Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01166-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2016-01166-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01166-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2016-01166-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-41-000-2016-01166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
Expropiación administrativa
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Declara probada de oficio
excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial. Sin condena en costas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron todas las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 27 de mayo de 20161, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en concordancia con el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, sin agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, el
señor John Alexander Rincón Ruíz y la señora Carolina Rincón Ruíz, a través de
apoderada judicial demandaron al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
En documento de subsanación de la demanda2 los accionantes plantearon las siguientes
pretensiones:
1. Pretensiones de la demanda
1.1. Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70 numerales 1, 2 y 4 de
la ley 388 de 1997, se declare sin valor el proceso administrativo de expropiación,
como quiera que el IDU a la fecha de la presentación de la presente demanda, no ha
puesto a disposición de los propietarios ni ha consignado los valores y documentos
de deber cumplido con el deber de pagar el precio, conducta prevista en la ley y
castigada con la anulación de todo el proceso de expropiación.
1 SAMAI, Índice 26, documento «ED_CUADERNO2_05ACTAREPARTO». Según consta en el sello de
recibido de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 SAMAI, Índice 26, documento «ED_CUADERNO2_11OTROS-SUBSANACIÓNDEMANDA».
2
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
1.2. Que se declare la nulidad de la resolución 66694 de 2015 la Dirección
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano Bogotá. D.C., por medio de la
cual se aclara la resolución 115733 de Junio de 2015, por la cual se resuelve proferida
de un recurso de reposición y por de 16 se modifican los artículos segundo, tercero y
cuarto de la resolución 115733 de 16 de junio de 2015 proferida por la Dirección
Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
1.3. Que se declare la nulidad de la resolución 115733 de 2015 proferida por la
Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano Bogotá D.C., por
medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se modifican los artículos
segundo, tercero y cuarto de la resolución 12681 de 19 de febrero de 2015, proferida
por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C
1.4. Que se declare la nulidad de la resolución 12681 de 19 de febrero de 2015
proferida por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de
Bogotá, por medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del
predio ubicado en la KR 97 132 01 de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula
catastral SB 13949 CHIP AAA0129ROXS y matricula inmobiliaria 50N-922379 cuyos
titulares inscritos son JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ y CAROLINA RINCON
RUIZ.
1.5. Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de mis
mandantes en sus derechos y se les pague la totalidad de daños materiales e
inmateriales ocasionados incluyendo el justo precio del valor del inmueble de acuerdo
con el avalúo comercial que realicen los peritos designados por el despacho, sobre
los terrenos, construcciones y mejoras de su propiedad, efectuadas en el bien
inmueble objeto de la expropiación.
1.6. Que se condene al IDU a pagar la totalidad de daños materiales e
inmateriales ocasionados con el proceso de expropiación administrativa, los que
deberán ser valorados por peritos y deberán incluir los arriendos dejados de percibir,
gastos de abogados y daños de carácter material y moral generados por el proceso
administrativo de expropiación.
1.7. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., a pagar
a mis mandantes los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que se les han
ocasionado con la aplicación del detrimento de sus derechos de dominio sobre
precitado inmueble. Perjuicios que deberán avaluar los peritos considerando que al
inmueble se le fijo un precio muy por debajo del verdadero valor comercial.
1.8. Que se condena al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., a pagar
la suma de veintitrés millones treinta mil pesos por concepto de arrendamientos
dejados de percibir durante el proceso administrativo de la expropiación.
1.9. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., al pago
a favor de mis mandantes, del daño emergente y lucro cesante probado dentro del
proceso.
1.10. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. D.C., al pago
de la cuota parte que le corresponde por los gastos de escrituración, rentas y la
totalidad del registro de la escritura ante la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
1.11. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., al pago
de intereses corrientes y moratorios sobre las sumas adeudadas, liquidados en los
términos del artículo 884 del Código de Comercio y de acuerdo con lo previsto en la
sentencia C 188 de 1999 proferida por la Corte Constitucional.
1.12. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano IDU a pagar intereses de
mora de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 884 del C de Co, liquidados sobre
la diferencia del valor no reconocido del inmueble en la expropiación administrativa,
liquidados desde el momento en que quedo en firme la expropiación hasta el
momento de solución o pago.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
1.13. Que se ordene el ajuste del pago de la condena con el IPC de acuerdo con
lo establecido en el artículo 187 del CPACA.
1.14. Que se condene en costas a la demandada de acuerdo con lo previsto en
el artículo 188 del CPACA.
1.15. Que se condene al IDU a pagar un sobrecosto equivalente al 30% del valor
de la diferencia obtenida entre la reparación ofrecida en la etapa de expropiación
voluntaria y la finalmente obtenida en el proceso, a título de pago de honorarios de
abogado, cifra que mi cliente deberá cancelar y que al serle descontada, de no ser
cancelada por el IDU, afectara (sic) en esa proporción la reparación integral ordenada
a favor de mi mandante. Debo anotar que a pesar que en Colombia estamos
acostumbrados a la cultura de descontar de la indemnización obtenida por la víctima,
los honorarios del abogado, de manera contraria se surten las condenas proferidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que en un capítulo se
determina la reparación de la víctima y a renglón seguido se profiere condena en la
que se contemplan los honorarios del abogado como un rubro aparte, siendo el 30%
el porcentajes comúnmente aceptado por el Colegio Nacional de Abogados para este
tipo de procesos pactados a Cuota Litis y tenidos en cuenta en la liquidación de
sentencias de fondo, reparaciones y costas proferidas por esta Corte. Liquidación que
es acorde con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
la que prevalece sobre nuestra legislación interna de acuerdo con lo preceptuado en
el Bloque de Constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la C.P.
1.1.2. Fundamentos de hecho
La parte actora sostuvo que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) encargó a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital la elaboración del avalúo oficial núm. 2014-
2720, mediante el cual se determinó un valor indemnizatorio de $234.174.980 por la
expropiación del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá e identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 50N-922379. Posteriormente, mediante la Resolución núm. 12681 del
19 de febrero de 2015, la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano
ordenó la expropiación por vía administrativa del referido inmueble, de propiedad de los
ahora demandantes.
En dicho acto administrativo se fijó una indemnización por valor de $250.325.480, suma
que comprendía el valor del terreno, las construcciones y el lucro cesante reconocido con
ocasión de la expropiación. Contra la Resolución núm. 12681 del 19 de febrero de 2015,
los propietarios interpusieron recurso de reposición, en el que cuestionaron tanto la
determinación del valor indemnizatorio como los fundamentos técnicos que sirvieron de
sustento para su cálculo.
Los demandantes indicaron que el Instituto de Desarrollo Urbano encargó a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital revisar el avalúo núm. 2014–2720. Como
consecuencia, la Unidad realizó el informe técnico del 27 de abril de 2015, en el que se
revisó el avalúo núm. 2014–2720. En dicho informe se determinó un precio indemnizatorio
de 251.061.860 COP.
Sobre este informe técnico del 27 de abril de 2015, mediante el cual se revisó el avalúo
núm. 2014–2720, los demandantes sostuvieron:
Mediante informe técnico avalúo comercial No 2014 - 2720 RT 44038 - IDU, de fecha
27 de abril de 2015, La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, a
instancias del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. D. C., determina el valor del
inmueble de propiedad de mis mandantes en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (
$ 251.061.860.00) suma que no corresponde con la realidad, pues el avalúo tenido
en cuenta por el IDU, desconoce que el predio en expropiación tiene áreas dedicadas
al comercio, así como en las otras se desarrolla el uso residencial, sin que el avalúo
en cuestión, haya hecho diferencia alguna entre el valor de los locales y el área
comercial con el resto del inmueble. En consecuencia, se liquidó la totalidad del
inmueble bajo los mismos parámetros de valor de metro cuadrado para residencia sin
hacer discriminación alguna si se trataba de metro cuadrado de local comercial sobre
una vía pública con afluencia de público y vehículos o de un metro cuadrado de
habitación en el segundo o en el tercer piso.
Posteriormente, mediante la Resolución núm. 115733 de 2015, se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 12681 de 2015. Como resultado, se
modificaron los artículos segundo, tercero y cuarto del acto administrativo impugnado y
se reajustó el valor de la indemnización reconocida por la expropiación del inmueble. En
consecuencia, se fijó como valor indemnizatorio la suma de $273.938.588, monto que
sustituyó el inicialmente reconocido en la decisión recurrida.
Luego, el Instituto de Desarrollo Urbano expidió la Resolución núm. 66694 de 2015 3,
mediante la cual aclaró la Resolución núm. 115733 del mismo año. En dicha aclaración,
el valor indemnizatorio reconocido por la expropiación fue reajustado y fijado
definitivamente en la suma de $272.262.360.
Finalmente, los demandantes afirmaron que, al momento de interponer la demanda, el
Instituto de Desarrollo Urbano aún no había realizado el pago de la indemnización
reconocida mediante la Resolución núm. 115733 de 2015.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante sostuvo que se violó la propiedad privada, amparada en el artículo
58 de la Constitución Política, señaló que, aunque este no es un derecho absoluto por
ceder ante el interés general, su protección se rige por el principio de equidad y equilibrio
en las cargas públicas.
Expuso que la vulneración de ese principio constituye la causa de la demanda, pues los
demandantes fueron expropiados de un bien de su propiedad en aras del interés general
sin recibir una reparación justa, como lo exige la Corte Constitucional en la Sentencia T-
1074 de 2002. Ello se evidencia en que el valor real del inmueble expropiado dista
considerablemente del precio pagado de manera parcial por el IDU.
Sobre el marco legal, invocó el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, según el cual, una vez
ejecutoriada la decisión administrativa, la propiedad del inmueble se traslada a la entidad
expropiante, la cual debe poner de inmediato a disposición de los particulares el valor
total del bien, so pena de anulación del proceso de expropiación. Argumentó que en el
proceso administrativo contra sus mandantes no se determinó el pago en contados
previsto en el numeral 2 y que el IDU no había pagado el valor del inmueble, por lo que
procede la anulación.
3 Esta última resolución fue notificada a los demandantes el 28 de enero de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Precisó, además, que, con independencia de dicha causal, la acción se ejerce a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la anulación
de las resoluciones que decretaron la expropiación, con fundamento en el artículo 22 de
la Ley 9 de 1989.
Asimismo, los demandantes formularon diversos reparos frente al avalúo oficial que sirvió
de fundamento para la expedición de la Resolución núm. 66694 de 2015. En particular,
sostuvieron que el estudio de mercado realizado para determinar el valor del inmueble
expropiado fue inadecuado, por cuanto tomó como referentes predios que no compartían
las características físicas, urbanísticas y económicas del bien objeto de expropiación.
Indicaron, además, que contrataron un avalúo comercial independiente, el cual arrojó un
valor superior al reconocido por la administración. Según el perito designado por la parte
demandante, el avalúo oficial «omite considerar que el predio tiene una destinación
económica comercial y, de manera contradictoria, lo compara con inmuebles ubicados
sobre vías internas en las que predominan exclusivamente usos residenciales».
De igual forma, cuestionaron el avalúo elaborado por la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital, al estimar que este no tuvo en cuenta circunstancias relevantes del
inmueble, tales como la existencia de cuatro cuentas de energía eléctrica y una cuenta
de gas natural con tres puntos de suministro. También señalaron que el estudio presentó
inconsistencias respecto del número de pisos de la edificación, no describió
adecuadamente los acabados del inmueble y aplicó una metodología de valoración
incorrecta. En este sentido, afirmaron que no era procedente determinar de manera
separada el valor de las construcciones y el valor del terreno. Igualmente, censuraron la
aplicación del método de depreciación de Heidecke, por considerar que dicho
procedimiento no se encuentra previsto en la Resolución 620 de 2008, tal como lo
señalaron los peritos de parte.
Finalmente, en relación con el lucro cesante reconocido en el avalúo oficial núm. 2014-
2720, alegaron que la liquidación se efectuó con base en información desactualizada,
toda vez que para su cálculo se utilizaron los cánones de arrendamiento correspondientes
al año 2013, pese a que el avalúo fue practicado en 2014 y debieron emplearse los
valores vigentes para esa anualidad.
1.1.5. Contestación de la demanda
El Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante también IDU)4, se opuso a las pretensiones
de la demanda, en virtud de los siguientes argumentos:
La entidad demandada sostuvo que la expropiación se adelantó con estricto apego a los
parámetros constitucionales y legales, sin que en ningún momento se configurara una
actuación de carácter confiscatorio ni una vulneración del derecho de propiedad de los
demandantes. Indicó que la indemnización reconocida fue justa y se determinó con
fundamento en los avalúos elaborados por la autoridad competente, bajo criterios de
imparcialidad y equidad. Asimismo, señaló que los actores no demostraron las razones
por las cuales la indemnización carecía de carácter reparatorio.
4 SAMAI, Índice 26, documento «
D_CUADERNO3NULIDADYRESDTABLECIMIENTODELDERECHO_01CONTESTACIONDEMAND»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
En consecuencia, afirmó que la actuación administrativa se ajustó al ordenamiento
jurídico y que no constituyó una confiscación, figura expresamente prohibida por la
Constitución Política.
Manifestó que con el actuar de la administración no se desconoció ningún artículo
constitucional. Respecto de la violación del articulado de la Ley 388 de 1997, reiteró que
la administración cumplió con todas las etapas contempladas en la norma para adelantar
el proceso expropiatorio y sostuvo que los términos establecidos en el artículo 70 de esa
ley deben interpretarse a la luz de los casos particulares. En concreto señaló lo siguiente:
Esto se puede corroborar en la medida en que se profirieron los actos administrativos
correspondientes al procedimiento previsto en dichos artículos, ajustándose
totalmente a lo reglado en cuanto al contenido de los mismos: Resolución de oferta
No. 112506 del 22 de diciembre de 2014, Resolución que ordena expropiación por
vía administrativa No. 12681 del 19 de Febrero de 2015, Resolución No. 1 15733 "Por
la cual se resuelve un recurso de reposición” del 16 de Junio de 2015, Resolución No.
66694 "Por la cual se aclara la Resolución No. 1 15733 por la cual se resuelve un
recurso de Reposición” del 30 de Diciembre de 2015 y Resolución No. 3002 "Por la
cual se reconoce el pago de unos pasivos exigibles” del 25 de febrero de 2016. En
cuanto a los términos previstos en la normatividad, es completamente claro que los
mismos deben interpretarse respecto de cada caso en específico, sobre todo si se
presentan modificaciones como en el presente caso y que la gestión está supeditada
a los reglamentos internos de la Entidad que debe realizarlo, atendiendo a los trámites
necesarios para cada uno de ellos, sin que por ello se puedan endilgar vicios en el
procedimiento del trámite de expropiación administrativa.
Asimismo, la entidad accionada sostuvo que la demanda no desarrolló de manera
suficiente el concepto de violación de las normas invocadas, pues se limitó a citar las
disposiciones presuntamente vulneradas sin exponer las razones concretas por las
cuales la actuación del IDU habría desconocido los derechos de los demandantes. En
consecuencia, afirmó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
necesaria para demostrar la ilegalidad de los actos administrativos cuestionados.
También la parte demandada realizó una exposición de la naturaleza de la indemnización
a causa de expropiación administrativa, haciendo énfasis en que es reparatoria y no
restitutiva. Al respecto:
La indemnización contenida en el artículo 58 de la Constitución Política, será
reparatoria toda vez que el particular no está obligado a soportar la carga específica
que debe asumir toda la sociedad, en razón del principio de igualdad, de lo cual se
deduce que con el ánimo de reparar el daño legítimo ocasionado procede el
reconocimiento de daño emergente y lucro cesante, siendo otro el caso de la
indemnización restitutiva mencionada por los demandantes, toda vez que esta es
excepcional y no se aplica al presente asunto.
Por último, la entidad demandada propuso las excepciones de «falta de elementos que
desvirtúen la presunción de legalidad del acto administrativo demandado» y
«legalidad de los actos administrativos demandados». Respecto de la primera,
reiteró que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con observancia de
los requisitos constitucionales y legales aplicables, por lo que conservaban la presunción
de legalidad que los ampara.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
En relación con la segunda excepción, sostuvo que el avalúo comercial elaborado por la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital no presentaba vicio alguno, toda vez
que fue realizado por profesionales especializados e independientes, sin vínculo con el
Instituto de Desarrollo Urbano, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto
583 de 2011. Finalmente, solicitó al juez declarar de oficio cualquier otra excepción que
encontrara probada durante el trámite del proceso.
II. LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 28 de febrero de 2019,
profirió fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:
PRIMERO. - NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. - Por Secretaría, se devolverá al actor el remanente de los gastos de
proceso, previa liquidación.
TERCERO. -CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en consecuencia, por
Secretaría, LIQUIDÁNSE las costas procesales, de conformidad con la parte motiva de
esta decisión.
CUARTO. - ARCHÍVESE, previa ejecutoria.
Para resolver la controversia, el tribunal abordó el siguiente problema jurídico: «¿Son nulos
los actos administrativos demandados: Resolución No. 12681 de 2015, “por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa”; Resolución No. 115733 de 2015, “por la
cual se resuelve un recurso de reposición”; y Resolución No. 66694 de 2015, “por la cual se
aclara la Resolución No. 115733 del 16 de junio de 2015, ‘por la cual se resuelve un recurso
de reposición’”, proferidos por la Directora Técnica de Predios (E) del IDU, respecto del
inmueble de propiedad de los señores Carolina Rincón Ruiz y John Alexander Rincón Ruiz,
por infracción de las normas en que debían fundarse?».
Con el fin de resolver dicho problema jurídico, el tribunal señaló que, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el carácter justo de la indemnización por la
expropiación de inmuebles debe fijarse teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y
de la persona afectada. Al respecto, realizó una amplia transcripción de la sentencia C-1074
de 2002.
En relación con el caso concreto, el tribunal expuso que, para resolver el problema jurídico
planteado, era necesario determinar si las conclusiones a las que llegó el avalúo oficial
realizado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL sobre
el inmueble expropiado podían ser desvirtuadas con el avalúo de parte allegado por los
actores con la demanda y con el avalúo comercial practicado en el transcurso de la primera
instancia.
En cuanto al avalúo allegado por los demandantes, el tribunal encontró que la metodología
utilizada por los peritos no correspondía a ninguna de las contempladas en la Resolución
620 de 2008. Asimismo, evidenció que los tres avalúos presentaban discrepancias respecto
del uso que se le daba al segundo piso del inmueble expropiado: el avalúo oficial señaló
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
que este se destinaba únicamente a vivienda, mientras que el allegado y el practicado
indicaron que era utilizado tanto para vivienda como para local comercial. Al respecto, el
tribunal afirmó que el avalúo oficial estaba respaldado por visitas realizadas tanto el 14 de
septiembre de 2014 como el 20 de marzo de 2015.
A continuación, descartó que el avalúo oficial no hubiese tenido en cuenta los acabados de
la propiedad, pues en él se consignó que la fachada era de ladrillo y que la cubierta estaba
constituida por placa de concreto, lo cual se encontraba respaldado con registros
fotográficos.
Sobre la ubicación del inmueble, el tribunal señaló: «del informe técnico de avalúo oficial se
observa que se tuvo en cuenta la ubicación del inmueble sobre vía principal comercial para
calcular el valor del metro cuadrado de terreno, por lo que no es de recibo el cuestionamiento
de los actores al indicar que no se tuvo en cuenta dicho aspecto».
Con relación al reparo por el empleo del método Heidecke en el avalúo oficial, el tribunal
expuso que, conforme al artículo tercero de la Resolución IGAC 620 de 2008, «es claro que
las Tablas de Fitto y Corvinni no constituyen la única fuente en la que puede basarse el
avaluador para realizar la depreciación correspondiente».
Sobre el lucro cesante, el tribunal encontró que no era viable reconocer cánones de
arrendamiento por este concepto desde el momento en que los locales fueron
desocupados, sino desde el momento en que ocurrió la expropiación. En ese sentido,
consideró que, para el cálculo del lucro cesante en contratos de arrendamiento, debe
atenderse a lo estipulado en el contrato y que solo procede su reconocimiento hasta por un
máximo de seis (6) meses, conforme a la normativa aplicable. En consecuencia, no procede
el reconocimiento de cánones adicionales ni cálculos que excedan dicho límite temporal.
En cuanto al daño emergente, el a quo consideró que el perito que realizó el avalúo aportado
en la demanda lo calculó como la diferencia entre el valor pagado por concepto de precio
indemnizatorio y el valor señalado por este respecto de la construcción más el terreno. No
obstante, precisó que, siendo el daño emergente el valor que debe reconocerse al
expropiado por los gastos que no está en la obligación de soportar, lo determinado por el
perito no corresponde a dicho concepto, sino a la diferencia dejada de pagar a los
propietarios. Además, dejó constancia de que, al ser interrogado sobre la existencia de otros
gastos susceptibles de reconocimiento por parte del Instituto de Desarrollo Urbano a título
de daño emergente, el perito manifestó que no existían.
De todo lo anterior, el tribunal concluyó: «Teniendo en cuenta lo anterior, no se ha
desvirtuado la legalidad del avalúo oficial, por lo que no hay lugar a hacer los
reconocimientos pedidos por los actores».
Finalmente, a propósito del reparo del accionante consistente en la presunta violación del
artículo 70 de la Ley 388 de 1997, la cual, según esa parte, implicaba la necesidad de iniciar
nuevamente el proceso expropiatorio, el tribunal consideró que, una vez ejecutoriado el acto
administrativo que ordenó la expropiación (el 29 de enero de 2016), el pago fue
efectivamente realizado a los demandantes. Por lo tanto, si bien el precio indemnizatorio no
fue puesto a disposición de manera inmediata, sí se efectuó dentro de un tiempo razonable,
teniendo en cuenta que dicho pago debe someterse previamente a los trámites
administrativos, financieros y contables que debe adelantar el IDU para ello.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Por último, sostuvo que, con relación a las demás normas señaladas como infringidas, esto
es, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; el artículo
21.2 del Pacto de San José de Costa Rica; los artículos 13, 29, 90 y 93 de la Constitución
Política de Colombia; los artículos 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997; así como las Leyes
9 de 1989, el Decreto Reglamentario 1420 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, al no encontrarse
fundamentadas las razones por las cuales se consideraban vulneradas, no eran objeto de
análisis.
III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso recurso de apelación5, en los siguientes términos:
En primer lugar, señaló que el tribunal se equivocó al sostener que en los casos de
expropiación administrativa no siempre la indemnización debe ser restitutiva e integral.
En su criterio esto desconoce la jurisprudencia nacional e internacional aplicable al caso
concreto.
En segundo lugar, el apelante sostiene que el tribunal desestimó injustificadamente tanto
el dictamen pericial aportado con la demanda como el elaborado por el perito designado
dentro del proceso, pese a que sus conclusiones no fueron desvirtuadas por el
representante del Instituto de Desarrollo Urbano. Afirma que el a quo desconoció los
fundamentos técnicos del avalúo, especialmente el valor del metro cuadrado determinado
por los peritos.
Asimismo, alega que la sentencia ignoró las condiciones particulares del inmueble
expropiado, como su destinación comercial y su ubicación sobre vías principales, factores
que incidían en su valoración. Señala que el tribunal también desconoció el método de
comparación utilizado por los peritos que realizaron el avalúo aportado en la demanda y
practicado dentro del proceso, métodos que corresponden al procedimiento técnicamente
aplicable según la Resolución 620 de 2008 del IGAC.
El apelante cuestiona que el despacho acogiera los argumentos de la parte demandada
para restar credibilidad al dictamen pericial realizado a lo largo del proceso, al considerar
que la metodología empleada para valorar el terreno carecía de fundamento y no
correspondía a un método valuatorio reconocido por la Resolución 620 de 2008.
Sostiene, en consecuencia, que se desestimó el peritaje por considerar que la
metodología utilizada se encontraba por fuera de los parámetros técnicos previstos en
dicha normativa.
Al respecto, citó el artículo 9 de la Resolución 620 de 2008 y concluyó de esa norma que
la metodología empleada por el perito se ajustaba a la normativa aplicable, dado que el
inmueble objeto de expropiación ya no existía físicamente y, por el tiempo transcurrido,
era imposible obtener muestras de mercado correspondientes a la época de la
negociación. Por ello, fue necesario acudir al conocimiento de peritos avaluadores e
ingenieros catastrales expertos en el sector, quienes aportaron información acerca de las
condiciones del entorno, el valor histórico del metro cuadrado, los cambios en el uso del
suelo y el impacto de las obras ejecutadas por el IDU. Asimismo, afirma que las personas
consultadas cumplían con el requisito de idoneidad exigido por la normativa, debido a su
5 SAMAI, Índice 26, documento «ED_CUADERNO2_65OTROS-RECURSODEAPELACIÓN».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
experiencia en estudios de mercado y avalúos de terrenos, por lo que no existían razones
para restar valor probatorio al dictamen.
Asimismo, señaló que el peritaje surtido en el proceso cumplía con la exigencia prevista
en el parágrafo del artículo 9 de la Resolución 620 de 2008, en cuanto que, al interior del
peritaje, el perito dejó constancia, bajo juramento, de que la utilización de la modalidad
contemplada en dicho artículo se debió a que, al momento de la realización del avalúo,
no existían ofertas de venta, de arriendo ni transacciones de bienes comparables al objeto
de estimación.
El apelante destaca que el Ministerio Público argumentó que el dictamen pericial
realizado en el proceso fue elaborado bajo los mismos parámetros del avalúo oficial. A
su juicio, el tribunal acogió esa posición y, al mismo tiempo, desconoció
injustificadamente la aplicación de la Resolución 620 de 2008, que regula los
procedimientos de avalúo en el marco de la Ley 388 de 1997, restando validez a los
criterios técnicos utilizados por el perito.
El apelante sostiene que la Resolución 620 de 2008 establece un marco técnico unificado
para la práctica de avalúos en Colombia y define los métodos válidos para determinar el
valor comercial de los inmuebles. En consecuencia, afirma que el dictamen pericial se
apoyó en las metodologías reconocidas por dicha normativa, por lo que cuestiona que el
tribunal hubiera desconocido sus conclusiones al valorar el inmueble objeto de
expropiación.
El apelante sostiene que tanto el avalúo oficial como el dictamen rendido por el perito
designado en el proceso emplearon métodos de valoración reconocidos por la Resolución
620 de 2008, específicamente los métodos de comparación o de mercado y de costo de
reposición, utilizados para determinar el valor del terreno y de las construcciones. Sin
embargo, afirma que las diferencias entre ambos avalúos obedecen a que las muestras
utilizadas por Catastro Distrital no eran comparables con el inmueble expropiado, pues
correspondían a predios medianeros, ubicados fuera de corredores comerciales y con
características distintas en cuanto a ubicación, destinación económica y
aprovechamiento.
Asimismo, señala que el perito judicial concluyó que las muestras empleadas en el avalúo
oficial no resultaban idóneas para valorar el inmueble objeto de expropiación, debido a
que los valores de oferta y las condiciones de ubicación no guardaban correspondencia
con sus características particulares. Por ello, considera que el tribunal debía otorgar
mayor relevancia a las observaciones técnicas formuladas por el experto dentro del
proceso.
El apelante insiste en que el perito judicial no aplicó un supuesto método de “consulta a
expertos”, inexistente en la Resolución 620 de 2008, sino que utilizó el método de
comparación de mercado con el apoyo de profesionales conocedores del sector, de
conformidad con el artículo 9 de dicha normativa. Sostiene que, debido a que el inmueble
ya había sido demolido y se requería establecer su valor para el año 2014, era
indispensable acudir a información histórica y al conocimiento especializado de expertos
en torno a las condiciones del mercado de la época, pues no era posible determinar
retrospectivamente el valor del terreno mediante simples actualizaciones o descuentos
sobre valores actuales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Asimismo, cuestiona que el tribunal pretendiera que el dictamen se sustentara en las
mismas muestras utilizadas por Catastro Distrital, pues ello conduciría a validar sin
reparos el avalúo del IDU y haría innecesaria la labor pericial.
Conforme todo lo anterior, realizó la siguiente petición:
El Tribunal mediante la sentencia recurrida ha desconocido toda la jurisprudencia tanto
dé (sic) la Corte Constitucional como del Consejo del Estado, sobre la reparación integral
del daño, así como la igualdad de las cargas públicas de los ciudadanos, fundamentación
equivocada sobre la que procedió a desconocer los peritazgo practicados bajo el criterio
que no es necesario reparar de manera integral el daño causado a mis representados, es
decir, que no hay que reconocer el valor comercial del inmueble en aras del interés
general, violentando de paso el artículo 21 del pacto de San José que manifiesta que la
indemnización deberá ser “ justa”, justicia que niega el a quo, bajo el prurito de su indebida
interpretación de la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia, omitiendo la
existencia de tratados internacionales que le obligan a otorgar indemnización justa,
normatividad que el tenor del bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93 de la
Constitución Política, prevalece sobre su interpretación además de prevalecer sobre la
normatividad interna.
Bajo la anterior argumentación, solicito al Honorable Consejo de Estado se sirva revocar
en todas sus partes la sentencia de primera instancia y en su lugar otorgar la totalidad de
pretensiones de la demanda.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante providencias del 29 de abril de 20226 y 30 de junio de 20227 se admitió el
recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente.
Según informe secretarial del 1 de agosto de 2022 ambas partes presentaron alegatos
de conclusión en esta instancia y el Ministerio Público guardó silencio8.
4.2. Alegatos de conclusión del Instituto de Desarrollo Urbano9
La apoderada del IDU señaló que los actos administrativos demandados son respetuosos
de la ley y la Constitución. En ese sentido no lesionaron los derechos de los propietarios
del inmueble, además sostuvo que las actuaciones de la administración se ciñeron a la
Ley 388 de 1997 salvaguardando los derechos de los propietarios, es decir, respetando
el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Adicionalmente indicó que no
es procedente, restablecer un derecho que no ha sido conculcado.
La parte demandada sostiene que los argumentos planteados por los propietarios para
cuestionar el monto de la indemnización carecen de sustento técnico y no reflejan la
realidad jurídica y socioeconómica del inmueble expropiado. En consecuencia, afirma
que el valor reconocido fue fijado conforme a criterios de legalidad y justicia, tesis que, a
su juicio, quedó debidamente demostrada y respaldada durante el trámite de la primera
instancia.
6 SAMAI, Índice 9, documento «2_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION».
7 SAMAI, Índice 16, documento « 6_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR».
8 SAMAI, Índice 29, documento «31_ALDESPACHOPARASENTENCIA_201601166GIRALDOA».
9 SAMAI, Índice 21, documento «ALEGATOS DE CONCLUSIÓN».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
La parte demandada sostiene que el tribunal acertó al desestimar el dictamen rendido
por el perito judicial, por cuanto este no cumplía con las metodologías y exigencias
técnicas previstas en la normativa aplicable, especialmente la Resolución IGAC 620 de
2008, lo que conducía a resultados carentes de sustento. Afirma que no existió falta de
motivación en los actos demandados ni en la sentencia de primera instancia, pues se
verificó rigurosamente la actuación de Catastro Distrital a la luz de la Ley 388 de 1997,
el Decreto 1420 de 1998 y demás disposiciones pertinentes.
Destaca que el avalúo oficial fue elaborado por profesionales especializados e
independientes, quienes tuvieron en cuenta las características físicas, jurídicas y
socioeconómicas del inmueble, aplicaron los métodos técnicos correspondientes y
determinaron adecuadamente tanto el valor del terreno y las construcciones como los
perjuicios indemnizables, incluida la pérdida de ingresos por arrendamiento. Finalmente,
sostiene que el IDU actuó conforme a la Ley 388 de 1997, sin vulnerar el derecho de los
propietarios ni incumplir el deber de poner a disposición la indemnización, por lo que no
existe fundamento para reconocer sumas adicionales a las ya pagadas.
En conclusión, la parte demandada sostiene que no se acreditó ninguna causal de
nulidad de los actos administrativos que ordenaron la expropiación, toda vez que estos
fueron expedidos con fundamento en la Constitución y en la Ley 388 de 1997, dentro de
un procedimiento que respetó las garantías del debido proceso, defensa y contradicción.
Afirma que la expropiación obedeció a motivos de utilidad pública relacionados con
proyectos de infraestructura vial y que todas las actuaciones del IDU se ajustaron al
marco legal aplicable. En consecuencia, considera que no existe derecho alguno por
restablecer ni fundamento para reconocer una indemnización superior a la ya otorgada,
pues el trámite expropiatorio se desarrolló conforme a la normativa vigente y bajo criterios
de legalidad y justicia.
4.3. Alegatos de conclusión de los demandantes10
En sus alegatos de conclusión, la parte demandante expuso lo siguiente:
I. Que el tribunal se equivocó al señalar el predio como una única unidad arquitectónica.
En este punto, indicó: «Al no hacerse discriminación sobre la diferencia existente entre
los dos tipos de metros cuadrados que están siendo expropiados en el mismo inmueble,
vale decir, metros de inmueble destinados al uso comercial e inmueble destinado al uso
residencial, se ocasiona una ruptura en el principio de igualdad frente a las cargas
públicas y en la indemnización justa». En este alegato también anotó que el a quo se
equivocó al tener por correcto el avalúo oficial, pues, en su criterio, dicho avalúo utilizó
como referencia predios que no eran comparables con el expropiado, en particular
porque no eran predios esquineros ni de uso comercial.
II. Que el tribunal se equivocó al señalar que «la metodología utilizada por el IDU en la
valoración del inmueble es la acertada». En este argumento reiteró que el avalúo oficial
tomó en cuenta, para determinar el valor comercial del bien, un estudio de mercado en
el que no se tuvieron en cuenta bienes destinados al uso comercial. Asimismo, sostuvo
que tanto el avalúo allegado con la demanda como el practicado dentro del proceso
mostraban que el predio tenía un mayor valor al asignado en el avalúo oficial.
10 SAMAI, Índice 28, documento «30_ALEGATOS».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
III. Señaló que el juez se equivocó al no haber cuestionado la metodología utilizada por
el perito designado en el trámite judicial durante el propio desarrollo del proceso. Al
respecto, sostuvo que, si el perito empleó métodos de valoración que no eran
compartidos por el a quo, este contaba con la facultad, en su condición de director del
proceso, de cuestionarlos oportunamente. Asimismo, indicó que el juzgador podía relevar
al auxiliar designado y nombrar a otro perito que se ajustara a los criterios del despacho.
En su criterio, resulta inadmisible que, pese a tener reparos frente a la experticia rendida,
el a quo no los hubiera manifestado en su debido momento y solo hasta la sentencia
procediera a descalificar la labor pericial y a su autor.
IV. En este último punto, el apelante cuestiona la valoración acogida por el tribunal y por
el IDU, al considerar que equiparó injustificadamente el valor de los metros cuadrados
destinados a actividad comercial con aquellos de uso residencial. Sostiene que el avalúo
oficial desconoció las características particulares del inmueble expropiado,
especialmente su condición de predio esquinero ubicado sobre dos vías principales y su
destinación comercial, al asignar un valor uniforme a todas las áreas construidas sin
diferenciar el uso y el potencial económico de cada una. Afirma que el estudio utilizado
por el IDU se limitó a tomar referencias de inmuebles del mismo sector sin verificar su
comparabilidad en términos de ubicación, accesibilidad y vocación comercial, lo que
condujo a una indemnización inferior a la que correspondería por las condiciones
privilegiadas del predio.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA11 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
5.2 Planteamiento del caso
El 31 de mayo de 2016, en ejercicio del medio de control definido en el artículo 138 del
CPACA, en concordancia con la acción especial contemplada en el artículo 71 de la Ley
388 de 199712, el señor John Alexander Rincón Ruíz y la señora Carolina Rincón Ruíz
demandaron los siguientes actos administrativos:
11 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]
12 SAMAI, Índice 26, documento «ED_CUADERNO2_05ACTAREPARTO».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
1. La Resolución núm. 12681 del 19 de febrero de 2015, «por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa», proferida por la directora técnica de predios del
Instituto de Desarrollo Urbano.
2. La Resolución núm. 115733 del 16 de junio de 2015, «Por la cual se resuelve un
recurso de reposición», proferida por la directora técnica de predios del Instituto de
Desarrollo Urbano.
3. La Resolución núm. 66694 del 30 de diciembre de 2015, «Por la cual se aclara la
Resolución No. 115733 del 16 de junio de 2015», proferida por la directora técnica de
predios (e) del Instituto de Desarrollo Urbano.
En primera instancia, se negaron todas las pretensiones del demandante. Dicha parte
interpuso recurso de apelación y, en síntesis, formuló los siguientes reparos frente al análisis
efectuado en la sentencia de primera instancia: I. Señaló que el a quo se equivocó al
momento de analizar la normativa y la jurisprudencia aplicables a la indemnización por
expropiación administrativa, toda vez que no concluyó que esta debe ser integral; y II.
Consideró que desestimó injustificadamente tanto el dictamen pericial aportado con la
demanda como el elaborado por el perito designado dentro del proceso que demostraban
un mayor valor del inmueble expropiado, al tiempo que le dio validez al peritaje oficial
elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
La parte demandada, en sus alegatos de conclusión, solicitó que se confirme la sentencia
de primera instancia y expresó inconformidad con los alegatos de la demandante, pues
consideró que ninguna de las pruebas obrantes en el proceso pudo demostrar que el IDU,
en su actuación, hubiere lesionado los derechos de los propietarios del inmueble.
Conforme a los cargos formulados en el recurso de apelación por la parte actora,
corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al demandante respecto de las
deficiencias que afirma presenta la sentencia de primera instancia.
En ese sentido, se abordarán los siguientes puntos: i) el reparo consistente en el
entendimiento equivocado de la naturaleza de la indemnización a causa de la expropiación
de bienes por parte del Estado; y ii) el reparo relativo al mayor valor comercial del bien
inmueble expropiado y a la incorrecta valoración probatoria realizada por el a quo.
No obstante, antes de resolver el fondo del asunto, la Sala estudiará el presupuesto de
procedibilidad del medio de control ejercido relacionado con el agotamiento del requisito
de la conciliación prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18713 de la
Ley 1437.
5.3 Actos demandados
13 “[…] ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]”. (Negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:
• Resolución núm. 12681 del 19 de febrero de 2015. Mediante este acto
administrativo se dispuso la expropiación del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 50N-922379. En el mismo acto se estableció una indemnización a
causa de la expropiación por valor de doscientos cincuenta millones trescientos
veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos ($250.325.480 COP), cifra fijada en el
Avalúo Comercial núm. 2014-2720, de fecha 26 de noviembre de 2014.
RESOLUCIÓN NÚMERO 12681 DE 2015
POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA
LA DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C., en uso de las facultades Constitucionales y legales, en
especial las que confiere el Art. 58 de la Constitución Nacional, la Ley 9 de 1989, Ley
388 de 1997, los Acuerdos del Consejo Directivo número 001 y 0002 de 2009 y la
Resolución 4286 del 14 de octubre de 2011 y demás normas concordantes vigentes, y
CONSIDERANDO:
[…]
Que en virtud de dicha competencia, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la ley
388 de 1997, la Dirección Técnica de Predios del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO expidió la Resolución No. 112506 del 22 de diciembre de-2014, por la cual se
formuló una oferta de compra sobre el predio antes identificado, dirigida a JOHN
ALEXANDER RINCON RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No 80.023.341 y
CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula de ciudadanía No 52.809.219, la cual
fue notificada personalmente el día 6 de enero de 2015 a todos los titulares del derecho
de dominio.
El valor del precio indemnizatorio que señala la Resolución de oferta de compra No.
112506 del 22 de diciembre de 2014 fue de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS ($253.278.544.oo) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
corresponde: La suma de A) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SETENTA Y CUATRO NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($234.174.980.00)
MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de terreno y construcción. B)
La suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS
($16.150.500.OO) MONEDA CORRIENTE (por concepto de indemnización por lucro
cesante y C) La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SESENTA Y CUATRO PESOS ($2.953.064.od) MONEDA CORRIENTE, por concepto
de indemnización por daño emergente, conforme al informe técnico de avalúo comercial
No. 2014-2720 de fecha 26 de noviembre de 2014 elaborado por la Unidad
Administrativa Especial Catastro Distrital de Bogotá (UAECD).
[…]
Que el valor total a pagar por el predio objeto de expropiación es de DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS ($250.325.480.oo) MONEDA CORRIENTE, el cual incluye el valor
del avalúo comercial e indemnización por lucro cesante.
[…]
RESUELVE:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en la
KR 97 132 01, de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral SB
13949, CHIP AAA0129ROXS y matrícula inmobiliaria 50N-922379, cuyos titulares
inscritos son JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ identificado con cédula de
ciudadanía No 80.023.341 y CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula de
ciudadanía No 52.809.219, y conforme al registro topográfico número 44038 donde
aparece debidamente delimitado y alinderado, en un área de 80.00 M2 de terreno,
construcción de 208.48 M2, enramada de 9.38 M2 y antepecho de 18.11 M2,
alinderado así: Por el NORTE: Del punto A al punto B, en línea recta y en distancia
de nueve metros y veintisiete centímetros (9.27 mts), lindando con propiedad privada;
Por el ORIENTE: Del punto B al punto C, en línea recta y en distancia de nueve metros
y trece centímetros (9.13 mts), lindando con vía pública (KR 97); Por el SUR: Del
punto C al punto D, en línea recta y en distancia de ocho metros noventa y ocho
centímetros (8 98 mts), lindando con vía pública (AC 132) y Por el OCCIDENTE: Del
punto D al punto A en línea recta y distancia de ocho metros y cuarenta y nueve
centímetros (8.49 mts), lindando con propiedad privada.
ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($250.325.480.oo) MONEDA CORRIENTE,
el citado valor corresponde: La suma de A) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
($234.174.980.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial de
terreno y construcción y, B) La suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($16.150.500.oo) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de indemnización por lucro cesante, de conformidad con el Informe
Técnico de Avalúo Comercial No. 2014-2720 de fecha 26 de Noviembre de 2014.[…].
ARTÍCULO TERCERO: FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cincuenta por ciento (50%) del cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, sea
la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($125.162.740.00) MONEDA CORRIENTE el
citado valor, será puesto a disposición del señor JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ
identificado con cédula de ciudadanía No 80.023.341, y el cincuenta por ciento (50%)
restante del cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o si la cantidad de
CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS ($125.162.740.00) MONEDA CORRIENTE, valor que será
puesto a disposición del señor CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula de
ciudadanía No 52.809.219, dichas sumas serán puestas a disposición de los
previamente mencionados, por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano, una vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros. […].
ARTÍCULO CUARTO. -APROPIACIONES PRESUPUESTALES. - El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del IDU según el Certificado de Registro
Presupuestal No. 5194 del 24 de diciembre de 2014 expedido por la Dirección Técnica
Administrativa Financiera - Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
ARTÍCULO QUINTO: DESTINACIÓN. - Avenida El Tabor desde Avenida La Conejera
hasta Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con la Resolución 0811 del 15 de Julio de
2014, expedida por la Secretaria Distrital de Planeación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
ARTICULO SEXTO. - SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO. - Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena cancelar las siguientes
anotaciones del Folio de Matricula Inmobiliaria 50N-922379 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos Zona Norte […]
• Resolución núm. 115733 del 16 de junio de 2015. Mediante este acto administrativo,
la Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 12681 del 19 de febrero de 2015. En
dicho acto se decidió acoger el nuevo valor establecido en el Informe Técnico núm.
2014-2720, de fecha 27 de abril de 2015, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, y se aclaró que se deja sin efecto el avalúo 2014-2720 de
fecha 26 de noviembre de 2014.
RESOLUCIÓN NÚMERO 115733 DE 2015
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
LA DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C, en uso de las facultades legales y reglamentarias, en
especial las que le confiere el Art. 58 de la Constitución Política, Ley 9 de 1989, Ley
388 de 1997, los Acuerdos del Consejo Directivo número 001 y 002 de 2009 y la
Resolución 4286 del 14 de octubre de 2011 y demás normas concordantes vigentes,
CONSIDERANDO
Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO expidió la Resolución número 12681
del 19 de Febrero de 2015, por la cual se ordenó la expropiación administrativa del
inmueble ubicado en la KR 97 No. 132 01 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado
con cédula catastral SB 13949, CHIP AAA0129ROXS y matrícula inmobiliaria
50N922379, conforme al registro topográfico número 44038, la cual fue notificada por
aviso el día 26 de mayo de 2015, a los señores CAROLINA RINCON RUIZ identificada
con cédula de ciudadanía No 52.809.219 de Bogotá y JOHN ALEXANDER RINCON
RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá, titulares del
derecho real de dominio del inmueble.
[…]
Que los señores CAROLINA RINCON RUIZ y JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ
con radicados números 20155260072482, 20155260196612, 20155260412002 y
20155260505012 solicitaron que se realizara un nuevo avalúo comercial, igualmente
la revisión de la antigüedad del predio y que tuviese en cuenta la liquidación del lucro
cesante, por cuanto manifestaron que no se tuvo en cuenta el contrato de uno de los
locales comerciales.
Que, en atención a los Derechos de petición radicados en esta entidad por los
recurrentes, se corrió traslado a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL con los radicados Nos. 20153250228771 y
20153250218131, para que se pronuncie al respecto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Que, de acuerdo con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, en atención a las solicitudes, allega a esta Dirección el Informe Técnico No.
2014-2720 de fecha 27 de Abril de 2015 estableciendo como valor indemnizatorio la
suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($273.938.588.00 MONEDA
CORRIENTE, el citado valor incluye A) La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
($251.061.860.00HMONEDA CORRIENTE, por concepto de Terreno más
Construcción. B) La suma de DIECISEIS MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS PESOS
($16.100.500.00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de indemnización de lucro
cesante. Y C) La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.776.228.00) MONEDA CORRIENTE, por
concepto de Indemnización por daño emergente.
MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
Manifiesta la recurrente en su escrito lo siguiente:
“1. Que sea revocada la Resolución 12681 de 2015 emitida por la Dirección
Técnica de Predios- IDU, por medio de la cual se ordena la expropiación por vía
Administrativa correspondiente al inmueble ubicado en la CRA 97 #132-01 de
la ciudad de Bogotá.
“2. Que se realice un nuevo avalúo comercial del inmueble ubicado en la CRA
97 #132-01 de la cuidad de Bogotá, en donde se tenga en cuenta todas las
novedades técnicas y legales puestas en conocimiento en cada uno de los
derechos de petición presentados ante la Dirección Técnica de Predios - IDU
“3. Que con el valor obtenido como resultado del nuevo avalúo comercial, la
Dirección Técnica de Predios - IDU expida una nueva resolución.
“4. Que se tenga en cuenta el pago realizado correspondiente al impuesto
predial del año 2015, el cual solicitamos nos sea reintegrado, ya que en la
Resolución 12681 de 2015 lo están descontando del pago indemnizatorio.
CONSIDERACIONES
Estudiados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, la Dirección
Técnica de Predios manifiesta lo siguiente:
En cuanto a la solicitud de que se realice nuevamente el avalúo comercial de su
inmueble vale la pena anotar que se realizó una nueva visita por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital el día 20 de Marzo de 2015 donde se
identificó internamente las características de predio constructivas y acabados, al
igual que su estado de conservación, por lo que se emitió la modificación del avalúo
y en donde se actualiza la información inicialmente reportada, en el sentido de
corregir la edad del inmueble, la tipología de construcción, el estado de
conservación y las características generales del predio, dicho valor es el contenido
en la Resolución No. 12681 del 19 de febrero de 2015.
[…]
Teniendo en cuenta el informe técnico de avalúo No 2014-2720 de fecha 27 de
Abril de 2015, que remplaza y deja sin efecto el avalúo 2014-2720 de fecha 26 de
Noviembre de 2014, realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, el valor del precio indemnizatorio que se debe reconocer correspondiente
al predio ubicado en la Calle KR 97 No. 132 01 de la ciudad de Bogotá, cuyo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
propietarios del derecho real de dominio los señores CAROLINA RINCON RUIZ
identificada con cédula de ciudadanía No 52.809.219 de Bogotá y JOHN
ALEXANDER identificado con cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá,
corresponde a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($273.938.588.00) MONEDA CORRIENTE.
Que por lo expuesto se hace necesario modificar el artículo segundo, tercero y
quinto de la Resolución No. 12681 del 19 de febrero de 2015 “Por la cual se ordena
una Expropiación por Vía Administrativa”.
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los artículos segundo, tercero y cuarto de la
resolución número 12681 del 19 de Febrero de 2015.” Por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa” los cuales quedaran así:
ARTÍCULO SEGUNDO.- VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($273.938.588.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye:
1. La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA PESOS ($251.061.860.00) MONEDA CORRIENTE, conforme al
informe técnico de Avalúo informe técnico 2014-2720 de fecha 27 de Abril de
2015 por concepto del valor comercial terreno y construcción elaborado por
la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica.
2. La suma de DIECISEIS MILLONES CIEN MIL QUINIENTOS PESOS
($16.100.500.00) MONEDA CORRIENTE, por indemnización de lucro
cesante de acuerdo con el avalúo 2014-2720 de fecha 27 de Abril de 2015
elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia
de Información Catastral, Subgerencia de Información Económica
3. La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.776.228.00) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de Indemnización por daño emergente de
acuerdo con el avalúo 2014-2720 de fecha 27 de Abril de 2015 elaborado
por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.
[…]
ARTICULO TERCERO.- FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará
por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa
y escrita de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s)
orden(es) de pago así: un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o
sea la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS ($273.938.588.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será puesta
a disposición de los señores CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula
de ciudadanía No 52.809.219 de Bogotá y JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá, por parte de
la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la presente
resolución y efectuados los respectivos trámites financieros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
[…]
ARTICULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES; El valor total
de la adquisición se amparará en el presupuesto del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO-IDU, según Certificado de Registro Presupuestal
N°5194 del 24 de Diciembre de 2014 y certificados de disponibilidad No. 2987
y 2988 del 16 de Junio de 2015, expedido por la Subdirección Técnica de
Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera
del IDU.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente resolución a los señores
CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula de ciudadanía No
52.809.219 de Bogotá y JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá, de acuerdo con las reglas
establecidas en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, informándole que contra la presente
providencia no procede recurso alguno y queda agotada la actuación
administrativa, según lo establecido en el artículo 69 de la Lev 388 de 1997.
• Resolución núm. 66694 del 30 de diciembre de 2015. Mediante este acto
administrativo, se aclara la Resolución núm. 115733 del 16 de junio de 2015. Se indica
que la entidad expropiante solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital realizar una corrección al Informe Técnico de Avalúo núm. 2014-2720, de fecha
27 de abril de 2015; como consecuencia, dicha unidad allegó el Informe Técnico de
Avalúo Comercial núm. 2014-2720, de fecha 13 de octubre de 2015, el cual es
complementario del informe técnico de avalúo núm. 2014-2720 de fecha 27 de abril de
2015, en el que se estableció la suma de tres millones setecientos ochenta y cinco mil
seiscientos nueve pesos ($3.785.609).
RESOLUCIÓN NÚMERO 66694 DE 2015
POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN No. 115733 DEL 16 DE JUNIO
DE 2015 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”
LA DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS (E) DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO DE BOGOTÁ D.C, en uso de las facultades Legales, en especial las que
le confiere la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, los Acuerdos del Consejo Directivo
número 001 y 002 de 2009 y la Resolución 4286 del 14 de octubre de 2011 y
demás normas concordantes vigentes, y
CONSIDERANDO
[…]
Que en el artículo Segundo de la Resolución No. 115733 de 16 de Junio de 2015
se omitió mencionarle de la indemnización por concepto de daño emergente se
descontaron los valores correspondientes a Gastos de escrituración Predio a
adquirir por el IDU, Taponamiento, y otros que de conformidad a lo establecido en
el informe de reconocimiento económico del 30 de Junio de 2015, el cual indicó
que se debía pagar la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($4.713.427.00) MONEDA
CORRIENTE.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Que posteriormente la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL allegó mediante radicado IDU No. 20155261342882 de fecha 22 de
Octubre de 2015 el Informe Técnico de Avalúo Comercial No. 2014-2720 de fecha
13 de Octubre de 2015, estableciendo el valor a pagar la suma de DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS ($276.047.969.o0) MONEDA CORRIENTE, El
siguiente valor comprende: A) La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($
251.061.860.oo MONEDA CORRIENTE. por concepto de terreno y construcción.
B) la suma de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
($21.200.500. MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización por lucro
cesante. C) La suma de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($3.785.609.00) MONEDA CORRIENTE por
concepto de indemnización por daño emergente;
Que con base en el anterior avalúo se procedió a emitir el informe de
reconocimiento económico de fecha 02 de Diciembre de 2015, quedando como
valores definitivos a reconocer los siguientes:
A) La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($251.061.860.00) MONEDA
CORRIENTE, conforme al informe técnico de Avalúo informe técnico 2014-2720
de fecha 27 de Abril de 2015 Por concepto del valor comercial terreno y
construcción elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital -
Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información Económica.
B) La suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
($21.200.500.00) MONEDA CORRIENTE, Por indemnización de lucro cesante de
acuerdo con el avalúo 2014-2720 de fecha 13 de Octubre de 2015 ^laborado por
la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital - Gerencia de Información
Catastral, Subgerencia de Información Económica.
Por otro lado es de aclarar que con ocasión a que no existió enajenación voluntaria,
no se genera reconocimiento de la indemnización por Daño Emergente destinado
a cubrir gastos de escrituración de la vivienda de reemplazo por parte de la Unidad
Administrativa Especial, Catastro Distrital - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica.
De conformidad a lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración no está
obligada al reconocimiento de indemnizaciones no debidas y teniendo en cuenta
los anteriores hechos, se hace necesario aclarar y modificar los artículos segundo,
tercero y cuarto de la Resolución número 115733 de 16 de junio de 2015.
Que con base en las anteriores consideraciones la DIRECCIÓN TÉCNICA DE
PREDIOS del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución 115733 del 16 de junio de 2015, en
el artículo segundo y tercero y cuarto, los cuales quedarán así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($272.262.360.oo)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor incluye:
A) La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y
UN MILOCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($251.061.860.00)-MONEDA
CORRIENTE, conforme al informe técnico de Avalúo informe técnico 2014-
2720 de fecha 27 de Abril de 2015 por concepto del valor comercial terreno
y construcción elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro
Distrital - Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica.
B) La suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($21.200.500.00) MONEDA CORRIENTE, por indemnización de
lucro cesante de acuerdo con el avalúo 2014-2720 de fecha 13 de Octubre
de 2015 elaborado por la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital
• Gerencia de Información Catastral, Subgerencia de Información
Económica.
[…]
ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO.- El trámite de pago se efectuará
por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa
y escrita de la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s)
orden(es) de pago así: Un cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o
sea la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($272.262.360.)
MONEDA CORRIENTE, el citado valor puesta a disposición de los señores
CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cédula de ciudadanía No
52.809.219 de Bogotá y JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá, por parte de la Tesorería del
Instituto de Desarrollo Urbano, una vez ejecutoriada la presente resolución y
efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto
a disposición los señores CAROLINA RINCON RUIZ identificada con cedula de
ciudadanía No 52.809.219 de Bogotá y JOHN ALEXANDER RINCON RUIZ
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.023.341 de Bogotá por parte de
la tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, no es retirado dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad financiera
autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del
artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha
quedado formalmente efectuado el pago.
ARTICULO CUARTO- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total
de la adquisición se amparará en el presupuesto del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, según Certificado de Registro Presupuestal N° 5194
del 24 de diciembre de 2014 y Certificados-de Registro Presupuestal N° 5855 y
5863 de fecha 30 de Diciembre de 2015 expedidos por la Subdirección Técnica
de Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Técnica Administrativa y
Financiera del IDU.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 115733 de 16 de
Junio de 2015 no son objeto de la presente modificación y en consecuencia quedan
incólumes.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notifica a los titulares del
derecho de propiedad, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso
Administrativo, y contra ésta no procede recurso alguno, de acuerdo a lo señalado
en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con los incisos 1° del
artículo 13 de la ley 9 de 1989 y 6° del artículo 61 de la ley 388 de 1997.
5.4 Análisis de la Sala
5.4.1. Respecto del agotamiento de la conciliación prejudicial en el presente caso
La Sala pone de presente que, luego de revisar en su integridad el expediente digital, en
el presente caso no se agotó el requisito de conciliación prejudicial. Esta situación fue
advertida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto admisorio de la
demanda, en el que se resolvió lo siguiente:
Frente a la solicitud del Despacho de que se aportara la constancia de haberse agotado
el requisito previo de conciliación extrajudicial, el apoderado de los demandantes señaló
que el artículo 38 de la Ley 640 de 2001 exime expresamente del cumplimiento de dicho
trámite a los procesos de expropiación. Por lo anterior manifestó acogerse a esta
excepción y no aportó la constancia de haber agotado la conciliación extrajudicial.
Ante lo anterior señala el Despacho que, de conformidad con el artículo 712 de la Ley 388
de 1997, el proceso contencioso administrativo a través del cual se controvierta la decisión
de expropiación por via administrativa deberá tramitarse ante el Tribunal Administrativo de
la jurisdicción donde se encuentre el inmueble expropiado y mediante la acción especial
de nulidad y restablecimiento del derecho la cual deberá contar con los requisitos
ordinarios de esta clase de demandas y adicional a estos, la prueba de haber recibido los
valores y los documentos de deber o que los dineros se hubieren puesto a disposición del
Tribunal Administrativo.
[…]
No procede para el caso de marras la aplicación del artículo 38 de la Ley 640 de 2001
toda vez que este artículo es de aplicación exclusiva para asuntos civiles, como la misma
norma lo indica.
[…]
De la norma transcrita es claro que cuando se acuda a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, deberá agotarse el requisito de conciliación extrajudicial salvo que se trate
de alguno de los asuntos señalados en el Parágrafo 1 entre los cuales no se encuentra
contemplado el proceso de expropiación. Por lo anterior era obligatorio en el proceso de
la referencia allegar la constancia de haber agotado el requisito de conciliación
extrajudicial tal y como fue solicitado en el auto Inadmisorio de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Pese a lo anterior y dado que a la fecha ya ha precluído la oportunidad para presentar la
solicitud de conciliación y la demanda fue presentada dentro de los cuatro (4) meses
establecidos en el inciso primero del artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en aplicación del
derecho de acceso a la administración de justicia, se dispondrá la admisión de la misma.
De lo transcrito, se advierte que el despacho sustanciador de primera instancia concluyó
que no se había agotado el requisito de procedibilidad exigido para la procedencia de la
demanda, circunstancia que, en principio, impedía su admisión. No obstante, pese a
reconocer expresamente la ausencia de dicho presupuesto procesal, el a quo decidió
prescindir de su observancia y, con fundamento en la garantía constitucional de acceso
a la administración de justicia, admitió la demanda presentada por el señor John
Alexander Rincón Ruíz y la señora Carolina Rincón Ruíz, disponiendo la continuación del
trámite procesal.
La Sala se aparta de la decisión del tribunal, por las razones que se exponen a
continuación.
En primer lugar, no es de recibo que el a quo hubiera justificado la admisión de la
demanda pese a incumplir con uno de los requisitos de procedibilidad señalando que se
buscaba amparar el derecho al acceso a la administración de justicia. Lo anterior, porque
la Corte Constitucional ha señalado que, si bien la exigencia del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial comporta una limitación a dicho derecho, esta
resulta constitucionalmente válida y exigible. En efecto, ningún derecho tiene carácter
absoluto, y la conciliación prejudicial permite alcanzar fines relevantes y
constitucionalmente legítimos, tales como promover la participación de los individuos en
la solución de sus controversias; estimular la convivencia pacífica; facilitar la solución de
los conflictos sin dilaciones injustificadas; y descongestionar los despachos judiciales. En
ese sentido:
Por lo anterior, procederá la Corte a describir, en primer lugar, cuál es el grado de
afectación del derecho a acceder a la justicia en este caso. Luego, analizará si los fines
no sólo son legítimos sino también constitucionalmente importantes, dado que promueven
intereses públicos valorados por la Carta o en razón de la magnitud del problema que el
legislador busca resolver. Posteriormente, caracterizará el medio escogido por el
legislador para apreciar si está permitido. Y, finalmente, examinará si el medio, no solo es
adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar los fines buscados por la norma
sometida a control constitucional.
[…]
Varios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial obligatoria, a
saber: (i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos
en la solución de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución
de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v) descongestionar los despachos
judiciales.
[…]
Para la Corte la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad, resulta no sólo adecuada para alcanzar los fines señalados, sino
efectivamente conducente para el logro de éstos […]14.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-1195 del 15 de noviembre de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Por lo anterior, no es de recibo el análisis efectuado por el tribunal, pues la Corte
Constitucional ya realizó la ponderación entre la eventual tensión que puede suscitar la
exigencia del requisito de conciliación prejudicial y el derecho de acceso a la
administración de justicia, concluyendo que dicho requisito es constitucional y persigue
fines legítimos. En consecuencia, constituye una de esas cargas procesales razonables
establecidas para hacer efectivo el funcionamiento de la administración de justicia 15.
Ahora bien, es necesario determinar si en el presente proceso era necesario agotar el
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Sobre ese punto, esta
Corporación se ha pronunciado en anteriores oportunidades en relación con la necesidad
de agotar la conciliación prejudicial antes de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en los casos en que se ejerce la acción especial consagrada en el artículo
71 de la Ley 388 de 1997.
Se ha entendido que el agotamiento de dicho trámite conciliatorio es necesario, en tanto
se ha señalado que, por tratarse de una acción que versa sobre asuntos de contenido
económico y que, en últimas, guarda correspondencia con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, respecto del cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo
161 del CPACA y la Ley 640 de 2001, resulta obligatorio agotar el requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial, dicha exigencia también resulta aplicable a la
acción especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
En ese sentido, se ha sostenido lo siguiente:
Así, bajo el marco normativo que rige la conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, para la Sala resulta claro que ese trámite es obligatorio en los
conflictos susceptibles del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho entre los que se encuentran los generados por las actuaciones
administrativas que disponen la expropiación por vía administrativa, dado que se trata
de asuntos de carácter particular y de contenido económico, que versan sobre la
legalidad de actos administrativos pasibles de cuestionamiento por las causales de
nulidad general previstas en la norma procesal contenciosa.
La única particularidad en el ejercicio de ese medio de control está referida a la
posibilidad que tiene el afectado con el acto de expropiación administrativa de
prescindir de la pretensión de nulidad para ceñir el análisis de legalidad al precio
indemnizatorio reconocido, ya sea porque el trámite CPACA su fijación desconoció el
procedimiento previsto en la ley o simplemente bajo la consideración de que es
injusto. En ese contexto, la singularidad que conlleva la controversia de los actos de
expropiación por vía administrativa, lejos de excluir de trámite de conciliación
extrajudicial para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que hace es corroborar el carácter económico de la controversia que sustenta
la obligatoriedad del presupuesto de procedibilidad.
En ese orden, es válido concluir, como lo hizo el a quo, que el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento contra actos qué determinan la expropiación
administrativa exige como requisito de procedibilidad la realización del trámite de
conciliación prejudicial previsto en las normas sobre mecanismos alternativos de
solución de conflictos, dado que para el momento de interposición de la demanda (27
de septiembre de 2011) se encontraba en vigor la norma que estableció la
15 Corte Constitucional, Sentencia C-417 del 28 de mayo de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
obligatoriedad de ese presupuesto para acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo16. [Destaca la Sala].
En otras oportunidades se ha reiterado dicha posición:
De esta manera, se condicionó el acceso a la jurisdicción al agotamiento previo de un
mecanismo orientado a la solución directa del conflicto, exigencia que igualmente se
encuentra prevista en el numeral 1.º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
A partir de este marco normativo, en las sentencias de 26 de febrero de 2026, 9 de mayo
de 2024, 13 de junio de 2019 y 21 de mayo de 2015, entre otras, esta Sección precisó
que, en los procesos en los cuales se controvierten actos administrativos relacionados con
la expropiación por vía administrativa y, en particular, con el precio indemnizatorio
reconocido, la controversia reviste un contenido eminentemente económico en
tanto se dirige a cuestionar o modificar el valor de una compensación patrimonial
derivada de la transferencia forzada del derecho de propiedad.
Conforme al referido criterio jurisprudencial este tipo de controversias son conciliables, en
la medida en que involucran derechos de carácter patrimonial susceptibles de transacción,
desistimiento o arreglo directo entre las partes17. [Destaca la Sala]
De lo anterior se tiene que, por tratarse de controversias que versan sobre derechos de
contenido patrimonial, susceptibles de disposición por las partes mediante transacción,
desistimiento o arreglo directo, estas se encuentran sometidas al requisito de conciliación
como presupuesto de procedibilidad. En consecuencia, la falta de cumplimiento de dicho
requisito impide al juez emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones
planteadas, lo que conlleva la declaratoria, incluso oficiosa, de la excepción de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad y, por ende, la adopción de una decisión
inhibitoria.
Conforme a lo expuesto, y teniendo certeza de que en el presente caso no se agotó el
requisito de procedibilidad consistente en la conciliación prejudicial, pese a ser exigible,
se impone revocar la sentencia de primera instancia. En su lugar, la Sala se inhibirá de
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los reparos presentados por la parte
apelante y declarará probada, de oficio, la excepción de falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación prejudicial, por constituir un presupuesto
indispensable para el ejercicio válido de la acción18.
Finalmente, como la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo y por lo tanto no
hay parte vencida, no se condenará en costas en ambas instancias en aplicación de lo
previsto en los artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 21 de
noviembre de 2022, Radicación núm.: 08001-23-31-005-2011-01126-01. MP. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
17 Esta Sección ha adoptado esta misma solución en anteriores oportunidades: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 16 de abril de 2026, Radicación núm.:
25000-23-41-000-2017-00199-02. C.P. German Eduardo Osorio Cifuentes.
18 Esta Sección ha adoptado esta misma solución en anteriores oportunidades: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de mayo de 2024, Radicación núm.:
05001 23 31 000 2012 00175 01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 250002341000201601166-01
Demandantes: John Alexander Rincón Ruíz y Carolina Rincón Ruíz
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y, en consecuencia, INHIBIRSE
para pronunciarse de fondo en el presente asunto, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en las dos instancias.
CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.