Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00199-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00199-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-00199-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: MARÍA CLARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. Los señores María Clara González González, Raúl Ariel González González y
José Hernán González González, a través de apoderado y en ejercicio de la acción
especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentaron demanda con el
propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERO. Que es nula la Resolución 7809 de 2016 del IDU, de fecha 01 de
agosto de 2016, expedida por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, mediante
(sic) se ORDENA UNA EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA del inmueble ubicado en
la CL 129 B 91 15 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral
SBR 6386, CHIP AAA0129BAAW, matrícula inmobiliaria 50N 20009851.
SEGUNDO. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene la práctica de un
nuevo avalúo comercial, la tasación de lucro cesante y daño emergente para el
inmueble ubicado en la CL 129 B 91 15 de la ciudad de Bogotá D.C., matrícula
inmobiliaria 50N 20009851, para lo cual ruego al Honorable Magistrado designar un
Auxiliar de justicia, adoptando en la presente oportunidad, lo señalado en Sentencia
de 17 de marzo de 2011, Expediente N° 3005-00273, M.P. Dra. María Elizabeth García
González […]” (negrilla del texto).
1
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado: “ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 13”. Página 4 y siguientes.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
I.1.2. Los hechos
2. Indicaron que el señor Bernardino González González adquirió el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20009851, ubicado en la calle 129 B #
91-15 de Bogotá D.C.
3. Aclararon que los demandantes realizaron el proceso de sucesión ante la
Notaría 36 del Círculo de Bogotá, luego del fallecimiento del propietario. Dicho
trámite se protocolizó en la escritura pública número 1013 de 17 de junio de 2015.
4. Explicaron que el avalúo catastral del inmueble para el año 2016 correspondía
a la suma de $614.012.000, según la certificación catastral de 5 de febrero.
5. Manifestaron que el Instituto de Desarrollo Urbano, en el marco del proyecto vial
Avenida El Rincón, incorporó el avalúo comercial 2014-1908 de 22 de octubre de
2014, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -
UAECD, en el cual se fijó el valor del inmueble en $591.329.840. Dicho avalúo se
limitó a valorar el componente físico del predio como lote de terreno y vivienda
unifamiliar, sin considerar otros aspectos relevantes.
6. Argumentaron que el IDU ordenó la adquisición del inmueble por el
procedimiento de expropiación administrativa, para lo cual formuló oferta de compra
por valor de $591.329.840, mediante Resolución 108225 de 11 de diciembre de
20143. En ese acto no se reconoció daño emergente ni lucro cesante.
7. Adujeron que el IDU mediante Resolución 63394 de 3 de noviembre de 20154,
mantuvo el valor del terreno y la construcción, pero reconoció la suma de
$15.878.291 por concepto de daño emergente, para un total de $607.208.131. Sin
embargo, las inconsistencias en la valoración del inmueble persistieron pese a dicha
modificación.
8. Pusieron de presente que la sociedad Sarmiento & Osorio Soluciones
Inmobiliarias elaboró un avalúo comercial del inmueble que tuvo en cuenta las
condiciones reales del bien, del mercado y los parámetros señalados en la
Resolución 620 de 23 de septiembre de 20085. El avalúo comercial 10059 de 6 de
enero de 2016 determinó que el valor real del inmueble ascendía a $1.320.281.741.
9. Indicaron que los propietarios remitieron a la entidad el 9 de febrero de 2016 los
soportes de arrendamiento de garajes, locales y apartamentos, con el fin de
acreditar la explotación económica del inmueble.
3
“[…] Por la cual se determina la adquisición de un inmueble, por el procedimiento de la expropiación por vía administrativa
y se le formula una oferta de compra […]”. Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 58 y siguientes.
4
“[…] Por la cual se modifica la Resolución No. 108225 del 11 de diciembre de 2015 […]”. Cfr. Índice 13 expediente digital de
segunda instancia. Documento denominado: “ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 71 y
siguientes.
5
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
3
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
10. Expusieron que el IDU reconoció mediante Resolución 7809 de 1.º de agosto
de 20166 el daño emergente y lucro cesante, pero no modificó el valor del avalúo
comercial fijado en 2014, pese a haber transcurrido más de un año.
11. Complementaron que el 14 de octubre de 2016 interpusieron recurso de
reposición contra dicha decisión, el cual se resolvió mediante Resolución 009911
de 2 de noviembre de 20167, en el sentido de confirmar en su integridad la
Resolución 7809.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
12. La parte demandante afirmó que la Resolución 7809 de 2016 se encuentra
falsamente motivada, vulnera el artículo 29 de la Constitución Política y desconoce
los principios de legalidad, buena fe y confianza legítima, por las siguientes razones:
i) Vulneración del artículo 29 de la Constitución Política y de las condiciones
comerciales del predio
13. Señaló que el avalúo oficial no tuvo en cuenta las condiciones comerciales del
terreno, ya que solo valoró su aspecto físico y no consideró su precio en el mercado.
Esa valoración técnica debe comprender una estimación integral del bien,
incluyendo el valor del suelo, las edificaciones y las mejoras. Según los manuales
de gestión predial del IDU, el avalúo comercial debe elaborarse con base en
insumos técnicos y debe incluir la tasación del daño emergente y el lucro cesante.
Sin embargo, se omitió considerar de manera adecuada dichos componentes,
particularmente los relacionados con la actividad económica del inmueble, la renta
y los gastos derivados del traslado y adecuación.
14. Agregó que el instituto vulneró el debido proceso porque no reconoció las
compensaciones aplicables relacionadas con gastos de desconexión de servicios
públicos, traslado de bienes, arrendamiento, almacenamiento y demás erogaciones
propias del proceso de adquisición.
15. Sostuvo que “[…] el Administrador ha vulnerado de manera evidente el derecho
al debido proceso en las actuaciones surtidas […], en razón y el desconocimiento
inducido a la falta de practica de pruebas que evidencien las condiciones reales del
predio objeto del avaluó comercial, y sobre las aportadas por mis prohijados, su
desconocimiento absoluto […]”.
ii) Falsa motivación en los actos administrativos
16. Argumentó que los actos administrativos demandados se encuentran incursos
en la causal de falsa motivación, en tanto se fundamentan en un avalúo que no
6
“[…] Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa […]”. Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda
instancia. Documento denominado: “ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 109 y siguientes.
7
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento
denominado: “ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 71 y siguientes.
4
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Demandantes: María Clara González González y otros
corresponde a la realidad del inmueble ni cumple con los requisitos técnicos
exigidos. La administración sustentó su decisión en hechos que no fueron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa.
17. Complementó que la decisión administrativa habría sido diferente si el IDU
hubiera valorado correctamente los elementos del avalúo comercial, lo que
demuestra que los actos acusados son ilegales y que existe una desconexión entre
los hechos reales y la justificación de dichas decisiones.
iii) El desconocimiento del principio de la confianza legítima, buena fe y “[…]
la protección jurídica del administrado respecto de las actuaciones
estatales […]”
18. Precisó que la administración vulneró el principio de confianza legítima, ya que
las personas afectadas esperaban que la compra del inmueble se realizara
siguiendo las leyes, reglamentos y manuales internos de la entidad. La buena fe
debe regir las actuaciones tanto de los particulares como de la administración, de
manera que las decisiones estatales se ajusten a las reglas previamente
establecidas y no resulten arbitrarias.
I.2. La contestación de la demanda
I.2.1. Instituto de Desarrollo Urbano8
19. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones denominadas “[…] Falta de elementos que desvirtúen la presunción de
legalidad del acto administrativo atacado […]” y “[…] Legalidad de los actos
administrativos demandados […]”.
20. Indicó que el avalúo comercial no desconoció las condiciones del predio ni la
normativa aplicable, pues sostuvo que los estudios realizados se ajustaron a lo
previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 9 de 11 de enero 19899,
la Ley 388 de 1997 y los manuales internos de la entidad. Dichos instrumentos
fueron aplicados de manera armónica en el proceso de adquisición.
21. Señaló que los actos demandados no están falsamente motivados, pues el
proceso de expropiación administrativa se adelantó conforme a lo previsto en la Ley
388 de 1997, cumpliendo cada una de las etapas del procedimiento. En
consecuencia, los actos administrativos se motivaron con fundamento en las
condiciones del predio objeto de expropiación.
22. Sostuvo que, en desarrollo del debido proceso, se garantizó el derecho de los
propietarios, en tanto se les comunicó la oferta de compra, se adelantó la etapa de
8
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaIDU(.pdf) NroActua 13”. Página 2 y siguientes.
9
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
enajenación voluntaria y, ante su fracaso, se inició el proceso de expropiación
administrativa, el cual fue debidamente notificado. Contra los actos administrativos
procedieron los recursos de ley, los cuales fueron resueltos conforme a derecho.
23. Indicó que el trámite administrativo se surtió respetando las garantías
procesales, sin que se afectara el patrimonio de los demandantes ni se incurriera
en irregularidad alguna.
24. Señaló que no se vulneró el principio de confianza legítima, en tanto la actuación
de la administración se ajustó al marco legal aplicable y a la jurisprudencia
constitucional. Conforme a lo señalado por la Corte Constitucional, la actuación
administrativa debe enmarcarse en los límites del problema jurídico planteado, lo
cual se cumplió en el presente caso.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
25. Mediante auto de 7 de marzo de 201710, se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
26. Por auto de 30 de mayo de 201711, se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos demandados.
27. Por medio de proveído de 19 de junio de 201812, se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.
28. El 6 de noviembre de 201813 se llevó a cabo la audiencia de contradicción del
dictamen pericial. Además, se corrió traslado para alegar a las partes.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
29. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 14 de marzo de 201914, negó las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO.- NIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por (sic) señora María Clara González
González y los señores Raúl Ariel González González y José Hernán González
González, a través de apoderado judicial, contra el Instituto de Desarrollo Urbano,
IDU.
10
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 154 y siguientes.
11
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C05_01OtrosCuadernoDeMedidaCautelar(.pdf) NroActua 13”. Página 50.
12
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 266 y siguientes.
13
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 283 y siguientes.
14
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 358 y siguientes.
6
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
SEGUNDO.- CONDÉNASE en costas a la señora María Clara González González y
los señores Raúl Ariel González González y José Hernán González González, por
Secretaría liquídense las mismas de conformidad con el Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 188 del C.P.A.C.A.
TERCERO.- Por Secretaría, efectuése la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar.
CUARTO.- En firme esta providencia, archívese el expediente y devuélvanse los
anexos, sin necesidad de desglose. […]” (negrilla del texto).
30. Indicó que el precio indemnizatorio debe corresponder al valor comercial del
inmueble, conforme a la Ley 388 de 18 de julio de 199715 y al Decreto 1420 de 24
de julio de 199816. Ese precio se determina mediante un avalúo técnico que tenga
en cuenta su destinación económica, la reglamentación urbanística y las
condiciones del bien, con base en los distintos métodos de valoración legales.
31. Consideró que el avalúo elaborado por la UAECD cumplió con los requisitos
legales y técnicos exigidos, en tanto aplicó métodos de mercado y de costo de
reposición, tuvo en cuenta las características físicas y urbanísticas del inmueble, y
realizó visita de reconocimiento, lo que permitió su adecuada identificación y
valoración.
32. Señaló que el avalúo aportado por la parte demandante, en contraste,
presentaba falencias técnicas, pues no cumplía con los lineamientos previstos en la
Resolución 620 de 2008, al no determinar el costo total de la construcción ni aplicar
correctamente el método de valoración indicado. Por lo tanto, no tenía la entidad
suficiente para desvirtuar el avalúo oficial.
33. Argumentó que el avalúo comercial inicial fue complementado con el fin de
incluir los valores correspondientes a daño emergente y lucro cesante, los cuales
fueron efectivamente reconocidos en el precio indemnizatorio. Los conceptos
alegados por la parte demandante como compensaciones fueron considerados
dentro del daño emergente.
34. Adujo que no se acreditó la existencia o cuantía de los conceptos valorados en
cero, razón por la cual no podían ser reconocidos. En consecuencia, la disminución
en el valor reconocido por daño emergente obedeció a la exclusión de ciertos
factores que no debían ser indemnizados, conforme a lo precisado en el acto
administrativo correspondiente, sin que ello implicara irregularidad en la
determinación del precio.
35. Concluyó que el precio indemnizatorio fijado por el IDU incluyó el valor comercial
del inmueble y los perjuicios correspondientes, sin que se acreditara la vulneración
de las normas invocadas, por lo que decidió negar las pretensiones de la demanda.
15
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. […]”.
16
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
III. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
36. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
al considerar que el tribunal desconoció el argumento relativo a la vigencia del
avalúo comercial. El valor del inmueble utilizado para fijar la indemnización
correspondía al avalúo 2014-1908 de 22 de octubre de 2014, el cual había perdido
vigencia al momento de expedirse la Resolución 7809 de 1 de agosto de 2016, por
haber transcurrido más de un año, en contravía de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto 1420 de 1998.
37. Señaló que el inicio del proceso de expropiación no se realizó dentro del término
legal, pues este se adelantó más de un año después de la oferta de compra,
desconociendo lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, según el cual
debía iniciarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la falta de acuerdo en la
enajenación voluntaria.
38. Indicó que el avalúo de la UAECD clasificó el inmueble como lote de terreno y
vivienda unifamiliar, sin tener en cuenta su destinación comercial. El predio contaba
con varios locales y actividades económicas, como lo acredita el avalúo aportado
por la parte demandante.
39. Sostuvo que el reconocimiento del lucro cesante y el daño emergente por parte
del IDU confirma el carácter comercial del inmueble, lo que resulta contradictorio
con la valoración efectuada bajo parámetros residenciales, afectando la
determinación del precio indemnizatorio.
40. Argumentó que tanto el avalúo de la UAECD como el aportado por la parte
demandante utilizan el método de comparación o de mercado para determinar el
valor del terreno. Sin embargo, el avalúo de Sarmiento & Osorio Soluciones
Inmobiliarias aplicó correctamente dicho método con sustento técnico. Esto se
demostró en la audiencia de contradicción del dictamen pericial, sin que ello fuera
valorado por el juez de primera instancia.
41. Agregó que, en relación con el valor de las construcciones, ambos avalúos
acudieron al método de costo de reposición, conforme a lo previsto en la Resolución
620 de 2008, incluyendo la aplicación de la tabla de Fitto y Corvini para determinar
la depreciación. Esto significa que el avalúo aportado por la parte demandante
cumplía con los parámetros técnicos exigidos.
42. Mencionó que el avalúo allegado con la demanda aplicó correctamente los
métodos de mercado y de reposición, atendiendo las particularidades del inmueble,
el cual calificó como atípico por su afectación vial, lo que justificaba la utilización
conjunta de dichos métodos para determinar el valor del terreno y de la
construcción.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
43. Planteó que la sentencia incurrió en error al afirmar que el avalúo de la parte
demandante no cumplía con los lineamientos del artículo 10 de la Resolución 620
de 2008, pues dicho estudio incorporó información de mercado, características del
inmueble y soportes técnicos suficientes.
44. Adujo que el IDU realizó descuentos indebidos en el reconocimiento del daño
emergente, particularmente por concepto de gastos de escrituración, pese a que en
los procesos de expropiación administrativa no se configura una compraventa sino
la inscripción del acto administrativo, lo que hace improcedente dicho descuento.
45. Concluyó que el avalúo aportado con la demanda cumplía con los requisitos
técnicos y normativos aplicables, en tanto utilizó correctamente los métodos de
mercado y de costo de reposición, incorporó información de fuentes especializadas
y aplicó criterios técnicos para la depreciación.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
46. Esta autoridad judicial, a través de auto de 13 de septiembre de 201917, admitió
el recurso de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que
presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.
47. La parte demandante reiteró en escrito de 11 de octubre de 201918 los
argumentos planteados en el recurso de apelación.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
48. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii)
el planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1319 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
17
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C07_05OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 6.
18
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C07_05OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página14 y siguientes.
19
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
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Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Demandantes: María Clara González González y otros
V.2. Los actos administrativos demandados
50. En las pretensiones de la demanda se solicitó la nulidad de la Resolución 7809
de 1.º de agosto de 201621, que señala en su parte resolutiva:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa a favor
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU del inmueble ubicado en la CL 129 B 91 15 de
la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral SBR 6386 CHIP
AAA0129BAAW, matrícula inmobiliaria 50N-20009851 conforme al Registro
Topográfico número 44160, donde aparece debidamente delimitado y alinderado con
un área de 320.00 M2 de terreno, construcción 1. (3 pisos teja, 2 pisos placa, 2 pisos
voladizos, 1 piso voladizo) de 189.05M2 Construcción 2. (2 pisos teja, 1 piso placa +
enramada, 1 piso teja) de 55.71M2, Construcción 3. Enramada de 22.38M2, otras
construcciones 1. Zona dura de 96.84M2, otras construcciones 2. Muro de antepecho
de 7.56M2, otras construcciones 3. Placa volada de 5.03M2, otras construcciones 4.
Cerramiento en reja de 26.40M2, otras construcciones 5. Puerta metálica de 3.12M2
otras construcciones 6. Muro de 5.50M2 conforme al Registro Topográfico número
44160 elaborado por la Dirección Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014,
cuyos titulares del derecho de dominio objeto de expropiación son los señores MARÍA
CLARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
52.580.696, JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.236.186, y RAÚL ARIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.239.400 y cuyos linderos específicos son: POR EL
NORTE. Del punto A al punto B en línea recta y distancia de (12.00mts.) lindando con
la Calle 129B, POR EL ORIENTE Del punto B al punto C en línea recta y distancia de
(26.65 mts) lindando con propiedades particulares POR EL SUR. Del punto C al punto
D en línea recta y distancia de (12.09mts.) con la calle 129 A BIS, POR EL
OCCIDENTE Del punto D al punto A en línea recta y distancia de (26.50mts.) lindando
con propiedad particular.
ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($627.882.812.00) MONEDA CORRIENTE, de
acuerdo con el Informe Técnico Avalúo Comercial No. 2014-1908 del 18 de abril de
2016, el cual complementa los informes técnicos de avalúo comercial Nos. 2014-1908
del 21 de Enero de 2015 y 2014-1908 del 22 de Octubre de 2014 elaborados por la
Gerencia de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 01 de agosto de 2016, el citado valor incluye:
La suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS PESOS
MONEDA VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CORRIENTE
($591.329.840.00) por concepto de avalúo comercial de terreno y construcción.
La suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($6.983.972.05) MONEDA CORRIENTE
por concepto de Daño Emergente.
La suma de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($29.569.000.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización por
Lucro Cesante.
21
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C07_05OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 109 y siguientes.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación, no implica la aplicación
del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de
servicios públicos con ocasión a la trasferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios
públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La cesión operará de
pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta que los predios
adquiridos por el IDU por motivos de utilidad pública e interés social son destinados
exclusivamente a la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble con vocación de
domicilio para convertirse en un bien de uso público dejando por ello de ser
destinatario de servicios públicos domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos los señores MARÍA CLARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.580.696, JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.236.186, y RAÚL ARIEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.239.400.
ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. El trámite de pago se efectuará por la
Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano, previa autorización expresa y escrita de
la Dirección Técnica de Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la cantidad de SEISCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
DOCE PESOS ($627.882.812.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano a disposición de
los señores MARIA CLARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Identificada con cédula de -
ciudadanía No. 52.580.696, JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.236.186, RAÚL ARIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.239.400 en su calidad de titulares
inscritos, una vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el valor del precio indemnizatorio, una vez puesto a
disposición de los señores MARIA CLARA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.580.696, JOSÉ HERNÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.236.186, y RAÚL ARIEL GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.239.400, no es retirado
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se consignará en la entidad
financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º
del artículo 70 de la ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado
formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
efectuarán los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones
aplicables, contemplados en la normatividad vigente.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de dinero correspondiente
al único contado, se deberá verificar el estado de cuenta por la contribución de
valorización; en caso de existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a
la compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del código civil colombiano.
ARTÍCULO CUARTO. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la
adquisición se ampara en el presupuesto del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, según los Certificados de Registro Presupuestal Nos. 4996 del 16 de
diciembre de 2014 y 4369 del 16 de diciembre de 2015 y el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2888 del 25 de julio de 2016, emitido por la Dirección
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad del IDU
ARTÍCULO QUINTO. DESTINACIÓN.- El inmueble referido, será destinado para la
construcción de la obra: AVENIDA EL RINCÓN (AK 91 Y AC 131 A) DESDE LA
CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97), de
acuerdo con la Resolución No. 0811 del 15 de Julio de 2014, expedida por la
Secretaría Distrital de Planeación.
ARTÍCULO SEXTO. SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA, GRAVÁMENES Y
LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, se ordena 1) Cancelar la Anotación
número 03 de fecha 17 de marzo de 2016, Radicación: 2016-17677 del Folio de
Matrícula Inmobiliaria 50N-20009851 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos Zona Norte, remitido mediante oficio No 20163250212271 del 12 de marzo
de 2016 por el cual se solicitó la inscripción de la oferta realizada mediante Resolución
No. 108225 del 11 de diciembre de 2014 "POR EL CUAL SE DETERMINA LA
ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE
COMPRA".
ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDEN DE INSCRIPCIÓN. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997, ORDÉNASE al (a) señor (a)
Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20009851 con
lo que se surtirán los efectos atinentes a la transferencia del derecho de dominio en
cabeza del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificado con Nit:
899.999.081-6.
ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70
numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente resolución el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble identificado
en el artículo primero (1°), para lo cual, en caso de renuencia del expropiado, acudirá
al auxilio de las autoridades de policía. […]” (negrilla del texto).
51. Mediante la Resolución 009911 de 2 de noviembre de 201622 se confirmó en
todas sus partes la Resolución 7809 de 1 de agosto de 201623.
V.3. El planteamiento del problema jurídico
52. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
de 14 de marzo de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
53. El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que el precio
indemnizatorio fijado por el IDU se ajustó a las normas aplicables, en tanto
correspondía al valor comercial del inmueble determinado mediante un avalúo
técnico.
22
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C07_05OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 138 y siguientes.
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De conformidad con el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011, “[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo
este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán
demandados los actos que los resolvieron […]”.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
54. La parte demandante afirmó en su recurso de apelación que: i) el avalúo
utilizado por la administración perdió vigencia al momento de expedirse el acto
administrativo, en contra de lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998;
ii) el proceso de expropiación no se inició dentro del término legal previsto en el
artículo 61 de la Ley 388 de 1997; iii) el inmueble fue indebidamente clasificado
como residencial; iv) no se valoró adecuadamente el avalúo de la parte actora que
aplicó correctamente los métodos de mercado y costo de reposición; y v) el IDU
realizó descuentos indebidos en el reconocimiento del daño emergente.
55. Ahora bien, antes de resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiara el
presupuesto de procedibilidad del medio de control ejercido relacionado con el
agotamiento del requisito de la conciliación prejudicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18724 de la Ley 1437.
V.4. Análisis del caso concreto
56. La conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa constituye un
requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 1325 de la Ley 1285 de 22
de enero de 200926 que adicionó el artículo 42A a la Ley 270 de 7 de marzo de
199627, siempre que el asunto sea conciliable, esto es que recaiga sobre derechos
de carácter particular y contenido económico susceptibles de disposición por las
partes.
57. El Decreto 1716 de 14 de mayo de 200928, compilado por el Decreto 1069 de
26 de mayo de 201529, al reglamentar el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, precisó
que la conciliación procede respecto de los conflictos de carácter particular y
contenido económico susceptibles de conocimiento por esta jurisdicción, siempre
que no se trate de: i) “[…] asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario
[…]”; ii) “[…] asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que
trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 […]”; y iii) “[…] asuntos en los cuales la
correspondiente acción haya caducado […]”30.
24
“[…] ARTÍCULO 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen
de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando
los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
25
[…] Artículo 13. Adiciona Artículo 42A de la Ley 270 de 1996. Apruebase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el
siguiente:
Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley,
cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite
de la conciliación extrajudicial. […]”.
26
“[…] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia […]”. “[…]
ARTÍCULO 35. Modificado por el art. 52, Ley 1395 de 2010 Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de
conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones
civil, contencioso administrativa. […]” (negrilla fuera del texto).
27
“[…] Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.
28
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V
de la Ley 640 de 2001 […]”.
29
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho […]”.
30
Parágrafo 1 del artículo 2 del Decreto 1716.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
58. El parágrafo 3 del artículo 1 complementó que “[…] Cuando la acción que
eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de
derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos
en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá
acreditarse, en legal forma, ante el conciliador. […]”.
59. De esta manera, se condicionó el acceso a la jurisdicción al agotamiento previo
de un mecanismo orientado a la solución directa del conflicto, exigencia que
igualmente se encuentra prevista en el numeral 1.º del artículo 16131 de la Ley 1437
de 2011.
60. A partir de este marco normativo, en las sentencias de 26 de febrero de 202632,
9 de mayo de 202433, 13 de junio de 201934 y 21 de mayo de 201535, entre otras,
esta Sección precisó que, en los procesos en los cuales se controvierten actos
administrativos relacionados con la expropiación por vía administrativa y, en
particular, con el precio indemnizatorio reconocido, la controversia reviste un
contenido eminentemente económico en tanto se dirige a cuestionar o modificar el
valor de una compensación patrimonial derivada de la transferencia forzada del
derecho de propiedad.
61. Conforme al referido criterio jurisprudencial este tipo de controversias son
conciliables, en la medida en que involucran derechos de carácter patrimonial
susceptibles de transacción, desistimiento o arreglo directo entre las partes. Por lo
tanto, la omisión de dicho presupuesto procesal conlleva la imposibilidad de emitir
un pronunciamiento de fondo y obliga al juez a declarar probada, incluso de oficio,
31
“[…] ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de
toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y
controversias contractuales […]”.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 25000-23-41-000-2017-00698-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
33
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 05001-23-31-000-2012-00175-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 25000-23-41-000-2018-00690-01, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. En dicha providencia se consideró que: “[…] En este contexto, observa la Sala que las pretensiones de la
demanda se dirigen al reconocimiento de una suma de dinero por concepto de indemnización producto del
procedimiento de expropiación por vía administrativa, surtido por el IDU sobre un inmueble de propiedad del
demandante, lo que significa que en el caso bajo examen, se está controvirtiendo la legalidad de unos actos
administrativos, los cuales poseen un contenido económico que resulta conciliable […]” (negrilla fuera de texto).
35
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 25000-23-24-000-2010-00024-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala. De
la providencia se destaca: “[…] Para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el Código
Contencioso Administrativo en concordancia con la Ley 1285 de 2009 y su Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009
ordenaron que debían acreditarse los siguientes requisitos: (i) agotar la vía gubernativa (artículos 135 y 138 del C.C.A.)
(ii) solicitar de manera previa a la presentación de la demanda la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General
de la Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1285 de 2009 y el mencionado decreto reglamentario, y (iii)
presentar la demanda dentro de un término especial dispuesto en el numeral dos del artículo 136 del C.C.A. que es de cuatro
(4) meses contados a partir de la notificación del acto.
[…] De todo lo expuesto, se concluye que en este caso no procede el fallo de fondo al no haberse probado el agotamiento
del requisito de la conciliación prejudicial, pues tal ausencia impone por la naturaleza del requisito y la imposibilidad de
una alternativa que promueva la decisión de fondo, declarar probada de oficio la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, con fundamento en el artículo 163 del CCA35.
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará probada de oficio la excepción
de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y se inhibirá para pronunciarse de fondo,
por las razones antes expuestas […]” (negrilla fuera de texto).
14
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, con la
consecuente adopción de una decisión inhibitoria.
62. En el presente caso, de la lectura de las pretensiones de la demanda y de la
revisión de la Resolución 7809 de 1.º de agosto de 2016, confirmada mediante
Resolución 009911 de 2 de noviembre de 201636, se evidencia el carácter
económico del litigio. La parte demandante pretende el reconocimiento de un mayor
valor indemnizatorio por el inmueble objeto de expropiación en los siguientes
términos:
“[…] SEGUNDO. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene la práctica
de un nuevo avalúo comercial, la tasación de lucro cesante y daño emergente para el
inmueble ubicado en la CL 129 B 91 15 de la ciudad de Bogotá D.C., matrícula
inmobiliaria 50N 20009851, para lo cual ruego al Honorable Magistrado designar un
Auxiliar de justicia, adoptando en la presente oportunidad, lo señalado en Sentencia
de 17 de marzo de 2011, Expediente N° 3005-00273, M.P. Dra. María Elizabeth García
González […]”.
63. En la demanda se argumentó que el avalúo oficial desconoció el valor comercial
del bien objeto de expropiación, conforme al avalúo comercial 10.059 de 6 de enero
de 201637 realizado por la firma Sarmiento & Osorio Soluciones Inmobiliarias, que
señala:
“[…] Ct= COSTO O VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Inmueble Área construida Valor Unitario / M2 Valor Total
CASA 448.03 M2 $1.900.000,oo $851.257.000.oo
Vt= VALOR DEL TERRENO
Inmueble Área terreno Valor Unitario /M2 Valor Total
LOTE 316.27 M2 $ 2.400.000, 00 $759.048.000.oo
D= DEPRECIACIÓN: (Clase 3) y (30 años Aproxi de construcción)
TABLA DE FITTO Y CORVINI
D=34,07%
D=Ct* valor porcentual
D= 851.257.000 *34.07%
D= 290.023.259=
Ct= 851.257.000
D=290.023.259
Vt=759.048.000
Vc=(Ct-D) + Vt
Vc= (851.257.000 -290.023.259) + 759.048.000
Vc= 561.233.741 + 759.048.000
Vc= 1.320.281.741
36
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado
“ED_C07_05OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 137 y siguientes.
37
Cfr. Índice 13 expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C01_28OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 13”. Página 93 y siguientes.
15
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
VALOR TOTAL AVALÚO COMERCIAL
$1.320.281.741.oo
[…]
[…]”.
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
64. Por su parte, el IDU en la contestación de la demanda, allegó el avalúo
comercial 2014-1908 RT 44160 el cual fue complementado por el informe de 18 de
abril de 201638 por solicitud del IDU mediante oficio 20163250228791. Allí se fijó el
precio indemnizatorio así:
“[…]
[…]”.
38
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia. Documento denominado:
“ED_C02_01ContestacionDeLaDemandaIDU(.pdf) NroActua 13”. Página 134 y siguientes.
17
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
65. En este contexto fáctico, revisadas las pruebas allegadas con la demanda, la
Sala no encuentra acreditado que la parte demandante hubiere presentado la
solicitud de conciliación prejudicial correspondiente, ni que hubiese adelantado
actuación alguna encaminada a cumplir con dicho presupuesto procesal. Tampoco
obra constancia de su agotamiento, ya sea por la realización de la audiencia sin
acuerdo o por el transcurso del término legal sin su celebración.
66. Por lo tanto, como antes de presentar la demanda, la parte demandante debía
cumplir primero con el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará probada de
oficio la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial.
67. En consecuencia, la Sala se inhibirá de emitir un pronunciamiento sobre el fondo
del asunto, posición reiterada por esta Sección en la sentencia de 21 de mayo de
201539.
68. Además, la Sala tampoco emitirá un pronunciamiento respecto del recurso de
apelación40 presentado por el IDU contra el auto de 19 de junio de 201841, en razón
a que, como se explicó previamente, la decisión definitiva será la inhibición del
asunto por no cumplirse con el presupuesto procesal de agotamiento del trámite de
la conciliación extrajudicial.
69. Finalmente, como la Sala se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo y por
lo tanto no hay parte vencida, no se condenará en costas en ambas instancias en
aplicación de lo previsto en los artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201242.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-
00024-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
40
Índice 13 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado:
“ED_C06_01OtrosCuadernoDeApelacionAutoDel19062018(.pdf) NroActua 13”, página 10 y siguientes. Mediante auto de 24
de agosto de 2018 la Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por improcedente el recurso de
reposición interpuesto contra el auto de 19 de junio de 2018 y en aplicación del artículo 318 de la Ley 1564 de 2012 adecuó
el recurso de reposición al de apelación.
41
Índice 13 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado:
“ED_C03_01OtrosCuadernoDeLlamamientoEnGarantiaDelIDUaUAECD(.pdf) NroActua 13”, página 30 y siguientes.
42
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
18
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2017-00199-02
Demandantes: María Clara González González y otros
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y, en consecuencia,
INHIBIRSE para pronunciarse de fondo en el presente asunto, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: SIN COSTAS en ambas instancias.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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