Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2017-00435-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2017-00435-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2017-00435-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre del dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00435-01
Demandante: Diana Patricia Calle Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Acción especial
Tema: Expropiación por vía administrativa. Silencio administrativo
positivo. Avalúo comercial del inmueble
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia. Sin condena en
costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante la cual resolvió negar todas las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 14 de febrero de 20171, la señora Diana Patricia Calle Calle, por conducto de apoderada
judicial, presentó demanda contra el Municipio de Itagüí y la Empresa de Desarrollo Urbano
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) en concordancia con la acción especial consagrada en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997. En dicha oportunidad, formuló las siguientes pretensiones:
PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Declarar la Nulidad de la Resolución No. 23417 del 17 de marzo de 2016,
expedida por el Secretaria de Infraestructura del Municipio de Itagüí, por la cual se
dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble y su construcción y de la
Resolución Número 76862 del 13 de septiembre de 2016 por medio de la cual se
rechazó el recurso de Reposición.
SEGUNDA; Se declare la existencia de acto administrativo presunto como
consecuencia del silencio administrativo positivo que opero en virtud del recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 23417 del 17 de marzo de 2016,
expedida por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Itagüí, por la cual se
dispone la expropiación por vía administrativa de un Inmueble y su construcción.
TERCERA; Como consecuencia de lo anterior, se indemnice a la Demandante por la
suma de dinero resultante de la diferencia entre el valor pagado por el Municipio de Itagüí
con ocasión de la expropiación administrativa del inmueble ubicado en la Calle 36
1 Samai, Índice 2, capeta «TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN SU INTEGRIDAD», Documento
«001Demanda»
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-00435-01
Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Número 70-19, Paraje La Limoná, Municipio de Itagüí, e identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 001-563858 y el valor comercial del Predio, cuya diferencia se
tasa en la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($362,835,290).
Teniendo en cuenta que el valor comercial con base en el avalúo realizado por
FRANCISCO OCHOA AVALUOS S.A.S el día 21 de abril de 2016 asciende a la suma
de $718,013,198, de cuyo valor de descuentan las sumas de dinero recibidas
efectivamente a la fecha por la demandante es decir $355,177,908 pesos, para un saldo
o diferencia de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.L ($362,835,290) ya
indicado Previamente.
CUARTA: Que para garantizar el respeto del derecho a la reparación integral previsto
en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, se condene a las demandadas a pagar la totalidad
de los perjuicios que resulten demostrados en el proceso incluyendo los que se causen
entre el momento de la presentación de la demanda y el momento en que se expida la
sentencia.
QUINTA; Que se ordene a las demandadas a pagar las sumas de dinero a las cuales
resulten condenadas, debidamente actualizadas teniendo en cuenta la variación del
índice de precios al consumidor.
SEXTA; Que se ordene que las sumas de dinero a las cuales sean condenadas las
demandadas en la sentencia de primera instancia sean actualizadas hasta el momento
en que quede en firme la sentencia y de ahí en adelante se disponga que genere
intereses moratorios comerciales a la tasa máxima prevista en la ley.
SEPTIMA: Que se ordene a las demandadas dar cumplimiento a la sentencia en los
términos y condiciones previstos en el artículo 192 del CPACA.
OCTAVA: Que se condene en costas a la parte demandada. [Se transcribe literalmente
las pretensiones con errores gramaticales y de sintaxis que puedan existir en el texto]
Fundamentos de hecho
En el acápite correspondiente, señaló que la señora Diana Patricia Calle era propietaria del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 001-563858 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín. Según la demanda, en dicho inmueble se
encontraban seis locales comerciales.
Mediante la Resolución núm. 149936 del 27 de noviembre de 2015, «Por la cual se inician
las diligencias tendientes a la adquisición de inmueble y su construcción por enajenación
voluntaria o expropiación por vía administrativa, y se formula una oferta de compra», se
realizó la siguiente oferta respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
núm. 001-563858:
Artículo TERCERO: PRECIO DE LA OFERTA. El valor total de la oferta que se realiza por
medio de la presente Resolución es conforme al avalúo comercial radicado V-08-15-803 del
10 de agosto de 2015, realizado por la empresa Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar
S.A, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MIL ($ 354.725.160).
En la demanda se señaló que, el 3 de diciembre de 2015, la señora Calle allegó una
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Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
comunicación a la Empresa de Desarrollo Urbano, en la que manifestó lo siguiente:
“Me permito manifestarle que ACEPTO la Oferta de Compra que fue debidamente notificada,
la cual está contenida en la Resolución 149936 del 27 de noviembre de 2015, emitida por la
Secretaria de infraestructura del municipio de Itagüí, de manera libre, expresa y voluntaria,
manifiesto que conozco y entiendo el contenido del presente documento, explicado
debidamente por el profesional jurídico y social que me atiende; lo anterior, sin perjuicio de
las acciones legales pertinentes relativas al valor ofertado como precio de adquisición del
inmueble, con el cual no estoy de acuerdo”
El 9 de diciembre de 2015 se suscribió un contrato de promesa de compraventa entre el
Municipio de Itagüí y la señora Calle. Posteriormente, el 17 de diciembre de 2015, se le
desembolsó a la señora Calle la suma de trescientos diecinueve millones doscientos
cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($319.252.644), de conformidad
con lo pactado en el contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes.
Mediante la Resolución núm. 158311 del 15 de diciembre de 2015, el Municipio de Itagüí
reconoció y ordenó el pago de unas compensaciones a favor de la señora Calle.
Posteriormente, el 5 de enero de 2016, la señora Calle aceptó dichas compensaciones.
El 8 de marzo de 2016, la promitente vendedora, esto es, la señora Calle, allegó, mediante
derecho de petición, la siguiente solicitud al Municipio de Itagüí y a la Empresa de Desarrollo
Urbano:
De acuerdo con los antecedentes anotados, de manera cordial solicito al MUNIICPIO DE
ITAGUI, lo siguiente teniendo en cuenta el vencimiento de los términos pactados en la
promesa referida, la tolerancia de la condición resolutoria y los términos legales que a la
fecha se encuentran vencidos, se solicita proceder con expedición y notificación de la
resolución que decreta la expropiación.
El 16 de marzo de 2016 se allegó respuesta al derecho de petición presentado el 8 de marzo
de 2016, mediante la cual se informó a la señora Calle que, en atención a su manifestación
de no continuar con el proceso de compraventa del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 001-563858, y habiéndose comprobado que no se habían cumplido los
términos de dicho contrato, el Municipio procedería a realizar la expropiación administrativa
del inmueble. En consecuencia, se perderían las compensaciones reconocidas a favor de
la señora Calle mediante la Resolución núm. 158311 del 15 de diciembre de 2015, las
cuales habían sido otorgadas en virtud de la enajenación voluntaria.
El 17 de marzo de 2016, el Secretario de Infraestructura del Municipio de Itagüí, mediante
la Resolución núm. 23417, resolvió: «Ordenar la expropiación por vía administrativa, a favor
del MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, del predio identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 001-
563858». En dicha resolución se reconoció la siguiente indemnización:
ARTÍCULO TERCERO: INDEMNIZACION. El valor total de la indemnización que se
reconoce por la presente resolución, es conforme al avalúo comercial radicado V-08-15-803
del 10 de agosto de 2015, realizado por la empresa Avalúos y Tasaciones de Colombia
Valorar SA, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS MIL ($ 354.725.160).
En el escrito de la demanda se señala que, el 22 de agosto de 2016, la señora Diana Calle
fue notificada de la Resolución núm. 23417. Asimismo, se indica que, el 2 de septiembre de
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Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
2016, la señora Calle interpuso recurso de reposición contra dicha resolución.
Según la demandante, el 16 de septiembre de 2016 vencía el término para dar respuesta al
recurso interpuesto contra la resolución que decretó la expropiación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, señaló que el 19 de
septiembre de 2016 protocolizó el silencio administrativo positivo respecto de dicho recurso
ante la Notaría 15 de la ciudad de Medellín, mediante la Escritura Pública núm. 13.183 de
esa misma fecha.
Asimismo, la demandante indicó que, el mismo 19 de septiembre de 2016, recibió una
citación para la notificación personal de la Resolución núm. 76.862 del 13 de septiembre de
2016, expedida por la Secretaría de Infraestructura de Itagüí, mediante la cual se rechazó
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 23.417 del 17 de marzo de
2016. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2016, la Resolución núm. 76.862 del 13 de
septiembre de 2016 fue notificada por aviso.
En relación con el término para decidir el recurso interpuesto y con lo resuelto mediante la
Resolución núm. 76.862 del 13 de septiembre de 2016, la actora sostuvo que hay serias
irregularidades en la fundamentación de dicha decisión, toda vez que existe una
discrepancia entre las fechas de radicación de los memoriales del recurso, esto es, entre el
escrito original presentado ante la entidad y la constancia de su recepción. En la demanda
se señala que el recurso fue radicado el 2 de septiembre de 2016, mientras que el Municipio
de Itagüí y la Empresa de Desarrollo Urbano sostienen que fue presentado el 12 de
septiembre de ese mismo año.
La demandante solicitó al Municipio de Itagüí que reconociera la configuración del silencio
administrativo positivo a su favor, por no haberse dado respuesta al recurso de reposición
interpuesto. El 6 de octubre de 2016, el Municipio de Itagüí le respondió en los siguientes
términos a esa solicitud:
La señora Diana Patricia, interpuso el recurso de reposición el día 12 de septiembre de 2016,
en la Unidad de Correspondencia del Municipio de Itagüí bajo radicado N ° 40896.
De esta manera la presentación del recurso se realizó de manera extemporánea, pues loe
términos, como se indicó, finalizaron el 05 de septiembre de 2016.
[…]
El Municipio de Itagüí, mediante Resolución N ° 76862 del 13 de septiembre de 2016 decidió
el recurso extemporáneo — 1 día después de la presentación del recurso de reposición- y
fue notificado por aviso el 29 de septiembre de 2016, según prueba de entrega de la empresa
servicios de envíos de Colombia 472 CORREO CERTIFICADO NACIONAL, Guia:
AA000767150C0.
[...]
Por lo expuesto anteriormente, el Municipio de Itagüí actuó conforme a la ley y como tal no
se configure el silencio administrativo invocando, declinando su solicitud”
El 28 de noviembre de 2016 se efectuó un desembolso a favor de la señora Calle por la
suma de treinta y cinco millones novecientos veinticinco mil doscientos sesenta y cuatro
pesos ($35.925.264), correspondiente al saldo restante de la indemnización reconocida por
la expropiación del inmueble. Finalmente, en la demanda se señaló que en el valor del
precio indemnizatorio no incluyó reconocimiento alguno a título de lucro cesante.
Normas violadas y concepto de la violación
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Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
La demandante planteó los siguientes cargos:
• Violación de las normas sustanciales en las cuales debía fundarse la
Decisión
La parte actora sostuvo que los actos administrativos expedidos por el Municipio de Itagüí
vulneran el artículo 58 de la Constitución Política, en cuanto la expropiación exige una
indemnización previa que comprenda no solo el pago del precio del bien, sino también la
reparación de los perjuicios ocasionados al propietario expropiado. Asimismo, señaló que
el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 dispone que el valor a reconocer debe corresponder
al valor comercial del inmueble, por lo que resulta contrario al ordenamiento jurídico fijar
una suma inferior a dicho valor.
La parte demandante sostuvo, además, que fueron desconocidos el artículo 86 de la Ley
1450 de 2011 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, normas que disponen que el avalúo
en los procesos de adquisición y expropiación debe incluir no solo el valor de las
posesiones, sino también las indemnizaciones o compensaciones necesarias para
resarcir las afectaciones patrimoniales causadas al particular. Afirmó, además, que la
falta de una compensación integral contraviene las disposiciones contenidas en el
Acuerdo Municipal 7 de 2012 y el Decreto 543 de 2013, orientadas a mitigar los impactos
socioeconómicos derivados de estas actuaciones.
En consecuencia, consideró que se vulneró el ordenamiento jurídico al no reconocerse
el valor comercial del inmueble ni los perjuicios ocasionados con la expropiación, en
contravía de las reglas previstas en el Decreto 1420 de 1998 para la determinación del
valor comercial de los bienes objeto de indemnización.
• Falsa motivación
Como cargo de falsa motivación, la parte demandante sostuvo que los actos acusados
tomaron como fundamento un avalúo que no reflejaba el valor comercial real del
inmueble, pues no tuvo en cuenta sus características económicas y comerciales ni aplicó
adecuadamente el método de capitalización de rentas o ingresos. Señaló que, según el
avalúo aportado con la demanda, el inmueble tendría un valor de $718.013.198, superior
al reconocido en la expropiación ($355.177.908), lo que evidencia una diferencia de
$362.835.290. En consecuencia, afirmó que la entidad fijó un valor inferior al comercial y
omitió el reconocimiento integral de los perjuicios causados a los propietarios. Asimismo,
adujo que la falsa motivación se configura por la falta de reconocimiento de los perjuicios
derivados del lucro cesante.
• Desviación de poder
La parte demandante también alegó la existencia de desviación de poder, al considerar
que el Municipio de Itagüí ejerció la facultad expropiatoria sin garantizar el pago de una
indemnización justa, orientando su actuación a reconocer un valor inferior al debido y
obtener con ello una ventaja económica en detrimento de los propietarios afectados.
• Falta de competencia - silencio administrativo positivo
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Demandante: Diana Patricia Calle
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La parte demandante sostuvo que se configuró el silencio administrativo positivo previsto
en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997, por cuanto el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de expropiación fue presentado oportunamente el 2 de septiembre
de 2016, dentro del término legal de diez días hábiles. Afirmó que la administración no
resolvió el recurso dentro del plazo legal, que vencía el 16 de septiembre de 2016, razón
por la cual protocolizó el silencio administrativo positivo ante notario en esa misma fecha.
Señala que la decisión que rechazó el recurso solo le fue notificada el 19 de septiembre
de 2016, cuando ya se había consolidado el efecto favorable derivado del silencio
administrativo.
Adicionalmente, cuestionó la legalidad del rechazo del recurso al existir discrepancias
entre la fecha de radicación consignada por la entidad y la que consta en la copia de
recibido aportada, e incluso denuncia posibles alteraciones en el sello de radicación. Con
fundamento en ello, sostuvo que la administración perdió competencia para decidir el
recurso una vez vencido el término legal y que cualquier pronunciamiento posterior
carecía de validez por haberse configurado previamente el silencio administrativo
positivo.
1.2. Contestaciones de la demanda
• Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-2 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el proceso de expropiación se llevó a cabo de conformidad con la
Constitución Política y con los parámetros legales que rigen el trámite de expropiación
administrativa.
En su contestación, la empresa planteó las siguientes excepciones:
• Presunción de legalidad de los actos administrativos
La entidad demandada sostuvo que los actos administrativos gozan de presunción de
legalidad y que corresponde a la parte actora desvirtuarla mediante la demostración de
una causal de nulidad. En ese sentido, afirmó que las resoluciones demandadas fueron
debidamente motivadas, pues en ellas se expusieron las razones fácticas y jurídicas que
sustentaron tanto la decisión de expropiación por vía administrativa como el rechazo del
recurso de reposición interpuesto contra dicha actuación.
• Falta de legitimación en la causa por pasiva
La entidad demandada señaló que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) actuó
únicamente como intermediaria o mandataria del Municipio de Itagüí en el proceso de
adquisición de los inmuebles, en virtud del Contrato Interadministrativo núm. 465 de 2012,
cuyo objeto consistía en la administración delegada de recursos para gestionar y ejecutar
las actividades relacionadas con la adquisición de inmuebles y mejoras requeridas para
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. En consecuencia, sostiene que la
EDU no actuó como autoridad expropiante, sino como ejecutora de las actividades
encomendadas por el municipio para el desarrollo del proyecto.
2 Samai, Índice 2, capeta «TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN SU INTEGRIDAD», Documento
«001ContestaciónDeDemanda».
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Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
• Falta de causa para pedir
La entidad demandada afirmó que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) actuó por
cuenta y con autorización del Municipio de Itagüí, en virtud de un contrato de
administración delegada, y que el proceso de adquisición de los inmuebles se adelantó
conforme a la normativa aplicable, por lo que los bienes adquiridos estaban destinados a
incorporarse al patrimonio municipal.
• Buena fe
En esta excepción señaló que la empresa en toda la actuación adelantó bajo la buena fe.
• Inexistencia de pruebas que acrediten el lucro cesante y el daño emergente
Señaló que de acuerdo con las pruebas aportadas por el demandante no se acredita el
supuesto daño emergente y el lucro cesante.
• Caducidad de la acción
Señaló que cuando el recurso no se presenta dentro del término legal, la caducidad
empieza a contar a partir del siguiente a aquel en que se notificó el acto que decidió de
fondo el asunto y no a partir de la notificación del acto que haya rechazado el recurso por
extemporaneidad. Para el caso concreto señaló lo siguiente:
En el caso concreto, la empresa advirtió que la Resolución núm. 23417 del 17 de marzo
de 2016, fue notificada personalmente a la señora Calle el 22 de agosto de 2016. Pero
según la empresa esta solo interpuso el recurso de reposición contra esa resolución hasta
el 12 de septiembre de 2016. Mediante Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre de
2016, la administración rechazó el recurso por considerarlo extemporáneo, decisión que
fue notificada por aviso el 27 de septiembre de 2016.
Sostuvo que, Conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando un recurso es
rechazado por extemporáneo, el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se contabiliza a partir de la notificación del acto
administrativo que resolvió de fondo la situación jurídica y no desde la notificación del
acto que dispuso el rechazo del recurso. En consecuencia, el término de caducidad
comenzó a correr desde el día siguiente a la notificación de la Resolución núm. 23417 de
2016.
Bajo ese entendido, la empresa consideró que la demanda debía presentarse, en
principio, hasta el 23 de diciembre de 2016. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2016 se
formuló solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría, circunstancia que
suspendió el término de caducidad hasta el 30 de enero de 2017, fecha en que se expidió
la constancia de no acuerdo. Por ello, para la empresa, a partir del 31 de enero de 2017
restaban tres días para completar el término legal, el cual vencía el 2 de febrero de 2017.
No obstante, la demanda fue radicada el 15 de febrero de 2017, esto es, con posterioridad
al vencimiento del término de caducidad.
• Genérica
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Su excepción la fundamentó en el artículo 187 del CPACA y el 282 del CGP y solicitó
cualquier excepción que se encuentre probada de manera oficiosa.
• Municipio de Itagüí
El municipio se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones. Frente a la pretensión
segunda, señaló que no era cierto que la ahora demandante hubiera presentado el
recurso contra la Resolución núm. 23417 de 2016 el 2 de septiembre de 2016, sino que
lo hizo el 12 de septiembre de 2016 y, por tanto, dicho recurso no era procedente por
extemporáneo.
Respecto de las demás pretensiones, señaló que la administración municipal cumplió con
la normativa legal que regula el proceso de expropiación por vía administrativa, en
particular con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 9 de 1989
y la Ley 388 de 1997, por lo que su actuación está revestida de legalidad y buena fe.
Asimismo, indicó que el avalúo oficial realizado por Valorar S.A., que sirvió como
fundamento de la oferta de compra y de la resolución de expropiación, cumple con los
parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.
En el mismo sentido, elevó las siguientes excepciones:
• Cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales por parte del municipio
de Itagüí en el trámite de expropiación por vía administrativa
En esta, indicó que el municipio cumplió con todos los trámites previstos en la ley para
adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa.
• Valoración del predio conforme las normas sobre expropiación administrativa
Sustentó esta excepción argumentando que en el avalúo V-08-15-0803, realizado por
Valorar S.A., se consignaron aspectos como la información básica del inmueble, la
información jurídica, las características particulares del bien, del terreno y de los
acabados, las áreas totales, las metodologías valuatorias utilizadas y demás aspectos
exigidos por la normativa.
Señaló que, por tratarse de un bien inmueble no sometido al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y el de la construcción debían analizarse de forma
independiente, teniendo en cuenta para cada uno de ellos los datos obtenidos, así como
sus correspondientes áreas y valores unitarios.
• Presunción de legalidad de los actos de expropiación
En relación con esta excepción, se remitió a lo previsto en el artículo 88 de la Ley 1437
de 2011.
• Excepción del medio de caducidad del medio de control
En esta excepción, señaló que el Consejo de Estado, en sentencia de 3 de abril de 2014,
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indicó que, cuando el recurso no se presenta dentro del término legal, el término de
caducidad no empieza a correr a partir del día siguiente a la notificación del acto que
rechaza el recurso por extemporáneo, sino a partir del día siguiente a aquel en que se
notificó el acto que decidió de fondo el asunto.
En ese sentido, sostuvo que el término de caducidad debía contarse desde el 23 de
agosto y que, teniendo en cuenta la suspensión derivada de la solicitud de conciliación
extrajudicial, el plazo para presentar la demanda antes de que operara la caducidad
vencía el 2 de febrero. Sin embargo, la demanda solo fue presentada el 17 de febrero.
• Falta de integración del litisconsorte necesario
Sustentó esta excepción señalando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del
Código General del Proceso, debía integrarse al contradictorio, en la parte pasiva, a la
sociedad Valorar S.A. Lo anterior, por cuanto dicha empresa fue la encargada de realizar
el avalúo comercial del bien inmueble objeto de la demanda.
El municipio también propuso las excepciones de indemnidad, falta de integración del
litisconsorte necesario, buena fe y la excepción genérica.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 22 de febrero de 20233,
profirió fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:
1. SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.
2. NO SE CONDENA en costas.
3. NOTIFÍQUESE por la Secretaría de la Corporación la presente sentencia de
conformidad con el artículo 203 del CPACA.
4. De no ser apelada la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente.
El tribunal de manera previa a revisar el fondo del caso, en un acápite denominado «Aspecto
previo- resolución de excepciones», abordó lo referente a la excepción de caducidad, la falta
de legitimación en la causa por pasiva y la falta de integración del litisconsorcio necesario.
Respecto de la caducidad, señaló que en el presente caso se pretende la nulidad de la
Resolución núm. 23417 del 17 de marzo de 2016, mediante la cual se ordenó la
expropiación de un inmueble; de la Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre de 2016,
que rechazó el recurso de reposición; y del acto administrativo presunto derivado del silencio
administrativo, el cual, según la demandante, es positivo, por haber operado como
consecuencia de la falta de respuesta al recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución núm. 23417 del 17 de marzo de 2016.
Para analizar el momento en que debía operar la caducidad de la acción el tribunal debió
de establecer si en efecto la reposición contra la Resolución núm. 23417 del 17 de marzo
3 Samai, Índice 2, capeta «TESTIGO DOCUMENTAL CE PROCESO EN SU INTEGRIDAD», Documento
«65SentenciaPrimeraInstancia201700345».
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de 2016 se presentó el 2 o el 12 de septiembre. Al respecto señaló lo siguiente:
Se advierte en este caso que hay dos documentos radicados como recurso de
reposición con dos fechas diferentes, uno del 2 de septiembre y otro del 12 de
septiembre ante el municipio de Itagüí, situación respecto de la cual se inició una
investigación penal por el delito de fraude procesal que se encuentra en trámite, y
que fue corroborada por la testigo Diana Patricia Ospina García46. No hay lugar ni a
declarar la caducidad del medio de control, ni a declarar la existencia del silencio
administrativo positivo, por las siguientes razones: […]
Partiendo del principio de la buena fe y dando credibilidad a la prueba documental y
en especial a la radicación del recurso de reposición del 2 de septiembre de 201647
interpuesto por la señora Diana Patricia Calle en contra de la Resolución No. 23417
del 17 de marzo de 2016, la administración contaba con el término de diez (10) días
hábiles para pronunciarse respecto del mismo, los cuales vencían el 16 de
septiembre de 2022 (Sic).
En ese sentido, en aplicación del principio de buena fe, dio valor probatorio a la prueba
documental que señalaba que el recurso se radicó el 2 de septiembre, en ese sentido
concluyó que la administración tenía hasta el 16 de septiembre para pronunciarse sobre el
recurso y encontró que la administración cumplió con ese terminó pues expidió la
Resolución núm. 76862 que rechazaba el recurso el 13 de septiembre de 2016.
Luego encontró probado que la administración envió el 19 de septiembre de 2016 la citación
para la notificación personal de la Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre de 2016 y
posteriormente notificó por aviso esa resolución el 27 de septiembre de 2016. En
consecuencia, el tribunal encontró que la administración se pronunció dentro del término
concedido respecto del recurso de reposición interpuesto y, por lo tanto, no hay lugar a dar
aplicación al silencio administrativo positivo.
Por consiguiente, el tribunal estableció que para el cómputo de la caducidad debía tenerse
en cuenta la fecha en la que se notificó por aviso la Resolución núm. 76862 del 13 de
septiembre de 2016, esto es el 27 de septiembre de 2016 para el cómputo de la caducidad.
Asimismo, estableció que ese término se vio suspendido por la solicitud de conciliación
prejudicial interpuesta ante la Procuraduría 222 el 20 de diciembre de 2016, en
consecuencia, realizó el siguiente análisis:
Partiendo de la última notificación efectuada de la Resolución No. 76862 mediante aviso el
27 de septiembre de 2016, los cuatro meses para interponer la demanda inicialmente
vencían el 27 de enero de 2017.
La solicitud de conciliación ante la Procuraduría 222 delegada ante los Tribunales
Administrativos fue radicada el 20 de diciembre de 2016 cuando había transcurrido 1 mes y
24 días, y la constancia de no conciliación fue expedida el 30 de enero de 2017, es decir,
quedaban pendientes dos (2) meses y tres (3) días para presentar la demanda. Como la
demanda fue presentada el 14 de febrero de 201751 no había operado la caducidad del
medio de control.
Sobre la falta de legitimación de la EDU en el presente proceso señaló que, al haber
intervenido en el proceso de expropiación del bien inmueble, no prosperaba dicha
excepción.
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Frente a la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario propuesta por el
municipio de Itagüí, precisó que, conforme al artículo 227 del CPACA, la intervención de
terceros se rige supletoriamente por el Código General del Proceso, cuyo artículo 61 regula
el litisconsorcio necesario. Explicó que esta figura procede cuando existe una relación
jurídica sustancial que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos
involucrados, de modo que la sentencia los beneficie o perjudique por igual, siendo
obligatoria su comparecencia al proceso. No obstante, encontró que en el presente caso no
se configura dicha excepción, pues la EDU llamó en garantía a Valorar S.A., quedando
integrada la relación procesal correspondiente.
Abordado el acápite previo, donde el tribunal encontró que no operó la caducidad ni el acto
administrativo presunto, el a quo delimitó el problema jurídico realizando las siguientes
precisiones:
• Respecto de la Resolución No. 76862 del 13 de septiembre de 2016 que rechazó el
recurso de reposición, sostuvo que no sería objeto de estudio por no ser un acto
administrativo definitivo conforme lo dispuesto en el artículo 43 del CPACA.
• Sobre la pretensión de declarar la existencia de acto administrativo presunto, el
tribunal sostuvo que «Como se señaló en el acápite de excepciones, en el presente
caso no se configuró el acto administrativo presunto porque la administración expidió
la Resolución No. 76862 del 13 de septiembre de 2016 dentro de los términos
previstos en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997.»
Conforme lo anterior, para resolver la controversia el tribunal planteó el siguiente problema
jurídico:
la Sala se pronunciará sobre la legalidad de la Resolución No. 23417 del 17 de marzo de
2016 que ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado en la dirección Calle
36 Número 70 – 19, Paraje La Limona, municipio de Itagüí, e identificado con folio de
matrícula inmobiliaria No. 001-563858 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicas de
Medellín – Zona Sur.
Así mismo determinará si a la demandante le asiste el derecho a la revisión y ajuste del
avalúo No. V-08-15-803 del 10 de agosto de 2015 realizado por VALORAR S.A. al inmueble
ubicado en la dirección Calle 36 Número 70 – 19 del municipio de Itagüí, y si en consecuencia
se le debe reconocer la diferencia de valor entre lo pagado por concepto de precio
indemnizatorio y lo que presuntamente se debió pagar.
Para resolver el problema jurídico, el tribunal realizó varias consideraciones sobre la
expropiación por vía administrativa, el deber de indemnizar al propietario del bien y las
formalidades que debe contener el avalúo oficial, así como sobre los avalúos que pretendan
controvertirlo.
En cuanto al caso concreto, el a quo realizó un recuento de los hechos. Luego señaló que,
de conformidad con los artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998,
el valor indemnizatorio en los procesos de expropiación corresponde al valor comercial
determinado mediante avalúo técnico, el cual goza de presunción de legalidad. Indicó que,
si bien dicha presunción puede desvirtuarse mediante un dictamen pericial idóneo que
evidencie errores técnicos o jurídicos en el avalúo oficial, concluyó que el estudio
presentado por la demandante no cumplía con esa finalidad.
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El tribunal analizó el Avalúo V-08-15-803 del 10 de agosto de 2015 realizado por Valorar
S.A., esto es, el avalúo oficial. El cual encontró ajustado a derecho y reiteró le amparaba
presunción de legalidad.
Luego, analizó el dictamen elaborado por Francisco Ochoa Avalúos S.A.S. Respecto de
esta prueba, en primer lugar, abordó la objeción por error grave presentada por la Empresa
de Desarrollo Urbano. El tribunal despachó desfavorablemente dicha pretensión, pues
encontró que «el dictamen pericial rendido por el perito versó sobre la materia objeto de
análisis» y que «la experticia arrojó las conclusiones con relación a los interrogantes puestos
en su conocimiento».
No obstante, el tribunal encontró que el avalúo aportado con la demanda no cumplía con la
normativa aplicable, pues valoró el inmueble como si estuviera dividido en seis locales
comerciales independientes y aplicó metodologías distintas a las empleadas en el avalúo
oficial. Asimismo, advirtió que dicho avalúo se basó en precios del año 2016, cuando el
proceso de expropiación se inició en 2015. En consecuencia, concluyó que no se logró
demostrar de manera suficiente las deficiencias o incorrecciones del avalúo realizado por
Valorar S.A.
En lo concerniente de los perjuicios reclamados por concepto de daño emergente y lucro
cesante, el a quo señaló que no existían pruebas que acreditaran su causación ni su
cuantía. Además, destacó que la propia demandante incumplió la entrega del inmueble en
los términos pactados durante la etapa de adquisición voluntaria, situación que impidió el
reconocimiento de compensaciones adicionales.
Finalmente, concluyó que tampoco se acreditaron los cargos de falsa motivación,
desviación de poder o infracción de las normas superiores, pues los actos administrativos
se encontraban debidamente fundamentados y perseguían la finalidad pública de ampliar
la Calle 36 en Medellín. En consecuencia, al no desvirtuarse la presunción de legalidad de
los actos demandados ni demostrarse la insuficiencia de la indemnización reconocida, se
negaron las pretensiones de la demanda.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso recurso de apelación4, en los siguientes términos:
En primer lugar, sostuvo que el Tribunal incurrió en error al negar la configuración del
silencio administrativo positivo. Señaló que, aunque el recurso de reposición elevado en
contra la resolución de expropiación fue resuelto dentro del tiempo previsto en el artículo 69
de la Ley 388 de 1997, la notificación de la decisión se efectuó de manera extemporánea,
pues la notificación por aviso se surtió por fuera del plazo legal. En consecuencia, afirmó
que operó el silencio administrativo positivo y que debía reconocerse el valor reclamado por
la demandante con fundamento en el avalúo aportado al proceso.
En este punto, señaló que, si bien es cierto que el término de diez (10) días concedido a la
administración para resolver el recurso de reposición corresponde únicamente al plazo para
emitir la decisión, aquella debe sujetarse además a los términos previstos en los artículos
4 Cuaderno del tribunal número 3, FL. 1458.
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67, 68 y 69 del CPACA para efectuar su notificación. De lo contrario, opera el silencio
administrativo. Sobre el caso particular, señaló lo siguiente:
Para el caso concreto, el acto administrativo que resolvió el recurso fue la Resolución 76862
expedida el día 13 de septiembre de 2016, momento en el que iniciaba el conteo de los 5
días para enviar la citación, de acuerdo con lo probado en el proceso dicha citación fue
recibida el 19 de septiembre de 2016, momento en el que iniciaba el conteo de los 5 días
para notificar por aviso al no haberse podido practicar la notificación personal, término que
finalizó el día 26 de septiembre.
Por lo anterior, la parte demandante sostuvo que se configuró el silencio administrativo
positivo, toda vez que, aunque la administración resolvió oportunamente el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 23417 de 17 de marzo de 2016, la
notificación de la decisión que lo resolvió se practicó por fuera de los términos legales.
En su criterio, ello hacía ineficaz la decisión administrativa y daba lugar al surgimiento de un
acto administrativo presunto favorable, razón por la cual consideró que debía declararse la
existencia del referido silencio administrativo positivo y, como consecuencia, accederse al
reconocimiento y pago de los valores reclamados en el recurso de reposición presentado el
2 de septiembre de 2016 contra el acto que dispuso la expropiación del inmueble
De igual forma, cuestionó la valoración efectuada por el Tribunal del dictamen pericial
rendido por Francisco León Ochoa, al estimar que sí resultaba idóneo para desvirtuar el
avalúo practicado por Valorar S.A. Señaló que la providencia hizo una interpretación
equivocada del artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC al considerar
improcedente valorar de manera independiente los locales comerciales existentes en el
inmueble expropiado. Argumentó que, aunque el predio contaba con una única matrícula
inmobiliaria, estaba conformado por varios locales que generaban rentas autónomas y
cuya realidad económica debía ser considerada en la determinación de su valor.
Asimismo, defendió la utilización del método de comparación de mercado y capitalización
de rentas, así como la aplicación de procesos de homogenización respecto de inmuebles
ubicados en sectores aledaños, por tratarse de herramientas permitidas por la normativa
técnica de avalúos. Al respecto:
Luego entonces, es claro que el dictamen rendido por el perito FRANCISCO LEÓN
OCHOA logró desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo realizado por Valorar S.A,
quienes utilizaron un método para avaluar que no le hacía justicia a la realidad del predio
a expropiar, es decir, una propiedad sobre la que existían locales comerciales, por lo que
resultó un graso (Sic) error únicamente tomar los valores de lote de terreno y construcción,
dejando de lado el factor de comercialización propio de los locales comerciales, solo basta
el sentido común para entender que el elemento principal de un local comercial es la
utilidad o renta que produzca al momento de la compraventa y/o en este caso enajenación
voluntaria.
Adicionalmente, alegó que la decisión recurrida desconoció precedentes del propio
Tribunal Administrativo de Antioquia en asuntos de características similares, en los que
se había reprochado la omisión de las particularidades comerciales de los inmuebles
expropiados al momento de su valoración.
Con fundamento en tales argumentos, solicitó revocar la sentencia apelada y acceder a
las pretensiones de la demanda. De manera principal, pidió declarar la existencia del
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silencio administrativo positivo; y, subsidiariamente, reconocer como válido el avalúo
presentado por su perito, con la consecuente condena al pago de la diferencia entre dicho
valor y la indemnización reconocida por la administración. Finalmente, solicitó decretar
una prueba de oficio, en la modalidad de auto para mejor proveer, si se estimaba
necesario esclarecer aspectos técnicos relacionados con el avalúo del inmueble.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencia del 13 de abril de 20235 se admitió el recurso de apelación y
se indicó que al no ser necesario el decreto de pruebas, en virtud del artículo 247 del
CPACA, modificado por el 67 de la Ley 2080 de 2021, no había lugar a correr traslado
para alegar de conclusión en segunda instancia. Se advirtió, que en todo caso las partes
podían pronunciarse sobre el recurso de apelación hasta la ejecutoria del auto que
admitió el recurso.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA6 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2 Planteamiento del caso
La señora Diana Patricia Calle era titular del derecho de dominio del bien inmueble ubicado
en el municipio de Itagüí, en la Calle 36 # 70-19, identificado con la matrícula inmobiliaria
núm. 001-563858. Mediante la Resolución núm. 23417 del 17 de marzo de 2016, expedida
por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Itagüí, se declaró la expropiación
administrativa de dicho inmueble. Contra esa resolución se interpuso recurso de reposición,
respecto del cual subsiste una controversia en torno a la fecha de su presentación.
Posteriormente, mediante la Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre de 2016, se
rechazó dicho recurso al considerarse extemporáneo.
El 14 de febrero de 2017, la señora Diana Patricia Calle, por conducto de apoderada judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, en concordancia
con la acción especial consagrada en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, demandó las
resoluciones núm. 23417 del 17 de marzo de 2016 y núm. 76862 del 13 de septiembre de
2016. Asimismo, solicitó que se declarara la existencia de un acto administrativo presunto
con ocasión del silencio administrativo positivo que, en su criterio, operó debido a que el
5 SAMAI, Índice 4.
6 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
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recurso interpuesto contra la Resolución núm. 23417 del 17 de marzo de 2016 no fue
resuelto ni notificado oportunamente.
El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el 22 de
febrero de 2023. En dicha providencia resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y formuló
los siguientes reparos frente al análisis efectuado en la sentencia de primera instancia: i)
señaló que el a quo se equivocó al analizar la ocurrencia del silencio administrativo positivo
y la consecuente configuración del acto administrativo presunto, y ii) sostuvo que el tribunal
erró al abordar el análisis del avalúo aportado con la demanda.
A partir de los cargos formulados por la parte actora en el recurso de apelación, corresponde
a la Sala determinar si le asiste razón respecto de las deficiencias que, en su criterio,
presenta la sentencia de primera instancia, especialmente en lo concerniente al análisis de
la operancia del silencio administrativo positivo dentro del trámite administrativo y al estudio
del avalúo aportado con la demanda.
5.3 Actos demandados
En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:
1. Resolución núm. 23417 del 17 de marzo de 2016. Mediante este acto
administrativo, el Secretario de Infraestructura del Municipio de Itagüí dispuso la
expropiación del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 001-563858
y se fijó, a título de indemnización, la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones
setecientos veinticinco mil ciento sesenta pesos ($ 354.725.160 COP).
RESOLUCIÓN
No.23417
(Marzo 17 DE 2016)
“Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un inmueble
y su construcción"
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E) DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
En uso de facultades conferidas en virtud del decreto de encargo No. 226 del 08 de
marzo de 2016, debidamente facultado por el señor Alcalde de Itagüí, según decreto
1128 del 07 de septiembre de 2012, y de conformidad con el decreto 734 de 2012,
los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, y en especial las otorgadas por la Ley 9
de 1989 y los artículos 58, 63, 64 y 65 y siguientes de la Ley 388 de 1997, y el acuerdo
Municipal No. 20 del 07 de diciembre de 2007 “Por medio del cual se adopta la revisión
al plan de ordenamiento territorial del municipio de Itagüí”.
CONSIDERANDO
Que el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los artículos 58, 63, 64 y 65 de la
Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia asignada en el Acuerdo 20 de
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2007, expidió la Resolución No. 61222 del 19 de mayo de 2015, por medio de la cual
se declaran unos inmuebles de utilidad pública y se dictan otras disposiciones.
Que el Plan de Desarrollo 2012-2015 de la actual administración del municipio de
Itagüí propone proyectar nuevos espacios públicos para la comunidad, tanto en zonas
urbanas como rurales, y mejorar las condiciones de las existentes, promoviendo un
adecuado manejo, uso, goce y disfrute para todos los miembros de la comunidad.
Que el municipio de Itagüí cuenta con una serie de vías públicas que requieren de
aperturas y modificaciones para mejorar la circulación vial, tanto para los habitantes
como para los visitantes del municipio. Por lo anterior se busca ampliar y mejorar las
vías públicas del municipio por medio de la ejecución de obras que lo dinamicen, tal
como se tiene definido para el PROYECTO DE AMPLIACION DE LA CALLE 36.
Que el Acuerdo Municipal N® 10 del 18 de mayo de 2012 “Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo 2012-2015 -UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO-, en su
artículo 20, dentro del programa de movilidad e infraestructura vial, estableció la
construcción, mantenimiento y apertura de vías, definiéndose, como objetivo
principal, la realización de estudios y ejecución de obras de construcción,
mantenimiento y rehabilitación de vías públicas. De esta manera, dentro de los
proyectos viales de interés comunitario se definió la ampliación de la calle 36 del
municipio de Itagüí.
[…]
Que la señora DIANA PATRICIA CALLE, identificada con cedula de ciudadanía No.
43.041.141, mediante escrito radicado en la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
con número 201500016112 del 03 de diciembre de 2015, acepto la oferta de compra
presentada en la resolución No. 149936 del 27 de noviembre de 2015.
[…]
Que a pesar de la buena disposición inicial que demostró la propietaria del inmueble
de realizar la enajenación voluntaria de su predio, el 08 de marzo de 2016 bajo el
radicado del municipio de Itagüí No. 16030914302706 y de la EDU N° 201600002992,
informo su intención de no continuar con dicho proceso y que se iniciara el proceso
de expropiación.
[…]
Que el presente acto administrativo de expropiación se refiere a un inmueble junto
con su construcción y mejoras, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 001-
563858 y ficha catastral No. 360-1-001-040-0023-00001-0000-00000 del municipio de
Itagüí, cuya propietaria es: DIANA PATRICIA CALLE CALLE, identificada con c6dula
de ciudadanía No. 43.041.141, propietaria del 100% del derecho real de dominio.
Según escritura No. 1014 del 24 de junio de 2005 de la Notaria Veintidós de Medellin,
el lote tiene los siguientes linderos […]
Por las anteriores consideraciones.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar la expropiación por vía Administrativa a
favor del MUNICIPIO DE Itagüí CON NIT. 890.980.093-8, sobre un lote de terreno,
con sus mejoras y anexidades, situado en el Municipio de Itagüí, en el paraje La
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Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Limoná, con casa de habitación de material y teja situado en la calle 36 número 70-
19, identificado con la matricula inmobiliaria No. 001-563858 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Medellin -Zona Sur, con ficha predial No. 360-1-001-040-
0023-00001-0000-00000, de propiedad de DIANA PATRICIA CALLE CALLE,
identificada con c6dula de ciudadanía No. 43.041.141; cuyos linderos actualizados
según escritura No. 1014 del 24 de junio de 2005 de la Notaria Veintidós de Medellin,
son los siguientes:
“Por el frente con la carretera al San Antonio de Prado; por un costado con la
carrera 70; por el otro costado con propiedad de JoseM aria Restrepo; y por la
parte de atrás, con un señor Jaramillo’’.
[…]
Parágrafo 3: El bien inmueble NO se encuentra sometido a Reglamento de Propiedad
Horizontal.
ARTICULO SEGUNDO: TRADICIÓN. La señora DIANA PATRICIA CALLE CALLE,
identificada con cedula de ciudadanía No. 43.041.141, titular del 100% sobre el
inmueble localizado en el municipio de Itagüí, adquirió la totalidad de dichos derechos
mediante compraventa realizada al señor CARLOS GUSTAVO CALLE MOLINA, por
medio de Escritura Publica No. 1014 del 24 de junio de 2005 de la Notaria Veintidós
de Medellin, registrada en la matricula inmobiliaria N” 001- 563858 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellin -Zona Sur.
Artículo TERCERO: INDEMNIZACI6n. El valor total de la indemnización que se
reconoce por la presente resolución es conforme al avalúo comercial radicado V-08-
15-803 del 10 de agosto de 2015, realizado por la empresa Avalúos y Tasaciones de
Colombia Valorar S.A, por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L ($
354.725.160).
[…]
Artículo NOVENO. ORDEN DE NOTIFICACION Y RECURSOS. Se ordena notificar
la presente resolución a la señora DIANA PATRICIA CALLE CALLE, de conformidad
con lo previsto en los artículos 66, 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Contra la presente resolución precede el recurso de reposición que deberá ser
interpuesto ante el Secretario de Infraestructura del municipio de Itagüí, dentro de Ios
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal o la desfijación del aviso,
según el caso; obrando de conformidad con el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre de 2016. Mediante este acto
administrativo, el Secretario de Infraestructura Física del Municipio de Itagüí rechazo
el recurso de reposición por extemporáneo.
RESOLUCIÓN
No. 76862
13 DE SEPTIEBRE DE 2016
Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la
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resolución No. 23417 del 17 de marzo de 2016
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
En uso de facultades conferidas en virtud del decreto de nombramiento 014 del 04 de
enero de 2016, debidamente facultado por el señor Alcalde de Itagüí, según decreto
1083 de 2015, decreto 595 de 2016 y de conformidad con la ley 1437 de 2011, la Ley
9 de 1989 y los artículos 58, 63,64 y 65 y siguientes de la Ley 388 de 1997, y el
acuerdo Municipal No. 20 del 07 de diciembre de 2007 “Por medio del cual se adopta
la revisión al plan de ordenamiento territorial del municipio de Itagüí".
CONSIDERANDO
Que el día 22 de agosto de 2016, luego de haber sido citada para la notificación a la
propietaria del inmueble, señora Diana Patricia Calle Calle, se notició personalmente
de la resolución 23417 del 17 de marzo de 2016.
Que en el mencionado acto de notificación personal de la resolución 23417 del 17 de
marzo de 2016 realizada a la señora DIANA PATRICIA CALLE, como la titular del
derecho real, se entrega copia de la resolución aludida, informándosele, por demás,
que contra la resolución No. 23417 del 17 de marzo de 2016 procedía el recurso de
reposición, el cual debería ser interpuesto ante el Secretario de Infraestructura del
municipio de Itagüí, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
Que mediante escrito recibido en la Unidad de Correspondencia del municipio de
Itagüí el día 12 de septiembre de 2016, con radicado 40896, la señora DIANA
PATRICIA CALLE CALLE, interpuso recurso de reposición contra la resolución No.
23417 del 17 de marzo de 2016, por la cual se ordenó la expropiación administrativa
sobre de un lote de terrene, con sus mejoras y anexidades, situado en el Municipio
de Itagüí, identificado con la matricula inmobiliaria N° 001-563858 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellin -Zona Sur.
[…]
Que en consonancia con lo anterior, una vez notificada personalmente la señora
DIANA PATRICIA CALLE CALLE, la resolución 23417 del 17 de marzo de 2016,
conforme con lo definido por la ley, a partir del día 23 de agosto de 2016 comenzaron
a correr los diez (10) días hábiles para interponer el recurso de reposición; término
que venció el día 05 de septiembre de 2016.
Que se observe, en este orden de ideas, que el recurso interpuesto por la señora
DIANA PATRICIA CALLE CALLE el día 12 de septiembre de 2016, ante la Unidad de
Correspondencia del municipio de Itagüí, fue extemporáneo, esto es, no se presentó
dentro del plazo legal conforme lo exige el numeral 1 del artículo 77 del CPACA y, por
tanto, debe rechazarse de acuerdo a lo señalado por el artículo 78 de la misma
normatividad.
Por las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR EL RECURSO DE REPOSICION
INTERPUESTO POR LA SENORA DIANA PATRICIA CALLE CALLE, contra la
resolución 23417 del 17 de marzo de 2016, por no haberse presentado dentro del
término concedido por la ley.
ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA: Como consecuencia de lo anterior, continúan
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vigentes todas las consideraciones y disposiciones contenidas en la Resolución N°
23417 del 17 de marzo de 2016, la cual se encuentra en firme. Por tanto, no habrá
pronunciamiento alguno sobre lo solicitado en el recurso.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICACION: Se dispone a notificar por intermedio de la
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advirtiendo que no precede recurso alguno.
5.4 Análisis de la Sala
5.4.1. Respecto del reparo relacionado con la ocurrencia del silencio administrativo
positivo y la consecuente configuración del acto administrativo presunto
En el escrito de apelación se sostuvo que el a quo se equivocó al no haber encontrado
que en el proceso administrativo de expropiación operó el silencio administrativo positivo
por no habérsele resuelto y notificado a tiempo el recurso de reposición presentado en
contra de la resolución que decretó la expropiación administrativa del inmueble con
matrícula inmobiliaria núm. 001- 563858. A continuación, se analiza este reparo.
En el marco de las actuaciones administrativas, los administrados pueden presentar
peticiones, interponer recursos o promover diversas actuaciones ante las autoridades.
Cuando estas se formulan en debida forma y dentro de los términos legalmente
establecidos, surge para la administración el deber de emitir una decisión expresa. No
obstante, puede suceder que la autoridad omita pronunciarse dentro del plazo previsto
por el ordenamiento jurídico; en tales eventos, opera la figura del silencio administrativo,
concepto que ha sido definido por esta Corporación en los siguientes términos:
De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como una presunción o ficción
legal según la cual transcurrido un determinado plazo sin que la administración resuelva
la petición, y cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la solicitud
ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla general, o en sentido estimatorio,
en los casos expresamente previstos en la legislación7.
Las reglas generales relativas al silencio administrativo se encuentran reguladas en el
CPACA, principalmente en los artículos 52, 83, 84, 85 y 86. En particular, en lo que
respecta al silencio administrativo positivo, el artículo 84 de dicho estatuto dispone lo
siguiente:
Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión
positiva.
Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a
contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este
Código. [Resaltado fuera del texto original]
Como se observa, la configuración del silencio administrativo positivo exige que el
legislador haya previsto de manera expresa que la falta de decisión de la administración
7 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 25 de junio de 2026 dentro del radicado núm. 08001-
23-33-000-2018-00803-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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produzca una respuesta favorable al interesado. En consecuencia, ante la ausencia de
una disposición legal que establezca dicho efecto, el silencio de la administración se
encuentra sometido a la regla general prevista en el artículo 83 del CPACA, según la cual
se entiende producida una decisión negativa presunta.
En armonía con lo anterior, esta Corporación ha precisado que la configuración del
silencio administrativo positivo se encuentra supeditada a la concurrencia de
determinados presupuestos legales, de manera que no basta la mera inactividad de la
administración para que se entiendan satisfechas las pretensiones del administrado. Así,
ha considerado que para la ocurrencia de dicho fenómeno deben acreditarse los
siguientes requisitos:
[P]ara que se configure el silencio administrativo positivo se deben cumplir tres requisitos:
i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la
petición o recurso, ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del
plazo tiene efectos de silencio administrativo positivo; y iii) que la autoridad que estaba en
la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal8.
Respecto del tercer requisito, esto es, que la autoridad llamada a resolver no haya
adoptado la decisión dentro del término legal correspondiente, esta Sala ha sostenido
que, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo, no basta con la simple
expedición del acto administrativo dentro del plazo previsto por la ley, sino que es
necesario que, posteriormente, lo notifique conforme a los términos del CPACA.
En consecuencia, cuando la administración profiere la decisión oportunamente, pero
omite su notificación o la realiza desconociendo las reglas previstas en el CPACA, se
configura el silencio administrativo positivo, pues el administrado no puede entenderse
válidamente enterado de una decisión que no le ha sido comunicada conforme al
ordenamiento jurídico.
En ese sentido, esta Corporación se ha pronunciado al estudiar la operancia del silencio
administrativo positivo en distintas materias, precisando que la decisión administrativa
solo puede considerarse oportuna cuando, además de ser expedida dentro del término
legal, es puesta en conocimiento del interesado mediante una notificación realizada en
debida forma. Así, ha señalado:
• En sentencia del 6 de febrero de 2014 respecto del silencio administrativo positivo:
Es cierto, como lo afirma la parte demandada, que la ausencia de notificación de un acto
administrativo no afecta su validez sino su eficacia, pero también lo es que en este caso
la falta de notificación no se está aduciendo como causal de nulidad, sino como
requisito cuya ausencia configura el silencio administrativo positivo9. [Destaca la
Sala]
• En sentencia del 6 de julio de 2018 sobre la configuración del silencio
administrativo positivo en caso de falta o indebida notificación del recurso de
reconsideración en materia tributaria:
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de octubre de 2019 dentro del radicado núm. 25000-
23-37-000-2015-00751-01, C.P. Milton Chaves García.
9 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero de 2014 dentro del radicado núm. 25000-
23-24-000-2007-00224-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Lo expuesto pone en evidencia que la DIAN no respetó el término que tenía la actora para
notificarse personalmente del acto que decidió el recurso de reconsideración y por tanto
también fue irregular la notificación por edicto, pues redujo el término para que se surtiera
la notificación personal y fijó el edicto antes de que venciera el término previsto en la ley
para su fijación.
Por tanto, la notificación del acto administrativo que decidió el recurso de
reconsideración no se ajustó a los preceptos legales aplicables al caso concreto,
motivo por el cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 734 del E.T., la
consecuencia de ese hecho es que el recurso de reconsideración interpuesto se
entiende fallado a favor de la demandante. […]
Por todo lo anterior, la Resolución N° 900.149 del 6 de agosto de 2012, mediante la cual se
resolvió el recurso de reconsideración, no se notificó dentro del año señalado en el artículo
732 del Estatuto Tributario, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo positivo
respecto a la decisión del recurso (artículo 734 del E.T). Aun si se hubiera tenido en cuenta
la notificación por edicto, como este debía fijarse el 23 de agosto de 2012 y desfijarse el 5
de septiembre del mismo año, para ese día ya había vencido el año para resolver y notificar
el recurso. 10 [Destaca la Sala]
• En sentencia del 7 de marzo de 2013 sobre la configuración del silencio
administrativo positivo en casos de insubsistencia por calificación insatisfactoria de
servicios:
Pues bien, el acto de insubsistencia fue expedido el 25 de junio de 1999 y contra este se
interpuso el recurso de reposición el 30 de junio de 1999; lo anterior quiere decir que los
45 días vencían el 14 de agosto de 1999. Por su parte, la notificación personal se realizó
el 17 de agosto de 1999 y la notificación por edicto se surtió el 30 de agosto 1999, lo que
quiere decir que la entidad se pronunció después del vencimiento del término de los 45
días del artículo 42 de la Ley 443 de 1998. En este caso, la decisión del recurso se produjo
en principio, por fuera del término legal, con lo cual habría lugar al silencio administrativo
positivo. No obstante, es del caso determinar si la sola expedición del acto administrativo
es suficiente o por el contrario se requiere que ésta sea notificada al interesado, para lo
cual es necesario acudir a la parte general del Código Contencioso Administrativo, que
regula lo atinente a los procedimientos administrativos. Es tan obligatoria la notificación,
que el desconocimiento por parte del interesado de la decisión tomada por la
administración lleva a la configuración del silencio administrativo positivo y a dar
por revocada la decisión inicial.11 [Destaca la Sala]
• En sentencia del 28 de mayo de 2026 respecto del silencio administrativo en
materia de servicios públicos domiciliarios:
De lo expuesto, queda dilucidado que el silencio positivo administrativo no se deriva
únicamente de no resolver en tiempo - 15 días - las peticiones, quejas o recursos,
sino que también debe verificarse que resuelto en oportunidad esta decisión se
notifique bajo las normas del CCA y/o CPACA, según corresponda, habida cuenta que
por los efectos que se derivan para el administrado de enterarse de tal decisión no basta
que se conteste en tiempo, sino que es necesario que se dé a conocer la decisión bajo el
10 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 6 de julio de 2018 dentro del radicado núm. 11001-
03-15-000-2018-00760-01(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 7 de marzo de 2013 dentro del radicado núm.
05001-23-31-000-1999-03676-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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procedimiento legal en vigor, en tanto el derecho de petición no se satisface si no se
garantiza y prueba que se ha enterado de lo resuelto al peticionario12. [Destaca la Sala]
Asimismo, para que se configure el silencio administrativo positivo, además de los
requisitos ya señalados, esto es, que en cuanto a la petición, recurso o gestión
presentada en tiempo y en debida forma por el administrado la administración no haya
emitido respuesta dentro del término legal o que, aun habiéndola emitido, no la haya
notificado conforme a las reglas aplicables; y que exista una disposición legal que
expresamente atribuya efectos positivos a dicho silencio en favor del administrado, es
necesario tener en cuenta que el artículo 85 del CPACA exige, además, que el interesado
proceda a protocolizar el silencio administrativo positivo en los siguientes términos:
Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo
La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que
establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o
copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido
notificada la decisión dentro del término previsto.
La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión
favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.
Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se
entenderá que ellos carecen de valor económico.
Ahora bien, en relación con el caso concreto, la apelante sostiene que, dentro del trámite
administrativo de expropiación del inmueble de su propiedad, operó el silencio
administrativo positivo como consecuencia de la indebida notificación de la Resolución
núm. 76862 del 13 de septiembre de 2016, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por la ahora demandante contra la Resolución núm. 23417 del 17
de marzo de 2016.
Al respecto, del análisis del expediente, la Sala encuentra que en el presente caso existe
una controversia en torno a la fecha en la que fue interpuesto por parte de la señora Diana
Patricia Calle el recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 23417 del 17 de
marzo de 2016. Este punto es importante para determinar si operó o no el silencio
administrativo positivo, pues como se señaló con anterioridad, la figura del silencio
administrativo se presenta presupuestando que la actuación del administrado fue
realizada en debida forma y tiempo.
La parte demandada sostiene que el recurso se presentó el 12 de septiembre de 2016,
mientras que la parte demandante alega que se presentó el 2 de septiembre de 2016.
Ambas partes allegaron al expediente digital documentos que soportan una y otra fecha.
Como se aprecia a continuación:
Documento de recurso de reposición Documento de recurso de reposición
allegado por la parte demandante allegado por la parte demandada
12 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de mayo de 2026 dentro del radicado núm. 08001-
23-33-000-2019-00441-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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En la sentencia apelada, el tribunal decidió, en aplicación del principio de buena fe,
otorgar mérito probatorio al documento y, por ende, tener por acreditada la fecha
sostenida por la parte demandante. Lo anterior, con fundamento en la siguiente
argumentación:
Partiendo del principio de la buena fe y dando credibilidad a la prueba documental y en
especial a la radicación del recurso de reposición del 2 de septiembre de 201647
interpuesto por la señora Diana Patricia Calle Calle en contra de la Resolución No. 23417
del 17 de marzo de 2016, la administración contaba con el término de diez (10) días
hábiles para pronunciarse respecto del mismo, los cuales vencían el 16 de septiembre de
2022.
La Sala acoge la argumentación del tribunal de primera instancia, en primer lugar, porque,
de los documentos que obran en el expediente, se advierte que el propio Municipio de
Itagüí manifestó desconocer la razón por la cual el documento allegado al expediente del
presente proceso contiene dos radicados, esto es, el radicado núm. 00339554 y un nuevo
radicado impuesto posteriormente, correspondiente al núm. 0040896. Lo anterior se
evidencia en las comunicaciones que se transcriben parcialmente a continuación:
• Documento del 14 de octubre de 2016 enviado por el secretario de infraestructura
del Municipio de Itagüí a el líder del Programa Atención al Ciudadano y Gestión
Documental del Municipio de Itagüí:
A la postre, siendo el día 12 de octubre de 2016, mediante la comunicación con radicado
No. 47247, el cual fue traslado a esta dependencia y recepcionado bajo el radicado interno
No. 1398 del mismo mes y año, la señora Diana Patricia Calle Calle, expresa sus
consideraciones con respecto a las actuaciones proferidas por este ente territorial en
conjunto con la EMPRESA DE DESARROLLO URBARNO -EDU-, anexando además
copia de la comunicación recibida en la Unidad de Correspondencia con radicado No.
0039554 del 02 de septiembre de 2016, que con sorpresa se avizora, es en realidad la
fecha en que se interpuso el recurso de reposición.
Para dilucidar un poco más lo hasta aquí expuesto, se debe concretar en que el supuesto
sobre el que se trabajó la respuesta al recurso de reposición y el posterior
pronunciamiento con respecto al silencio administrativo positivo se queda sin
sustento, pues al parecer, el recurso de reposición no se radicó ante este ente territorial
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el día 12 de septiembre, sino el día 02, mediante la comunicación con radicado No.
0039554.
De conformidad a lo expuesto, se precisa solicitarle, muy comedidamente, se sirva
aclarar los hechos que fundamentan esta comunicación, es decir, indicar cuál fue
la fecha real en la que se radicó el recurso de reposición, y, de encontrar que fue el
día 02 de septiembre, dar las explicaciones del porqué la misma no fue remitida a
esta dependencia para lo correspondiente, lo que a la postre, generará traumatismo en
el trámite que se adelanta en pro de la expropiación administrativa del inmueble
identificado al principio de la comunicación. [Destaca la Sala]
• Respuesta dada por el líder del Programa Atención al Ciudadano y Gestión
Documental del Municipio de Itagüí al oficio del 14 de octubre de 2016:
Como se dijo anteriormente, no se evidencia que el oficio con radicado No 39554 del 2
septiembre de 2016 y dirigido al Secretario encargado de Infraestructura, Dr. Oscar
Ignacio Espinal Rave, remitido por la señora Diana Patricia Calle Calle, cuyo asunto es un
"recurso de reposición contra un acto administrativo de expropiación"; haya sido registrado
en el módulo de archivo y correspondencia. Sin embargo, como se especifica en el
procedimiento PR-GD- 02 Procedimiento para la Gestión y Trámite de la Correspondencia
Recibida, la ciudadana se retira de la taquilla de la ventanilla única con el recibido
del oficio radicado No 39554 del 02 de septiembre hogaño.
Posteriormente, el oficio con radicado antes mencionado fue radicado nuevamente con el
radicado No 40896 del 12 de septiembre de 2016, encontrándose que fue tachado el
radicado anterior del 02 de septiembre y enviado a la Secretaria de Infraestructura
para su conocimiento. Es menester precisar que la ciudadana no fue notificada de
los cambios hechos por la responsable de la ventanilla única de correspondencia.
La oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, mediante oficio con radicado
No 15632 del 14 de octubre hogaño, le solicita a la servidora pública antes
mencionada, que dé explicaciones del caso por el procedimiento antes descrito.
A la fecha del presente oficio, la servidora pública no ha dado respuesta al requerimiento
antes mencionado.
Por último, se informa que mediante oficio con radicado número No 15767 del 19 de
octubre de 2016, se le comunicó del hecho anteriormente expuesto al Dr. Julio Cesar
Restrepo Líder de Programa de la Oficina de Control Interno Disciplinario (e), poniéndolo
en contexto de los hechos, para que sean valorados y si es del caso, iniciar la acción
pertinente. [Destaca la Sala]
Como se desprende de las comunicaciones transcritas, el Municipio de Itagüí no
controvierte que el documento hubiera sido radicado el 2 de septiembre de 2016. Por el
contrario, reconoce la existencia de irregularidades en el trámite de radicación, al indicar
que inició actuaciones disciplinarias contra una servidora pública por haber tachado el
número de radicado original y asignado uno diferente, sin justificación aparente. Incluso,
de manera expresa, señaló que «la ciudadana se retira de la taquilla de la ventanilla única
con el recibido del oficio radicado No. 39554 del 02 de septiembre hogaño». En
consecuencia, la entidad no desconoce que al documento le fue asignado dicho número
de radicado ni que este correspondiera a la mencionada fecha de recibo.
Asimismo, en el expediente obra la Escritura Pública núm. 13183 del 19 de septiembre
de 2016, en la cual el Notario Quince del Círculo de Medellín da fe de lo siguiente:
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Primero: Que en calidad de propietaria del 100% del bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria Nro. 001-563858 del municipio de Itagüí, presenta para su
protocolización como en efecto lo hace el RECURSO DE REPOSICIÓN DEL 02 DE
SEPTIEMBRE, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN Nro. 23417 DEL 17 DE MARZO DE
2016 “POR LA CUAL SE DISPONE EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE UN
INMUEBLE Y SU CONSTRUCCIÓN” [Destaca la Sala]
En ese sentido, la Sala encuentra que dentro del acervo probatorio obran elementos de
convicción que respaldan la versión sostenida por la parte demandante. Además del
principio de buena fe, la Sala considera que las pruebas allegadas permiten tener por
acreditado, como lo afirma la demandante, que dicho recurso fue radicado el 2 de
septiembre de ese mismo año. En consecuencia, la entidad demandada no desvirtuó de
manera suficiente los elementos probatorios que acreditan esta circunstancia.
Habiendo establecido que el recurso de reposición contra la Resolución núm. 23417 fue
presentado el 2 de septiembre de 2016, la Sala concluye que su interposición se efectuó
dentro del término legal. En efecto, el artículo 69 de la Ley 388 de 1997 dispone que
contra la decisión que decreta la expropiación procede el recurso de reposición y, para
efectos de su trámite e interposición, remite a las normas generales del procedimiento
administrativo. Si bien dicha disposición hace referencia al Código Contencioso
Administrativo, lo cierto es que, para la época en que se adelantó el procedimiento de
expropiación administrativa objeto de controversia, iniciado en el año 2015, ya se
encontraba vigente la Ley 1437 de 2011. Por consiguiente, en aquellos aspectos no
regulados por las normas especiales aplicables a la expropiación administrativa, resultan
aplicables las disposiciones del CPACA.
Según lo previsto en el artículo 76 del CPACA, el recurso de reposición debe interponerse
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo
correspondiente. En el presente caso, la Resolución núm. 23417 fue notificada a la
señora Calle el 22 de agosto de 2016, por lo que el término para recurrir se extendía
hasta el 5 de septiembre de ese año. Por consiguiente, toda vez que el recurso fue
radicado el 2 de septiembre de 2016, la Sala concluye que fue presentado en tiempo y
con observancia del plazo legal establecido para tal efecto.
Ahora bien, con la certeza de que el recurso fue interpuesto en tiempo, es necesario
establecer si en el presente caso procede el silencio administrativo positivo. Para esos
efectos, se deben revisar los requisitos señalados con anterioridad, es decir: i) que la ley
le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición o
recurso, ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene
efectos de silencio administrativo positivo; y iii) que la autoridad que estaba en la
obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal.
Respecto de los dos primeros requisitos, esto es, que la ley haya otorgado a la
Administración un plazo para resolver la petición o el recurso y que haya previsto
expresamente que el incumplimiento de dicho plazo produce los efectos del silencio
administrativo positivo, encuentra la Sala que, en efecto, esos supuestos se encuentran
previstos en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997:
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ARTÍCULO 69.- Notificación y recursos. El acto que decide la expropiación se notificará
al propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad
con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo a
partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido ese lapso no se ha
tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido
favorablemente. [Destaca la Sala]
Por lo tanto, se cumplen los dos primeros requisitos. Ahora bien, en relación con el tercer
requisito, esto es, que la autoridad obligada a resolver no lo haya hecho dentro del plazo
legal, recuérdese que, según la jurisprudencia de esta Sección, para que no opere el
silencio administrativo positivo, no basta con proferir la decisión dentro del término
establecido; también es necesario que, una vez expedido el acto administrativo, este sea
notificado al interesado de conformidad con las normas aplicables.
En cuanto al primer punto, se observa que el recurso fue interpuesto el 2 de septiembre
de 2016. Por consiguiente, la administración disponía hasta el 16 de septiembre de 2016
para resolverlo. Obra en el expediente prueba de que el Municipio de Itagüí se pronunció
sobre el recurso de reposición mediante la Resolución núm. 76862 del 13 de septiembre
de 2016. En consecuencia, la decisión fue adoptada dentro del término previsto en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997.
Por otro lado, respecto de la notificación de la Resolución núm. 76862 del 13 de
septiembre de 2016, se observa que la administración remitió la citación para notificación
personal el 19 de septiembre de 2016 y, posteriormente, notificó por aviso a la señora
Calle el 27 de septiembre de ese mismo año.
Para determinar si la notificación del acto administrativo se surtió en debida forma, debe
precisarse que la Ley 388 de 1997 no consagra un procedimiento especial de notificación
para este tipo de actuaciones. Por ello, resultan aplicables las disposiciones generales
previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En atención a que la administración realizó una citación para notificación personal, el
análisis de su validez debe efectuarse a la luz de lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del
CPACA.
ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio
más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha
diligencia se dejará constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior,
la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr001.html
ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación
personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de
aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren
en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
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del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de
destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del
acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro
del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación personal.
De las normas transcritas se desprende que, conforme al artículo 68 del CPACA, una vez
proferido el acto administrativo la administración cuenta con cinco (5) días para adelantar
el envío de la citación para notificación personal. Por su parte, el artículo 69 del CPACA
establece que, si al cabo de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación no se ha
surtido la notificación personal, esta se hará por medio de aviso. La norma no establece
de manera expresa un término para que la administración adelante la notificación por
aviso. No obstante, esta Sección, en recientes pronunciamientos, ha señalado que esta
debe realizarse al sexto día siguiente al envío de la citación para notificación personal,
con fundamento en la siguiente argumentación:
De este procedimiento se concluye que la notificación por aviso no es una opción o
escogencia de la administración, sino que es un procedimiento reglado, con fases
identificables y con términos perentorios, no solo para que la administración realice las
diferentes etapas, sino para que su cumplimiento permita que en caso de no poder
realizarse la notificación personal se entienda que el administrado ha sido enterado.
Así las cosas, la interpretación que ha de conferirse al artículo 69 del CPACA, en armonía
con el régimen especial del SAP en materia de servicios públicos y con los principios de
eficacia, celeridad y protección del usuario, es que la diligencia de notificación por aviso
no queda a discreción de la empresa prestadora del servicio público, pues dadas las
consecuencias jurídicas de su no respuesta oportuna, la notificación está inmersa en el
cumplimiento del deber de responder en tiempo, sin que se escude en la ausencia de un
plazo que así la obligue, pues su actuación debe ser inmediata concomitante al acto que
resuelve la PQR. […]
De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de notificación en relación con el envío del
aviso en los términos del artículo 69 del CPACA debe ser inmediato para garantizar el
derecho que surge respecto de las PQR que se tramitan ante las empresas de servicios
públicos. […]
Por ello, se concluye que el conteo que realizó la Superintendencia y que avaló el fallo de
primera instancia se gobierna bajo este entendimiento, solo que el Tribunal lo denominó
como “el sexto día” y la Superintendencia, además de señalar ese plazo, identificó
respecto de cada caso cuándo debió remitirse el aviso, todo lo cual, aunque con diferente
lenguaje, corresponde al día siguiente, criterio que atiende al concepto de inmediato que
la Sala analizó, sin que sean compatibles los criterios en que se funda la apelante13.
13 Consejo de Estado, Sección primera, Sentencia del 28 de mayo de 2026 dentro del radicado núm. 08001-
23-33-000-2019-00441-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Si bien los apartados transcritos se refieren al silencio administrativo positivo en materia
de servicios públicos, ello no es óbice para que, en el presente caso, que versa sobre la
expropiación administrativa y, más puntualmente, sobre la notificación del acto que
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que decreta la
expropiación, se acoja la conclusión según la cual el envío del aviso debe realizarse al
día siguiente de cumplirse los cinco (5) días previstos en el artículo 69 del CPACA para
que se surta la notificación personal luego de enviada la citación para notificarse.
Lo anterior, porque dicha interpretación del texto legal armoniza con principios
transversales del ordenamiento jurídico, como la eficacia y la celeridad. Además, no
resultaría compatible con el carácter perentorio de los términos procesales dejar a
discreción de la entidad estatal expropiante el envío del aviso mediante el cual se
entiende surtida la notificación del acto que decide el recurso de reposición contra el acto
administrativo que decreta la expropiación.
Lo hasta acá expuesto se resume de la siguiente manera:
Expedición del acto administrativo que decreta la expropiación
↓
El interesado cuenta con diez (10) días para interponer el recurso de reposición, de conformidad con el
artículo 76 del CPACA
↓
Si el recurso de reposición es interpuesto oportunamente, la administración dispone de diez (10) días
para resolverlo, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 388 de 1997
↓
¿se resolvió dentro de los 10 días?
↓ ↓
Si el acto administrativo que resuelve el Si el acto administrativo que resuelve el recurso de
recurso de reposición se profiere después de reposición se profiere dentro de los diez (10) días
vencido el término de diez (10) días contados siguientes a su interposición, dicho acto debe notificarse
desde su interposición, se configura el de conformidad con las reglas previstas en el CPACA.
silencio administrativo positivo previsto en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997.
↓ ↓
Protocolización del silencio administrativo Cuando no exista otro medio más eficaz para efectuar
positivo conforme el artículo 85 del CPACA la notificación, la autoridad cuenta con cinco (5) días,
contados a partir de la expedición del acto que resuelve
el recurso de reposición, para enviar la citación al
propietario del bien con el fin de que comparezca a
notificarse personalmente, conforme al artículo 68 del
CPACA.
↓
Una vez enviada la citación, el recurrente dispone de
cinco (5) días para comparecer y surtir la notificación
personal, de acuerdo con el artículo 69 del CPACA.
↓
Si transcurridos los cinco (5) días siguientes al envío de
la citación el propietario no comparece a notificarse
personalmente, la administración deberá efectuar la
notificación por aviso al día siguiente, esto es, al sexto
día, de acuerdo con el artículo 69 del CPACA.
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Acudiendo a los anteriores parámetros, la Sala establecerá si, en el caso sub judice,
operó el silencio administrativo positivo, debido a que la Resolución núm. 76862 de 13
de septiembre de 2016 fue notificada de manera indebida tal como lo propone la apelante.
Actuación Fecha máxima en la que Fecha en la que se realizó
se debía realizar la la actuación
actuación
Envió de citación para 20 de septiembre de 2016, 19 de septiembre de 2016.
notificarse personalmente esto porque se tenían 5
de la Resolución núm. días luego de expedida la
76862 del 13 de septiembre Resolución núm. 76862 del
de 2016. 13 de septiembre de 2016.
Notificación personal de la 26 de septiembre de 2016, La señora Calle no acudió a
Resolución núm. 76862 del es decir, 5 días siguientes a notificarse personalmente.
13 de septiembre de 2016, surtida la citación realizada
luego de enviada la citación el 19 de septiembre de
para notificarse. 2016.
Notificación por aviso de la 27 de septiembre de 2016, 27 de septiembre de 2016.
Resolución núm. 76862 del esto es el día
13 de septiembre de 2016. inmediatamente posterior a
cumplido el término
establecido en el artículo
69 del CPACA
Como se puede apreciar, el Municipio de Itagüí profirió y notificó en debida forma y dentro
del término legal el acto administrativo mediante el cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución núm. 23417 de 17 de marzo de 2016. Por lo tanto,
contrario a lo manifestado en el escrito de apelación, no operó el silencio administrativo
positivo.
Se advierte que la recurrente no formuló reparo alguno frente al contenido de la
Resolución núm. 76862 de 13 de septiembre de 2016. Por ello, de conformidad con el
principio de justicia rogada que gobierna la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
la Sala no emitirá pronunciamiento sobre el contenido material de dicho acto, por no haber
sido objeto de censura en el recurso de apelación.
Conforme todo lo anterior, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
5.4.2. Respecto del reparo relacionado con el análisis del a quo al avalúo aportado
con la demanda
La sentencia de primera instancia realizó el siguiente análisis del avalúo aportado en la
demanda:
Al proceso se aportó como prueba pericial el avalúo elaborado por la firma Francisco
Ochoa Avalúos S.A.S el 21 de abril de 2016114. Este dictamen obra a folios 223 a 242 y
fue el que aportó el demandante con el recurso de reposición […] considera la Sala que
el avalúo realizado por la firma Francisco León Ochoa Ochoa Avalúos S.A.S. no es
suficiente para desvirtuar el avalúo realizado por Valorar S.A. por lo siguiente:
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En el avalúo rendido por el perito Francisco León Ochoa Ochoa se tuvo en cuenta el
método de comparación o de mercado y el de capitalización de rentas o ingresos y al
explicar cómo se elaboró el dictamen dijo que la valoración se hizo teniendo en cuenta
seis locales comerciales de manera independiente como si estuvieran divididos
jurídicamente bajo reglamento de propiedad horizontal.
[…]
El avalúo no tuvo en cuenta que el predio no está sometido a régimen de propiedad
horizontal y que el valor del m2 no se hace de manera independiente (construcción y lote)
sino sobre el área útil, situación que si tuvo en cuenta Valorar.
De otra parte, se advierte que el avalúo se basó en precios de 2016, cuando el proceso
de expropiación inició en el 2015.
También se advierte que en el dictamen pericial no se tuvo en cuenta los valores de
arrendamiento que tuvo el inmueble para el momento de la expropiación, sino que se
comparó con otros inmuebles ubicaos en sectores diferentes al lugar de ubicación del
inmueble expropiado.
[..]
En esas condiciones, no puede ser tenido en cuenta el dictamen pericial antes citado
porque no reúne los requisitos consagrados en el artículo 219 del CPACA.
De los apartes transcritos se tiene que el a quo descartó que el avalúo aportado con la
demanda pudiera desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial realizado por
Valorar S.A., toda vez que encontró que aquel no cumplía con las normas aplicables. En
especial, consideró que, para efectuar el avalúo, se analizó el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 001-563858 como si estuviera sometido al régimen de
propiedad horizontal, cuando esa no era su situación jurídica; que se tomaron valores
correspondientes al año 2016, pese a que el avalúo oficial se realizó en 2015; y que, para
el estudio de mercado, se utilizaron como referencias inmuebles que no resultaban
comparables. La demandante, en su escrito de apelación, presentó argumentos en contra
de dichos señalamientos.
A continuación, la Sala evaluará si el peritaje presentado por la parte demandante cumple
con la normativa aplicable.
De manera preliminar, resulta oportuno reiterar que esta Sala ha sido constante en
señalar que el precio justo fijado en el acto administrativo de expropiación, en tanto se
integra al mismo acto que decide la expropiación administrativa, se encuentra amparado
por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos. Al respecto:
En todo caso, esta Sección también ha sostenido que el precio justo se encuentra
amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, al incorporarse el valor del avalúo oficial en el texto de los
actos que decretan la expropiación por vía administrativa. Por lo tanto, es obligación de la
parte demandante demostrar en el proceso judicial los errores que le atribuya a dicho
avalúo. En sentencia de 14 de septiembre de 2020, se expuso lo siguiente sobre el
particular:
“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que recae
sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los actos de la
administración; no basta entonces con que se argumente que los mismos no
cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la presunción de legalidad
y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte
demandante indique el defecto en que se ha incurrido y cuál es el impacto en el
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precio que se ofreció por la administración conforme las normas que regulan la
materia […]”14 .
Asimismo, se señala que esta Corporación ha sostenido en anteriores oportunidades que,
cuando el avalúo aportado por la parte demandante o el practicado dentro del proceso
no cumple con los requisitos legales exigidos para el avalúo oficial, esto es, los previstos
en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008, no se
constituyen como una prueba idónea que controvierta el peritaje oficial y, por
consiguiente, no se desvirtúa la presunción de legalidad que lo ampara. Al respecto:
Observa esta Corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de
la aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en
deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles
similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre
otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín
S. A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles
similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus
anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo
cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia
municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues
ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos
técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial
es equivocado, demostrando precisamente su incorrección.
Hecha esta acotación, es pertinente señalar, a juicio de la Sala, que los mismos
comentarios que se acaban de realizar frente al avalúo oficial, también pueden
hacerse extensivas a los avalúos practicados tanto por el evaluador FRANCISCO
OCHOA OCHOA como por la perita MARIA ESTHER VÉLEZ MUÑOZ, pues es
evidente que uno y otro adolecen de idénticas falencias.
[…]
Teniendo cuenta las falencias que quedan expuestas y ante la imposibilidad de dar
plena credibilidad a la prueba pericial practicada en el proceso en relación con el
justiprecio del inmueble expropiado, la Sala considera, al amparo de la sana crítica,
que el actor no logró desvirtuar en el proceso la corrección del justiprecio preparado
por la Subdirección de Catastro de Medellín. Por esa misma razón ha de concluirse
que el actor tampoco logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de marzo
de 2026, MP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 25000-23-41-000-2016-
00828-01. En la sentencia transcrita se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 14
de septiembre de 2020, radicación núm. 05001-2331-000-2007- 00419-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
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administrativos demandados que acogieron ese justiprecio, pues al no obrar en el
expediente ningún medio de prueba que permita demostrar que el avalúo fijado por la
administración fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad parcial
deprecada por el actor en lo relativo al precio indemnizatorio.
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral 6° del artículo 237 del C. de
P. C., en donde se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en
él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones". Esta
disposición consagra la necesidad de explicar por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que
se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes
puedan ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez, por su parte, pueda
valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.
El actor tenía la carga de demostrar la incorrección del avalúo oficial y acreditar la
corrección del justiprecio presentado por quien actuó como perito en el curso de la
primera instancia, cometido que no se logró en el asunto sub examine.
Por todo lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de primer grado, en el sentido
de revocar la condena impuesta al Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con
el pago de las sumas pretendidas en relación con el valor indemnizatorio del
inmueble15. [Destaca la Sala]
Conforme a lo expuesto, la Sala coincide con la conclusión alcanzada por el a quo en
cuanto a que el avalúo aportado por la parte demandante no cumple las exigencias
técnicas y normativas que le resultaban aplicables, particularmente las previstas en la
Resolución 620 de 2008. En efecto, del examen del dictamen se advierten deficiencias
metodológicas que impiden otorgarle mérito probatorio suficiente para desvirtuar el
avalúo oficial que sirvió de fundamento a la indemnización reconocida. Tales
inconsistencias se exponen a continuación.
En primer lugar, el avalúo allegado por la demandante indicó que, para determinar el valor
del inmueble objeto de expropiación, se emplearon los métodos de comparación o
mercado y de capitalización de rentas o ingresos. Así se desprende de los siguientes
apartados del dictamen:
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo
de 2009 dentro del radicado núm. 05001-23-31-000- 2005-03509-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta. Reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 31 de julio de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón.
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La Sala encuentra que, en la aplicación del método de capitalización de rentas, se
incumplió lo establecido en la Resolución núm. 620 de 2008. En primer lugar, porque se
desconoció que el artículo 16 de dicha resolución establece que, para determinar los
probables ingresos o rentas generados durante la vida remanente del bien objeto de
avalúo, deben investigarse y contemplarse exclusivamente contratos que generen
ingresos en inmuebles comparables y que hayan sido suscritos, por lo menos, con un
año de anterioridad a la fecha del avalúo:
ARTÍCULO 16. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS. Es
necesario realizar la investigación de los contratos que regulen la posibilidad de
generar rentas o ingresos, tales como los de arrendamiento, para bienes comparables y
deben tenerse en cuenta aspectos tales como:
1. Que dichos contratos tengan menos de un (1) año de suscritos.
2. Que el canon de arrendamiento no sobrepase los topes legales.
3. Que los montos relacionados con el pago de servicios públicos y las cuotas de
administración, no se incluyan en el cálculo correspondiente para la aplicación del método.
4. Los arrendamientos a comparar deben referirse a inmuebles que tengan rentas de
acuerdo con la norma de uso del terreno o de las construcciones.
5. Las rentas a tener en cuenta para el cálculo del valor comercial de la propiedad deben
estar asociadas exclusivamente al inmueble y no a la rentabilidad de la actividad
económica que en él se realiza.
6. La tasa de capitalización (i) utilizada en este método debe proceder de la relación
calculada entre el canon de renta y el valor comercial de las propiedades similares al
inmueble objeto de avalúo, en función del uso o usos existentes en el predio y de
localización comparable.
El avalúo aportado con la demanda no efectuó una investigación de contratos de
arrendamiento que contaran con al menos un año de antigüedad al momento de su
celebración. Por el contrario, para la elaboración del estudio de mercado de
arrendamientos se apoyó en ofertas de inmuebles publicadas en páginas web. Esta
circunstancia se evidencia en los anexos que acompañan el referido documento, en los
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cuales se observa que la muestra empleada corresponde a avisos u ofertas de
arrendamiento y no a contratos efectivamente suscritos que permitieran verificar las
condiciones reales del mercado.
Por otro lado, la Sala encuentra que la forma en que se empleó el método de mercado
también fue equivocada. Téngase en cuenta que el artículo 10 de la Resolución núm. 620
de 2008 establece que, en los casos en que el bien inmueble no esté sometido al régimen
de propiedad horizontal, el valor del terreno y el de la construcción deben analizarse de
manera independiente. Así lo dispone la norma:
ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario
que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo
la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del
terreno y la construcción deben ser analizados en forma independiente para cada
uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor
por metro cuadrado de área privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o
de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis.
El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 001-563858, objeto de
expropiación, no estaba sometido al régimen de propiedad horizontal, circunstancia que
imponía la necesidad de determinar de manera independiente el valor del terreno y el de
las construcciones. Sin embargo, de las conclusiones contenidas en el avalúo aportado
con la demanda se advierte que el avaluador no efectuó dicha diferenciación, pues señaló
lo siguiente:
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De acuerdo al área o tamaño de los locales de la muestra y los locales del predio objeto
de peritaje (40 en promedio cada uno), hay diferencias de tamaño las cuales
homogeneizamos dado que, para este tipo de locales, es más valioso por m2 un local
pequeño que un local de área mayor. Para la muestra analizada se aplicaron castigos que
oscilan entre un 3% y un 15%.
El rango de valores homogenizados por metro cuadrado para locales comerciales
investigados, de las transacciones comparables de mercado, varía entre $3,015,478 y
$3,669,375 con un promedio de $3,302,482, una desviación estándar de $231,399, que
genera un coeficiente de variación del 7,01%.
Así las cosas, se adopta un valor promedio por metro cuadrado de local de $3'302.482,
que multiplicado por el área de los locales de 205.48m2, arroja un valor total de
$678,593,985. [Destaca la Sala]
En consecuencia, se tiene que el avaluador incumplió el artículo 10 de la Resolución 620
de 2008, toda vez que no efectuó una valoración diferenciada del terreno y de las
construcciones.
Con lo hasta aquí expuesto, y como ya se había puesto de presente, se concluye que el
a quo acertó al establecer que el avalúo aportado con la demanda no podía ser tenido en
cuenta para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial, toda vez que no aplicó
en debida forma los métodos valuatorios establecidos en la Resolución núm. 620 de
2008. En ese sentido, se mantiene la presunción de legalidad de la Resolución núm.
23417 del 17 de marzo de 2016 y de la indemnización allí establecida.
Por consiguiente, la Sala no encuentra que exista incertidumbre alguna respecto del valor
comercial del inmueble que dé lugar al decreto de una prueba de oficio para esclarecer
dicho valor, tal como lo solicitó la parte apelante.
Asimismo, en este punto, se observa que, en el recurso de apelación, la parte
demandante señaló lo siguiente:
la precedente decisión desconoce de manera tajante frente a un caso de similares
características en el cual, el avalúo presentado fue desestimado precisamente por NO
haber tenido en cuenta las circunstancias particulares de los locales comerciales; aspecto
que fue cumplido a cabalidad en el presente trámite judicial, lo cual contraría el principio
de coherencia de las decisiones y la interpretación exegética de la RESOLUCIÓN 620 de
2008, generando un limbo jurídico y un yerro interpretativo con relación a las dos
circunstancias fácticas.
Al respecto se extrae de manera textual lo estipulado a través de sentencia del 11 de
febrero de 2019 M.P. ÁLVARO CRUZ RIAÑO, radicado 0500123330002013095200.
La Sala no profundizará en dicho reparo. En primer lugar, porque la demandante no
desarrolló una carga argumentativa suficiente que permitiera establecer que el proceso
con radicado 0500123330002013095200 y el presente asunto comparten supuestos
fácticos y jurídicos de tal entidad que obligaran al tribunal a justificar una decisión distinta
entre uno y otro caso. En segundo lugar, porque, conforme a lo expuesto, se advierte
que, con independencia de precedentes o posturas previas del tribunal, el avalúo
aportado con la demanda no cumplía las exigencias previstas en la normativa aplicable.
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36
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00435-01
Demandante: Diana Patricia Calle
Demandado: Municipio de Itagüí y Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Por consiguiente, el a quo decidió conforme a derecho al concluir que dicho dictamen
carecía de la entidad necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el
avalúo oficial.
Finalmente, la Sala pone de presente que la apelante en su recurso no puso de presente
ningún otro elemento probatorio que pudiere desvirtuar la presunción de legalidad del
avalúo oficial realizado por Valorar S.A. y, por tanto, al no haberse desvirtuado la validez
técnica ni jurídica de los avalúos oficiales que sirvieron de fundamento para establecer el
monto de la indemnización, la Sala concluye que este cargo tampoco está llamado a
prosperar.
5.5. Condena en costas
La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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