidad con lo previsto en el artículo 18817 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP18, esto es, en
17
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
18
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
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aplicación de un criterio objetivo valorativo19, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 420 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en
costas procesales en el componente de agencias en derecho ni
expensas por no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
19
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
20
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de enero de 2025,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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