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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00435-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00435-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 25 de junio de 2026, Radicación núm.: 08001-23-33-000-2018-01090-01. MP. Nubia Margoth Peña Garzón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01 Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros Demandado: Distrito de Cartagena de Indias PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará de la siguiente forma: PRIMERO: NEGAR todas las pretensiones de la demanda, promovida por JESÚS CARRILLO OLIER, FERNANDO BAENA DIETES y la sociedad INVERSIONES CARBA OD S.A.S. contra el DISTRITO DE CARTAGENA, por los motivos expuestos en precedencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; liquidar por la Secretaría General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P., incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente, previa devolución del remanente, si existiere. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00435-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto del dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01
Demandantes: Jesús Carrillo Olier, Fernando Baena Dietes y la Sociedad
Inversiones Carba OD S.A.S.
Demandados: Distrito de Cartagena de Indias
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Expropiación por vía administrativa. Requisito de conciliación
prejudicial.
Decisión: Se modifica la sentencia de primera instancia y se niega la
totalidad de las pretensiones de la demanda. Sin condena en
costas en esta instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Mediante dicha providencia, el Tribunal declaró, de oficio, la excepción de inepta demanda,
por no haberse agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto
de una de las pretensiones, y negó las demás pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 8 de julio de 20131, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en concordancia con el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, los señores Jesús Carrillo Olier, Fernando Baena Dietes y la Sociedad
Inversiones Carba OD S.A.S, a través de apoderado judicial, demandaron al Distrito de
Cartagena, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se me reconozca personería como apoderado judicial de los
demandantes.

SEGUNDA: Que en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, y conforme lo
dispone el Numeral 8° del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, se disponga elevar,
conforme a las normas sobre la materia, y hasta los montos que se establezcan dentro
del proceso, el valor de los precios indemnizatorios reconocidos por las Resoluciones
Nos. 2.814, de Diciembre 19/12, con la cual se resolvió la Objeción al Dictamen
Pericial y Ratificó el Avalúo, y las Resoluciones de EXPROPIACIÓN Nos. 2.837, y

1 SAMAI, Índice 2, documento «DEMANDA Y ANEXOS».

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01
Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012, con las cuales se DECRETÓ LA
EXPROPIACIÓN, de los Lotes 1, 2, ósea (sic) ambas porciones o partes de los lotes
o predios citados que se describen en ellas, y sus modificatorios u Reformas
contenidos en las Resoluciones Nos. 2882, y la No.2888, de Diciembre 27/12, y las
Nos. 2519, de abril 10/13, 2578, de Abril 11/13 (Todas estas últimas cuatro Notificadas
a mis mandantes en Mayo 3/13), expedidas todas por Delegación que ya se dijo de
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por El DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, porciones de terreno
delimitadas en la extensión de propiedad de mis mandantes en común y proindiviso,
según se prueba con los certificados de libertad y tradición que se aportan al presente
escrito:

a) Una porción de terreno con cabida de: 23.264 M2, cuyo precio indemnizatorio
fue fijado en: $ 65.000,00, por metro cuadrado, para un total de: UN MIL
QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M.C.
($1.512'160.000,00), que fue tomada del predio distinguido con el Folio de
Matricula Inmobiliaria N° 060-99935, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cartagena, con Referencia Catastral No. 0001-0001-0466-000,
porción esta cuyos linderos, de acuerdo con el Artículo Primero PARAGRAFO
SEGUNDO, de la citada Resolución No. 2.837, de diciembre 2012, y sus
modificaciones u reformas, aquí citadas dictadas por el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA, ò
DA.V.D., son los siguientes: Por el Frente, con Maderas Carrillo, y el Canal a
construir y mide L: 100,37 ml., por el Fondo, con carretera La Cordialidad y
mide L: 65,97 ml.; Por la Derecha, entrando con canal a construir у mide L: 326
ml.; Por la Izquierda, con el Barrio El Pozón, y mide L: 317 ml.
b) Una porción de terreno con cabida de: 11.452 M2, cuyo precio indemnizatorio
fue fijado en: $ 65.000,00 por metro cuadrado, para un total de: SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.C.
($774.380,oo), que fue tomada del predio distinguido con el Folio de Matricula
Inmobiliaria N° 060-150338, de Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Cartagena, con Referencia Catastral No. 0001-0001-0468-000, porción esta
cuyos linderos, de acuerdo con la citada Resolución No. 2.836, de fecha 20, de
Diciembre de 2012, y sus modificaciones u Reformas.

TERCERA: Que en los precios indemnizatorios se consoliden los valores por los
distintos conceptos indemnizatorios (daños emergentes y lucros cesantes); Además de
la mora o retardo en el pago tardío de los dineros indemnizatorios ordenados reconocer
y pagar en dichas resoluciones, y que corresponden conforme a la Ley, y en especial a
Numeral 6° del Artículo 62 de la Ley 388 de 1997.

CUARTA: Que entre las indemnizaciones a título de daño emergente se incluya la
diferencia entre los valores reconocidos como precio indemnizatorio y el avalúo que para
la época de la expedición de las Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre
20 del 2.012, y sus modificaciones aquí citadas, contenidas en las Resoluciones Nos.
2882, y la No.2888, de Diciembre 27/12, y las Nos. 2519, de abril 10/13, 2578, de Abril
11/13 ( Todas estas últimas cuatro Notificadas a mis mandantes en Mayo 3/13), de la
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C., a través de su
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, resulte fijado
de acuerdo con las normas legales, en especial la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional
1420 de 1998.

QUINTA: Que entre las Indemnizaciones a título de Daño Emergente se incluyan,
conforme se demuestre en el presente proceso a cargo de la demandada:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01
Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

El valor que les corresponda pagar a mis mandantes para la ejecución de los
cerramientos obligatorios sobre los linderos entre los inmuebles de mayor extensión
y las porciones segregadas de los mismos, y que están delimitadas en las
Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012, y su
modificaciones todas de la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y
C., a través de su DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL, que le corresponda efectuar a mis mandantes todos;

El Valor de los detrimentos o desvalorizaciones que reciben los inmuebles de los
cuales se segregaron las porciones de terreno objeto de expropiación, por causa de
la modificación de linderos; Por causa de los impactos negativos que ocasionaran las
obras proyectadas (Canalización y otros) sobre su entorno; y en general por los
demás conceptos que queden probados.

SEXTA: Que entre las Indemnizaciones a título de Lucro Cesante, se incremente el
monto de la indemnización con una partida igual a los intereses comerciales, liquidados
sobre la diferencia entre los valores de los precios indemnizatorios reconocidos por las
Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012, y su
Modificaciones a Reformas, de la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
D.T. y C., a través de su DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL, sobre los valores de las porciones expropiadas de los inmuebles indicados
arriba, y el precio indemnizatorios reajustado que se establezcan en el proceso, durante
el lapso comprendido entre el auto de liquidación de la sentencia y el día que la Alcaldía
de Cartagena inscriba ante la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y Privados
de Cartagena, a la tasa vigente para el interés corriente bancario certificada por la
Superintendencia Bancaria para esa fecha, la cual corresponde al día en que se inscriba
la mencionadas Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012;
Modificadas u Reformadas ambas, por las Resoluciones Nos. 2882, y la No.2888, de
Diciembre 27/12, y las Nos. 2519, de abril 10/13, 2578, de Abril 11/13, de la ALCALDIA
MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C., a través de su DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, en los Folios de Matricula
Inmobiliaria No.060-99935, y 060-150338, de la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cartagena.

SEPTIMA: Que en las determinaciones que se tomen en el auto de liquidación de la
sentencia a fin de determinar el valor de la indemnización debida, sean tenidos en cuenta
los valores de los nuevos precios indemnizatorios, reajustados conforme a la variación
de índice de precios al consumidor, durante el lapso comprendido entre la expedición de
la Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012, y su
modificaciones, de la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C., a
través de su DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL, y
la fecha del mencionado auto de liquidación de la sentencia.

OCTAVA: Que en el auto de liquidación de la sentencia se sumen las costas de proceso,
incluida una suma por concepto de agencias de derecho, conforme al Artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, y sus Modificaciones en el Código de Procedimiento Administrativo y
de los Contencioso , Administrativo. En el evento en que se considere que las entidades
públicas no está obligadas a cancelar costas y agencias en derecho, solicito entonces
subsidiariamente qué se condene a la Entidad Territorial demandada, al reembolso, con
el ajuste de que trata el artículo 178, de Los Procedimientos Administrativos, del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de todos los gastos,
costos y emolumentos en que la sociedad que represento incurra por razón del proceso
y que se consideren debidamente probados. Dicho reembolso proceso y que se
consideración (sic) como daños emergente, pues tales costos gastos constituyen
menoscabo patrimonial injusto imputable directamente a la demanda por motivo de la

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Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

actual controversia sobre los precios indemnizatorios; No obstante si debe haber
condena en Costas, por cuanto fue objetado oportunamente los avalúo y sin argumento
serio alguno no fue aceptado por la demandada.2 [Se transcriben literalmente las
pretensiones, conservando los errores gramaticales y de sintaxis contenidos en el texto
original.]

1.1.2. Fundamentos de hecho

En el acápite correspondiente de la demanda, se señaló que el Distrito de Cartagena,
mediante las Resoluciones núm. 2837 y 2836, del 20 de diciembre de 2012, realizó la
expropiación administrativa de una parte de los inmuebles identificados con las matrículas
inmobiliarias núm. 060-99935 y 060-150338.

En dichas resoluciones se dispuso, respecto del predio identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 060-99935, la expropiación de 23.264 metros cuadrados, a cambio de una
indemnización de mil quinientos doce millones ciento sesenta y dos mil pesos
($1.512.162.000 COP). Por su parte, se resolvió expropiar 11.452 metros cuadrados del
predio identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-150338 y se determinó una
indemnización de setecientos cuarenta y cuatro millones trescientos ochenta mil pesos
($744.380.000 COP). Valores que la parte demandante considera insuficientes, pues se
asignó, en ambos casos, un valor de sesenta y cinco mil pesos ($65.000 COP) por metro
cuadrado, cifra que estima muy inferior al valor comercial del bien. En ese sentido señaló:

La parte del precio indemnizatorio correspondiente al valor asignado a ambos lotes No. 1 y
2, ya descritos con folios de Matricula Inmobiliaria No. 060-150338 (00468), y No. 060-99935
(0466) ($ 65.000.00 el metro cuadrado), es inferior al cincuenta por ciento del valor comercial
que debía haber sido señalado dentro del marco de las normas y criterios técnicos del
Decreto Nacional 1420 de 1998, y las demás disposiciones concordantes.

El demandante indicó que la Resolución núm. 2837 del 20 de diciembre de 2012, mediante
la cual se expropiaron 23.264 metros cuadrados del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 060-99935, y la Resolución núm. 2836 de la misma fecha, mediante la
cual se expropiaron 11.452 metros cuadrados del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 060-150338, fueron modificadas por las Resoluciones núm. 2882 y 2888
del 27 de diciembre de 2012, respectivamente, en lo relacionado con la forma de pago de
los emolumentos reconocidos. A su vez, estas últimas fueron modificadas mediante las
Resoluciones núm. 2519 del 10 de abril de 2013 y 2578 del 11 de abril de 2013, únicamente
en lo relacionado con el certificado de disponibilidad presupuestal. Según la parte
demandante, todas las resoluciones mencionadas, con excepción de las Resoluciones núm.
2837 y 2836 del 20 de diciembre de 2012, fueron notificadas el 3 de mayo de 2013.

La parte demandante indicó que contra los actos administrativos antes mencionados no se
interpusieron recursos, por lo que consideró que, una vez surtida su notificación y vencido
el término de ejecutoria, las resoluciones quedaron en firme y surgió la obligación de pagar
las indemnizaciones allí reconocidas. No obstante, señaló que dicho pago no se efectuó
oportunamente, pues los valores correspondientes fueron consignados de manera tardía.
Al respecto, manifestó lo siguiente:

2 SAMAI, Índice 2, documento «DEMANDA Y ANEXOS».

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01
Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

El demandante indicó que la Resolución núm. 2837 del 20 de diciembre de 2012, mediante
la cual se expropiaron 23.264 metros cuadrados del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 060-99935, y la Resolución núm. 2836 de la misma fecha, mediante la cual
se expropiaron 11.452 metros cuadrados del inmueble con matrícula inmobiliaria núm. 060-
150338, fueron modificadas por las Resoluciones núm. 2882 y 2888 del 27 de diciembre de
2012, respectivamente. A su vez, estas últimas fueron modificadas mediante las
Resoluciones núm. 2519 del 10 de abril de 2013 y 2578 del 11 de abril de 2013. Según la
parte demandante, todas las resoluciones mencionadas, con excepción de las Resoluciones
núm. 2837 y 2836 del 20 de diciembre de 2012, fueron notificadas el 3 de mayo de 2013.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

El demandante sostiene que las resoluciones de expropiación carecen de eficacia jurídica
por no haber adquirido firmeza y, aun si se aceptara hipotéticamente su firmeza, habrían
perdido sus efectos legales por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, lo que obligaría a reiniciar el procedimiento
expropiatorio. A su juicio, la entidad expropiante ignoró estas circunstancias y procedió
al pago de las indemnizaciones mediante consignaciones efectuadas en 2013.

Asimismo, argumenta que el precio indemnizatorio reconocido es insuficiente porque no
garantiza la indemnización plena exigida por el artículo 58 de la Constitución de la
Constitución Política. Sostiene que los criterios aplicables a la expropiación judicial,
según los cuales la indemnización debe comprender tanto el daño emergente como el
lucro cesante, también deben regir la expropiación administrativa, pues una diferencia
derivada únicamente del procedimiento vulneraría el derecho a la igualdad.

En desarrollo de esta tesis, afirma que los avalúos utilizados para fijar la indemnización
se apartaron de las reglas técnicas contenidas en la normativa sobre avalúos comerciales
y fijaron un valor por metro cuadrado significativamente inferior al valor real de mercado.
Para respaldar esta afirmación, señala que la propia administración ha adquirido predios
similares en la misma zona por valores superiores y que existen transacciones privadas
en el sector que reflejan precios más altos.

Finalmente, la parte demandante sostiene que las resoluciones de expropiación
únicamente reconocieron una porción del daño emergente, limitada al valor de los
terrenos expropiados, y omitieron otros conceptos indemnizatorios que, a su juicio,
debían integrar el precio indemnizatorio conforme a la Ley 388 de 1997. En particular,
afirma que no se compensaron los costos de cerramientos necesarios para aislar los
predios remanentes, ni las desvalorizaciones ocasionadas por la modificación de los
linderos y por el impacto negativo de las obras proyectadas sobre las áreas segregadas.
Asimismo, señala que los montos reconocidos corresponden a la oferta de compra
formulada durante la etapa de negociación voluntaria, basada en avalúos comerciales
presuntamente insuficientes, por lo que no garantizan una indemnización plena ni
satisfacen el mandato previsto en el artículo 58 de la Constitución Política.

1.1.4. Contestación de la demanda

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El Distrito de Cartagena de Indias3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el proceso de expropiación se llevó a cabo de conformidad con la
Constitución Política y los parámetros legales que rigen el trámite de expropiación
administrativa, y que no se desconoció el derecho de defensa y contradicción de las
demandantes.

La parte demandada propuso las siguientes excepciones de fondo, las cuales se exponen
a continuación.

I. «LEGALIDAD DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y GARANTÍA DEL DEBIDO
PROCESO»

La accionada señaló que, para desarrollar el proyecto «Plan Maestro de Drenajes
Pluviales», la administración identificó los inmuebles necesarios para la ejecución de la
obra, entre ellos los predios con referencias catastrales 0001-0001-0468-000 y 0001-
0001-0466-000.

Para dar inicio al procedimiento de adquisición de los predios, la administración expidió
las Resoluciones 2608 y 2609 del 28 de noviembre de 2012, mediante las cuales formuló
la oferta de compra. Dichos actos fueron notificados el 10 de diciembre de 2012 junto con
copia auténtica de los avalúos comerciales elaborados por la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Regional Bolívar. En las resoluciones se indicó que, por tratarse de actos de
trámite, no procedían recursos, aunque los interesados podían presentar las objeciones
que estimaran pertinentes frente a los avalúos.

El 11 de diciembre de 2012, los propietarios, por conducto de su apoderado judicial,
presentaron objeción por error grave contra el avalúo comercial elaborado por la
Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, al considerar que no reflejaba de
manera objetiva y técnica las características y el valor real de los predios. Posteriormente,
mediante la Resolución 2814 del 19 de diciembre de 2012, la administración desestimó
las objeciones formuladas y ratificó el avalúo en lo sustancial, introduciendo únicamente
un ajuste relacionado con el valor total de los inmuebles, fijado en $2.256.540.000 para
ambos predios.

Señaló que, al no lograrse un acuerdo entre las partes sobre la adquisición de los predios,
el Distrito expidió las Resoluciones 2836 y 2837 del 20 de diciembre de 2012, que
decretaron su expropiación, las cuales fueron notificadas ese mismo día.

La entidad destacó que los copropietarios manifestaron su conformidad con el proceso al
suscribir, el mismo 20 de diciembre de 2012, el acta de entrega anticipada de los
inmuebles al Distrito de Cartagena. Posteriormente, mediante las Resoluciones 2882 y
2888 del 27 de diciembre de 2012, se modificó únicamente la forma de pago de la
indemnización, sin alterar la decisión de expropiación. Asimismo, explicó que las
Resoluciones 2519 y 2578 de abril de 2013 obedecieron exclusivamente a la necesidad
de actualizar la disponibilidad presupuestal debido al cambio de vigencia fiscal entre 2012
y 2013, con el propósito de garantizar el trámite de pago de la indemnización.
3 SAMAI, Índice 2, documento «DEMANDA Y ANEXOS». Pg. 214

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La entidad rechazó la afirmación de los demandantes según la cual el Distrito incumplió
las obligaciones previstas en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, lo que
habría obligado a reiniciar el proceso expropiatorio. Señaló que dicha obligación fue
satisfecha mediante el pago oportuno del precio indemnizatorio, consignado en las
cuentas suministradas por los propietarios. En particular, los pagos se efectuaron el 31
de mayo de 2013 a favor de Inversiones Carba OD S.A.S. y el 25 de junio de 2013 a favor
de Jesús Carrillo Olier y Fernando Baena Dietes, razón por la cual considera infundada
la alegada pérdida de eficacia de los actos de expropiación.

II. «LEGALIDAD DEL AVALÚO»

La entidad sostuvo que el precio indemnizatorio reconocido se fundamentó en el avalúo
comercial elaborado por la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Regional Bolívar, el cual fue realizado conforme al Decreto 1420 de 1998 y constituyó el
soporte técnico exigido por la ley para formular la oferta de compra y adelantar el
procedimiento expropiatorio. Agregó que dicho avalúo fue objeto de controversia por los
propietarios, pero las observaciones presentadas fueron estudiadas y finalmente
desestimadas, manteniéndose su validez.

Asimismo, afirmó que el valor de $65.000 por metro cuadrado reflejaba una
compensación adecuada, pues superaba ampliamente los precios por los cuales los
demandantes habían adquirido los inmuebles años atrás. Según la entidad, ello
evidenciaba una valorización significativa de los predios y una indemnización integral
para sus propietarios.

Finalmente, cuestionó el avalúo aportado por los demandantes, que fijaba el valor del
metro cuadrado en $130.000, al considerar que tal estimación resultaba
desproporcionada frente a las condiciones del mercado y generaría un beneficio
económico injustificado. Por ello, concluyó que los valores reconocidos en la expropiación
fueron razonables y acordes con los parámetros técnicos y legales aplicables.

La entidad sostuvo que la afirmación de los demandantes según la cual la indemnización
reconocida no fue integral carece de respaldo probatorio. Indicó que el avalúo elaborado
por la Lonja Inmobiliaria SCA Bolívar incorporó criterios técnicos que permitieron fijar un
precio indemnizatorio adecuado y que contemplaba márgenes de valorización favorables
para los propietarios. En esa medida, consideró que las sumas reconocidas garantizaban
una compensación completa por la expropiación.

Asimismo, señaló que no existe evidencia que demuestre la ocurrencia de perjuicios
adicionales derivados de cerramientos o de la desvalorización de los predios remanentes
por la segregación de las áreas expropiadas. A juicio de la entidad, reconocer valores
superiores o conceptos indemnizatorios adicionales a los ya incluidos en el avalúo
implicaría otorgar a los propietarios un beneficio económico injustificado y generaría un
detrimento patrimonial para la administración.

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III. «CARENCIA DEL DERECHO PARA PEDİR, (SIC) INEXISTENCIA DE LA
OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO»

La entidad sostuvo que no existe obligación pendiente de reconocer o pagar sumas
adicionales a favor de los demandantes, pues la indemnización fue fijada y cancelada de
conformidad con los procedimientos y criterios previstos en la ley. En consecuencia,
consideró que las pretensiones económicas formuladas en la demanda carecen de
sustento jurídico y constituyen el cobro de conceptos que ya fueron satisfechos o que no
son exigibles.

Igualmente, señaló que la reclamación relacionada con el valor de los cerramientos y la
presunta desvalorización de los inmuebles remanentes fue planteada únicamente en
sede judicial, sin que exista evidencia de que tales conceptos hubieran sido reclamados
ni acreditados durante el procedimiento administrativo de expropiación adelantado por la
entidad.

IV. «EXCEPCIÓN INNOMINADA»

En esta se solicitó que se declare cualquier excepción que resulte probada en el
transcurso del proceso contencioso.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 25 de febrero de 20224, profirió
fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de INEPTA DEMANDA POR
FALTA DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL,
respecto de la pretensión QUINTA del libelo demandatorio, y en consecuencia se
INHIBE la Sala para emitir pronunciamiento de fondo sobre la misma, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, promovida por JESÚS
CARRILLO OLIER, FERNANDO BAENA DIETES y la sociedad INVERSIONES CARBA
OD S.A.S. contra el DISTRITO DE CARTAGENA, por los motivos expuestos en
precedencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante; liquidar por la Secretaría
General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.,
incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, según lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente, previa
devolución del remanente, si existiere.

De manera previa a analizar el fondo del asunto, el tribunal abordó una cuestión previa, en
donde se estudió el agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la
conciliación prejudicial.

4 SAMAI, Índice 2, documento «DEMANDA Y ANEXOS».

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Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

En ese apartado el a quo concluyó que « se agotó indebidamente el requisito de
procedibilidad, existiendo por tanto una falta de identidad de objeto entre lo que se buscó
conciliar y lo que se demandó, en la medida en que las pretensiones de la demanda
desbordaron aquellas incoadas en la solicitud de conciliación, lo que permite afirmar que,
en este caso, se configuró la excepción de ineptitud de la demanda por falta de agotamiento
del requisito previo de conciliación, frente a la pretensión QUINTA, por lo que en ese sentido
se declarará probada de oficio dicha excepción.».

De manera consecuente, el tribunal no estudio lo referente a daño emergente y lucro
cesante en la providencia apelada.

Ahora bien, para resolver la controversia el tribunal planteo el siguiente problema jurídico «
¿Si son nulos los actos administrativos acusados (…) por haber sido presuntamente
avaluadas áreas expropiadas (…) por debajo del justo precio, en los términos de la Ley 388
de 1997 y el Decreto 1420 de 1998, y demás normas reglamentarias?».

De manera subsecuente, en la sentencia apelada, se sostuvo la siguiente tesis respecto el
problema jurídico planteado: «La Sala de Decisión negará las pretensiones de la demanda,
en atención a que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, que se
fundaron en el avalúo comercial realizado en sede administrativa por la Lonja Inmobiliaria
SCA Bolívar, respecto del que tampoco se probó que estuviese errado o viciado de
nulidad.». Lo anterior, en virtud de los argumentos que se reseñan a continuación.

En primer lugar, el tribunal señaló que en el proceso habían quedado probadas las
siguientes circunstancias: que el Departamento Administrativo de Valorización Distrital,
mediante los Decretos 0418 del 4 de abril de 2012 y 1455 del 8 de octubre de 2012, declaró
de utilidad pública los predios identificados con referencia catastral 0001-0001-0468-000 y
0001-0001-0466-00, entre otros, para la ejecución del proyecto «Plan Maestro de Drenajes
Pluviales». Posteriormente, mediante las Resoluciones 2608 y 2609 del 28 de noviembre
de 2012, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital inició las diligencias
tendientes a la adquisición, mediante acuerdo de enajenación voluntaria, de los inmuebles
declarados de utilidad pública; al mismo tiempo, suministró copia auténtica del avalúo
comercial realizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bolívar.

El 11 de diciembre de 2012 se objetó dicho avalúo, objeción que fue resuelta mediante la
Resolución 2814 del 19 de diciembre de 2012, la cual lo ratificó en todas sus partes,
confirmando el valor total de los predios afectados. Posteriormente, se dispuso la
expropiación administrativa mediante las Resoluciones 2836 y 2837 del 20 de diciembre de
2012, notificadas personalmente en esa misma fecha. Asimismo, el 20 de diciembre de
2012, los copropietarios y su apoderado suscribieron el Acta de Entrega Anticipada del Bien
Inmueble al Distrito de Cartagena.

A través de las Resoluciones 2882 y 2888 del 27 de diciembre de 2012, se modificaron las
Resoluciones 2836 y 2837 del 20 de diciembre de 2012, en el sentido de tener como
destinatarios del precio indemnizatorio a los propietarios de los inmuebles expropiados.
Posteriormente, mediante las Resoluciones 2519 del 10 de abril de 2013 y 2578 del 11 de
abril de 2013, y debido al cambio de la vigencia fiscal 2012 a la vigencia 2013, fue necesario
sustituir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

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Finalmente, encontró probado que el pago del precio indemnizatorio se efectuó el 31 de
mayo de 2013 y el 25 de junio de 2013.

Luego de determinar los hechos probados, el a quo realizó una descripción del avalúo
realizado durante en proceso administrativo, esto es el practicado por la Lonja Inmobiliaria
SCA Bolívar y del peritaje adelantado por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de
Bolívar.

De manera posterior, ya respecto de los reparos elevados por la parte demandante en
contra del avalúo oficial, el tribunal sostuvo que los señalamientos hechos por la accionante
habían sido elevados de manera «vaga y abstracta» y que no habían atinado a demostrar
la diferencia entre el supuesto valor real del inmueble y el determinado por el avalúo oficial.
En ese sentido se señaló:

Así las cosas, difícilmente podría la Sala concluir que no se ajustó el avalúo al justiprecio,
siendo que, por un lado, se encuentra que la parte demandante no aportó otro avalúo
especializado exponiendo las razones técnicas que permitieran dilucidar la imprecisión
del avalúo en que se basó la entidad demandada y el fundamento de la diferencia en el
precio indemnizatorio; y por otro, la pericia decretada en el proceso, como se verá infra,
no abarcó ese objeto. En efecto, se omitió presentar al Tribunal un razonamiento técnico
que permita concluir que no es correcto el avalúo oficial o que la entidad incurrió en
alguna deficiencia que afectó el valor comercial del bien inmueble, ya desagregada la
franja expropiada; tampoco se indicaron las razones por las cuales ha de considerarse
que el método utilizado para avaluar (el residual y el de mercado) no era el correcto.

El tribunal hizo énfasis en que la jurisprudencia ha considerado que el precio indemnizatorio
goza de presunción de legalidad, en la medida en que fue incorporado al acto administrativo
que dispuso la expropiación. En consecuencia, corresponde a la parte demandante
demostrar los errores, inconsistencias o incorrecciones que, en su criterio, afectan el avalúo
oficial. Conforme lo anterior, en la medida que la parte demandante no probó que el avalúo
se equivocó, y que la prueba practicada en el proceso judicial no analizó, ni desvirtuó el
dictamen realizado por la lonja a solicitud de la entidad demandada, pues simplemente se
limitó a determinar un mayor valor del bien, el tribunal concluyó que la presunción de
legalidad del avalúo oficial no había sido desvirtuada.

Conforme todo lo anterior, el a quo, resolvió negar las pretensiones de la demanda «toda
vez que la parte demandante no probó que el avalúo oficial es erróneo».

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

Sostuvo que la providencia incurrió en una indebida valoración probatoria, al no apreciar
correctamente los hechos y las pretensiones planteados en el libelo introductorio.

En particular, argumenta que la controversia principal siempre se centró en el valor
reconocido por la administración como precio de expropiación, el cual considera inferior
al valor comercial real del inmueble para la época de los hechos. Asimismo, señala que
existían perjuicios derivados de la expropiación, tales como la desvalorización del predio

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remanente y los costos de cerramiento, que debían ser reconocidos de conformidad con
la legislación aplicable.

Señaló que el tribunal omitió analizar que el avalúo oficial realizado por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar acudió al método residual, método que no
era apropiado en el presente caso, pues según el apelante el método residual se reserva
únicamente para casos excepcionales, donde no haya un referente cercano de
operaciones comerciales de compra y venta. Señaló que el peritaje adelantado en el
proceso quedó claro que si había transacciones para la época que permitían el método
valuatorio de mercado. Asimismo, señaló que el peritaje oficial «nunca tuvo claro si los
predios avaluados eran rurales o urbanos».

De otra parte, la recurrente cuestiona la declaratoria de ineptitud de la demanda respecto
de la pretensión quinta, al estimar que dicha circunstancia no impedía el estudio de fondo
de las restantes pretensiones, las cuales sí habrían cumplido el requisito de conciliación
prejudicial. Además, argumenta que la normativa sobre expropiación autoriza el
reconocimiento judicial de perjuicios que resulten acreditados en el proceso, aun cuando
no hubieran sido objeto de conciliación previa.

Finalmente, aduce que la sentencia presenta una falsa motivación e incongruencia, por
cuanto en la parte considerativa cuestionó el dictamen pericial de la demandante sin
valorar adecuadamente las pruebas que, en su criterio, evidenciaban las deficiencias
metodológicas del avalúo administrativo; mientras que, en la parte resolutiva, fundamentó
la decisión en una excepción procesal que, según afirma, no resultaba procedente. Por
ello, solicita la revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de las pretensiones de la
demanda o, en subsidio, que el superior funcional revoque o modifique la decisión
recurrida.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencia del 14 de julio de 20225, mediante auto se admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante. En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, al no estimarse
necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia, no se corrió traslado para alegar
de conclusión. Se otorgó a las partes el término común de diez (10) días para que se
pronunciaran en torno al recurso de apelación.

4.2. Las partes no presentaron pronunciamiento.

4.3. El Ministerio Público no rindió concepto en el presente proceso.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

5 SAMAI, Índice 4, documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION».

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De conformidad con el artículo 150 del CPACA6 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2 Exposición y planteamiento del caso

La Sala encuentra que el Distrito de Cartagena expidió la Resolución núm. 2837 del 20 de
diciembre de 2012, por la cual se decretó la expropiación administrativa de veintitrés mil
doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (23.264 m²) del bien identificado con la
matrícula inmobiliaria núm. 060-99935, y se estableció un precio indemnizatorio de sesenta
y cinco mil pesos ($65.000 COP) por metro cuadrado, para un total de mil quinientos doce
millones ciento sesenta mil pesos ($1.512.160.000 COP).

Asimismo, el 20 de diciembre de 2012 se profirió la Resolución núm. 2836, por la cual se
decretó la expropiación administrativa de once mil cuatrocientos cincuenta y dos metros
cuadrados (11.452 m²) del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-
150338. Igualmente, se le asignó un valor de sesenta y cinco mil pesos ($65.000 COP) por
metro cuadrado y se estableció un precio indemnizatorio de setecientos cuarenta y cuatro
millones trescientos ochenta mil pesos ($744.380.000 COP). En ambos casos, el precio
indemnizatorio se estableció de conformidad con el avalúo núm. VAL-291012-2, de fecha
29 de octubre de 2012.

Luego, mediante las Resoluciones núm. 2882 y 2888 del 27 de diciembre de 2012, se
modificaron las Resoluciones núm. 2836 y 2837 del 20 de diciembre de 2012,
respectivamente, en lo relacionado con los destinatarios del precio indemnizatorio,
precisándose que este debía ser reconocido a los propietarios de los inmuebles
expropiados.

Posteriormente, mediante las Resoluciones núm. 2519 del 10 de abril de 2013 y 2578 del
11 de abril de 2013, y debido al cambio de la vigencia fiscal 2012 a la vigencia 2013, fue
necesario sustituir el certificado de disponibilidad presupuestal.

El 8 de julio de 2013, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA,
en concordancia con el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, los señores Jesús Carrillo Olier y
Fernando Baena Dietes, mediante apoderado judicial, demandaron las Resoluciones núm.
2837 y 2836 del 20 de diciembre de 2012, así como los actos que las modificaron, en lo
relacionado con el precio indemnizatorio reconocido con ocasión de la expropiación.

El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de primera instancia el 25 de febrero
de 2022, en donde resolvió declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda
respecto de una de las pretensiones de la demanda, negó las demás pretensiones y
condenó en costas a la parte demandante.

6 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]

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La parte demandante interpuso recurso de apelación y formuló los siguientes reparos frente
al análisis efectuado en la sentencia de primera instancia: i) señaló que el a quo se equivocó
al declarar probada, de oficio, la excepción de inepta demanda por falta del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto de la pretensión quinta de la demanda;
y ii) sostuvo que el tribunal erró al concluir que las pruebas obrantes en el proceso no
desvirtuaban la presunción de legalidad del avalúo oficial núm. VAL-291012-2, de fecha 29
de octubre de 2012.

A partir de los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte actora, corresponde
a la Sala determinar si les asiste razón a los demandantes en cuanto a las deficiencias que,
en su criterio, presenta la sentencia de primera instancia, en especial, en lo concerniente al
análisis efectuado sobre el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial; y, la
valoración del avalúo oficial núm. VAL - 291012-2 de fecha 29 de octubre de 2012.

5.3 Actos demandados

Se pone de presente que, si bien son múltiples los actos administrativos relacionados con
las pretensiones de la demanda, del análisis de su contenido y, en especial, del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, se advierte que, en esta
instancia, la controversia se circunscribe al precio indemnizatorio establecido en los
siguientes actos administrativos: las Resoluciones núm. 2837 y 2836 del 20 de diciembre
de 2012. Si bien ambas resoluciones fueron modificadas en dos oportunidades cada una,
en ninguna de tales ocasiones se alteró el precio indemnizatorio derivado de la expropiación
parcial de los inmuebles objeto de dichas decisiones.

Por consiguiente, se tiene que en el sub judice son cuestionados los siguientes actos
administrativos:

• Resolución núm. 2837 del 20 de diciembre de 2012. Mediante este acto
administrativo, la directora del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de
Cartagena decretó la expropiación administrativa de 23.264 metros cuadrados del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-99935. A través de dicho
acto administrativo, se estableció un valor indemnizatorio de mil quinientos doce millones
ciento sesenta mil pesos ($1.512.160.000 COP).

RESOLUCIÓN No. 2837
(20 DE DICIEMBRE DE 2012)

«Por la cual se decreta una expropiación por vía administrativa»

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL DE CARTAGENA

En uso de las facultades a ella consagradas por el Decreto 1015 del 03 de Julio de
2012, en el marco del artículo 107 y siguientes del Acuerdo 010 de 2005, por medio
del cual reglamenta el Estatuto de Valorización Distrital de Cartagena

CONSIDERANDO

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Que, los señores JESUS CARRILLO OLIER y FERNANDO BAENA DIETES, no están
de acuerdo con el avalúo comercial anexado a la resolución de Oferta de compra, por
lo que presentaron, a través de apoderado judicial, Dr. ALEJANDRO NARCISO
LOZANO CUELLO, mediante oficio AMC-OFI-12-0089983 de fecha 11 de diciembre
de 2012, OBJECION AL AVALUO COMERCIAL POR ERROR GRAVE, emitido por
la LONJA IMOBILIARIA DE BOLÍVAR, realizado por HECTOR ANAYA PEREZ.

Que, mediante Resolución No. 2814 de fecha 19 de diciembre de 2012, se dio
contestación a la objeción planteada al avalúo, la cual fue notificada personalmente
el día 19 de diciembre de 2012, RATIFICANDO en todas sus partes el avaluó e n
cuestión, razón por la cual queda en firme.

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 68 de la Ley 388 de 1.997, y el
artículo 20 de la ley 9 de 1989, no se llegó a un acuerdo formal, toda vez, que el
representante legal de la sociedad propietaria manifestó expresamente el desacuerdo
mediante la objeción del avaluó comercial referenciado, y se establece la no
enajenación voluntaria predio, por lo que, definitivamente es procedente disponer la
expropiación administrativa del área necesaria del bien inmueble que se señala en la
parte resolutiva de dicha resolución.

Que EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL,
previo al estudio correspondiente, determinó que el área a comprar es de 23.264 M2,
del bien inmueble de mayor extensión ubicado en el barrio el Pozón, con referencia
catastral No. 0001-0001-0466-000 e identificado con matrícula inmobiliaria N° 060-
99935, para el proyecto "SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE DRENAJES
PLUVIALES".

Que la LONJA INMOBILIARIA SCA - BOLÍVAR, conforme avalúo presentado No. VAL
291012-2, de fecha 29 de octubre de 2012, el cual determino que el metro cuadrado
por: área de terreno es de: SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ( $ 65.000),
determinando que se tomara valor de área construida por las circunstancias del predio
requerido.

Área Requerida de Terreno: 23.264 M2 a $ 65.000 =$1.512.160.000
TOTAL: = $ 1.512.160.000

Para u n gran valor total de avalúo comercial de MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES
CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 1.512.160.000), suma esta que
corresponde para todos los efectos legales y contractuales a lo regulado por el
Artículo 5 º de la Resolución 2608 del 28 de noviembre de 2012.

Que los desembolsos, por la suma de MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO
SESENTA MIL PESOS MCTE ( $ 1.512.160.000), para los efectos de compra de los
predios, ya sea por enajenación voluntaria y/o expropiación por vía administrativa,
serán cancelados por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital.
[…]
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar, por motivos de utilidad pública o de interés social,
la expropiación administrativa del área requerida de 23.264 metros cuadrados (M2),
del bien inmueble ubicado en el barrio el Pozón, con referencia catastral No. 0001-
0001-0466-000 e identificado con matrícula inmobiliaria N ° 060-99935, cuyo titular de
derecho real de dominio son los señores JESUS CARRILLO OLIER identificado con
C.C. No.72.112.770 y FERNANDO BAENA DIETES identificado con C.C. No,

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8.676.726, de conformidad a los títulos de propiedad y a lo expresado y registrado en
el certificado de libertad y tradición del bien inmueble expedido: por la oficina de
registro de instrumentos públicos de la ciudad de Cartagena.

PARAGRAFO PRIMERO: Las áreas requeridas por Distrito de Cartagena, del bien
inmueble de mayor extensión ubicado e n el barrio 13 el Pozón, con referencia
catastral No.0001-0001÷0466-000 e identificado con matrícula inmobiliaria N ° 060-
99935, cuyos linderos y medidas especiales del lote que s e segrega para dar e n
venta a l distrito e n área de 23.264 metros cuadrados son las siguientes según
escritura pública 514 del 17 de febrero de 2009, de la Notaria decima de la Ciudad
de Barranquilla: […]

ARTICULO SEGUNDO.- SITUACION JURIDICA: Del estudio jurídico del título de
propiedad del bien inmueble se observa que los actuales propietarios son señores
JESUS CARRILLO OLIER identificado con C.C. No.72.112.770 y FERNANDO
BAENA DIETES identificado con C.C. No, 8.676.726, el cual se encuentra registrado
en el Folio de Matricula Inmobiliaria 060-99935.

ARTICULO TERCERO.- DESTINACION: El inmueble cuya identificación plena se
precisa en el artículo anterior, será destinado a PROYECTO "SISTEMA PLAN
MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES".

ARTICULO CUARTO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El valor del precio
indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución es de MIL
QUINIENTOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($
1.512.160.000), de acuerdo con lo señalado e n e l cuadro del Artículo Primero de la
resolución No. 2608 del 28 de noviembre de 2012. la cual constituyó oferta de compra
de área requerida del bien inmueble que se describe en el artículo primero del
presente acto administrativo."

ARTICULO QUINTO.- FORMA DE PAGO: El trámite de pago del precio
indemnizatorio se efectuará a través del Distrito de Cartagena - Departamento
Administrativo de Valorización Distrital, por intermedio de FIDEICOMISO BANCO
BBVA previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL, así: un cien por ciento (100%)
del valor del precio indemnizatorio, o sea, la cantidad de MIL QUINIENTOS DOCE
MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE 51,512,000,000)/ los cuales
FIDUAGRARIA S.Á. pondrá a disposición de los propietarios del bien los señores
JESUS CARRILLO OLIER identificado con C.C. No.72.112.770 y FERNANDO
BAENA DIETES identificado con C.C. No, 8.676.726, una vez ejecutoriada la presente
Resolución y efectuados los respectivos trámites financieros, por un término de diez
(10) días hábiles.

[…]

• Resolución núm. 2836 del 20 de diciembre de 2012. Mediante este acto
administrativo, la directora del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de
Cartagena decretó la expropiación administrativa de 11.452 metros cuadrados del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-150338. A través de dicho
acto administrativo, se estableció un valor indemnizatorio de setecientos cuarenta y
cuatro millones trescientos ochenta mil pesos ($ 744.380.000 COP).

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Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

RESOLUCIÓN No. 2836
(20 DE DICIEMBRE DE 2012)
«Por la cual se decreta una expropiación por vía administrativa»

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL DE CARTAGENA

En uso de las facultades a ella consagradas por el Decreto 1015 del 03 de Julio de
2012, en el marco del artículo 107 y siguientes del Acuerdo 010 de 2005, por medio
del cual reglamenta e l Estatuto de Valorización Distrital de Cartagena,

CONSIDERANDO

Que, como el representante legal, señor JESUS CARRILLO OLIER, no estuvo de
acuerdo con el avalúo comercial anexado a la resolución de Oferta de compra,
presento, a través de apoderado judicial, Dr. ALEJANDRO NARCISO LOZANO
CUELLO, mediante oficio AMC- OFI-12-0089980 de fecha 11 de diciembre de 2012,
OBJECION AL AVALUO COMERCIAL POR ERROR GRAVE, emitido por la LONJA
INMOBILIARIA DE BOLÍVAR, realizado por HECTOR ANAYA PEREZ.

Que, mediante Resolución No. 2814 de fecha 19 de diciembre de 2012, Se dio
contestación a la objeción planteada al avalúo, la cual fue notificada personalmente
el día 19 de diciembre de 2012, RATIFICANDO en todas sus partes el avalúo en
cuestión, razón por la cual queda en firme.

Que; de conformidad con lo previsto e n e l Artículo 6 8 de la Ley 388 de 1.997, y el
artículo 2 0 d e la ley 9 de 1989, no s e llego a u n acuerdo formal, toda vez, que el
representante legal de la sociedad propietaria manifestó expresamente el desacuerdo
mediante la objeción del avalúo comercial referenciado, y se establece la no
enajenación voluntaria del predio, por lo que, definitivamente es procedente disponer
la expropiación administrativa del área necesaria del bien inmueble que se señala en
la parte resolutiva de dicha resolución.

Que EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION DISTRITAL,
previo a l estudio correspondiente, determinó que e l área a comprar es de 11.452
M2, del bien inmueble de mayor extensión ubicado en e l barrio e l Pozón, , con
referencia catastral No. 0001-0001-0468-000 e identificado con matrícula inmobiliaria
N° 060-150338, para el proyecto "SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE DRENAJES
PLUVIALES".

Que la LONJA INMOBILIARIA SCA - BOLÍVAR, conforme avalúo presentado No. VAL
291012-2, de fecha 29 de octubre de 2012, el cual determino que el metro cuadrado
por: área de terreno es de: SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ( $ 65.000),
determinando que se tomara valor de área construida por las circunstancias del predio
requerido.

Área Requerida de Terreno: 11.452 M2 a $ 65.000 = $744.380.000
TOTAL: = $744.380.000

Para un gran valor total de avalúo comercial de SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CTE ($ 744.380.000),
suma está que corresponde para todos los efectos legales y contractuales a lo
regulado por el Artículo 5° de la Resolución 2609 del 2 8 de noviembre de 2012.
[…]

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00435-01
Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Decretar, por motivos de utilidad pública o de
interés social, la expropiación administrativa del área requerida de 11.452 metros
cuadrados (M2), del bien inmueble ubicado en el barrio el Pozón, con referencia
catastral No. 0001-0001-0468-000 identificado con matrícula inmobiliaria N ° 060-
150338 cuyo titular de derecho real de dominio es la sociedad INVERSIONES CARBA
OD S.A.S. CON NIT No. 900.475.929-1 representada legalmente por el señor JESUS
CARRILLO OLIER identificado con C.C. No. 72.112.770, de conformidad a los títulos
de propiedad y a lo expresado y registrado en el certificado de libertad y tradición del
bien inmueble expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de la
ciudad de Cartagena.

PARAGRAFO PRIMERO: Las áreas requeridas por Distrito de Cartagena, del bien
inmueble de mayor extensión ubicado en el barrio 13 el Pozón, con referencia
catastral No. 0001-0001-0468-000 e identificado con matrícula inmobiliaria N° 060-
150338, cuyos linderos y medidas especiales del lote que se segrega para dar en
venta al distrito en área de 11.452 metros cuadrados son las siguientes según
escritura pública 2.404 del 26 de diciembre de 1988, de la Notaria quinta de la Ciudad
de Cartagena: […]

ARTICULO SEGUNDO. - SITUACION JURIDICA: Del estudio jurídico del título de
INVERSIONES CARBA OD S.A.S. CON NIT No. 900.475.929-1 representada
legalmente por el señor JESUS CARRILLO OLIER identificado con C.C.
No.72.112.770, el cual se encuentra registrado en el Folio de Matricula Inmobiliaria
060-150338.

ARTICULO TERCERO. - DESTINACION: El inmueble cuya identificación plena se
precisa en el artículo anterior, será destinado a PROYECTO "SISTEMA PLAN
MAESTRO DE DRENAJES PLUVIALES"

ARTICULO CUARTO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO: El valor del precio
indemnizatorio de la expropiación que se decide por la presente Resolución es de
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MCTE ($ 744.380.000), de acuerdo con lo señalado en el cuadro del
Artículo Primero de la Resolución No. 2609 del 28 de noviembre de 2012, la cual
constituyo oferta de compra del área requerida del bien inmueble que se describe en
el artículo primero del presente acto administrativo.

5.4 Análisis de la Sala

5.4.1. Del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial en el presente
caso, en especial respecto de la pretensión quinta de la demanda

En relación con el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial,
particularmente en relación con la pretensión quinta de la demanda, corresponde
determinar si el a quo acertó al declarar probada, de oficio, la excepción de inepta
demanda por falta de agotamiento de dicho requisito en relación con dicha pretensión, o
si, por el contrario, la parte actora cumplió con la carga procesal exigida por la ley para
habilitar el estudio de fondo de la referida pretensión.

En la sentencia de 25 de febrero de 2022 se señaló lo siguiente en relación con el

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Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en el presente
caso:

Pues bien, antes de la interposición de la demanda, la parte actora radicó su solicitud
de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial delegada ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar y en el escrito respectivo especificó, entre otras cosas, el
funcionario al que se dirigió, las partes y sus representantes, los hechos, las
diferencias que se buscaban conciliar, las pretensiones, la acción a la que se acudiría
en el caso de no conciliar, la relación probatoria y la estimación razonada de la
cuantía, de modo que, en fin, se cumplieron todos los requisitos formales que exige
el Decreto 1716 de 2009, respecto de la solicitud.
[…]
Sin embargo, en el libelo demandatorio además de pretenderse el pago de la presunta
diferencia en el precio justo de las áreas de los inmuebles expropiados, se solicitó en
la pretensión QUINTA el reconocimiento y pago de: i. el valor que les corresponda
pagar a los demandantes para la ejecución de los cerramientos obligatorios sobre los
linderos entre los inmuebles de mayor extensión y las porciones segregadas de los
mismos; y ii. el valor de los detrimentos o desvalorizaciones que reciben los inmuebles
de los cuales se segregaron las porciones de terreno objeto de expropiación, por
causa de la modificación de linderos, y los impactos negativos que ocasionaran las
obras proyectadas (canalización y otros) sobre su entorno.

Bajo este supuesto, observa la Sala que se agotó indebidamente el requisito de
procedibilidad, existiendo por tanto una falta de identidad de objeto entre lo que se
buscó conciliar y lo que se demandó, en la medida en que las pretensiones de la
demanda desbordaron aquellas incoadas en la solicitud de conciliación, lo que
permite afirmar que, en este caso, se configuró la excepción de ineptitud de la
demanda por falta de agotamiento del requisito previo de conciliación, frente a la
pretensión QUINTA, por lo que en ese sentido se declarará probada de oficio dicha
excepción.

La parte demandante se opuso a las conclusiones a las que arribó el tribunal, por
considerar que el a quo realizó una indebida apreciación de las pretensiones de la
demanda. En su escrito de apelación, la parte accionante sostuvo lo siguiente:

Mi inconformidad en contra de la Parte Resolutiva Nro. 1ª Primera de la Sentencia
No. 019/2.022, resuelta por la Sala de decisión No. 7, con Ponencia del Sr. Mag., Dr.
LUS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ, dictada por este Honorable Tribunal
Administrativo de Bolívar, fechada Febrero (25) de 2.022, en el cual Declara Probada
de Oficio la Excepción de Inepta Demanda por Falta de Requisito de Procedibilidad
de Conciliación Prejudicial, respecto a la pretensión Quinta del Libelo de mandatario,
su señoría la misma no era óbice para denegar las demás pretensiones de la
Demanda, que si fueron objeto de la Conciliación Prejudicial como Requisito de
Procedibilidad.
[…]
No obstante, en la parte resolutiva o fallo, su señoría dicta o resuelve
incongruentemente las pruebas criticadas y que fueron mal evaluadas por su señoría,
y se viene contrario a lo evaluado en los considerandos a declarar probada una
excepción de oficio por falta del requisito de Procedibilidad de Conciliación (SIC); lo
cual aquí con mucho respeto le digo que no es cierto, y pido se restudie y reconsidere
su decisión. [Subrayados propios]

De lo transcrito se entiende que los demandantes interpretaron que, en la sentencia de

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primera instancia, se negaron todas las pretensiones de la demanda por haberse
declarado probada, de oficio, la excepción de inepta demanda. Sin embargo, ello no es
así, pues dicha excepción solo se refirió a la pretensión quinta de la demanda y, respecto
de las demás pretensiones, el tribunal realizó un estudio de fondo, tal como puede
apreciarse en el acápite de consideraciones de la sentencia impugnada.

En ese sentido, la Sala encuentra que no le asiste razón al apelante al señalar que la
sentencia del a quo adolecía de falsa motivación e incongruencia, por cuanto no es cierto
que la parte considerativa no tenga relación con la parte resolutiva. Asimismo, se resalta
que la excepción declarada de oficio solo se dirigió a la pretensión quinta de la demanda
y, en efecto, la parte resolutiva de la sentencia apelada declara probada de oficio la
excepción de inepta demanda únicamente respecto de dicha pretensión. Las demás
pretensiones fueron objeto de estudio de fondo y resueltas de manera desfavorable para
los demandantes.

Habiendo realizado la anterior precisión, la Sala pone de presente que esta Corporación
ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades en relación con la necesidad de agotar
la conciliación prejudicial antes de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en los casos en que se ejerce la acción especial consagrada en el artículo
71 de la Ley 388 de 1997.

Se ha entendido que el agotamiento de dicho trámite conciliatorio es necesario, en tanto
se ha señalado que, por tratarse de una acción que versa sobre asuntos de contenido
económico y que, en últimas, guarda correspondencia con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, respecto del cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo
161 del CPACA y en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, resulta obligatorio agotar el
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, dicha exigencia también resulta
aplicable a la acción especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

En ese sentido, se ha sostenido lo siguiente:

Así, bajo el marco normativo que rige la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, para la Sala resulta claro que ese trámite es obligatorio en los
conflictos susceptibles del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho entre los que se encuentran los generados por las actuaciones
administrativas que disponen la expropiación por vía administrativa, dado que se trata
de asuntos de carácter particular y de contenido económico, que versan sobre la
legalidad de actos administrativos pasibles de cuestionamiento por las causales de
nulidad general previstas en la norma procesal contenciosa.

La única particularidad en el ejercicio de ese medio de control está referida a la
posibilidad que tiene el afectado con el acto de expropiación administrativa de
prescindir de la pretensión de nulidad para ceñir el análisis de legalidad al precio
indemnizatorio reconocido, ya sea porque el trámite CPACA su fijación desconoció el
procedimiento previsto en la ley o simplemente bajo la consideración de que es
injusto. En ese contexto, la singularidad que conlleva la controversia de los actos de
expropiación por vía administrativa, lejos de excluir el trámite de conciliación
extrajudicial para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que hace es corroborar el carácter económico de la controversia que sustenta la
obligatoriedad del presupuesto de procedibilidad.

En ese orden, es válido concluir, como lo hizo el A quo, que el ejercicio del medio de

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control de nulidad y restablecimiento contra actos qué determinan la expropiación
administrativa exige como requisito de procedibilidad la realización del trámite de
conciliación prejudicial previsto en las normas sobre mecanismos alternativos de
solución de conflictos, dado que para el momento de interposición de la demanda (27
de septiembre de 2011) se encontraba en vigor la norma que estableció la
obligatoriedad de ese presupuesto para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo7.

Por otro lado, esta Sección ha señalado, de manera reiterada, que la solicitud de
conciliación prejudicial no puede convertirse en un requisito rígido e inmodificable; por el
contrario, se ha entendido que constituye un documento flexible, sujeto a modificaciones
o ampliaciones, siempre y cuando se respete el objeto del asunto8. Veamos:

A su vez, acerca de la necesidad de que se presente identidad de pretensiones entre
la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda, la Sala ha precisado que, si bien
debe existir congruencia entre las mismas, ello no implica que éstas coincidan de
manera exacta, de modo que dicho requisito no puede convertirse en una exigencia
rígida y lo que debe analizarse en cada caso en concreto es el objeto de la
controversia, así:

“[…] Sobre el contenido de la solicitud de conciliación extrajudicial y su identidad
con la demanda presentada, esta Corporación ha sido reiterativa en indicar que
la primera de ellas no puede convertirse en un requisito rígido e inmodificable,
sino que por el contrario se ha entendido que es un documento flexible, sujeto
a modificaciones o ampliaciones, siempre y cuando se respete el objeto del
asunto.

Así lo ha manifestado la Sección Primera del Consejo de Estado, a saber: “Si
bien debe existir congruencia entre las formuladas en la solicitud de conciliación
extrajudicial y la demanda no se requiere que sean exactamente coincidentes o
iguales. En el caso sub lite, la Sala observa que el objeto de controversia que
llevó al demandante a presentar la solicitud de conciliación extrajudicial ante los
agentes del Ministerio Público y el que lo llevó a presentar la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es el mismo. En efecto, de la comparación entre las pretensiones
expuestas en la solicitud de conciliación prejudicial y las consignadas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que, si bien no
son exactamente iguales gramaticalmente hablando, si se evidencia una
congruencia entre los dos escritos. […]

Recuerda la Sala que el a quo fundó su decisión en el artículo 6º literal d) del
Decreto 1716 de 2009, en cuanto la solicitud de conciliación debe contener las
pretensiones que formula el convocante, entre las cuales no se encuentran
todas las que ahora plantea el recurrente. Al respecto, de la lectura de la norma,
la Sala estima que ellas hacen referencia a que se formulen las pretensiones,
pero no exige que las mismas contenidas en la solicitud de conciliación
prejudicial sean exactamente coincidentes con aquellas que se presentan

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 21 de
noviembre de 2022, Radicación núm.: 08001-23-31-005-2011-01126-01. MP. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
8 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 16 de abril de 2020. M.P. Oswaldo Giraldo López. Radicado

Núm. 15001 23 33 000 2018 00129 01. Sobre el asunto, ver también Consejo de Estado. Sección Primera.
Providencia del 3 de diciembre de 2015. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado Núm. 13001-23-
33-000-2012-00043-01.

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posteriormente en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho”

En ese orden, lo que se deberá analizar en cada caso es que el objeto de
controversia sea el mismo en una y otra, sin que resulte exigible la total
identidad entre los dos documentos.9

En ese sentido, si bien para el ejercicio de la acción especial consagrada en el artículo
71 de la Ley 388 de 1997 se debe agotar previamente la conciliación prejudicial, el
cumplimiento de ese requisito no debe ser analizado de manera rígida e inmodificable;
por el contrario, debe verificarse que la controversia planteada en la demanda
corresponda, en lo sustancial, a la expuesta en la solicitud de conciliación.

A continuación, se analiza si, en efecto, en los dos escritos, esto es, la demanda
interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Bolívar y la correspondiente solicitud de
conciliación prejudicial, existe identidad en la controversia planteada o si, por el contrario,
con esta última no se satisfizo el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento
de la conciliación previa.

Al respecto, encuentra la Sala que, tal como lo señaló el tribunal, en el expediente reposa
el acta del 30 de enero de 201310, suscrita por los apoderados de la parte demandante y
de la parte demandada, así como por la Procuradora 130 Judicial II para Asuntos
Administrativos. En dicha acta se dejó constancia de que la audiencia de conciliación
resultó fallida, toda vez que el Comité de Conciliación del Distrito de Cartagena no dio
viabilidad a la conciliación del asunto.

Asimismo, en el acta se consignaron las pretensiones que se buscaban conciliar,
tomadas de la solicitud de conciliación presentada por la parte actora, en los siguientes
términos:

HECHOS Y PRETENSIONES:

1) Primera: se reconozca la situación de hecho en cuanto a la expropiación injusta e
inequitativa de los predios 1 y 2 con referencia catastral 0468 y 0466 conforme a las
Resoluciones 2608 y 2609, ambas de noviembre 28 de 2012, Resolución 2814 de
diciembre 19 de 2012 y la de expropiación 2836 y 2837 ambas de diciembre 20 de
2012, por haber sido avaluados por debajo del precio real tomando como base su
destinación a construcción de vivienda de interés social sin tener en cuenta que
pertenece al triángulo dorado y económico del Pozón, donde se construirá la nueva
central de abastos, y su ubicación privilegiada sobre la carretera la cordialidad y
demás. Por lo que estimamos que su precio justo seria cuatro mil quinientos trece
millones de pesos ($ 4.513.000.000) y se nos ha dejado de pagar dos mil doscientos
cincuenta y seis millones quinientos cuarenta mil pesos ($ 2.256.540.000) suma que
solicitamos se nos reconozca, más los intereses causados como pago real de las
partes fraccionadas de los inmuebles a los que pertenecen el lote 1 y lote 2 más los
gastos que ocasione esta gestión.

2) Segunda: Como consecuencia de lo anterior se nos reconozcan a mis mandantes

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto del 16 de abril de 2020. M.P. Oswaldo Giraldo López. Radicado

Núm. 15001 23 33 000 2018 00129 01.
10 Se hace referencia al acta toda vez que contiene las pretensiones presentadas en la solicitud de

conciliación.

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la suma total de cuatro mil quinientos trece millones de pesos ($ 4.513.000.000) como
precio real de los inmuebles citados cantidad a la cual se le deduzca la suma
reconocida y que hubiere pagado el distrito en la cantidad de dos mil doscientos
cincuenta y seis millones quinientos cuarenta mil pesos ($ 2.256.540.000) más los
intereses por el no reconocimiento y pago real los daños y perjuicios ocasionados con
la expropiación y el fraccionamiento y los gastos ocasionados con esta gestión.

3) Tercera: una vez conciliadas estas pretensiones se acuerde la renuncia por ambas
partes a cualquier reclamación posterior por cuanto las sumas quedaron si es el caso
conciliadas.

De la misma manera, se tiene que el requisito de conciliación extrajudicial se acreditó con
la constancia del 22 de abril de 2013, suscrita por la Procuradora 130 Judicial II para
Asuntos Administrativos, en la cual se consignaron las pretensiones ya trascritas y se
señaló que «el día de la audiencia celebrada el 18 de Abril de 2013, la conciliación se
declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir ánimo
conciliatorio entre las partes».

El Tribunal encontró que la pretensión quinta de la demanda no quedó cobijada por la
conciliación adelantada ante la Procuradora 130 Judicial II para Asuntos Administrativos.
La pretensión quinta de la demanda es la siguiente:

QUINTA: Que entre las Indemnizaciones a título de Daño Emergente se incluyan,
conforme se demuestre en el presente proceso a cargo de la demandada:

El valor que les corresponda pagar a mis mandantes para la ejecución de los
cerramientos obligatorios sobre los linderos entre los inmuebles de mayor extensión
y las porciones segregadas de los mismos, y que están delimitadas en las
Resoluciones Nos. 2.837, y 2.836, ambas de Diciembre 20 del 2.012, y su
modificaciones todas de la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y
C., a través de su DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN
DISTRITAL, que le corresponda efectuar a mis mandantes todos;

El Valor de los detrimentos o desvalorizaciones que reciben los inmuebles de los
cuales se segregaron las porciones de terreno objeto de expropiación, por causa de
la modificación de linderos; Por causa de los impactos negativos que ocasionaran las
obras proyectadas (Canalización y otros) sobre su entorno; y en general por los
demás conceptos que queden probados.

Como se puede apreciar, dicha pretensión busca que, dentro del precio indemnizatorio,
se tenga en cuenta el daño emergente derivado de unas supuestas erogaciones
realizadas por concepto de cerramientos, así como los detrimentos sufridos por la parte
remanente de los inmuebles como consecuencia de la expropiación administrativa.

En ese sentido, se entiende que la pretensión quinta de la demanda, al igual que lo
expuesto en el acta de conciliación que refleja el contenido de la solicitud presentada
para agotar el requisito que se viene comentando, controvierte el precio indemnizatorio
reconocido por la administración con ocasión de la expropiación parcial de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias núms. 060-150338 y 060-99935.

Recuérdese que esta Sección ha señalado que, en los casos de indemnización por

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expropiación de un inmueble, el precio indemnizatorio está compuesto por el valor
comercial del bien o precio de adquisición, así como por el lucro cesante y el daño
emergente11.

En consecuencia, y a diferencia de lo resuelto por el tribunal, la Sala no comparte la
decisión de declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto de la
pretensión quinta de la demanda. Lo anterior, toda vez que se advierte que tanto en la
solicitud de conciliación presentada ante la Procuradora 130 Judicial II para Asuntos
Administrativos como en la pretensión quinta de la demanda, al igual que en las demás
pretensiones, lo que busca la parte demandante es el reconocimiento de un mayor valor
de la indemnización a causa de la expropiación efectuada por el Distrito de Cartagena.
En ese sentido, se entiende que la controversia planteada en la demanda es la misma
que fue formulada en trámite de conciliación prejudicial, incluida la pretensión quinta del
libelo introductorio.

Por lo expuesto, en la presente providencia se modificará la sentencia del 25 de febrero
de 2022.

Ahora bien, corresponde estudiar si procede o no reconocer lo pretendido por la parte
accionante mediante la pretensión quinta de la demanda. Como ya se señaló, los
accionantes pretenden que se ordene el restablecimiento del derecho, a título de daño
emergente, por concepto de los costos de cerramiento entre los inmuebles de mayor
extensión y las porciones segregadas de estos, así como el valor de los detrimentos o
desvalorizaciones que sufrieron los inmuebles de los cuales se segregaron las porciones
de terreno objeto de expropiación.

En lo concerniente a la procedencia del reconocimiento del daño emergente con ocasión
de un proceso de expropiación, la Sala considera necesario traer a colación lo previsto
en el numeral 5 del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, que establece:

Artículo 21.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del
valor comercial:
[…]
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente
el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

Conforme a la norma transcrita, para reconocer el daño emergente, es menester verificar
si, en el presente caso, la expropiación fue parcial y si se demostró que se requerían
obras de adecuación para poder utilizar el resto del inmueble. En este punto, se recuerda
que esta Sección ha señalado que «los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio
deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento»12.

11 Sobre la diferencia de precio de adquisición y precio indemnizatorio: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de marzo de 2016, radicación núm.
050012331000200204925, M. P. María Claudia Rojas.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero

de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Al respecto, se encuentra acreditado que la expropiación de los inmuebles fue parcial,
pues, según los certificados de tradición y libertad expedidos por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartagena el 14 de agosto de 2014, que obran en el
expediente, el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-99935
contaba con una extensión de 4 hectáreas (40.000 metros cuadrados), y la expropiación,
de conformidad con la Resolución núm. 2837 del 20 de diciembre de 2012, solo recayó
sobre 23.264 metros cuadrados del total del predio.

Asimismo, según el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Cartagena el 14 de agosto de 2014, que obra en el
expediente, el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 060-150338
contaba con una extensión de 4,158 hectáreas (41.580 metros cuadrados), y la
expropiación, de conformidad con la Resolución núm. 2836 del 20 de diciembre de 2012,
solo recayó sobre 11.452 metros cuadrados del total del predio.

Ahora bien, es del caso establecer si, en el curso del proceso, quedó acreditado que los
conceptos solicitados por la parte demandante eran necesarios para realizar las
adecuaciones requeridas para la utilización de las áreas remanentes.

Acerca de este aspecto, la Sala diferencia dos situaciones. La primera se refiere a lo
solicitado por concepto del valor de los detrimentos o desvalorizaciones que reciben los
inmuebles; la segunda, a lo relacionado con los cerramientos obligatorios sobre los
linderos.

En lo concerniente al primer concepto, la Sala encuentra que este no guarda relación con
las obras necesarias para garantizar la funcionalidad y el aprovechamiento del área no
expropiada. Asimismo, la parte demandante, ni en su escrito de demanda ni en el recurso
de apelación, desarrolló ni sustentó el supuesto detrimento o la desvalorización de los
bienes. Por lo tanto, no cumplió con la carga que le correspondía para que dichos
emolumentos le fueran reconocidos.

Por otra parte, respecto del segundo concepto, la parte demandante no expuso en la
demanda por qué sería necesario realizar el mencionado cerramiento del predio
remanente ni por qué ello resultaba indispensable para garantizar la funcionalidad y el
aprovechamiento del área no expropiada.

Ahora bien, aun si, en gracia de discusión, se aceptara que dichas obras eran necesarias
para poder utilizar el predio remanente, encuentra la Sala que, dentro del expediente
digital, solo obra una prueba que alude al costo de realizar dicho cerramiento, esto es, el
informe pericial rendido durante el proceso por el perito Misael Rondón Oñoro. En ese
peritaje se señaló lo siguiente relativo al costo del cerramiento:

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Demandante: Jesús Carrillo Olier y otros
Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Luego de revisar en su integridad el avalúo realizado por el señor Misael Rondón Oñoro,
la Sala concluye que el perito no explicó de dónde obtuvo los valores unitarios
correspondientes a cada uno de los conceptos que consideró necesarios para la
construcción del mencionado cerramiento, ni allegó soportes que respaldaran tales
resultados, como, por ejemplo, cotizaciones o facturas.

En ese sentido, se tiene que el perito al no haber soportado los costos que planteo en su
dictamen incumplió con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 226 del CGP, el cual
establece: «Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se
explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones». Disposición
que resulta aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 218 del CPACA.

En consideración a lo anterior, se tiene que no existe certeza del perjuicio reclamado y,
por lo tanto, no es indemnizable. Téngase en cuenta que la Sección Primera del Consejo
de Estado, en sentencia proferida el 6 de febrero de 202013, con fundamento en los

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, Sentencia del 6 de febrero

de 2020 núm. de radicación: 08001233100019971225601; M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

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artículos 21.214 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos15 y 1716 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación
conlleva la obligación de indemnizar el daño causado al particular, indemnización que
debe ser previa y con el propósito de restablecer el equilibrio.

No obstante, precisó que los daños distintos de la pérdida del derecho de dominio deben
ser acreditados dentro del proceso por quien pretende su resarcimiento, ya se trate de
perjuicios efectivamente causados o de daños futuros cuya ocurrencia aparezca como
altamente probable. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:

“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.

[…] No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios
que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los
mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos
y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.

El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.

En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]17 [Destaca la Sala].

Por lo tanto, pese a que la Sala estima que la pretensión quinta de la demanda sí quedó
comprendida en el trámite conciliatorio que se adelantó para agotar el requisito de
procedibilidad, según el criterio de la Sección que exige el respecto del objeto a conciliar;

14 […] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización

justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por
la ley […]” 74 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley
16 de 30 de diciembre de 1972.
15 Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30

de diciembre de 1972.
16 […] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella,

salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición
de haya una justa y previa indemnización […]
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero

de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 08001233100019971225601

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no encuentra que esté llamada a prosperar, toda vez que la parte demandante no probó
que los conceptos allí establecidos correspondieran a obras necesarias para garantizar
la funcionalidad y el aprovechamiento del área no expropiada, ni tampoco acreditó la
certeza de dichos conceptos.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada y se negará la pretensión quinta
de la demanda.

5.4.2 Del reparo respecto de la incorrecta valoración del avalúo oficial núm. VAL-
291012-2 del 29 de octubre de 2012

El avalúo oficial núm. VAL-291012-2, suscrito el 29 de octubre de 2012 por la Lonja
Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Bolívar, constituye el
fundamento del valor comercial de los bienes parcialmente expropiados por el Distrito de
Cartagena mediante las Resoluciones núm. 2836 y núm. 2837 del 20 de diciembre de
2012.
En la sentencia de primera instancia, el a quo consideró que la parte demandante no
había presentado argumentos ni pruebas suficientes para demostrar que dicho avalúo
oficial era incorrecto. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, al estimar
que no se probó la existencia de un mayor valor de los bienes expropiados. Puntualmente
la sentencia de primera instancia señaló lo siguiente:

Todo este tema del avalúo deviene sui generis en el caso concreto, pues la demanda
se ha encargado de cuestionarlo de manera vaga y abstracta, buscando al parecer
evidenciar una diferencia económica entre lo que se obtuvo como resultado en el
avalúo acogido por el Distrito de Cartagena en su momento y lo que realmente valía
el bien, para enderezar una posible desmejora patrimonial y con ello, el derecho a un
precio indemnizatorio más amplio, y si así es, no se ha atinado en demostrar cual es
esa aludida diferencia económica, y fundamentalmente (se retira), cuáles son los
errores en que incurrió la administración a la hora de avaluar el bien.

Así las cosas, difícilmente podría la Sala concluir que no se ajustó el avaluó al
justiprecio, siendo que, por un lado, se encuentra que la parte demandante no aportó
otro avalúo especializado exponiendo las razones técnicas que permitieran dilucidar
la imprecisión del avalúo en que se basó la entidad demandada y el fundamento de
la diferencia en el precio indemnizatorio; y por otro, la pericia decretada en el proceso,
como se verá infra, no abarcó ese objeto.

En efecto, se omitió presentar al Tribunal un razonamiento técnico que permita
concluir que no es correcto el avalúo oficial o que la entidad incurrió en alguna
deficiencia que afectó el valor comercial del bien inmueble, ya desagregada la franja
expropiada; tampoco se indicaron las razones por las cuales ha de considerarse que
el método utilizado para avaluar (el residual y el de mercado) no era el correcto.

Por su parte, el demandante señaló lo siguiente en el recurso de apelación:

Con mucho respeto veo que no entendió u evidencio su señoría que el fundamento,
explicación y la razón que el Perito, de la parte Demandante Sr. RONDON OÑORO,
rindió en su dictamen y explicó la Falla que tuvo al realizar el Avalúo Comercial la:
Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar, y que resultara tan bajo y no
acorde con el Avalúo Comercial de la época, fue el HABER USADO COMO METO
DE EVALUACION EL (RESIDUAL Y DE MERCADEO) UN METODO QUE NO SE

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USA U APLICA PARA EL PREDIO EN MENCION O EN CUESTION POR CUANTO
PARA AVALUAR ESTOS PREDIOS EXITIAN PARA LA EPOCA VENTAS Y
AVALUOS RECIENTES OSEA REFERENCIAS MUCHAS, QUE NO TUVIERON EN
CUENTA LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS REGIONAL BOLÍVAR,
ya que este Método Residual se reserva y usa solo, únicamente para casos
EXCEPCIONALES, DONDE NO HAYA UN REFERENTE CERCANO DE
OPERACIONES COMERCIALES DE COMPRA Y VENTA. (De lo cual aportó el Perito
RONDON OÑORO, Varias y/o Múltiples pruebas de Ventas y Avalúos de la Zona
cercana; Además, el Perito de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional
Bolívar, NUNCA TUVO CLARO SI LOS PREDIOS AVALUADOS ERAN RURALES O
URBANOS, LO CUAL CLARIFICÒ TOTALMENTE EL PERITO RONDON OÑORO,
EN SU DICTMENTE Y EN RATIFICACION EN AUDIENCIA ANTE SU SEÑORIA
CON PRESENCIA DE LA APODERADA DEL DISTRITO: Luego es una razón de peso
que debe tener en cuenta su Señoría para desvirtuar la PRESUNCION LEGAL DEL
AVALUO DE LA ADMINISTRACION QUE EXBOZO EN EL FALLO, ya que un Precio
Tiene un predio Rural, de Expansión Urbana Y OTRO PRECIO SUPERIOR TIENE
UN PREDIO URBANO COMO SE DEMOSTRÒ EN AUDENCIA QUE SON LOS
PREDIOS EXPROPADOS.

En síntesis, la parte demandante sostiene que el avalúo oficial es equivocado porque
acudió a métodos incorrectos. En ese sentido, indicó que, con el peritaje allegado al
proceso, quedó demostrado que existían suficientes ofertas y transacciones para
determinar el valor de los bienes a partir del método de mercado. Además, señaló que el
avalúo oficial no precisó si los inmuebles tenían naturaleza urbana o rural.

Sería del caso abordar los argumentos expuestos por la parte apelante. Sin embargo, la
Sala advierte que tales planteamientos constituyen reparos novedosos que no fueron
formulados oportunamente en el escrito de demanda.

Particularmente, del contenido de la demanda no se desprende ningún cuestionamiento
dirigido a sostener que el método residual era incorrecto y que el método que debió
emplear la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional
Bolívar, en el avalúo oficial núm. VAL-291012-2 era el método de mercado. De hecho, en
la demanda no se menciona método alguno ni tampoco se identificó técnicamente
ninguna regla del Decreto 1420 de 1998 que hubiese sido infringida al elaborar el avalúo
oficial.

En ese sentido, no se formuló una crítica concreta relacionada con la supuesta
improcedencia de acudir a determinados métodos de valuación, ni se sostuvo que
existieran suficientes ofertas o transacciones que hicieran imperativa la utilización de un
método específico para establecer el valor comercial de los inmuebles objeto de
expropiación. De igual modo, no se advierte que los demandantes hubieran
fundamentado su inconformidad en la ausencia de una definición expresa acerca de la
naturaleza urbana o rural de los predios afectados.

Se pone de presente entonces que no es el recurso de apelación el escenario procesal
para enmendar los yerros de la demanda. La segunda instancia no constituye una
oportunidad para reformular las pretensiones, introducir nuevos cargos o desarrollar por
primera vez fundamentos fácticos y jurídicos que debieron exponerse con claridad desde
la presentación del libelo introductorio. Por el contrario, la competencia del juez de
apelación se encuentra delimitada por los términos en que quedó trabada la controversia

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en primera instancia y por los cuestionamientos que efectivamente fueron sometidos al
debate procesal.

Esta Sala se ha pronunciado en el mismo sentido en anteriores oportunidades:

Sin embargo, al igual que en el punto anterior, la Sala encuentra que la parte actora
no invocó en la demanda el argumento expuesto en el sentido de que la demandada
aplicó una norma que no estaba en vigor, esto es, el Decreto 281 de 2017, ni justificó
su aplicación en este asunto bajo el principio de favorabilidad, lo cual se reitera torna
en improcedente y extemporáneos su examen por cuanto debió plantearse en la
demanda o su adición, y porque estudiarlo representaría la trasgresión al derecho de
defensa y contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber del juez
hacer efectiva la igualdad entre las partes.

Así pues, una vez analizados los argumentos expuestos en la demanda se tiene que
la parte actora alegó la vulneración del Decreto 281 de 22 de febrero de 2017,
específicamente, en lo dispuesto en el artículo 2.2.9.5.3. ibidem, el cual estableció lo
relacionado con las circunstancias de atenuación y agravación de la multa por
infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica, pero en momento
alguno cuestionó su aplicación en el tiempo, como sí lo hizo en el recurso
de apelación interpuesto.

[…]

Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el reproche aludido,
habida cuenta que éste apenas se invocó en el recurso de apelación, lo que se
reitera representa que, acogerlo para su examen rompería el equilibrio procesal y la
igualdad de las partes, dado que la parte demandada no tendría la posibilidad de
controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la
demanda18.

En virtud de lo expuesto, la Sala no hará un pronunciamiento de fondo sobre el reproche
aludido; por lo tanto, el reparo no está llamado a prosperar. En consecuencia, se
confirmará, en todo lo referente al precio de adquisición y a la legalidad del avalúo oficial,
lo decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

5.5. Condena en costas

La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 25 de junio

de 2026, Radicación núm.: 08001-23-33-000-2018-01090-01. MP. Nubia Margoth Peña Garzón.

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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, la cual quedará de la siguiente forma:

PRIMERO: NEGAR todas las pretensiones de la demanda, promovida por JESÚS
CARRILLO OLIER, FERNANDO BAENA DIETES y la sociedad INVERSIONES CARBA
OD S.A.S. contra el DISTRITO DE CARTAGENA, por los motivos expuestos en
precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; liquidar por la Secretaría
General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.,
incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, según lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente, previa
devolución del remanente, si existiere.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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