Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00698-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2017-00698-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2017-00698-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00698-01
Actores: ASTRID CONSUELO LÓPEZ Y OTROS
TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DEL
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 10 de febrero de 2020, proferida por
la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, que declaró no probadas las
excepciones formuladas por la demandada, denegó la solicitud de
objeción por error grave del dictamen pericial decretado dentro del
proceso y denegó las pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. Los señores Astrid Consuelo López, Luis Eduardo Medina
Parra y Carlos Alberto Medina Parra, a través de apoderado
1
En adelante el Tribunal.
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judicial, promovieron demanda ante el Tribunal, en ejercicio de la
acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formularon
las siguientes pretensiones2:
“[…] PRIMERO: Que es nula la Resolución No. 000363 del 31 de
enero de 2017 proferida por el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU-, mediante la cual se ORDENA UNA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA ubicado en la AK 91
No. 129-39, de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la
cedula catastral SBR 7335, matrícula inmobiliaria 50N 552941.
SEGUNDO. Que, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene la práctica de un nuevo avalúo comercial, la tasación de
lucro cesante y daño emergente para el inmueble ubicado en la
AK 91 No. 129-39 de la ciudad de Bogotá D.C., matrícula
inmobiliaria 50N 552941, para lo cual ruego al Honorable
Magistrado designar un Auxiliar de la Justicia, adoptando en la
presente oportunidad, lo señalado en Sentencia de 17 de marzo
de 2011, Expediente No. 2005-00273, M.P. Dra. María Elizabeth
García González:
"(...) De este modo, se prohíja en la presente oportunidad, lo
señalado en Sentencia de 17 de marzo de 2011, Expediente No.
2005-00273, M.P. Dra. María Elizabeth García González, que
sobre el tema puntualizó la siguiente:
"Desarrollando los criterios expuestos por la Sala en el caso sub
examine, debe advertirse que la orden impartida por el Tribunal
en el fallo impugnado, en el sentido de que el IDU realice otro
avalúo del inmueble objeto de expropiación, es totalmente
improcedente, por cuanto ello equivaldría a dejar en manos de
una de las partes, es decir, del IDU la facultad de resolver, como
si fuese el juez, sobre los términos de la indemnización,
desconociendo lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 71 de la
Ley 388 de 1997, el cual prevé:
"Si la sentencia decide conforme a la demanda, sobre el precio
indemnizatorio reconocido por la administración, dispondrá si
hay lugar a una elevación del valor correspondiente o a una
2
Corresponden a las pretensiones señaladas en el escrito de subsanación de la demanda.
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modificación de la forma de pago. En este caso las
determinaciones que se hagan en el auto de la liquidación de la
sentencia tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la
diferente modalidad de pago". Cabe recordar que una vez
agotada la vía gubernativa y después de dictado el auto
admisorio de la demanda en el proceso especial de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997, el ente público que hubiere ejercido la potestad de
expropiar un bien pierde sin duda alguna la competencia para
pronunciarse sobre el valor de la indemnización y, por ello le
corresponde a partir de entonces al Tribunal en cuya jurisdicción
se halle el sitio el inmueble objeto de expropiación, en primera
instancia, adoptar la decisión que corresponda para resolver la
controversia que hubiese surgido entre la Administración y el
particular acerca del precio reconocido y pagado en sede
administrativa.
La Sala considera que al decidir como lo hizo el Tribunal de
instancia, se despojó de la facultad de fijar el monto de la
indemnización debida y la trasladó sin ningún fundamento
jurídico a la parte demandada, convirtiéndola en juez y parte,
restándole además toda posibilidad de contradicción y
renunciando a su valoración posterior.
Además, no se debe perder de vista que según las normas
legales que gobiernan el proceso, él dictamen debe ser realizado
necesariamente por un auxiliar de la justicia, es decir, por un
"tercero", entendido en un sentido rigurosamente procesal, es
decir, por una persona que no sea parte en el mismo y que no
ostente en él la condición de coadyuvante o interviniente y que
además cuente, como es obvio, con las capacidades técnicas y
profesionales necesarias para el cumplimiento de su encargo
(...) (Sentencia Consejo de Estado 00735 de 2013) […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
Indicaron que son propietarios del bien inmueble ubicado en la AK
91 núm. 129-39 de la ciudad de Bogotá D.C., con matrícula
inmobiliaria 50N 552941, en el cual para el momento en que inició
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el trámite administrativo se encontraba funcionando un
establecimiento de comercio denominado “CREDI-MARCAS AM”.
Manifestaron que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU3,
mediante Resolución núm. 1642 de 29 de enero de 2016,
determinó la adquisición de su inmueble y formuló la oferta de
compra por la suma de $541.317.240 por concepto de terreno y
construcción; $10.372.466 por daño emergente, sin establecer
valor alguno por lucro cesante.
Señalaron que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - CATASTRO4 realizó el avalúo comercial núm. 2015-
0989 de 18 de noviembre de 2015 con la finalidad de que el IDU
formulara oferta de compra sobre el inmueble, teniendo en cuenta,
entre otros criterios, su clasificación en estrato 2, sin señalar que el
inmueble tenía un uso comercial.
Expusieron que el IDU, por Resolución núm. 5623 de 17 de abril de
2016, modificó la oferta de compra estableciendo las sumas de
$546.602.990 por concepto de terreno y construcción; $6.742.891
por daño emergente, sin reconocer monto alguno por lucro cesante.
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En adelante el IDU.
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En adelante CATASTRO.
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Indicaron que con la finalidad de controvertir la oferta de compra
efectuada remitieron el avalúo elaborado por la empresa Avalúos y
Asesorías Industriales Aval LTDA., que señalaba que el valor
del predio era de $954.382.500.
Manifestaron que pese a que allegaron documentos con la finalidad
de que se reconociera lucro cesante a su favor, el IDU guardó
silencio.
Afirmaron que la demandada, a través de la Resolución núm.
000363 de 31 de enero de 2017, ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la
suma de $553.345.881, la cual incluía los conceptos de terreno y
construcción y daño emergente.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora afirmó que el IDU desconoció su derecho al debido
proceso habida cuenta que para realizar el avalúo del inmueble
expropiado únicamente tomo en consideración la parte física del
inmueble desconociendo su uso comercial y la procedencia del
reconocimiento del lucro cesante correspondiente.
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Indicó que el IDU tampoco valoró en su indemnización los gastos
asociados a: desconexión de servicios públicos, notariado y
registro, desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes
muebles, gastos de publicidad, arrendamiento, bodegaje y/o
almacenamiento, trámites para la adecuación del inmueble de
reemplazo, impuesto predial, perjuicios derivados de la terminación
de contratos, adecuación de remanentes, lucro cesante de actividad
económica, gastos de escrituración con la entidad, gastos de
reposición de vivienda, gastos de saneamiento del inmueble objeto
de adquisición, factor por pérdida de ingresos, factor por trámite de
actividad económica, factor por movilización, factor de vivienda de
reposición, factor por traslado de arrendatarios y factor por
reasentamiento de emergencia.
Manifestó que la resolución demandada fue falsamente motivada,
por cuanto se fundó en un avalúo que carece de soporte técnico y
legal, desconociendo las condiciones reales del predio expropiado.
Adujo que se trasgredió el principio de confianza legitima, debido a
que la demandada adelantó el procedimiento de expropiación por
vía administrativa desconociendo el derecho al debido proceso y la
normativa que rige el proceso de compra, enajenación y
expropiación.
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I.4.- Contestación
I.4.1. El IDU señaló que el precio indemnizatorio fue fijado
teniendo en cuenta las características del inmueble expropiado, su
uso, tipo de construcción y demás condiciones particulares,
conforme con lo señalado en el informe técnico presentado por
CATASTRO.
Expuso que contrario a lo afirmado por la parte actora, en el avalúo
oficial núm. 2015-0989 de 2015, se reconoció que el predio
expropiado presentaba usos mixtos, entre comercio, vivienda e
industria, lo cual fue tenido en cuenta al momento de establecer su
valor comercial.
Indicó que no es competente para designar el estrato
socioeconómico de los inmuebles, pues dicha función se encuentra
en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación.
Afirmó que la resolución demandada no reconoció el rubro de lucro
cesante, toda vez que verificada la información presentada por la
parte actora se concluyó que el señor Roen Alberto Medina
Arango era propietario del establecimiento de comercio, pero no
del bien objeto de expropiación por vía administrativa.
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Adujo que la suma reconocida por concepto de daño emergente fue
modificada respecto de la señalada en la oferta de compra, toda
vez que en la inicial se incluyeron gastos en que debía incurrir la
parte demandante en caso de aceptar la oferta, los cuales no son
de su cargo cuando se adelanta el procedimiento de expropiación
por vía administrativa, tales como el de desconexión o traslado de
servicios públicos.
Señaló que no podía tenerse en cuenta el avalúo presentado por
Avalúos y Asesorías Industriales LTDA., toda vez que este fue
realizado sin sustento técnico ni jurídico, pues no cumple con
ninguno de los requisitos establecidos en la Resolución núm. 620 de
2008, expedida por el IGAC sobre el tema.
Manifestó que el acto demandado fue expedido conforme a
derecho, por autoridad competente, sin desconocer el derecho de
defensa de la parte actora, por lo que no hay lugar a acceder a sus
pretensiones.
Explicó que puso a disposición de la parte actora la suma
reconocida en el acto demandado dentro del término legalmente
establecido, pues previo a su entrega debía cumplir con los trámites
internos pertinentes para ello.
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Afirmó que realizó los descuentos tributarios pertinentes, tales
como el equivalente al 2.5% por concepto de enajenación de
inmuebles, conforme con lo establecido en el artículo 2° del Decreto
2418 de 2013.
Sostuvo que la suma reconocida en la Resolución núm. 000363 de
2017 cumple con los criterios establecidos en los artículos 58 de la
Constitución Política y 68 de la Ley 388 de 1997, toda vez que
analizó la procedencia del reconocimiento del daño emergente y el
lucro cesante ocasionado por el proceso expropiatorio.
Indicó que el trámite expropiatorio se adelantó con fundamento en
lo previsto en las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1682 de 2013,
el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.
Formuló la excepción de inepta demanda por falta de requisitos de
procedibilidad, habida cuenta que de la revisión de la demanda y
sus anexos se advertía que la parte actora no había agotado el
requisito de procedibilidad consistente en la conciliación
extrajudicial, conforme con lo previsto en el artículo 161, numeral
1, del CPACA.
Señaló que también debía declararse probada la excepción de
inepta demandada, toda vez que la parte actora no interpuso
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recurso de reposición contra la Resolución núm. 00363 de 2017, en
los términos del artículo 161, numeral 2, del CPACA.
Finalmente, formuló la excepción de caducidad de la acción, por
cuanto, a su juicio, la demanda fue radicada vencido el término de
4 meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), del
CPACA.
III.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 10 de febrero de 2020, el Tribunal declaró
no probadas las excepciones formuladas por la demandada, denegó
la solicitud de objeción por error grave del dictamen pericial
decretado dentro del proceso y denegó las pretensiones de la
demanda.
Sostuvo que no había lugar a declarar probada la excepción de
caducidad de la acción, toda vez que de la revisión del expediente
se desprendía que la Resolución núm. 000363 de 2017 fue
notificada personalmente a la parte actora el 22 de febrero de
2017, por lo que el plazo para incoar la demanda trascurrió desde
el 23 de febrero hasta el 23 de junio de ese año, circunstancia de la
cual se desprendía que su presentación fue oportuna el 8 de mayo
de 2017.
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Afirmó que tampoco debía declararse probada la excepción de
inepta demanda por falta del agotamiento del requisito de
procedibilidad consistente en la conciliación prejudicial, toda vez
que la acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997,
correspondía a una acción especial de nulidad y restablecimiento
del derecho respecto de la cual no había lugar a agotar el
mencionado requisito.
Respecto del dictamen pericial decretado en el proceso, señaló que
no prosperaba la objeción por error grave formulada por el IDU,
toda vez que los argumentos expuestos correspondían a presuntas
deficiencias del dictamen presentado sin que ello significara una
falta de coherencia entre la realidad y el objeto de la pericia.
Señaló que de la revisión del expediente se observaba que el IDU
adelantó el procedimiento de expropiación administrativa en los
términos de la Ley 388 de 1997, respetando el derecho del debido
proceso de la parte actora.
Indicó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, esta tuvo la
oportunidad de controvertir los precios señalados en las ofertas de
compra, circunstancia distinta es que el IDU no hubiera accedido a
sus peticiones.
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Sostuvo que no se advertía la falsa motivación del acto demandado,
habida cuenta que el dictamen aportado por la parte demandante
carecía de fundamentación al no identificar los inmuebles utilizados
para realizar el método de mercados que determinase el valor del
metro cuadrado del terreno y de la construcción.
Para ello, comparó el dictamen pericial aportado por la parte actora
con el avalúo comercial núm. 2015-00989 realizado por
CATASTRO respecto del inmueble objeto de litigio así:
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Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el avalúo por medio del
cual se fijó el precio indemnizatorio cumplía con los requisitos
establecidos en el artículo 10º de la Resolución núm. 620 de 2008,
toda vez que aplicó los métodos de mercado y de costo de
reposición para establecer el valor comercial del inmueble.
También explicó que para establecer el valor del inmueble, el
avalúo oficial tuvo en cuenta: (i) respecto del terreno: a) la
reglamentación urbanística vigente del inmueble objeto del avalúo,
b) la estratificación socioeconómica del bien, c) aspectos físicos
tales como el área, ubicación, topografía y forma de la reserva vial;
y d) la dotación de redes primaria, secundarias y acometidas de
servicios públicos domiciliario; y (ii) respecto de las construcciones:
a) el área de construcciones existentes autorizadas legalmente, b)
los elementos constructivos empleados en su estructura y
acabados, c) el estado de conservación física, d) la vida útil de la de
construcción, y e) la funcionalidad del inmueble en relación con el
objeto para el cual fue construido.
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Señaló que en el avalúo oficial se identificó físicamente el predio,
exponiendo su localización, el uso que se le estaba dando, edad y
estado de conservación, lo cual permitió identificar sus
características.
Sostuvo que el avalúo aportado por la parte actora no cumplía con
los lineamentos técnicos previstos en el artículo 13 de la Resolución
núm. 620 de 2008, toda vez que no indicó la suma de los costos
directos e indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto,
en los que se debería incurrir para la realización de la obra ni los
volúmenes y unidades requeridos para la construcción,
desconociendo los parámetros fijados para aplicar el método de
costo de reposición, por lo que no desvirtuaba la legalidad del
avalúo oficial rendido por CATASTRO.
Manifestó que no había lugar a reconocer indemnización alguna por
concepto de lucro cesante, por cuanto de la revisión de los
documentos aportados por la parte actora en el procedimiento de
expropiación por vía administrativa se observaba que la actividad
económica puesta de presente se encontraba en cabeza de una
persona que no era propietaria del bien expropiado.
Expuso que no se trasgredió el principio de confianza legítima, toda
vez que de la revisión del procedimiento se advertía que se
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surtieron todas las etapas previstas para la expropiación
administrativa, respetando su derecho al debido proceso, otorgando
la oportunidad de interponer recursos y fijando el precio
indemnizatorio con fundamento en la Resolución núm. 620 de
2008.
Finalmente, condenó en costas a la parte actora.
IV-. RECURSO DE APELACIÓN
La actora señaló que el Tribunal omitió que el IDU estableció la
indemnización del predio sin tener en cuenta su uso comercial, el
cual acreditó con la Resolución VA 38 de 2013 que reasignó la
contribución de valorización a su cargo.
Manifestó que dentro del procedimiento administrativo se demostró
la procedencia de la indemnización del lucro cesante, toda vez que
el señor Roen Alberto Medina Arango (q.e.p.d.) era el padre de
los propietarios del inmueble expropiado.
Indicó que si el IDU tenía dudas sobre la filiación de los
propietarios con el señor Roen Alberto Medina Arango (q.e.p.d.),
era el demandado quien tenía la carga de solicitar los
correspondientes registros civiles.
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Afirmó que dentro del proceso se decretó un dictamen pericial que
no fue debidamente practicado, toda vez que la perito encargada de
ello renunció sin que se decretara uno nuevo por parte del
Tribunal.
Expuso que el avalúo oficial carece de sustento técnico al no
otorgar una indemnización justa, por cuanto el aportado con la
demanda demostró que esta debió ser al menos un 75% superior a
la otorgada.
Cuestionó que el Tribunal al evidenciar falencias en el avalúo
aportado con la demanda no solicitara su aclaración con miras a
que se le otorgara la indemnización que estima es justa.
Afirmó que el avalúo oficial no tuvo en cuenta la localización,
condiciones físicas y destinación económica del inmueble; que fue
imposible reactivar el negocio familiar; y que tuvo que subastarse
toda la mercancía de su propiedad.
V-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
V.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de marzo de
2022, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia de 10 de febrero de 2020, en los
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términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021.
V.2- El exconsejero Oswaldo Giraldo López, mediante escrito de
21 de junio de 2022, manifestó impedimento para conocer del
proceso con fundamento en las causales previstas en los numerales
1 del artículo 141 del CGP y 3 del artículo 130 del CPACA, el cual
fue resuelto por la Sección Primera en proveído de 9 de febrero de
2023, en el sentido de declararlo fundado y separarlo del
conocimiento del asunto.
V.3- El Despacho sustanciador, a través de proveído de 9 de agosto
de 2024, se pronunció sobre una solicitud de pruebas de segunda
instancia presentada por la parte actora en el sentido de
denegarlas.
V.4- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,
no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. CUESTIÓN PREVIA
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Previo a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia de 10 de febrero de 2020,
corresponde a la Sala establecer si, como lo consideró el a quo, en
el presente caso no había lugar a declarar probada la excepción de
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en
la conciliación extrajudicial formulada por el IDU con la
contestación de la demanda.
Sobre la procedencia del requisito de procedibilidad consistente en
la conciliación extrajudicial en los procesos que se demandan actos
que resuelven sobre expropiaciones por vía administrativa, la
Sección, en reiterada jurisprudencia, entre otras, en sentencia de 9
de mayo de 20245, ha sostenido lo siguiente:
“[…] Conforme lo ha observado la Sala en casos similares6, la
conciliación como mecanismo alternativo de solución de
conflictos fue introducida en nuestra legislación a partir del
Decreto 2158 de 24 de junio de 19487, adoptado como
legislación permanente mediante el Decreto 4133 de 16 de
diciembre 19488, por el cual se expidió el Código Sustantivo del
Trabajo, encontrando un nuevo impulso desde la reforma del
Código de Procedimiento Civil, efectuada mediante Decreto 2282
de 7 de octubre de 19899.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo
de 2024. Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00175-01. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
6
Expediente 2002-00493, Consejero Ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta,
providencia de 30 de agosto de 2007.
Expediente 2009-00086, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 18
de marzo de 2010.
Expediente 2009-00377, Consejera Ponente doctora Elizabeth García González, providencia del 4 de
agosto de 2011.
7
Código Procesal del Trabajo.
8
Por el cual se adoptan como normas legales unas disposiciones.
9
Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil
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Con la expedición de la Ley 23 de 21 de marzo de 199110,
modificada por la Ley 446 de 7 de julio de 199811 y desarrollada
por la Ley 640 de 5 de enero de 200112, se extendió al Derecho
Administrativo. Allí se precisó que en los procesos contencioso
administrativos sólo era procedente en los conflictos de carácter
particular y contenido económico, es decir, aquellos que se
tramitaran en ejercicio de las acciones previstas en los artículos
85, 86 y 87 del CCA.
En dicha Ley, se previó que la conciliación en asuntos
contencioso administrativos podría ser prejudicial; para tal fin,
no constituía un requisito de procedibilidad de la acción.
Por su parte, la Ley 446, que modificó la Ley 23, estableció en el
artículo 70, que el artículo 59 de la anterior Ley quedaría así:
Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59
de la Ley 23 de 1991, quedará así:
“Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas
prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a
través sus representantes legales o por conducto de apoderado,
sobre conflictos de carácter particular y contenido
económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción
de lo contencioso administrativo a través de las acciones
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo
75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que
en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.
Parágrafo 2º. No puede haber conciliación en los asuntos
que versen sobre conflictos de carácter tributario”.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)
Así las cosas, para ese momento la conciliación en las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho era posible de forma
judicial o prejudicial, pero en ningún momento, constituía un
requisito de procedibilidad de la acción.
10
Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se
dictan otras disposiciones.
11
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
12
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.
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Asimismo, según el texto transcrito, sólo era viable para los
asuntos de carácter particular y de contenido económico, pero
nunca en asuntos de carácter tributario.
Fue a partir de la entrada en vigor del artículo 37 de la Ley 640,
en cumplimiento del Decreto 131 de 23 de enero de 200113 y
según la corrección que le hizo el artículo 2º de éste, que se
dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad en
algunas acciones previstas en el CCA. Allí se estableció:
“[…] ARTICULO 37. Requisito de procedibilidad en asuntos
de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera
de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo, las partes, individual o
conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación
extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La
solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación
enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las
pruebas que fundamenten las pretensiones”.14
En dicho momento legislativo, la conciliación, como requisito de
procedibilidad, era exigible únicamente para las acciones de
reparación directa y de controversias contractuales (artículos 86
y 87 del CCA.).
De tal forma, que fue con la expedición de la Ley 1285 de 22 de
enero de 200915 que se estableció la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la
mencionada Ley (reglamentado por el Decreto 1716 de 14 de
mayo de 200916), los asuntos conciliables son los siguientes:
“ARTÍCULO 13. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de
1996 el siguiente:
13
Por el cual se corrigen yerros de la Ley 640 de 2001, "por la cual se modifican normas relativas a la
conciliación y se dictan otras disposiciones"
14
El motivo de la corrección reseñada se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de
2001, así: “Que en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador sólo aprobó
referenciar los artículos 86 y 87 del mismo Código, tal como consta en el texto aprobado en segundo
debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la Comisión Accidental de Conciliación,
aprobado por las plenarias de las Cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000” . El artículo 2º del
mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho por esta Sala, en sentencia de
30 de enero de 2004, expediente núm. 6914, consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau de
Lafont Pianeta, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se interpuso
contra el mismo.
15
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
16
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
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“Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia
contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley,
cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá
requisito de procedibilidad de las acciones previstas en
los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el
adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)
De conformidad con la norma transcrita, la Sala observa que es
exigible agotar el requisito de procedibilidad de la acción de la
referencia, en el evento en que los actos administrativos
censurados contengan derechos que se puedan conciliar.
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera necesario verificar
si el presente asunto era conciliable y, en consecuencia, si era
obligación de la parte actora aportar constancia del agotamiento
de este presupuesto.
Para el efecto, la Sala reitera que dicho requisito se entenderá
cumplido de acuerdo con lo previsto en la Ley 640, cuando se
efectúe la audiencia sin que se logre el acuerdo o cuando
vencido el término de 3 meses contados a partir de la
presentación de la solicitud, la audiencia no se hubiere celebrado
por cualquier causa. En este último evento, se podrá acudir
directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la
solicitud de conciliación.
En todo caso, es posible acudir directamente a la jurisdicción
cuando bajo la gravedad del juramento, que se entiende
prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que
se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo
del demandado o que éste se encuentra ausente y no se conoce
su paradero.
Así las cosas, los asuntos conciliables en las acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho están guiados por la disposición
que se tenga sobre el bien jurídico objeto del acto
administrativo, es decir, al tenor de la Ley 446, los que sean
susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que
expresamente determine la Ley.
En el caso sub examine se observa que la controversia
involucra un contenido económico y es posible conciliar
sus efectos, en la medida en que a través del acto
administrativo acusado se determinó el precio
indemnizatorio fijado en el procedimiento de expropiación
administrativa sobre el inmueble de propiedad de la
sociedad actora, respecto del cual no estuvo de acuerdo y
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constituye el fundamento de la demanda, en cuanto exige
que se ajuste a un mayor valor.
Lo anterior, evidencia que las pretensiones formuladas en el
caso bajo examen sí están encaminadas a obtener una
compensación mayor frente al precio reconocido por la
administración Municipal de Medellín por el predio que era de
SUMIDROGAS, lo que devela el interés económico y, por tanto,
el carácter dispositivo de su reclamo, lo que ubica la
controversia como un asunto conciliable, de ahí la exigencia
de agotar la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad […]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, la Sección Primera, en providencia de 13 de
junio de 201917, sostuvo que era obligatorio agotar el requisito de
procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial previsto en
el artículo 161, numeral 1, del CPACA, en los procesos que se
solicita la nulidad de los actos que resuelven sobre la expropiación
por vía administrativa, así:
“[…] En atención a lo anterior, en el caso sub examine la
controversia gira en torno de determinar si el requisito de
procedibilidad de que trata el numeral 1° del artículo 161 del
CPACA, es aplicable al caso bajo estudio, en el sentido de
precisar si la acción especial contencioso-administrativa de
expropiación por vía administrativa es o no conciliable.
Para resolver, cabe poner de relieve que esta Sección, en auto
de 16 de marzo de 201218, con ponencia de la Magistrada María
Elizabeth García González, analizó la conciliación como requisito
de procedibilidad en la controversia de expropiación
administrativa de que trata la Ley 388 de 1997, en los
siguientes términos:
“[…] a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley
640 de 2001, tal como fue publicada en el Diario Oficial No.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Providencia de 13 de
junio de 2019. Radicación número: 25000-23-41-000-2018-00690-01; M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
18
Consejo de Estado, Sección Primera, 16 de marzo de 2012, Expediente 2010-00089-01, Consejera
ponente María Elizabeth García González, Actores: Héctor Armando Cárdenas y otros.
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44.303 de 24 de enero de 2001, en cumplimiento del Decreto
131 de 2001 y según la corrección que le hizo el artículo 2º de
éste, que se dispuso la conciliación como requisito de
procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código
Contencioso Administrativo. Allí se estableció:
«ARTICULO 37. Requisito de procedibilidad en asuntos de
lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de
las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo, las partes, individual o
conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación
extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La
solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación
enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las
pruebas que fundamenten las pretensiones».19
En dicho momento legislativo, la conciliación, como requisito de
procedibilidad, sólo era exigible en las acciones de reparación
directa y de controversias contractuales (Artículos 86 y 87 del
C.C.A.).
De tal forma, que fue con la expedición de la Ley 1285 de
2009 que, se estableció la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Ahora bien, para el caso concreto, es pertinente tener en cuenta
la Ley 388 de 1997, que regula, entre otros asuntos, la
expropiación administrativa, cuyos artículos 71 y 72 son del
siguiente tenor:
«Artículo 71º.- Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede
acción especial contencioso-administrativa con el fin de
obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro
meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se
someterá a las siguientes reglas particulares:
[…]
19
El motivo de la corrección reseñada se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de
2001, así: “Que en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador sólo aprobó
referenciar los artículos 86 y 87 del mismo Código, tal como consta en el texto aprobado en segundo
debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la Comisión Accidental de Conciliación,
aprobado por las plenarias de las Cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000” . El artículo 2º del
mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho por esta Sala, en sentencia de
30 de enero de 2004, expediente núm. 6914, consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau de
Lafont Pianeta, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se interpuso
contra el mismo.
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Artículo 72º.- Aplicación del procedimiento a otros casos de
expropiación por vía administrativa. El trámite para la aplicación
de la expropiación por vía administrativa previsto en este
Capítulo se aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan
autorizado, siempre y cuando expresamente no se hubiere
definido otro procedimiento.» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
En virtud de lo anterior, resulta claro para la Sala que los
actos administrativos que contienen decisiones relativas a
la expropiación administrativa y/o a la indemnización
reconocida por dicho concepto, son atacables en vía
judicial a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo
85 del C.C.A., con unas reglas particulares mencionadas
en el transcrito artículo 71. Por consiguiente, en el
presente caso, por tratarse de una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho le es aplicable la Ley 1285
de 2009, es decir la exigencia de la conciliación
extrajudicial como requisito de procedibilidad […]”.
(negrillas y subrayas fuera de texto)
Así las cosas, es evidente que al presente asunto le
correspondía a la parte actora agotar el requisito de
procedibilidad de que trata el numeral 1° del artículo 161
del CPACA, razón por la cual el señor Humberto García
Celi, previamente a acudir ante la jurisdicción contencioso
administrativa, debió agotar el requisito de la conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, en el presente asunto el Magistrado Sustanciador
del proceso mediante auto de 31 de julio de 2018, inadmitió la
demanda, con miras a que el demandante, entre otros
documentos, allegara al expediente la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial; sin embargo, la apoderada judicial de la parte
actora no subsanó la demanda en tal aspecto, manifestando que
dicho requisito no está consagrado en la Ley 388 de 1997 y, por
consiguiente, no le era exigible el agotamiento del mismo.
En este contexto, observa la Sala que las pretensiones de la
demanda se dirigen al reconocimiento de una suma de dinero
por concepto de indemnización producto del procedimiento de
expropiación por vía administrativa, surtido por el IDU sobre un
inmueble de propiedad del demandante, lo que significa que en
el caso bajo examen, se está controvirtiendo la legalidad de
unos actos administrativos, los cuales poseen un contenido
económico que resulta conciliable […]”.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso
bajo examen debía agotarse el requisito de procedibilidad
consistente en la conciliación extrajudicial, toda vez que de la
lectura de las pretensiones de la demanda y de la revisión de la
Resolución núm. 000363 de 31 de enero de 2017 se desprende que
estos tienen un contenido económico que resulta conciliable,
conforme con lo expuesto en la jurisprudencia anteriormente
citada.
Asimismo, de acuerdo con las pruebas documentales y anexos que
se acompañaron con la demanda, no existe referencia, documento
o manifestación que permita inferir que la parte actora, previo a la
presentación de esta, radicó la solicitud de conciliación prejudicial
correspondiente. Este hecho descarta su examen o el requerimiento
de oficio para verificar tal circunstancia.
Por ello, la Sala revocará la decisión recurrida y, en su lugar,
declarará probada de oficio la excepción de “falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial”.
En consecuencia, la Sala se relevará de estudiar los argumentos
expuestos por la parte recurrente comoquiera que en el presente
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caso no había lugar a efectuar pronunciamiento de fondo sobre la
legalidad del precio indemnizatorio establecido en el acto acusado.
Sobre este particular, la Sala en providencia de 21 de mayo de
201520, reiterada en sentencia de 9 de mayo de 202421, sostuvo:
“[…] Para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho el Código Contencioso
Administrativo en concordancia con la Ley 1285 de 2009 y su
Decreto Reglamentario el Decreto 1716 de 2009 ordenaron que
debían acreditarse los siguientes requisitos: (i) agotar la
vía gubernativa (artículos 135 y 138 del C.C.A.) (ii) solicitar de
manera previa a la presentación de la demanda la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la
Nación en cumplimiento del artículo 28 de la Ley 1285 de
2009 y el mencionado decreto reglamentario, y (iii)
presentar la demanda dentro de un término especial dispuesto
en el numeral dos del artículo 136 del C.C.A. que es de cuatro
(4) meses contados a partir de la notificación del acto.
[…] Revisado el expediente se observa que la actora no allegó la
constancia de la solicitud de conciliación prejudicial, lo que indica
que no cumplió con el requisito de procedibilidad indicado para
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[…] Lo anterior implica que de manera forzada la Sección
declare probada la excepción de falta de agotamiento del
mencionado requisito y en consecuencia emita un fallo
inhibitorio, pues tal circunstancia impide que se resuelva
de fondo la petición de la demandante22. […]” (Destacados
de la Sala)
Lo anterior no obsta para aclarar que en tratándose de los
requisitos de forma de la demanda, el juez de conocimiento
orientado bajo la regla de proscripción de las decisiones
inhibitorias y que estas solo se adopten en “casos extremos en
20
Consejo de Estado, Sección Primera, nro. único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00024-01,
Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de
mayo de 2024. Radicación número: 05001 23 31 000 2012 00175 01. M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
22
“[…] En la Sentencia C-258 de 2008, la Corte Constitucional definió así los fallos inhibitorios:
“Decisiones judiciales inhibitorias son aquellas que, por diversas causas, ponen fin a una etapa
procesal sin decidir de fondo el asunto que se le plantea al juez, es decir, sin adoptar resolución de
mérito; por tanto, el problema que ha sido llevado a la justicia queda sin resolver […]”.
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los cuales el juez establezca con seguridad que no tiene
otra alternativa”23, le está permitido examinar las
circunstancias que afectarían el pronunciamiento para
determinar si es posible superarlo de manera excepcional, como
ha ocurrido en casos aceptados por la jurisprudencia24.
De todo lo expuesto, se concluye que en este caso no procede el
fallo de fondo al no haberse probado el agotamiento del
requisito de la conciliación prejudicial, pues tal ausencia
impone por la naturaleza del requisito y la imposibilidad
de una alternativa que promueva la decisión de fondo,
declarar probada de oficio la excepción de falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial, con fundamento en el artículo
163 del CCA25.
Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, declarará probada de oficio la excepción
de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación prejudicial y se inhibirá para pronunciarse de fondo,
por las razones antes expuestas […]”.
VI. 2 COSTAS PROCESALES
De conformidad con lo previsto en el artículo 18826 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP27, esto es, en
23
Al respecto se pueden examinar las sentencias de la Corte Constitucional: C-666 DE 1999, T-134 E
2004, T-609 de 2014 y T-031 de 2018, entre otras.
24
En reciente fallo la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la providencia que declaró
probada de oficio la excepción de falta de integración de los actos acusados. En este evento la
situación excepcional para privilegiar la decisión de fondo se fundó en el hecho de que al admitirse la
demanda el juez aludió a los anexos, donde estaba el acto que se echó de menos y además, el
requisito de procedibilidad de la caducidad se estudió a partir del acto que no se enunció en las
pretensiones de la demanda pero que de no ser así hubiese impedido contabilizar su ejercicio
oportuno. El fallo para consultar es de 1° de febrero de 2024 Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. Radicación: 08001-23-31-000-2010-00307-01. Demandante: Sociedad Comercial
Distribuidora de Combustibles S.A. SOCODIS S.A. Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y la Región Caribe S.A. EDUBAR S.A. C.P. Oswaldo Giraldo López y salvamentos de voto
de los doctores Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Hernando Sánchez Sánchez.
25
“Artículo 164. Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de
fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en
lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la "reformatio in pejus".”
26
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00698-01
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aplicación de un criterio objetivo valorativo 28, corresponde
examinar si hay lugar a condenar a la parte apelante, en los
términos del numeral 1 del artículo 36529 ibidem, al pago de las
costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso30 y por las agencias en derecho31“. Así, producto de la
comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le
corresponde a la Sala fijar el valor de las costas en el componente
de agencias en derecho al verificarse en esta instancia la
intervención de la parte vencedora. Por su parte, las expensas y los
gastos del proceso, y por ser estos previamente determinados por
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
27
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
28
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
29
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
30
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2017-00698-01
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auto o acto que lo acredite durante la actuación procesal, su fijación
se sujeta a la liquidación32 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
Según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral
133 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 34, la Sala se abstendrá de
fijar agencias en derecho, toda vez que de conformidad con lo
previsto en el artículo 18835 del CPACA en armonía con el numeral 8
del artículo 365 del CGP36, esto es, en aplicación de un criterio
objetivo valorativo37, corresponde examinar si hay lugar a condenar
32
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
33
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
34
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
35
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
36
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
37
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
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a la parte apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36538
ibidem, al pago de las costas en esta instancia.
Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso39 y por las agencias en derecho40“. Así, producto de la
comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le
corresponde a la Sala fijar el valor de las costas en el componente
de agencias en derecho al verificarse en esta instancia la
intervención de la parte vencedora. Por su parte, las expensas y los
gastos del proceso, y por ser estos previamente determinados por
auto o acto que lo acredite durante la actuación procesal, su fijación
se sujeta a la liquidación41 que realice el secretario del Tribunal a
quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.
38
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
39
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
40
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
41
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
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Entonces, en cumplimiento de lo previsto en los numeral 142 del
artículo 365 y 4 del 366 del CGP 43, la Sala se abstendrá de fijar
agencias en derecho, toda vez que la decisión inhibitoria producto
de la declaratoria de oficio de la excepción de agotamiento del
requisito de procedibilidad impide que se identifique como vencida a
la entidad demandada, motivo más que suficiente para abstenerse
de dicha condena en aplicación de la referida regla 1 del artículo
365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de febrero de 2020,
proferida por la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones
42
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].”
43
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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de la demanda y, en su lugar, dispone: DECLARAR probada de
oficio la excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad de la conciliación prejudicial y, en consecuencia, se
INHIBE para pronunciarse de fondo en el presente asunto, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas, en esta
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de febrero de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
Salva voto parcial
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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