Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-01090-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-01090-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2018-01090-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DECONTROL DENULIDADY RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
TESIS: AGRUPACIÓN TEMÁTICA. APLICACIÓN. CONFIGURACIÓN
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO CONTRA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE
EXPEDIENTES FRENTE A UNA MISMA ACTUACIÓN Y EMPRESA.
IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE CARGOS PLANTEADOS EN LA
APELACIÓN Y NO ADUCIDOS EN LA DEMANDA. EFECTOS DE LAS
SENTENCIAS DE INEXEQUIBILIDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada
de la parte demandante contra la sentencia de 18 de marzo de 2022,
proferida por la SECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO1, que accedió parcialmente2 a las pretensiones
formuladas.
1
En adelante el Tribunal.
2
Al respecto es oportuno mencionar que la sentencia decidió:
“PRIMERO.- Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. SSPD - 20178000147095 del 25 de
agosto de 2017 “por el cual se resuelve una investigación de silencio administrativo” y Resolución No.
SSPD – 20188000035515 de 11 de abril de 2018 “por la cual se decide un recurso de reposición”, de
conformidad con lo expuesto por la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
MODIFICASE la Resolución No. SSPD – 20188000035515 del 11 de abril de 2018 “por la cual se decide
un recurso de reposición”, en su artículo primero y tercero, en lo que tiene que ver con la confirmación
de los casos y la sanción impuesta, la cual quedará por concepto de multa, en ciento setenta y un
(171) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a ciento diecisiete millones
ochocientos noventa y seis mil ochocientos cinco pesos ($117.896.805 COP).
TERCERO.- Denieganse las demás súplicas de la demanda.
CUARTO.- Sin costas (Art. 188 Ley 1437 de 2011) […]”
2
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
I.- ANTECEDENTES
I.1.- LA DEMANDA
La ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN3, por conducto
de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA 4 , promovió demanda tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
“[…] IV. PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante
el artículo 1 de la Resolución SSPD-20178000147095 del
2017-08-25.
2. Que se declare la nulidad de la sanción modificada por el
artículo primero de la Resolución SSPD-20188000035515
del 2018-04-11.
3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante
el artículo tercero de la Resolución SSPD- SSPD-
20188000035515 del 2018-04-11 en relación a la multa,
únicamente en cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución
SSPD-20178000147095 del 2017-08-25.
4. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que
ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta
mediante los actos administrativos previamente mencionados.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
Solo en caso de que el despacho estime que las anteriores
3
En adelante Electricaribe.
4
En adelante CPACA.
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pretensiones principales no prosperan, solicito que de manera
subsidiaria se declare:
Que el valor de la sanción el cual corresponde a doscientos
ochenta y nueve millones novecientos noventa mil novecientos
cuarenta pesos ($289.990.940) sea atenuado por parte del
Despacho, en razón a que en la mayoría de los casos la empresa
se allanó a los cargos […]”.
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos de la demanda, la actora adujo, en síntesis, los
siguientes:
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS5 adelantó en su contra múltiples investigaciones
administrativas por la presunta configuración de silencio
administrativo positivo (SAP)6 en la atención de peticiones, quejas y
reclamos de sus usuarios.
Agregó que en desarrollo de dicho trámite la Superintendencia
acumuló 60 investigaciones, por la presunta ocurrencia del silencio
administrativo positivo, de las que concluyó, con la Resolución
20178000147095 de 25 de agosto de 2017, que 47 de tales
peticiones se configuraba la conducta infractora, de ahí que le haya
impuesto una multa de $324.463.640 7 , con fundamento en el
5
En adelante la SSPD.
6
En adelante SAP.
7
En la demanda se indicó que el valor de la multa correspondía a $178.700.950, pero de la revisión
del citado acto administrativo se advierte que el mismo corresponde a la suma de $324.463.640.
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artículo 81 de la Ley 142 de 11 de julio de 19948.
Informó que contra dicha decisión interpuso recurso de
reposición, en el que adujo, entre otros aspectos: i) la indebida
acumulación de investigaciones; ii) errores en la apreciación de la
prueba en relación con las fechas de respuesta y de notificación; iii)
que no se tuvo en cuenta que se allanó a las pretensiones de varios
usuarios y que corrigió errores de facturación y/o de atención; iv)
que cumplió los requisitos de notificación personal y por aviso,
conforme al artículo 69 del CPACA y, v) que se le vulneró el derecho
de defensa al no permitirle la interposición del recurso de apelación.
Anotó que a través de la Resolución SSPD-20188000035515 de
11 de abril de 2018 la Superintendencia resolvió el recurso de
reposición, en la que modificó parcialmente la decisión inicial en
el sentido de ajustar el monto de la multa a $289.990.940 y
mantuvo la conclusión de que se había configurado el SAP en
perjuicio de los usuarios, pero los restringió a los 42 casos allí
relacionados.
En relación con los casos particulares respecto de los cuales se
plantean los reproches, la Sala los organiza por tema e identifica los
8
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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usuarios que relaciona la empresa demandante, conforme se
identifica a continuación:
Reproche Identificación de usuarios Explicación
Hizo reconocimientos de los Ha debido tenerse en cuenta
reclamos frente a la Usuario para denegar la configuración
facturación y a la atención de Gustavo Rafael Orozco del SAP o como circunstancia
las PQR radicadas por un Jorge Vergel Cabarca atenuante para la graduación
grupo de usuarios. Ana Rodríguez Olivella de la sanción.
Kelly Hernández Díaz
Martha Cecilia Osio
Norma San Juan Arroyo
Zeneida Salas García
Linsay Martínez
Ney Amador
José Ávila
Ema Bethan Pérez
Yadiris Díaz
Salomón Segebre Habibe
Juana Bautista Prado Polo
Eufracia Martínez
Rafael Hernández Arrieta
Lina María Urrego
María Antonia Gómez
Armando Utria
Clara Galvis Cardenas
Jaime Quiñonez
Reynaldo Pinilla
Angelica Paba Carreño
Irregularidad o Con fundamento en la
extemporaneidad de la Usuario interpretación del artículo 69
notificación por aviso de las Fernanda Vargas del CPACA, no había lugar a
decisiones que resolvieron las declarar el SAP, por cuanto
PQR. esta norma no prevé un
término perentorio para tal
efecto.
Consideró que la SSPD no Esto, en relación con el
cumplió con los requisitos de Usuario examen de la respuesta a las
la Ley 1369 de 30 de Juan Carlos Cespedes peticiones verbales.
diciembre de 2009 9 ; y que Vitermo Cala
aplicó de manera indebida el Alba Velasquez
Decreto 1166 de 19 de julio de Héctor Navarro Cadena
201610. Juan Martínez
Lucila Pantoja
Shadia Molina Guerra
Cumplió con el envío de la Pese a que consideró que no
citación para notificación por Usuario se configuró el SAP según la
aviso a algunos usuarios, de Emanuel Orozco parte motiva, se confirmó la
forma incongruente con lo Fernanda Vargas sanción sin causa aparente
cual determinó la Lucila Pantoja
configuración del SAP.
9
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.”
10
“Por el cual se adiciona el Capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación,
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente”.
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Reproche Identificación de usuarios Explicación
Los actos administrativos Comoquiera que no se
fueron expedidos por un Usuario concedió el recurso de
Delegatario Gustavo Rafael Orozco apelación, los actos son nulos.
Jorge Vergel Cabarca
Ana Rodríguez Olivella
Kelly Hernández Díaz
Martha Cecilia Osio
Norma San Juan Arroyo
Zeneida Salas García
Linsay Martínez
Ney Amador
José Ávila
Ema Bethan Pérez
Yadiris Díaz
Salomón Segebre Habibe
Juana Bautista Prado Polo
Eufracia Martínez
Rafael Hernández Arrieta
Lina María Urrego
María Antonia Gómez
Armando Utria
Clara Galvis Cardenas
Jaime Quiñonez
Reinaldo Pinilla
Ruth Somerson
Adriana Echeverry
Roque Maldonado Matos
Omar Jacinto Mieles
Eidy Sánchez Giraldo
José Moreno Mojita
Dalila Osorio Oñate
Rafael Ríos
Jonis Sánchéz Maestre
Angelica Paba Carreño
Francina Mindiola
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como disposiciones vulneradas, la empresa actora invocó los
artículos 29 de la Constitución Política; 81 y 113 de la Ley 142; 69 y
72 del CPACA; y el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 22 de
febrero 201711. Para tal efecto, indicó que los actos acusados están
viciados de nulidad con fundamento en los siguientes cargos:
11
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”
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1.3.1.- La SSPD vulneró el principio de legalidad de las faltas
y sanciones, dado que la actora no podía ser sancionada por
la ocurrencia del silencio administrativo positivo
Sostuvo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la
Ley 142 de 1994, el silencio administrativo positivo “únicamente” se
configura cuando la empresa no da respuesta dentro del término de
15 días.
En ese sentido, indicó que dicha norma no contemplaba la ocurrencia
del silencio administrativo por circunstancias distintas al plazo para
dar respuesta, como lo serian otro tipo de yerros posteriores al plazo
para responder, surtidos dentro del proceso de notificación.
Adujo que, en la mayoría de los casos bajo estudio, cumplió con su
obligación de contestar dentro del término legal, lo cual se acreditó
con la constancia de envío de la citación para la notificación personal
que se insertó en el correo dentro de los 5 días.
Por lo anterior, consideró que no podía ser sancionada por la
ocurrencia de un silencio administrativo positivo derivado del
incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, dado que ello
implicaba una violación al principio de legalidad, pues dicha norma
sólo contemplaba la obligación de dar respuesta oportuna dentro del
término de 15 días.
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1.3.2.- Cargos relacionados con la aplicación del artículo 69
del CPACA y la aplicación de los términos para surtir la
notificación por aviso
Adujo que, el artículo 69 del CPACA no estableció un término para
remitir el aviso, por lo que se debía aplicar, de conformidad con lo
previsto en el artículo 30, inciso 2, de la Ley 57 de 1887, y el artículo
8 de la Ley 153 de 1887, una disposición del mismo CPACA u otra
ley que regulara un asunto similar.
Sostuvo que el artículo 68 del CPACA reguló una materia similar al
establecer un término de 5 días hábiles después de la expedición del
acto para el envío de la citación a la dirección, al número de fax o al
correo electrónico que figurara en el expediente, con el fin de
practicar la notificación personal.
Señaló que, en varios de los casos los usuarios no comparecieron a
notificarse personalmente, por lo que procedió a realizar los envíos
de avisos dentro del término razonable de cinco días.
Además, consideró que se debía declarar la nulidad de los actos
acusados, dado que la propia SSPD reconoció que el artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011 contenía dos plazos, el: i) para la fijación del
aviso que es de cinco días y el ii) para la notificación por aviso que
no tiene un término previsto en la norma.
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Aclaro que, a través de los actos administrativos acusados de
nulidad, la SSPD la sancionó por enviar el aviso al sexto día, a pesar
de que su obligación no era enviar el aviso un día cierto sino actuar
conforme a los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo
que no es aceptable que la demandada le exigiera que el aviso se
elaborara y enviara el mismo día que se venciera el plazo para que
el usuario se presentara, lo cual adujo era desproporcionado,
máxime si se tenía en cuenta que no existía un plazo legal para
adelantar esa actuación.
Sostuvo que fue sancionada sin una debida valoración probatoria,
pues la demandada no tuvo en cuenta el envío de la citación para la
notificación personal, lo cual impedía la configuración del silencio
administrativo positivo.
Cuestionó que se le sancionara por el envió del aviso de notificación
dentro del término que tenía el usuario para notificarse
personalmente.
1.3.3.- Violación al debido proceso por falta de congruencia
Sostuvo que, en varios de los casos, evidenció una falta de
congruencia entre el pliego de cargos y la sanción, pues los cargos
se formularon por unas causales y se decidieron por otras.
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Agregó que se pronunció respecto de cada uno de los cargos que se
formularon, por lo que consideró que la demandada le vulneró el
debido proceso, dado que no tuvo la oportunidad de defenderse
respecto de lo que se decidió en la resolución confirmatoria.
1.3.4.- La SSPD la sancionó sin tener en cuenta que la actora
se allanó a varios de los cargos
Sostuvo que en los casos de los señores GUSTAVO RAFAEL
OROZCO, JORGE VERGEL CABARCA, ANA RODRÍGUEZ
OLIVELLA, KELLY HERNÁNDEZ DÍAZ, MARTHA CECILIA OSIO,
NORMA SAN JUAN ARROYO, ZENEIDA SALAS GARCÍA, LINSAY
MARTÍNEZ, NEY AMADOR, JOSÉ AVILA, EMA BETHAN PÉREZ,
YADIRIS DÍAZ, SALOMÓN SEGEBRE HABIBE, JUANA
BAUTISTA PRADO POLO, EUFRACIA MARTÍNEZ, RAFAEL
HERNÁNDEZ ARRIETA, LINA MARÍA URRREGO, MARÍA
ANTONIA GÓMEZ, ARMANDO UTRIA, CLARA GALVIS
CARDENAS, JAIME QUIÑONEZ, REINALDO PINILLA Y
ANGELICA PABA CARREÑO, se allanó a lo que se formuló con
respecto de las peticiones de los usuarios dentro del recurso de
reposición.
Por lo anterior, consideró que se configuró una carencia actual de
objeto durante el trámite del proceso, dado que la situación que
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generó la amenaza o vulneración de los derechos invocados se
superó.
1.3.5.- La SSPD confirmó la sanción sin tener en cuenta la
existencia de causales de atenuación
Adujo que en los casos de los señores GUSTAVO RAFAEL OROZCO,
JORGE VERGEL CABARCA, ANA RODRÍGUEZ OLIVELLA, KELLY
HERNÁNDEZ DÍAZ, MARTHA CECILIA OSIO, NORMA SAN
JUAN ARROYO, ZENEIDA SALAS GARCÍA, LINSAY MARTÍNEZ,
NEY AMADOR, JOSÉ AVILA, EMA BETHAN PÉREZ, YADIRIS
DÍAZ, SALOMÓN SEGEBRE HABIBE, JUANA BAUTISTA PRADO
POLO, EUFRACIA MARTÍNEZ, RAFAEL HERNÁNDEZ ARRIETA,
LINA MARÍA URRREGO, MARÍA ANTONIA GÓMEZ, ARMANDO
UTRIA, CLARA GALVIS CARDENAS, JAIME QUIÑONEZ,
REINALDO PINILLA Y ANGELICA PABA CARREÑO, daban
cuenta de que la SSPD no tuvo en cuenta los factores de atenuación,
relativos a: i) colaboración con la SSPD en la verificación de los
hechos; ii) reconocimiento de la conducta antijuridica; y iii)
suministro información de que la empresa cometió los yerros por los
que se le sancionó, entre otras.
1.3.6.- Violación del debido proceso al no tener en cuenta que
la actora dio respuesta y notificó a varios usuarios de manera
verbal por vía telefónica
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Señaló que, en varios casos, la SDPP sostuvo que “la empresa no
probó haber enviado la citación para notificación personal a la
usuaria”, a pesar de que por medio de la captura de pantalla del
sistema OPEN S.G.C. se podía verificar que a dichos usuarios sí se
les dio y notificó la respuesta de forma verbal.
1.3.7.- Vulneración del debido proceso al no conceder el
recurso de apelación previsto en el artículo 113 de la Ley 142
de 1994
Consideró que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 estableció que
“cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios
distintos al presidente de la República, contra los actos de los
delegados cabrá recurso de apelación”.
Adujo que cuando el director Territorial Norte impuso la sanción
actuaba en virtud de una delegación que realizó el superintendente
de servicios públicos domiciliarios lo cual se puede evidenciar en el
título de los actos administrativos demandados que citan la
Resolución 21 de 2005.
Que el artículo 5 de la Resolución 21 de 2005 estableció que el
superintendente nacional delegó en los directores territoriales la
función de sancionar a los prestadores de servicios públicos ubicados
dentro de su jurisdicción.
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1.3.8.- Vulneración del artículo 67 del CPACA
Consideró que los actos demandados vulneraron el artículo 67 del
CPACA dado que la SSPD no mencionó la procedencia del recurso
de apelación, lo cual deriva en que la notificación sea inválida, y por
lo tanto las resoluciones sean nulas.
1.3.9.- La SSPD incurrió en una indebida acumulación de
procesos
Adujo que, la SSPD le informó sobre la acumulación de 60
investigaciones por silencio administrativo positivo, respecto de las
cuales, al finalizar la investigación, sancionó por 42 a pesar de que
cada una de las reclamaciones y recursos interpuestos por los
usuarios versaban sobre hechos distintos.
Que tal situación merecía para cada usuario un estudio por separado
para garantizar que la decisión del operador judicial contara con
todos los medios necesario para resolverse en derecho.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SSPD se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda al considerar que los actos administrativos acusados de
nulidad se fundamentaron en las normas aplicables, en especial las
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contenidas en los artículos 79, 25, 80, numeral 4, y 158 de la Ley
142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001; el artículo 123 del
Decreto 2150 de 1995; el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996 y el
Decreto 990 de 2002.
Resaltó que el articulo 79 de la Ley 142 de 1994, previó como una
de las funciones de la SSPD la de ejercer el control, inspección y
vigilancia, en el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a
los que estén sujetos los prestadores de servicios públicos, en
especial cuando se afectaba en forma directa e inmediata a los
usuarios.
Adujo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la
Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras de servicios públicos
debían expedir las respuestas a las peticiones, quejas y recursos
que presentaran sus suscriptores o usuarios dentro del término de
15 días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. De
ahí que, pasado ese término, salvo que se demostrara que el
suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió la practica
de pruebas, se entendía que la respuesta se resolvió de manera
favorable.
Aclaró que, para efectos del reconocimiento de silencio positivo no
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había que seguir el procedimiento previsto en el artículo 85 del
CPACA, esto es, elevar a escritura pública el acto administrativo
positivo ficto, pues en estos casos el silencio operaba de manera
automática y la empresa debía, dentro de las 72 horas siguientes al
vencimiento de los 15 días hábiles reconocer los efectos del silencio
administrativo positivo.
En consecuencia, sostuvo que, si la empresa no lo hacía, el
peticionario podía solicitar a la SSPD la aplicación de las sanciones
correspondientes. Además, indicó que SSPD estaba facultada para
adoptar las medidas orientadas a hacer efectivo el silencio positivo
cuando la empresa no emitía la respuesta dentro de los 15 días y
cuando dicha respuesta no se notificaba en la forma que señala los
artículos 68, 69, 70 y 71 del CPACA.
Sostuvo que dentro de la investigación que adelantó por silencio
administrativo positivo se probó que la empresa demandante no
cumplió lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994,
subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995.
Agregó que no se probó que la demandante hubiera reconocido los
efectos del silencio administrativo positivo dentro de las 72 horas
siguientes al vencimiento de los 15 días para emitir respuesta, por
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lo que ante la naturaleza y gravedad de la falta se impuso una
sanción de multa, la cual se graduó atendiendo al impacto de la
infracción sobre el servicio público, al igual que la reincidencia, de
conformidad con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Sostuvo que, la satisfacción del derecho de petición implicaba no
solo la expedición de la respuesta dentro de los 15 días a que se
refería el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, sino que esa respuesta
se notificara al interesado, lo cual implicaba surtir los trámites
previstos por la norma procesal aplicable para lograr dicha
notificación.
Frente al no envío de aviso el día sexto, adujo que en algunos de los
casos estudiados se advirtió que la notificación por aviso no se
realizó en debida forma, por lo que en esos casos se declararon los
silencios administrativos positivos.
Respecto del cargo de violación al debido proceso por falta de
congruencia entre el pliego de cargos y el hecho que confirmó la
sanción, adujo que quien alega su propia culpa para derivar de ella
algún beneficio falta a la buena fe.
Afirmó que, las repuestas emitidas por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.,
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respecto de una petición o recurso, constituyen un acto
administrativo de carácter particular y concreto, en tanto extinguen,
modifican o crean situaciones jurídicas para cada usuario del servicio
de energía. Así, su notificación debe realizarse conforme a los
artículos 68 y 69 del CPACA.
Respecto del cargo relacionado con el hecho de que se sancionó a
la parte actora a pesar de que se allanó a varios cargos, sostuvo
que el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo
positivo se efectuó con posterioridad a los actos sancionatorios.
Adujo que el hecho de reconocer lo pedido por el usuario no
implicaba la desaparición de la falta, y que era evidente el
incumplimiento de lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de
1994 y los artículos 68 y 69 del CPACA.
Destacó que la sanción impuesta a la parte actora estaba acorde con
los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, pues en la
actuación administrativa analizó: i) la conducta de la empresa y la
naturaleza de la infracción y ii) la multa se adecuó a los criterios del
Decreto 281 de 22 de febrero de 2017, como lo eran la situación
financiera, el tiempo de la infracción y el agravante de que era una
conducta reiterada.
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Frente el cargo relacionado con el hecho de que no se tuvo en cuenta
que la parte actora notificó a varios usuarios de manera verbal por
vía telefónica, la demandada sostuvo que dichas respuestas no
cumplían lo previsto en el artículo 2.2.3.12.4 del Decreto 1166 de
2016, habida cuenta que en el pantallazo del sistema OPEN S.G.C.
no existía constancia de haberse indicado de manera expresa la
respuesta que se suministró, en razón a que solo aparece un registro
de respuesta favorable y otro desfavorable, sin que se pueda
establecer el contenido para llegar a tal sentido.
Consideró que el proceso de notificación no se adelantó en debida
forma, lo que configuró el silencio administrativo positivo por falta
de notificación y descarta la afirmación de la demandante
relacionada con la indebida valoración probatoria.
En lo relacionado con el cargo de violación al debido proceso al no
concederse el recurso de apelación, indicó que los actos acusados
fueron expedidos por el superintendente delegado con fundamento
en las facultades otorgadas por el artículo 5 de la Resolución 021 de
2005, modificado por el artículo 1 de la Resolución 9811 de 2001,
proferida por el superintendente de servicios públicos.
En ese sentido, sostuvo que la norma en vigor en materia de
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recursos contra los actos de los delegatarios al momento de la
expedición del acto acusado era la prevista en el artículo 12 de la
Ley 489 de 1998, por lo que las resoluciones acusadas en este
asunto no eran susceptibles de recurso de apelación.
De igual forma, indicó que no le asistía razón a la demandante al
señalar que se le sancionó sin tener en cuenta que los vicios en la
publicidad de los actos administrativos no generaban ni la
inexistencia ni la invalidez de estos, pues de la publicidad de las
respuestas que emitían las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarias se derivaba la eficacia de los derechos de
contradicción y debido proceso del usuario, y en todo caso, con ello
se garantizaba el núcleo esencial del derecho fundamental de
petición.
Frente a la indebida acumulación de procesos la demandada adujo
que no le asistía razón a la actora, dado que sí se cumplían los
requisitos para ello, pues en el caso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, la competencia no se determinaba
por el lugar de los hechos sino por el lugar de expedición del acto.
Agregó que, tampoco se configuró una indebida acumulación de
actuaciones administrativas, de conformidad con lo previsto en el
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artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.
En efecto, señaló que se cumplió con los siguientes requisitos: i) las
actuaciones corresponden a una investigación por silencio
administrativo positivo; ii) en cada uno de los casos se buscaba
establecer el cumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de 1994,
cuya investigación se regía bajo el mismo procedimiento previsto en
el artículo 47 del CPACA; iii) las investigaciones estaban orientadas
a que se reconocieran los efectos del silencio administrativo positivo
y la protección del derecho fundamental de petición; iv) las
investigaciones se encontraban en la etapa de indagación
preliminar; v) las investigaciones versaban sobre los mismos
hechos, pues en todos los casos surgen de una petición ante la
prestadora y la presunta omisión al dar respuesta, solicitaron a esta
entidad el inicio de investigación por SAP y vi) las investigaciones
recayeron frente una misma empresa prestadora de servicios.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 18 de marzo de 2022, el TRIBUNAL accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, debido a que
determinó que de los 42 casos por los cuales la Superintendencia
había sancionado a la actora debían excluirse 20, y, en
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consecuencia, redujo la multa a 171 SMLMV, esto es, a
$117.896.806.
Para tal efecto, sintetizó y resolvió los cargos de la demanda así:
2.1. De la acumulación de procedimientos sancionatorios
Sostuvo que la acumulación sí era procedente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36 del CPACA, pues existía la posibilidad de
unificar actuaciones como las encaminadas a estructurar
responsabilidades que, si bien no eran por idénticos casos, sí
guardaban una relación íntima respecto a la conducta que se
procedió a sancionar, por lo que concluyó que dicho cargo no estaba
llamado a prosperar.
2.2. De la congruencia
Indicó que el asunto a resolver se circunscribía a determinar la
legalidad de la sanción que le impuso a la SSPD a la actora como
consecuencia de la declaratoria del silencio administrativo positivo,
la cual obedeció al presunto incumplimiento de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. en la notificación de las decisiones que adoptó con motivo de
los derechos de petición o recursos presentados por los usuarios del
servicio público de energía eléctrica.
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Por lo anterior, consideró que el cargo de falta de congruencia no
estaba llamado a prosperar, dado que la configuración del silencio
administrativo positivo conllevaba la notificación en debida forma de
la respuesta, la cual debía de producirse dentro del término previsto
en la norma.
2.3. De la concesión del recurso de apelación
El Tribunal señaló que contra los actos del delegatario procedía
únicamente el recurso de reposición, pues de conformidad con lo
previsto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994, contra los actos
del superintendente de servicios públicos solo procedía el recurso de
reposición. Que al delegarse la función de imponer sanciones a los
prestadores de servicios públicos era del caso concluir que no
procedía la apelación, por lo que dicho cargo no estaba llamado a
prosperar.
2.4. De la aplicación del artículo 43 del Decreto 019 de 2012
Consideró que, tanto el artículo 43 del Decreto Ley 019 de 2012
como el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, disponían que la
notificación se debía efectuar de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo. Agregó que, el artículo 43 del Decreto
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Ley 19 de 2012, se refiere a que todas las decisiones en sede de la
Superintendencia de Servicios Públicos y de las empresas de
servicios públicos enmarcadas dentro del contrato de condiciones
uniformes.
Adicionalmente, el Tribunal indicó lo siguiente:
“[…] De la lectura del artículo 43 del Decreto 019 de 2012,
pareciera que la notificación ya no se hará en el acto de
presentación personal sino a través del envío de comunicaciones
por correo certificado o correo electrónico; es decir, se eliminaría
la notificación de manera personal. Sobre el particular, la Ley
1437 de 2011 contentiva del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su
artículo 53 que los procedimientos y trámites administrativos
podrán realizarse a través de medios electrónicos. Así mismo,
en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los
procedimientos administrativos, se aplicarán las disposiciones de
la Ley 527 de 1999 y las normas que las sustituyan, adicionen o
modifiquen (sic) […]”.
Por lo anterior, consideró que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y los prestadores de servicios públicos
domiciliarios podían efectuar la notificación de su decisión sobre los
recursos interpuestos por los usuarios en desarrollo del contrato de
condiciones uniformes, mediante comunicaciones que se envían por
correo o por medios electrónicos, siempre que el administrado
hubiere aceptado ese medio de notificación.
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2.5. Del allanamiento, la existencia de un hecho superado y
su atenuación
Adujo que la aceptación de la ocurrencia del silencio administrativo
positivo no mitigaba sus efectos adversos, pues la conducta por la
que sancionó consistía en el hecho de no responder las peticiones y
recursos interpuestos por los usuarios, conforme a lo previsto en la
ley.
Por lo anterior, consideró que aceptar la configuración del silencio
administrativo positivo no constituía un hecho superado, más aún
cuando este se contrae a situaciones acaecidas en el contexto de
procedimientos de tutela, y no en el escenario sancionatorio que aquí
se examina, material de resortes totalmente distintos.
De igual forma, adujo que no le asistía razón a la parte actora al
indicar que se debió graduar la sanción, dada la aceptación de la
configuración del silencio administrativo positivo, pues del análisis
de los actos acusados se podía establecer que la cuantía de la
sanción tenía como fundamento el estudio de la actuación y la
cuantificación que dio la sumatoria de los casos, por lo que consideró
que ese argumento no estaba llamado a prosperar.
2.6. Del cumplimiento de la Ley 1369 de 2009
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Indicó que según el artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, dicha
regulación se dirige a las empresas encargadas de realizar la
remisión de las correspondencias en el territorio nacional, por lo que
si existe una falencia de este tipo será esta última la encargada de
asumirla-
2.6. Del silencio administrativo positivo
Explicó que, en materia de servicios públicos domiciliarios el silencio
administrativo se entendía como positivo, de conformidad con lo
previsto en la Ley 142 de 1994, frente a peticiones, quejas y recursos
de los usuarios de las empresas prestadoras de tales servicios.
Además, dicha ley estableció el deber jurídico de resolver los
recursos, quejas y peticiones en el término de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de su presentación. Indicó que, una vez
se producía el silencio administrativo positivo, la respectiva entidad
perdía competencia para decidir la petición o recurso.
Sostuvo que, para que se configurara el silencio administrativo
positivo se debían de cumplir los siguientes requisitos: i) que la ley
le hubiere dado a la administración un plazo dentro del cual debía de
resolver la petición o recurso, ii) que la ley contemplara de manera
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expresa que el incumplimiento del plazo tenía efectos de silencio
positivo y iii) que la entidad obligada a resolver no lo hiciere dentro
del plazo previsto en la ley. Además de que dentro de ese plazo no
solo se debía emitir la decisión, sino notificarse en debida forma.
Adujo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 del
Decreto 2150 de 1995, las empresas prestadoras de servicios tenían
el deber de reconocer los efectos del silencio administrativo positivo,
pues si no lo hiciere, el peticionario podía solicitar a la SSPD la
imposición de las sanciones a que hubiere lugar.
Consideró que en este asunto se debía de revisar si ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P., cumplió tanto la normatividad especial, como la Ley 142
de 1994, artículos 158 y 159, los cuales remitían al CPACA en
materia de notificaciones.
Por lo anterior, el Tribunal sostuvo que solo entraría a estudiar los
casos relacionados con la contabilización del término para remitir el
aviso y los reparos respecto del cumplimiento de la Ley 1369 de
2009, los cuales consideró abarcaban los demás cargos propuestos
en la demanda.
En ese sentido, indicó que se debía de acudir al criterio de
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interpretación analógico, para considerar que, si bien el artículo 69
del CPACA no previó un término dentro del cual se debía de enviar
el aviso, dicho vacío se debía suplir aplicando lo previsto para el
envío de la citación tendiente a la notificación personal, esto es, 5
días.
Consideró razonable que dentro de dicho lapso se agotaran las
diligencias tendientes a elaborar y remitir el aviso al peticionario,
dado que el legislador estimó oportuno conceder cinco días para
comparecer a notificarse personalmente, por lo que era posible
otorgarle ese plazo a la empresa de servicios públicos para la
remisión del aviso, entre otras razones, por que el cometido de
celeridad que eventualmente podría argüirse en caso de aceptar la
interpretación contenida en los actos demandados, afectaba el
desarrollo de ese trámite «pues no pocas son las peticiones, quejas
o reclamos que a diario resuelven las prestatarias de los servicios
públicos domiciliarios».
Por lo anterior, el Tribunal recalculó la sanción impuesta en
consideración a los casos en los que sí se excedió el plazo antes
señalado, pues concluyó que, de los 42 casos de ocurrencia del
silencio administrativo positivo, en 20 de ellos se debía declarar
nulas las multas, siendo procedente la sanción en los otros 22 casos.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
para lo cual formuló los siguientes reproches:
3.1.- De la indebida acumulación de expedientes
administrativos
Sostuvo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del
CPACA, la acumulación de expedientes administrativos era
procedente cuando se trataba de una misma actuación, dado que su
finalidad era evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho
o asunto común, en aplicación de los principios que regían las
actuaciones administrativas.
En ese sentido, insistió en que la acumulación no era procedente,
pues las investigaciones no versaban sobre la misma actuación
procesal, por lo que a pesar de que las peticiones y recursos
perseguían la declaratoria del silencio administrativo positivo, estas
hacían referencia a distintas circunstancias de hecho, las cuales,
además, se daban en diferentes dependencias territoriales, tales
como Sincelejo, Montería, Valledupar, Riohacha, Barranquilla, Santa
Marta y Cartagena.
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Advirtió que las peticiones, recursos y formatos de solicitud de
silencio administrativo positivo, correspondían a conductas o
situaciones fácticas diferentes, las cuales hacían referencia a los
siguientes eventos: i) falta de respuesta, ii) respuesta notificada por
fuera de los términos establecidos en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011, iii) falta de cumplimiento de requisitos dispuestos en otras
normas (ley postal), iv) envío y recibido de notificaciones y v) casos
de distintas ciudades y en distintos departamentos, por lo que
consideró que no existía una unidad jurídica para conformar un
expediente y resolver de manera uniforme con el fin de evitar
decisiones contradictorias.
Resaltó que respecto de dichos asuntos no se podía emitir una sola
decisión, dado que cada petición recurso o solicitud requería de un
estudio jurídico separado, pues se debía de acreditar
probatoriamente en cada caso si efectivamente se configuró la figura
del silencio administrativo positivo.
Consideró que la acumulación que efectúo la SSPD vulneró lo
previsto en el artículo 56, numeral 8, del CPACA, pues la misma
resultaba improcedente, teniendo en cuenta que se acumularon
investigaciones que no versaban sobre la misma actuación procesal,
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las cuales se dieron en diferentes dependencias territoriales.
Cuestionó que el razonamiento del Tribunal se fundamentara en el
artículo 29 del CCA, a pesar de que la norma vigente que resultaba
aplicable era el artículo 36 del CPACA, la cual sostuvo se interpretó
en primera instancia de forma equivocada.
Destacó que el artículo 36 del CPACA no previó la posibilidad de
acumular expedientes administrativos cuando se tratara de
diferentes actuaciones que perseguían el mismo efecto, como sí lo
disponía el artículo 29 del CCA, por lo que no resultaba procedente
equiparar sus efectos.
3.2.- La sanción se fundamentó en una norma declarada
inexequible
Sostuvo que el artículo 208 de la Ley 1753 de 2015 se declaró
inexequible mediante sentencia C-092 de 2018, por lo que no
resultaba aplicable en el ordenamiento jurídico.
De igual forma, adujo que, en la citada sentencia no se realizó un
estudio de reincorporación de la norma previamente derogada -
artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994-, a efectos de determinar si dicha
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norma revivía, por lo que era de entender que ello no ocurrió y, en
consecuencia, no podía aplicarse dentro del ordenamiento jurídico.
Agregó que, para que se exista la reviviscencia de una norma debía
de efectuarse la ponderación de dos principios, el de la seguridad
jurídica, a través del cual se protegían las situaciones jurídicas
consolidadas, con efectos solamente hacía el futuro, y el de
legalidad, el cual se traducía en que la declaratoria de inexequibilidad
no puede dejar un vacío normativo que podría poner en riesgo
derechos fundamentales.
3.3. De la violación del derecho a la defensa y contradicción
Sostuvo que, el Tribunal no analizó que la SSPD graduó y fijó la
sanción objeto de los actos administrativos acusados con
fundamento en el Decreto 281 de 2017, el cual no se encontraba
vigente para la época en que ocurrieron los hechos.
Adujo que, el Decreto 281 de 2017 no era aplicable dentro del
trámite sancionatorio, a menos de que fuera para hacer efectivo el
principio de favorabilidad, por lo que, al no darse no darse en las
resoluciones acusadas ninguna explicación sobre el particular, no era
legítima la aplicación de esa norma.
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Consideró que, la aplicación de una norma que no estaba vigente,
esto es, el Decreto 281 de 2017, conllevaba la vulneración del
principio de legalidad en los casos identificados con los números 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ,38, 39,
40, 41 y 42, dentro del expediente que se acumuló.
Señaló que, el debido proceso sancionatorio implicaba la existencia
previa de un régimen normativo que contemplara los extremos
potenciales de las actuaciones y procedimientos, pues las
infracciones debían ser sancionadas de conformidad con las normas
preexistentes al hecho que se le atribuía al sancionado.
Concluyó que, el Tribunal debió declarar la nulidad de la sanción con
relación a las investigaciones iniciadas antes de la vigencia del
Decreto 281 de 2017, dada la vulneración del principio de legalidad
dentro del principio de legalidad dentro de la actuación que dio
origen a los actos administrativos demandados.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación interpuesto por la demandante se admitió
por auto de 25 de octubre de 2022 y en razón a que no se solicitaron
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pruebas en esta instancia, el despacho conductor se abstuvo de
correr traslado para alegar.
El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.
El despacho sustanciador decretó la suspensión del proceso, auto de
24 de mayo de 2024, ante la solicitud que presentaron las partes,
desde el 24 de mayo hasta el 24 de julio de ese año. Posteriormente,
en auto de 13 de septiembre de 2024, se decretó la suspensión del
proceso, por solicitud de las partes, desde el 13 de septiembre y hasta
el 19 de diciembre de ese mismo año.
El 4 de diciembre de 2025, la Sala de esta Sección resolvió no
conceder la solicitud de prelación para fallar el asunto de la
referencia, bajo el entendido de que la empresa demandante no tiene
el carácter de una entidad de carácter público.
Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sala rechazó por improcedente
el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de no conceder
la prelación.
La apoderada de la empresa demandante radicó memorial el 9 de
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marzo de 2026, en el que solicita dar aplicación al artículo 2712 de la
Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma que permite agrupar por
temáticas los recursos de apelación pendientes de decisión; y que, en
consecuencia, los demás radicados que identifica en su escrito13, a
cargo de la Sección, se decidan de manera simultánea.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.
5.2.- CUESTIÓN PREVIA
La apoderada de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.-, en memorial de 9
de marzo de 2026, solicitó dar aplicación a la figura de la agrupación
12
“[…] Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo,
aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las
consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de
manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos […]”
13
En total son 34 expedientes, distribuidos en los 4 Despachos que integran la Sección Primera.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
temática, prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria 2430 de
2024, que adicionó el artículo 74J al Capítulo VII de la Ley 270 de
1996, habida cuenta que: i) se tramitan varios expedientes que se
encuentran pendientes de decisión ante esta Sección; ii) la
competencia de la Corporación es para resolver los recursos de
apelación formulados contra fallos de primera instancia; y iii) en
dichos procesos se cuestiona la legalidad de los actos sancionatorios
que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
en contra de la demandante al resolver las solicitudes de quejas que
sus usuarios presentaron por el no reconocimiento del SAP.
Frente a ello, la Sala advierte que una solicitud similar a la aquí
elevada se resolvió en sentencia de 28 de mayo de 202614, dentro
del expediente identificado con el número de radicación 08001-23-
33-000-2019-00441-01, en el entendido de que a través de ese fallo
se fijarían los planteamientos que podrán ser reiterados en los
demás procesos que la Sala identifique como posibles de agrupar
bajo este modelo de decisión. Al respeto se puntualizó:
“[…] Comoquiera que concurren en el caso bajo examen los
presupuestos para dar aplicación a dicha figura, la Sala acoge
la solicitud de la parte actora, bajo el entendido de que a
través de este fallo se fijarán los planteamientos que
podrán ser reiterados en los demás procesos que la Sala
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de
mayo de 2026. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Número único de
radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01. Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
identifique como posibles de agrupar bajo este modelo de
decisión.
Identificada esta coincidencia, resulta procedente alterar el
sistema de turnos, con el fin de garantizar la racionalización y
evacuación de estos asuntos […]”
En tal sentido, en lo que concierne al asunto de la referencia y en los
temas que corresponda se prohijará la referida sentencia, para
efectos de resolver los cargos planteados.
5.3.- LOS ACTOS ACUSADOS
Corresponden a los artículos primero de la Resolución SSPD-
20178000147095 de 25 de agosto de 2017; y primero y tercero
de la Resolución SSPD-20188000035515 de 11 de abril de 2018, que
señalan:
5.3.1.- RESOLUCIÓN SSPD-20178000147095 DE 25 DE
AGOSTO DE 2017
“[…]RESOLUCIÓN SSPD-20178000147095 DEL 2017-08-25
Expediente No. 2017820390400187E
Por la cual se resuelve una investigación por Silencio
Administrativo
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
[…]
I. HECHOS
Que se radicaron sesenta (60) trámites ante esta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
fueron radicadas con los números relacionados en las casillas
“RADICADO SAP" del cuadro que a continuación se registra, por
los usuarios que se detallan en el mismo cuadro, contra la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., por
el presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de
1994 (Silencio Administrativo Positivo- SAP), respecto de las
solicitudes en ejercicio de derecho de petición elevadas y
radicadas en sede de la prestadora y que se relacionan a
continuación, por lo que solicita se imponga la sanción a que
haya lugar y se ordene reconocer los efectos del silencio
administrativo positivo.
[…]
En mérito de lo anterior, esta Superintendencia después de
analizar la documentación obrante dentro de cada uno de los
expedientes, encontró mérito para abrir investigación formal
contra la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P., identificada con el NIT No. 80200767086, por lo que
procedió a proferir auto apertura de indagación y pliego de
cargos para cada una de las sesenta (60) investigaciones
de Silencio Administrativo Positivo, los cuales reposan en
cada expediente; por la presunta violación del artículo 158 de
la Ley 142 de 1994, entre tanto, dichos autos fueron
debidamente notificados a la prestadora, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1437 de 2011, tal y como consta dentro
de los expedientes.
Que observándose que tales expedientes contienen un fondo
similar en cuanto a instancia procesal, actuación procesal,
relación íntima, efecto, que cada una de ellas están
relacionadas por los mismos hechos y teniendo en cuenta que,
el estado actual de las investigaciones se halla en término para
proferir fallo; este Despacho mediante auto de acumulación
No. 20178000007536 del 20/04/2017, ordenó acumular
en una sola actuación administrativa las sesenta (60)
investigaciones por silencio administrativo positivo relacionadas
anteriormente, contra la empresa ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. E.S.P., con el fin que sean resueltas mediante
una misma decisión administrativa dentro del expediente
2017820390400187E de la solicitud SAP No.
20168200679972 de fecha 2016-08-03, por ser este el
primero que se recibió en esta Superintendencia, el cual fue
debidamente comunicado a la empresa conforme comunicación
anexa al expediente.
[…]
RESUELVE
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-01090-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN en la modalidad de
MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P., identificada con NIT 8020076706, consistente en
cuatrocientos setenta (470) SALARIO(S) MINIMO(S)
LEGAL(ES) MENSUAL(ES) VIGENTE(S) equivalente a la
suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
($324.463.640,00), la cual se hará efectiva en el término de
10 DIAS hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta
Resolución, dentro de las diligencias impetradas por los
usuarios relacionados en el cuadro No. 8 del presente acto; lo
anterior, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
Resolución.
Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la
sanción impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en
cheque. El Prestador deberá acreditar el pago de la multa
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de este acto administrativo.
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR EL CIERRE Y ARCHIVO
de las TRECE (13) investigaciones por silencio administrativo
positivo -SAP-, relacionadas en el cuadro No. 7 del presente
acto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el reconocimiento de los
efectos del Silencio Administrativo Positivo, respecto de cada
una de las pretensiones contenidas en las CUARENTA Y SIETE
(47) peticiones señaladas en el cuadro No. 8 del acápite de
análisis del caso del presente acto, atendiendo a las
consideraciones expuestas.
ARTÍCULO CUARTO: DESESTIMAR los efectos del silencio
administrativo positivo, respecto a las TRECE (13), peticiones
señaladas en el cuadro No. 7, del acápite de análisis del caso
del presente acto, atendiendo a las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO QUINTO: INHIBIRSE de fallar los recursos de
apelación, conforme a lo dispuesto en la parte motiva, de los
radicados números:
[…]
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR fallar los recursos de
apelación, conforme lo dispuesto en la parte motiva, de los
radicados números:
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la oficina de
control interno disciplinario de la empresa ELECTRIFICADORA
DEL CARIBE S.A. E.S.P., para los fines a que haya lugar,
conforme con lo señalado en el artículo 48 numeral 35 de la Ley
734 de 2002.
ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR personalmente el
contenido de esta resolución, a los CUATRO (04) usuarios
relacionados, en el cuadro No. 3 del presente acto, quienes
pueden ser citados y/o ubicados en la dirección de
correspondencia registrada por los mismos en la respectiva
solicitud de investigación por silencio administrativo positivo,
haciéndole entrega de una copia de la misma; y en caso de no
poderse surtir la notificación personal, procédase a la
notificación por aviso, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma en el evento
de existir autorización expresa para efectuar la notificación por
correo electrónico, se procederá conforme lo establece el
artículo 67 del CPACA a la dirección electrónica que reposa en
el expediente virtual.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el
contenido de esta resolución a JAVIER ALONSO LASTRA
FUSCALDO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. o quien haga sus
veces, quien para el efecto puede ser citado en la CARRERA 55
No. 72 - 109 PISO 7 de BARRANQUILLA-ATLANTICO,
haciéndole entrega de una copia de la misma; y en caso de no
poderse surtir la notificación personal, procédase a la
notificación por aviso, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma en el evento
de existir autorización expresa de la prestadora para efectuar
la notificación por correo electrónico, se procederá conforme lo
establece el artículo 67 del CPACA a la dirección electrónica que
reposa en el expediente virtual de la investigación.
ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el contenido de esta
resolución, a los CINCUENTA Y SEIS (56) usuarios
relacionados, el cuadro No. 4 del presente acto, quienes pueden
ser citados y/o ubicados en la dirección de correspondencia
registrada por los mismos en la respectiva solicitud de
investigación por silencio administrativo positivo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución
sólo procede el Recurso de Reposición ante la Directora General
Territorial, el que deberá interponerse dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente
Resolución.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a
partir de la fecha de su notificación […]”.
En la Resolución SSPD-20178000147095 de 25 de agosto de 2017,
la Superintendencia resolvió la investigación administrativa
adelantada contra Electricaribe, con ocasión de 60
investigaciones radicadas por el presunto incumplimiento del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, SAP, en el trámite de peticiones
presentadas por usuarios del servicio.
En los antecedentes del acto, se indica que a partir de esas 60
investigaciones la Superintendencia abrió investigación formal y
profirió auto de apertura de indagación y pliego de cargos individual
para cada solicitud del SAP, por la presunta violación del artículo 158
ibidem. Posteriormente, ordenó la acumulación de todos los
expedientes en una sola actuación administrativa, para verificar
identidad de sujeto vigilado, homogeneidad fáctica y procesal, así
como coincidencia en el estado de las investigaciones.
Con fundamento en el estudio del material probatorio y de los
descargos presentados por la empresa frente a cada caso, la
entidad concluyó que Electricaribe sí incurrió en silencio
administrativo positivo en 47 de las 60 peticiones analizadas, por
infracción al artículo 158 de la Ley 142, en la medida en que no dio
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
respuesta en debida forma y dentro del término legal, o bien no
surtió correctamente las actuaciones de notificación de la respuesta,
en los términos del CPACA y de la regulación especial de servicios
públicos.
En la parte motiva se precisó que esas 47 solicitudes se relacionan
en el denominado cuadro 8 del acápite de análisis del caso, en el que
se identifican, para cada radicado de SAP, el usuario respectivo, los
datos de la petición y la “causal” concreta por el cual se configuró el
silencio administrativo positivo.
Las conductas reprochadas se agrupan, en esencia, en los siguientes
supuestos: i) falta absoluta de respuesta a la petición; ii) respuestas
emitidas de manera extemporánea; iii) irregularidades en la
notificación personal de la respuesta y, iv) deficiencias en la
notificación por aviso, tales como: a) envío extemporáneo del aviso
y b) elaboración del aviso sin los requisitos exigidos por el artículo
69 del CPACA y por la Ley 1369.
En consecuencia, en el artículo 1° del acto en cita, la
Superintendencia impuso a Electricaribe una sanción en la
modalidad de multa equivalente a 470 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
5.3.2.- RESOLUCIÓN SSPD-20188000035515 DE 11 DE ABRIL
DE 2018
“[…] RESOLUCIÓN SSPD–20188000035515 DEL 2018-04-11
Expediente No. 2017820390400187E
Por la cual se decide un Recurso de Reposición
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
En ejercicio de sus facultades, en especial las que le confiere
el artículo 79 numeral 25 y articulo 158 de la Ley 142 de
1994, subrogado por el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996;
la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015; y la
Resolución SSPD No. 20161000065165 del 09 de diciembre de
2016; y
[…]
VIII. DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO
Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá a
REVOCAR el reconocimiento de los efectos del silencio positivo
en favor del(a) usuario(a), concedidos en la resolución
recurrida, respecto de las investigaciones sobre las cuales no
se halló probada transgresión a las disposiciones del artículo
158 de la Ley 142 de 1994, y que, para el caso, se encuentran
relacionadas en el Cuadro No. 5 del Título VI del presente acto.
De igual manera, se procederá a CONFIRMAR el
reconocimiento de los efectos del silencio administrativo
positivo, respecto de las investigaciones sobre las cuales no
hubo mérito para desestimar la sanción impuesta en la
resolución recurrida, y que, para el caso, corresponderían a los
radicados relacionados en el Cuadro No. 6 del Título VII del
presente acto.
IX. - DE LA DECISIÓN
En consecuencia, se MODIFICA la Resolución SSPD No.
20178000147095 del 2017-08-25, por medio de la cual esta
territorial impuso sanción en la modalidad de MULTA a la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
concerniente a CUATROCIENTOS SETENTA (470)
SALARIO(S) MÍNIMO(S) LEGAL(ES) VIGENTE(S)
equivalente a la suma de TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
($324.463.640), quedando así la nueva sanción en la
modalidad de MULTA en TRECIENTOS SETENTA Y UNO
(371) SALARIOS(S) MÍNIMO(S) LEGALES MENSUAL(ES)
VIGENTE(S), por un valor de doscientos ochenta y nueve
millones novecientos noventa mil cuarenta pesos con
cero centavos ($289.990.940.00).
En mérito de lo expuesto, este despacho:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución SSPD No.
20178000147095 del 2017-08-25, por medio de la cual se
sancionó en la modalidad de MULTA a la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., identificada con
NIT 8020076706, quedando así la nueva sanción en la
modalidad de MULTA en TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (371)
SALARIO(S) MÍNIMO(S) LEGAL(ES) VIGENTE(S), por un valor
de doscientos ochenta y nueve millones novecientos
noventa mil novecientos cuarenta pesos con cero
centavos ($289.990.940.00) de acuerdo con lo expuesto en
la parte motiva de esta Resolución.
Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en cheque. El
Prestador deberá acreditar el pago de la multa dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto
administrativo.
[...]
ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo Tercero de la
Resolución SSPD – 20178000147095 del 2017-08-25, y en su
lugar, se ordena desestimar el reconocimiento de los efectos
del silencio administrativo positivo, respecto de las
investigaciones relacionadas en el Título VI de la parte motiva,
y de conformidad con lo señalado en el Título VIII del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR tanto la MULTA, así
como el respectivo RECONOCIMIENTO DE EFECTOS, de las
demás CUARENTA Y DOS (42) investigaciones por silencio
administrativo positivo, sobre las cuales no se halló mérito para
modificar o revocar la sanción impuesta en la resolución
recurrida, y que se encuentran debidamente relacionadas en el
Título VII del presenta acto administrativo […]”.
A través de la resolución en mención, la Superintendencia decidió
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el recurso de reposición interpuesto por Electricaribe contra la
Resolución SSPD-20178000147095 de 25 de agosto de 2017.
Para tal efecto, la entidad examinó caso por caso y los agrupó para
su estudio, del cual concluyó: i) respecto de 5 casos que no se
acreditó la transgresión del artículo 158 de la Ley 142, frente a las
cuales se revocó el reconocimiento del SAP; y ii) de los demás,
mantuvo la decisión respecto de la cual identificó que la empresa
incumplió su deber de resolver y notificar las respuestas a los
usuarios.
En tal sentido, la Superintendencia modificó su decisión inicial y
ajustó la dosimetría de la sanción, para lo cual redujo la cuantía y
fijó el valor definitivo en 371 SMLMV, esto es, en $289.990.940, en
relación con 42 casos.
5.4.- PROBLEMAS JURÍDICOS
A partir de los reproches planteados por la empresa demandante en
el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala resolver
si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, para lo
cual se ocupará de decidir las censuras planteadas, en el siguiente
orden: i) si procedía acumular las 60 investigaciones por SAP a pesar
de los diferentes motivos que surgieron para su configuración; ii) si
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se vulneró el debido proceso con motivo de la aplicación del Decreto
281 de 2017, el cual se sostuvo no se encontraba vigente para la
fecha de los hechos que dieron lugar a la configuración del silencio
administrativo positivo y; iii) si los actos demandados están
afectados de nulidad dado que se expidieron con fundamento en una
norma que se declaró inexequible mediante sentencia C-092 de
2018.
Para resolver estos planteamientos, la Sala identificará previamente
el marco jurídico en el que se funda la ocurrencia del silencio
administrativo positivo en materia de servicios públicos.
5.5.- MARCO NORMATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el
derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
En desarrollo de este mandato, el ordenamiento prevé un
procedimiento y también regula los plazos y términos con los que
cuenta la administración para responder las solicitudes que
presentan los administrados, so pena de las consecuencias jurídicas
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
que operan por la inactividad de la autoridad frente a dicha
obligación.
De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como
una presunción o ficción legal según la cual transcurrido un
determinado plazo sin que la administración resuelva la petición, y
cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la
solicitud ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla
general, o en sentido estimatorio, en los casos expresamente
previstos en la legislación.
En relación con el régimen de servicios públicos domiciliarios, el
legislador aprobó que en ejercicio del derecho de petición que les
asiste a los usuarios, opera la figura del silencio administrativo
positivo - SAP.
En efecto, la Ley 142 estableció como cláusula esencial del contrato
de servicios públicos que el suscriptor o el usuario pueden presentar
ante la empresa prestadora peticiones, quejas y recursos
relacionados con la ejecución del contrato.
De ahí que a las empresas les corresponde obligatoriamente tener
una oficina de peticiones, quejas y recursos encargada de recibir,
tramitar y responder las solicitudes verbales o escritas que formulen
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los usuarios, suscriptores y/o los suscriptores potenciales en relación
con el servicio que estas prestan.
Así lo prevén los artículos 153 y 154 de la referida Ley 142:
"[…] Artículo 153. De la oficina de peticiones y
recursos. Todas las personas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de
recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten
los usuarios, los suscriptores o los suscriptores
potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las
peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.
Las peticiones y recursos serán tramitados de
conformidad con las normas vigentes sobre el derecho
de petición.
Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas
decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.
No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan
las reclamaciones por facturación debe interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.
De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
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suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.
Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia […]”.
En este contexto, el artículo 158 15 de la Ley 142 establece la
ocurrencia del silencio administrativo positivo para las peticiones
y recursos que no sean resueltos dentro del término de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, al
disponer que, vencido ese plazo, salvo que se demuestre que el
suscriptor o usuario auspició la demora o que era necesaria la
práctica de pruebas, se entiende que hubo una decisión favorable
para la solicitud del peticionario o del recurrente.
En el mismo sentido, el artículo 123 16 del Decreto 2150 de 5 de
15
“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y
peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en
forma favorable a él”.
16
“ARTÍCULO 123.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo,
contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene
la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se
requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma
favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al
suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el
peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto.
PARÁGRAFO.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de
"petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que
presente un suscriptor o usuarios […]”.
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diciembre de 199517 establece que toda entidad o persona vigilada
por la Superintendencia tiene la obligación de resolver las
peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo del contrato de servicios, dentro de un
término de quince días hábiles contados a partir de su
presentación.
También prevé este precepto que en caso de que no se resuelva
la PQR dentro de las setenta y dos horas siguientes al vencimiento
del término, la entidad prestadora deberá reconocer al suscriptor
o usuario los efectos del silencio administrativo positivo; y si no lo
hace, el interesado podrá acudir ante la Superintendencia para que
se impongan las sanciones a que haya lugar y se adopten las
decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto
presunto.
En este orden, se tiene que en materia de servicios públicos la no
respuesta oportuna a la PQR deriva en una presunción legal
favorable para el usuario, lo que permite concluir que la ocurrencia
del silencio positivo surge por no resolver en oportunidad la petición
y/o recurso.
17
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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Ahora, este silencio también se configura cuando pese a contestarse
en tiempo la PQR, no se notifica bajo las normas del CCA o del
CPACA, habida cuenta que es la notificación la que permite enterar
al usuario o suscriptor del sentido en que se resolvió su petición,
queja o recurso, lo cual está reglado por estas codificaciones,
conforme se sostuvo en la sentencia de 3 de mayo de 2018, así18:
“[…] se observa con claridad que el legislador estableció que en
materia de servicios públicos domiciliarios, las empresas
prestadoras cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles
para RESOLVER las peticiones, quejas y recursos, so pena
que se entienda que éstos fueron resueltos
favorablemente, lo que sin duda alguna constituye una
garantía para el administrado, la cual fue fortalecida en el
sentido de imponer a la empresa prestadora la
obligación de reconocer el acto ficto “(d)entro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del
término de los quince (15) días hábiles”, sin que la norma
especial prevea para tal efecto un trámite adicional,
obligación que de no cumplirse habilita al peticionario
para que acuda a la superintendencia, a fin de que
imponga las sanciones correspondientes, “sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto”.
[…] en el caso de autos la [norma] aplicable (artículo 123
del Decreto Ley 2150 de 1995) hace alusión a “resolver”,
la Sala estima que una interpretación sobre un asunto
tan sensible y excepcional, como el hecho de entender
que el silencio de la administración equivale a que
accede a lo solicitado, debe acompasarse con la realidad,
esto es, al hecho de que las entidades requieren de un
tiempo razonable para resolver de fondo y manera
congruente las peticiones y para NOTIFICAR la
respuesta atendiendo las normas que establecen plazos
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión.
Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00474-01. Actor:
Industria Nacional de Gaseosas S.A. – INDEGA S.A. Demandado: Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda
Instancia. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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y procedimientos que deben surtirse, los cuales deben
interpretarse de manera lógica, útil y armónica con los
términos para la configuración del silencio
administrativo positivo.
En ese orden de ideas, frente al caso concreto de un lado se
tiene que el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995
prevé un plazo de 15 días hábiles PARA RESOLVER las
peticiones, quejas y recursos en materia de servicios
públicos domiciliarios, y por otro, que el artículo 159 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689
de 2001, establece que las respuestas correspondientes
se NOTIFICARÁN “en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo”.
Ahora bien, según el anterior código las decisiones que ponen
fin a una actuación administrativa se notifican
personalmente, para lo cual el artículo 44 prevé que se
enviará una citación al interesado “dentro de los cinco (5)
días siguientes a la expedición del acto”, a fin de que acuda a
la entidad y se notifique de la decisión. Asimismo, se tiene
que el artículo 45 del mismo estatuto señala que si no
pudiere llevarse a cabo la notificación personal al cabo
de los 5 días del envió de la notificación, la
administración fijará un edicto por el término de 15 días.
Por lo tanto, fácilmente puede advertirse que en el proceso de
notificación del C.C.A., cuando ésta se efectúa por edicto
pueden transcurrir 20 días, esto es, un plazo mayor al de 15
previsto en el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 para
resolver las peticiones en materia de servicios públicos.
En vista de lo anterior, no resulta razonable predicar que
la administración tiene hasta 15 días para dictar la
decisión y NOTIFICAR la respuesta correspondiente, so
pena de que se configure el silencio administrativo, pues dicho
plazo es inferior al legalmente consagrado para efectuar
la NOTIFICACIÓN respectiva.
Dicho de otro modo, una INTERPRETACIÓN RAZONABLE de
las normas objeto de análisis, consiste en predicar que la
administración tiene hasta 15 días para DICTAR la decisión
correspondiente, so pena de que se entienda que la respuesta
es favorable.
Ahora bien, CON LO ANTERIOR la Sala en manera alguna
desconoce la importancia de la debida notificación,
máxime cuando la misma constituye un elemento
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esencial del derecho de petición 19 , sin embargo, en
tratándose del silencio administrativo positivo, donde el
término para resolver las peticiones correspondientes es menor
al previsto para efectuar la notificación, resulta necesario
DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta
y los establecidos para notificar ésta.
Se destaca que dicha diferenciación es relevante en materia del
silencio administrativo positivo, porque de configurarse el
mismo, además de entenderse que la administración accedió a
lo solicitado, la misma pierde competencia para
pronunciarse sobre el asunto, lo que no ocurre cuando el
silencio administrativo es negativo20, de manera tal que el
análisis que se efectúa sobre la configuración de aquél debe ser
riguroso, lo que implica tener presente (i) las particularidades
de la norma que consagra el silencio administrativo positivo,
por ejemplo, en cuanto el plazo concedido y qué exige que se
haga en el mismo (decidir 21 , resolver 22 , notificar,
pronunciarse23), (ii) así como las disposiciones aplicables
para la notificación correspondiente, y por ende, evaluar
si las exigencias hechas a la administración frente a la(s)
solicitud(es) elevada(s) resultan razonables.
La importancia de tener en cuenta los aspectos antes señalados
radica por ejemplo, en que si los mecanismos de notificación
aplicables para el caso en concreto permiten que el
peticionario tenga conocimiento de la respuesta emitida a
través de correo electrónico, como acontece bajo la Ley
1437 de 2011 (art. 67) (que en esta oportunidad no es la
norma a aplicar 24 ), en principio nada justificaría que la
administración pudiendo DAR A CONOCER LA
RESPUESTA DE MANERA INMEDIATA Y EFICAZ por dicho
medio, no lo hiciere en el plazo legalmente establecido
para resolver la petición.
Bajo el criterio interpretativo expuesto, a juicio de la Sala se
vela por la efectividad de las normas que consagran el
silencio administrativo positivo y las consecuentes
garantías de quienes resultan beneficiados, como por el
19
Sobre los elementos esenciales del derecho de petición: Corte Constitucional, sentencia C-007 del
18 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Sobre el particular puede consultarse: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de
mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446). 2)
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.
25000-23-26-000-1995-01143-01(14850).
21
Verbigracia artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 en materia aduanera, o el artículo 69 de la Ley
338 de 1997 frente a resolución de recursos en asuntos de expropiación.
22
Artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 en tratándose de servicios públicos domiciliarios.
23
Por ejemplo: Artículo 25, numeral 16 de Ley 80 de 1993 frente a contratación estatal, o el artículo
28 del Decreto 564 de 2006 sobre licencias urbanísticas.
24
Teniendo en cuenta que entró en vigencia el 2 de julio de 2012 (art. 308), es decir, antes de la
actuación que dio lugar a los actos acusados.
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efecto útil de las disposiciones atinentes a los
mecanismos de NOTIFICACIÓN, aspectos que se itera,
deben analizarse en cada caso […]”.
De lo expuesto, queda dilucidado que el silencio positivo
administrativo no se deriva únicamente de no resolver en tiempo -
15 días - las peticiones, quejas o recursos, sino que también debe
verificarse que resuelto en oportunidad esta decisión se notifique
bajo las normas del CCA y/o CPACA, según corresponda, habida
cuenta que por los efectos que se derivan para el administrado de
enterarse de tal decisión no basta que se conteste en tiempo, sino
que es necesario que se dé a conocer la decisión bajo el
procedimiento legal en vigor, en tanto el derecho de petición no se
satisface si no se garantiza y prueba que se ha enterado de lo
resuelto al peticionario.
Así, en vigor del CPACA está prevista la posibilidad de notificar las
decisiones que resuelven una PQR mediante: i) correo electrónico,
herramienta que entera de inmediato al peticionario, comoquiera
que estas actuaciones pueden ocurrir en un mismo momento; ii) de
no ser posible lo anterior, se enviará citación para la notificación
personal a fin de que comparezca el peticionario; y iii) cuando
resulte fallida esta, debe agotarse la notificación por aviso.
Para efecto de un mejor entendimiento del trámite de las PQR en
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materia de servicios públicos, con fundamento en la Ley 142 de
1994, el Decreto 2150 de 1995 y el CPACA, la Sala presenta el
siguiente cuadro:
Trámite de las PQR en materia de servicios públicos
Término
Radicación de para
Eventos que pueden ocurrir
la petición resolver la
PQR
1-15 días La
Aplicación del
hábiles. Se Resuelve administración
Esta fecha procedimiento de
cuenta a en el plazo debe proceder a
fija el notificación
partir de la la notificación
extremo para radicación Reconocimiento
comenzar el de la PQR Ocurrencia del
de los efectos
conteo del (Artículos 158 No SAP por
del SAP en las
plazo para de la L 142 y resuelve incumplimiento
próximas 72
resolver. 123 del Dec. en el plazo por no resolver
2150 de horas por la
en el plazo
1995) empresa de SPD
Procedimiento de notificación de la decisión (Régimen CPACA)
Inmediata – Debe
Electrónica coincidir con la respuesta.
Se concluye la
notificación
Envío de la citación a la
dirección física, número de
Citación para
Respuesta de la PQR en oportunidad
fax y Correo electrónico
notificación personal
que figure en el expediente
(Artículo 68 del CPACA
o en el registro mercantil,
– 5 días siguientes a la
Personal para que el peticionario
respuesta)
comparezca (5 días s.s. a
la respuesta de la PQR)
Notificación
El administrado Imposibilidad de hacer
acude a notificarse la notificación personal
Debe agotarse la siguiente
Se concluye la
etapa: notificación por
notificación
aviso
Remisión del aviso a: Dirección física
Número de fax
(artículo 69 del CPACA) Correo electrónico que
figure en el expediente o
Por aviso en el registro mercantil
Notificación: se surte al finalizar el día siguiente a
aquel en el que se realiza la entrega del aviso. Se
concluye la notificación.
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De lo examinado, se aprecia que para tener por resuelta en
oportunidad la PQR surgen varios eventos, los que tendrán que ser
observados tanto por las empresas de servicios públicos como por la
entidad de vigilancia en aras de validar el reconocimiento de los
efectos del SAP y/o las sanciones a que haya lugar producto de su
incumplimiento, según corresponda.
5.6.- SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
De acuerdo con el anterior marco jurídico, la Sala abordará cada uno
de los reproches planteados contra el fallo del Tribunal a quo, los
cuales, por virtud del límite previsto en el artículo 320 del CGP, se
restringirán a los aspectos expuestos, los que por razones
metodológicas se resolverán, así:
5.6.1.- DE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES - SAP
La empresa apelante insistió en que la Superintendencia vulneró
su derecho al debido proceso al acumular en un solo expediente
las 60 investigaciones adelantadas por presunta configuración del
SAP, con fundamento en peticiones, quejas y recursos de distintos
usuarios, los cuales se radicaron en diferentes oficinas territoriales.
Cuestionó la decisión del a quo, porque estimó que a diferencia del
derogado artículo 29 del CCA el artículo 36 del CPACA únicamente
permite la acumulación de documentos y diligencias relacionados
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con una idéntica actuación, de modo que, en su entender, no
resultaba jurídicamente viable adelantar en un solo expediente
todas las investigaciones por la presunta configuración del silencio
administrativo positivo pese a que estas se dirigen contra la misma
empresa prestadora de servicios públicos.
Para resolver este planteamiento se prohijará el fallo de 28 de
mayo de 2026, en el que se destacó que en virtud del artículo 209
de la Constitución Política la función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con
fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad. Y se
puntualizó:
“[…] De ahí que estos principios orienten a las autoridades
administrativas en el sentido de que les corresponde
estructurar y adelantar los procedimientos a su cargo con: i)
apego a la norma, ii) racionalizando el uso de los recursos
económicos y temporales, iii) evitando trámites inútiles, iv)
adoptando decisiones oportunas y evitando las inhibitorias, v)
incentivando la aplicación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y vi) garantizando el ejercicio del derecho
de contradicción y defensa del administrado, entre otras.
Precisamente, el artículo 3º del CPACA desarrolla dicho
mandato superior y dispone que las autoridades
administrativas deben interpretar y aplicar los principios allí
enunciados a todos los procedimientos que adelantan. Entre
tales principios se encuentran los de economía, eficacia y
celeridad, cuyo fin se orienta a remover los obstáculos
formales que pueden afectar una decisión pronta, de fondo y
que garantice los derechos de quienes intervienen en este
procedimiento.
A partir de la aplicación de estos principios, el artículo 36 del
CPACA admite como viable que los documentos y diligencias
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relacionados con una misma actuación se puedan adelantar
en un solo expediente, al cual se acumularán. Tal
determinación procede de oficio o a petición del interesado y
se analiza bajo el criterio que corresponda, que para este caso
sería el que los asuntos se tramitan ante la misma autoridad.
Ahora, la Sala identificará si los elementos que preveía el CCA
para la acumulación de expedientes en sede administrativa
resultan ser diferentes a los que fijó artículo 36 del CPACA,
norma bajo la cual se adoptó tal decisión por ser la que se
encontraba en vigor 25 al tramitarse el procedimiento
administrativo y determinar si, como lo reclama la
demandante, esta decisión resultaba improcedente. Las
normas en comento son del siguiente tenor:
ARTÍCULO 36 CPACA ARTÍCULO 29 CCA
“[…] Artículo 36. Formación y examen “[…] Cuando hubiere documentos
de expedientes. Los documentos y relacionados CON UNA MISMA
diligencias relacionados CON UNA ACTUACIÓN o con actuaciones que
MISMA ACTUACIÓN se TENGAN EL MISMO EFECTO, se hará
organizarán en un solo con todos un solo expediente al
expediente, al cual se cual se acumularán, de oficio o a
acumularán, con el fin de evitar petición de interesado, cualesquiera
decisiones contradictorias, de oficio o otros que se tramiten ante la misma
a petición de interesado, autoridad y tengan relación íntima con
cualesquiera otros que se él para evitar decisiones
tramiten ante la misma contradictorias.
autoridad. […]”
[…]”.
Del análisis de las normas transcritas se tiene que si bien es
cierto que el artículo 29 del CCA establecía como una de las
situaciones para proceder a la acumulación el que las
actuaciones tuvieran “el mismo efecto”, también lo es que la
eliminación de esta frase en el texto del CPACA no incide en
una interpretación diferente ni tampoco conlleva una
prohibición en estricto sentido, por cuanto la acumulación
frente a “diligencias relacionadas con una misma actuación”,
contiene un concepto suficientemente amplio para que el
funcionario investigador establezca si las peticiones puestas a
su consideración guardan o no esa identidad.
Dicho lo anterior, se tiene que en el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala la Superintendencia profirió los autos de
apertura y los pliegos de cargos individuales respecto de cada
una de las quejas, peticiones o recursos en los que los usuarios
de ELECTRICARIBE alegaban la configuración del SAP; y fue
con posterioridad que identificó que las actuaciones seguidas
contra la demandante se relacionaban con una misma
actuación.
25
Bajo esta disposición se adelantó el procedimiento administrativo que orientó la expedición de los
actos acusados y se aplicó en razón a que debe acudirse a esta en lo no regulado por la norma especial
contenida en la Ley 142 de 1994.
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Precisamente, se identificó que era válido ordenar la
acumulación, por cuanto: i) todas las investigaciones
recayeron frente a la misma empresa prestadora; y ii) porque
estas se adelantaron para establecer la presunta infracción del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ante la falta de respuesta
oportuna de la PQR y a la ausencia de reconocimiento de los
efectos del SAP, esto es, compartían una idéntica causa.
De ahí que el argumento de especialidad como el motivo que
identifica o en el cual se puede clasificar la PQR del usuario para
solicitar la aplicación del SAP y sus diversas fuentes de
configuración, no determina la existencia de circunstancias
disimiles que rompan la causa que las origina, la cual, como lo
concluyó la entidad demanda, resultaba suficiente para que la
Superintendencia adelantara las investigaciones agrupadas
mediante la decisión de acumulación.
Además, no se acreditó por la apelante que la acumulación
fuera contraria a los fines de la función pública, es decir, que el
adelantamiento del procedimiento hubiera puesto en riesgo no
solo la actuación adelantada, sino el ejercicio del derecho de
defensa y del debido proceso que le asiste como investigada.
De este modo se evidencia que, contrario a lo alegado, la
Superintendencia procuró la realización de los principios de
eficacia, economía y celeridad; y también se constató que la
demandante ejercitó su derecho de defensa, a tal punto que no
fue sancionada por la totalidad de las denuncias por las que se
le investigó, lo que descarta que esta medida la haya privado
de responder frente a los asuntos acumulados y/o que la
entidad haya resuelto las quejas conjuntamente como lo
señala, en desmedro de un análisis propio que amerita cada
una de los reclamos recibidos […]”
Todo lo anterior demuestra que la decisión de acumular 60
denuncias en un expediente no contravino la norma superior ni
tampoco restringió el debido proceso de ELECTRICARIBE, motivo
suficiente para denegar este reproche.
Ahora, en relación con el planteamiento de que también existió una
indebida acumulación de expediente, en tanto la Superintendencia
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centralizó en Barranquilla el estudio de todos los casos, lo que
presuntamente desconoció el artículo 156 del CPACA, la Sala
advierte que este reproche únicamente se adujo en el recurso de
apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los actos
acusados.
De ahí que, al haberse invocado en una etapa posterior a la
presentación de la demanda, torna en improcedente y
extemporáneos su examen por cuanto debió plantearse en la
demanda o su adición, y porque estudiarlo representaría la
trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte
demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la
igualdad entre las partes.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201826, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas
en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.
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momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el
reproche aludido, habida cuenta que éste apenas se invocó en el
recurso de apelación, lo que representa que acogerlo para examen
rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la
parte demandada no tendría la posibilidad de controvertir y
desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la
demanda27.
5.6.2.- DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 281 DE 2017
En este punto, la Sala advierte que, la parte actora en el recurso de
apelación interpuesto alegó que la SDPP le vulneró el debido
proceso, dado que se graduó y fijó la sanción objeto de los actos
administrativos acusados con fundamento en el Decreto 281 de
2017, el cual no se encontraba vigente para la época en que
ocurrieron los hechos.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
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Sin embargo, al igual que en el punto anterior, la Sala encuentra que
la parte actora no invocó en la demanda el argumento expuesto en
el sentido de que la demandada aplicó una norma que no estaba en
vigor, esto es, el Decreto 281 de 2017, ni justificó su aplicación en
este asunto bajo el principio de favorabilidad, lo cual se reitera torna
en improcedente y extemporáneos su examen por cuanto debió
plantearse en la demanda o su adición, y porque estudiarlo
representaría la trasgresión al derecho de defensa y contradicción
de la parte demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer
efectiva la igualdad entre las partes.
Así pues, una vez analizados los argumentos expuestos en la
demanda se tiene que la parte actora alegó la vulneración del
Decreto 281 de 22 de febrero de 2017, específicamente, en lo
dispuesto en el artículo 2.2.9.5.3. ibidem, el cual estableció lo
relacionado con las circunstancias de atenuación y agravación de la
multa por infracciones relacionadas con el servicio de energía
eléctrica, pero en momento alguno cuestionó su aplicación en el
tiempo, como sí lo hizo en el recurso de apelación interpuesto.
En efecto, la parte actora concretó la vulneración del Decreto 281 de
22 de febrero de 2017 en los siguientes términos:
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“[…] 15) EN EL PRESENTE CASO LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS MEDIANTE
RESOLUCIÓN SSPD-20188000035515 DEL 2018-04-11
CONFORMÓ LA SANCIÓN A LA EMPRESA ELECTRICARIBE
SIN TENER EN CUENTA QUE HABÍA CAUSALES DE
ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN.
En el presente caso, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios desconoció el Decreto No. 281 del 22 de febrero de
2017, emitido por el Departamento Nacional de Planeación, en
su artículo 2.2.9.5.3 el cual expresa lo siguiente:
(…)
En los casos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1 (sic), 13, 14, 16, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 y 31 correspondiéndole a los
usuarios GUSTAVO RAFAEL OROZCO, JORGE VERGEL
CABARCA, ANA RODRÍGUEZ OLIVELLA, KELLY
HERNÁNDEZ DÍAZ, MARTHA CECILIA OSIO, NORMA SAN
JUAN ARROYO, ZENEIDA SALAS GARCÍA, LINSAY
MARTÍNEZ, NEY AMADOR, JOSÉ AVILA, EMA BETHAN
PÉREZ, YADIRIS DÍAZ, SALOMÓN SEGEBRE HABIBE,
JUANA BAUTISTA PRADO POLO, EUFRACIA MARTÍNEZ,
RAFAEL HERNÁNDEZ ARRIETA, LINA MARÍA URREGO,
MARÍA ANTONIA GÓMEZ, ARMANDO UTRIA, CLARA
GALVIS CARDENAS, JAIME QUIÑONEZ, REYNALDO
PINILLA, ANGELICA PABA CARREÑO, se deja ver que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tuvo en
cuenta los factores de atenuación realizados por parte de la
empresa, los cuales fueron los siguientes:
A. Colaboración de Electricaribe con la Superintendencia en la
verificación de los hechos.
B. Reconocimiento de la conducta antijurídica.
C. Suministración de información de que la empresa había
cometido los yerros por los cuales se le había sancionado.
D. Medidas efectuadas por parte del infractor (Electricaribe) para
reparar los perjuicios ocasionados al usuario afectado.
En este sentido, teniendo en cuenta que la Superintendencia no
atenuó la sanción incurrió en una violación al Decreto No. 281
de 22 de febrero de 2017 […]”. (Subrayado fuera de texto)
Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el
reproche aludido, habida cuenta que éste apenas se invocó en el
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recurso de apelación, lo que se reitera representa que, acogerlo para
su examen rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes,
dado que la parte demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue
planteado en la demanda.
5.6.3.- DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DERIVADA DE LA
APLICACIÓN DE UNA NORMA QUE SE DECLARÓ INEXEQUIBLE
MEDIANTE SENTENCIA C-092 DE 2018
En el recurso de apelación la parte actora sostuvo que el numeral
81.2 del artículo 81 de la Ley 142 se declaró inexequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-092 de 2018, argumento que
sustenta la apelante en el que se le sancionó con fundamento en una
norma que fue declarada inexequible.
Al respecto, la Sala advierte que este planteamiento únicamente se
adujo en el recurso de apelación, y ello constituye la formulación de
nuevos cargos contra los actos acusados no invocados en la
demanda, situación que torna en improcedente su estudio y, en
consecuencia, releva a esta Sala de pronunciamiento de fondo
acerca este reproche.
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La anterior conclusión no obsta para referir que la obligatoriedad de
un fallo de inexequibilidad, según lo dispuesto en el artículo 4528 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Ley 270 de 1996,
por regla general, tiene efectos hacia el futuro (ex nunc), en virtud
del principio de seguridad jurídica y, en ese orden, es preciso
considerar si la declaratoria de inexequibilidad afecta los actos aquí
acusados, no por el cargo formulado sino por la obligatoriedad
jurídica que tal decisión tiene al ser retirada del ordenamiento
jurídico.
En efecto, la propia Corte Constitucional en la sentencia SU037-1929
respecto de los efectos y obligatoriedad de sus fallos preciso:
“[…] 5. Los efectos temporales de las sentencias de
inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional
[…] 5.5. Así las cosas, en la actualidad, por regla general
y salvo que se indique expresamente algo diferente en
el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una
disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto,
según lo ha explicado esta Corte, encuentra sustento en los
principios de seguridad jurídica y democrático, los
cuales implican “la presunción de constitucionalidad de
las normas que integran el sistema jurídico” mientras
ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una
providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un
proceso de constitucionalidad abstracta.
5.6. En este orden de ideas, cuando esta Corporación
declara la inconstitucionalidad de una norma sin
28
“ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO
DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
29
Corte Constitucional - Sentencia del 31 de enero de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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retrotraer los efectos de su determinación, CONVALIDA
DE CONTERA LAS SITUACIONES JURÍDICAS
CONSOLIDADAS A SU AMPARO ENTRE EL INSTANTE EN
EL QUE ENTRÓ EN VIGENCIA Y LA FECHA DE LA
SENTENCIA, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso,
en principio, se reputan como legítimas por haber sido
ejecutadas en consonancia con el derecho positivo vigente […]”
En ese orden, basta señalar que le corresponde al juez contencioso
identificar si el fallo tiene incidencia en los actos administrativos
acusados, habida cuenta que si bien es cierto la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-092 de 3 de octubre 2018 30 declaró
inexequible el artículo 20831 de la Ley 1753 de 201532, lo relevante
para este análisis es que dicha sentencia no estableció efectos
retroactivos.
30
Según consulta en la página web este fallo se notificó por edicto fijado el 20 de noviembre de 2018
y desfijado el 22 de noviembre, de lo que se colige que adquirió ejecutoria el 27 de noviembre siguiente.
Se consultó en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0011729&lis
ta=datosExpedientes_1777073276882
31
“ARTÍCULO 208. Modifíquese el numeral 81.2 y adiciónense dos parágrafos al artículo 81 de la Ley
142 de 1994, los cuales quedarán así:
“81.2. Multas hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para
personas naturales y hasta por el equivalente a cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales
para personas jurídicas. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto,
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras
sanciones que aquí se prevén. Los recursos producto de las multas que imponga esta Superintendencia
ingresarán al Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.
La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90
de la Constitución”.
“Parágrafo 1o. Sobre las multas a las que hace referencia el numeral 81.2 del presente artículo, el
Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley
reglamentará los criterios y la metodología para graduar y calcular las multas. En todo caso la
reglamentación del Gobierno Nacional tendrá en cuenta criterios como el impacto de la infracción sobre
la prestación del servicio público, el tiempo durante el cual se presentó la infracción, el número de
usuarios afectados, el beneficio obtenido por el infractor, la cuota del mercado o el beneficio económico
que se hubiere obtenido producto de la infracción.
La reglamentación también incorporará circunstancias de agravación y atenuación como el factor de
reincidencia, la existencia de antecedentes en relación con incumplimiento de compromisos adquiridos
o de órdenes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la colaboración con las
autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta.
PARÁGRAFO 2o. La facultad que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
imponer una sanción por la violación del régimen de prestación de los servicios públicos caducará
transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo
de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio
haya sido notificado […]”
32
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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Así las cosas, se tiene que los actos administrativos se expidieron el
25 de agosto de 2017 y el 11 de abril de 2018, esto es, antes de
que se profiriera la sentencia C-092 de 3 de octubre de 2018 y por
virtud de los efectos hacia el futuro no puede la Sala ocuparse de
examinar la incidencia de la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 208 de la Ley 1753 de 2015.
Por lo expuesto, y tal como se anticipó, no hay lugar a realizar ningún
pronunciamiento.
5.7 CONCLUSIÓN
Comoquiera que no existen más reproches por examinar por cuanto
el recurso de apelación se restringió sobre el particular, la Sala
confirmará la sentencia de 18 de marzo de 2022, proferida por la
Sección “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico.
5.8.- CONDENA EN COSTAS
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso33 y por las agencias en derecho34“.
33
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
34
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
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De conformidad con lo previsto en el artículo 18835 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP36, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo37, corresponde a la
Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que
se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los
términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 438 del artículo 365 ibidem,
habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.
Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas
por no encontrarse probadas.
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
35
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
36
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
37
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
38
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de marzo de 2022,
proferida por la SECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO, de conformidad con las razones expresadas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo
expuesto en esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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