Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00022-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00022-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-00022-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia:MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00022-02
Actores: MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS Y OTROS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR CATASTRO. NO SE ACREDITÓ
QUE EL INMUEBLE EXPROPIADO CAMBIARÁ DE ESTRATO O QUE
ELLO INFLUYERA EN EL PRECIO INDEMNIZATORIO RECONOCIDO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 18 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca1, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. Los señores José Francisco, María Yolanda y José Abraham García
Flechas, a través de apoderada judicial, promovieron demanda ante
el Tribunal, en ejercicio de la acción especial de nulidad y
restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley
1
En adelante el Tribunal.
2
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388 de 1997, en concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la
que formularon las siguientes pretensiones 2:
“[…] DECLARACIONES PRINCIPALES
Que acorde con el artículo 58 de la Constitución Política;
numeral segundo del artículo 68 de la Ley 388 de 1997;
Sentencia 1074 de 2002 de la Corte Constitucional y Sentencia
C-476 del 2007, se declare la nulidad parcial de la Resolución
No. 4382 del 13 de abril de 2016, "POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACIÓN” Modificando los artículos SEGUNDO,
TERCERO Y CUARTO. Parte Resolutiva —en lo que concierne al
"VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.". FORMA DE PAGO y
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. De la misma, así como la
Nulidad de la Resolución 7901 del 5 de agosto de 2016 “POR LA
CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” ordenando
pagar el precio justo.
2.- Que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley
388 de 1997, se declare que mis mandantes se encuentran
exentos de los pagos tributarios que por razones de
expropiación administrativa le obligaron a cancelar, toda vez
que, si optó por la vía contenciosa administrativa, fue por la
necesidad a que la llevo el Instituto de Desarrollo Urbano IDU,
al ofertar y pagar un precio injusto, así como por la falta de
negociación, más no por capricho de la demandante.
3.- Que como consecuencia de lo anterior se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a ajustar el precio y
así pagar a mis mandantes JOSÉ FRANCISCO GARCÍA
FLECHAS, MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS y JOSÉ ABRAHAM
GARCÍA FLECHAS, los valores, que en adelante relaciono y/o de
conformidad con lo que resulte probado en el proceso, montos
que han de ser actualizados en su valor.
3.1. DAÑO EMERGENTE
3.1.1. La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS m/cte, ($352.962.820.00), por ajuste al valor ordenado
y pagado con la Resolución No. 4382 del 13 de abril de 2016,
por concepto de terreno y construcción del inmueble ubicado en
la Carrera 91 No. 129 D- 13 de Bogotá, identificado con cédula
2
Corresponden a las pretensiones señaladas en el escrito de subsanación de la demanda.
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catastral 0092020241, CHIP AAA0128ZSZM y matrícula
inmobiliaria 50N294158.
3.1.2. La suma que corresponda al pago de Notaría y Registro
por la compra que deba realizar mi mandante en reposición del
bien expropiado, como gastos notariales proporcional al valor
que se declare en la sentencia, así:
Gastos Notariales: 3X1000
Iva Gastos Notariales: (16%)
Gastos de escrituración
Gastos de registro 0.5%
Beneficencia 1%
3.1.3. Los gastos de la desconexión de los servicios públicos
así:
• Energía Codensa. Retiro de dos acometidas y medidores.
Conexión residencial $110.000.00
• Acueducto EAAB, corte de servicio de acueducto desde la red,
incluye excavación, retiro de manguera, suspensión del registro
o colación del tapón. Reconstrucción del andén y levantamiento
de escombros, desmonte de medidor $112.010
Suministro de tapón macho de hg 6” 4: $60.610
• Gas Natural: suspensión definitiva de cuatro instalaciones
$135.827,00.
3.1.4. El valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL DIECISIETE PESOS M/cte ($12.575.017.00)
equivalente al 2.5% que le retuvo el Instituto de Desarrollo
Urbano- IDU, por enajenación de bienes Raíces, toda vez que
el IDU aplica la tabla de la tarifa tributaria de manera indebida,
ya que mi mandante debe ser exenta de la misma por ser
expropiación por vía administrativa por la decisión unilateral y
arbitraria del precio ofertado y pagado por parte del IDU, y que
en el peor de los casos la retención correspondería al 1.5%.
3.1.5. El valor que se determine a través de perito designado
por el Honorable Tribunal, donde se calcule el valor de la
Plusvalía no reconocido en la indemnización y que eleva el
precio del bien expropiado por el anuncio del proyecto de no
haber sido expropiado y que tienen derecho por haber
cancelado la valorización.
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4. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará
cumplimiento en los términos de los artículos 192 del C.C.A.;
[…]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, señalaron los
siguientes:
Indicaron que son propietarios del bien inmueble ubicado en la
Carrera 91 núm. 129 D-13 de Bogotá, identificado con cédula
catastral 0092020241, CHIP AAA0128ZSZM y matrícula inmobiliaria
50N294158 el cual para el momento en que inició el trámite
administrativo se encontraba conformado por una estructura de
tres plantas 3.
Señalaron que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -
CATASTRO4 realizó el avalúo comercial núm. 2015-0986 de 18 de
noviembre de 2015 con la finalidad de que el Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU5 formulara oferta de compra sobre el inmueble, el cual
fue clasificado como de estrato 2, sin verificar su uso comercial y
3
Relaciona que la primera planta se conformaba por tres (3) Locales comerciales con baño. entrada
independiente a la segunda planta de la casa, Un (1) Apartamento independiente, consta de: Sala
Comedor, 3 alcobas, un baño completo enchapado, patio de ropas cubierto, zona de lavandería,
cocina integral con gas natural, escaleras de acceso independientes a la tercera planta, adicional otras
escaleras de acceso a la segunda planta. Segunda Planta: Dos Apartamentos independientes.
distribuidos así: Un (1) Apartamento independiente. consta de: Sala Comedor, 2 alcobas, cocina
básica enchapada a gas natural, 1 baño completo enchapado. Segundo Apa rtamento independiente,
consta de: Sala comedor. dos alcobas, cocina básica enchapada a gas natural, 1 baño completo
enchapado, patio comunal cubierto, lavadero. dos (2) alcobas adicionales independientes, escaleras
de acceso. Tercera Planta: Plancha en placa y construcción en obra gris, un (1) Apartamento con
paredes levantadas en ladrillo descubiertas y terraza.
4
En adelante CATASTRO.
5
En adelante el IDU.
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los ingresos que generaba por sus locales y apartamentos
independientes.
Manifestaron que el IDU, mediante Resolución núm. 1393 de 28 de
enero de 2016, determinó la adquisición de su inmueble y formuló
oferta de compra por las sumas de $503.000.700 por concepto de
terreno y construcción, $10.393.537 por daño emergente y
$12.540.000 por lucro cesante.
Sostuvieron que el demandado no llevó a cabo la etapa de
negociación toda vez que no les dio una oportunidad de controvertir
la oferta con miras a ponderar los valores allí señalados.
Afirmaron que la demandada, a través de la Resolución núm. 4382
de 13 de abril de 2016, ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la
suma de $524.597.417, la cual incluía los conceptos de terreno y
construcción, daño emergente y lucro cesante.
Expusieron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso
de reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 7901
de 5 de agosto de 2016, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
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Indicaron que el 27 de septiembre de 2016, el IDU pagó la suma
de $169.838.133 a cada uno.
Señalaron que el demandado descontó de la suma reconocida los
valores correspondientes a la desconexión de servicios públicos y
los gastos de escrituración, disminuyendo la indemnización a la que
tenían derecho, en especial el rubro de daño emergente.
Adujeron que el demandado también efectuó una retención del
2.5% por enajenación de bienes raíces y del 20% de la suma
percibida por lucro cesante, reduciendo el valor justo al que tenían
derecho.
Afirmaron que conforme con el avalúo practicado por la firma
Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliaria, el inmueble expropiado
tenía un valor comercial de $853.963.520.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
Afirmaron que el IDU motivó falsamente los actos acusados, habida
cuenta que estos se basaron en un avalúo comercial que no refleja
la realidad de su inmueble.
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Indicaron que se trasgredió el artículo 70, numeral 2, de la Ley 388
de 1997, toda vez que la demandada no puso a su disposición de
manera inmediata los dineros ordenados en la Resolución núm.
4382 de 2016, confirmada por la Resolución 7901 de 2016.
Manifestaron que las resoluciones controvertidas trasgredieron los
artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83 y 124 de la Constitución Política,
toda vez que la demandada no cumplió con la carga de efectuar el
pago de una suma indemnizatoria justa que no les generara
detrimento patrimonial alguno.
Explicaron que la demandada trasgredió los postulados de
imparcialidad y de buena fe, toda vez que no pagó el valor de una
indemnización justa.
Señalaron que se trasgredió el artículo 68 de la Ley 388 de 1997,
toda vez que la indemnización no tuvo en cuenta sus intereses,
condiciones de salud, edad, ingresos y profesión.
Afirmaron que el IDU no tuvo en cuenta las circunstancias que
rodeaban a su familia y sus intereses, no valoró que el precio de los
inmuebles en Bogotá ha incrementado de manera significativa y
que el precio indemnizatorio no fue motivado, toda vez que en
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colusión con la Secretaría de Planeación congelaron la
estratificación de los predios del sector para no indemnizarlos como
correspondía.
Citaron una providencia de 24 de marzo de 2011 6, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en la que se hace
referencia a la trasgresión de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 y del pacto de San José de Costa
Rica, para indicar que el acto demandado era nulo, por cuanto no
se dio una indemnización previa y justa que cubra los perjuicios
ocasionados por la transferencia del dominio del bien inmueble que
era de su propiedad en favor del Estado.
Sostuvieron que se trasgredió el artículo 2° del Decreto 1420 de
1998, toda vez que “se impuso” un valor determinado por otra
entidad del Distrito sin consultar con sus intereses ni verificar los
elementos que se tuvieron en cuenta para determinar la
indemnización.
Expusieron que se vulneró el artículo 3° del Decreto 1420 de 1998,
por cuanto el IDU no tuvo en cuenta otro avalúo para establecer la
indemnización, pues contaba con la posibilidad de realizar una
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 24 de
marzo de 2011, proceso núm.: 25000-23-24-000-2005-91365-01; M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
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licitación pública para obtener otro concepto proveniente de un
perito que no fuera CATASTRO y promediar los resultados.
Indicaron que se violó el artículo 22, numeral 7, del Decreto 1420
de 1998, pues se consideró que el inmueble debía clasificarse como
estrato 2 y no 3 y por cuanto en el avalúo elaborado por
CATASTRO no se tuvo en cuenta la edad de los materiales, los
acabados y su vida útil.
I.4.- Contestaciones
I.4.1. El IDU señaló que el precio indemnizatorio reconocido en las
resoluciones núms. 4382 de 2016 y 7901 de 2016, se encuentra
debidamente soportado en el avalúo oficial núm. 2015-0986 de
2015 elaborado por CATASTRO con fundamento en lo previsto en
el artículo 58 de la Constitución Política, cumpliendo los parámetros
establecidos en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.
Expuso que dentro del procedimiento administrativo se adelantaron
todas y cada una de las etapas previstas en la Ley 388 de 1997
para ordenar la expropiación por vía administrativa del inmueble,
realizando la correspondiente oferta de compra y pagando
posteriormente un precio justo, conforme con los parámetros
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establecidos por las resoluciones del IGAC sobre el tema y los
intereses tanto de la comunidad como de los afectados.
Indicó que el estrato socioeconómico tenido en cuenta en el avalúo
oficial núm. 2015-0986 de 2015 fue el vigente al momento de su
elaboración, circunstancia distinta es que con posterioridad se haya
modificado la estratificación en el sector mediante la Resolución
núm. 0039 de 2015.
Afirmó que no está demostrado que el solo cambio de estrato del
sector modifique de manera significativa el avalúo del bien
expropiado, pues para determinar el valor del metro cuadrado del
inmueble se tienen en cuenta otros factores tales como la oferta y
demanda en el sector, lo que incluye sus características físicas,
normativas y económicas.
Señaló que CATASTRO es una entidad autorizada por la ley para
elaborar los avalúos en procesos de expropiación por vía
administrativa y que al momento de establecer el rubro de lucro
cesante tuvo en cuenta la pérdida de utilidad por renta de la parte
actora proyectada a futuro, en los términos de los artículos 37,
inciso 3, de la Ley 1682 de 2013; y 18 de la Resolución 898 de
2014 del IGAC.
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Explicó que una vez quedó ejecutoriada la Resolución núm. 7901 de
2016, inició los trámites pertinentes para realizar el pago del valor
indemnizatorio reconocido a la parte actora.
Puso de presente que el término “inmediato” señalado en el artículo
70 de la Ley 388 de 1997, hace referencia a que el pago de la
indemnización reconocida se efectúe a la mayor brevedad posible
sin que ello suponga un plazo perentorio, toda vez que, para tal
efecto, es necesario realizar el trámite financiero de radicación de la
orden de pago.
Manifestó que el valor reconocido por daño emergente no es el
mismo que se estableció en la resolución por la cual se formuló
oferta de compra, toda vez que en ese rubro se incluyó el valor de
gastos que solo se reconocen en caso de que se realice el proceso
de enajenación voluntaria, circunstancia que no ocurrió en el
presente asunto.
Afirmó que los descuentos señalados por la parte actora
corresponden a deducciones de ley, tales como la retención en la
fuente de 20% del valor fijado como lucro cesante, conforme con el
artículo 401-2 del Estatuto Tributario y el 2.5% por concepto de
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enajenación de inmuebles, según lo establecido en el artículo 2° del
Decreto 2418 de 2013.
Sostuvo que, no había lugar a solicitar un nuevo avalúo por cuanto
el elaborado por CATASTRO se encontraba vigente, conforme con
lo previsto en el artículo 12 del Decreto 1420 de 1998.
Indicó que el avalúo aportado por la parte actora carece de
fundamento técnico y jurídico, dado que no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Resolución 620 de
2008 para aplicar el método de costo de reposición.
Explicó que el avalúo de la parte actora determinó el valor de la
construcción, a través de un análisis de mercado que tiene al
inmueble como si se encontrara sometido al régimen de propiedad
horizontal y luego procedió a aplicar el método de costo de
reposición sin diferenciar el valor del terreno y del área construida,
lo cual denotaba un error grave en la interpretación, procedimiento
y aplicación de la metodología valuadora, prevista en la Resolución
620 de 2008.
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Manifestó que en la tabla de mercado para la construcción se
calculó un coeficiente de variación de 39.40% cuando lo máximo
permitido por el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 es 7.5%.
Adujo que tampoco se aplicó debidamente el artículo 10° de la
Resolución 620 de 2008, pues el avalúo de la parte no tuvo en
cuenta que el valor del terreno se establece descontando el valor de
la construcción.
I.4.2. CATASTRO7 contestó la demanda de forma extemporánea 8.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 18 de mayo de 2023, el Tribunal denegó las
súplicas de la demanda.
Sostuvo que de revisión del expediente no se advertía la
trasgresión del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, toda vez que la
Resolución núm. 4382 de 2016 puso de presente a la parte actora
que el pago del precio indemnizatorio se realizaría una vez
efectuado el trámite financiero respectivo y en el proceso constaba
que el 27 de septiembre de 2016 se entregó a cada actor el número
7
Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía del IDU, conforme con lo ordenado en auto
de 15 de agosto de 2018 proferido por el Tribunal.
8
Conforme con lo considerado por el Tribunal en auto de 18 de febrero de 2020.
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de identificación del pago correspondiente que fue cobrado al día
siguiente, esto es, el 28 de septiembre de ese año.
Respecto del cargo de falsa motivación de las resoluciones
demandadas, afirmó que la parte actora no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del avalúo oficial 2015-0986 de 2015
practicado por CATASTRO.
Al respecto, precisó que dentro del proceso se decretó un dictamen
pericial elaborado por el señor Diego David Zapata Ruíz que concluyó
que el avalúo presentado por CATASTRO cumplió con las normas
legales y técnicas para su elaboración.
Señaló que, pese a que en el avalúo decretado en el proceso se
estableció un costo de reposición por metro cuadrado mayor al
indicado por CATASTRO, el perito justificó dicha circunstancia en el
hecho de que para el momento de su realización el inmueble
expropiado había sido demolido siendo imposible visitarlo y verificar
sus condiciones exactas, por lo que concluyó que el cálculo más
cercano a la realidad del inmueble era el que había tenido en
cuenta la demandada.
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Indicó que pese a que la parte actora en sus alegatos pidió no tener
en cuenta dicho dictamen este sería valorado debido a que no fue
tachado de falso ni desvirtuado por la parte actora.
Precisado lo anterior, comparó el dictamen pericial aportado por la
parte actora con el avalúo núm. 2015-0986 de 2015, realizado por
CATASTRO, respecto del inmueble objeto de litigio así:
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Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la parte actora no logró
desvirtuar la legalidad del avalúo oficial realizado por CATASTRO,
toda vez que el aportado con la demanda no identificó el método
utilizado para establecer el valor del metro cuadrado del terreno ni
cómo lo calculó.
Explicó que tampoco existía coherencia en el área de construcción
establecida, ni se explicó con claridad el método utilizado para
determinar el valor del metro cuadrado de la construcción.
Sostuvo que no se trasgredieron los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 58, 83
y 124 de la Constitución Política, toda vez que la parte actora no
cumplió con la carga de demostrar que el IDU no efectuó una
indemnización justa o que no le hubieran entregado el precio
indemnizatorio establecido en las resoluciones demandadas.
Manifestó que el hecho de que la parte actora estimará que las
sumas de dinero que percibía como arriendo eran su sustento y que
con el precio indemnizatorio no podía adquirir otro inmueble de
iguales o semejantes o características, no son factores que deben
tenerse en cuenta para la determinación de la indemnización, toda
vez que la parte actora no acreditó ser un sujeto de especial
protección constitucional.
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Sostuvo que contrario a lo afirmado por la parte actora, el IDU no
se encontraba obligado a solicitar otro avalúo para establecer el
valor de la indemnización otorgada, toda vez que el realizado por
CATASTRO se encontraba vigente en los términos de los artículos
12 y 19 del Decreto 1420 de 1998.
Explicó que la parte actora no allegó prueba al proceso que
demostrara que existían contratos o valores no reconocidos dentro
del rubro de lucro cesante por parte del IDU.
Afirmó que de la revisión del expediente no se advertía que la parte
actora hubiera aportado prueba que demostrara que su inmueble
cambió de estratificación.
Puso de presente que tanto el avalúo aportado con la demanda
como el avalúo oficial clasificaron el inmueble como de estrato 2
para uso residencial.
Indicó que los acabados, el estado del inmueble y su vida útil sí
fueron tenidos en cuenta al momento de la elaboración del avalúo
oficial por parte de CATASTRO, pues en este se diferenció la vida
útil para la vivienda y para la enramada con su correspondiente
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estado de conservación, de acuerdo con las metodologías utilizadas
para el avalúo.
Señaló, sobre los gastos descontados en los actos demandados,
que al no haberse realizado la enajenación voluntaria del inmueble,
los demandantes no tuvieron que incurrir en gastos de
escrituración, gastos de desconexión ni en pago de impuesto
predial, en los términos de los artículos 17 de la Resolución 898 de
2014, modificado por el 5º de la Resolución 1044 de 2015; y 15 y
16 del Decreto 352 de 2002.
Afirmó que la parte actora tampoco era acreedora de los beneficios
tributarios previstos en el parágrafo segundo del artículo 67 de la
Ley 388 de 1997, por lo que el IDU tenía la obligación de efectuar
las deducciones establecidas en los artículos 5° del Decreto 1512 de
1985, modificado por el artículo 2° del Decreto 2418 de 2013; y
401-2 del Estatuto Tributario.
Finalmente, condenó en costas a la parte actora.
III-. RECURSO DE APELACIÓN
Los actores señalaron que los actos demandados no consultaron los
intereses de la comunidad ni los personales.
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Manifestaron que las resoluciones demandadas no estaban
debidamente motivadas toda vez que no expusieron los argumentos
por los cuales se realizaba la expropiación, esto es, las razones de
utilidad pública o de interés social o las condiciones de urgencia que
invocaron para tal efecto.
Indicaron que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, el avalúo
practicado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliaria sí
desvirtuó la legalidad del oficial elaborado por CATASTRO, toda
vez que entregó los soportes y explicó los métodos utilizados sin
ningún tipo de falencia, siendo realizado de manera directa sobre el
inmueble expropiado y no con fundamento únicamente en
documentos aportados por el IDU.
Afirmó que la indemnización otorgada por el IDU no fue justa, por
cuanto no atendió a la realidad comercial ni social del inmueble
expropiado.
Expuso que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos
expuestos sobre la estratificación del inmueble.
Adujo que el IDU no podía delegar a CATASTRO, sin fundamento
legal alguno, la facultad de establecer el daño emergente y el lucro
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cesante al momento de determinar la indemnización por la
expropiación del inmueble.
Solicitó valorar en igualdad de condiciones el dictamen oficial que
fundamentó los actos acusados y el aportado con la demanda, y
explicar porque se estima que existe un error grave en este último.
IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de enero de
2024, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 18 de mayo de 2023, en los términos
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021.
IV.2.1- CATASTRO solicitó confirmar la sentencia recurrida
aduciendo que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo que elaboró y que sirve de base para la
expropiación.
Reiteró que dentro del proceso se acreditó que el avalúo aportado
por la parte actora no identificó el método utilizado para determinar
el valor del m2 del terreno ni determinó como calculó́ el valor del
m2 de la construcción; no existía coherencia entre el área de
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construcción establecida ni explicó con claridad el método utilizado
para estimar el precio del área de construcción.
Manifestó que carecía de legitimación en la causa, toda vez que el
IDU fue la entidad que expidió los actos administrativos
demandados y fue contra esta que se dirigieron las pretensiones de
la demanda de la referencia.
Insistió en que no era procedente el llamamiento en garantía
efectuado por el IDU, por cuanto de la revisión del proceso se
observaba que no había efectuado acción u omisión que generara el
daño alegado por la parte actora, en los términos del artículo 44 de
la Ley 2195 de 2022.
Concluyó que no se demostró que el avalúo oficial tuviera algún
vicio o defecto y que por el contrario este fue realizado por
profesionales especializados e independientes, quienes contaban
con amplia experiencia y capacidad suficiente, con imparcialidad y
bajo los parámetros legales y constitucionales calculando la
indemnización sobre las bases de la justicia y legalidad.
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IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,
no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 4382 de 13 de abril de 2016, "por la cual se
ordena una expropiación” y 7901 de 5 de agosto de 2016, “por
la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el
IDU, en las que se dispuso la expropiación administrativa del
inmueble de propiedad de la parte actora, ubicado en la Carrera 91
núm. 129 D-13 de Bogotá, identificado con cédula catastral
0092020241, CHIP AAA0128ZSZM y matrícula inmobiliaria
50N294158, para el cual se fijó un precio indemnizatorio de
$524.597.417.
El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por
considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo oficial que elaboró CATASTRO en el que se
fundaron las resoluciones que fijaron el precio indemnizatorio, toda
vez que el aportado con la demanda presentaba falencias en la
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identificación y en la forma que fueron utilizados los métodos
tenidos en cuenta para su elaboración.
Sostuvo que tampoco se demostró que existían rubros que no
hubieran sido reconocidos como lucro cesante y, por ello, no había
lugar a solicitar otro avalúo para ponderar los valores obtenidos por
CATASTRO, ni se acreditó que el inmueble hubiera cambiado de
estratificación.
Adicionalmente, expuso que en la elaboración del avalúo oficial si se
tuvieron en cuenta las características del inmueble y que había
lugar a efectuar los descuentos realizados antes de pagar el precio
indemnizatorio.
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación, argumentando que, contrario a lo afirmado por el a quo,
el avalúo aportado con la demanda sí acreditaba las falencias del
elaborado por CATASTRO, el cual, a su juicio, no tuvo en cuenta
sus intereses, no atendió la realidad comercial y social del inmueble
expropiado ni la estratificación del mismo.
Asimismo, señaló que las resoluciones demandadas no expusieron
los motivos por los que se realizaba la expropiación, esto es, las
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razones de utilidad pública o de interés social o las condiciones de
urgencia que invocaron para tal efecto.
Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
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contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 9 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 2009 10, aleccionó sobre los elementos que debe contener
la indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
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sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor R AFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
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resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írri ta o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
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El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado11.
Los actos acusados
La Resolución núm. 4382 de 13 de abril de 2016, "por la cual se
ordena una expropiación”, estableció el precio indemnizatorio del
bien inmueble ubicado en la calle 127B núm. 89-28 de Bogotá, identificado
con el número de matrícula inmobiliaria 50N-20110446, así:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa en favor del Instituto de Desarrollo Urbano —
IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en la AK 91
129D 13 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula catastral 126
11
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-00564-01).
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T 91 2, CHIP AAA0128ZSZM y matrícula inmobiliaria 50N-
294158, cuyo titulares del derecho de dominio inscritos objeto
de expropiación, son los señores JOSÉ FRANCISCO GARCÍA
FLECHAS identificado con la cédula de ciudadanía 3.181.898,
MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de
ciudadanía 35.499.642 y JOSÉ ABRAHAM GARCÍA FLECHAS
identificado con la cédula de ciudadanía 79.238.061, conforme
al registro topográfico número 44141, elaborado por la
Dirección Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014,
donde aparece debidamente delimitado y alinderado, con un
área de terreno de 161.62 m2, construcción 1 (Construcción
pisos 1 y 2) de 329,92 m', construcción 2 (Enramada) de 35,43
m2, construcción 3 (placa volada) de 3,08 m2, construcción"
(muro antepecho) de 10,31 m2, cuyos linderos específicos son:
POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea recta y
distancia de catorce punto sesenta (14.60) metros, linda con
propiedad privada. POR EL ORIENTE: Del punto B al punto C en
línea recta y distancia de diez punto treinta (10.30) metros,
linda con la KR 91. POR EL SUR: Del punto C al punto D en
línea recta y distancia de dieciséis punto treinta y dos (16.32)
metros, linda con predio privado. POR EL OCCIDENTE: Del
punto D al punto A en línea recta y distancia diez punto setenta
(10.70) metros. linda con futuro paramento y cierra.
ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL CAUTROCIENTOS DIECISIETE PESOS
($524.597.417) MONEDA CORRIENTE, el cual comprende:
1. La suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS
PESOS ($503.000.700) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalúo comercial terreno y construcción.
B) La suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL
PESOS ($12.540.000) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
lucro cesante.
C) La suma de NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($9.056.717) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de daño emergente, de conformidad
con el avalúo comercial No. 2015-0986 del 18 de noviembre de
2015, elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital – Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de
Información Económica y el informe de reconocimiento
económico de fecha 17 de marzo de 2016, elaborado por el
Grupo Económico de la Dirección Técnica de Predios.
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PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho,
e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un
inmueble con vocación de domicilio para convertirse en un bien
de uso público dejando por ello de ser destinatario de servicios
públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se
generen hasta la cancelación de los mismos a los señores JOSÉ
FRANCISCO GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de
ciudadanía 3.181.898, MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS
identificado con la cédula de ciudadanía 35.499.642 y JOSÉ
ABRAHAM GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de
ciudadanía 79.238.061.
ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se
efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así en
único contado: la cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($524.597.417) MONEDA
CORRIENTE, la cual será puesta a disposición por parte de la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, una vez
ejecutoriada la presente resolución a los señores JOSÉ
FRANCISCO GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de
ciudadanía 3.181.898, MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS
identificado con la cédula de ciudadanía 35.499.642 y JOSÉ
ABRAHAM GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de
ciudadanía 79.238.061, una vez ejecutoriada la presente
resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de los señores JOSÉ FRANCISCO
GARCÍA FLECHAS identificado con la cédula de ciudadanía
3.181.898, MARÍA YOLANDA GARCÍA FLECHAS identificado con
la cédula de ciudadanía 35.499.642 y JOSÉ ABRAHAM GARCÍA
FLECHAS identificado con la cédula de ciudadanía 79.238.061,
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por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano no
es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, se
consignará en el Banco Agrario de Colombia en la cuenta de
pagos por expropiación administrativo, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización, en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
ARTÍCULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
IDU, según el Certificado de Registro Presupuestal No. 143 del
8 de febrero de 2016, expedido por la Dirección Técnica
Financiera - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad
del IDU […]”.
La Resolución núm. 7901 de 5 de agosto de 2016 resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la
Resolución núm. 4382 de 13 de abril de 2016, en el sentido de
confirmar la decisión recurrida.
Caso concreto
Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:
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• En cuanto a las inconformidades de la recurrente frente al
avalúo oficial 2015-0986 de 18 de noviembre de 2015 y la
valoración del dictamen aportado con la demanda
La parte recurrente estima que debe revocarse la decisión apelada,
toda vez que, a su juicio, el precio indemnizatorio establecido en la
Resolución 4382 de 13 de abril de 2016, confirmado por la
Resolución 7901 de 5 de agosto de 2016, no es justo, habida
cuenta que no atendió a la realidad comercial del inmueble, sus
intereses y los de la comunidad, y no tuvo en cuenta que el avalúo
aportado con la demanda cumplió con todos los requisitos técnicos
para demostrar el precio indemnizatorio justo del inmueble
expropiado.
Sea lo primero precisar que conforme con la jurisprudencia
reiterada de la Sección, el avalúo comercial forma parte integral del
acto administrativo que decreta la expropiación, por lo que se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y
certeza que se predica de las decisiones definitivas de la
Administración y debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este
caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones.
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En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el avalúo oficial
AV 2015-0986 aplicó el método comparativo o de mercado con la
finalidad de establecer el valor del terreno conforme con lo
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establecido en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008 del IGAC,
mientras que para fijar el valor de las construcciones acudió al
método de costo de reposición previsto en el artículo 3° idem, para
la determinación de la indemnización del rubro de daño emergente
tuvo en cuenta los gastos en que debía incurrir la parte actora con
ocasión de la expropiación del inmueble y para el lucro cesante el
valor de los contratos de arrendamiento de cada piso del inmueble
por un lapso de 6 meses.
Ahora, de la revisión del avalúo de Sarmiento y Osorio Soluciones
inmobiliarias aportado por la parte actora, la Sala observa que este
fue elaborado aplicando el método de comparación o de mercado
previsto en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, “Por la cual
se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997”, expedida por el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi, que establece:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.
Ahora, los artículos 10º, 11 y 12 idem, sobre la aplicación del
método de comparación, establecen lo siguiente:
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“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la
aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de
variación.
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
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por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.
ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.
Verificado el avalúo aportado por la parte actora, la Sala advierte
que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 11 de la
Resolución 620 de 2008, habida cuenta que de la revisión de la
tabla de mercado comparativo del sector para establecer el valor de
m2 de las construcciones realizadas en el terreno, se advierte que
el valor de los 6 predios analizados por la firma Sarmiento & Osorio
Soluciones Inmobiliarias presenta un coeficiente de variación del
39.40% así:
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Por ello el avaluador no podía tener como valor de m2 de la
construcción del predio expropiado la suma de $1.600.000, sino
que debía reforzar el número de puntos de investigación con el fin
de mejorar la representatividad del valor medio encontrado y
realizar nuevamente el cálculo correspondiente con mirar a obtener
un valor conforme con la realidad del mercado.
Ahora, en lo que tiene que ver con el valor del m2 del terreno, la
Sala observa que el avalúo aportado con la demanda tampoco
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 10º de la
Resolución 620 de 2008, toda vez que en el cuadro anexo se
identificaron precios de 3 inmuebles sin cumplir con la carga de
identificar el medio por el cual se obtuvo la información y la fecha
de su publicación.
Adicionalmente, de la revisión del avalúo aportado con la demanda
la Sala advierte que se limitó a señalar que el precio comercial del
inmueble expropiado era superior al valor indicado en el avalúo
oficial, sin explicar en parte alguna cuáles eran los errores en que
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incurrió CATASTRO al avaluar el inmueble objeto de expropiación,
circunstancia que no resulta suficiente para desvirtuar la legalidad
del precio indemnizatorio establecido en el acto demandado.
Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de
2025 12, sostuvo lo siguiente:
“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Así discurrió la Sección, en la citada providencia:
“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.
69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En
este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de
julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.
En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:
“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada
información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
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admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección13 […].” (la Sala destaca)
[…]”14
74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).
Por ello, la Sala considera que le asistió la razón al Tribunal al
considerar que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del avalúo oficial AV 2015-0986 de 18 de noviembre de
2015, con el aportado con la demanda, por lo tanto, no se acreditó
que el precio indemnizatorio establecido en las resoluciones núms.
4382 de 13 de abril de 2016 y 7901 de 5 de agosto de 2016, no
fuera justo y, en consecuencia, no prospera el cargo.
• Sobre la estratificación del inmueble expropiado
La parte actora sostiene que debe revocarse la sentencia recurrida
por cuanto, a su juicio, el a quo no tuvo en cuenta que el inmueble
expropiado se encontraba clasificado en el estrato 3 y no el 2 y ello
13
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001-23-31-
000-1997-12256-01
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afectaba el cálculo de precio indemnizatorio justo que debía
reconocerse a su favor.
Al respecto, de la revisión del expediente la Sala advierte que la
parte actora no aportó al proceso prueba alguna que acredite que el
bien inmueble ubicado en la Carrera 91 núm. 129 D-13 de Bogotá
se encontraba clasificado en el estrato 3.
Por el contrario, de la revisión tanto del avalúo oficial como del
avalúo practicado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones
Inmobiliaria se advierte que en ambos se indicó que el inmueble
expropiado se encontraba clasificado en el estrato 2. En efecto, en
el avalúo aportado con la demanda se señaló lo siguiente:
Ahora, en gracia de discusión, si se aceptará que el predio
expropiado se encontraba clasificado en el estrato 3, lo cierto es
que la parte actora no demostró que dicha circunstancia afectara el
precio indemnizatorio establecido por CATASTRO, toda vez que,
como ya se dijo, el avalúo aportado con la demanda clasificó el
predio como estrato 2 y no señaló en parte alguna que la
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estratificación constituyera un defecto del avalúo oficial AV 2015-
0986 de 18 de noviembre de 2015.
Por lo tanto, no prospera el cargo alegado.
• En cuanto a las inconformidades relacionadas con la
delegación a CATASTRO para establecer el precio
indemnizatorio y la falta de motivación de las resoluciones
demandadas sobre las razones de utilidad pública o de
interés social o las condiciones de urgencia para expropiar el
inmueble
En cuanto a los argumentos expuestos por la recurrente
consistentes en que el IDU no podía delegar a CATASTRO la
determinación del precio indemnizatorio y que las resoluciones
demandadas no motivaron las razones de utilidad pública o de
interés social o las condiciones de urgencia para expropiar el
inmueble, la Sala advierte que dicho planteamiento solo fue aducido
en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra
los actos acusados que no fue invocado en la demanda, situación
que a todas luces resulta improcedente, no solo por ser
extemporáneo, pues se insiste en que el momento procesal
oportuno era la demanda o su adición, sino también porque de
acogerse su estudio se violaría el derecho de defensa y
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contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber
del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el mismo.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201815, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que
no fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la
demanda o su adición, sino en razón a que de acometer su
estudio se estaría violando el derecho de defensa de la
parte demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al
cargo de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202016, la Sección
consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.
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de violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia
estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en
los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:
“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente
de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único,
definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta
instancia. […] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos
de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto
de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud
de los principios de lealtad procesal, contradicción y
de defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues
es su deber salvaguardar los derechos fundamentales
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al debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”17. (Resaltado fuera de texto).
Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo
alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado
como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder
de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de
las partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue
planteado en la demanda18.
• Conclusión
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001-23-31-000-2009-01122-01.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
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del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a los actores, con ocasión de la
expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones
acusadas.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Costas procesales
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 188 19 del CPACA en armonía con el
numeral 8 del artículo 365 del CGP20, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo 21, la Sala condenará a la parte apelante,
en los términos del numeral 3 del artículo 365 22 ibidem, al pago de
las costas en esta instancia.
19
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
20
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
21
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
22
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
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Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso 23 y por las agencias en derecho 24”, de manera que le
corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión
útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia
la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.
Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se
sujetará a la liquidación 25 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP26, la Sala se abstendrá de fijar agencias en
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
23
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
24
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
26
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
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derecho, toda vez que de la revisión del expediente se advierte que
el IDU no realizó gestión alguna dentro de esta instancia 27.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de mayo de 2023,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte
actora y en favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ABSTENERSE de fijar agencias en derecho a favor del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
27
De la revisión del expediente se observa que la parte demandada no alegó de conclusión ni realizó
gestión alguna en el trámite de segunda instancia.
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CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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