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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02058-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2015-02058-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia de 7 de febrero de 2019 y, en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de caducidad de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las Resoluciones 3124 de 19 de enero de 2015, 3125 de 19 de enero de 2015, 3126 de 19 de enero de 2015 y 26616 de 14 de abril de 2015, y de las Resoluciones 14983 de 3 de marzo de 2015, 15007 de 4 de marzo de 2015, 15500 de 6 de marzo de 2015 y 36914 de 26 de mayo de 2015 que las confirmaron, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: SIN COSTAS en ambas instancias. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2015-02058-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: ISAURO CÁCERES MEDINA Y OTRO
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y OTRO
Vinculado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. Los señores Isauro Cáceres Medina y Julia Elizabeth Vargas Peña en ejercicio
de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19971, presentaron demanda en la que
formularon las siguientes pretensiones:

“[…] A. Declarar nula la resolución 77837 del 01 de septiembre de 2014, emitida por
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL DE (sic)
DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA
DE COMPRA” para el predio de matrícula inmobiliaria 50C-1280518.

B. Declarar nula la resolución 96868 del 1 de noviembre de 2014, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, "POR LA CUAL DE (sic)
DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA
DE COMPRA" para el predio de matrícula inmobiliaria 50C-1280519.

C. Declarar nula la resolución 96872 del 02 de noviembre de 2014, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL DE (sic)
DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA
DE COMPRA” para el predio de matrícula inmobiliaria 50C-1280520.

1
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

D. Declarar nula la resolución 105314 del 22 de diciembre de 2014, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL DE (sic)
DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA
DE COMPRA” para el predio de matrícula inmobiliaria 50C-1280517.

E. Declarar nula la resolución 3.124 del 19 de enero de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280518.

F. Declarar nula la resolución 3.125 del 19 de enero de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280519.

G. Declarar nula la resolución 3.126 del 19 de enero de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280520.

H. Declarar nula la resolución 26.616 del 14 de abril de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR LA CUAL SE ORDENA
UNA EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280517.

I. Declarar nula la resolución 14.983 del 03 de marzo de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR EL CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280518, y confirma la resolución Por medio de resolución (sic)
3.124 del 19 de enero de 2015.

J. Declarar nula la resolución 15.007 del 04 de marzo de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, “POR EL CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280519, y confirma la resolución Por medio de resolución (sic)
3.125 del 19 de enero de 2015.

K. Declarar nula la resolución 15.500 del 06 de marzo de 2015, emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, "POR EL CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280520, y confirma la resolución 3.126 del 19 de enero de 2015.

L. Declarar nula la resolución 36.914 del 26 de mayo de 2015: emitida por el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, por intermedio de la Directora
Técnica de Predios, María Del Pilar Grajales Restrepo, "POR EL CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" para el predio de matrícula
inmobiliaria 50C-1280520, y confirma la resolución 26.616 del 14 de abril de 2015.

2. Que como consecuencia de lo anterior, y como restablecimiento del derecho se
ordene pagar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU, las sumas que le
logren acreditar en el presente juicio por concepto de mayor valor comercial del
predio, lucro cesante y daño emergente.

3. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de establecido
en el artículo 176 del C.C.A.

3

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

4. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses
comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.

5. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el
artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de
la expropiación la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le,
ponga fin al proceso […]” (negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

2. La parte demandante indicó que es propietaria de los inmuebles identificados
con los folios de matrícula inmobiliaria 50C-1280517, 50C-1280518, 50C-1280519
y 50C-1280520.

3. Señaló que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ordenó mediante las
Resoluciones 77837 de 1 de septiembre de 20142, 96868 de 1.º de noviembre de
20143, 96872 de 2 de noviembre de 20144 y 105314 de 22 de diciembre de 20145,
la adquisición de los referidos inmuebles por el procedimiento de expropiación por
vía administrativa y formuló la correspondiente oferta de compra.

4. Sostuvo que el IDU ordenó en las Resoluciones 31246, 31257 y 31268 de 19 de
enero de 2015 y 26616 de 14 de abril de 2015, la expropiación por vía administrativa
de los inmuebles antes mencionados.

5. Manifestó que interpuso recurso de reposición contra los anteriores actos
administrativos, resueltos mediante las Resoluciones 14983 de 3 de marzo de
20159, 15007 de 4 de marzo de 201510, 15500 de 6 de marzo de 201511 y 36914 de
26 de mayo de 201512, en el sentido de confirmar las decisiones recurridas.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

6. La parte demandante sostuvo que las resoluciones demandadas vulneraron los
artículos 2.º, 6.º, 25, 29, 90 y 125 de la Constitución Política; 61, 67 y 71 de la Ley
388 de 18 de julio de 1997; 20, 21, 22, 24 y 25 del Decreto 1420 de 24 de julio de
199813; 16 de la Ley 446 de 7 de julio de 199814; 1.º y 3.º de la Resolución 762 de
23 de octubre de 199815.

7. Indicó que el IDU no reconoció el valor comercial real de los predios expropiados
vulnerando con ello los artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 1997 y 20 a 25 del Decreto

2
“[…] POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
3
“[…] POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICION DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
4
“[…] POR LA CUAL DE DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
5
“[…] POR LA CUAL DE DETERMINA LA AQUISICIÓN DE UN INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA […]”.
6
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
7
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
8
“[…] POR LA CUAL SE ORDENA UNA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA […]”.
9
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]”.
10
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]”.
11
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]”.
12
“[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN […]”.
13
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos […]".
14
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
15
“[…] Por la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997 […]”.

4

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

1420 de 1998. Por lo tanto, la acción especial de nulidad y restablecimiento del
derecho era procedente para controvertir el monto reconocido, de conformidad con
lo previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.

8. Agregó que la expropiación judicial y administrativa se rigen por el principio de
reparación integral, según la cual la indemnización debe reconocer la totalidad de
los perjuicios causados, incluidos el daño emergente y el lucro cesante, tal y como
lo señalan los artículos 90 de la Constitución Política; 16 de la Ley 446 de 1998; 62
y 71 de la Ley 388 de 1997; y 21, 22 y 24 del Decreto 1420 de 1998, así como las
sentencias C-153 de 1994 y C-1074 de 2002.

9. Señaló que los avalúos oficiales que sirvieron de fundamento para la
expropiación de los predios no cumplen integralmente las metodologías aplicables
ni explican la forma en que se obtuvieron los valores correspondientes, con lo cual
infringieron los artículos 1 y 3 de la Resolución 762 de 1998 y 25 del Decreto 1420
de 1998.

10. Explicó que los avalúos oficiales no tuvieron en cuenta los parámetros y criterios
previstos en el artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, particularmente la localización
de los predios y la posibilidad de su unificación para mejorar las condiciones
urbanísticas del sector. Tampoco se consideró el dinero que dejaría de percibirse
por concepto de los cánones de arrendamiento del parqueadero.

11. Complementó que se omitió lo relativo a la cancelación y terminación unilateral
de los contratos y las penalidades generadas además de las mejoras realizadas por
el inquilino, en consecuencia, se vulneró el artículo 67 de la Ley 388 de 1997.

12. Alegó que el IDU desconoció los criterios fijados por la Corte Constitucional en
la sentencia C-878 de 2005, pues contaba con el avalúo catastral de los predios
registrado en el impuesto predial de 2014, pero fijó indemnizaciones menores a los
datos allí consignados.

13. Expresó que los avalúos oficiales adolecen de un grave error y vulneran la
Resolución 620 de 2008, por cuanto la muestra utilizada para la aplicación del
método de comparación resulta insuficiente y no tienen en cuenta la información
suministrada por la Lonja de Propiedad Raíz ni los estudios elaborados por
empresas como la Casa Editorial El Tiempo. Incluso los cuatro predios permiten un
desarrollo inmobiliario multifamiliar que no fue tenido en cuenta por el avaluador al
estimar el precio del inmueble.

I.2. Contestaciones de la demanda

14. Las entidades demandadas presentaron de forma extemporánea sus escritos
de contestación16.

16
El magistrado sustanciador mediante auto de 20 de octubre de 2017 indicó que: “[…] la contestación a la demanda realizada
por las demandadas es extemporánea razón por la cual no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de la referencia […]”.
El Instituto de Desarrollo Urbano propuso las excepciones “[…] FALTA DE ELEMENTOS QUE DESVIRTUEN LA
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATACADOS […]” y “[…] LEGALIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS […]”. Por su parte la Secretaría Distrital de Movilidad propuso las excepciones de “[…]
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA […]”; “[…] INEPTA DEMANDA POR FALTA DE AGOTAMIENTO
DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD […]”; “[…] CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO […]”; “[…] INEXISTENCIA DE CAUSAL DE NULIDAD […]”; y “[…] GENÉRICA […]”.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

15. Por auto de 17 de junio de 201617, el magistrado sustanciador admitió la
demanda, vinculó al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Movilidad y
ordenó la notificación de las entidades demandadas y del Ministerio Público.
16. En providencia de 20 de octubre de 201718 se dio apertura a la etapa probatoria
del proceso y negó el decreto de prueba consistente en los antecedentes
administrativos por cuanto estos se encontraban en la contestación de la demanda.

17. En auto de 11 de diciembre de 201719 se rechazó por improcedente el recurso
de reposición y en subsidio apelación de la parte demandada contra el auto de 20
de octubre de 2017 y se requirió al perito para que aportara los dictámenes
periciales decretados.

18. El 23 de enero de 201820 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
realizó la contradicción del dictamen pericial.

19.Mediante el auto de 8 de febrero de 201821 se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión.

20. La parte demandante22, el Instituto de Desarrollo Urbano23 y el Distrito Capital
de Bogotá - Secretaría Distrital de Movilidad24 presentaron alegatos de conclusión.
El Ministerio emitió concepto en el que solicitó negar las pretensiones25.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

21. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de febrero de 201926, negó las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO.- INHÍBESE la Sala de pronunciar sentencia de fondo en relación con
los siguientes actos administrativo (sic) de trámite, por cuanto carecen de control
jurisdiccional: Resoluciones Nros. 77837 de 1° de septiembre de 2014, 96868 de 1°
de noviembre de 2014, 96872 de 2 de noviembre de 2014 y 105314 de 22 de
diciembre de 2014, señaladas en las pretensiones a), b), c) y d) de la demanda,
conforme a las razones expresadas en la presente providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRASE de oficio las excepciones de “falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Secretaría Distrital de Movilidad”, por las razones expuestas
en la presente providencia.

TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CUARTO.- Por Secretaría, se devolverá al actor el remanente de los gastos de
proceso, previa liquidación.

QUINTO.- CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en consecuencia, por
Secretaría, LIQUIDÁNSE las costas procesales, de conformidad con la parte motiva
de esta decisión

17
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “TRAMITE DE PAGO(.pdf) NroActua 14”.
Página 269 y siguientes.
18
Ibidem, página 398 y siguientes.
19
Ibidem, página 459 y siguientes.
20
Ibidem, página 492 y siguientes.
21
Ibidem, página 503 y siguientes.
22
Ibidem, página 543 y siguientes.
23
Ibidem, página 508 y siguientes.
24
Ibidem, página 529 y siguientes.
25
Ibidem, página 521 y siguientes.
26
Ibidem, página 586 y siguientes.

6

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

SEXTO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria. […]” (negrilla del texto).

22. El tribunal se inhibió para pronunciarse respecto de los actos administrativos de
trámite cuestionados en la demanda, al no ser pasibles de control judicial.

23. Advirtió
que no resolvería las excepciones formuladas por las entidades
demandadas por cuanto las contestaciones se presentaron por fuera del término del
traslado.

24.Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital de
Bogotá - Secretaría Distrital de Movilidad porque no existe nexo causal entre las
acciones u omisiones señaladas por los demandantes, al no ser expedidos los actos
demandados por esa entidad.

25. Señalóque no se pronunciaría en relación con la objeción por error grave
presentada por el IDU sobre el dictamen pericial, por cuanto no era el momento
procesal oportuno para su contradicción.

26. Precisó que el avalúo comercial presentado con la demanda no cuestiona la
determinación del valor comercial asignado a los inmuebles expropiados. Se centró
en el valor el metro cuadrado del terreno, para lo cual el perito aplicó además del
método de comparación o de mercado, el ajuste por condición de formas de predios
irregulares.

27. Indicó que el avalúo oficial partió del comparativo de los inmuebles investigados
con inmuebles de características similares determinando para cada lote la suma de
$1.250.000 m2 de terreno para lotes de menor cabida superficiaria. De igual forma,
tuvo en consideración la forma y fondo, realizando un ajuste por efecto del área de
terreno que arrojó una cifra de $1.050.000.

28. Aclaró que el IDU realizó un ajuste por la condición de forma irregular de los
predios. Una vez efectuado dicho ajuste, analizó las características particulares de
cada inmueble, tanto de fondo como de forma, lo que lo llevó a asignar valores
diferenciados. En particular, al predio ubicado en la calle 63 Bis n.º 120 A-24 le
otorgó un mayor valor del suelo, por tratarse de un inmueble con dos frentes, uno
de ellos sobre una vía pavimentada. Por esta razón, fijó el valor del terreno en
$1.100.000 por m².

29. Señaló que el valor del metro cuadrado para cada uno de los inmuebles
expropiados se utilizó para calcular el valor del terreno. Por su parte el perito utilizó
las áreas de cada uno de los inmuebles expropiados para determinar el valor del m2
señalando que debía reconocerse un valor mayor.

30. Consideró que “[…] el artículo 12 de la Resolución IGAC 620 de 2008 antes
mencionada hace referencia a que el ajuste se utiliza es para avaluar los lotes de
forma irregular comparables respecto de los lotes investigados, por lo que, el
resultado generado de la fórmula se tiene como base para la determinación del valor
del m2 de terreno y no, como lo ha hecho el perito, realizar un nuevo cálculo
matemático para determinar valores adicionales […]”.

31. Sostuvo que el avalúo oficial elaborado por la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital - UAECD aplicó los métodos valuatorios legalmente previsto e

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identificó las características físicas y urbanísticas del inmueble para determinar su
valor comercial. Aunado a ello, como la expropiación tenía como finalidad la
construcción de la Avenida José Celestino Mutis (AC 63) entre las carreras 114 y
122, no era pertinente evaluar en el avalúo los eventuales beneficios urbanísticos
derivados de una futura unificación de los predios.

32. Indicó que el contrato de arrendamiento aportado carecía de información
suficiente para identificar el inmueble, sus características y su vigencia al momento
de la expropiación, razón por la cual no constituía prueba idónea para acreditar el
lucro cesante reclamado.

33. Asimismo, señaló que la indemnización por expropiación tenía una finalidad
estrictamente compensatoria, por lo que no procedía reconocer conceptos distintos
a los previstos en la ley. En consecuencia, consideró improcedente tener en cuenta
los cálculos elaborados la lonja de propiedad raíz o los estudios de empresas
privadas, como la Casa Editorial El Tiempo, para determinar el valor de los
inmuebles expropiados.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

34. La parte demandante afirmó27 que el dictamen pericial no se objetó y que se
entendía incorporado al plenario. Por medio de este se señaló que las medidas
valuatorias del IDU no se determinaron de conformidad con las normas y que no fue
valorado por el tribunal a partir de las reglas de la sana crítica.

35. Sostuvo que el a quo desestimó injustificadamente el dictamen pericial al
efectuar un análisis jurídico de aspectos eminentemente técnicos regulados por la
Resolución 620 de 2008 del IGAC, pese a que esta contiene criterios especializados
cuya aplicación corresponde a profesionales en materia de avalúos y no a los
jueces.

36. Indicó que el dictamen pericial acreditó la existencia de errores técnicos en los
avalúos oficiales practicados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital - UAECD, particularmente en la aplicación del ajuste por condición de forma
de predios irregulares y en el manejo del algoritmo empleado para determinar dicho
ajuste. Por lo tanto, la controversia no radica en determinar si los inmuebles eran o
no irregulares, sino en establecer que la entidad desconoció la Resolución 620 de
2008.

37. Manifestó que los avalúos oficiales vulneran el artículo 61 la Ley 388 de 1997.
Además, se desconoció injustificadamente el lucro cesante derivado de los cánones
de arrendamiento. El contrato de arrendamiento aportado al proceso contenía una
cláusula de renovación automática, la cual no fue valorada por el a quo, de manera
que, aunque el contrato inicial tenía como fecha de terminación el año 2008, este
continuaba vigente por ministerio de dicha estipulación. Ese contrato se refiere a los
4 predios porque estos conformaban un solo lote y se encontraban arrendados a los
mismos arrendatarios.

27
Ibidem, página 636 y siguientes.

8

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Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

38. Mediante auto de 3 de abril de 201928, el magistrado sustanciador en primera
instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado
por la parte demandante.

39. Esta autoridad judicial, a través de auto de 7 de junio de 201929, admitió el
recurso de apelación, notificó a las partes y corrió traslado para que presentaran
sus alegatos de conclusión. Igualmente, se notificó al Ministerio Público

40. La parte demandante30, la Secretaría Distrital de Movilidad31 y el IDU32
presentaron alegatos de conclusión. Por su parte, el Ministerio Público guardó
silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

41. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; y
iii) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1333 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201934, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

V.2. Los actos administrativos demandados

43. En la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones 77837 de 1.º de
septiembre de 2014, 96868 de 1.º de noviembre de 2014, 96872 de 2 de noviembre
de 2014 y 105314 de 22 de diciembre de 2014.

44.También se solicitó la nulidad de la Resolución núm. 3124 de 19 de enero de
201535, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en
CL 63 BIS B 120A 18, de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 104.40 M2 de
terreno, identificado con la cédula catastral 0056741080000000/CHIP
AAA0144EBFT y matrícula inmobiliaria 50C-1280518, cuyos titulares inscritos objeto
de expropiación señores ISAURO CÁCERES MEDINA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.150.925 y JULIA ELIZABETH VARGAS PEÑA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 39.533.389, conforme al registro topográfico número 42520,
donde aparece debidamente delimitado, en un área de 104.40 M2 de terreno, muro

28
Ibidem, página 653 y siguientes.
29
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua
14”. Página 7 y siguientes.
30
Ibidem, página 15 y siguientes.
31
Ibidem, página 20 y siguientes.
32
Ibidem, página 29 y siguientes.
33
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
34
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
35
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “TRAMITE DE PAGO(.pdf) NroActua 14”.
Página 71 y siguientes.

9

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

de cerramiento de 16.00 M2, portón metálico de 10.00 M2, y zona dura de 68.71 M2,
alinderado así: Por el NORTE: Del punto A al punto B, en línea recta y en distancia
de 17.80 M2, lindando con propiedad particular. Por el ORIENTE: Del punto B al
punto C, en línea recta y en distancia de 6.00 M2, lindando con propiedad particular.
Por el SUR: Del punto C al punto D, en línea recta y en distancia de 16.90 M2,
lindando con propiedad particular y Por el OCCIDENTE: Del punto D al punto A en
línea recta y distancia de 6.00 M2, lindando con CL 63 BIS B.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($118.385.595) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de avalúo comercial terreno y construcción, de acuerdo al INFORME
TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2014-0553, de fecha 18 de junio de 2014,
elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL e
Informe de Reconocimientos Económicos de Noviembre 10 de 2014, R.T. 42520 […]
(negrilla fuera del texto).

45.La Resolución núm. 38145 de 28 de mayo de 2015, que modificó la Resolución
núm. 3124 de 2015, cuya parte resolutiva es:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 3124 del 19 de enero de
2015, en el artículo segundo el cual quedará así:

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($118.385.595) MONEDA CORRIENTE,
el citado valor comprende: A) CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($116.970.600) MONEDA CORRIENTE por
concepto de avalúo comercial terreno y construcción, B La suma de UN MILLON
CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($1.414.995) MONEDA CORRIENTE, corresponde al concepto de daño emergente,
de acuerdo al INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2014-0553 de fecha
18 de junio de 2014, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
CATASTRO DISTRITAL e Informe de Reconocimientos Económicos de Noviembre
19 de 2014, R.T. 42520.

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 3124 del
19 de enero de 2015 […]” (negrilla fuera del texto).

46. La Resolución 3125 de 19 de enero de 201536, en la que se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en
CALLE 63 BIS B 120A-12, de la ciudad de Bogotá D.C., con extensión de 112.05 M2
de terreno, con cédula catastral 56C 120A 12, CHIP AAA0144EBHY y matrícula
inmobiliaria 50C-1280519, cuyos titulares inscritos objeto de expropiación señores
ISAURO CÁCERES MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No 19.150.925
y JULIA ELIZABETH VARGAS PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía No
39.533.389, conforme al registro topográfico número 42521, donde aparece
debidamente delimitado en un área de 112.05 M2 de terreno, muro de cerramiento de
27.00 M2, zona dura de 112.05 M2, alinderado así: Por el NORTE: Del punto A al
punto B, en línea recta y en distancia de 16.90 M, lindando con propiedad particular,
Por el ORIENTE: Del punto B al punto D, pasando por el punto C, en distancias
parciales de 2.72 M y 3.29 M respectivamente, lindando con propiedad particular, Por
el SUR: Del punto D al punto E, en línea recta y en distancia de 16.20 M lindando con
propiedad particular y Por el OCCIDENTE: Del punto E al punto A, en línea recta y
distancia de 7.50 M, lindando con CL 63 BIS B.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
36
Ibidem, página 78 y siguientes.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($128.227.681,00) MONEDA CORRIENTE.
A) La suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS ($126.076.500,00) MONEDA CORRIENTE por concepto de
avalúo comercial correspondiente a terreno y construcción, B) La suma de DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS
($2.151.181) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización daño
emergente, de conformidad al avalúo comercial del inmueble, de acuerdo al
INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2014-0554 de fecha 18 de junio
de 2014, elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO
DISTRITAL e Informe de Reconocimientos Económicos de enero 19 de 2015, R.T.
42521 […]” (negrilla fuera del texto).

47. La Resolución núm. 3126 de enero de 201537 que indicó en su parte resolutiva:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en
CALLE 63 BIS B 120A-04, de la ciudad de Bogotá D.C., con extensión de 114.50 M2
de terreno, con cédula catastral 56C 120A 13, CHIP AAA0144EBJH y matrícula
inmobiliaria 50C-1280520, cuyos titulares inscritos objeto de expropiación señores
ISAURO CÁCERES MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No 19.150.925
y JULIA ELIZABETH VARGAS PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía No
39.533.389, conforme al registro topográfico número 42522, donde aparece
debidamente delimitado en un área de 114.50 M2 de terreno, enramada de 114.50
M2, y muro de cerramiento de 29.00 M2, alinderado así: Por el NORTE: Del punto A
al punto B, en línea recta y en distancia de 16.20 M, lindando con propiedad particular,
Por el ORIENTE: Del punto B al punto C, en distancia de 6.00 M, lindando con
propiedad particular, Por el SUR: Del punto C al punto D, en línea recta y en distancia
de 15.50 M lindando con propiedad particular y Por el OCCIDENTE: Del punto D al
punto A en línea recta y distancia de 7.50 M, lindando con CL 63 BIS B.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución, es
de CIENTO TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($130.306.998,00) MONEDA CORRIENTE. A) La suma
de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS
($128.120.500) MONEDA CORRIENTE, por concepto de avalúo comercial
correspondiente a terreno y construcción, B) La suma de DOS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($2.186.498) MONEDA CORRIENTE, por concepto de indemnización daño
emergente de conformidad al avalúo comercial del inmueble, de acuerdo al INFORME
TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2014-0555 de fecha 18 de junio de 2014,
elaborado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL e
Informe de Reconocimientos Económicos de enero 20 de 2015, R.T. 42522 […]”
(negrilla fuera del texto).

48. La Resolución núm. 26616 de 14 de abril de 201538 cuya parte resolutiva indica:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía administrativa en favor
del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU NIT 899.999.081-6, del inmueble ubicado en
CALLE 63 BIS B 120A-24, de la ciudad de Bogotá D.C., con un área de 112.80 M2
de terreno identificado con la cédula catastral 0056741090000000, CHIP
AAA0144EBEA y matrícula inmobiliaria 50C-1280517, cuyos titulares del derecho de
dominio inscritos objeto de expropiación son los señores ISAURO CÁCERES
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No 19.150.925 y JULIA ELIZABETH
VARGAS PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía No 39.533.389, conforme al
registro topográfico número 42519, donde aparece debidamente delimitado en un
área de 112.80 M2 de terreno, 1 piso teja de 33.95 M2, 1 piso teja cercha 43.09 M2,
muro de cerramiento 63.60 M2 y zona dura 35.76 M2, alinderado así: Por el NORTE:
Del punto A al punto B, pasando por el punto F en línea recta y en distancias parciales
de 16.20 mts y 3.60 mts, lindando con propiedad particular, Por el ORIENTE: Del

37
Ibidem, página 87 y siguientes.
38
Ibidem, página 94 y siguientes.

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

punto B al punto D, pasando por los punto C y G en línea recta y en distancias
parciales de 3.10 mts, 0.77 mts y 2.13 mts, lindando con propiedad particular, Por el
SUR: Del punto D al punto E, en línea recta y en distancia de 17.80 mts lindando con
propiedad particular y Por el OCCIDENTE: Del punto E al punto A en línea recta y
distancia de 6.00 M, lindando con CL 63 BIS B.

ARTÍCULO SEGUNDO: VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.- El valor del
precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
UN PESOS ($141.583.001) MONEDA, el citado valor comprende: A) La suma de
CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($139.210.850,00) MONEDA CORRIENTE, por concepto de
avalúo comercial terreno y construcción, B) La suma de DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
($2.372.151) MONEDA CORRIENTE por concepto de indemnización daño
emergente, de acuerdo al informe técnico de avalúo comercial: No. 2014-0552 de
fecha 18 de Junio de 2014, practicado por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital de Bogotá D.C., e Informe de Reconocimientos Económicos de
Febrero 05 de 2015 […]” (negrilla fuera del texto).

49.Así como las Resoluciones 14983 de 3 de marzo de 201539, 15007 de 4 de
marzo de 201540, 15500 de 6 de marzo de 201541 y 36914 de 26 de mayo de 201542,
que confirmaron las decisiones recurridas.

V.3. Análisis del caso concreto

50. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201243, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde
a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 7 de febrero de
2019, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.

51. La parte demandante afirmó en la alzada que la sentencia de primera instancia
debía revocarse porque: i) el tribunal desestimó el dictamen pericial y concluyó que
los avalúos practicados por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
se ajustaron a la metodología prevista en la Resolución 620 de 2008 del IGAC y al
artículo 61 de la Ley 388 de 1997; y ii) negó indebidamente el reconocimiento del
lucro cesante derivado de los cánones de arrendamiento, pese a que el contrato de
arrendamiento aportado al proceso acreditaba la continuidad de dicha explotación
económica mediante la cláusula de renovación automática.

52. Antes de resolver los problemas jurídicos, resulta necesario entrar a analizar si
la demanda se presentó dentro del término de caducidad previsto en el artículo 71
de la Ley 388 de 199744, el cual prevé:

“[…] ARTÍCULO 71.- Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-
administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá

39
Ibidem, página 102 y siguientes.
40
Ibidem, página 108 y siguientes.
41
Ibidem, página 114 y siguientes.
42
Ibidem, página 121 y siguientes.
43
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 12 de febrero de 2015, radicación
núm. 68001-23-33-000-2013-01074-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; y sentencia de 10 de octubre de 2022, radicación
núm. 08001-23-31-703-2009-00606-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

12

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria
de la respectiva decisión […]” (negrilla fuera del texto).

53. La caducidad como institución procesal de orden público constituye una figura
en virtud de la cual se “[…] limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las
personas de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando
con ello la posibilidad de controvertir la presunción de legalidad de los actos
administrativos […]”45. Por ser una figura de orden público es irrenunciable y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

54. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1437,
las decisiones se deben notificar en la forma prevista en los artículos 67 a 73 ibid.
El artículo 67 señala que las decisiones que finalizan una actuación administrativa46
deben notificarse personalmente al interesado.

55. El numeral 3. del artículo 87 de la Ley 1437 dispone que los actos
administrativos adquieren firmeza o ejecutoria “[…] Desde el día siguiente al del
vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. […]”.

56. Sobre el cómputo del término de presentación de la demanda previsto en el
artículo 71 de la Ley 388, esta Sección en providencia de 26 de noviembre de
201847, consideró:

“[…] En efecto, el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, señala que en los eventos en los
cuales se pretenda controvertir la decisión de expropiación administrativa o la del
precio indemnizatorio reconocido, procede la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, que debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
ejecutoria de la respectiva decisión […].

Según se desprende de la lectura del mencionado precepto, existe una
disposición expresa del Legislador en orden a entender que el momento a partir
del cual comienza a contabilizarse el término de presentación oportuna de la
acción mencionada no es el de notificación de la decisión que resuelve
expropiar administrativamente o la que fija el precio indemnizatorio, sino la
ejecutoria correspondiente. […]” (negrilla fuera del texto).

57. En el presente caso, los actos que agotaron la vía administrativa fueron las
resoluciones que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones de expropiación, es decir: i) la Resolución 14983 de 3 de marzo de
2015; ii) la Resolución 15007 de 4 de marzo de 2015; iii) la Resolución 15500 de 6
de marzo de 2015; y iv) la Resolución 36914 de 26 de mayo de 2015.

58. Conforme a las constancias de notificación personal que obran en el expediente,
las Resoluciones 14983, 15007 y 15500 se notificaron personalmente al apoderado
de la parte demandante el 25 de marzo de 2015, y quedaron ejecutoriadas el 26 de
marzo de 2015. Por su parte, la Resolución 36914 fue notificada personalmente el
3 de junio de 2015.

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020,
radicación núm: 41001-23-31-000-2000-00659-01, C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
46
El artículo 69 de la Ley 388 establece que el acto que decide la expropiación se notifica al propietario o titular de los derechos
reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y contra esa decisión sólo procede el recurso
de reposición.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de sala de 26 de noviembre de 2018.
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2015-00300-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

59. En el plenario se acreditó lo siguiente:

Resolución que ordena Fecha del Resolución que Fecha del Fecha de notificación de la
la expropiación acto resuelve la acto resolución que resolvió la
reposición reposición
3124 19/01/2015 1498348 03/03/2015 25/03/2015 (notificación personal)
3125 19/01/2015 1500749 04/03/2015 25/03/2015 (notificación personal)
3126 19/01/2015 1550050 06/03/2015 25/03/2015 (notificación personal)
26616 14/04/2015 3691451 26/05/2015 03/06/2015 (notificación personal)

60. Revisado el expediente, no obra prueba de que la parte demandante hubiere
presentado solicitud de conciliación extrajudicial que suspendiera el término de
caducidad, por lo que el término corrió de manera ininterrumpida.

61. Así las cosas, respecto de las Resoluciones 14983, 15007 y 15500, el término
previsto en el artículo 71 de la Ley 388 inició el 27 de marzo de 2015 y finalizó el 27
de julio de 2015.

62. En relación con la Resolución 36914, el término inició el 5 de junio de 2015 y
feneció el 5 de octubre de 2015.

63. Como la demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 19 de octubre de 2015, según el sello de recibido de la Secretaría de esa
corporación judicial, se configuró la caducidad de la acción especial de nulidad y
restablecimiento del derecho.

64. Por las razones expuestas, se revocarán los ordinales segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto de la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar,
se declarará probada de oficio la excepción de caducidad de la acción especial de
nulidad y restablecimiento del derecho.

65. Precisado lo anterior, la Sala se releva de examinar el requisito de procedibilidad
del agotamiento de la conciliación extrajudicial en el medio de control ejercido52, en
tanto que de conformidad con el Decreto 1716 de 14 de mayo de 200953, compilado
por el Decreto 1069 de 26 de mayo de 201554, la conciliación extrajudicial procede
respecto de los conflictos de carácter particular y de contenido económico
susceptibles de conocimiento por esta jurisdicción, siempre que no se trate de “[…]
asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado […]”55.

66. Finalmente, se advierte que los presupuestos previstos en el artículo 188 de la
Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564, sobre condena en costas en ambas
instancias, no se configuran, porque no se acreditó su causación en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

48
Cfr. Índice 14 expediente digital de segunda instancia, documento denominado: “CD FOLIO 195 C TRAMITE(.rar) NroActua
14”, parte 4.
49
Ibidem, página 113.
50
Ibidem, página 120.
51
Ibidem, página 126.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de mayo de 2024, radicación
núm. 05001-23-31-000-2012-00175-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 26 de febrero de 2026, radicación
núm. 25000-23-41-000-2017-00698-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y sentencia de 16 de abril de 2026, radicación
núm. 25000-23-41-000-2017-00199-02, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
53
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V
de la Ley 640 de 2001 […]”.
54
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho […]”.
55
Parágrafo 1 del artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015.

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2015-02058-01
Demandantes: Isauro Cáceres Medina y otro

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la
sentencia de 7 de febrero de 2019 y, en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio
la excepción de caducidad de la acción especial de nulidad y restablecimiento del
derecho respecto de las Resoluciones 3124 de 19 de enero de 2015, 3125 de 19 de
enero de 2015, 3126 de 19 de enero de 2015 y 26616 de 14 de abril de 2015, y de
las Resoluciones 14983 de 3 de marzo de 2015, 15007 de 4 de marzo de 2015,
15500 de 6 de marzo de 2015 y 36914 de 26 de mayo de 2015 que las confirmaron,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 7 de febrero de 2019,
proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

TERCERO: SIN COSTAS en ambas instancias.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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