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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00441-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00441-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de 26 de julio de 2024, proferida por la SECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, la cual quedará así: “SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial, en el sentido, de que tanto la multa impuesta, como el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, recae sobre 48 casos, de los cuales, se excluyen los siguientes: Caso Radicado Usuario Código Radicado Fecha de petición y/o petición y/o recurso recurso 3 20178200257 Pedro 5929818 RE 22 de febrero 752 Cabrera 112020201601622 de 2016 1267 20178200793 Viviana 7670815 RE 20 de 512 Álvarez 2230201605591 diciembre de 65 En razón a que prosperaron 8 casos de los que integran uno de los 6 cargos de la apelación. 66 El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez PODRÁ ABSTENERSE de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […]”. 67 Corresponde al caso 4 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó el Tribunal a quo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 103 Número único de radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01 Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2016/10 de enero de 2017 1768 20178200794 Jorge Estrada 266795 RE9520201609587 05 de 902 diciembre de 2016/29 de diciembre de 2016 2069 20178200795 Gloria Rosiris 6984289 RE 24 de marzo de 532 Corpos 9510201709771 2017/05 de mayo de 2017 2270 20178200801 Julio César 6952351 RE3131201601102 7 de diciembre 862 Rojas de 2016/5 de enero de 2017 23 20178200808 Lucila Daza 5601230 RE 26 de abril de 812 3340201701733 2017 - 22 de mayo de 2017 2771 20178200819 Enrique 2060695 RE1170201709003 17 de marzo de 912 Rosado 2017/12 de abril de 2017 31 20178200852 Yenis Salcedo 1148141 RE 30 de marzo de 722 33140201701252 2017 - 11 de abril de 2017 33 20178200903 María Estrada 6883803 RE 7 de julio de 722 1210201707580 2017 34 20178200904 Marcela 2318871 RE 26 de mayo de 752 Gamero 1180201720504 2017 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2019-00441-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIODECONTROLDENULIDADY RESTABLECIMIENTODELDERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

TESIS: CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRA
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.
PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES FRENTE A
UNA MISMA ACTUACIÓN Y EMPRESA. REQUISITOS PARA LA
RESPUESTA VERBAL EN MATERIA DE PETICIONES DE SPD.
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO, PROCEDENCIA Y
OPORTUNIDAD. EL ALLANAMIENTO RESPECTO DE LAS
INFRACCIONES EN LAS QUE INCURRE UNA EMPRESA DE SPD NO
ELIMINA LA CONDUCTA INFRACTORA, PERO PUEDE SER UN
ATENUANTE DE LA SANCIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLA LAS
EXIGENCIAS PREVISTAS CON TAL FIN. RECURSOS PROCEDENTES
EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. REGLA
GENERAL Y EXCEPCIÓN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
ALCANCE DEL RÉGIMEN POSTAL EN MATERIA DE SPD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de la parte demandante y demandada contra la

sentencia de 26 de julio de 2024, proferida por la SECCIÓN “C” DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO 1 , que accedió

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

parcialmente2 a las pretensiones formuladas.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN3, por conducto

de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

• CPACA 4 , promovió demanda tendiente a obtener las siguientes

declaraciones:

“[…] IV. PRETENSIONES:

1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante
el artículo 1 de la Resolución SSPD-20188000013595 del
2018-02-20.

2
Al respecto es oportuno mencionar que la sentencia decidió: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad
parcial del artículo 1° de la Resolución SSPD-20188000013595 del 20 de febrero de 2018 y
del artículo 1° de la Resolución SSPD-20198000004295 del 26 de febrero de 2019, por medio de las
cuales, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, sancionó, en la modalidad
de multa, en seiscientos veinte (620) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a
cuatrocientos ochenta y cuatro millones trescientos setenta mil cuarenta pesos ($484.370.040), a la
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN), por
incurrir y no reconocer el silencio administrativo positivo en 62 casos, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del artículo 3° de la Resolución SSPD-
20198000004295 del 26 de febrero de 2019, en el sentido, de que tanto la multa impuesta,
como el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, recae sobre 56
casos, de las cuales, se excluyen los siguientes casos:[…]
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
se MODIFICA el monto de la sanción impuesta, mediante la Resolución SSPD-20198000004295 del
26 de febrero de 2019, reduciéndola a quinientos sesenta (560) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, lo cual corresponde, a cuatrocientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y cinco
mil quinientos veinte pesos ($437.495.520), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
CUARTO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas […]”.
3
En adelante Electricaribe.
4
En adelante CPACA.

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3

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2. Que se declare la nulidad de la sanción modificada por el
artículo primero de la Resolución SSPD-20198000004295 del
2019-02-26.

3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante
el artículo tercero de la Resolución SSPD-20198000004295
del 2019-02-26 en relación a (sic) la multa, únicamente en
cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución SSPD-
20188000013595 del 2018-02-20.

4. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que
ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta
mediante los actos administrativos previamente mencionados.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

Solo en caso de que el despacho estime que las anteriores
pretensiones principales no prosperan, solicito que de manera
subsidiaria se declare:

1. Que el valor de la sanción el cual corresponde a
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS ($484.370.040
M/L) sea atenuado por parte del Despacho, teniendo en cuenta
que la empresa se allanó en los casos correspondientes a los
NIC 2257889, 2260192, 2059160, 7716021, 5338315,
3826718, 2031029, 2198851, 2202730, 5339865, 5844725,
5853541, 1061973, 2060695, 1083116, 7525683, 2317083,
6556952, 6914681, 2205008, 7703254, 6554292, 6533220,
5355170, 4130630, 2009194, 3810423, 5888906, 2272671,
4322538, 4535127, 7597592, 1164677 […]”.

1.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Como hechos de la demanda, la actora adujo, en síntesis, los

siguientes:

Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS5 adelantó en su contra múltiples investigaciones

5
En adelante la Superintendencia.

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4

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administrativas por la presunta configuración de silencio

administrativo positivo (SAP)6 en la atención de peticiones, quejas y

reclamos de sus usuarios.

Agregó que en desarrollo de dicho trámite la Superintendencia

acumuló 102 investigaciones, por la presunta ocurrencia del silencio

administrativo positivo, de las que concluyó, con la Resolución SSPD-

20188000013595 de 20 de febrero de 2018, que 88 de tales

peticiones se configuraba la conducta infractora, de ahí que le haya

impuesto una multa de $639.055.730, con fundamento en el artículo

81 de la Ley 142 de 11 de julio de 19947.

Informó que contra dicha decisión interpuso recurso de

reposición, en el que adujo, entre otros aspectos: i) la indebida

acumulación de investigaciones; ii) errores en la apreciación de la

prueba en relación con las fechas de respuesta y de notificación; iii)

que no se tuvo en cuenta que se allanó a las pretensiones de varios

usuarios y que corrigió errores de facturación y/o de atención; iv)

que cumplió los requisitos de notificación personal y por aviso,

conforme al artículo 69 del CPACA; y v) que se le vulneró el derecho

de defensa al no permitirle la interposición del recurso de apelación.

6
En adelante SAP.
7
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.

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5

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Anotó que a través de la Resolución SSPD-20198000004295 de

26 de febrero de 2019 la Superintendencia resolvió el recurso de

reposición, en la que modificó parcialmente la decisión inicial en

el sentido de ajustar el monto de la multa a $ 484.370.040 y

mantuvo la conclusión de que se había configurado el SAP en

perjuicio de los usuarios, pero los restringió a los 62 casos allí

señalados.

En relación con los casos particulares respecto de los cuales se

plantean los reproches, la Sala los organiza por tema e identifica los

usuarios que indica la empresa demandante, conforme se identifica

a continuación:

Reproche Identificación de usuarios Explicación
Hizo reconocimientos de los Ha debido tenerse en cuenta
reclamos frente a la Usuario para denegar la configuración
facturación y a la atención de Luis Martínez del SAP o como circunstancia
las PQR radicadas por un Gamaliel de la Cruz atenuante para la graduación
grupo de usuarios Denzi González de la sanción.
Karina Mendoza
Mercedes Yepes
Carmen Mercado
Jonathan Bayona
Jayler Gravier
Teobaldo de la Rosa
Iván Ochoa
Víctor Acosta
Luis Francisco Ascanio
Santiago González
Roberto Polo
Leonel Bueno
Yuris Jiménez
Ludis Sánchez
Laureano Meza
Luis Charris
Luis Matute
Lesbia Quiroz
Wilson Flórez
Luis Miranda
Karol Salcedo
Iván Florian
Isabel Díaz
Isaac Bolaños
Magola Quintana

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6

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Reproche Identificación de usuarios Explicación
Marlene Otero
Aidee Mora
Margarita Vélez
Manuel Vega
Irregularidad o Con fundamento en la
extemporaneidad de la Usuario interpretación del artículo 69
notificación por aviso de las Yackeline Pérez del CPACA, no había lugar a
decisiones que resolvían las Raynaldo Sabalza declarar el SAP, por cuanto
PQR Jesús Alfonso esta norma no prevé un
Viviana Álvarez término perentorio para tal
Jorge Luis Leones efecto.
Jorge Estrada
Jhony Noriega
Gloria Rosiris Corpos
María Meza
Julio César Rojas
Sergio Mauricio Bedoya
Enrique Rosado
Carlos Navarro
Luis Fernando Martínez
Lizardo Falcón
Keiner Badillo
Luz Campo
Mónica Vertel
Niovides Gutiérrez
Consideró que la SSPD no Esto, en relación con el
cumplió con los requisitos de Usuario examen de la respuesta a las
la Ley 1369 de 30 de Ingrid Peña Camargo peticiones verbales.
diciembre de 2009 8 ; y que Jonathan Tamayo Polo
aplicó de manera indebida el
Decreto 1166 de 19 de julio de
20169.
Cumplió con el envío de la Pese a que consideró que no
citación para notificación por Usuario se configuró el SAP según la
aviso a algunos usuarios, de Lucila Daza parte motiva, se confirmó la
forma incongruente con lo Yenis Salcedo sanción sin causa aparente
cual determinó la Pedro Cabrera
configuración del SAP. María de las Mercedes Estrada
Marcela Gamero
Luis Alejandro Bastida
Los actos administrativos Comoquiera que no se
fueron expedidos por un Usuario concedió el recurso de
Delegatario Jahir Cabrera apelación, los actos son nulos
Rafael Martínez
Ligia Valencia

1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como disposiciones vulneradas, la empresa actora invocó los

artículos 29 de la Constitución Política; 81, 113 y 158 de la Ley 142;

69 y 72 del CPACA; y el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 22 de

8
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.”
9
“Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente”.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

febrero 201710.

Para tal efecto, indicó que los actos acusados están viciados de

nulidad con fundamento en los siguientes cargos:

1.3.1.- LA SSPD INCURRIÓ EN INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
PROCESOS AL SANCIONAR A LA EMPRESA ELECTRICARIBE

Al respecto, señaló que la Superintendencia acumuló 102

investigaciones por SAP; y que al finalizar la actuación administrativa

la sancionó por 62 de esos asuntos, sin que el ordenamiento jurídico

la autorice para la acumulación de dichos procesos.

Indicó que cada una de las reclamaciones y recursos interpuestos

por los usuarios se fundan en hechos y acontecimientos diferentes,

que se vinculan a suministros individuales del servicio de energía

eléctrica, de manera que las pretensiones y los efectos jurídicos que

se derivan para cada usuario son particulares y distintos, por lo que

las pruebas aportadas en cada expediente difieren unas de otras,

todo lo cual exige un estudio autónomo que impide una única

decisión acumulada sin afectar la individualización del análisis y la

motivación.

10
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”

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1.3.2.- LA SANCIÓN IMPUESTA A ELECTRICARIBE SE BASÓ EN
UNA NORMA DECLARADA INEXEQUIBLE MEDIANTE LA
SENTENCIA C-092 DE 2018

Adujo que la Superintendencia confirmó la multa impuesta en el

acto sancionatorio, con fundamento en el artículo 208 de la Ley 1753

de 9 de junio de 201511, disposición que modificó el artículo 81.2 de

la Ley 142 de 1994, el cual se declaró inexequible por la Corte

Constitucional mediante la Sentencia C-092 de 2018.

Afirmó que de acuerdo con la doctrina constitucional sobre la figura

de la reviviscencia normativa, la declaratoria de inexequibilidad de

una norma que derogó o modificó otra anterior no implica

automáticamente que esta última recobre vigencia, salvo que así lo

disponga la Corte Constitucional, de manera expresa, en la sentencia

de control de constitucionalidad; o que tras un juicio de ponderación,

entre la supremacía de la Carta y la seguridad jurídica, se justifique

explícitamente la reincorporación de la norma derogada.

Sostuvo que en la Sentencia C-092 de 2018, la Corte Constitucional

se limitó a declarar la inexequibilidad del artículo 208 de la Ley 1753

de 2015, sin efectuar estudio alguno de reincorporación del derogado

artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 ni pronunciarse sobre su

eventual vigencia, motivo por el cual debe entenderse que dicha

11
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

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disposición no revivió la norma anterior y, en consecuencia, no podía

ser utilizada como parámetro para sustentar la sanción ni para

graduar la multa impuesta.

1.3.3.- LA SANCIÓN IMPUESTA A ELECTRICARIBE SE BASÓ EN
UN DECRETO QUE NO SE ENCONTRABA VIGENTE PARA
CUANDO SE COMETIERON LAS INFRACCIONES MATERIA DE
SANCIÓN

Adujo que al momento de tasar y determinar el monto de la sanción

la Superintendencia utilizó como argumento principal que en el

Decreto 281 de 22 de febrero de 2017, se fijaron los criterios y la

metodología para graduar y calcular las multas por infracciones

relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

Indicó que los hechos materia de investigación ocurrieron

principalmente en el año 2016 y comienzos del 2017, esto es, antes

de la entrada en vigor del Decreto 281 de 2017, de manera que su

aplicación en el trámite sancionatorio resultaba improcedente, salvo

que se hubiese justificado expresamente su uso a título de norma

más favorable para el infractor.

1.3.4.- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍAN
FUNDARSE. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE
LAS FALTAS Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
3° DEL CPACA. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO NO
SURGE POR YERROS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIÓN

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Adujo que los actos acusados infringen el principio de legalidad de

las faltas y de las sanciones previstas en el artículo 3° del CPACA,

porque la Superintendencia dio por configurado el SAP con base

en defectos en la notificación de las respuestas a las PQR (envío

tardío del aviso, ausencia de publicación, falencias en el uso del

servicio postal, etc.), sin que estos eventos estén previstos en la ley

como causa de la infracción.

Anotó que el artículo 158 de la Ley 142 circunscribe el SAP en

materia de servicios públicos al incumplimiento del plazo para dar

respuesta a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios; esto

es, a la falta de decisión de fondo por parte de la empresa, la cual

no depende de las irregularidades posteriores que surjan por la

forma en cómo se comunica esa decisión al interesado.

1.3.5.- EL CONSEJO DE ESTADO CONSIDERA QUE NO EXISTE
UN TÉRMINO PARA EL ENVÍO DEL AVISO. ESTE PODRÁ
ENVIARSE LUEGO DE QUE HAYAN TRANSCURRIDOS MÁS DE
CINCO DÍAS DESDE EL ENVÍO DE LA CITACIÓN

Adujo que la Superintendencia los sancionó en los casos “[…] 5, 6,

7, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 48, 49, 54 y 62 […]”, por no haber

enviado al día 6 las notificaciones por aviso a los usuarios, lo cual

contraviene la jurisprudencia de la SECCIÓN PRIMERA del Consejo

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de Estado12 que, en su sentir, “[…] reconoció y dio las pautas de que

el aviso se debe enviar cuando transcurran más de cinco días

después de haber enviado la citación, pero en ningún momento

menciona ni obliga a que este deba enviarse exactamente al día

Sexto como lo pretende la Superintendencia […]”.

1.3.6.- ELECTRICARIBE ENVIÓ EL AVISO TENIENDO EN
CUENTA LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, ECONOMÍA Y
CELERIDAD

Insistió en que no era obligatorio enviar la notificación por aviso en

un día determinado, sino actuar conforme a los principios de eficacia,

economía y celeridad.

Reiteró que los actos administrativos cuestionados exigen que el

aviso se elabore y envíe el mismo día, lo cual, a su juicio, es

desproporcionado, máxime cuando la norma no establece un

término para el envío de este.

Sostuvo en que una simple interpretación gramatical del artículo 69

del CPACA muestra que el término de cinco días alude

exclusivamente al plazo del usuario para comparecer a notificarse

personalmente y no al término para el envío del aviso, de modo que

12
Se apoya en la sentencia de 3 de diciembre de 2018, proferida dentro del expediente 18001-23-23-
002-2015-002010-01. M.P. Oswaldo Giraldo López. (Se revisó el radicado y no se halló proceso que
concordara con el número suministrado).

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

la Superintendencia no podía exigir un día preciso para remitirlo

ni derivar de ello la configuración del silencio administrativo positivo.

1.3.7.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL NO TENER EN
CUENTA QUE ELECTRICARIBE DIO RESPUESTA Y NOTIFICÓ
PERSONALMENTE A LA USUARIA DE MANERA VERBAL POR
VÍA TELEFÓNICA

Señaló que en los casos correspondientes a los usuarios Yenis

Salcedo, Ingrid Peña y Jonathan Tamayo, la Superintendencia

concluyó que la empresa no había probado la notificación de la

respuesta a las reclamaciones, pese a que en los descargos y en el

recurso de reposición obran pantallazos del sistema OPEN S.G.C. en

los que se registró que los usuarios fueron informados verbalmente,

por vía telefónica, del sentido desfavorable de la decisión, lo cual

resultaba procedente de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 142.

1.3.8.- LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN AL
CONCLUIR QUE ELECTRICARIBE NO CUMPLIÓ CON EL ENVÍO
DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN AL NO CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA LEY 1369 DE 2009

Adujo que en los casos de las señoras Lucila Daza y Yenis Salcedo la

Superintendencia afirmó que no cumplió con los requisitos de la

Ley 1369 para el uso del servicio postal, por lo que dio por no

probado el envío del aviso de notificación y declaró configurado el

silencio administrativo positivo.

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Sostuvo que esa conclusión es falsamente motivada, porque en el

expediente obran guías de correo, planillas y constancias de los

operadores postales que acreditan el envío del aviso, de modo que

la entidad de control no podía desconocer dichas pruebas ni erigir

supuestos incumplimientos formales de la Ley 1369 para imponer la

sanción, habida cuenta que esta norma no es la que regula la

notificación por aviso.

1.3.9.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL MOMENTO DE
SANCIONAR

Señaló que respecto de las peticiones de los usuarios Pedro Cabrera,

María Estrada, Marcela Gamero y Luis Bastida, existe una

incongruencia debido a que en la parte motiva de la resolución que

resolvió el recurso de reposición reconoció que no se configuró el

SAP, pero en la parte resolutiva mantuvo la sanción frente a estos

casos.

Adujo que esa incongruencia entre la motivación y la decisión pone

de manifiesto que fue sancionada por hechos que la propia autoridad

consideró no acreditados o subsanados, lo que, a su juicio, evidencia

una actuación arbitraria.

1.3.10.- DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO AL NO CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 142 DE 1994

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Sostuvo que la Superintendencia desconoció su derecho al debido

proceso, porque los actos sancionatorios fueron expedidos por un

funcionario delegado, evento en el cual el artículo 113 de la Ley 142

prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación ante el

superior jerárquico.

Adujo que pese a esa previsión legal, en el trámite sancionatorio solo

se concedió y decidió el recurso de reposición sin que la entidad le

otorgara la posibilidad de interponer y sustentar la apelación.

1.3.11.- LA SUPERINTENDENCIA SANCIONÓ SIN TENER EN
CUENTA QUE LOS VICIOS EN LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NO GENERAN NI LA INEXISTENCIA NI LA
INVALIDEZ DE ESTOS

Manifestó que la Superintendencia declaró configurado el SAP y la

sancionó bajo el argumento de las deficiencias en la publicación de

sus decisiones en la página web de la empresa, cuando las

eventuales irregularidades en la publicidad, insiste, no producen ni

la inexistencia ni la invalidez del acto administrativo, sino que

afectan su oponibilidad frente a terceros.

1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SUPERINTENDENCIA no contestó la demanda, pese a haber

sido notificada en debida forma.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 26 de julio de 2024, el TRIBUNAL accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda, debido a que

determinó que de los 62 casos por los cuales la Superintendencia

había sancionado a la actora debían excluirse 6, y, en

consecuencia, redujo la multa a 560 SMLMV, esto es, a

$437.495.520.

Para tal efecto, sintetizó y resolvió los cargos de la demanda así:

2.1.- ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

Consideró que no podía endilgarse nulidad a los actos acusados por

la acumulación de las investigaciones, pues en aplicación de los

principios que rigen la función administrativa las autoridades deben

buscar que los procedimientos logren su finalidad, removiendo los

obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias,

dilaciones o retardos, saneando las irregularidades que se

presenten, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos,

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la

efectividad del derecho material objeto de la actuación.

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2.2.- DE LA INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 208 DE LA LEY
1753

Adujo que si bien, mediante sentencia C-092 de 2018, la Corte

Constitucional declaró inexequible el artículo 208 de la Ley 1753, no

se establecieron efectos retroactivos para esa decisión.

Indicó que el acto administrativo sancionatorio fue expedido antes

de que se profiriera la sentencia C-092 de 2018, de manera que la

Superintendencia no estaba obligada a considerarla debido a que

no se había proferido.

Añadió que pese a que el segundo acto administrativo acusado sí se

expidió luego del fallo de constitucionalidad, este planteamiento no

constituyó un argumento del recurso de reposición de la sociedad

actora lo que hacía improcedente esta alegación en sede judicial, en

razón a que se sorprende con un nuevo argumento a la

administración.

2.3.- VIGOR DEL DECRETO 281 DE 2017

Afirmó que la demandante se limitó a resaltar que los hechos

investigados ocurrieron en el año 2016, antes de la expedición del

Decreto 281 de 2017, sin plantear un reparo adicional.

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Precisó que, en todo caso, dicho decreto sí se encontraba vigente al

momento de proferirse las resoluciones demandadas, además de

que su contenido se limitó a fijar los criterios y la metodología para

graduar y calcular las multas, por lo que la fecha de ocurrencia de

los hechos no impedía utilizarlo como referente para la dosimetría

sancionatoria.

2.4.- ALLANAMIENTO DE CARGOS Y ATENUACIÓN DE LA
SANCIÓN

Consideró que el “allanamiento” solo opera, según el Decreto 281 de

2017, como circunstancia atenuante cuando el infractor adopta

medidas para reparar los perjuicios y colabora con el esclarecimiento

de los hechos, de ahí que no constituya causal de nulidad ni de

exoneración automática de la responsabilidad endilgada.

Añadió que la sociedad actora no acreditó, ni en sede administrativa

ni judicial, actos concretos de reconocimiento del SAP ni de

reparación a los usuarios, por lo que concluyó que este cargo no

estaba llamado a prosperar.

2.5.- DE LOS YERROS EN LA NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
DE LAS RESPUESTAS A LA PQR

Sostuvo que los vicios en la notificación de las respuestas dadas a

los usuarios sí pueden dar lugar al SAP, por tratarse de un trámite

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reglado que no queda al arbitrio de la administración; y porque la

norma es clara en cuanto a que el aviso debe enviarse el día sexto,

contado a partir el envío de la citación.

Advirtió que, una vez emitida la respuesta, la empresa tiene hasta 5

días para enviar la citación al usuario para que concurra a la

notificación personal, frente a lo cual este dispone de 5 días para

presentarse; y que al sexto día, si no comparece, se surte la

notificación por aviso.

2.6.- DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 1369

Indicó que la demandante cuestionó el hecho de que la

Superintendencia determinara que se configuró SAP en los casos

23 y 31 relativos a las usuarias Lucila Daza y Yenis Salcedo, por

considerar que la prueba de entrega del aviso no cumplió con los

requisitos de la Ley 1369.

Advirtió que en el acto en el que se resolvió la reposición interpuesta

contra la resolución sancionatoria, la propia Superintendencia

aceptó que si bien se probó la entrega de las respuestas dadas a los

usuarios, en ella no se evidenció la identificación, el nombre y la hora

de quien recibió el envío.

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Con apoyo en el artículo 3° de la Ley 1369 sobre servicio de

mensajería expresa y sus características, concluyó que dicha

regulación se refiere exclusivamente al régimen de los servicios

postales, no al trámite de notificación por aviso del artículo 69 del

CPACA, ni tampoco impone obligaciones específicas a una empresa

de servicios públicos de energía para surtir tales diligencias.

Por lo anterior, encontró fundado el cargo y estimó improcedente

exigirle a Electricaribe el cumplimiento de la Ley 1369 de 2009 en

los casos 23 y 31.

2.7.- DECRETO 1166 DE 2016

Recordó que la inconformidad se refirió a los casos de los usuarios

Ingrid Peña Camargo y Jonathan Tamayo Polo, en los cuales la

empresa alegó haber dado respuesta verbal, vía telefónica, a

peticiones presentadas también de forma verbal, con fundamento en

el Decreto 1166 de 2016.

Agregó que el artículo 15 del CPACA facultó al Gobierno para regular

las peticiones verbales, motivo por el cual y con fundamento en el

Decreto 1166 de 2016 refirió que cuando se presenten y radiquen

peticiones bajo tal modalidad se siguen en lo pertinente los

requisitos previstos en aquel código y, por lo tanto, las respuestas

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verbales deben darse en los plazos legales, dejando constancia

expresa de la respuesta en el correspondiente registro.

A partir de ello, el Tribunal señaló que la sanción en los casos

aludidos se impuso porque no se probó la existencia de respuesta

alguna a las peticiones, más allá de los registros internos del sistema

de la empresa, razón que justificó la no indebida aplicación del

Decreto 1166 de 2016, por lo que declaró infundado este cargo.

2.8.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA LOS ACTOS ACUSADOS

Expuso que si bien los servicios públicos se rigen por la Ley 142, el

tema de la delegación administrativa se reglamenta por la Ley 489

de 29 de diciembre de 199813, cuyo artículo 12 prevé que contra los

actos del delegado proceden los mismos recursos que contra las

decisiones del delegante.

Adujo que, en ese orden de ideas, comoquiera que contra los actos

del Superintendente solo procede el recurso de reposición, contra las

decisiones que profieran sus delegados de igual forma solo procede

dicho mecanismo de impugnación.

13
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.

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2.9.- DE LA INCONGRUENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN

En relación con el caso del usuario Pedro Cabrera, advirtió que en la

parte considerativa de la Resolución SSPD-20198000004295 de 26

de febrero de 2019, la propia Superintendencia reconoció que no

se había producido el silencio administrativo positivo, pero, pese a

ello, en el acápite en el que relacionó los casos en los que no

revocaba la sanción mantuvo ese registro.

Respecto de los usuarios María de las Mercedes Estrada, Marcela

Gamero y Luis Alejandro Bastida, resaltó que al resolver el recurso

de reposición la Superintendencia afirmó en la parte motiva que

las notificaciones personales y por aviso se habían efectuado de

manera correcta, incluso en cumplimiento de la Ley 1369 de 2009;

no obstante, en la decisión final mantuvo la conclusión de que se

había configurado el SAP y conservó la sanción frente a esos

expedientes.

Con base en lo anterior, el TRIBUNAL consideró que se configuró

una incongruencia entre lo probado y lo decidido que quebrantó

las garantías constitucionales de la demandante, y por ello acogió el

cargo, lo que devino en la declaratoria de nulidad parcial de las

resoluciones y, por ende, excluyó esos cuatro casos del conteo de

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investigaciones que daban lugar a la multa.

En conclusión, el Tribunal declaró fundados los cargos de la demanda

referidos al uso de la Ley 1369, identificados como los casos 23 y 31

y a los 4 eventos antes referidos; y lo demás, consideró ajustada a

derecho la actuación de la Superintendencia y la configuración del

SAP en los casos restantes, de modo que mantuvo la sanción.

En consecuencia, recalculó con base en 56 casos y no en 62, lo que

condujo a una reducción del valor de la multa. Frente a lo demás,

denegó las pretensiones de la demanda.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

3.1.- ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

Solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, para lo

cual formuló los siguientes reproches:

3.1.1.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

Insistió en que el artículo 36 del CPACA solo permite acumular

documentos y diligencias de una misma actuación; y que el Tribunal

erró al equiparar su alcance al del artículo 29 del CCA, que admitía

la acumulación de actuaciones distintas con el mismo efecto.

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Sostuvo que las 62 investigaciones no versaron sobre el mismo

asunto, en tanto se identificaron diversos aspectos objeto de la

investigación, tales como: la falta de respuesta, notificación

extemporánea, defectos en el aviso, aplicación de la Ley 1369 o

fallas en la publicidad, de manera que cada caso requería un estudio

individualizado de pruebas y de configuración del SAP.

Añadió que, al concentrar en Barranquilla asuntos originados en

diferentes dependencias territoriales, la Superintendencia también

desconoció las reglas de competencia por territorio, previstas en

el artículo 156 del CPACA, y restringió el acceso a la justicia de la

empresa y de los usuarios, configurándose así una vulneración del

debido proceso administrativo que, en su criterio, imponía la nulidad

de los actos.

3.1.2.- NOTIFICACIÓN VERBAL, DECRETO 1166 DE 2016 Y
VALORACIÓN PROBATORIA

En relación con los casos que enumeró como 50 y 57, relativos a los

usuarios Ingrid Peña Camargo y Jonathan Tamayo Polo, anotó

que la Superintendencia desconoció el Decreto 1166 de 2016 que

permite resolver peticiones de forma verbal, cuando estas son

elevadas de la misma forma.

Alegó que, de acuerdo con las capturas de pantalla del sistema OPEN

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S.G.C., se acreditó que a estos usuarios que radicaron verbalmente

su petición se les dio respuesta y se les notificó verbalmente vía

telefónica, lo cual está autorizado por el artículo 2.2.3.12.4. del

Decreto 1166 de 2016 y por las condiciones del contrato de servicios.

3.1.3.- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL CPACA
SOBRE EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO

Reiteró que en los casos enumerados en la demanda bajo los

números 5, 6, 7, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 38, 41, 48, 49,

54 y 62, la Superintendencia aplicó erróneamente el artículo 69

del CPACA al concluir que se establece un término perentorio para el

envío del aviso.

Sostuvo que el texto del artículo 69 del CPACA no fija un día exacto

ni un plazo cerrado para enviar el aviso, puesto que lo que prevé es

que “si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los

cinco (5) días” desde el envío de la citación, por lo que, a su juicio,

el término de cinco días se refiere al plazo del usuario para

notificarse personalmente y no para el envío del aviso, que no está

expresamente regulado.

3.1.4.- ALLANAMIENTO A CARGOS

Señaló que en la actuación administrativa se allanó a las peticiones

de los usuarios en los casos que enumeró como 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11,

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13, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59 y 61.

Argumentó que con el allanamiento subsanó la situación que dio

lugar a la investigación y se configuró la carencia actual de objeto

por hecho superado; y que, además, dicha situación debió tenerse

en cuenta para la atenuación de la sanción en los términos del

artículo 2.2.9.5.3. del Decreto 281 de 2017.

3.1.5.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO
SANCIONATORIO

Insistió en relación con los casos 35, 36 y 39 que la

Superintendencia debió conceder la oportunidad para recurrir en

apelación las sanciones cuestionadas, además de que no era

aplicable el artículo 12 de la Ley 489, porque esta norma solo cumple

el requisito de ser posterior, pero no el de ser especial frente a la

Ley 142, que es la que regula específicamente los servicios públicos

domiciliarios.

3.2.- LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Precisó que el recurso se dirige exclusivamente en lo relacionado

a los 6 casos que justificaron la declaratoria de nulidad parcial que

adoptó la providencia recurrida. Solicitó mantener incólumes los

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actos acusados en su integridad.

Indicó que, en materia de servicios públicos, cuando se ejercita el

derecho de petición y con ello se activa la ocurrencia del SAP no

basta con expedir la respuesta dentro del término de 15 días, sino

que esta debe ser notificada en debida forma.

Adujo que conforme con los artículos 68 y 69 del CPACA, la citación

para la notificación personal debe enviarse dentro de los cinco días

siguientes a la expedición del acto; y si al cabo de los cinco días,

desde ese envío, no se logra la notificación personal esta debe

surtirse por aviso.

Destacó que el aviso debe remitirse inmediatamente después de

vencidos los cinco días, esto es, en el día sexto, no antes, porque se

reduciría el plazo del usuario para notificarse personalmente; ni

después, porque quedaría al arbitrio de la empresa el momento de

la notificación.

Afirmó que la Ley 1369, sobre correo postal, no sustituyó el régimen

del CPACA en lo que concierne a la notificación por aviso; pero que

cuando la empresa decide utilizar un operador de mensajería

expresa para enviar citaciones o avisos, se somete a las reglas que

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gobiernan ese campo.

Sostuvo que, en el caso concreto, las constancias aportadas por

Electricaribe no cumplieron con el rigor mínimo exigible para tener

por acreditado el envío y la entrega del aviso; y que, por ello, resulta

válido acudir a los parámetros de la Ley 1369 para valorar la prueba

de notificación en los expedientes cuestionados.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación se admitieron por auto de 20 de

septiembre de 2024 y en razón a que no se solicitaron pruebas en

esta instancia, el Despacho conductor se abstuvo de correr traslado

para alegar.

El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.

Posteriormente, y atendiendo a la solicitud de las partes el Despacho

conductor, por auto de 22 de noviembre de 2024, DECRETÓ la

suspensión del proceso desde el 22 de noviembre y hasta el 19 de

diciembre de ese año.

El 27 de noviembre de 2025, la Sala de esta Sección resolvió no

conceder la solicitud de prelación para fallar el asunto de la

referencia, bajo el entendido de que la empresa demandante no tiene

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el carácter de una entidad de carácter público.

Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sala rechazó por improcedente

el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de no conceder

la prelación.

La apoderada de la empresa demandante radicó memorial el 9 de

marzo de 202614, en el que solicita dar aplicación al artículo 2715 de la

Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma que permite agrupar por

temáticas los recursos de apelación pendientes de decisión; y que, en

consecuencia, los demás radicados que identifica en su escrito16, a

cargo de la Sección, se decidan de manera simultánea.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del

CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el

artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la

14
Registro índice 46 SAMAI. Expediente Digital.
15
“[…] Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo,
aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las
consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de
manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos […]”
16
En total son 34 expedientes, distribuidos en los 4 Despachos que integran la Sección Primera.

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Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer

del asunto de la referencia.

5.2.- CUESTIÓN PREVIA

La apoderada de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.-, en memorial de 9

de marzo de 2026, solicita dar aplicación a la figura de la agrupación

temática, prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria 2430 de

2024, que adicionó el artículo 74J al Capítulo VII de la Ley 270 de

1996, habida cuenta que: i) se tramitan varios expedientes que se

encuentran pendientes de decisión ante esta Sección; ii) la

competencia de la Corporación es para resolver los recursos de

apelación formulados contra fallos de primera instancia; y iii) en

dichos procesos se cuestiona la legalidad de los actos sancionatorios

que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

en contra de la demandante al resolver las solicitudes de quejas que

sus usuarios presentaron por el no reconocimiento del silencio

administrativo positivo.

Para resolver, se tiene que la Ley Estatutaria 2430 de 2024 permite

resolver de manera agrupada aquellos asuntos que coincidan en su

temática, por lo que la Sala examinará si en desarrollo de esta norma

habilitante, la que autoriza proferir fallos sin sujeción al orden de

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ingreso cronológico, es posible su aplicación en el caso bajo examen.

La norma prevé:

“[…] ARTÍCULO 74J. AGRUPACIÓN TEMÁTICA. Las altas
cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar
temáticamente los procesos para fallo, aunque los
expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las
normas procesales. Las consideraciones del primer fallo
podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser
expedidos de manera simultánea, sin sujeción al orden
cronológico de turnos […]”.

Cabe señalar que esta norma fue declarada exequible por la Corte

Constitucional 17 , en cuyo estudio sostuvo que esta medida de

“AGRUPACIÓN TEMÁTICA” pretende reducir el desgaste del aparato

judicial al reiterar el contenido de las reglas de decisión que resulten

aplicables a los asuntos que comparten identidad en el

planteamiento de la controversia, de ahí que permita que: i) a partir

de una decisión se resuelvan varios casos de forma simultánea,

mediante la reiteración y ii) se expidan fallos al mismo tiempo,

según convenga18, con garantía del principio de autonomía de los

jueces, en los términos de la norma superior que lo prevé19. Así lo

explicó la Corte:

“[…] 1037. Por otro lado, la Sala encuentra que el segundo
fragmento del artículo 27, por medio del cual se propone la
posibilidad de que los JUECES PUEDAN reiterar las

17
Sentencia C-134-23 de 3 de mayo de 2023. La Corte Constitucional efectuó la revisión de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara (acumulado con los proyectos
de ley 430 y 468 de 2020 Cámara) - 475 de 2021 Senado y declaró CONSTITUCIONAL este artículo.
M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Esto por cuanto la Corte se refiere a situaciones en la que esta figura no sería procedente.
19
“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial”.

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consideraciones de un fallo que agrupó causas similares y
fallar los casos agrupados de manera simultánea, cumple
con la Carta Política. La primera medida, la posibilidad de
reiterar los fallos con temas agrupados, permite racionalizar
el trabajo de los despachos judiciales, maximizar los recursos a
disposición de los jueces y salvaguardar el principio de seguridad
jurídica al otorgarle a los ciudadanos certeza jurídica sobre cómo
serán fallados los casos con temas similares. La Sala tampoco
encuentra opuesto a la Constitución la medida de que los jueces
puedan expedir fallos al mismo tiempo, pues es una
decisión de trámite que garantiza la materialización del
derecho al debido proceso, ya que se promueve la emisión
de una decisión judicial sin dilaciones […]”.

Comoquiera que concurren en el caso bajo examen los presupuestos

para dar aplicación a dicha figura, la Sala acoge la solicitud de la

parte actora, bajo el entendido de que a través de este fallo se fijarán

los planteamientos que podrán ser reiterados en los demás procesos

que la Sala identifique como posibles de agrupar bajo este modelo

de decisión.

Identificada esta coincidencia, resulta procedente alterar el sistema

de turnos, con el fin de garantizar la racionalización y evacuación de

estos asuntos.

Bajo estas consideraciones, procede la Sala a examinar los recursos

de apelación planteados en el presente caso.

5.3.- LOS ACTOS ACUSADOS

Corresponden a los artículos primero de la Resolución SSPD-

20188000013595 de 20 de febrero de 2018; y primero y tercero

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de la Resolución SSPD-20198000004295 de 26 de febrero de 2019,

que señalan:

5.3.1.- RESOLUCIÓN SSPD-20188000013595 DE 20 DE
FEBRERO DE 2018

“[…]RESOLUCIÓN SSPD-20188000013595 DEL 2018-02-20
Expediente No. 2017820390400112E

Por la cual se resuelve una investigación por Silencio
Administrativo
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
[…]

I. HECHOS

Que se radicaron Ciento Dos (102) quejas ante esta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales
fueron radicadas con los números relacionados en las casillas
“RADICADO SAP" del cuadro que a continuación se registra, por
los usuarios que se detallan en el mismo cuadro, contra la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., por el
presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142
de 1994 (Silencio Administrativo Positivo- SAP), respecto de
las solicitudes en ejercicio de derecho de petición elevadas y
radicadas en sede de la prestadora y que se relacionan a
continuación, por lo que solicita se impugna la sanción a
que haya lugar y se ordene reconocer los efectos del
silencio administrativo positivo.

[…] En mérito de lo anterior, esta Superintendencia después de
analizar la documentación obrante dentro de cada uno de los
expedientes, encontró mérito para abrir investigación formal
contra la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.,
identificada con el Nit No. 80200767086, por lo que procedió a
proferir auto apertura de indagación y pliego de cargos para
cada una de las ciento dos (102) solicitudes por Silencio
Administrativo Positivo, los cuales reposan en cada
expediente; por la presunta violación del artículo 158 de la ley
142 de 1994, entre tanto, dichos autos fueron debidamente
notificados a la prestadora, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1437 de 2011, tal y como consta dentro de los

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expedientes.

Que observándose que tales expedientes contienen un fondo
similar en cuanto a instancia procesal, actuación procesal,
relación íntima, efecto, que cada una de ellas están
relacionadas por los mismos hechos y teniendo en
cuenta que, el estado actual de las investigaciones se
halla en término para proferir fallo; este Despacho
mediante auto de acumulación No. 20178200024046 del
15 de agosto de 2017, ordenó acumular en una sola
actuación administrativa las ciento dos (102)
investigaciones por silencio administrativo positivo
impetradas por los usuarios relacionados anteriormente,
contra la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.,
con el fin que sean resueltas mediante una misma decisión
administrativa dentro del expediente 2017820390400112E de
la solicitud SAP No 20168201335812 de fecha 2016-12-14, por
ser este el primero que se recibió en esta
Superintendencia, el cual fue debidamente comunicado
a la empresa conforme comunicación anexa al
expediente.

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN en la modalidad de
MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P., identificada con NIT 8020076706, consistente en
OCHOCIENTOS DIECISIETE (817) SALARIO(S) MINIMO(S)
LEGAL(ES) MENSUAL(ES) VIGENTE(S) equivalente a la suma
de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO
CENTAVOS ($639,055,730.00), la cual se hará efectiva en el
término de 10 DIAS hábiles, contados a partir de la ejecutoria
de esta Resolución, dentro de las diligencias impetradas por los
usuarios relacionados en el cuadro No. 8 del presente acto; lo
anterior, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
Resolución.

Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en cheque. El
Prestador deberá acreditar el pago de la multa dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto
administrativo.

[...]

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO de las
CATORCE (14) investigaciones por silencio administrativo

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positivo -SAP-, relacionadas en el cuadro No. 7 del presente
acto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el reconocimiento de los
efectos del Silencio Administrativo Positivo, respecto de cada
una de las pretensiones contenidas en las OCHENTA Y
OCHO (88) peticiones señaladas en el cuadro No. 8 del
acápite de análisis del caso del presente acto, atendiendo a
las consideraciones expuestas.

ARTÍCULO CUARTO: DESESTIMAR el reconocimiento de los
efectos del silencio administrativo positivo, respecto de las
CATORCE (14), peticiones señalas en el cuadro No. 7, del
acápite de análisis del caso del presente acto, atendiendo a las
consideraciones expuestas.

ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR fallar los recursos de apelación,
referente a los única (sic) (01) radicado enunciado en el TITULO
XI, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta decisión.

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR el expediente a la oficina de control
interno disciplinario de la empresa ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. E.S.P., para los fines a que haya lugar, conforme
con lo señalado en el artículo 48 numeral 35 de la Ley 734 de
2002.

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido
de esta resolución, a los DIECISIETE (17) usuarios
relacionados, el cuadro No. 3 del presente acto, quienes pueden
ser citados y/o ubicados en la dirección de correspondencia
registrada por los mismos en la respectiva solicitud de
investigación por silencio administrativo positivo, haciéndole
entrega de una copia de la misma; y en caso de no poderse
surtir la notificación personal, procédase a la notificación por
aviso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011. De igual forma en el evento de existir
autorización expresa para efectuar la notificación por correo
electrónico, se procederá conforme lo establece el artículo 67
del CPACA a la dirección electrónica que reposa en el
expediente virtual.

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el contenido de
esta resolución JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO en calidad
de APODERADO de la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P. o quien haga sus veces, quien para el efecto puede ser
citado en la CARRERA 55 No. 72 - 109 PISO 7 de
BARRANQUILLA-ATLANTICO, haciéndole entrega de una copia
de la misma; y en caso de no poderse surtir la notificación

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personal, procédase a la notificación por aviso, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De
igual forma en el evento de existir autorización expresa de la
prestadora para efectuar la notificación por correo electrónico,
se procederá conforme lo establece el artículo 67 del CPACA a
la dirección electrónica que reposa en el expediente virtual de
la investigación.

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el contenido de esta
resolución, a los OCHENTA Y CINCO (85) usuarios relacionados,
el cuadro No. 4 del presente acto, quienes pueden ser citados
y/o ubicados en la dirección de correspondencia registrada por
los mismos en la respectiva solicitud de investigación por
silencio administrativo positivo.

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución sólo procede
el Recurso de Reposición ante la Directora General Territorial,
el que deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución rige a
partir de la fecha de su notificación […]”.

En la Resolución SSPD-20188000013595 de 20 de febrero de 2018,

la Superintendencia resolvió la investigación administrativa

adelantada contra Electricaribe, con ocasión de 102 quejas

radicadas por el presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley

142 de 1994, SAP, en el trámite de peticiones presentadas por

usuarios del servicio.

En los antecedentes del acto, se indica que a partir de esas 102

quejas la Superintendencia abrió investigación formal y profirió

auto de apertura de indagación y pliego de cargos individual para

cada solicitud del SAP, por la presunta violación del artículo 158

ibidem. Posteriormente, ordenó la acumulación de todos los

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expedientes en una sola actuación administrativa, para verificar

identidad de sujeto vigilado, homogeneidad fáctica y procesal, así

como coincidencia en el estado de las investigaciones.

Con fundamento en el estudio del material probatorio y de los

descargos presentados por la empresa frente a cada caso, la

entidad concluyó que Electricaribe sí incurrió en silencio

administrativo positivo en 88 de las 102 peticiones analizadas, por

infracción al artículo 158 de la Ley 142, en la medida en que no dio

respuesta en debida forma y dentro del término legal, o bien no

surtió correctamente las actuaciones de notificación de la respuesta,

en los términos del CPACA y de la regulación especial de servicios

públicos.

En la parte motiva se precisó que esas 88 solicitudes se relacionan

en el denominado cuadro 8 del acápite de análisis del caso, en el que

se identifican, para cada radicado de SAP, el usuario respectivo, los

datos de la petición y la “causal” concreta por el cual se configuró el

silencio administrativo positivo.

Las conductas reprochadas se agrupan, en esencia, en los siguientes

supuestos: i) falta absoluta de respuesta a la petición; ii) respuestas

emitidas de manera extemporánea; iii) irregularidades en la

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notificación personal de la respuesta y, iv) deficiencias en la

notificación por aviso, tales como: a) envío extemporáneo del aviso

y b) elaboración del aviso sin los requisitos exigidos por el artículo

69 del CPACA y por la Ley 1369.

En consecuencia, en el artículo 1° del acto en cita, la

Superintendencia impuso a Electricaribe una sanción en la

modalidad de multa equivalente a 817 salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

5.3.2.- RESOLUCIÓN SSPD-20198000004295 DE 26 DE
FEBRERO DE 2019, ARTÍCULO PRIMERO Y TERCERO

“[…] RESOLUCIÓN No. SSPD - 20198000004295 DEL 2019-
02-26 Expediente No. 2017820390400112E
Por la cual se decide un Recurso de Reposición
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

En ejercicio de sus facultades, en especial las que le confiere
el artículo 79 numeral 25 y articulo 158 de la Ley 142 de
1994, subrogado por el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996;
la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015: y la
Resolución SSPD No. 20161000065165 del 09 de diciembre de
2016, modificada y aclarada por la resolución SSFD No.
20181009130235 del 06 de noviembre de 2018 y

[…] XI. DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO

Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá a
REVOCAR el reconocimiento de los efectos del silencio positivo
en favor del(a) usuario(a), concedidos en la resolución
recurrida, respecto de las investigaciones sobre las cuales no
se halló probada transgresión a las disposiciones del artículo

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158 de la Ley 142 de 1994, y que, para el caso, se encuentran
relacionadas en el Título VII Cuadro No. 7 del presente acto.

De igual manera, se procederá a CONFIRMAR el reconocimiento
de los efectos del silencio administrativo positivo, respecto de
las investigaciones sobre las cuales no hubo mérito para
desestimar la sanción impuesta en la resolución recurrida, y
que, para el caso, corresponderían a los radicados relacionados
en el Título VIII – Cuadro No. 8 del presente acto.

XII. - DE LA DECISIÓN

En consecuencia, se MODIFICA la Resolución SSPD No.
20188000013595 del 2018-02-20, por medio de la cual esta
territorial impuso sanción en la modalidad de MULTA a la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Concerniente en OCHOCIENTOS DIECISIETE (817) SMLMV,
equivalente a la suma de ($639.055.730.00), y en su lugar, se
dispone reducir dicha multa en CIENTO NOVENTA Y SIETE
PUNTO NOVENTA Y NUEVE SMLMV (197.99 SMLMV) que
corresponde al valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA PESOS ($154.685.690), quedando así la nueva
sanción en la modalidad de MULTA en SEISCIENTOS VEINTE
(620) SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES) MENSUAL(ES)
VIGENTE(S) al año 2018 fecha en la que se expidió la resolución
sanción, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS
($484,370,040.00). expidió la resolución sanción, por un valor
de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA PESOS
($484,370,040.00).

En mérito de lo expuesto, este despacho:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución SSPD No.
20168000013595 del 2018-02- 20, por medio de la cual esta
territorial impuso sanción en la modalidad de MULTA a la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Concerniente en OCHOCIENTOS DIECISIETE (817) SMLMV,
equivalente a la suma de ($639.055.730.00), y en su lugar, se
dispone a reducir dicha multa en CIENTO NOVENTA Y SIETE
PUNTO NOVENTA Y NUEVE SMLMV (197.99 SMLMV) que
corresponde al valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA PESOS ($154.685.690), quedando así la nueva
sanción en la modalidad de MULTA en SEISCIENTOS VEINTE
(620) SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES) MENSUAL(ES)

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VIGENTE(S) al año 2018 fecha en la que se expidió la resolución
sanción, por un valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL
CUARENTA PESOS ($484,370,040.00), de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en cheque. El
Prestador deberá acreditar el pago de la multa dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto
administrativo.

[...] ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo Tercero de
la Resolución SSPD - 20188000013595 del 2018-02-20, y en
su lugar, se ordena desestimar el reconocimiento de los
efectos del silencio administrativo positivo, respecto de las
investigaciones relacionadas en el Título VII - cuadro No.
7 de la parte motiva.

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR tanto la MULTA, así como el
respectivo RECONOCIMIENTO DE EFECTOS, de las demás
sesenta y dos (62) investigaciones por silencio
administrativo positivo, sobre las cuales no se halló mérito para
modificar o revocar la sanción impuesta en la resolución
recurrida, y que se encuentran debidamente relacionadas
en el Título VI - cuadro No. 8 del presenta acto
administrativo […]”.

A través de la resolución en mención, la Superintendencia decidió

el recurso de reposición interpuesto por Electricaribe contra la

Resolución SSPD-20188000013595 de 20 de febrero de 2018.

Para tal efecto, la entidad examinó caso por caso y los agrupó para

su estudio, del cual concluyó: i) respecto de 26 casos que no se

acreditó la transgresión del artículo 158 de la Ley 142, frente a las

cuales se revocó el reconocimiento del SAP; y ii) de los demás,

mantuvo la decisión respecto de la cual identificó que la empresa

incumplió su deber de resolver y notificar las respuestas a los

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usuarios.

En tal sentido, la Superintendencia modificó su decisión inicial y

ajustó la dosimetría de la sanción, para lo cual redujo la cuantía y

fijó el valor definitivo en 620 SMLMV, esto es en $484,370,040, en

relación con 62 casos.

5.4.- PROBLEMAS JURÍDICOS

A partir de los reproches planteados por las partes demandante y

demandada en los recursos de apelación, corresponde a la Sala

resolver si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia,

para lo cual se ocupará, por razones metodológicas de decidir las

censuras planteadas, en el siguiente orden: i) si procedía acumular

las 102 investigaciones por SAP a pesar de los diferente motivos que

surgieron para su configuración; ii) si debe considerarse cumplida la

notificación verbal respecto de las peticiones de los señores Ingrid

Peña Camargo y Jonathan Tamayo Polo, las cuales se radicaron de

esta manera; iii) si se cumplió el procedimiento y los términos

fijados por la norma para efectuar la notificación por aviso respecto

de las peticiones a cargo de la empresa de servicios públicos en los

18 casos identificados; iv) si el allanamiento a las solicitudes durante

la investigación administrativa por parte de la actora da lugar a tener

esta situación en su favor y reducir la sanción; v) si contra el acto

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sancionatorio procedía el recurso de apelación; y vi) si procedía la

nulidad parcial de los actos acusados en relación con los seis (6)

casos en lo que se halló no configurado el silencio administrativo

positivo, cargo que planteó la entidad accionada.

Para resolver estos planteamientos, la Sala identificará previamente

el marco jurídico en el que se funda la ocurrencia del silencio

administrativo positivo en materia de servicios públicos.

5.5.- MARCO NORMATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el

derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener

pronta resolución.

En desarrollo de este mandato, el ordenamiento prevé un

procedimiento y también regula los plazos y términos con los que

cuenta la administración para responder las solicitudes que

presentan los administrados, so pena de las consecuencias jurídicas

que operan por la inactividad de la autoridad frente a dicha

obligación.

De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como

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una presunción o ficción legal según la cual transcurrido un

determinado plazo sin que la administración resuelva la petición, y

cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la

solicitud ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla

general, o en sentido estimatorio, en los casos expresamente

previstos en la legislación.

En relación con el régimen de servicios públicos domiciliarios, el

legislador aprobó que en ejercicio del derecho de petición que les

asiste a los usuarios, opera la figura del silencio administrativo

positivo - SAP.

En efecto, la Ley 142 estableció como cláusula esencial del contrato

de servicios públicos que el suscriptor o el usuario pueden presentar

ante la empresa prestadora peticiones, quejas y recursos

relacionados con la ejecución del contrato.

De ahí que a las empresas les corresponde obligatoriamente tener

una oficina de peticiones, quejas y recursos encargada de recibir,

tramitar y responder las solicitudes verbales o escritas que formulen

los usuarios, suscriptores y/o los suscriptores potenciales en relación

con el servicio que estas prestan.

Así lo prevén los artículos 153 y 154 de la referida Ley 142:

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"[…] Artículo 153. De la oficina de peticiones y
recursos. Todas las personas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de
recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten
los usuarios, los suscriptores o los suscriptores
potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.

Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las
peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.
Las peticiones y recursos serán tramitados de
conformidad con las normas vigentes sobre el derecho
de petición.

Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas
decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan
las reclamaciones por facturación debe interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la

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superintendencia […]”.

En este contexto, el artículo 158 20 de la Ley 142 establece la

ocurrencia del silencio administrativo positivo para las peticiones

y recursos que no sean resueltos dentro del término de quince (15)

días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, al

disponer que, vencido ese plazo, salvo que se demuestre que el

suscriptor o usuario auspició la demora o que era necesaria la

práctica de pruebas, se entiende que hubo una decisión favorable

para la solicitud del peticionario o del recurrente.

En el mismo sentido, el artículo 123 21 del Decreto 2150 de 5 de

diciembre de 199522 establece que toda entidad o persona vigilada

por la Superintendencia tiene la obligación de resolver las

peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o

20
“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y
peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en
forma favorable a él”.
21
“ARTÍCULO 123.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo,
contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene
la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se
requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma
favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al
suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el
peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto.
PARÁGRAFO.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de
"petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que
presente un suscriptor o usuarios […]”.
22
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.

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usuarios en desarrollo del contrato de servicios, dentro de un

término de quince días hábiles contados a partir de su

presentación.

También prevé este precepto que en caso de que no se resuelva

la PQR dentro de las setenta y dos horas siguientes al vencimiento

del término, la entidad prestadora deberá reconocer al suscriptor

o usuario los efectos del silencio administrativo positivo; y si no lo

hace, el interesado podrá acudir ante la Superintendencia para que

se impongan las sanciones a que haya lugar y se adopten las

decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto

presunto.

En este orden, se tiene que en materia de servicios públicos la no

respuesta oportuna a la PQR deriva en una presunción legal

favorable para el usuario, lo que permite concluir que la ocurrencia

del silencio positivo surge por no resolver en oportunidad la petición

y/o recurso.

Ahora, este silencio también se configura cuando pese a contestarse

en tiempo la PQR, no se notifica bajo las normas del CCA o del

CPACA, habida cuenta que es la notificación la que permite enterar

al usuario o suscriptor del sentido en que se resolvió su petición,

queja o recurso, lo cual está reglado por estas codificaciones,

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conforme se sostuvo en la sentencia de 3 de mayo de 2018, así23:

“[…] se observa con claridad que el legislador estableció que en
materia de servicios públicos domiciliarios, las empresas
prestadoras cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles
para RESOLVER las peticiones, quejas y recursos, so pena
que se entienda que éstos fueron resueltos
favorablemente, lo que sin duda alguna constituye una
garantía para el administrado, la cual fue fortalecida en el
sentido de imponer a la empresa prestadora la
obligación de reconocer el acto ficto “(d)entro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del
término de los quince (15) días hábiles”, sin que la norma
especial prevea para tal efecto un trámite adicional,
obligación que de no cumplirse habilita al peticionario
para que acuda a la superintendencia, a fin de que
imponga las sanciones correspondientes, “sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto”.

[…] en el caso de autos la [norma] aplicable (artículo 123
del Decreto Ley 2150 de 1995) hace alusión a “resolver”,
la Sala estima que una interpretación sobre un asunto
tan sensible y excepcional, como el hecho de entender
que el silencio de la administración equivale a que
accede a lo solicitado, debe acompasarse con la realidad,
esto es, al hecho de que las entidades requieren de un
tiempo razonable para resolver de fondo y manera
congruente las peticiones y para NOTIFICAR la
respuesta atendiendo las normas que establecen plazos
y procedimientos que deben surtirse, los cuales deben
interpretarse de manera lógica, útil y armónica con los
términos para la configuración del silencio
administrativo positivo.

En ese orden de ideas, frente al caso concreto de un lado se
tiene que el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995
prevé un plazo de 15 días hábiles PARA RESOLVER las
peticiones, quejas y recursos en materia de servicios
públicos domiciliarios, y por otro, que el artículo 159 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689

23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión.
Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00474-01. Actor:
Industria Nacional de Gaseosas S.A. – INDEGA S.A. Demandado: Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda
Instancia. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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de 2001, establece que las respuestas correspondientes
se NOTIFICARÁN “en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo”.

Ahora bien, según el anterior código las decisiones que ponen
fin a una actuación administrativa se notifican
personalmente, para lo cual el artículo 44 prevé que se
enviará una citación al interesado “dentro de los cinco (5)
días siguientes a la expedición del acto”, a fin de que acuda a
la entidad y se notifique de la decisión. Asimismo, se tiene
que el artículo 45 del mismo estatuto señala que si no
pudiere llevarse a cabo la notificación personal al cabo
de los 5 días del envió de la notificación, la
administración fijará un edicto por el término de 15 días.

Por lo tanto, fácilmente puede advertirse que en el proceso de
notificación del C.C.A., cuando ésta se efectúa por edicto
pueden transcurrir 20 días, esto es, un plazo mayor al de 15
previsto en el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 para
resolver las peticiones en materia de servicios públicos.

En vista de lo anterior, no resulta razonable predicar que
la administración tiene hasta 15 días para dictar la
decisión y NOTIFICAR la respuesta correspondiente, so
pena de que se configure el silencio administrativo, pues dicho
plazo es inferior al legalmente consagrado para efectuar
la NOTIFICACIÓN respectiva.

Dicho de otro modo, una INTERPRETACIÓN RAZONABLE de
las normas objeto de análisis, consiste en predicar que la
administración tiene hasta 15 días para DICTAR la decisión
correspondiente, so pena de que se entienda que la respuesta
es favorable.

Ahora bien, CON LO ANTERIOR la Sala en manera alguna
desconoce la importancia de la debida notificación,
máxime cuando la misma constituye un elemento
esencial del derecho de petición 24 , sin embargo, en
tratándose del silencio administrativo positivo, donde el
término para resolver las peticiones correspondientes es menor
al previsto para efectuar la notificación, resulta necesario
DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta
y los establecidos para notificar ésta.

Se destaca que dicha diferenciación es relevante en materia del
silencio administrativo positivo, porque de configurarse el
mismo, además de entenderse que la administración accedió a
lo solicitado, la misma pierde competencia para

24
Sobre los elementos esenciales del derecho de petición: Corte Constitucional, sentencia C-007 del
18 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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pronunciarse sobre el asunto, lo que no ocurre cuando el
silencio administrativo es negativo25, de manera tal que el
análisis que se efectúa sobre la configuración de aquél debe ser
riguroso, lo que implica tener presente (i) las particularidades
de la norma que consagra el silencio administrativo positivo,
por ejemplo, en cuanto el plazo concedido y qué exige que se
haga en el mismo (decidir 26 , resolver 27 , notificar,
pronunciarse28), (ii) así como las disposiciones aplicables
para la notificación correspondiente, y por ende, evaluar
si las exigencias hechas a la administración frente a la(s)
solicitud(es) elevada(s) resultan razonables.

La importancia de tener en cuenta los aspectos antes señalados
radica por ejemplo, en que si los mecanismos de notificación
aplicables para el caso en concreto permiten que el
peticionario tenga conocimiento de la respuesta emitida a
través de correo electrónico, como acontece bajo la Ley
1437 de 2011 (art. 67) (que en esta oportunidad no es la
norma a aplicar 29 ), en principio nada justificaría que la
administración pudiendo DAR A CONOCER LA
RESPUESTA DE MANERA INMEDIATA Y EFICAZ por dicho
medio, no lo hiciere en el plazo legalmente establecido
para resolver la petición.

Bajo el criterio interpretativo expuesto, a juicio de la Sala se
vela por la efectividad de las normas que consagran el
silencio administrativo positivo y las consecuentes
garantías de quienes resultan beneficiados, como por el
efecto útil de las disposiciones atinentes a los
mecanismos de NOTIFICACIÓN, aspectos que se itera,
deben analizarse en cada caso […]”.

De lo expuesto, queda dilucidado que el silencio positivo

administrativo no se deriva únicamente de no resolver en tiempo -

15 días - las peticiones, quejas o recursos, sino que también debe

25
Sobre el particular puede consultarse: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de
mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446). 2)
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.
25000-23-26-000-1995-01143-01(14850).
26
Verbigracia artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 en materia aduanera, o el artículo 69 de la Ley
338 de 1997 frente a resolución de recursos en asuntos de expropiación.
27
Artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 entratándose de servicios públicos domiciliarios.
28
Por ejemplo: Artículo 25, numeral 16 de Ley 80 de 1993 frente a contratación estatal, o el artículo
28 del Decreto 564 de 2006 sobre licencias urbanísticas.
29
Teniendo en cuenta que entró en vigencia el 2 de julio de 2012 (art. 308), es decir, antes de la
actuación que dio lugar a los actos acusados.

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verificarse que resuelto en oportunidad esta decisión se notifique

bajo las normas del CCA y/o CPACA, según corresponda, habida

cuenta que por los efectos que se derivan para el administrado de

enterarse de tal decisión no basta que se conteste en tiempo, sino

que es necesario que se dé a conocer la decisión bajo el

procedimiento legal en vigor, en tanto el derecho de petición no se

satisface si no se garantiza y prueba que se ha enterado de lo

resuelto al peticionario.

Así, en vigor del CPACA está prevista la posibilidad de notificar las

decisiones que resuelven una PQR mediante: i) correo electrónico,

herramienta que entera de inmediato al peticionario, comoquiera

que estas actuaciones pueden ocurrir en un mismo momento; ii) de

no ser posible lo anterior, se enviará citación para la notificación

personal a fin de que comparezca el peticionario; y iii) cuando

resulte fallida esta, debe agotarse la notificación por aviso.

Para efecto de un mejor entendimiento del trámite de las PQR en

materia de servicios públicos, con fundamento en la Ley 142 de

1994, el Decreto 2150 de 1995 y el CPACA, la Sala presenta el

siguiente cuadro:

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Trámite de las PQR en materia de servicios públicos
Término
Radicación de para
Eventos que pueden ocurrir
la petición resolver la
PQR
1-15 días La
Aplicación del
hábiles. Se Resuelve administración
Esta fecha procedimiento de
cuenta a en el plazo debe proceder a
fija el notificación
partir de la la notificación
extremo para radicación Reconocimiento
comenzar el de la PQR Ocurrencia del
de los efectos
conteo del (Artículos 158 No SAP por
del SAP en las
plazo para de la L 142 y resuelve incumplimiento
próximas 72
resolver. 123 del Dec. en el plazo por no resolver
2150 de horas por la
en el plazo
1995) empresa de SPD

Procedimiento de notificación de la decisión (Régimen CPACA)
Inmediata – Debe
Electrónica coincidir con la respuesta.
Se concluye la
notificación
Envío de la citación a la
dirección física, número de
Citación para

Respuesta de la PQR en oportunidad
fax y Correo electrónico
notificación personal
que figure en el expediente
(Artículo 68 del CPACA
o en el registro mercantil,
– 5 días siguientes a la
Personal para que el peticionario
respuesta)
comparezca (5 días s.s. a
la respuesta de la PQR)

Notificación
El administrado Imposibilidad de hacer
acude a notificarse la notificación personal
Debe agotarse la siguiente
Se concluye la
etapa: notificación por
notificación
aviso
Remisión del aviso a: Dirección física
Número de fax
(artículo 69 del CPACA) Correo electrónico que
figure en el expediente o
Por aviso en el registro mercantil
Notificación: se surte al finalizar el día siguiente a
aquel en el que se realiza la entrega del aviso. Se
concluye la notificación.

De lo examinado, se aprecia que para tener por resuelta en

oportunidad la PQR surgen varios eventos, los que tendrán que ser

observados tanto por las empresas de servicios públicos como por la

entidad de vigilancia en aras de validar el reconocimiento de los

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efectos del SAP y/o las sanciones a que haya lugar producto de su

incumplimiento, según corresponda.

5.6.- SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con el anterior marco jurídico, la Sala abordará cada uno

de los reproches planteados contra el fallo del Tribunal a quo, los

cuales, por virtud del límite previsto en el artículo 320 del CGP, se

restringirán a los aspectos expuestos, los que se resolverán, así:

5.6.1.- DE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SAP

La empresa apelante insistió en que la Superintendencia vulneró

su derecho al debido proceso al acumular en un solo expediente

las 102 investigaciones adelantadas por presunta configuración

del SAP, con fundamento en peticiones, quejas y recursos de

distintos usuarios, los cuales se radicaron en diferentes oficinas

territoriales.

Cuestionó la decisión del a quo, porque estimó que a diferencia del

derogado artículo 29 del CCA el artículo 36 del CPACA únicamente

permite la acumulación de documentos y diligencias relacionados

con una idéntica actuación, de modo que, en su entender, no

resultaba jurídicamente viable adelantar en un solo expediente

todas las investigaciones por la presunta configuración del silencio

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administrativo positivo pese a que estas se dirigen contra la misma

empresa prestadora de servicios públicos.

Para resolver este planteamiento, la Sala advierte que en virtud del

artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa está

al servicio de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con

fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad.

De ahí que estos principios orienten a las autoridades

administrativas en el sentido de que les corresponde estructurar y

adelantar los procedimientos a su cargo con: i) apego a la norma,

ii) racionalizando el uso de los recursos económicos y temporales,

iii) evitando trámites inútiles, iv) adoptando decisiones oportunas y

evitando las inhibitorias, v) incentivando la aplicación de las

tecnologías de la información y las comunicaciones y vi)

garantizando el ejercicio del derecho de contradicción y defensa del

administrado, entre otras.

Precisamente, el artículo 3º del CPACA desarrolla dicho mandato

superior y dispone que las autoridades administrativas deben

interpretar y aplicar los principios allí enunciados a todos los

procedimientos que adelantan. Entre tales principios se encuentran

los de economía, eficacia y celeridad, cuyo fin se orienta a

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remover los obstáculos formales que pueden afectar una decisión

pronta, de fondo y que garantice los derechos de quienes intervienen

en este procedimiento.

A partir de la aplicación de estos principios, el artículo 36 del CPACA

admite como viable que los documentos y diligencias relacionados

con una misma actuación se puedan adelantar en un solo

expediente, al cual se acumularán. Tal determinación procede de

oficio o a petición del interesado y se analiza bajo el criterio que

corresponda, que para este caso sería el que los asuntos se tramitan

ante la misma autoridad.

Ahora, la Sala identificará si los elementos que preveía el CCA para

la acumulación de expedientes en sede administrativa resultan ser

diferentes a los que fijó artículo 36 del CPACA, norma bajo la cual se

adoptó tal decisión por ser la que se encontraba en vigor 30 al

tramitarse el procedimiento administrativo y determinar si, como lo

reclama la demandante, esta decisión resultaba improcedente. Las

normas en comento son del siguiente tenor:

ARTÍCULO 36 CPACA ARTÍCULO 29 CCA
“[…] Artículo 36. Formación y examen “[…] Cuando hubiere documentos
de expedientes. Los documentos y relacionados CON UNA MISMA
diligencias relacionados CON UNA ACTUACIÓN o con actuaciones que

30
Bajo esta disposición se adelantó el procedimiento administrativo que orientó la expedición de los
actos acusados y se aplicó en razón a que debe acudirse a esta en lo no regulado por la norma especial
contenida en la Ley 142 de 1994.

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MISMA ACTUACIÓN se TENGAN EL MISMO EFECTO, se hará
organizarán en un solo con todos un solo expediente al cual
expediente, al cual se se acumularán, de oficio o a petición
acumularán, con el fin de evitar de interesado, cualesquiera otros que
decisiones contradictorias, de oficio o se tramiten ante la misma autoridad
a petición de interesado, y tengan relación íntima con él para
cualesquiera otros que se evitar decisiones contradictorias.
tramiten ante la misma […]”
autoridad.
[…]”.

Del análisis de las normas transcritas se tiene que si bien es cierto

que el artículo 29 del CCA establecía como una de las situaciones

para proceder a la acumulación el que las actuaciones tuvieran “el

mismo efecto”, también lo es que la eliminación de esta frase en el

texto del CPACA no incide en una interpretación diferente ni tampoco

conlleva una prohibición en estricto sentido, por cuanto la

acumulación frente a “diligencias relacionadas con una misma

actuación”, contiene un concepto suficientemente amplio para que

el funcionario investigador establezca si las peticiones puestas a su

consideración guardan o no esa identidad.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso que ahora ocupa la atención

de la Sala la Superintendencia profirió los autos de apertura y los

pliegos de cargos individuales respecto de cada una de las quejas,

peticiones o recursos en los que los usuarios de ELECTRICARIBE

alegaban la configuración del SAP; y fue con posterioridad que

identificó que las actuaciones seguidas contra la demandante se

relacionaban con una misma actuación.

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Precisamente, se identificó que era válido ordenar la acumulación,

por cuanto: i) todas las investigaciones recayeron frente a la misma

empresa prestadora; y ii) porque estas se adelantaron para

establecer la presunta infracción del artículo 158 de la Ley 142 de

1994, ante la falta de respuesta oportuna de la PQR y a la ausencia

de reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo,

esto es, compartían una idéntica causa.

De ahí que el argumento de especialidad como el motivo que

identifica o en el cual se puede clasificar la PQR del usuario para

solicitar la aplicación del silencio administrativo positivo y sus

diversas fuentes de configuración, no determina la existencia de

circunstancias disimiles que rompan la causa que las origina, la cual,

como lo concluyó la entidad demanda, resultaba suficiente para que

la Superintendencia adelantara las investigaciones agrupadas

mediante la decisión de acumulación.

Además, no se acreditó por la apelante que la acumulación fuera

contraria a los fines de la función pública, es decir, que el

adelantamiento del procedimiento hubiera puesto en riesgo no solo

la actuación adelantada, sino el ejercicio del derecho de defensa y

del debido proceso que le asiste como investigada.

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De este modo se evidencia que, contrario a lo alegado, la

Superintendencia procuró la realización de los principios de eficacia,

economía y celeridad; y también se constató que la demandante

ejercitó su derecho de defensa, a tal punto que no fue sancionada

por la totalidad de las denuncias por las que se le investigó, lo que

descarta que esta medida la haya privado de responder frente a los

asuntos acumulados y/o que la entidad haya resuelto las quejas

conjuntamente como lo señala, en desmedro de un análisis propio

que amerita cada una de los reclamos recibidos.

Todo lo anterior demuestra que la decisión de acumular 102

denuncias en un expediente no contravino la norma superior ni

tampoco restringió el debido proceso de ELECTRICARIBE, motivo

suficiente para denegar este reproche.

Ahora, en relación con el planteamiento de que también existió una

indebida acumulación de expedientes, en tanto la Superintendencia

centralizó en Barranquilla el estudio de todos los casos, lo que

presuntamente desconoció el artículo 156 del CPACA, la Sala

advierte que este reproche únicamente se adujo en el recurso de

apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los actos

acusados.

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De ahí que, al haberse invocado en una etapa posterior a la

presentación de la demanda, torna en improcedente y extemporáneo

su examen por cuanto debió plantearse en la demanda o su adición;

y porque estudiarlo representaría la trasgresión del derecho de

defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo

deber del juez hacer efectiva la igualdad entre las partes.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201831, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas
en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.

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reproche aludido, habida cuenta que, como ya se indicó, este apenas

se invocó en el recurso de apelación, lo que representa que acogerlo

para examen rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las

partes, pues la parte demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda32.

5.6.2.- LA NOTIFICACIÓN VERBAL RESPECTO DE LAS
PETICIONES QUE SE RADICARON DE IDÉNTICO MODO

Corresponde analizar si en relación con los casos de los usuarios

Ingrid Peña Camargo y Jonathan Tamayo Polo, se cumplió y realizó

por Electricaribe la notificación en debida forma, esto en lo que

corresponde a la respuesta de las peticiones que se rindieron

verbalmente y según la constancia que la actora registró en el

sistema OPEN S.G.C.

Tal inconformidad surge porque la parte demandante asegura que sí

realizó la notificación en los términos que le autoriza el artículo

2.2.3.12.4 del Decreto 1166 de 201633.

Para examinar este reproche, resulta relevante señalar que el

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
33
“Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente"

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artículo 15 del CPACA dispone que las peticiones pueden formularse

verbalmente o por escrito; y que la autoridad está obligada a

recibirlas y a darles trámite, dejando la correspondiente constancia.

En desarrollo de ese mandato, el Decreto 1166 de 2016 reguló la

manera de cómo debe operar la presentación, radicación y

constancia de respuesta de las peticiones verbales.

Dicha norma reitera que todas las autoridades deben centralizar en

una única oficina o dependencia la recepción de las peticiones

verbales, incluida la línea de atención telefónica. También, que toda

petición verbal que no corresponda a una mera orientación debe ser

radicada de inmediato y documentada mediante una constancia

interna.

El decreto en mención también prevé que las respuestas a las

peticiones verbales se rigen por los plazos establecidos en la ley y

admite que puedan notificarse de esta manera. Sin embargo, cuando

la autoridad opta por responder verbalmente, es exigencia de la

norma que en la constancia de radicación se indique de forma

expresa la respuesta suministrada al peticionario. Así lo dispone el

artículo 2.2.3.12.4:

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“[…] Artículo 2.2.3.12.4. Respuesta al derecho de petición
verbal. La respuesta al derecho de petición verbal deberá darse
en los plazos establecidos en la ley. En el evento que se dé
repuesta verbal a la petición, se DEBERÁ indicar de
manera expresa la respuesta suministrada al
peticionario en la respectiva constancia de radicación.

No será necesario dejar constancia ni radicar el derecho de
petición de información cuando la respuesta al ciudadano
consista en una simple orientación del servidor público,
acerca del lugar al que aquel puede dirigirse para
obtener la información solicitada […]”.

De modo que para que dicha respuesta verbal sea válida y con el

ánimo de verificar la certeza y su contenido, no basta que se

certifique que ocurrió materialmente una conversación entre la

obligada a responder y el peticionario, sino que es necesario que se

complete un registro “expreso” de la respuesta otorgada.

Lo anterior, implica que si bien puede la empresa de servicios

públicos domiciliarios emplear el mismo canal de comunicación

verbal que usó el peticionario para la radicación de la PQR, es

mandatorio acreditar lo ocurrido en tal diligencia y dejar evidencia

de lo decidido y su comunicación.

Estas exigencias derivan del deber impuesto a las empresas de

servicios públicos frente a responder en oportunidad las PQR y por

los efectos jurídicos que reconoce la norma a los usuarios, lo que

explica la obligación de implementar un procedimiento que permita

la trazabilidad o el rastreo de las etapas evacuadas y sobre todo la

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evidencia del contenido de la respuesta para que sirva de soporte en

su actuación y como acreditación en caso del ejercicio de la vigilancia

y control.

Bajo ese entendido, la Sala analizará si en los casos aludidos por la

apelante se atendió el procedimiento que fija la norma para dar por

acreditada la respuesta verbal.

5.4.2.1.- Petición de Ingrid Peña Camargo

Electricaribe se opuso a la decisión del a quo e insistió en que debe

tenerse en cuenta para probar la oportunidad de la respuesta las

capturas de pantalla de su sistema de software, OPEN S.G.C.34, en

las que se aprecia lo siguiente:

34
SAMAI índice 2, archivo “01.6 Anexos Recursos Reposición y Apelación” folio 238.

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De las imágenes que anteceden, para la Sala los registros que se

diligenciaron en la plataforma no cumplen con los requisitos

previstos en el Decreto 1166 de 2016 para tener por válida la

respuesta a la petición.

En efecto, pese a que en el índice 5 al 8 se lee que se recibió

respuesta del área encargada de la petición registrada el 22 de

marzo de 2017 y se relacionaron aspectos concernientes con el

servicio de energía que reclama la apelante, lo relevante es que de

tales registros no se acredita el cumplimiento y observancia del

procedimiento reglado que fijó la ley para tener por contestada una

petición verbal.

Lo anterior, porque no se puede identificar con certeza ni lo pedido

ni lo resuelto, debido a las breves anotaciones que allí se develan.

Para la Sala, tales registros son insuficientes para dar por acreditada

y en oportunidad la respuesta verbal que alega se le hizo saber a la

señora Peña Camargo, en tanto esta información no delimita la

situación que le reprochó la peticionaria35 y tampoco se identifica lo

resuelto por la empresa frente al suministro de energía.

35
De tal registro lo que se puede evidenciar es que la peticionaria de no tiene la calidad el suscritor
del contrato y se identifica la dirección del inmueble de que se reclama la PQR.

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En este orden, se concluye que, conforme lo decidió el Tribunal a

quo no se puede verificar que existió respuesta verbal en

oportunidad y en los términos del Decreto 1166 de 2016, en tanto

no se acompañó el contenido expreso de la decisión que se le informó

a la peticionaria en la diligencia de notificación del 11-04-2017, como

se registró en el índice 8 y, además, que esta es coincidente con la

respuesta informada según el registro de “RECLAMO

DESFAVORABLE”.

5.4.2.2.- Jonathan Tamayo Polo

En lo que respecta a este usuario, las imágenes en que se apoya la

apelante informan lo siguiente36:

36
SAMAI índice 2, archivo “01.6 Anexos Recursos Reposición y Apelación” folio 262.

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Del examen de este registro se aprecia que en este caso tampoco se

puede establecer por la Sala que las anotaciones de los índices 6 a

8 (que se encuentran repetidos) correspondan a la respuesta a la

petición verbal formulada por el peticionario, pues ninguno de ellos

observa los requisitos previstos en el Decreto 1166 de 2016 para

tenerla por acreditada, esto es, la prueba de la manera “expresa” en

que debió responderse al peticionario y menos que se le enteró en

oportunidad, pues lo único que puede leerse es que su petición

resultó “IMPROCEDENTE”.

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En ese orden, claramente las peticiones de los usuarios Ingrid Peña

Camargo y Jonathan Tamayo Polo no observaron los requisitos

previstos por la norma superior pues, contrario a lo alegado, la

presunta respuesta radicada en el sistema de información no tiene

las condiciones exigidas debido a que las anotaciones allí realizadas

impiden identificar la respuesta dada a los usuarios, lo que impone

declarar impróspero este reproche.

5.6.3.- DEL PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR LA
NOTIFICACIÓN POR AVISO

En este cargo de apelación, el razonamiento de oposición de

Electricaribe frente al fallo de primera instancia radica en insistir

que la Superintendencia le impuso sanción por no haber enviado

el aviso de la notificación al sexto día siguiente al vencimiento del

plazo de cinco (5) días previsto para la notificación personal, pese a

que el artículo 69 de la Ley 1437 no establece un término perentorio

y específico para tal efecto, es decir, no cuestiona el hecho de que

se haya resuelto o no en tiempo la PQR, sino que la notificación

no se hizo según el procedimiento fijado por el CPACA, por lo que

será frente a ello que la Sala se pronuncie.

Al respecto, se tiene que la decisión de la Superintendencia fue

avalada en el estudio de legalidad que realizó el Tribunal a quo, en

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el que además de referir que su incumplimiento sí daba lugar a

la ocurrencia del SAP, aclaró que: “luego de proferida la

respuesta, por parte de las autoridades administrativas, se cuenta

con un plazo, de hasta cinco (5) días, para enviar la citación al

usuario o peticionario, para que concurra a notificarse

personalmente; ahora bien, una vez realizado el envío, el usuario o

peticionario, cuenta con cinco (5) días para acudir a

notificarse; vencidos estos cinco (5) días y sin que hubiera surtido

la notificación personal, al sexto (6º) día, se debe efectuar, la

notificación por aviso”.

Para examinar la procedencia o no de este argumento es preciso

analizar el contenido de los artículos 67 a 69 del CPACA, que

disponen:

“[…] ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las
decisiones que pongan término a una actuación administrativa
se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y
los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará
la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las
diligencias previstas en el inciso anterior también podrá
efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes
modalidades:

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1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el
interesado acepte ser notificado de esta manera. La
administración podrá establecer este tipo de notificación […]

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia
pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose
dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos
para la interposición de recursos.

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al
interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará
constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si NO pudiere
hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, ESTA SE HARÁ por medio de
aviso QUE SE REMITIRÁ a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario,
el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o

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publicación del aviso y de la fecha en que por este medio
quedará surtida la notificación personal […]”.

De las anteriores normas, se colige que por regla general las

decisiones que ponen fin a la actuación administrativa se notifican

personalmente al interesado; y que para hacer efectiva esa

notificación, cuando no exista un medio más eficaz (v.g. correo

electrónico), la administración debe enviar citación dentro de los cinco

días siguientes a la expedición del acto, a la dirección o medio

de contacto que obra en el expediente.

Luego, si transcurridos esos cinco días desde el envío de la

citación sin que haya sido posible cumplir la notificación personal,

se habilita la notificación por aviso, que debe remitirse al mismo

domicilio físico y acompañarse de copia íntegra del acto, con la

advertencia de que la notificación se entenderá surtida al finalizar el

día siguiente a la entrega en el lugar de destino.

De este procedimiento se concluye que la notificación por aviso

no es una opción o escogencia de la administración, sino que es un

procedimiento reglado, con fases identificables y con términos

perentorios, no solo para que la administración realice las diferentes

etapas, sino para que su cumplimiento permita que en caso de no

poder realizarse la notificación personal se entienda que el

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administrado ha sido enterado.

Así las cosas, la interpretación que ha de conferirse al artículo 69 del

CPACA, en armonía con el régimen especial del SAP en materia de

servicios públicos y con los principios de eficacia, celeridad y

protección del usuario, es que la diligencia de notificación por aviso

no queda a discreción de la empresa prestadora del servicio

público, pues dadas las consecuencias jurídicas de su no respuesta

oportuna, la notificación está inmersa en el cumplimiento del deber

de responder en tiempo, sin que se escude en la ausencia de un

plazo que así la obligue, pues su actuación debe ser inmediata y

concomitante al acto que resuelve la PQR.

De este modo, otorgar el entendimiento que propone la apelante

sería dar preeminencia a aspectos procesales sobre un derecho

fundamental de los usuarios, al validar que se postergue en el tiempo

el deber de notificar en debida forma la decisión adoptada, ya que

las consecuencias que surgen del acto ficto favorable se predican

tanto de: i) la no respuesta oportuna a las PQR de los usuarios de

los servicios públicos domiciliarios y ii) su indebida e inoportuna

notificación.

En efecto, la exigencia de actuar con inmediatez en el envío del

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aviso, una vez agotado sin éxito el trámite de notificación personal

es la interpretación más compatible con la efectividad del silencio

administrativo positivo y aquella que de mejor manera garantiza el

derecho de los usuarios frente a la empresa prestadora del servicio

público.

Lo anterior, se justifica, incluso, en la orden que prevé el artículo

12337 del Decreto 2150 de 1995, cuando además de señalar cuál es

el plazo para resolver las peticiones ante las empresas de servicios

públicos, prevé que es obligación de estas una vez transcurridas

las 72 horas siguientes al vencimiento del término para responder,

sin haberlo hecho, reconocer los efectos del SAP.

37
La Corte al examina la constitucionalidad de este artículo refirió “[…] 5.2. Que el Gobierno Nacional
en el artículo 123 acusado regulara la figura del silencio administrativo positivo, en el sentido de
precisar que ante el mutismo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente
a una petición, queja o recurso, una vez hubiera operado la figura del silencio administrativo
positivo, reconociera los efectos de dicha figura dentro de las setenta y dos horas siguientes
al vencimiento de los quince días con que cuenta para resolver, so pena de solicitar la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, a la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios “sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes
para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”, es algo que
indiscutiblemente encaja en la finalidad perseguida por la Constitución en relación con la
función pública, pues ella se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base
en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Por
ello, el artículo 209 superior dispone que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (CP art. 2).
Así mismo, dado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte integrante de
la Administración Pública, la modificación de normas para el ejercicio de sus funciones en procura de
aplicar los principios de la celeridad y la eficacia administrativa, quedan dentro del ámbito de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por la ley habilitante.
El legislador extraordinario en la norma acusada no agregó ningún trámite a la figura del silencio
administrativo positivo contemplado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, como equivocadamente
lo interpreta la ciudadana demandante, sino que precisó el término para hacer efectivos los
efectos de la mencionada figura, so pena de incurrir en las sanciones que establece la ley,
lo cual a juicio de la Corte resulta completamente ajustado a la Carta, pues al ser los servicios públicos
inherentes a la función social del Estado, éste debe propender porque las empresas prestadoras
de ese servicio garanticen la verdadera prestación del mismo, lo cual implica que las
peticiones, quejas o recursos que presenten los usuarios o suscriptores sean resueltas en
forma rápida y oportuna de suerte que el Estado bien sea directa o indirectamente, ya por
comunidades organizadas o por particulares, propenda por la continuidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población (CP art. 366) […]” Sentencia C-272 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Así pues, habiéndose “resuelto” oportunamente la PQR, esto es,

entre los días hábiles que le confiere la ley para ello - 15 días -, la

empresa debe realizar su notificación.

De este modo, es obligatorio que se notifique en tiempo y

debidamente lo resuelto, so pena de incurrir en la situación de

incumplimiento frente al deber de responder de fondo y comunicar

tal decisión, que lleva inmerso el artículo 23 Superior.

Precisamente, la Corte Constitucional sostiene que es necesario que

las empresas de servicios públicos lleven a cabo la notificación de las

respuestas dadas a las PQR a fin de materializar el derecho de

petición38. Así lo puntualizó en el siguiente fallo:

“[…] 4.5.3.2. Para el caso de las empresas de servicios
públicos, como ya se anunciaba, las reglas varían
dependiendo de si las peticiones y recursos son o no elevados
por usuarios o suscriptores –incluso los potenciales– de las
empresas de servicios públicos. Entonces, ante un marco del
régimen de prestación del servicio (usuario-prestador),
el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 determina una
regla especial según la cual las peticiones, quejas y
recursos deberán RESOLVERSE en un término de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación.
Cumplido dicho plazo, se configura el silencio administrativo
positivo. Mientras que, cuando las solicitudes sean formuladas
por no usuarios, se aplicarán las mencionadas reglas del
CPACA.

4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición
debe observar ciertas condiciones para que sea

38
Sentencia T-230 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha
señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de
la petición y sea conforme con lo solicitado; y además
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce
la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[55] (se resalta
fuera del original).

[…]

4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el
componente de respuesta de la petición se
MATERIALICE, es imperativo que el solicitante CONOZCA
el contenido de la contestación realizada. Para ello, la
autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando
se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de
competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la
entidad encargada […]”.

De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de notificación en

relación con el envío del aviso en los términos del artículo 69 del

CPACA debe ser inmediato para garantizar el derecho que surge

respecto de las PQR que se tramitan ante las empresas de servicios

públicos. Un entendimiento diferente permitiría que las empresas

llamadas a resolver manejen a su arbitrio el trámite de la

notificación, cuando lo que se predica de la norma es un

procedimiento continuo que no acepta interrupciones.

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Por ello, se concluye que el conteo que realizó la Superintendencia y

que avaló el fallo de primera instancia se gobierna bajo este

entendimiento, solo que el Tribunal lo denominó como “el sexto día”

y la Superintendencia, además de señalar ese plazo, identificó

respecto de cada caso cuándo debió remitirse el aviso, todo lo cual,

aunque con diferente lenguaje, corresponde al día siguiente,

criterio que atiende al concepto de inmediato39 que la Sala analizó,

sin que sean compatibles los criterios en que se funda la apelante40.

De esta manera, la Sala establecerá en el siguiente análisis

soportado en el examen que hizo el Tribunal41 en el fallo qué

tiempo transcurrió desde el vencimiento del plazo previsto por la ley

para que el administrado acudiera a notificarse personalmente y el

envío del aviso, a fin de determinar si fue: i) inmediato; ii) si se hizo

después; o iii) si se efectuó antes del proceso fijado en los artículos

67 a 69 del CPACA, así:

# CONSECUTIVO USUARIO FECHA DE FECHA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA QUE FECHA REAL DÍAS QUE
EN LOS RADICACI LÍMITE PARA RESPUESTA A CITACIÓN IDENTIFICÓ EN QUE SE TRANSCURRIER
ACTOS ÓN DE LA RESOLVER LA PQR PARA LA SSPD Y EL ENVÍO EL ON (+ / -) EN EL
ACUSADOS PQR OPORTUNAM COMPARECER TAA COMO AVISO ENVIO DE LA
ENTE LA PQR A LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
(EXAMEN DE NOTIFICACIÓ PARA EL POR AVISO
LA SALA) N PERSONAL ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
AVISO LA SALA)
1 8/8 Yackeline 13 de 3 de 23 de 24 de 6 de 7 de + 1 día
Pérez febrero marzo febrero febrero marzo de marzo
de de 2017 de 2017 de 2017 2017 de 2017
2017

39
“[…] 2. adj. Que sucede enseguida, sin tardanza” Consultado en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua. https://dle.rae.es/inmediato.
40
Esta Sala identifica que a pesar de los pronunciamientos judiciales del Tribunal Administrativo del
Atlántico y de La Guajira en los que apoya su postura estos no son precedentes jurisprudenciales para
la Sala.
41
Según el cuadro de análisis que se advierte en los folios 47-51 del archivo digital que la contiene.

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# CONSECUTIVO USUARIO FECHA DE FECHA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA QUE FECHA REAL DÍAS QUE
EN LOS RADICACI LÍMITE PARA RESPUESTA A CITACIÓN IDENTIFICÓ EN QUE SE TRANSCURRIER
ACTOS ÓN DE LA RESOLVER LA PQR PARA LA SSPD Y EL ENVÍO EL ON (+ / -) EN EL
ACUSADOS PQR OPORTUNAM COMPARECER TAA COMO AVISO ENVIO DE LA
ENTE LA PQR A LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
(EXAMEN DE NOTIFICACIÓ PARA EL POR AVISO
LA SALA) N PERSONAL ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
AVISO LA SALA)
2 11/11 Raynaldo 6 de 24 de 17 de 20 de 28 de 242 de + 2 día
Sabalza febrero febrero febrero febrero febrero marzo
de de 2017 de 2017 de 2017 de 2017 de 2017
2017
3 12/12 Jesús 6 de 24 de 17 de 20 de 28 de 2 de + 2 días
Alfonso febrero febrero febrero febrero febrero marzo
de de 2017 de 2017 de 2017 de 2017 de 2017
2017
4 21/21 Viviana 20 de 10 de 28 de 30 de 10 de 7 de - 3 días
Álvarez43 diciemb enero diciemb diciembr enero de enero
re de de 2017 re de e de 2017 de
2016 2016 2016 201744

5 24/24 Jorge 25 de 14 de 8 de 9 de 17 de 18 de +1 día
Luis enero febrero febrero febrero febrero febrero
Leones45 de de 2017 de 2017 de 2017 de 2017
2017
6 27/27 Jorge 5 de 26 de 12 de 13 de 21 de 22 de + 1 día
Estrada diciemb diciemb diciemb diciembr diciembr diciemb
re de re de re de e de e de re de
2016 2016 2016 2016 2016 201646

7 28/28 Jhony 26 de 15 de 13 de 14 de 22 de 23 de + 1 día
Noriega enero febrero febrero febrero febrero febrero
de de 2017 de 2017 de 2017 de 2017 de 2017
2017
8 30/30 Gloria 5 de 27 de 11 de 12 de 25 de 24 de Se envío
Rosiris abril de abril de abril de abril de abril de abril de en tiempo
Corpos 2017 2017 2017 2017 2017 2017
9 31/31 María 29 de 19 de 10 de 11 de 19 de 20 de + 1 día
Meza diciemb enero enero enero de enero de enero
re de de 2017 de 2017 2017 2017 de 2017
2016
10 34/34 Julio 7 de 28 de 12 de 13 de 21 de 22 de + 1 día
César diciemb diciemb diciemb diciembr diciembr diciemb
Rojas re de re de re de e de e de re de
2016 2016 2016 2016 2016 2016

11 39/39 Sergio 26 de 16 de 12 de 13 de 23 de 24 de + 1 día
Mauricio diciemb enero enero enero de enero de enero
Bedoya re de de 2017 de 2017 2017 2017 de 2017
2016

42
se corrigió y verificó con la resolución sancionatoria. Sin embargo, en el escrito de reposición y
apelación de ELECTRICARIBE al fallo sancionatorio se dijo que era del 3 de marzo. La imagen es borros
y por tal motivo se registra la indicada por la SSPD. En ambas situaciones sobrepasa el envío inmediato.
43
El Tribunal se centró en el examen de la resolución sancionatoria y excluyó de examen lo decidido
en el acto administrativo que resolvió la reposición, la cual, pese a que mantuvo la decisión
sancionatoria por SAP, esta recayó en la notificación del acto que resolvió el recurso presentado por la
usuaria y no respecto de la petición que fue la considerada por el Tribunal a quo.
44
En este caso el Tribunal analizó la petición inicial pero la sanción se produjo por la notificación
respecto del acto que resolvió el recurso interpuesto contra la respuesta a la petición inicial del 20 de
diciembre de 2016.
45
El Tribunal se centró en el examen de la resolución sancionatoria y excluyó de examen lo decidido
en el acto administrativo que resolvió la reposición que pese que mantuvo la decisión sancionatoria
por SAP recayó en la notificación del acto que resolvió el recurso presentado por el usuario. En todo
caso la información revisada de la resolución sancionatoria es que no incurrió en SAP respecto de esta
petición que consideró el Tribunal. En este estudio se corrige la información y se modifica la PQR que
sustentó la sanción es este caso.
46
En este caso, tampoco se discute la no respuesta oportuna de la PQR sino el procedimiento de
citación para la notificación personal y por aviso.

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EN LOS RADICACI LÍMITE PARA RESPUESTA A CITACIÓN IDENTIFICÓ EN QUE SE TRANSCURRIER
ACTOS ÓN DE LA RESOLVER LA PQR PARA LA SSPD Y EL ENVÍO EL ON (+ / -) EN EL
ACUSADOS PQR OPORTUNAM COMPARECER TAA COMO AVISO ENVIO DE LA
ENTE LA PQR A LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
(EXAMEN DE NOTIFICACIÓ PARA EL POR AVISO
LA SALA) N PERSONAL ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
AVISO LA SALA)
12 40/40 Enrique 17 de 7 de 23 de 23 de 31 de 4 de + 2 días
Rosado marzo abril de marzo marzo de marzo de abril de
de 2017 de 2017 2017 2017 2017
2017
13 41/41 Carlos 13 de 2 de 24 de 26 de 3 de 4 de + 1 día
Navarro enero febrero enero enero de febrero febrero
de de 2017 de 2017 2017 de 2017 de 2017
2017
14 69/69 Luis 29 de 20 de 18 de 20 de 28 de 27 de - 1 día
Fernando marzo abril de abril de abril de abril de abril de
Martínez de 2017 2017 2017 2017 2017
2017
15 72/72 Lizardo 05 de 25 de 11 de 18 de 26 de 23 de - 3 días
Falcón mayo mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de
de 2017 201747 2017 2017 2017
2017
16 80/80 Keiner 04 de 29 de 16 de 19 de 29 de 30 de + 1 día
Badillo agosto agosto agosto agosto agosto agosto
de de 2016 de 2016 de 2016 de 2016 de 2016
2016
17 81/81 Luz 21 de 13 de 9 de 11 de 21 de 22 de + 1 día
Campo febrero marzo marzo marzo de marzo de marzo
de de 2017 de 2017 2017 2017 de 2017
2017
18 87/87 Mónica 25 de 12 de 5 de 8 de 17 de 18 de + 1 día
Vertel julio de agosto agosto agosto agosto agosto
2016 de 2016 de 2016 de 2016 de 2016 de 2016

19 102/102 Niovides 31 de 24 de 6 de 7 de abril 19 de 20 de + 1 día
Gutiérrez marzo abril de abril de de 2017 abril de abril de
de 2017 2017 2017 2017
201748

Del examen registrado en el cuadro que antecede, se tiene que si

bien Electricaribe resolvió la petición o el recurso a su cargo

oportunamente, aspecto que no está en discusión, lo relevante

aquí es que el motivo que sustentó la sanción derivó del hecho de

no haber realizado en debida forma la notificación por aviso,

teniendo en cuenta que el trámite para dar por enterados a los

usuarios, atrás identificados, no se hizo conforme a la regla del

artículo 69 del CPACA, en tanto en algunos casos: i) el envío fue

47
En relación con el recurso radicado el 5 de mayo de 2017
48
Tomado de la Resolución 20188000013595 del 2018-02-20

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posterior 49 y; ii) se realizó antes 50 de que se venciera el plazo

previsto por la ley para que el usuario concurriera a atender la

notificación personal.

También se identificó que en uno (1)51 de los casos examinados, el

envió de la notificación sí cumplió la referida norma y, por ello, ha

de tenerse este envío como hecho en oportunidad, lo que conduce a

la Sala a ADICIONAR parcialmente el fallo para acceder a la

declaratoria de nulidad parcial respecto del caso # 8,

correspondiente a la usuaria GLORIA ROSIRIS CORPOS, por

cuanto, se insiste, quedó probado la observancia del procedimiento

de la notificación por aviso.

En efecto, como quedó visto en el cuadro anterior el envío de la

citación se realizó oportunamente, comoquiera que el plazo para

resolver la PQR vencía el 27 de abril de 2017 y la respuesta se dio

el 11 de ese mes y año. Entonces, al haberse remitido la citación

para que compareciera a notificarse personalmente el día siguiente,

esto es, el 12, se logra establecer que el aviso se remitió en tiempo

si se tiene en cuenta que los cinco días que tenía el usuario para

presentarse ante la actora vencían el 21 de abril y el aviso se envió

49
Casos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de los # asignados en el estudio de la Sala.
50
Casos 4, 14 y 15 de los # asignados en el estudio de la Sala.
51
Caso 8 de los # asignados en el estudio de la Sala.

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el 24 de ese mes y año, tal como se corroboró.

La imprecisión a la que arribó la Superintendencia y avaló el

Tribunal, obedeció al incorrecto conteo de los términos que derivaron

en estimar que se realizó 1 día antes, tal como se lee del texto de la

Resolución SSPD-20198000004295 de 26 de febrero de 2019:

De este modo, se dispondrá, como ya se anunció, adicionar la

sentencia del Tribunal en relación con este caso (núm.8) y se

accederá a anular parcialmente los actos acusados para proceder a

la reducción de la sanción impuesta.

Ahora, la Sala considera que si bien es cierto que en los demás

asuntos no se observó el trámite previsto en el artículo 69 del

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CPACA, también lo es que se identificaron por esta Corporación dos

(2) circunstancias que permiten remover la sanción habida cuenta

que en estos casos se evidenció que la empresa resolvió de manera

pronta y/o adelantó el trámite de la citación de notificación por aviso

en similares condiciones, todo ello con el ánimo de dar a conocer en

oportunidad sus decisiones.

En efecto, del análisis que arroja el cuadro que antecede se aprecia

que: i) la empresa prestadora de servicios públicos realizó, en

algunos casos, el envío de la citación para notificar por aviso,

incluso, antes de que venciera el plazo de los 15 días hábiles con

los que contaba para resolver la PQR, en los términos de los

artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 12352 del Decreto 2150 de

1995; y ii) que la citación para notificar por aviso se envió antes

del plazo que le habilita la norma para proceder en tal sentido.

Para la Sala, estos eventos en vez de resultar adversos a los

derechos de los usuarios demuestran la materialización del derecho

de petición y, en consecuencia, justifica adoptar esta decisión

anulatoria en razón a que el actuar de la demandante evidencia su

52
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.

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firme propósito de dar a conocer sus decisiones de manera cumplida

y en tiempo. De ahí que resulte razonable para esta Corporación

conciliar estas circunstancias en atención al efecto útil 53 de las

normas y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

En estos casos, se concluye que no procede la sanción a la

demandante, sin que ello implique remover los efectos reconocidos

a los usuarios por virtud de los actos cuestionados.

Atendiendo dicho criterio, también hay lugar a anular los siguientes

casos, por concurrir en ellos tales eventos:

CASO USUARIO EVENTO EXPLICACIÓN
4 Viviana Álvarez El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 7 de
antes de fenecer el plazo para enero de 2017 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 10 de
enero de 2017
6 Jorge Estrada El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 22 de
antes de fenecer el plazo para diciembre de 2016 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 26 de
diciembre de 2016
10 Julio César Rojas El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 22 de
antes de fenecer el plazo para diciembre de 2016 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 28 de
diciembre de 2016
12 Enrique Rosado El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 4 de
antes de fenecer el plazo para abril de 2017 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 7 de abril
de 2017
14 Luis Fernando El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 27 de
Martínez aviso se realizó antes de abril de 2017 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 28 de abril de
2017
15 Lizardo Falcón El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 23 de
antes de fenecer el plazo para mayo de 2017 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 25 de
mayo de 2017

53
Concepto definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-569-2004 y reiterado en la Sentencia
C-138-2025 como aquel “según el cual debe considerarse, de entre varias interpretaciones de una
disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea,
o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias”.

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El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 23 de
aviso se realizó antes de mayo de 2017 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 26 de mayo de
2017
19 Niovides Gutiérrez El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 20 de
antes de fenecer el plazo para abril de 2017 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía el 24 de
abril de 2017

Siendo ello así, la Sala anulará los casos identificados con los

números 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 19, por las razones expuestas y

así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En los demás casos, se mantendrá la decisión sancionatoria porque

además de infringir el procedimiento del artículo 69 del CPACA se

identificó que el envío del aviso se hizo de manera extemporánea.

5.6.4.- DEL ALLANAMIENTO A PETICIONES DE LOS USUARIOS

En lo que corresponde a este reproche, se tiene que Electricaribe

adujo que en sede administrativa y al momento de interponer el

recurso de reposición contra el acto sancionatorio, en los casos 2, 4,

8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 37, 40, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59 y 6154 se allanó a las

reclamaciones de los usuarios, de modo que la Superintendencia

no podía mantener la sanción en los mismos términos, conforme con

el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 201755, que prevé:

54
Según identificación en la demanda.
55
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”.

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“[…] Artículo 2.2.9.5.3. Circunstancias de atenuación y de
agravación de la multa por infracciones relacionadas con
el servicio de energía eléctrica. La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes
circunstancias de atenuación y agravación de la multa, por
infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica,
según resulten procedentes:

Causales de agravación.

i) Reincidencia del infractor en la comisión de la conducta.

ii) Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el
cumplimiento de órdenes y/o compromisos fijados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Causales de atenuación.

iii) Colaboración con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en la verificación de los hechos
materia de investigación, en el reconocimiento de la
conducta antijurídica, así como en el suministro de
información y pruebas que permitan la demostración de la
infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se
considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la
colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad
de las pruebas que se suministren.

iv) La adopción de medidas por parte del infractor
incluso después de iniciada la actuación administrativa
y hasta antes de la decisión en firme, para reparar los
perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios
y a los demás agentes afectados.

Otras causales de agravación o atenuación.

v) Para el caso específico de las personas naturales se valorará
como causal de agravación o atenuación, según corresponda,
el grado de participación de la persona implicada en la
conducta infractora.

vi) Las demás establecidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
(Destacado fuera de texto).

Como quedó visto, el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 2017

dispone que en materia de servicio de energía eléctrica la

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Superintendencia debe valorar determinadas circunstancias de

agravación y de atenuación al fijar la cuantía de la multa.

Dentro de estas últimas, se destacan: i) la colaboración con la

Superintendencia en la verificación de los hechos y en el

reconocimiento de la conducta antijurídica, con suministro de

información y pruebas útiles; y ii) la adopción de medidas, incluso,

después de iniciada la actuación y hasta antes de la decisión en

firme, para reparar los perjuicios causados a los usuarios o demás

agentes.

De la lectura de esta disposición se tiene que contrario a lo planteado

por la parte apelante no eliminan la infracción, sino que operan como

factores de modulación de la sanción, cuyo peso concreto depende

de la etapa procesal en que se produzcan y de la seriedad y eficacia

de la colaboración o de las medidas reparadoras.

Respecto de la primera eventualidad que da lugar a atenuación de la

sanción, la Sala advierte que el comportamiento que Electricaribe

califica como “allanamiento” no consistió en una colaboración

temprana para esclarecer los hechos ni en un reconocimiento

oportuno de la conducta antijurídica durante la instrucción, sino en

actuaciones posteriores.

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En efecto, el allanamiento del que se sirve la apelante ocurrió al

interponer el recurso de reposición contra el acto sancionatorio, es

decir cuando la Superintendencia ya había surtido la investigación,

formulado cargos y decidido la imposición de la multa.

Para la Sala, esta situación en realidad no contribuyó a la verificación

de los hechos ni a la demostración de la infracción de la conducta

endilgada, pues la administración adelantó la investigación y agotó

las etapas que prevé la ley para el ejercicio de la potestad

sancionadora, tales como apertura, descargos y práctica de pruebas;

y solo evidenciada la infracción, fue que la apelante hizo tal

manifestación, lo que pone de manifiesto que no era posible tenerla

con efectos atenuantes debido a que ya se había expedido el acto

sancionatorio.

En relación con la segunda eventualidad, relativa a las medidas de

reparación a los usuarios afectados, en los casos identificados en la

demanda, la empresa expuso que realizó actuaciones como

corrección de facturación, reversación de cobros, reconocimiento de

los efectos del SAP o “concedido lo solicitado”, para lo cual aporta

como apoyo de su dicho los pantallazos del sistema interno, en el

que se registran expresiones como ajustes o notas en el estado de

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cuenta; sin embargo, se insiste, ello no desaparece la infracción y

tampoco deriva en una atenuación de la sanción porque esta debe

darse en etapas que disminuyan la actividad probatoria a cargo de

la entidad sancionatoria.

Además, no hay diferenciación si las actuaciones que adujo como

medidas de reparación fueron resultado de su interés en corregir la

conducta infractora o resultado del cumplimento de los efectos que

le ordena la ley ante la extemporaneidad de sus decisiones, que

fueron las que examinó y halló probadas el acto sancionatorio.

Así las cosas, el registrar en el sistema un ajuste o un cambio en la

facturación no permite deducir que la reparación del daño derivado

de la falta de respuesta oportuna y de la ausencia de reconocimiento

del SAP, responda a conductas propias de la colaboración que

amerita la atenuación.

En conclusión, ni desde la perspectiva de la colaboración y

reconocimiento de la conducta, ni tampoco como medida de

reparación, se configura en el asunto bajo examen una causal de

atenuación de la sanción en los términos del artículo 2.2.9.5.3 del

Decreto 281 de 2017, por lo que este reproche de la actora no tiene

vocación de prosperar.

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5.6.5.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO PRIMIGENIO

Bajo este reproche, Electricaribe cuestionó el hecho de que en sede

administrativa la Superintendencia no le concedió la oportunidad

para apelar la Resolución SSPD-20188000013595 de 20 de febrero

de 2018, acto en el que le fue impuesta la sanción cuestionada.

La apelante insiste en que en sede administrativa debió concederse

el recurso de apelación, en virtud del artículo 113 de la Ley 142 que

prevé:

“[…] ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS
DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa,
contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los
gobernadores, de los ministros, del Superintendente de
Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que
pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por
funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los
actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las
pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar […]”.

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como lo ha indicado la

jurisprudencia de esta Sección “[…] cuando sea necesario determinar

cuáles recursos son procedentes en contra de los actos

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administrativos que ponen fin a la actuación en materia de servicios

públicos domiciliarios, obligatoriamente tendrá que aplicarse el

artículo 113 de la Ley 142 de 1994 […]”56, ello, por cuanto dicha ley

es el estatuto especial que fija el régimen jurídico de los servicios

públicos domiciliarios, el cual regula de manera integral el

procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones de

inspección, vigilancia y control, así como los recursos contra los

actos unilaterales que las deciden.

El artículo 113 de la Ley 142 establece como regla general que

contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones

administrativas, en este régimen, procede únicamente el recurso de

reposición; y, de manera excepcional, habrá lugar al recurso de

apelación cuando el acto sea expedido por un delegatario de

funcionario distinto del presidente de la República. Precisamente, en

sentencia de 13 de mayo de 202157, decisión que ahora se prohíja,

la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, así:

“[…] 122. Partiendo de esa premisa, cuando la SSPD actúa a
través de sus agentes, sea el Superintendente, los
Superintendentes Delegados o los funcionarios en los
que el Superintendente delegue alguna facultad, deberá
tenerse presente que la facultad primigenia de inspección,
vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios es del
Presidente de la República y, por tanto, éstos actuarán como

56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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sus agentes, en mandato de la designación de tales funciones
por la Ley, como pasa la Sala a explicar en más detalle.

[…] 134. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala prohíja en esta oportunidad, explica que
cuando el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios haga uso de la figura de la delegación de
funciones, ha de tenerse presente que está delegando
funciones del Presidente de la República, asignadas a
través de la figura de la desconcentración funcional,
antes referida. En ese orden de ideas, el funcionario en quien
se delegue estará actuando como delegatario de las funciones
del Presidente de la República, quien las ejerce a través del
Superintendente y sus delegados.

135. En este orden de ideas, el término «delegados» deberá
entenderse en su sentido más amplio, esto es, que no
puede limitarse a los Superintendentes Delegados de la
SSPD, sino que ha de abarcar a todos sus agentes, en
quienes el Legislador hubiera realizado la desconcentración
funcional a la que la Sala se ha referido.

136. En esa medida, el artículo 7558 de la Ley 142 de 1994
deberá ser aplicado en el sentido que le dé pleno desarrollo de
los postulados constitucionales y legales de las facultades dadas
al Presidente de la República de inspección, vigilancia y control
de los servicios públicos domiciliarios.

137. Como se explicó en líneas precedentes, tanto para el
titular de la función constitucional como para quien la ley faculta
expresamente para su ejercicio, resulta imposible desarrollar
personalmente todas las medidas que el legislador le
encomendó. Es ahí cuando cobra relevancia la figura de la
delegación, que habilita a quien ejerce una función para
asignarla, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales – arts. 209 y 211- y legales -arts. 9 a 13
de la Ley 489 de 1998- a otro funcionario. En el caso del

58
El contenido de esta norma no hace parte de la sentencia; sin embargo, se transcribe para efectos
del análisis aquí comprendido, junto con el artículo 79 ibidem. Las normas en comento son del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES PRESIDENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades
que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta
Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del
Superintendente y sus delegados.
[…]
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de servicios públicos
y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y
143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son
funciones de esta las siguientes:
[…]
25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de
los usuarios […]”.

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Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que
desarrolla, por asignación legal, las facultades del Presidente
de la República, podrá delegarlas en los funcionarios de esa
entidad.

[…] 144. El criterio jurisprudencial plasmado en la
sentencia citada, que la Sala reitera en esta oportunidad,
permite afirmar que contra la Resolución 3986 de 2004
demandada, expedida por el Director Territorial Centro de la
SSPD únicamente procede el recurso de reposición, en
aplicación de la excepción contenida en el inciso segundo
del artículo 113 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, por
cuanto el Director Territorial Centro de la SSPD es delegatario
de las funciones constitucionales del Presidente de la República
de imponer sanciones a aquellas empresas que no respondan
en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios,
atribuía a esa Superintendencia por el art 79.25 de la Ley 142
de 1994.

145. En consecuencia, la función referida la ejerce el
Presidente de la República a través del Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y sus delegados o agentes. Así
las cosas, válidamente se puede concluir que, en este
caso, el Director Territorial Centro es delegatario de
funciones constitucionales del Presidente y, en tal
medida, solo procede el recurso de reposición contra los
actos administrativos que expida en ejercicio de tal
atribución […]”. (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, comoquiera que los actos acusados fueron expedidos

por la Dirección General Territorial en ejercicio de facultades

sancionatorias que tienen origen en la competencia constitucional

del presidente, es claro que no eran susceptibles de recurso de

apelación, luego este argumento tampoco tiene vocación de

prosperidad.

5.6.6.- DE LOS 6 CASOS ANULADOS POR EL TRIBUNAL A QUO

En relación con este reproche, que constituye el reclamo de la

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entidad demandada, se tiene que el Tribunal dejó sin efecto la

sanción impuesta en relación con 6 casos de la investigación debido

a que concluyó que: i) en el trámite sancionatorio, respecto de las

peticiones de las señoras Lucila Daza y Yenis Salcedo, la

Superintendencia exigió a Electricaribe el cumplimiento de los

preceptos de la Ley 1369 sobre el servicio postal, pese a que dicha

normativa no le era aplicable dada su naturaleza jurídica, lo que

implicó una indebida extensión del régimen postal y una afectación

al debido proceso; y ii) en cuatro de esos asuntos, referidos a los

señores: Pedro Cabrera, María Estrada, Marcela Gamero y Luis

Bastidas, la administración reconoció en los actos acusados que

Electricaribe había adelantado de manera adecuada el trámite de

notificación, pero, contradictoriamente, declaró configurado el SAP,

generando una incongruencia entre lo probado y lo decidido.

Agregó que la Superintendencia indicó que la sanción por la

configuración del SAP se sustentó en la protección de los derechos

de petición y defensa de los usuarios y en el cumplimiento de los

fines del Estado en materia de servicios públicos; y que el fallo de

primera instancia reconoció la validez de los actos sancionatorios en

los otros 56 eventos.

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5.6.6.1.- Aplicación de la Ley 1369 de 200959

La entidad demandada sostuvo que el Tribunal incurrió en errores de

juicio al considerar vulnerado el debido proceso por la supuesta

exigencia de la Ley 1369 a Electricaribe, porque “[…] cuando se

deciden usar los servicios de mensajería para enviar las citaciones o

los avisos a los usuarios (evento que se encuentra permitido) a

través de una empresa de mensajería, debe atenderse el marco legal

en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones por

parte de éstas […]”.

Para establecer si procede el reproche de la apelación, es preciso

establecer qué decidió la Superintendencia respecto de los casos

frente a las usuarias Lucila Daza y Yenis Salcedo, según la Resolución

SSPD 20198000004295 de 26 de febrero de 2019, que resolvió el

recurso de reposición contra la sanción impuesta, en el sentido de

confirmar, para estos casos, lo decidido frente a la ocurrencia del

SAP, por las siguientes razones:

5.6.6.1.1.- Petición de Lucila Daza:

“[…]

59
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras
disposiciones”.

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Num. RADICADO SAP USUARIO/ CÓDIGO RADICADO FECHA DE
MANDATARIO USUARIO PETICIÓN / PETICIÓN
RECURSO Y/O
RECURSO
35 20178200808812 LUCILA DAZA 56001230 RE 25/04/2017-
3340201701733 22/05/2017
[…]

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
elaborar el aviso y a enviarlo el 15 de mayo de 2017 (Folio 108
de los descargos en el anexo N°7), obrando prueba de
entrega que no cumple con los requisitos de la Ley 1369
de 2009, pues si bien, no se observa la identificación,
nombre y hora de quien recibe […]”.

En el cuadro de conclusiones se lee, respecto de este asunto,

que:

LUCILA 26/04/2017- Indebida notificación.
35 20178200808812 RE3340201701733
DAZA 22/04/2017 Aviso sin requisitos

5.6.6.1.2.- Petición de Yenis Salcedo:

“[…]

Num. RADICADO SAP USUARIO/ CÓDIGO RADICADO FECHA DE
MANDATARIO USUARIO PETICIÓN / PETICIÓN
RECURSO Y/O
RECURSO
45 20178200852722 YENIS 1148141 RE 30/03/2017
SALCEDO 33140201701252 11/04/2017

[…]

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
elaborar el aviso y a enviarlo el 28 de abril de 2017 (n 92 de los
descargos en el anexo N°9), obrando prueba de entrega que
si (SIC) cumple con los requisitos de la Ley 1369 de 2009,
pues no aparece en la misma la identificación de quien
recibe y hora de entrega […]”.

En el cuadro de conclusiones se lee, respecto de este asunto,

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que:

YENIS 30/03/2017- Falta de respuesta. Aviso
45 20178200852722 RE33142011701252
SALCEDO 11/04/2017 sin requisitos

5.6.6.1.3.- Examen del cargo

Como se aprecia, la Superintendencia no dio validez a la

notificación por aviso en estos casos debido a que en la constancia

de entrega que emitió la empresa de mensajería no se hizo constar

el nombre de quien recibió, conforme con la Ley 1369, según lo

explicó en la parte de consideraciones, pero sin indicar la disposición

concreta que contiene tal requisito.

En efecto, si bien es cierto que la Ley 1369 establece el régimen de

los servicios postales, también lo es que no se identificó nada en

relación con la notificación por aviso; aun así, en el recurso de

apelación explicó que su decisión se fundó en el literal “e” del

numeral 2.3 del artículo 3° de dicha norma, que prevé:

“[…] ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se
adoptan las siguientes definiciones:

[…] 2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal
urgente que exige la aplicación y adopción de características
especiales para la recepción, recolección, clasificación,
transporte y entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos.
Este peso será reglamentado por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
[…] e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora
de entrega e identificación de quien recibe […]”.

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Al respecto, la Sala advierte que el trámite de la notificación por

aviso está regulado en el artículo 69 del CPACA, el cual dispone que

frustrada la notificación personal dentro de los cinco días siguientes

al envío de la citación, esta se surtirá mediante aviso remitido a la

dirección, fax o correo electrónico que figuren en el expediente o en

el registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto, con las

menciones allí exigidas, y dejando constancia en el expediente de la

remisión y de la fecha en que se entiende surtida la notificación.

La norma no remite a la Ley 1369 ni condiciona la validez de la

notificación a que la guía postal contenga el nombre de la persona

que materialmente recibe el envío, sino al hecho jurídicamente

relevante de que el aviso sea enviado a la dirección que obra en el

expediente a fin de que se acredite la entrega en el lugar de destino.

En ese contexto, la Sala concluye que la Superintendencia no

podía soportar su decisión en las exigencias del régimen postal

contenido en la Ley 1369 como requisitos adicionales de validez de

la notificación por aviso, más allá de lo previsto en el artículo 69 del

CPACA, motivo que lleva a concluir que no hay lugar a revocar la

decisión, luego este reproche no prospera.

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5.6.6.2.- Presunta incongruencia en la parte motiva y
resolutiva del acto acusado

En lo que concierne a la falta de congruencia de la Resolución SSPD-

20198000004295 de 26 de febrero de 2019, frente a los casos de

los usuarios Pedro Cabrera, María de las Mercedes Estrada, Marcela

Gamero y Luis Alejandro Bastida, la Sala observa que, en efecto,

pese a que la Superintendencia hizo un estudio en el que concluía

que la respuesta dada al usuario fue notificada en término y en

debida forma, terminó por imponer sanción.

Al respecto, en el acto aludido se advierte:

5.6.6.2.1.- Petición de Pedro Cabrera:

“[…] Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir
notificación personal de la respuesta, se observa que la
empresa procede a elaborar el aviso y a enviarlo el 22 de marzo
de 2017 (fl. 37 de los descargos en el anexo N°3), obrando
prueba de entrega que sí cumple con los requisitos de la Ley
1369 de 2009, pues si bien aparece en la misma el nombre, la
hora y la fecha de recibido de la misma.

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia
encuentra que la empresa ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. E.S.P., NO incurrió en un Silencio
Administrativo Positivo por la falta de respuesta en
debida forma de la petición instaurada el 22 de febrero
de 2017 […]”. (Destacado fuera de texto).

Pero en la conclusión se registró:

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PEDRO Indebida notificación. Aviso
4 20178200257752 RE1120201601622 22/02/2015
CABRERA sin requisitos

5.6.6.2.2.- Petición de María de las Mercedes Estrada:

“[…] En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue
radicada el día 07 de Julio de 2017, por lo que contabilizados
los quince días hábiles desde la fecha de presentación de la
petición, se tiene que la empresa tenía plazo hasta el día 28 de
Julio de 2017 para emitir respuesta; y la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. probó haber
emitido respuesta a la petición objeto de la presente
investigación, el día 12 de Julio de 2017 (fl 17 de los descargos
en el anexo No 12), es decir, dentro del término dispuesto
en el art. 158 de la ley 142 de 1.994.

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación al(a) usuario(a), el día 09 de junio de 2017 (fl
115 del recurso de reposición fl. 115 en el anexo N°1), a través
de la empresa LECTA.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
elaborar el aviso y a enviarlo el 24 de julio de 2017 (Fl 117 de
los descargos en el anexo No1), obrando prueba de entrega
que, SI cumple con los requisitos de la Ley 1369 de 2009,
pues aparece en la misma el nombre, y hora de entrega
[…]”. (Destacado fuera de texto)

Pero también refirió en oposición, que:

Y en la conclusión de los eventos de SAP, registró:

58 20178200903722 MARIA DE RE 12102017077560 7/07/2017 Indebida
LAS notificación,
MERCEDES no envió
ESTRADA citación

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5.6.6.2.3.- Petición de Marcela Gamero:

“[…] En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue
radicada el día 26 de mayo de 2017, por lo que contabilizados
los quince días hábiles desde la fecha de presentación de la
petición, se tiene que la empresa tenía plazo hasta el día 16 de
junio de 2017 para emitir respuesta; y la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. probó haber
emitido respuesta a la petición objeto de la presente
investigación, el día 31 de mayo de 2017 (fl 67-71 de los
descargos en el anexo N*12), es decir, dentro del término
dispuesto en el art. 158 de la ley 142 de 1.994.

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación al(a) usuario(a), el día 01 de junio de 2017 (fl
38 del recurso de reposición en el anexo N°12), a través de la
empresa LECTA.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
elaborar el aviso y a enviarlo el 09 de junio de 2017 (fl 74 del
recurso de reposición en el anexo No 2), obrando prueba de
entrega que, si cumple con los requisitos de la Ley 1369
de 2009, pues aparece en la misma el nombre, y hora de
entrega […]” (Destacado fuera de texto).

A pesar del examen concluyó:

Y en el registro de casos que operó el SAP, refirió:

61 20178200904752 MARCELA RE 1280201720504 25/05/2017 Indebida notificación,
GAMERO no PUBLICÓ EN la
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5.6.6.2.4.- Petición de Luis Alejandro Bastida

“[…] En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue
radicada el día 23 de enero de 2017, por lo que contabilizados
los quince días hábiles desde la fecha de presentación de la
petición, se tiene que la empresa tenía plazo hasta el día 10 de
febrero de 2017 para emitir respuesta; y la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. probó haber
emitido respuesta a la petición objeto de la presente
investigación, el día 06 de febrero de 2017 (fl 162-168 de los
descargos en el anexo N°17), es decir, dentro del término
dispuesto en el art. 158 de la ley 142 de 1.994.

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación al(a) usuario(a), el día 07 de febrero de 2017
(fl 171 de los descargos en el anexo N°17), a través de la
empresa LECTA.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa
procede a notificar por aviso el 15 de febrero de 2017
(51 194 y 196 del recurso de reposición), obrando
prueba de entrega que, si cumple con los requisitos de la Ley
1369 de 2009, pues aparece en la misma el nombre,
identificación del mismo y hora de entrega […]” (Destacado
fuera de texto).

Pero también refirió en oposición, que:

Y en el cuadro de conclusión y casos que operó el SAP, refirió que:

98 20178200914882 LUIS RE 3410201701578 23/01/2017 Indebida
ALEJANDRO notificación, no
BASSTIDA envió citación

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5.6.6.2.5.- Examen del cargo

Con fundamento en lo anterior, la Sala comparte la conclusión del

Tribunal a quo en el sentido de que en los casos examinados se

desconoció a la sociedad demandante la garantía del debido proceso

en el componente de la congruencia de la decisión, por cuanto la

entidad hizo un estudio que concluyó que las peticiones de los

usuarios se resolvieron y notificaron en debida forma; y pese a ello,

tal decisión no se trasladó a la parte resolutiva, habida cuenta que

dicho examen no se consideró para declarar la no ocurrencia del

silencio administrativo positivo.

Ahora, es cierto que en la parte motiva existe un razonamiento de

que en los casos de los señores María de las Mercedes Estrada,

Marcela Gamero y Luis Alejandro Bastida sí se incurrió en la

configuración del SAP, lo cual no es consecuente con los

razonamientos que anteceden y que explican que la PQR: i) se

resolvió en tiempo y ii) se notificó en debida forma, todo lo que

permite inferir que era ese examen el que debió traducirse en la

conclusión del estudio de cada uno de estos casos y en el reporte de

no acreditación del SAP, pues se evidencia que fue un error en

cuanto no está justificado en el estudio puntual que se realizó.

Por su parte, en el caso del señor Pedro Cabrera ocurrió que tanto el

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análisis como la conclusión explican de manera determinante que la

empresa demandante no incurrió en el SAP, razones más que

suficientes para que la identificación y decisión de este caso se

califique como una incongruencia que se tradujo a la parte resolutiva

en la que se declaró tal configuración.

De este modo, procede confirmar el fallo que accedió parcialmente

a las pretensiones de la demanda respecto de estos específicos

casos.

5.7 CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, la Sala MODIFICARÁ el numeral 2° de la

sentencia de 26 de julio de 2024, proferida por la Sección “C” del

Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de incluir los

casos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 19 a aquellos respecto de los cuales

se declaró la nulidad parcial del artículo 3° de la Resolución SSPD-

20198000004295 de 26 de febrero de 2019, relativos a los usuarios

VIVIANA ÁLVAREZ, JORGE ESTRADA, GLORIA ROSIRIS

CORPOS, JULIO CÉSAR ROJAS, ENRIQUE ROSADO, LUIS

FERNANDO MARTINEZ, LIZARDO FALCÓN y NIOVIDES

GUTIÉRREZ. También, el numeral 3° del referido fallo, para en su

lugar, ajustar la suma de restablecimiento del derecho en 80

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SMLMV60, que equivale al monto de la sanción impuesta por dichos

casos, atendiendo a que cada uno de ellos representó una sanción

de 10 SMLMV según lo encontró probado la SSPD, por lo que el

monto de la sanción corresponde a 48061 SMLMV para el año 2018 y

así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En lo demás se CONFIRMARÁ la sentencia.

5.8.- CONDENA EN COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18862 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP63, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo64, corresponde examinar

si hay lugar a condenar a las partes apelantes.

60
El fallo apelado refirió: “[…] Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, de una recta interpretación de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio, se modificará el monto
de la sanción impuesta y se reducirá, a 560 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual
corresponde a $437.495.520.
Lo anterior, teniendo en cuenta, que la entidad demandada, al haber declarado, que se había
configurado el silencio administrativo positivo en 62 investigaciones y que por este motivo, resolvió
imponer multa consistente en 620 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se advierte, que por
cada caso, se impusieron, 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como sanción […]”
61
Teniendo en cuenta que se mantuvo la legalidad de la sanción frente a 48 casos de los 62 asuntos
objeto de controversia.
62
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
63
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
64
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.

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Comoquiera que en este caso ambas partes apelaron y se mantuvo

la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda con una modificación en los casos

incluidos 65 , la Sala dispone abstenerse de condenar según lo

dispuesto en el numeral 566 del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la

sentencia de 26 de julio de 2024, proferida por la SECCIÓN “C” DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, la cual quedará así:

“SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial, en el sentido, de que
tanto la multa impuesta, como el reconocimiento de los efectos del
silencio administrativo positivo, recae sobre 48 casos, de los cuales,
se excluyen los siguientes:

Caso Radicado Usuario Código Radicado Fecha de
petición y/o petición y/o
recurso recurso
3 20178200257 Pedro 5929818 RE 22 de febrero
752 Cabrera 112020201601622 de 2016

1267 20178200793 Viviana 7670815 RE 20 de
512 Álvarez 2230201605591 diciembre de

65
En razón a que prosperaron 8 casos de los que integran uno de los 6 cargos de la apelación.
66
El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez PODRÁ ABSTENERSE de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión. […]”.
67
Corresponde al caso 4 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó el
Tribunal a quo.

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2016/10 de
enero de 2017

1768 20178200794 Jorge Estrada 266795 RE9520201609587 05 de
902 diciembre de
2016/29 de
diciembre de
2016
2069 20178200795 Gloria Rosiris 6984289 RE 24 de marzo de
532 Corpos 9510201709771 2017/05 de
mayo de 2017
2270 20178200801 Julio César 6952351 RE3131201601102 7 de diciembre
862 Rojas de 2016/5 de
enero de 2017
23 20178200808 Lucila Daza 5601230 RE 26 de abril de
812 3340201701733 2017 - 22 de
mayo de 2017
2771 20178200819 Enrique 2060695 RE1170201709003 17 de marzo de
912 Rosado 2017/12 de
abril de 2017
31 20178200852 Yenis Salcedo 1148141 RE 30 de marzo de
722 33140201701252 2017 - 11 de
abril de 2017
33 20178200903 María Estrada 6883803 RE 7 de julio de
722 1210201707580 2017

34 20178200904 Marcela 2318871 RE 26 de mayo de
752 Gamero 1180201720504 2017

3872 20178200858 Luis Fernando 2257889 RE1120201705230 21 de febrero
752 Martinez de 2017/ 29 de
marzo de 2017
4173 20178200860 Lizardo 2148331 RE1120201705230 21 de febrero
252 Falcon de 2017/ 29 de
marzo de 2017
60 20178200914 Luis 1044901 RE 23 de enero de
882 Alejandro 3410201701578
Bastida
10274 20178200886 Niovides 2137994 RE1180201711575 31 de marzo de
022 Gutierrez 2017/ 24 de
abril de 2017

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho, se MODIFICA el monto de la
sanción impuesta, mediante la Resolución SSPD-20198000004295
del 26 de febrero de 2019, reduciéndola a cuatrocientos
ochenta (480) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
lo cual corresponde, a trescientos setenta y cuatro millones
novecientos noventa y seis mil ciento sesenta pesos
($374.996.160), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.”.

68
Corresponde al caso 6 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó el
Tribunal a quo.
69
Corresponde al caso 8 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó el
Tribunal a quo.
70
Corresponde al caso 10 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó
el Tribunal a quo.
71
Corresponde al caso 12 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó
el Tribunal a quo.
72
Corresponde al caso 14 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó
el Tribunal a quo.
73
Corresponde al caso 15 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó
el Tribunal a quo.
74
Corresponde al caso 19 que se probó en esta instancia y el numerado corresponde al que le asignó
el Tribunal a quo.

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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia

a las partes recurrentes, por lo expuesto en esta providencia.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de mayo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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