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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2011-01126-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-005-2011-01126-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Dr. Nicolás Yepes Corrales. SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 31 de marzo de 2017, que declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-005-2011-01126-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Radicado: 080012331005201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas del Norte Ltda.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 08001-23-31-005-2011-01126-01 (59512)
Demandante: Montacargas del Norte Ltda.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y Región
Caribe -EDUBAR-
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Acto que determina expropiación por vía administrativa. Precio indemnizatorio.
Subtema 1: Conciliación prejudicial como presupuesto de procedibilidad de la acción.
Subtema 2: Procedencia de la conciliación en la acción especial de nulidad y restablecimiento del
derecho contra actos que determinan la expropiación por vía administrativa.
Subtema 3: Excepción de ausencia de requisito de procedibilidad, acreditada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección procede a resolver el recurso de apelación formulado por la empresa
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
el 31 de marzo de 2017, que declaró probada la excepción de falta de agotamiento
de la conciliación prejudicial.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y Región Caribe -EDUBAR-
dispuso la adquisición de un inmueble de propiedad de la empresa Montacargas del
Norte Ltda., por medio del procedimiento de expropiación administrativa, con el
propósito de ejecutar el proyecto de "prolongación de la Ca/le 82/84 entre las
carreras 73 a la vía 40", en el Distrito de Barranquilla. La empresa demandante
aduce que los actos que concluyeron la actuación administrativa de expropiación en
el mes de mayo de 2011, incurrieron en violación de normas superiores y en falsa
motivación, pues, a su juicio, el precio indemnizatorio reconocido fue calculado
sobre un área inferior a la que consta en los títulos de propiedad, bajo la
consideración de que el inmueble ocupaba la zona de ronda del arroyo canalizado
de la Calle 84.

II. ANTECEDENTES

2.1. La sociedad Montacargas del Norte Ltda, por medio de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las Resoluciones nros. 11-0123 de 19 de abril de 2011 y 11-0169
de 24 de mayo del mismo año, por medio de las cuales Edubar dispuso la
expropiación por vía administrativa de un inmueble de propiedad la demandante,
ubicado en la calle 82 # 81-59 de Barranquilla, porque, en su criterio, incurrieron en
falsa motivación, dado que en el precio indemnizatorio no se incluyó el valor de
75.51 m2 , "que corresponde a la zona de ronda del arroyo de la Calle 84". Como
pretensión principal solicitó declarar la nulidad de los actos demandados y, en
consecuencia, condenar al ente demandado a pagar "e/justo precio indemnizatorio
de/inmueble". De manera subsidiaria pidió declarar que el precio indemnizatorio no

Radicado: 080012331005201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas del Norte Ltda.

corresponde al valor de los perjuicios causados con la expropiación, porque la
empresa demandante tan sólo recibió ochenta y cinco millones doscientos cinco mil
cuatrocientos cuarenta y tres pesos ($85.205.443), cifra inferior al precio real de
compra-venta pagado por la empresa demandante en el año 2009, que ascendió a
doscientos millones de pesos ($200.000.000), aproximadamente.

En el concepto de violación adujo que las consideraciones expuestas en los actos
demandados para disminuir el área del predio expropiado carecen de sustento
fáctico y jurídico, porque el arroyo no es natural y, en todo caso, el inmueble no
colinda con el afluente, porque la Calle 84 separa las viviendas del canal'.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por medio de auto fechado el 11 de enero de 2012,
notificado en debida forma al representante de la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y la Región Caribe -Edubar- el 13 de marzo de 2012[2].

El apoderado de Edubar, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la
excepción de falta de conciliación prejudicial de que tratan las leyes 270 de 1996 y
640 de 2001, modificadas por la Ley 1395 de 2010, según las cuales "cuando los
asuntos sean conciliables, constituirá requisito de procedibilidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho el adelantamiento del trámite de
conciliación". Además, se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el
argumento de que el precio indemnizatorio ofrecido se sustentó en el avalúo
comercial del área de terreno susceptible de enajenación (147,49 m2), con la
exclusión de la zona que forma parte de la ronda del arroyo canalizado que no puede
ser inferior a 15 metros, considerada "zona de protección de medio ambiente (...)
definida en la compilación del POT".

Por último, precisó que la escritura pública en la que consta el área del predio
expropiado (232 m2 ) "debe ser considerada como un acto jurídico inexistente" por
incluir una zona de ronda del arroyo de la 84, considerada inalienable y que, en todo
caso, la certificación expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que
también menciona el área, "no con valida reconocimiento alguno", pues desconoce
las normas generales sobre protección ambiental, "aislamiento en arroyos" y zonas
de amenaza y riesgo por inundaciones, así como la regulación prevista en el plan
de ordenamiento territorial3.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de auto expedido el 20 de abril
de 2012, tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; ordenó
expedir oficio a Edubar para que enviara la copia del expediente administrativo de
expropiación y decretó la práctica de los testimonios y del dictamen pericial
solicitados por la empresa actora, prueba técnica que tuvo como propósito
determinar el área del inmueble, el valor del metro cuadrado y el trato desigual frente
a otras propiedades "adosadas a la canalización del arroyo de la calle 84'.

El Tribunal corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
agente del Ministerio Público para que rindiera concepto5. El apoderado de la

1
Folio 1 del c. 1.
2
Folios 216 y 223 del c. 1.
Folio 225 del c. 1.
Folios 73 y 79 del c. 2.
Folio 208 del c. 2.

Radicado: 080012331005201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas de! Norte Ltda.

empresa demandante insistió en que los actos administrativos demandados
incurrieron en falsa motivación, porque la disminución del área del predio
expropiado en 75.51 m2, bajo el argumento de que debía excluirse la zona de ronda
del arroyo de la Calle 84, carece de sustento fáctico y jurídico, dado que se trata de
un afluente canalizado que no colinda con el inmueble. En ese orden, el precio
iridemnizatorio debió corresponder al área total descrita en los recibos del impuesto
predial y en los demás documentos aportados al expediente, correspondiente a 232
m2, cuyo valor comercial para la época de la expropiación era de doscientos ocho
millones ciento noventa y seis mil setecientos noventa y siete pesos ($208.196.797),
según consta en el dictamen pericial6. La entidad demandada y el agente del
Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

2.3. Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de sentencia fechada el 31 de
marzo de 2017, declaró probada la excepción de falta de agotamiento de la
conciliación prejudicial y se abstuvo de condenar en costas. Consideró el Tribunal
que, si bien la Ley 388 de 1997 prevé una acción especial de nulidad y
restablecimiento para controvertir los actos que determinan la expropiación por vía
administrativa con presupuestos especiales adicionales a los "demás requisitos
ordinarios", ese mecanismo judicial es asimilable a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho general porque las dos están encaminadas a obtener
la declaración de nulidad de un acto administrativo y el consecuente
restablecimiento del derecho o reparación del daño, además de que tienen el mismo
término de caducidad de 4 meses.

Precisó, además, que los actos que determinan la expropiación por vía
administrativa tienen contenido económico porque determinan el precio
indemnizatorio del bien, por ende, son susceptibles de conciliación conforme a las
reglas previstas en la ley 1285 de 2009. Por último, aclaró que el hecho de que la
demanda hubiera sido admitida sin advertir la falencia referida no convalida la falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad "por tratarse de un paso previo y
necesario para acudir a la administración de justicia''.

2.4. Recurso de apelación

El apoderado de la empresa demandante interpuso recurso de apelación en el que
adujo, en síntesis, que la conciliación extrajudicial no es obligatoria para ejercer la
acción especial de nulidad contra actos que disponen la expropiación administrativa,
porque la Ley 1285 de 2009 establece que ese trámite solo constituye requisito de
procedibilidad para las acciones de nulidad y restablecimiento, reparación directa y
controversias contractuales de que tratan los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo, determinación que descarta su aplicación a mecanismo
judiciales distintos.

Precisó, además, que la expropiación por vía administrativa incluye una etapa de
negociación directa entre la entidad pública y el propietario del inmueble en la que
discuten "el avalúo previo, el precio ofrecido por la administración, el precio que
considera el particular, así como la forma de pago ( ... ), en ese orden, amén de que
la ley no la exige, no tiene ningún sentido predicar por vía analógica la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad". Aunado a lo anterior, señaló que la

6 Folio 2ll del c. 2.
Folio 244 del c. ppal.

Radicado: 080012331005201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas de! Norte Ltda.

exigencia de un requisito de procedibilidad inaplicable a 1 caso configura un defecto
procediniental, pues otorga prevalencia a una actuación prejudicial sobre el derecho
sustancial, sin advertir que esa postura vulnera el derecho de acceso a la
administración de justicia. Consideró, de manera subsidiaria, que la falencia
consistente en la falta de agotamiento de la conciliación prejudicial se entiende
subsanada cuando cobra firmeza el auto que admite la demanda o, en su defecto,
cuando en la contestación no se propone la excepción previa de ineptitud sustantiva
por falta de requisitos formales y continúa el trámite judicial. En este caso 'la
demanda no solo no se rechazó, sino que se admitió inmediatamente sin que
previamente se hubiera advertido o puesto de presente circunstancia alguna por
parte del fallador de primer grado que invalidara el trámite de la misma"8.

2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia

Esta Corporación admitió el recurso de apelación formulado por el apoderado de
la empresa demandante Montacargas del Norte Ltda.'y, en auto posterior, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos dé conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo9.

El apoderado de la parte actora presentó alegatos de.onclusión para insistir en
que los actos demandados incurrieron en causal de n:ulidad, porque la oferta del
precio indemnizatorio excluyó una parte del área del inmueble sin sustento
probatorio, pues no existe concepto técnico que califique la franja excluida como
parte de la ronda del arroyo de la Calle 84, que llevé a considerarla como bien
público. En ese orden, el precio debió atender los linderos y el área descrita en los
títulos de propiedad y en los recibos de impuesto predial, con base en los cuales "no
resulta ajustado a derecho ( ... ) despojara la sociedad" del pago del justo precio. Por
último, reiteró que la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento
del derecho contra actos de expropiación, porque la leyno previó en forma expresa
ese presupuesto"'.

A su turno, el apoderado del organismo demandado (Édubar) solicitó confirmar la
sentencia apelada porque, a su juicio, los actos administrativos que determinaron la
expropiación administrativa del inmueble propiedad de la parte actora son
susceptibles de conciliación extrajudicial por tener contenido económico' 1,

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación -Dr. Nicolás Yepes
Corrales- rindió concepto en el que solicitó declarar lanulidad de todo lo actuado
por falta de competencia derivada de la ausencia de cumplimiento de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad, porque si bien esa falencia pasó
"inadvertida" cuando se admitió la demanda, el hecho de que hubiera continuado el
procedimiento no convalida tal circunstancia, dado que no se encontraba habilitado
el acceso a la Administración de Justicia", lo que da luár al rechazo de plano del
medio de control. De manera subsidiaria solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia que declaró probada la excepción de falta del requisito de procedibilidad
consistente en el agotamiento de la conciliación extrajüdicial12. Mediante auto del
diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)13 el Despacho resolvió

Folio 255 del c. ppal.
Folios 276 y 278 del c. ppal.
10 Folio 280 del c. ppal.

Folio 316 del c. ppal.
12 Folio 318 del c. ppal.
13 Indice No. 22 SAMAI.

Radicado: 080012331005201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas del Norte Ltda

declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes
Corrales14.

III. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver el asunto, habida consideración de la competencia que
le asiste para ello conforme a lo preceptuado en los artículos 129 y 132-13 de¡
CCA15 , dado que el proceso versa sobre la legalidad de actos que determinan la
expropiación por vía administrativa susceptibles de control de legalidad por medio
de la acción especial contencioso-administrativa de que trata el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, para solicitar la nulidad y el restablecimiento del derecho conculcado
o para controvertir el precio indemnizatorio16; de la oportunidad que hubo en
ejercicio de la acción, conforme a lo prescrito por el artículo 71 de la Ley 388 de
1997, porque la Resolución nro. 0169 de 24 de mayo de 2011 que resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra el acto que dispuso la expropiación administrativa
• Resolución nro. 11-0123 de 19 de abril de 2011- fue notificado el 3 de junio de
2011 y la demanda fue presentada el 27 de septiembre de esa anualidad[17

Ahora, en atención a que el marco de juzgamiento de la segunda instancia está
determinado por las razones de inconformidad expuestas en el recurso de
apelación, que en este caso se circunscriben a la falta de obligatoriedad de la
conciliación extrajudicial cómo requisito de procedibilidad de la acción especial de
nulidad contra actos que disponen la expropiación administrativa, la Sala procede a
resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.1. Problemas jurídicos

¿El trámite de conciliación prejudicial constituye un presupuesto de procedibilidad
para el ejercicio de la acción especial contencioso-administrativa contra los actos
que determinaron la expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en el
distrito de Barranquilla de propiedad de la sociedad Montacargas del Norte Ltda.,
por versar sobre el pago del 7usto precio indemnizatorio'?

En caso deque la respuesta a este interrogante sea negativa, la Sala realizará el
análisis de legalidad de los actos por medio de los cuales Edubar dispuso la
expropiación por vía administrativa conforme al concepto de violación expuesto por
la empresa demandante en el que alegó las causales de nulidad consistentes en la
violación de normas superiores y falsa motivación, bajo el argumento de que el
precio indemnizatorio "no alcanza para reparar el daño causado".

14
Indice No. 18 SAMA¡
15
Código contencioso Administrativo -CA-, articulo 132. "Competencia de los tribunales administrativos en
primera instancia. ( ... ) 13. De las acciones contra los actos de expropiación por vía administrativa. (..)".
16
Ley 388 de 1997, articulo 71 'Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción
especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad ye/restablecimiento del derecho lesionado,
o para controvertir el precio indemnizatono reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses
calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se
someterá a las siguientes reglas particulares: 1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya
jurisdicción se encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantía.
2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de haber recibido los valores
y documentos de deber puestos a disposición por la administración o consignados por ella en el mismo Tribunal
Administrativo, y en ella misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se solicita
practicar. ( ... )".
En lo relativo a la distribución de negocios entre las Secciones del Consejo de Estado, el Reglamento Interno,
en el artículo 13-8, prevé que la Sección Tercera conoce de "Los procesos relacionados con la declaración
administrativa de extinción del dominio de predios urbanos y rurales".
17 Folios 1,202y214y del c. 1.

Radicado: 08O02331O05201101126-01 (59512)
Demandante: Montacargas del Norte Ltda.

3.2. La conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para el
ejercicio de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo

La Ley 23 de 1991 consideró la conciliación como un, mecanismo alternativo de
solución de conflictos útil para la descongestión de los despachos judiciales,
estatuyéndolo como un requisito de procedibilidad para ejercer las acciones
judiciales ante la jurisdicción ordinaria en asuntos laborales y de familia.

Con posterioridad, la Ley 446 de 1998 previó la conciliación como un mecanismo
de resolución de conflictos por medio del cual las partes, procuran la solución de sus
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador,
en asuntos susceptibles de transacción o desistimient9, o de aquellos que la ley
determinara en forma expresa, o de "conflictos de carácter particular y contenido
económico" atribuidos a la competencia de la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo por medio del ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho, reparación directa y de controversias corjtractuales "previstas en los
artículos 85, 86y87 del Código Contencioso Administrativo".

En cumplimiento de lo previsto en la ley referida sobre la tarea de compilar las
normas aplicables a la conciliación, el Gobierno Nacipnal expidió el estatuto de
mecanismos alternativos de solución de conflictos contenido en el Decreto 1818 de
1998, en el que estableció que los organismo estatales, por medio de sus
representantes, pueden conciliar en forma total o parcil los conflictos de carácter
particular y de contenido económico que estén atribuidos a ta competencia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo por medio de las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales,
excepto en los asuntos que versen sobre conflictos de-carácter tributario. Precisó,
además, que la posibilidad de llevar a cabo el tránite conciliatorio en etapa
prejudicial "sólo tendrá lugar cuando no procediere la víá gubernativa o cuando ésta
estuviere agotada", siempre que la acción no hubiera caducado.

A su turno, la Ley 640 de 2001, al modificar algunas normas sobre conciliación,
dispuso que ese mecanismo de solución de conflictos constituye requisito de
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art.
35)18 por medio de las acciones previstas en los artículós 86 87 del CCA, siempre
y
que se trate de un asunto conciliable, con la exclusión expresa de la acción de
repetición (art.37). El requisito se entiende cumplido un Ía vez se realice la audiencia
4
conciliación y se expida la constancia respectiva, o cundo venza el plazo de tres
meses contados desde la presentación de la solicitud sin que se hubiera celebrado
la audiencia, evento que habilita al interesado para acudir directamente ante el juez.
No obstante, la norma fue precisa en establecer que la conciliación extrajudicial se
aplicaría en forma gradual, en atención al número de cbnciliadores existentes, por
lo que la determinación de la entrada en vigencia de ese mecanismo como requisito
de procedibilidad estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, en tanto pudo corroborar
que la jurisdicción contaba con el número mínimo de conciliadores (art. 42)19. Por

16 Modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. "En los asuntos susceptibles de conciliación, la
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de
familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas
áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación
en equidad. ".

19 En la actualidad, la Ley 2220 de 30 de junio de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto de

Conciliación, prevé los aspectos generales de la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, entre
los que se encuentra el siguiente: Articulo 92. "Conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de ¡a conciliación extrajudicial constituirá

Radicado: 080012331005201101126-01(59512)
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último, le ley citada determinó que "la ausencia del requisito de procedibilidad da
lugar al rechazo de plano de la demanda" (art. 36).

Por su parte, la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, al aprobar un artículo adicional
para la ley Estatutaria de Administración de Justicia -270 de 1996-, determinó que,
a partir de su vigencia, la conciliación extrajudicial "siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan".

El Gobierno Nacional reglamentó la disposición referida por medio del Decreto 1716
de 2009, en el sentido de prever que 'las entidades públicas y las personas privadas
que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por
conducto de apoderado," pueden conciliar en forma total o parcial los conflictos de
carácter particular y de contenido económico que sean competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por medio del ejercicio de las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y controversias
contractuales. Estableció, además, que no son susceptibles de conciliación
extrajudicial los conflictos de carácter tributario, los asuntos que se tramitan por el
proceso ejecutivo previsto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y las controversias
planteadas por medio del ejercicio de acciones judiciales que hayan caducado, y
reiteró que la conciliación de los conflictos susceptibles de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho puede realizarse siempre que no procedan recursos
en la vía gubernativa o que se hubieren agotado los procedentes.

3.3. Análisis del primer problema jurídico

En el caso bajo estudio se encuentra acreditado que la empresa actora solicitó como
pretensión principal la declaración de nulidad de las resoluciones 11-00123 de 19
de abril de 2011 y 11-0169 de 24 de mayo del mismo año y, a título de
restablecimiento del derecho, pidió condenar a Edubar a pagar "el justo precio
indemnizatorio del inmueble objeto de expropiación", bajo la consideración de que
los actos demandados incurrieron en violación de normas superiores y falsa
motivación. Como pretensiones subsidiarias solicitó declarar que el precio
indemnizatorio "no corresponde al valor de los perjuicios inferidos a la sociedad
demandante y condenar al ente demandado a pagar 'la totalidad del justo precio'
(...) con base en lo que resulte establecido en el proceso ( ... ) junto con sus intereses
comerciales corrientes y corrección monetaria".

Las pretensiones referidas muestran el contenido económico de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho formulada por la empresa Montacargas del Norte
Ltda., pues tanto la pretensión principal de nulidad y restablecimiento del derecho,
como la pretensión subsidiaria encaminada a declarar "injusto" el monto
indemnizatorio tienen su génesis en la determinación del precio del inmueble objeto
de expropiación.

Así, bajo el marco normativo que rige la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, para la Sala resulta claro que ese trámite es obligatorio en los

requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
En la conciliación extrajudicial en asuntos laborales y de la seguridad social, se dará aplicación a lo previsto en
los incisos 4 y 5 del articulo 89 deJa presente ley. La ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad
dará lugar al rechazo de plano de la demanda por parte del juez de conocimiento. En los demás asuntos
podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

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Demandante: Montacargas de! Norte Ltda.

conflictos susceptibles del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho entre los que se encuentran los generados por las actuaciones
administrativas que disponen la expropiación por vía administrativa, dado que se
trata de asuntos de carácter particular y de contenido económico, que versan sobre
la legalidad de actos administrativos pasibles de cuestionamiento por las causales
de nulidad general previstas en la norma procesal contenciosa.

La única particularidad en el ejercicio de ese medio d control está referida a la
posibilidad que tiene el afectado con el acto de expropiación administrativa de
prescindir de la pretensión de nulidad para ceñir el análisis de legalidad al precio
indemnizatorio reconocido, ya sea porque el trámite paça su fijación desconoció el
procedimiento previsto en la ley o simplemente bajo la consideración de que es
injusto. En ese contexto, la singularidad que conlleva la controversia de los actos de
expropiación por vía administrativa, lejos de excluir e1 trámite de conciliación
extrajudicial para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que hace es corroborar el carácter económico de la controversia que sustenta la
obligatoriedad del presupuesto de proced ibilidad.

En ese orden, es válido concluir, como lo hizo el A quo, que el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento contra actos qué determinan la expropiación
administrativa exige como requisito de procedibilidad la realización del trámite de
conciliación prejudicial previsto en las normas sobre mecanismos alternativos de
solución de conflictos, dado que para el momento de iñterposición de la demanda
(27 de septiembre de 2011) se encontraba en vigor la norma que estableció la
obligatoriedad de ese presupuesto para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

Ahora, si bien la fijación del precio del inmueble en el trámite de expropiación por
vía judicial está precedida de una etapa de negociación.de las condiciones de pago
en el que se realiza el avalúo comercial por medio del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, como ocurrió en este caso, y se detrminan las condiciones en
que se pagará la suma fada20, tal circunstancia n04,exime al demandante de
adelantar el trámite conciliatorio extrajudicial como requisito para habilitar el ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, básicamente por dos
razones. La primera, porque es la propia ley la que impone la realización de una
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidd de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y determina, asimismo, que la ausencia de ese trámite
da lugar al rechazo de plano de la demanda. La segunda, porque en la etapa de la
actuación administrativa en la que se acuerdan las condiciones del pago

20 Ley 388 de 1997, articulo 61 'El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas
o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con
las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el
gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o
distntai vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, yen particular con su
destinación económica. La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos
valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o
permuta.".
Articulo 67. Indemnización y forma de pago. "En el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se"reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en e! artículo 61 de la presente
Ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un ,sesenta por ciento (60%) del valor al
momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con
un interés anual igual al interés bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria. ".

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indemnizatorio" solo intervienen las partes involucradas, en tanto que en la
conciliación extrajudicial participa un conciliador investido transitoriamente de la
función de administrar justicia21, que en los conflictos asignados a la competencia
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe tener la condición de agente
del Ministerio Público22, requerimiento que se justifica para proteger la legalidad de
los actos administrativos y los intereses patrimoniales de la Administración23. La
cualificación del conciliador en controversias contenciosas también representa una
mayor intervención en la búsqueda de un acuerdo consensuado, porque, dada su
especialidad, la ley le otorga la potestad de solicitar pruebas adicionales a las
presentadas por las partes para sustentar el acuerdo o decidir que no se logró
consenso por no contar con los medios de convicción necesarios, además de que
tiene la potestad de presentar fórmulas de arreglo pertinentes para la solución del
conflicto que las partes •pueden acoger o descartar y solicitar al comité de
conciliación que reconsidere sus decisiones si hay lugar a el1024.

En relación con la intervención del agente del Ministerio Público en las
conciliaciones extrajudiciales sobre conflictos contencioso administrativos, es del
caso precisar que el requisito de procedibilidad de la acción es "de naturaleza
mixta", porque la actuación del agente del Ministerio Público depende de la
aprobación o improbación del juez contencioso en virtud de lo previsto en el Decreto
1716 de 2009, lo que lleva a asemejar el acuerdo conciliatorio a "una actuación
administrativa" que realiza el conciliador, en condición de servidor de la
Procuraduría, sometida a un posterior control judicial25.

Las razones expuestas llevan a esta colegiatura a reiterar que la empresa actora
tenía la obligación de solicitar la conciliación extrajudicial como presupuesto de
procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento, pues resulta claro que la
expropiación administrativa versa sobre una actuación de carácter particular y de
contenido económico, que habilita la realización del trámite conciliatorio como
mecanismo eficaz para lograr la solución del conflicto con la intervención de un
agente del Ministerio Público competente para proponer fórmulas de arreglo,
actuación que difiere de la etapa de negociación de pago prevista en la actuación
administrativa en la que solo intervienen las partes involucradas.

En punto a la presunta violación del derecho de acceso a la administración de
justicia por considerar obligatorio el trámite de conciliación extrajudicial, la Corte
Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese requisito de procedibilidad,
descartó esa consideración bajo el entendido de que ese mecanismo, exigible para
habilitar el ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho,
reparación directa y controversias contractuales, i) constituye un medio adecuado y
conducente para la solución de conflictos "por la vía de la autocomposición", de

21
Constitución Política, articulo 116. "(...) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. ".

22
Ley 640 de 2001, articulo 23. Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Las
conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los
agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores de los centros—de
conciliación autorizados para conciliar en esta materia (texto declarado inexequible por sentencia C-893 de
2001).
23
Corte Constitucional, sentencia c-417 de 28 de mayo de 2002, por medio de la cual declara exequible el
aparte acusado del artículo 23 de la Ley 640 de 2001, que dice: "Las conciliaciones extrajudiciales en materia
de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes cJe! Ministerio Público asignados
a esta jurisdicción'.
24
Ley 640 de 2003, artículos 8, 25 y 26.
25
Procuraduría General de la Nación, cartilla "conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso
administrativo`, Procuradora General, doctora Margarita Cabello Blanco.

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manera rápida y a bajo costo, u) promueve la participación de los particulares en la
administración de justicia, en beneficio del fortalecimiento de la capacidad de los
individuos en la solución autónoma de sus controversias, iii) es "conducente para
promoverla convivencia pacífica" y, iv) genera "un impácto positivo en la reducción
del número de procesos que ingresan al sistema de justicia". Así, "la obligatoriedad
de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, resulta no sólo
adecuada para alcanzarlos fines señalados, sino efectivamente conducente para el
logro de éstos, salvo en el caso de la conciliación en asuntos de familia cuando
existen condiciones de violencia intra familiar. "26•

Conforme a lo anterior, no es posible considerar que el trámite de la conciliación
como requisito de procedibilidad constituya un exceso ritual que lleve a la
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, dado que las
partes involucradas conservan la posibilidad de ejercer el mecanismo judicial ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando no logran un arreglo
consensuado en la etapa conciliatoria. Constituye, más bien, una limitación temporal
que impone el legislador en ejercicio de la facultad de configuración, "que sujeta el
ejercicio de los derechos al cumplimiento de determinadas condiciones (.
insalvables por la voluntad de las partes o, por el contrario, removidos por decisión
de ellas, como en el caso de la conciliación, donde las partes conservan el control
del proceso y de los resultados de la conciliación' 7.

Por último, es del caso precisar que, por disposición expresa de la ley, la falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para el
ejercicio de las acciones contenciosas de nulidad y restablecimiento del derecho,
reparación directa y controversias contractuales genera el rechazo de la demanda,
consecuencia que, al ser expresa, descarta la equiparación con los efectos que
genera el incumplimiento de los requisitos formales deJa demanda, que dan lugar
a la inadmisión de la demanda y habilitan la presentación de la excepción de
ineptitud sustantiva por no acreditar las formalidades dispuestas en la norma
procesal contenciosa28.

Bajo estas consideraciones, no resulta válido afirmar que la falta de agotamiento de
la conciliación extrajudicial da lugar a la falta de competencia funcional del juez
contencioso "por configurar una causal de nulidad absoluta de carácter insaneable",
dado que esa consecuencia no está prevista en la leg procesal. La ausencia del
requisito de procedibilidad de la acción tampoco encaja en la causal de nulidad
consistente en "pretermitir íntegramente la respectiva instancia" calificada como
insaneable en la norma procesal general, pues no representa un factor determinante
de la competencia en los términos particulares previstos en la norma especial que
rige la expropiación por vía administrativa, ni constituye un presupuesto procesal de
la acción. Se trata, entonces, de un requisito de procedibilidad que limita el ejercicio
de la acción hasta intentar un acuerdo consensuado extrajudicial que influye en la
habilitación del mecanismo judicial, no en la parte forma! o procesal.

En ese orden, no le asiste razón a la empresa apelante cuando afirma que el órgano
demandado debió atacar el auto admisorio de la demanda por medio de la
excepción de ineptitud sustantiva, dado que la ausencia del requisito de

26 corte Constitucional, sentencia C-1195 de 15 de noviembre de 2001, por medio de la cual declara exequibles

los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, en relación con los cargos de
la demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia.
27
Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 15 de noviembre de 2001.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 13 de noviembre de 2019, expediente 61553.

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procedibilidad no configura el incumplimiento de un requisito formal susceptible de
corrección. La consecuencia de esa falencia consiste en el rechazo de plano de la
demanda que ocurre por disposición legal. En todo caso, se encuentra demostrado
en el expediente que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región
Caribe -Edubar- en el escrito de contestación de la demanda propuso la excepción
de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial que el Tribunal declaró
probada en la sentencia de primera instancia.

En lo relativo a la consecuencia que genera la falta del requisito de procedibilidad
en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos
administrativos que determinan la expropiación por vía judicial, viene oportuno traer
a la colación la jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, en la que,
al analizar casos con características fácticas similares al que se aborda en esta
oportunidad, se abstuvo de hacer un pronunciamiento sobre el fondo del asunto,
bajo la consideración de que "como las pretensiones están relacionadas con el valor
de la indemnización pagada (...) por la expropiación administrativa de/inmueble de
su propiedad, era evidente el contenido económico", lo que imponía a la parte
demandante "agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, el
cual no se acreditó ( ... ) Por consiguiente, ( ... ) no es posible adentrarse en el estudio
de fondo'-1. Frente a este mismo punto, en decisión del 16 de marzo de 2012, se
dijo lo siguiente30:

"( ... ) a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley 640 de
2001, tal como fue publicada en el Diario Oficial No. 44.303 de 24 de
enero de 2001, en cumplimiento del Decreto 131 de 2001 y según la
corrección que le hizo el artículo 21de éste, que se dispuso la
conciliación como requisito de procedibilidad en algunas acciones
previstas en el Código Contencioso Administrativo. Allí se estableció:

Artículo 37. Requisito de procedibilidad en asuntos de lo
Contencioso Administrativo. Antes de incoar cualquiera de las
acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán
formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se
trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la
petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el
caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones".

En dicho momento legislativo, la conciliación, como requisito de
procedibilidad, sólo era exigible en las acciones de reparación directa
y de controversias contractuales (Artículos 86 y 87 del C.C.A.)

De tal forma, que fue con la expedición de la Ley 1285 de 2009
que, se estableció la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

29
Consejo de Estado, Sección Quinta en descongestión (Acuerdo No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito
entre las Secciones Primera y Quinta), sentencia de 10 de mayo de 2018, expediente 2009-00422-01. En igual
sentido: Sección Primera, providencia de 13 de junio de 2019, expediente 2018-00690-01, providencia de 15
de febrero de 2018, expediente 2015-02533-01.
30 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 16 de marzo de 2012, expediente 2010-00089-01.

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Ahora bien, para el caso concreto, es pertinente tener en cuenta la
Ley 388 de 1997, que regula, entre otros asuntos, la expropiación
administrativa, cuyos artículos 71 y 72 son del siguiente tenor:

"Artículo 71. Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede acción
especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y
el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio
indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva
decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las
siguientes reglas particulares.-

Artículo 72. Aplicación del procedimiento a otros casos de
expropiación por vía administrativa. el trámite para la aplicación de
la expropiación por vía administrativa previsto en este capítulo se
aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan autorizado,
siempre y cuando expresamente no se hubiere definido otro
procedimiento. (Subrayas y negrillas fuera del text9).

En virtud de lo anterior, resulta claro para la Sala que los actos
administrativos que contienen decisiones relativas a la
expropiación administrativa y/o a la indemnización reconocida
por dicho concepto, son atacables en vía judicial a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consaqrada en
el artículo 85 del C.C.A., con unas reglas particulares
mencionadas en el transcrito artículo 71. Por cónsiquiente, en el
presente caso, por tratarse de una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho le es aplicable la Ley 1285 de 2009
es decir, la exigencia de la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad (...)" (Destaca la Sala)

Así las cosas, para esta colegiatura resulta claro que, cuando se controvierten actos
administrativos que contienen decisiones relativas a la expropiación administrativa
y/o a la indemnización reconocida por dicho concepto, es necesario agotar el trámite
de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación como requisito
previo a la presentación de la demanda. En ese orden, como a la parte actora le
correspondía agotar esta etapa y, como en la actuación quedó demostrado que no
lo hizo, la Sala confirmará la sentencia venida en apelación que declaró probada la
excepción de falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad.

3.4. Impedimento

El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento para decidir el asunto
de la referencia por haber rendido concepto sobre los hechos analizados en este
contencioso en condición de Procurador Primero Delegado ante el Consejo de
Estado. (No obra aún en el expediente).

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En atención a que la situación descrita por el doctor Yepes Corrales se subsume en
la causal de recusación descrita en el artículo 141-12 del Código General del
Proceso31, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado.

3.5. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia enel caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 dé 1998 para que proceda la condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el
magistrado Dr. Nicolás Yepes Corrales.

SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el 31 de marzo de 2017, que declaró probada la excepción de falta
de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente
al Tribunal de origen,

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

JAIME ~QUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado ffiastra

31 Código General del Proceso, articulo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:(...) 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones del
proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

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