Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00843-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00843-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2018-00843-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
MEDIODECONTROLDENULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
TESIS: AGRUPACIÓN TEMÁTICA. APLICACIÓN. CONFIGURACIÓN
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO CONTRA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE
EXPEDIENTES FRENTE A UNA MISMA ACTUACIÓN Y EMPRESA.
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO, PROCEDENCIA Y
OPORTUNIDAD. REMOCIÓN DE LA SANCIÓN. RECURSOS
PROCEDENTES EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO. REGLA GENERAL Y EXCEPCIÓN. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL. ALCANCE DEL RÉGIMEN POSTAL EN MATERIA
DE SPD. DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada
de la parte demandante contra la sentencia de 3 de febrero de 2023,
proferida por la SECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO1, que denegó las pretensiones formuladas por la
parte actora.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- LA DEMANDA
La ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN2, por conducto
de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA 3 , promovió demanda tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
“[…] IV. PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante
el artículo primero de la Resolución SSPD-
20178000148665 del 2017-08-29.
2. Que se declare la nulidad de la sanción modificada por el
artículo primero de la Resolución SSPD-20188000027485
del 2018-03-20.
3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante
el artículo tercero de la Resolución SSPD-20188000027485
del 2018-03-20 en relación a la multa, únicamente en cuanto
confirma el artículo 1 de la Resolución SSPD-
20178000148665 del 2017-08-29.
4. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que
ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta
mediante los actos administrativos previamente mencionados.
[…]”.
I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos de la demanda, la empresa actora adujo, en síntesis,
los siguientes:
2
En adelante Electricaribe.
3
En adelante CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS4 adelantó en su contra múltiples investigaciones
administrativas por la presunta configuración de silencio
administrativo positivo (SAP)5 en la atención de peticiones, quejas y
reclamos de sus usuarios.
Agregó que mediante memorando radicado bajo el número
20178000005246 de 31 de marzo de 2017, la entidad de control le
informó la acumulación de sesenta (60) investigaciones
administrativas, al considerar que presentaban conexidad fáctica,
identidad del sujeto investigado y homogeneidad en su estado
procesal.
Indicó que, con fundamento en dicha acumulación, la
Superintendencia profirió auto de apertura de investigación y
formuló pliego de cargos respecto de cada una de las solicitudes, por
la presunta vulneración del artículo 158 de la Ley 142 de 11 de julio
de 19946, en relación con peticiones presentadas por usuarios entre
los años 2015 y 2016.
Manifestó que la actuación administrativa dio lugar a la expedición
4
En adelante la Superintendencia.
5
En adelante SAP.
6
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”
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Nulidad y restablecimiento del derecho
de la Resolución SSPD-20178000148665 de 29 de agosto de
2017, mediante la cual la entidad impuso sanción en la modalidad
de multa, al considerar configurado el SAP en 50 de los 60 casos
investigados, bien por ausencia de respuesta, por extemporaneidad
en su emisión o por irregularidades en el trámite de notificación de
las decisiones.
Precisó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto mediante la Resolución SSPD-20188000027485
de 20 de marzo de 2018, en el sentido de modificar parcialmente la
decisión inicial, para lo cual redujo el número de casos sancionados
y el monto de la multa, pero manteniendo la conclusión de que
únicamente en treinta y seis (36) de ellos se configuró el SAP. Las
situaciones halladas fueron el envío extemporáneo del aviso de
notificación, la supuesta falta de publicación de la respuesta en la
página web de la empresa, el incumplimiento de requisitos asociados
al servicio postal, o la inexistencia o extemporaneidad de la
respuesta.
En relación con los casos particulares respecto de los cuales se
plantean los reproches, la Sala los organiza por tema e identifica los
usuarios que relaciona la empresa demandante, conforme se
identifica a continuación:
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Reproche Identificación de usuarios Explicación
La sanción se fundamentó en La Superintendencia incurrió
la indebida notificación por Usuario en un error en el cómputo del
irregularidades en el envío del Mario Bautista Centeno término para el envío del
aviso. Franco Horta aviso, pues los cinco (5) días
Shirley Tafur para la comparecencia del
Dannys Viana usuario debían contarse
Jhon Pérez desde la fecha de envío de la
Georgina López citación, por lo que el aviso
fue remitido oportunamente.
El artículo 69 del CPACA no
establece término perentorio
para el envío del aviso.
La SSPD estimó configuración Sostuvo que la exigencia de
del SAP con base en Ley 1369 Usuario requisitos derivados de la Ley
de 30 de diciembre de 20097. Eduardo Silvera 1369 de 2009 resulta
Luis Cárdenas improcedente para efectos de
Zugeys Tapias la configuración del silencio
Lourdes Ariza administrativo positivo, por
Waldo Antonio Morales cuanto dicha normativa no
Jhon Ayala regula esta figura.
José Segundo Suárez
Oscar Sánchez
Blanca Marín
Alberto Benavídez
Alberto Flores
Lilis Sánchez
Alonso Barbosa
Gladys Yepes
Yolanda Quintero
Mauricia López
Ricardo Gamarra
Julio Diaz / Luz Neira Peréz
Casos en los que la sanción se Indicó que la publicación en
sustentó en la supuesta falta Usuario página web no constituye un
de publicación de la respuesta Sergio Obregoso requisito para la
en la página web de la Anatalia Díaz configuración del silencio
empresa. Calletano Alfonso administrativo positivo, ni
Andrés Maya hace parte de las exigencias
previstas en el régimen legal
aplicable.
Añadió que en estos casos se
acreditó la respuesta de
fondo y el envío de la citación
y el aviso, por lo que la
sanción se fundó en una
causal no prevista en la ley y,
además, distinta a la
formulada en el pliego de
cargos, lo que evidencia una
incongruencia en la actuación
administrativa.
Los actos administrativos Comoquiera que no se
fueron expedidos por un Usuario concedió el recurso de
Delegatario Humberto Bolívar Gutiérrez apelación, los actos son
Sergio Obregoso nulos.
José Peña
Emil Marun
Héctor de Lima
Aura Cenzato
Leyla Charris
Diana Martínez
7
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.”
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Reproche Identificación de usuarios Explicación
Falta de congruencia entre En pliegos de cargos se
entre el pliego de cargos y los Usuario formularon por la presunta
actos sancionatorios Adonis Choles falta de respuesta oportuna,
Anatalia Díaz pero la sanción terminó
Calletano Alfonso sustentándose en supuestas
Andrés Maya irregularidades en la
notificación.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como disposiciones vulneradas, la empresa actora invocó los
artículos 29 de la Constitución Política; 81 y 113 de la Ley 142; 69 y
72 del CPACA; y el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 22 de
febrero 20178.
Para tal efecto, indicó que los actos acusados están viciados de
nulidad con fundamento en los siguientes cargos:
1.3.1.- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍAN
FUNDARSE. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE
LAS FALTAS Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
3° DEL CPACA
Adujo que los actos acusados infringen el principio de legalidad de
las faltas y de las sanciones previstas en el artículo 3° del CPACA,
porque la Superintendencia dio por configurado el SAP con base en
defectos en la notificación de las respuestas a las PQR (envío
tardío del aviso, ausencia de publicación, falencias en el uso del
8
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”
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servicio postal, etc.), sin que estos eventos estén previstos en la ley
como causa de la infracción.
Anotó que el artículo 158 de la Ley 142 circunscribe el SAP en
materia de servicios públicos al incumplimiento del plazo para dar
respuesta a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios; esto
es, a la falta de decisión de fondo por parte de la empresa, la cual
no depende de las irregularidades posteriores que surjan por la
forma en cómo se comunica esa decisión al interesado.
1.3.2.- VIOLACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA
NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ARTÍCULO 69
CPACA
Sostuvo que la Superintendencia incurrió en una interpretación
errónea del artículo 69 del CPACA, lo que condujo a declarar
indebidamente la configuración del SAP, particularmente en lo
relativo al envío del aviso.
Explicó que dicha disposición prevé un término de cinco (5) días, el
cual se refiere exclusivamente al plazo con que cuenta el
administrado para comparecer a notificarse personalmente, contado
a partir del envío de la citación, y no a un término dentro del cual
deba remitirse el aviso.
Indicó que, conforme al tenor literal de la norma -“si no pudiere
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hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío
de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá”-, el
legislador no estableció un plazo cierto para el envío del aviso,
limitándose a señalar que este debe remitirse en caso de no lograrse
la notificación personal.
Agregó que, en materia sancionatoria administrativa, rige el
principio de legalidad y tipicidad, de manera que no es posible
imponer sanciones con fundamento en obligaciones no previstas
expresamente en el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, concluyó que no podía sancionarse a la empresa por
supuestas irregularidades en la oportunidad del envío del aviso, en
tanto el artículo 69 del CPACA no establece un término perentorio
para ello, ni prevé que su inobservancia genere la configuración del
SAP.
1.3.3.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA
VALORACIÓN PROBATORIA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE
LA RESPUESTA Y DEL ENVÍO DE LA CITACIÓN PARA
NOTIFICACIÓN PERSONAL
La demandante sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido
proceso al estructurar la sanción sobre la base de la supuesta
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inexistencia de actuaciones que, en su criterio, sí se encontraban
acreditadas en el expediente administrativo.
En primer lugar, indicó que, en varios de los casos analizados, la
entidad concluyó que la empresa no había emitido respuesta a las
peticiones de los usuarios, pese a que en el expediente obraban
documentos que demostraban la emisión oportuna de decisiones de
fondo, los cuales fueron allegados en sede administrativa.
En segundo lugar, señaló que la Superintendencia consideró que no
se probó el envío de la citación para notificación personal, sin tener
en cuenta las guías de envío aportadas, mediante las cuales se
acreditaba que dicha actuación sí fue adelantada por la empresa.
Afirmó que la acreditación de la existencia de la respuesta, así como
del envío de la citación para notificación personal, desvirtúa los
presupuestos fácticos sobre los cuales se estructuró la sanción, en
tanto evidencia que la empresa sí atendió las solicitudes de los
usuarios y adelantó el trámite de notificación correspondiente.
1.3.4.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALSA
MOTIVACIÓN AL EXIGIR REQUISITOS DE LA LEY 1369 DE
2009 PARA LA VALIDEZ DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN
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La demandante sostuvo que la Superintendencia incurrió en falsa
motivación al concluir que la empresa no cumplió con el envío del
aviso de notificación, con fundamento en el supuesto incumplimiento
de requisitos previstos en la Ley 1369.
Indicó que, en varios de los casos analizados, la entidad consideró
que la notificación por aviso no era válida porque la prueba de su
envío no cumplía con las exigencias propias del servicio postal, lo
cual sirvió de fundamento para declarar la configuración del SAP.
Frente a ello, explicó que el régimen aplicable a la notificación por
aviso se encuentra previsto en el artículo 69 del CPACA,
disposición que únicamente exige la remisión del aviso, mas no la
acreditación de su entrega efectiva ni el cumplimiento de requisitos
adicionales derivados de la normativa postal.
Sostuvo que la Superintendencia estructuró la sanción con base en
exigencias no previstas en la ley, al trasladar al ámbito del SAP
requisitos propios del servicio postal, lo cual desborda el marco
normativo aplicable.
Por lo anterior, concluyó que la decisión administrativa se encuentra
viciada por falsa motivación, en tanto parte de una interpretación
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errónea de las normas aplicables y de la imposición de cargas no
contempladas en el ordenamiento jurídico, lo que desvirtúa la
configuración del SAP.
1.3.5.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE
CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE CARGOS Y LOS
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN SANCIONATORIA
La demandante sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido
proceso al proferir la decisión sancionatoria con fundamento en
causales distintas a las formuladas en el pliego de cargos,
desconociendo el principio de congruencia que rige el procedimiento
administrativo sancionatorio.
Indicó que, conforme al artículo 47 del CPACA, el pliego de cargos
debe señalar con precisión los hechos investigados, las disposiciones
presuntamente vulneradas y las sanciones procedentes, delimitando
así el ámbito dentro del cual el investigado ejerce su derecho de
defensa.
Explicó que presentó descargos frente a los cargos formulados por
la presunta violación del artículo 158 de la Ley 142, no obstante,
adujo que la Superintendencia, al resolver la actuación, sustentó su
decisión en causales diferentes a las inicialmente imputadas,
particularmente en aspectos relacionados con el trámite de
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notificación y en la aplicación de disposiciones distintas a las
señaladas inicialmente.
1.3.6.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE
CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME CON EL
ARTÍCULO 113 DE LA LEY 142
La demandante sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido
proceso al no conceder el recurso de apelación contra el acto
sancionatorio, pese a que este resultaba procedente conforme con
el artículo 113 de la Ley 142.
Indicó que en la resolución sancionatoria se señaló que contra esta
únicamente procedía el recurso de reposición, y que,
posteriormente, en la decisión que resolvió dicho recurso, se afirmó
que no procedían más recursos por haberse agotado la vía
gubernativa.
Agregó que dicha disposición prevalece sobre normas generales,
como las contenidas en la Ley 489 de 29 de diciembre de 19989, en
virtud del principio de especialidad normativa, conforme con el cual
la norma especial prima sobre la general, de acuerdo con lo previsto
9
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones".
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Nulidad y restablecimiento del derecho
en el artículo 5 de la Ley 57 de 15 de abril de 188710 y en el artículo
186 de la Ley 142.
1.3.7.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA
CONSIDERACIÓN DE LOS VICIOS DE NOTIFICACIÓN COMO
CAUSALES DE INVALIDEZ O INEXISTENCIA DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
Sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido proceso al
fundamentar la sanción en supuestas irregularidades en la
notificación de los actos administrativos, tratándolas como si dichas
falencias afectaran su validez o permitieran la configuración del SAP.
Explicó que la notificación constituye un requisito de eficacia y no de
formación del acto administrativo, por lo que su ausencia o
irregularidad no desvirtúa la existencia de la decisión ni su validez
jurídica.
1.3.8.- VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA
ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido proceso al
acumular indebidamente las investigaciones administrativas por SAP
adelantadas en relación con distintos usuarios, y resolverlas
mediante un único acto sancionatorio.
10
“Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional”.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Indicó que la entidad, mediante comunicación de 31 de marzo de
2017 y posterior auto de trámite, dispuso la acumulación de sesenta
(60) investigaciones, bajo el argumento de la existencia de
conexidad fáctica, identidad del sujeto investigado y aplicación de
las mismas normas jurídicas.
No obstante, adujo que cada una de las peticiones formuladas por
los usuarios correspondía a situaciones fácticas y jurídicas
independientes, en tanto se derivaban de relaciones de servicio
individualizadas, con hechos, pruebas y pretensiones propias de
cada caso.
Sostuvo que no se cumplían los presupuestos previstos en el artículo
36 de la Ley 1437 de 2011 para la acumulación de actuaciones
administrativas, toda vez que no existía unidad de objeto ni de causa
que justificara su trámite conjunto.
Agregó que la acumulación dispuesta por la Superintendencia afectó
el análisis individual de cada situación, impidiendo una valoración
adecuada del material probatorio allegado en cada expediente y
comprometiendo el derecho de defensa de la empresa.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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Nulidad y restablecimiento del derecho
La Superintendencia se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, para lo cual formuló la excepción que denominó
“legalidad de los actos administrativos”.
Sostuvo que la actuación sancionatoria se ajustó al régimen especial
previsto en el artículo 158 de la Ley 142, conforme al cual las
empresas prestadoras deben resolver las peticiones dentro del
término de 15 días hábiles, so pena de que estas se entiendan
resueltas de manera favorable al usuario.
Precisó que dicha figura opera de manera automática y que, ante su
desconocimiento, la entidad se encuentra facultada para imponer
las sanciones correspondientes.
Enfatizó que la obligación de las empresas no se agota con la
emisión de una respuesta dentro del término legal, sino que exige
que esta sea de fondo y eficaz, lo cual implica su notificación en los
términos de los artículos 67 a 73 del CPACA, por lo que el SAP puede
configurarse no solo por la ausencia de respuesta, sino también
cuando esta no es notificada en debida forma o resulta ineficaz.
Indicó que, una vez emitida la respuesta, la empresa debía
adelantar el trámite de notificación personal mediante el envío de la
citación dentro de los 5 días siguientes y, en caso de no lograrse,
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proceder a la notificación por aviso conforme al artículo 69 ibidem,
de manera que el incumplimiento de estas cargas impide que la
decisión produzca efectos frente al usuario y da lugar a la
configuración del SAP.
En particular, frente a los cargos de nulidad formulados en la
demanda, la entidad sostuvo que la falta de notificación o su
irregularidad equivale a la ausencia de respuesta eficaz, por lo que,
aun cuando esta hubiese sido emitida dentro del término legal, se
configura el SAP si no se acredita su comunicación en debida forma.
Señaló que para la validez de la notificación por aviso no basta con
acreditar su remisión, sino que es necesario demostrar el
cumplimiento de los requisitos del servicio de mensajería previstos
en la Ley 1369, tales como la existencia de guía, trazabilidad y
constancia de entrega, cuya ausencia impide tener por acreditado el
envío en debida forma.
Indicó que el aviso debía remitirse al día siguiente de vencido el
término de 5 días otorgado al usuario para comparecer a notificarse
personalmente, esto es, en el denominado “día sexto”, por lo que
su envío anticipado o extemporáneo configura una irregularidad en
el trámite de notificación.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Agregó que, cuando no es posible surtir la notificación personal ni la
notificación por aviso, la empresa debe acudir al mecanismo
subsidiario de publicación en la página electrónica y en lugar de
acceso al público, de manera que su omisión también impide la
eficacia de la respuesta.
Por otra parte, controvirtió el argumento relativo a la inexistencia
de término para el envío del aviso, señalando que la notificación
constituye un elemento esencial del derecho de petición, por lo que
su ausencia o irregularidad impide que la respuesta produzca
efectos, lo que equivale a la falta de respuesta para efectos del
artículo 158 de la Ley 142.
Finalmente, frente a los cargos por violación del debido proceso,
sostuvo que no se configuró irregularidad alguna, en tanto contra
los actos demandados no procedía el recurso de apelación conforme
al artículo 113 de la Ley 142; que la notificación se surtió conforme
a las reglas del CPACA; y que no existió falta de congruencia, dado
que durante toda la actuación administrativa se mantuvo como eje
la verificación del cumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de
1994 y de las reglas de notificación previstas en los artículos 68 y
69 del CPACA.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 3 de febrero de 2023, el TRIBUNAL denegó
las pretensiones de la demanda, para lo cual sintetizó y resolvió los
cargos de la demanda así:
2.1.- DE LOS YERROS EN LA NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
DE LAS RESPUESTAS A LA PQR
Sostuvo que, contrario a lo alegado por la parte actora, los yerros
en el procedimiento de notificación sí generan la configuración del
SAP, en tanto la notificación constituye un procedimiento reglado,
cuyo incumplimiento impide que el acto produzca efectos jurídicos.
Explicó que las reglas previstas en el CPACA en materia de
notificación no son discrecionales, por lo que la administración debe
ajustarse estrictamente a los términos y formalidades allí
establecidos, en especial en lo relativo al envío de la citación y la
práctica de la notificación por aviso.
Precisó que, una vez proferida la decisión, la administración cuenta
con 5 días para enviar la citación, otros 5 días para que el interesado
comparezca, y que, vencido este término, al 6º día debe surtirse la
notificación por aviso, de manera que el plazo máximo para notificar
la decisión es de 11 días, contados a partir de la respuesta.
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A partir de lo anterior, concluyó que el desconocimiento de dichas
reglas, en particular, la realización extemporánea de la notificación
por aviso conlleva la inoponibilidad del acto administrativo y, en
consecuencia, la configuración del SAP, al tratarse de actuaciones
que no cumplen con el procedimiento legalmente establecido.
Bajo esa premisa encontró que sí hubo notificaciones extemporáneas
frente a los usuarios MARIO BAUTISTA CENTENO, FRANCO
HORTA, SHIRLEY TAFUR, EDUARDO SILVERA, DANNYS
VIANA, HÉCTOR DE LIMA, JHON PÉREZ y GEORGINA LÓPEZ.
2.2.- INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 1369
DE 2009
Precisó que, contrario a lo sostenido por la parte actora, en los casos
analizados la configuración del SAP no obedeció propiamente al
incumplimiento autónomo de los requisitos previstos en la Ley 1369,
sino a la falta de acreditación del trámite regular de notificación.
En ese sentido, respecto de los usuarios Luis Cárdenas y Lourdes
Ariza, indicó que, aunque la demandante alegaba que la sanción se
fundó en la inobservancia de los requisitos de la guía de envío, lo
cierto es que la Superintendencia tuvo por configurado el SAP porque
no se probó el envío de la citación para notificación personal,
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circunstancia que impedía tener por surtido el procedimiento de
notificación.
De otra parte, en relación con los demás casos aludidos por la actora,
el Tribunal sostuvo que, si bien la autoridad administrativa hizo
referencia a la Ley 1369, ello no constituyó el fundamento autónomo
de la sanción, sino un criterio para valorar la idoneidad del soporte
probatorio del envío del aviso, en la medida en que las guías
allegadas no resultaban legibles o no permitían establecer con
claridad la fecha de remisión.
Bajo esa premisa, concluyó que, al no acreditarse de manera cierta
la fecha de envío del aviso, no era posible verificar el cumplimiento
de los términos del procedimiento de notificación, lo que impedía
tener por eficaz la respuesta y, en consecuencia, daba lugar a la
configuración del SAP.
2.3.- FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE CARGOS
FORMULADO Y EL HECHO QUE CONFIRMA LA SANCIÓN
El Tribunal consideró que no se configuró la falta de congruencia
alegada por la parte actora, en tanto la actuación administrativa
mantuvo coherencia entre los cargos formulados y la sanción
impuesta.
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Para el efecto, precisó que la Superintendencia dio apertura a la
investigación y formuló pliego de cargos por la presunta falta de
respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los usuarios en
ejercicio del derecho de petición y de los recursos interpuestos en
sede de la empresa, conforme a los términos y requisitos legales
aplicables.
Indicó que, una vez surtido el trámite administrativo, la entidad
resolvió sancionar a la demandante, al concluir que se configuró el
SAP en los casos analizados.
Bajo esa premisa, concluyó que no existió variación sustancial entre
los hechos imputados y la decisión adoptada, en la medida en que la
investigación se centró en el incumplimiento del deber de respuesta
oportuna y su adecuada notificación, cuya consecuencia jurídica es
precisamente la configuración del SAP.
En consecuencia, estimó que entre el pliego de cargos y la decisión
sancionatoria se mantuvo la debida correspondencia, por lo que no
se vulneró el derecho al debido proceso de la demandante.
2.4.- DESCONOCIMIENTO AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
AL NO CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO
EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 142
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El Tribunal consideró que no se configuró la vulneración al debido
proceso alegada por la parte actora, en relación con la no concesión
del recurso de apelación contra los actos administrativos
sancionatorios.
Para el efecto, precisó que, conforme al análisis desarrollado en el
marco jurídico, si bien la Ley 142 constituye una normativa especial
en materia de servicios públicos domiciliarios, la regulación sobre
delegación administrativa prevista en la Ley 489, que desarrolla el
artículo 211 de la Constitución Política, resulta aplicable de manera
preferente en lo relativo al régimen de recursos contra los actos
expedidos por delegatarios.
En ese sentido, indicó que, aunque el artículo 113 de la Ley 142
prevé la procedencia del recurso de apelación contra los actos
proferidos por delegatarios cuando la delegación no proviene del
Presidente de la República, lo cierto es que el artículo 12 de la Ley
489 dispone que contra los actos expedidos por estos proceden los
mismos recursos que contra los del delegante.
A partir de esta interpretación, concluyó que, tratándose de actos
sancionatorios proferidos por la Dirección Territorial de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de
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funciones delegadas, solo procedía el recurso de reposición, razón
por la cual no se configuró irregularidad alguna en el trámite
administrativo.
En consecuencia, estimó que no se vulneró el derecho al debido
proceso de la demandante, por lo que este cargo tampoco estaba
llamado a prosperar.
III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
3.1.- ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, para lo
cual formuló reproches que se sintetizan así:
3.1.1.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
Insistió en que el artículo 36 del CPACA solo permite acumular
documentos y diligencias de una misma actuación; y que el Tribunal
erró al equiparar su alcance al del artículo 29 del CCA, que admitía
la acumulación de actuaciones distintas con el mismo efecto.
Sostuvo que las 36 investigaciones no versaron sobre el mismo
asunto, en tanto se identificaron diversos aspectos objeto de la
investigación, tales como: la falta de respuesta, notificación
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extemporánea, defectos en el aviso, y/o fallas en la publicidad, de
manera que cada caso requería un estudio individualizado de
pruebas y de configuración del SAP.
Añadió que, además la entidad desconoció las reglas de competencia
por territorio, previstas en el artículo 56 del CPACA, y restringió el
acceso a la justicia de la empresa y de los usuarios, configurándose
así una vulneración del debido proceso administrativo que, en su
criterio, imponía la nulidad de los actos, esto, comoquiera que los
hechos origen de la controversia ocurrieron en Sincelejo, Montería,
Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Cartagena, pero la entidad
decide resolver en la territorial de Barranquilla.
3.1.2.- APLICACIÓN DE NORMA DECLARADA INEXEQUIBLE Y
AUSENCIA DE REVIVISCENCIA
Sostuvo que la sanción se fundamentó en el artículo 208 de la Ley
1753 de 9 de junio de 201511, que modificó el numeral 81.2 del
artículo 81 de la Ley 142, disposición que fue declarada inexequible
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-092 de 3 de
octubre de 2018, por lo que no podía ser aplicada dentro del
ordenamiento jurídico.
11
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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Indicó que dicha norma fue utilizada expresamente por la
Superintendencia tanto para la imposición como para la dosimetría
de la sanción en la resolución confirmatoria, lo que, en su criterio,
vulnera el principio de legalidad, en la medida en que se sustentó la
decisión en una disposición retirada del ordenamiento.
Adicionalmente, alegó que la entidad incurrió en error al considerar
que, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad, operó
la reviviscencia del artículo 81.2 de la Ley 142 en su versión
anterior, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido que
dicha figura no opera de manera automática, sino que requiere un
análisis expreso orientado a determinar su necesidad para garantizar
la supremacía constitucional.
3.1.3.- APLICACIÓN DEL DECRETO 281 DE 2017
Sostuvo que la Superintendencia vulneró el principio de legalidad al
fijar y graduar la sanción impuesta con fundamento en el Decreto
281 de 2017, el cual, si bien no se encontraba en vigor para la
época en que ocurrieron los hechos objeto de investigación, se
aplicó.
Indicó que dicho decreto fue utilizado como criterio central para la
dosimetría sancionatoria, pese a que las conductas investigadas se
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habrían presentado con anterioridad a su entrada en vigor, lo que,
en su criterio, implica la aplicación retroactiva de una norma
sancionatoria.
Alegó que la utilización de dicha normativa deslegitima la sanción
impuesta, en tanto no se trataba de una disposición vigente para el
momento de ocurrencia de los hechos, ni se explicó su aplicación en
términos de favorabilidad.
3.1.4.- INAPLICABILIDAD DE LA LEY 1369
Sostuvo que la Superintendencia incurrió en falsa motivación y
vulneró el principio de legalidad al confirmar la sanción con
fundamento en el supuesto incumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 1369, respecto de los usuarios EDUARDO
SILVERA, LUIS CÁRDENAS, ZUGEYS TAPIAS, LOURDES
ARIZA, WALDO ANTONIO MORALES, JHON AYALA, JOSÉ
SEGUNDO SUÁREZ, OSCAR SÁNCHEZ, BLANCA MARÍN,
ALBERTO BENAVIDEZ, ALBERTO FLORES, LILIS SÁNCHEZ,
ALONSO BARBOSA, GLADYS YEPES, YOLANDA QUINTERO,
MAURICIA LÓPEZ, RICARDO GAMARRA y LUZ NEIRA PÉREZ,
pese a que dicha normativa, según afirmó, no regula el
procedimiento de notificación en materia de servicios públicos
domiciliarios.
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Indicó que el régimen aplicable se encuentra en la Ley 142, en
particular en su artículo 159, el cual remite a las reglas del CPACA,
sin que este código exija los requisitos previstos en la Ley 1369 para
la validez de la notificación por aviso.
Sostuvo que la obligación de la empresa se limita a enviar el aviso
de notificación, sin que sea exigible el cumplimiento de condiciones
propias del servicio postal, tales como la acreditación de entrega,
firma o identificación del receptor, por lo que la sanción se sustentó
en una exigencia no prevista en el ordenamiento jurídico aplicable.
Afirmó que la conducta sancionada carece de tipicidad, en la medida
en que no existe una norma que prevea como infracción el
incumplimiento de los requisitos de la Ley 1369, en el trámite de
notificación de respuestas, lo que implica una vulneración del
principio de legalidad en materia sancionatoria.
3.1.5.- FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE
CARGOS Y LOS ACTOS SANCIONATORIOS
La parte demandante sostuvo que los actos administrativos
demandados vulneran el derecho al debido proceso, en tanto
presentan una ruptura de congruencia entre el pliego de cargos y las
decisiones mediante las cuales se impuso y confirmó la sanción,
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respecto de los usuarios ADONIS CHOLES, ANATALIA DÍAZ,
CALLETANO ALFONSO y ANDRÉS MAYA.
Indicó que el pliego de cargos fue formulado con fundamento en la
presunta infracción del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, esto es,
por la falta de respuesta oportuna a las peticiones elevadas por los
usuarios; sin embargo, la sanción finalmente fue impuesta y
confirmada por una causal distinta, consistente en supuestas
irregularidades en el trámite de notificación.
En ese sentido, afirmó que nunca tuvo la oportunidad de controvertir
ese nuevo supuesto fáctico ni jurídico, máxime cuando contra la
resolución confirmatoria no procedía recurso alguno, lo que
consolidó la vulneración del derecho de defensa y contradicción.
3.1.6.- INEXISTENCIA DE TÉRMINO PERENTORIO PARA EL
ENVÍO DEL AVISO, ARTÍCULO 69 DEL CPACA
Sostuvo que los actos administrativos demandados vulneran el
principio de legalidad, en tanto le impusieron sanción por el supuesto
envío extemporáneo del aviso de notificación, respecto de los
usuarios MARIO BAUTISTA CENTENO, FRANCO HORTA,
SHIRLEY TAFUR, DANNYS VIANAy GEORGINA LÓPEZ y JHON
PÉREZ, pese a que el artículo 69 del CPACA no establece un término
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perentorio para dicha actuación.
Indicó que la Superintendencia incurrió en un error de interpretación
al considerar que el aviso debía enviarse al día sexto contado desde
el envío de la citación para notificación personal, cuando, en su
criterio, una lectura gramatical de la norma permite concluir que el
término de 5 días allí previsto corresponde exclusivamente al plazo
con el que cuenta el usuario para notificarse personalmente, y no a
un término para el envío del aviso.
En ese sentido, señaló que el artículo 69 del CPACA únicamente
establece que, si no pudiere surtirse la notificación personal al cabo
de cinco días del envío de la citación, deberá procederse a la
notificación por aviso, sin fijar un plazo específico para su remisión,
por lo que no es posible derivar de dicha disposición la obligación de
enviarlo en una fecha cierta, como lo sostiene la autoridad
administrativa.
Agregó que, en los casos analizados, dio respuesta en tiempo y
adelantó el trámite de notificación conforme a los artículos 68, 69 y
72 del CPACA, enviando la citación y, ante la inasistencia del usuario,
procediendo posteriormente al envío del aviso dentro de un plazo
razonable, conforme a los principios de eficacia, economía y
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celeridad administrativa.
Señaló que, aún si en gracia de discusión se aceptara dicha
interpretación, en el caso concreto cumplió con el término exigido
por la propia Superintendencia.
3.1.7.- VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR LA NO
CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante sostuvo que los actos administrativos
demandados vulneran el derecho al debido proceso, en tanto no se
concedió el recurso de apelación contra la decisión sancionatoria, en
particular respecto de los usuarios HUMBERTO BOLÍVAR
GUTIÉRREZ, JOSÉ PEÑA, SERGIO OBREGOSO, HÉCTOR DE
LIMA, EMIL MARUN, AURA CENZATO, LEYLA CHARRIS y
DIANA MARTÍNEZ, lo que a su juicio cercenó la posibilidad de
controvertir la decisión ante el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Indicó que la Superintendencia interpretó erróneamente que la Ley
489 derogó el régimen previsto en la Ley 142 en materia de recursos
contra actos administrativos expedidos por delegatarios, cuando, en
su criterio, dicha conclusión desconoce que la Ley 142 contiene un
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procedimiento administrativo especial aplicable a los actos
unilaterales en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios.
Explicó que el capítulo II de la Ley 142 regula de manera integral los
procedimientos administrativos contra actos unilaterales, incluyendo
la procedencia del recurso de apelación en el artículo 113, norma
que según afirmó tiene carácter especial frente a la Ley 489.
A partir de lo anterior, concluyó que el recurso de apelación previsto
en el artículo 113 de la Ley 142 era procedente en el caso concreto,
por lo que su no concesión vulneró el debido proceso administrativo
y el derecho de defensa de la empresa, lo que determina la nulidad
de los actos administrativos demandados.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación se admitió por auto de 2 de agosto de 2024
y en razón a que no se solicitaron pruebas en esta instancia, el
Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para alegar.
El MINISTERIO PÚBLICO no rindió concepto.
Posteriormente, y atendiendo a la solicitud de las partes el Despacho
conductor resolvió por auto de 13 de septiembre de 2024, DECRETAR
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la suspensión del proceso desde esa fecha y hasta el 19 de diciembre
siguiente.
El 4 de diciembre de 2025, la Sala de esta Sección resolvió no
conceder la solicitud de prelación para fallar el asunto de la
referencia, bajo el entendido de que la empresa demandante no tiene
el carácter de una entidad de carácter público.
Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sala rechazó por improcedente
el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de no conceder
la prelación.
La apoderada de la empresa demandante radicó memorial el 9 de
marzo de 2026, en el que solicita dar aplicación al artículo 2712 de la
Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma que permite agrupar por
temáticas los recursos de apelación pendientes de decisión; y que, en
consecuencia, los demás radicados que identifica en su escrito13, a
cargo de la Sección, se decidan de manera simultánea.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
12
“[…] Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo,
aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las
consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de
manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos […]”
13
En total son 34 expedientes, distribuidos en los 4 Despachos que integran la Sección Primera.
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5.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.
5.2.- CUESTIÓN PREVIA
La apoderada de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.-, en memorial de 9
de marzo de 2026, solicitó dar aplicación a la figura de la agrupación
temática, prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria 2430 de
2024, que adicionó el artículo 74J al Capítulo VII de la Ley 270 de
1996, habida cuenta que: i) se tramitan varios expedientes que se
encuentran pendientes de decisión ante esta Sección; ii) la
competencia de la Corporación es para resolver los recursos de
apelación formulados contra fallos de primera instancia; y iii) en
dichos procesos se cuestiona la legalidad de los actos sancionatorios
que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
en contra de la demandante al resolver las solicitudes de quejas que
sus usuarios presentaron por el no reconocimiento del SAP.
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Frente a ello, la Sala advierte que una solicitud similar a la aquí
elevada se resolvió en sentencia de 28 de mayo de 202614, dentro
del expediente identificado con el número de radicación 08001-23-
33-000-2019-00441-01, en el entendido de que a través de ese fallo
se fijarían los planteamientos que podrán ser reiterados en los
demás procesos que la Sala identifique como posibles de agrupar
bajo este modelo de decisión. Al respeto se puntualizó:
“[…] Comoquiera que concurren en el caso bajo examen los
presupuestos para dar aplicación a dicha figura, la Sala acoge
la solicitud de la parte actora, bajo el entendido de que a
través de este fallo se fijarán los planteamientos que
podrán ser reiterados en los demás procesos que la Sala
identifique como posibles de agrupar bajo este modelo de
decisión.
Identificada esta coincidencia, resulta procedente alterar el
sistema de turnos, con el fin de garantizar la racionalización y
evacuación de estos asuntos […]”
En tal sentido, en lo que concierne al asunto de la referencia y en los
temas que corresponda se prohijará la referida sentencia, para
efectos de resolver los cargos planteados.
5.3.- LOS ACTOS ACUSADOS
Corresponden a los artículos primero de la Resolución SSPD-
20178000148665 de 29 de agosto de 2017; y primero y tercero
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de
mayo de 2026. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Número único de
radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01. Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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de la Resolución SSPD-20188000027485 de 20 de marzo de 2018,
que señalan:
5.3.1.- RESOLUCIÓN SSPD-20178000148665 DE 29 DE
AGOSTO DE 2017
“[…] RESOLUCIÓN N°SSPD-20178000148665 DEL 2017-08-29
Expediente No. 2016820420106322E
Por la cual se resuelve una investigación por Silencio
Administrativo
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
[…]
Que se radicaron sesenta (60) quejas ante esta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales
fueron radicadas con los números relacionados en las casillas
RADICADO SAP del cuadro que a continuación se registra, por
los usuarios que se detallan en el mismo cuadro, contra la
empresa Electrificadora del Caribe SA ESP, por el presunto
incumplimiento del artículo 158 de la ley 142 de 1994 (Silencio
Administrativo Positivo SAP) respecto de las solicitudes en
ejercicio de derecho de petición elevadas y radicadas en sede
de la prestadora y que se relacionan a continuación, por lo que
solicita se imponga la sanción a que haya lugar y se ordene
reconocer los efectos del silencio administrativo positivo.
[…]
VIII. ANÁLISIS DEL CASO
Configuración del silencio administrativo positivo
Conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la relación entre
usuario(a) y empresa se rige a través del contrato de servicios
públicos o de condiciones uniformes, siendo de la esencia de
éste que el(a) suscriptor(a) o usuario(a) pueda presentar a la
empresa peticiones, quejas y recursos relativos a tal contrato
(artículos 128 y 152).
NO. Radicado SAP Usuario / Código Radicado Petición Fecha de
Mandatario y/o recurso petición
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
115 20168200725342 Mario Bautista 5323947 RE3110201623693 29/junio
Centeno /2016
En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue radicada
el día 29/junio/2016, por lo que, contabilizados los quince días
hábiles desde la fecha de presentación de la petición, se
tiene que la empresa tenía plazo hasta el día 21/julio/2016, para
emitir respuesta; y la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
S.A. E.S.P. probó haber emitido respuesta a la petición objeto
de la presente investigación, el día 18/julio/2016 (fl. 12), es
decir, dentro del término dispuesto en el art. 158 de la ley
142 de 1.994.
Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación al(a) usuario(a), el día 21/julio/2016 (fl. 10), a
través de la empresa LECTA (fl. 11).
[…]
IX DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO
Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá al
reconocimiento de los efectos del silencio positivo en favor
del(a) usuario(a), respecto de aquellas peticiones radicadas
ante la empresa que se ajusten a los eventos previstos en el
artículo 154 del régimen especial de servicios públicos
domiciliarios.
Así las cosas, se deberá proceder a reconocer los efectos del
silencio administrativo positivo de las cincuenta (50)
peticiones señaladas en el cuadro No. 8 del acápite del análisis
del caso del presente acto.
No reconocer los efectos del silencio administrativo positivo
respecto de las diez (10) peticiones que se señalaron en el
cuadro No. 7 del acápite de análisis del caso del presente acto.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN en la modalidad de
MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P.. identificada con NIT 80200767086, consistente en
Quinientos (500) SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES)
MENSUALIES) VIGENTE(S), para el para el año 2015 (en 50
SMMLV), para el año 2016 (en 430 SMMLV) y para el año 2017
15
Los casos objeto de examen por esta Resolución se analizan bajo este esquema de pronunciamiento
en el que se destaca esta información y luego se analiza el asunto para determinar, si por ella incurre
o no en la conducta investigada.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
(en 20 SMMLV), equivalente a la suma de TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS
($338,437,490.00), la cual se hará efectiva en el término de 10
DÍAS hábiles contados a partir de la ejecutora de esta
Resolución, dentro de las diligencias impetradas por el(a)
señor(a) MARIO BAUTISTA; dentro de las diligencias impetradas
por los usuarios relacionados en el cuadro No, 8 del presente
acto, lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de esta Resolución […]”.
En la Resolución SSPD-20178000148665 de 29 de agosto de 2017,
la Superintendencia resolvió la investigación administrativa
adelantada contra la empresa demandante, con ocasión de 60
solicitudes de reconocimiento de SAP formuladas por usuarios del
servicio, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
158 de la Ley 142.
En los antecedentes del acto, la entidad indicó que, a partir de dichas
solicitudes, abrió investigación formal y profirió pliego de cargos
individual respecto de cada una de ellas, por la presunta
configuración del SAP. Posteriormente, mediante auto de
acumulación, dispuso integrar las 60 actuaciones en un solo
expediente, en atención a la identidad del sujeto investigado, la
homogeneidad de los supuestos fácticos y el estado procesal de las
investigaciones.
Seguidamente, la Superintendencia señaló que, una vez surtido el
traslado para descargos, la empresa investigada presentó escritos
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
de defensa en los que, de manera reiterada, sostuvo haber dado
respuesta oportuna a las peticiones de los usuarios y haber
adelantado las actuaciones de notificación correspondientes,
aportando para ello documentos tales como respuestas, citaciones
para notificación personal, guías de envío y avisos.
No obstante, la entidad advirtió que, en varios eventos, tales
soportes no correspondían a la petición objeto de análisis, no
permitían acreditar el cumplimiento de los términos legales o,
simplemente, no fueron aportados.
Con fundamento en el análisis individual de cada uno de los
expedientes acumulados, la Superintendencia concluyó que la
empresa incurrió en la configuración del SAP en 50 de las 60
solicitudes examinadas, al evidenciar incumplimientos asociados
a la falta de respuesta oportuna o a irregularidades en el trámite de
notificación de las decisiones adoptadas.
La entidad precisó que tales incumplimientos se concretaban, según
el caso, en la ausencia de respuesta dentro del término legal, en la
emisión extemporánea de la decisión o en deficiencias en el
procedimiento de notificación, tanto en su modalidad personal como
por aviso, incluyendo situaciones en las que no se acreditó el envío
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
de la citación, no se demostró el envío oportuno del aviso o los
soportes allegados no permitían verificar el cumplimiento de los
requisitos legales exigidos.
Finalmente, en la parte resolutiva del acto, en particular en su
artículo primero, la Superintendencia impuso a la empresa una
sanción en la modalidad de multa equivalente a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, discriminados en
cincuenta (50) SMMLV para el año 2015, cuatrocientos treinta (430)
SMMLV para el año 2016 y veinte (20) SMMLV para el año 2017,
para un total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
PESOS ($338.437.490).
5.3.2.- RESOLUCIÓN SSPD-20188000027485 DE 20 DE
MARZO DE 2018, ARTÍCULO PRIMERO Y TERCERO
“[…] RESOLUCIÓN No. SSPD - 20188000027485 DEL 2018
03-20 Expediente No. 2016820420106322E16
Por la cual se decide un Recurso de Reposición
LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
[…]
Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá a
REVOCAR el reconocimiento de los efectos del silencio positivo
en favor del (a) usuario(a), concedidos en la resolución
16
Folio 264 Cuaderno Digital. C1
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
recurrida, respecto de las catorce (14) investigaciones
sobre las cuales no se halló probada transgresión de las
disposiciones del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, y que para
el caso, se encuentran relacionadas en el Título VI del presente
acto.
De igual manera, se procederá a CONFIRMAR el reconocimiento
de los efectos del silencio administrativo positivo, respecto de
las treinta y seis (36) investigaciones sobre las cuales no hubo
mérito para desestimar la sanción impuesta en 'a resolución
recurrida, y que para el caso, corresponderían a los radicados
relacionados en el Título VII del presente acto.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución SSPD No.
20178000148865 del 2017-08- 29, por medio de la cual se
sancionó en la modalidad de MULTA a la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., identificada con
NIT 8020076708, y en su lugar, se dispone reducir dicha
multa en DIEZ (10) SMLMV del año 2015 y CIENTO
TREINTA (130) SMLMV del año 2016, quedando así la
nueva sanción en la modalidad de MULTA al imponer (sic),
consistente en TRESCIENTOS SESENTA (360) SALARIO(S)
MINIMO(S) LEGAL(ES) MENSUAL(ES) VIGENTE(S), por un valor
de doscientos cuarenta y siete millones trescientos sesenta y
cuatro mil ochocientos cuarenta pesos con cero centavos
($247,364,840.00), de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta Resolución.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR tanto la MULTA, así como
el respectivo RECONOCIMIENTO DE EFECTOS, de las demás
TREINTA Y SEIS (36) Investigaciones por silencio
administrativo positivo, sobre las cuales se halló mérito para
modificar o revocar la sanción impuesta en la resolución
recurrida, y que se encuentran debidamente relacionadas en
el Título VII del presenta acto administrativo […]”.
En la Resolución SSPD-20188000027485 de 20 de marzo de 2018,
la Superintendencia resolvió el recurso de reposición interpuesto por
Electricaribe contra la decisión sancionatoria previamente adoptada,
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
mediante la cual se había declarado la configuración del SAP en 50
de las sesenta 60 investigaciones acumuladas y se había impuesto
la correspondiente multa.
La Superintendencia señaló que el análisis del recurso debía
efectuarse caso por caso, verificando nuevamente el cumplimiento
de las obligaciones previstas en el artículo 158 de la Ley 142,
relativas a la emisión de respuesta oportuna y de fondo a las
peticiones de los usuarios, así como el adecuado agotamiento del
procedimiento de notificación, conforme a los artículos 68 y 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En ese marco, procedió a reexaminar individualmente cada una de
las investigaciones, valorando las pruebas inicialmente recaudadas
y las allegadas con el recurso.
A partir de dicho análisis, la entidad distinguió dos grupos de
casos. Por una parte, aquellos en los que encontró que la empresa
había dado respuesta dentro del término legal y había cumplido
adecuadamente con el procedimiento de notificación, o en los que la
petición tenía carácter reiterativo y no exigía un nuevo
pronunciamiento de fondo, circunstancias que desvirtuaban la
configuración del SAP. En estos eventos, la Superintendencia
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
concluyó que no se configuraban los supuestos del artículo 158 de
la Ley 142, por lo que resultaba improcedente mantener la sanción
inicialmente impuesta.
Por otra parte, identificó los casos en los que persistían las
irregularidades advertidas en la decisión inicial, consistentes,
principalmente, en la falta de respuesta oportuna, en la emisión
de respuestas que no resolvían de fondo la solicitud o en
deficiencias en el trámite de notificación, tales como el envío
extemporáneo del aviso, la falta de cumplimiento de los requisitos
previstos en la Ley 1369 o la omisión de las actuaciones exigidas
cuando la notificación personal no pudo surtirse.
Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia concluyó que en
14 de las investigaciones no se acreditó la transgresión del artículo
158 de la Ley 142, razón por la cual procedía revocar el
reconocimiento de los efectos del SAP en tales casos, mientras que
en 36 investigaciones se mantenían las irregularidades que
daban lugar a su configuración.
En la parte resolutiva, y en particular en el artículo primero, la
entidad dispuso modificar la resolución inicial, reduciendo la sanción
impuesta en atención a la exclusión de los 14 casos en los que se
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Nulidad y restablecimiento del derecho
desvirtuó la configuración del SAP.
En consecuencia, disminuyó la multa originalmente fijada y
estableció como sanción definitiva una multa equivalente a 360
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5.4.- PROBLEMAS JURÍDICOS
A partir de los reproches planteados por la demandante en el recurso
de apelación, corresponde a la Sala resolver si confirma, modifica o
revoca el fallo de primera instancia, para lo cual se ocupará de
decidir las censuras planteadas, en el siguiente orden: i) Si procedía
acumular las 60 investigaciones por SAP a pesar de los diferentes
motivos que surgieron para su configuración; ii) Si hay lugar a
estudiar las inconformidades de la actora en torno a la inaplicación
de la Ley 1753 y del Decreto 281 de 2017; iii) Si respecto de los
usuarios EDUARDO SILVERA, LUIS CÁRDENAS, ZUGEYS TAPIAS,
LOURDES ARIZA, WALDO ANTONIO MORALES, JHON AYALA, JOSÉ
SEGUNDO SUÁREZ, ÓSCAR SÁNCHEZ, BLANCA MARÍN, ALBERTO
BENAVIDEZ, ALBERTO FLORES, LILIS SÁNCHEZ, ALONSO
BARBOSA, GLADYS YEPES, YOLANDA QUINTERO, MAURICIA
LÓPEZ, RICARDO GAMARRA y LUZ NEIRA PÉREZ, era procedente
exigir el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1369 para
tener por válida o acreditada la notificación por aviso; iv) Si respecto
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Nulidad y restablecimiento del derecho
de los usuarios ADONIS CHOLES, ANATALIA DÍAZ, CALLETANO
ALFONSO y ANDRÉS MAYA, se quebrantó el principio de congruencia
entre el pliego de cargos y los actos sancionatorios, al haberse
impuesto o confirmado la sanción con fundamento en supuestas
irregularidades en la notificación, pese a que la imputación inicial
versó sobre la falta de respuesta oportuna; v) Si en relación con los
usuarios MARIO BAUTISTA CENTENO, FRANCO HORTA, SHIRLEY
TAFUR, DANNYS VIANA, GEORGINA LÓPEZ y JHON PÉREZ, la
Superintendencia interpretó acertadamente el artículo 69 del CPACA
al concluir que el aviso debía remitirse en un término cierto,
particularmente, al día sexto; y, vi) Si respecto de los usuarios
HUMBERTO BOLÍVAR GUTIÉRREZ, JOSÉ PEÑA, SERGIO OBREGOSO,
HÉCTOR DE LIMA, EMIL MARUN, AURA CENZATO, LEYLA CHARRIS
y DIANA MARTÍNEZ, la Superintendencia vulneró el debido proceso
al no conceder el recurso de apelación contra el acto sancionatorio,
pese a lo previsto en el artículo 113 de la Ley 142.
Para resolver estos planteamientos, la Sala identificará previamente
el marco jurídico en el que se funda la ocurrencia del SAP en materia
de servicios públicos.
5.5.- MARCO NORMATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el
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Nulidad y restablecimiento del derecho
derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
En desarrollo de este mandato, el ordenamiento prevé un
procedimiento y también regula los plazos y términos con los que
cuenta la administración para responder las solicitudes que
presentan los administrados, so pena de las consecuencias jurídicas
que operan por la inactividad de la autoridad frente a dicha
obligación.
De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como
una presunción o ficción legal según la cual transcurrido un
determinado plazo sin que la administración resuelva la petición, y
cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la
solicitud ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla
general, o en sentido estimatorio, en los casos expresamente
previstos en la legislación.
En relación con el régimen de servicios públicos domiciliarios, el
legislador aprobó que en ejercicio del derecho de petición que les
asiste a los usuarios, opera la figura del silencio administrativo
positivo - SAP.
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En efecto, la Ley 142 estableció como cláusula esencial del contrato
de servicios públicos que el suscriptor o el usuario pueden presentar
ante la empresa prestadora peticiones, quejas y recursos
relacionados con la ejecución del contrato.
De ahí que a las empresas les corresponde obligatoriamente tener
una oficina de peticiones, quejas y recursos encargada de recibir,
tramitar y responder las solicitudes verbales o escritas que formulen
los usuarios, suscriptores y/o los suscriptores potenciales en relación
con el servicio que estas prestan.
Así lo prevén los artículos 153 y 154 de la referida Ley 142:
"[…] Artículo 153. De la oficina de peticiones y
recursos. Todas las personas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de
recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten
los usuarios, los suscriptores o los suscriptores
potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las
peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.
Las peticiones y recursos serán tramitados de
conformidad con las normas vigentes sobre el derecho
de petición.
Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas
decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan
las reclamaciones por facturación debe interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.
De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.
Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia […]”.
En este contexto, el artículo 158 17 de la Ley 142 establece la
ocurrencia del silencio administrativo positivo para las peticiones
y recursos que no sean resueltos dentro del término de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación,
al disponer que, vencido ese plazo, salvo que se demuestre que el
suscriptor o usuario auspició la demora o que era necesaria la
práctica de pruebas, se entiende que hubo una decisión favorable
para la solicitud del peticionario o del recurrente.
17
“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y
peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en
forma favorable a él”.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
En el mismo sentido, el artículo 123 18 del Decreto 2150 de 5 de
diciembre de 199519 establece que toda entidad o persona vigilada
por la Superintendencia tiene la obligación de resolver las
peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo del contrato de servicios, dentro de un
término de quince días hábiles contados a partir de su
presentación.
También prevé este precepto que en caso de que no se resuelva
la PQR dentro de las setenta y dos horas siguientes al vencimiento
del término, la entidad prestadora deberá reconocer al suscriptor
o usuario los efectos del silencio administrativo positivo; y si no lo
hace, el interesado podrá acudir ante la Superintendencia para que
se impongan las sanciones a que haya lugar y se adopten las
decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto
presunto.
18
“ARTÍCULO 123.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo,
contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene
la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se
requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma
favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al
suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el
peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto.
PARÁGRAFO. - Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de
"petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que
presente un suscriptor o usuarios […]”.
19
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
En este orden, se tiene que en materia de servicios públicos la no
respuesta oportuna a la PQR deriva en una presunción legal
favorable para el usuario, lo que permite concluir que la ocurrencia
del silencio positivo surge por no resolver en oportunidad la petición
y/o recurso.
Ahora, este silencio también se configura cuando pese a contestarse
en tiempo la PQR, no se notifica bajo las normas del CCA o del
CPACA, habida cuenta que es la notificación la que permite enterar
al usuario o suscriptor del sentido en que se resolvió su petición,
queja o recurso, lo cual está reglado por estas codificaciones,
conforme se sostuvo en la sentencia de 3 de mayo de 2018, así20:
“[…] se observa con claridad que el legislador estableció que en
materia de servicios públicos domiciliarios, las empresas
prestadoras cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles
para RESOLVER las peticiones, quejas y recursos, so pena
que se entienda que éstos fueron resueltos
favorablemente, lo que sin duda alguna constituye una
garantía para el administrado, la cual fue fortalecida en el
sentido de imponer a la empresa prestadora la
obligación de reconocer el acto ficto “(d)entro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del
término de los quince (15) días hábiles”, sin que la norma
especial prevea para tal efecto un trámite adicional,
obligación que de no cumplirse habilita al peticionario
para que acuda a la superintendencia, a fin de que
imponga las sanciones correspondientes, “sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta – Descongestión.
Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00474-01. Actor:
Industria Nacional de Gaseosas S.A. – INDEGA S.A. Demandado: Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda
Instancia. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto”.
[…] en el caso de autos la [norma] aplicable (artículo 123
del Decreto Ley 2150 de 1995) hace alusión a “resolver”,
la Sala estima que una interpretación sobre un asunto
tan sensible y excepcional, como el hecho de entender
que el silencio de la administración equivale a que
accede a lo solicitado, debe acompasarse con la realidad,
esto es, al hecho de que las entidades requieren de un
tiempo razonable para resolver de fondo y manera
congruente las peticiones y para NOTIFICAR la
respuesta atendiendo las normas que establecen plazos
y procedimientos que deben surtirse, los cuales deben
interpretarse de manera lógica, útil y armónica con los
términos para la configuración del silencio
administrativo positivo.
En ese orden de ideas, frente al caso concreto de un lado se
tiene que el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995
prevé un plazo de 15 días hábiles PARA RESOLVER las
peticiones, quejas y recursos en materia de servicios
públicos domiciliarios, y por otro, que el artículo 159 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689
de 2001, establece que las respuestas correspondientes
se NOTIFICARÁN “en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo”.
Ahora bien, según el anterior código las decisiones que ponen
fin a una actuación administrativa se notifican
personalmente, para lo cual el artículo 44 prevé que se
enviará una citación al interesado “dentro de los cinco (5)
días siguientes a la expedición del acto”, a fin de que acuda a
la entidad y se notifique de la decisión. Asimismo, se tiene
que el artículo 45 del mismo estatuto señala que si no
pudiere llevarse a cabo la notificación personal al cabo
de los 5 días del envió de la notificación, la
administración fijará un edicto por el término de 15 días.
Por lo tanto, fácilmente puede advertirse que en el proceso de
notificación del C.C.A., cuando ésta se efectúa por edicto
pueden transcurrir 20 días, esto es, un plazo mayor al de 15
previsto en el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 para
resolver las peticiones en materia de servicios públicos.
En vista de lo anterior, no resulta razonable predicar que
la administración tiene hasta 15 días para dictar la
decisión y NOTIFICAR la respuesta correspondiente, so
pena de que se configure el silencio administrativo, pues dicho
plazo es inferior al legalmente consagrado para efectuar
la NOTIFICACIÓN respectiva.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Dicho de otro modo, una INTERPRETACIÓN RAZONABLE de
las normas objeto de análisis, consiste en predicar que la
administración tiene hasta 15 días para DICTAR la decisión
correspondiente, so pena de que se entienda que la respuesta
es favorable.
Ahora bien, CON LO ANTERIOR la Sala en manera alguna
desconoce la importancia de la debida notificación,
máxime cuando la misma constituye un elemento
esencial del derecho de petición 21 , sin embargo, en
tratándose del silencio administrativo positivo, donde el
término para resolver las peticiones correspondientes es menor
al previsto para efectuar la notificación, resulta necesario
DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta
y los establecidos para notificar ésta.
Se destaca que dicha diferenciación es relevante en materia del
silencio administrativo positivo, porque de configurarse el
mismo, además de entenderse que la administración accedió a
lo solicitado, la misma pierde competencia para
pronunciarse sobre el asunto, lo que no ocurre cuando el
silencio administrativo es negativo22, de manera tal que el
análisis que se efectúa sobre la configuración de aquél debe ser
riguroso, lo que implica tener presente (i) las particularidades
de la norma que consagra el silencio administrativo positivo,
por ejemplo, en cuanto el plazo concedido y qué exige que se
haga en el mismo (decidir 23 , resolver 24 , notificar,
pronunciarse25), (ii) así como las disposiciones aplicables
para la notificación correspondiente, y por ende, evaluar
si las exigencias hechas a la administración frente a la(s)
solicitud(es) elevada(s) resultan razonables.
La importancia de tener en cuenta los aspectos antes señalados
radica por ejemplo, en que si los mecanismos de notificación
aplicables para el caso en concreto permiten que el
peticionario tenga conocimiento de la respuesta emitida a
través de correo electrónico, como acontece bajo la Ley
1437 de 2011 (art. 67) (que en esta oportunidad no es la
21
Sobre los elementos esenciales del derecho de petición: Corte Constitucional, sentencia C-007 del
18 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
Sobre el particular puede consultarse: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de
mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446). 2)
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.
25000-23-26-000-1995-01143-01(14850).
23
Verbigracia artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 en materia aduanera, o el artículo 69 de la Ley
338 de 1997 frente a resolución de recursos en asuntos de expropiación.
24
Artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 en tratándose de servicios públicos domiciliarios.
25
Por ejemplo: Artículo 25, numeral 16 de Ley 80 de 1993 frente a contratación estatal, o el artículo
28 del Decreto 564 de 2006 sobre licencias urbanísticas.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
norma a aplicar 26 ), en principio nada justificaría que la
administración pudiendo DAR A CONOCER LA
RESPUESTA DE MANERA INMEDIATA Y EFICAZ por dicho
medio, no lo hiciere en el plazo legalmente establecido
para resolver la petición.
Bajo el criterio interpretativo expuesto, a juicio de la Sala se
vela por la efectividad de las normas que consagran el
silencio administrativo positivo y las consecuentes
garantías de quienes resultan beneficiados, como por el
efecto útil de las disposiciones atinentes a los
mecanismos de NOTIFICACIÓN, aspectos que se itera,
deben analizarse en cada caso […]”.
De lo hasta aquí expuesto, queda dilucidado que el silencio
administrativo positivo no se deriva únicamente de no resolver en
tiempo -15 días - las peticiones, quejas o recursos, sino que también
debe verificarse que resuelto en oportunidad esta decisión se
notifique bajo las normas del CCA y/o CPACA, según corresponda,
habida cuenta que por los efectos que se derivan para el
administrado de enterarse de tal decisión no basta que se conteste
en tiempo, sino que es necesario que se dé a conocer la decisión
bajo el procedimiento legal en vigor, en tanto el derecho de petición
no se satisface si no se garantiza y prueba que se ha enterado de lo
resuelto al peticionario.
Así, en vigor del CPACA está prevista la posibilidad de notificar las
decisiones que resuelven una PQR mediante: i) correo electrónico,
26
Teniendo en cuenta que entró en vigencia el 2 de julio de 2012 (art. 308), es decir, antes de la
actuación que dio lugar a los actos acusados.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
herramienta que entera de inmediato al peticionario, comoquiera
que estas actuaciones pueden ocurrir en un mismo momento; ii) de
no ser posible lo anterior, se enviará citación para la notificación
personal a fin de que comparezca el peticionario; y iii) cuando
resulte fallida esta, debe agotarse la notificación por aviso.
Para efecto de un mejor entendimiento del trámite de las PQR en
materia de servicios públicos, con fundamento en la Ley 142 de
1994, el Decreto 2150 de 1995 y el CPACA, la Sala presenta el
siguiente cuadro:
Trámite de las PQR en materia de servicios públicos
Término
Radicación de para
Eventos que pueden ocurrir
la petición resolver la
PQR
1-15 días La
Aplicación del
hábiles. Se Resuelve administración
Esta fecha procedimiento de
cuenta a en el plazo debe proceder a
fija el notificación
partir de la la notificación
extremo para radicación Reconocimiento
comenzar el de la PQR Ocurrencia del
de los efectos
conteo del (Artículos 158 No SAP por
del SAP en las
plazo para de la L 142 y resuelve incumplimiento
próximas 72
resolver. 123 del Dec. en el plazo por no resolver
2150 de horas por la
en el plazo
1995) empresa de SPD
Procedimiento de notificación de la decisión (Régimen CPACA)
Inmediata – Debe
Electrónica coincidir con la respuesta.
Respuesta de la PQR en
Se concluye la
notificación
Envío de la citación a la
dirección física, número de
Citación para
fax y Correo electrónico
Notificación Personal notificación personal
que figure en el expediente
(Artículo 68 del CPACA
oportunidad
o en el registro mercantil,
– 5 días siguientes a la
para que el peticionario
respuesta)
comparezca (5 días s.s. a
la respuesta de la PQR)
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Nulidad y restablecimiento del derecho
El administrado Imposibilidad de hacer
acude a notificarse la notificación personal
Debe agotarse la siguiente
Se concluye la
etapa: notificación por
notificación
aviso
Remisión del aviso a: Dirección física
Número de fax
(artículo 69 del CPACA) Correo electrónico que
figure en el expediente o
Por aviso en el registro mercantil
Notificación: se surte al finalizar el día siguiente a
aquel en el que se realiza la entrega del aviso. Se
concluye la notificación.
De lo examinado, se aprecia que para tener por resuelta en
oportunidad la PQR surgen varios eventos, los que tendrán que ser
observados tanto por las empresas de servicios públicos como por la
entidad de vigilancia en aras de validar el reconocimiento de los
efectos del SAP y/o las sanciones a que haya lugar producto de su
incumplimiento, según corresponda.
5.6.- SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
De acuerdo con el anterior marco jurídico, la Sala abordará cada uno
de los reproches planteados contra el fallo del Tribunal a quo, los
cuales, por virtud del límite previsto en el artículo 320 del CGP, se
restringirán a los aspectos expuestos, los que por razones
metodológicas se resolverán, así:
5.6.1.- DE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SAP
La empresa apelante insistió en que la Superintendencia vulneró su
derecho al debido proceso al acumular en un solo expediente las
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Nulidad y restablecimiento del derecho
60 investigaciones adelantadas por presunta configuración del
SAP, con fundamento en peticiones, quejas y recursos de distintos
usuarios, los cuales se radicaron en diferentes oficinas territoriales.
Cuestionó la decisión del a quo, porque estimó que a diferencia del
derogado artículo 29 del CCA el artículo 36 del CPACA únicamente
permite la acumulación de documentos y diligencias relacionados
con una idéntica actuación, de modo que, en su entender, no
resultaba jurídicamente viable adelantar en un solo expediente
todas las investigaciones por la presunta configuración del SAP pese
a que estas se dirigen contra la misma empresa prestadora de
servicios públicos.
Para resolver este planteamiento se prohijará el fallo de 28 de
mayo de 2026, en el que se destacó que en virtud del artículo 209
de la Constitución Política la función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con
fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad. Y se
puntualizó:
“[…] De ahí que estos principios orienten a las autoridades
administrativas en el sentido de que les corresponde
estructurar y adelantar los procedimientos a su cargo con: i)
apego a la norma, ii) racionalizando el uso de los recursos
económicos y temporales, iii) evitando trámites inútiles, iv)
adoptando decisiones oportunas y evitando las inhibitorias, v)
incentivando la aplicación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y vi) garantizando el ejercicio del derecho
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Nulidad y restablecimiento del derecho
de contradicción y defensa del administrado, entre otras.
Precisamente, el artículo 3º del CPACA desarrolla dicho
mandato superior y dispone que las autoridades
administrativas deben interpretar y aplicar los principios allí
enunciados a todos los procedimientos que adelantan. Entre
tales principios se encuentran los de economía, eficacia y
celeridad, cuyo fin se orienta a remover los obstáculos
formales que pueden afectar una decisión pronta, de fondo y
que garantice los derechos de quienes intervienen en este
procedimiento.
A partir de la aplicación de estos principios, el artículo 36 del
CPACA admite como viable que los documentos y diligencias
relacionados con una misma actuación se puedan adelantar
en un solo expediente, al cual se acumularán. Tal
determinación procede de oficio o a petición del interesado y
se analiza bajo el criterio que corresponda, que para este caso
sería el que los asuntos se tramitan ante la misma autoridad.
Ahora, la Sala identificará si los elementos que preveía el CCA
para la acumulación de expedientes en sede administrativa
resultan ser diferentes a los que fijó artículo 36 del CPACA,
norma bajo la cual se adoptó tal decisión por ser la que se
encontraba en vigor 27 al tramitarse el procedimiento
administrativo y determinar si, como lo reclama la
demandante, esta decisión resultaba improcedente. Las
normas en comento son del siguiente tenor:
ARTÍCULO 36 CPACA ARTÍCULO 29 CCA
“[…] Artículo 36. Formación y examen “[…] Cuando hubiere documentos
de expedientes. Los documentos y relacionados CON UNA MISMA
diligencias relacionados CON UNA ACTUACIÓN o con actuaciones que
MISMA ACTUACIÓN se TENGAN EL MISMO EFECTO, se hará
organizarán en un solo con todos un solo expediente al
expediente, al cual se cual se acumularán, de oficio o a
acumularán, con el fin de evitar petición de interesado, cualesquiera
decisiones contradictorias, de oficio o otros que se tramiten ante la misma
a petición de interesado, autoridad y tengan relación íntima con
cualesquiera otros que se él para evitar decisiones
tramiten ante la misma contradictorias.
autoridad. […]”
[…]”.
Del análisis de las normas transcritas se tiene que si bien es
cierto que el artículo 29 del CCA establecía como una de las
situaciones para proceder a la acumulación el que las
actuaciones tuvieran “el mismo efecto”, también lo es que la
eliminación de esta frase en el texto del CPACA no incide en
una interpretación diferente ni tampoco conlleva una
prohibición en estricto sentido, por cuanto la acumulación
27
Bajo esta disposición se adelantó el procedimiento administrativo que orientó la expedición de los
actos acusados y se aplicó en razón a que debe acudirse a esta en lo no regulado por la norma especial
contenida en la Ley 142 de 1994.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
frente a “diligencias relacionadas con una misma actuación”,
contiene un concepto suficientemente amplio para que el
funcionario investigador establezca si las peticiones puestas a
su consideración guardan o no esa identidad.
Dicho lo anterior, se tiene que en el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala la Superintendencia profirió los autos de
apertura y los pliegos de cargos individuales respecto de cada
una de las quejas, peticiones o recursos en los que los usuarios
de ELECTRICARIBE alegaban la configuración del SAP; y fue
con posterioridad que identificó que las actuaciones seguidas
contra la demandante se relacionaban con una misma
actuación.
Precisamente, se identificó que era válido ordenar la
acumulación, por cuanto: i) todas las investigaciones
recayeron frente a la misma empresa prestadora; y ii) porque
estas se adelantaron para establecer la presunta infracción del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ante la falta de respuesta
oportuna de la PQR y a la ausencia de reconocimiento de los
efectos del SAP, esto es, compartían una idéntica causa.
De ahí que el argumento de especialidad como el motivo que
identifica o en el cual se puede clasificar la PQR del usuario para
solicitar la aplicación del SAP y sus diversas fuentes de
configuración, no determina la existencia de circunstancias
disimiles que rompan la causa que las origina, la cual, como lo
concluyó la entidad demanda, resultaba suficiente para que la
Superintendencia adelantara las investigaciones agrupadas
mediante la decisión de acumulación.
Además, no se acreditó por la apelante que la acumulación
fuera contraria a los fines de la función pública, es decir, que el
adelantamiento del procedimiento hubiera puesto en riesgo no
solo la actuación adelantada, sino el ejercicio del derecho de
defensa y del debido proceso que le asiste como investigada.
De este modo se evidencia que, contrario a lo alegado, la
Superintendencia procuró la realización de los principios de
eficacia, economía y celeridad; y también se constató que la
demandante ejercitó su derecho de defensa, a tal punto que no
fue sancionada por la totalidad de las denuncias por las que se
le investigó, lo que descarta que esta medida la haya privado
de responder frente a los asuntos acumulados y/o que la
entidad haya resuelto las quejas conjuntamente como lo
señala, en desmedro de un análisis propio que amerita cada
una de los reclamos recibidos […]”.
Todo lo anterior demuestra que la decisión de acumular 60
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Nulidad y restablecimiento del derecho
denuncias en un expediente no contravino la norma superior ni
tampoco restringió el debido proceso de ELECTRICARIBE, motivo
suficiente para denegar este reproche.
Ahora, en relación con el planteamiento de que también existió una
indebida acumulación de expediente, en tanto la Superintendencia
centralizó en Barranquilla el estudio de todos los casos, lo que
presuntamente desconoció el artículo 156 del CPACA, la Sala
advierte que este reproche únicamente se adujo en el recurso de
apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los actos
acusados.
De ahí que, al haberse invocado en una etapa posterior a la
presentación de la demanda, torna en improcedente y
extemporáneos su examen por cuanto debió plantearse en la
demanda o su adición, y porque estudiarlo representaría la
trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte
demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la
igualdad entre las partes.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201828, en la que se señaló:
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas
en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el
reproche aludido, habida cuenta que este apenas se invocó en el
recurso de apelación, lo que representa que acogerlo para examen
rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la
parte demandada no tendría la posibilidad de controvertir y
desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la
demanda29.
5.6.2.- DE LAS INCONFORMIDADES DE LA ACTORA EN TORNO
A LA INAPLICACIÓN DE LA LEY 1753 Y DEL DECRETO 281 DE
2017
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
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60
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
En el recurso de apelación la parte actora sostuvo, en síntesis, que
la sanción impuesta por la Superintendencia carece de sustento
legal, en la medida en que su confirmación y dosificación se apoyó,
por una parte, en el artículo 208 de la Ley 1753, disposición que
modificó el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 y que
posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-092 de 2018 y, por otra, porque el Decreto
281 de 2017, el cual, según afirmó, no se encontraba en vigor para
la época en que ocurrieron los hechos materia de investigación.
Al respecto, la Sala advierte que dichos planteamientos únicamente
se adujeron en el recurso de apelación, y ello constituye la
formulación de nuevos cargos contra los actos acusados no
invocados en la demanda, situación que torna en improcedente su
estudio y, en consecuencia, releva a esta Sala de pronunciamiento
de fondo acerca estos reproches.
La anterior conclusión no obsta para referir que la obligatoriedad de
un fallo de inexequibilidad, según lo dispuesto en el artículo 4530 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Ley 270 de 1996,
por regla general, tiene efectos hacia el futuro (ex nunc), en virtud
30
“ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO
DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
del principio de seguridad jurídica y, en ese orden, es preciso
considerar si la declaratoria de inexequibilidad afecta los actos aquí
acusados, no por el cargo formulado sino por la obligatoriedad
jurídica que tal decisión tiene al ser retirada del ordenamiento
jurídico.
En efecto, la propia Corte Constitucional en la sentencia SU037-1931
respecto de los efectos y obligatoriedad de sus fallos precisó:
“[…] 5. Los efectos temporales de las sentencias de
inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional
[…] 5.5. Así las cosas, en la actualidad, por regla general
y salvo que se indique expresamente algo diferente en
el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una
disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto,
según lo ha explicado esta Corte, encuentra sustento en los
principios de seguridad jurídica y democrático, los
cuales implican “la presunción de constitucionalidad de
las normas que integran el sistema jurídico” mientras
ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una
providencia con fuerza erga omnes, luego de surtirse un
proceso de constitucionalidad abstracta.
5.6. En este orden de ideas, cuando esta Corporación
declara la inconstitucionalidad de una norma sin
retrotraer los efectos de su determinación, CONVALIDA
DE CONTERA LAS SITUACIONES JURÍDICAS
CONSOLIDADAS A SU AMPARO ENTRE EL INSTANTE EN
EL QUE ENTRÓ EN VIGENCIA Y LA FECHA DE LA
SENTENCIA, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso,
en principio, se reputan como legítimas por haber sido
ejecutadas en consonancia con el derecho positivo vigente […]”
31
Corte Constitucional - Sentencia del 31 de enero de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
En ese orden, basta señalar que le corresponde al juez contencioso
identificar si el fallo tiene incidencia en los actos administrativos
acusados, habida cuenta que si bien es cierto la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-092 de 3 de octubre 2018 32 declaró
inexequible el artículo 20833 de la Ley 1753 de 201534, lo relevante
para este análisis es que dicha sentencia no estableció efectos
retroactivos.
Así las cosas, se tiene que los actos administrativos se expidieron el
29 de agosto de 2017 y 20 de marzo de 2018, esto es, antes de que
se profiriera la sentencia C-092 de 3 de octubre de 2018 y por virtud
32
Según consulta en la página web este fallo se notificó por edicto fijado el 20 de noviembre de 2018
y desfijado el 22 de noviembre, de lo que se colige que adquirió ejecutoria el 27 de noviembre siguiente.
Se consultó en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=1&expediente=D0011729&lis
ta=datosExpedientes_1777073276882
33
“ARTÍCULO 208. Modifíquese el numeral 81.2 y adiciónense dos parágrafos al artículo 81 de la Ley
142 de 1994, los cuales quedarán así:
“81.2. Multas hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para
personas naturales y hasta por el equivalente a cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales
para personas jurídicas. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto,
dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras
sanciones que aquí se prevén. Los recursos producto de las multas que imponga esta Superintendencia
ingresarán al Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003. Las empresas a las que se multe
podrán repetir contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.
La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90
de la Constitución”.
“Parágrafo 1o. Sobre las multas a las que hace referencia el numeral 81.2 del presente artículo, el
Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley
reglamentará los criterios y la metodología para graduar y calcular las multas. En todo caso la
reglamentación del Gobierno Nacional tendrá en cuenta criterios como el impacto de la infracción sobre
la prestación del servicio público, el tiempo durante el cual se presentó la infracción, el número de
usuarios afectados, el beneficio obtenido por el infractor, la cuota del mercado o el beneficio económico
que se hubiere obtenido producto de la infracción.
La reglamentación también incorporará circunstancias de agravación y atenuación como el factor de
reincidencia, la existencia de antecedentes en relación con incumplimiento de compromisos adquiridos
o de órdenes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la colaboración con las
autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta.
PARÁGRAFO 2o. La facultad que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
imponer una sanción por la violación del régimen de prestación de los servicios públicos caducará
transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo
de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio
haya sido notificado […]”
34
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
de los efectos hacia el futuro no puede la Sala ocuparse de examinar
la incidencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 208 de
la Ley 1753 de 2015.
Por lo expuesto, y tal como se anticipó, no hay lugar a realizar ningún
pronunciamiento.
5.6.3.- DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1369
La actora sostuvo que la Superintendencia incurrió en falsa
motivación y vulneró el principio de legalidad al exigir, para tener
por válida o acreditada la notificación por aviso, el cumplimiento de
requisitos previstos en la Ley 1369, respecto de los usuarios
EDUARDO SILVERA, LUIS CÁRDENAS, ZUGEYS TAPIAS, LOURDES
ARIZA, WALDO ANTONIO MORALES, JHON AYALA, JOSÉ SEGUNDO
SUÁREZ, ÓSCAR SÁNCHEZ, BLANCA MARÍN, ALBERTO BENAVIDEZ,
ALBERTO FLORES, LILIS SÁNCHEZ, ALONSO BARBOSA, GLADYS
YEPES, YOLANDA QUINTERO, MAURICIA LÓPEZ, RICARDO
GAMARRA y LUZ NEIRA PÉREZ.
Señaló que esa exigencia resultaba improcedente, porque el régimen
aplicable a la notificación de las decisiones empresariales en materia
de servicios públicos domiciliarios no se encuentra en la Ley 1369,
sino en la Ley 142 y en las disposiciones del CPACA.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
En ese sentido, afirmó que la obligación de la empresa se limitaba a
remitir el aviso, sin que le fueran exigibles formalidades propias del
régimen postal, como la acreditación de entrega, firma o
identificación del receptor, de modo que la sanción terminó
sustentándose en exigencias no previstas en la normativa aplicable.
Para establecer si procede el reproche de la apelación, es preciso
establecer qué decidió la Superintendencia respecto de los casos
aludidos, según la Resolución SSPD 20188000027485 de 20 de
marzo de 2018, por la cual resolvió el recurso de reposición contra
la sanción impuesta, en el sentido de confirmar, para estos casos, lo
decidido frente a la ocurrencia del SAP, por las siguientes razones:
# # Usuario y radicado Razón de sanción
SAP
1 7 Eduardo Silvera Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200728422 personal de la respuesta, se observa que la empresa procede
a notificar por aviso el 16 de febrero de 2016 (fl.14 del
recurso), obrando prueba de entrega que no cumple con los
requisitos mínimos de validez para las pruebas de
entrega que dispone la Ley 1369 de 2009, pues no aparece
en la misma la firma de quien recibe, identificación personal,
ni fecha de recibido.
No obstante lo anterior, como la citación se envió el 4 de
febrero de 2016, el aviso debió remitirse el 12 de febrero
de 2016; y no el 15 de febrero de 2016, como
efectivamente se hizo, provocando asi la extemporaneidad
del mismo y por ende la indebida notificación.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P., si incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la
falta de respuesta en debida forma de la petición instaurada el
21 de enero de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, asi como su respectivo
reconocimiento de efectos.
2 8 Luis Cárdenas Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200728432 personal de la respuesta, se observa que la empresa procede
a notificar por aviso el 2 de febrero de 2016 (fl. 16 del recurso),
obrando prueba de entrega que no cumple con los
requisitos de la Ley 1369 de 2008, pues no aparece en
la misma la identificación y la fecha de la misma.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., si
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta
de respuesta en debida forma de la petición: instaurada
el 12 de enero de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
3 11 Zugeys Tapias Ahora, teniendo en cuenta que no fue posible la entrega del
20168200728662 aviso, la empresa debió proceder conforme lo establece el
artículo 69 del CPACA” el aviso, con copia integra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo
caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad
por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
al retiro del aviso”.
4 13 Lourdes Ariza Al analizar el caudal probatorio que reposa en el expediente,
20168200728802 observa el despacho que empresa no cumplió con el
requisito de publicar en página web de la entidad.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., si
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 27 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos
5 22 Waldo Antonio Morales Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200729092 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 15 de junio de 2016 (fl. 35 y 127 del Recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma,
construyéndose a misma en un aprueba ilegible.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 16 de
mayo de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
6 24 Jhon Ayala Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200729882 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 10 de agosto de 2016 (fl. 38 del Recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 14 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
7 25 José Segundo Suárez Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200729942 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 22 de julio de 2016 (fl. 40 del Recurso) obrando prueba
de entrega que no cumple con los requisitos de la Ley
1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 27 de
junio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, así como su respectivo
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
reconocimiento de efectos.
8 26 Óscar Sánchez Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200734102 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 10 de agosto de 2016 (fl. 38 del Recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1309 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 14 de
julio de 2016, por lo que se debe mar la sanción impuesta en
la resolución recurrida, así como su respectivo reconocimiento
de efectos.
9 38 Blanca Marín Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200747322 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 8 de agosto de 2016 (fl. 35) obrando prueba de
entrega que no cumple con los requisitos de la Ley 1369
de 2008, pues no se observa con claridad el nombre, la
identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 14 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
10 39 Alberto Benavidez Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200748962 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 13 de junio de 2016 (fl. 51 del Recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 18 de
mayo de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
11 43 Alberto Flores Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200752002 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 12 de agosto de 2016 (fl. 68 del Recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se encuentra en la misma el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 21 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
12 44 Lilis Sánchez Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200753702 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 5 de agosto de 2016 (fl. 70 del Recurso de reposición)
obrando prueba de entrega que no cumple con los
requisitos de la Ley 1369 de 2008, pues no se observa
con claridad el nombre, la identificación, la hora y la
fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 13 de
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
13 47 Alonso Barbosa Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200757742 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 8 de enero de 2016 (fl. 73 del Recurso) obrando prueba
de entrega que no cumple con los requisitos de la Ley
1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 9 de
diciembre de 2015, por lo que se debe confirmar la sanción
impuesta en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
14 53 Gladys Yepes Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200760732 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 3 de agosto de 2016 (fl. 320 de reposición) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 8 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
15 55 Yolanda Quintero Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200761002 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 22 de agosto de 2016 (fl. 323 del recurso de
reposición) obrando prueba de entrega que no cumple con
los requisitos de la Ley 1369 de 2008, pues no se
observa con claridad el nombre, la identificación, la hora
y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 19de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
16 56 Mauricia López Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200761012 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 11 de agosto de 2016 (fl. 326 recurso de reposición)
obrando prueba de entrega que no cumple con los
requisitos de la Ley 1369 de 2008, pues no se observa
con claridad el nombre, la identificación, la hora y la
fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 14 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
17 58 Ricardo Gamarra Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
20168200761602 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
aviso el 2 de agosto de 2016 (fl. 88 del recurso) obrando
prueba de entrega que no cumple con los requisitos de la
Ley 1369 de 2008, pues no se observa con claridad el
nombre, la identificación, la hora y la fecha de la misma.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ES.P., sí
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la falta de
respuesta en debida forma de la petición instaurada el 8 de
julio de 2016, por lo que se debe confirmar la sanción impuesta
en la resolución recurrida, así como su respectivo
reconocimiento de efectos.
18 60 Luz Neira Pérez (Julio Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
Diaz)35 personal de la respuesta, entonces procede a notificar por
20168200761702 aviso el 10 de mayo de 2016 (fl. 334 recurso de reposición)
obrando prueba de entrega que no cumple con los
requisitos de la Ley 1369 de 2008, pues no se observa
con claridad el nombre, la identificación, la hora y la
fecha de la misma.
Como se aprecia, en los casos relacionados con los usuarios LUIS
CÁRDENAS, WALDO ANTONIO MORALES, JHON AYALA, JOSÉ
SEGUNDO SUÁREZ, ÓSCAR SÁNCHEZ, BLANCA MARÍN,
ALBERTO BENAVIDEZ, ALBERTO FLORES, LILIS SÁNCHEZ,
ALONSO BARBOSA, GLADYS YEPES, YOLANDA QUINTERO,
MAURICIA LÓPEZ, RICARDO GAMARRA y LUZ NEIRA PÉREZ /
JULIO DÍAZ, la Superintendencia no dio validez a la notificación
por aviso debido a que en la constancia de entrega que emitió la
empresa de mensajería no se hizo constar i) el nombre de quien
recibió, y ii) tampoco la fecha y hora, conforme lo prevé la Ley 1369,
según lo explicó en la parte de consideraciones, pero sin indicar la
disposición concreta que contiene tal requisito.
En efecto, si bien le asiste razón a la Superintendencia de que la Ley
1369 es la que establece el régimen de los servicios postales,
también lo es que en el examen que adelantó no identificó de qué
35
Ambos nombres asociados en las resoluciones al número de SAP, número de caso y datos, por lo
que se mantendrá la identificación de los dos usuarios.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
manera se afectó la notificación por aviso de los usuarios de la
demandante y la situación que echó de menos para no darla por
surtida. Aun así, se destaca que en la contestación de la demanda la
Superintendencia explicó que su decisión se fundó en el literal “e”
del numeral 2.3 del artículo 3° de la referida Ley 1369, que prevé:
“[…] ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se
adoptan las siguientes definiciones:
[…]
2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente
que exige la aplicación y adopción de características especiales
para la recepción, recolección, clasificación, transporte y
entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso
será reglamentado por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
[…]
e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de
entrega e identificación de quien recibe […]”.
Al respecto, la Sala advierte que el trámite de la notificación por
aviso está regulado en el artículo 69 del CPACA, el cual dispone que
frustrada la notificación personal dentro de los cinco días siguientes
al envío de la citación, esta se surtirá mediante aviso remitido a la
dirección, fax o correo electrónico que figuren en el expediente o en
el registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto, con las
menciones allí exigidas, y dejando constancia en el expediente de la
remisión y de la fecha en que se entiende surtida la notificación.
La norma no remite a la Ley 1369 ni condiciona la validez de la
notificación a que la guía postal contenga el nombre de la persona
que materialmente recibe el envío, sino al hecho jurídicamente
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
relevante de que el aviso sea enviado a la dirección que obra en el
expediente a fin de que se acredite la entrega en el lugar de destino.
En ese contexto, la Sala concluye que la Superintendencia no
podía soportar su decisión en las exigencias del régimen postal
contenido en la Ley 1369 como requisitos adicionales de validez de
la notificación por aviso, más allá de lo previsto en el artículo 69 del
CPACA, motivo que lleva a concluir que en los casos aludidos en los
que se identificó que la configuración del SAP ocurrió por la
inobservancia de la referida ley, la sanción impuesta carece de
validez.
Ahora bien, como se aprecia en el cuadro que antecede, en los casos
de las usuarias ZUGEYS TAPIAS y LOURDES ARIZA, la
configuración del SAP no obedeció a la aplicación de la Ley 1369,
sino a la falta de publicación del aviso en el sitio web de la
sancionada, mientras que en el asunto del usuario EDUARDO
SILVERA, lo fue principalmente por la extemporaneidad del envío
del aviso, razones por las cuales no se configura la irregularidad
planteada por cuanto los razonamientos para la sanción no se
sustentó en la inobservancia de los presupuestos de la Ley 1369.
Lo anterior significa que la alegación de la empresa demandante en
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Nulidad y restablecimiento del derecho
relación con estos tres (3) casos carezca de correspondencia con la
violación planteada, lo que impide analizar las razones que
motivaron a la Superintendencia para imponer la sanción por SAP si
se tiene en cuenta que no hizo ningún reproche al respecto, lo que
releva el examen sobre el particular pues ello representaría ampliar
el objeto del debate, lo cual está vedado para esta jurisdicción
rogada. Por lo expuesto, se CONFIRMARÁ el fallo respecto de estos
3 asuntos.
En los demás casos examinados (15), la sentencia proferida en
primera instancia será REVOCADA, para en su lugar, declarar la
nulidad parcial de las resoluciones cuestionadas y a título de
restablecimiento del derecho, se declarará que la demandante no
está obligada al pago de la sanción impuesta en relación con los
usuarios: LUIS CÁRDENAS, WALDO ANTONIO MORALES, JHON
AYALA, JOSÉ SEGUNDO SUÁREZ, ÓSCAR SÁNCHEZ, BLANCA
MARÍN, ALBERTO BENAVIDEZ, ALBERTO FLORES, LILIS
SÁNCHEZ, ALONSO BARBOSA, GLADYS YEPES, YOLANDA
QUINTERO, MAURICIA LÓPEZ, RICARDO GAMARRA y LUZ
NEIRA PÉREZ / JULIO DÍAZ.
5.6.4.- FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE LO FORMULADO Y EL
FUNDAMENTO DE LA SANCIÓN
Electricaribe sostuvo que en los casos relacionados con los usuarios
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ADONIS CHOLES, ANATALIA DÍAZ, CALLETANO ALFONSO y
ANDRÉS MAYA, se quebrantó el principio de congruencia entre el
pliego de cargos y los actos sancionatorios, al haberse impuesto o
confirmado la sanción con fundamento en supuestas
irregularidades en la notificación, pese a que la imputación
inicial versó sobre la falta de respuesta a reclamaciones de los
usuarios.
La Sala no encuentra configurado el quebrantamiento del principio
de congruencia alegado por la parte actora respecto de los usuarios
aludidos, con base en el argumento invocado por la actora.
En efecto, las actuaciones administrativas se iniciaron por el
presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142,
disposición que impone a las empresas prestadoras el deber de
resolver las peticiones, quejas y recursos formulados por los
usuarios dentro del término de quince (15) días hábiles, so pena de
entenderse resueltos en forma favorable.
En ese contexto, el objeto de la investigación no se limitaba a
verificar la existencia material de una respuesta, sino a establecer
si, de cara al usuario, aquella fue emitida y comunicada en debida
forma, de manera que pudiera producir efectos jurídicos y enervar
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la configuración del SAP.
En efecto, en la formulación del cargo 136 que encabeza los actos
administrativos y que se aportó al proceso, se advierte que se
planteó en los siguientes términos:
“[…] NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS:
Este Despacho determina que ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
S.A. E.S.P., presuntamente incurrió en Silencio
Administrativo Positivo conforme a lo dispuesto en el
artículo 158 de la Ley 142 de 1994 subrogado por el artículo
123 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 9 del Decreto 2223
de 1996
ANALISIS DEL DESPACHO:
Para el caso anterior, es necesario considerar que la figura del
Silencio Administrativa Positivo se concibe jurídicamente como
una forma de protección del usuario ante las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios cuando ésta no
atiende dentro de los términos y con el cumplimiento de los
requisitos legales, las peticiones, quejas y recursos
interpuestos por los usuarios de la misma, como
aparentemente ocurrió en este caso:
Además, la decisión que se produzca frente a la petición debe
ser notificada estrictamente de los lineamientos
consagrados en los artículos 67 y 69 de la Ley
1437/2011.
FORMULACIÓN DE CARGOS:
Por lo anterior este despacho considera que ELECTRIFICADORA
DEL CARIBE S.A. E.S.P. presuntamente incurrió en FALTA
DE RESPUESTA por incumplimiento del artículo 158 de la
ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del
decreto 2150 de 1995 por:
Presuntamente no haber dado respuesta a la petición,
36
Se refiere al señor Mario Bautista y de los documentos aportados se concentran en este usuario y
los documentos aportados por la demandante en archivo pdf son en su mayoría ilegible frente a las
respuestas dadas por ELECTRICARIBE.
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queja o recurso No. 29-06-2016 al no acreditar las
constancias de envío de la citación para la notificación
personal, dentro del término y con los requisitos artículo 68
de la ley 1437 de 2011; como tampoco la constancia de la
notificación personal o por aviso en los términos, forma
y con los requisitos indicados en el artículo 69 del mismo
estatuto […]”
Así las cosas, no resulta incongruente que la Superintendencia, al
examinar los casos concretos, hubiera concluido que, aunque la
empresa afirmaba haber emitido respuesta, esta no fue puesta
válidamente en conocimiento de los interesados por ausencia de
notificación o por irregularidades en el trámite surtido para ello.
Ello es así porque tales deficiencias no introducen un cargo nuevo ni
ajeno al inicialmente formulado, sino que constituyen precisamente
la verificación de si la respuesta invocada por la prestadora cumplió
su finalidad jurídica frente al usuario, esto es, si fue eficaz y oponible,
tal como se lee del transcrito documento y de acuerdo con las
pruebas aportadas, pues no solo bastaba la alegación, sino que era
necesario corroborarlo.
En ese orden, la sanción no se sustentó en una causal distinta e
independiente de la inicialmente investigada, sino en la constatación
de que el presunto cumplimiento del deber previsto en el artículo
158 ibidem no se acreditó de manera íntegra, pues las respuestas
aducidas por la empresa en algunos casos no se aportaron, y en
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otros, no fueron comunicadas regularmente a los interesados y, por
ende, no desvirtuaron la configuración del SAP que dio origen a las
investigaciones.
Desde esa perspectiva, no hubo ruptura entre el pliego de cargos y
la decisión sancionatoria, sino una valoración jurídica del mismo
supuesto investigado, esto es, el incumplimiento del deber legal de
atender en debida forma las reclamaciones y recursos de los
usuarios.
Por consiguiente, este cargo no está llamado a prosperar.
5.6.5.- DEL PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR LA
NOTIFICACIÓN POR AVISO
En este cargo de apelación 37 , el razonamiento de oposición de
Electricaribe frente al fallo de primera instancia radica, entre los
muchos razonamientos alegados, en insistir que la
Superintendencia le impuso sanción por no haber enviado el
aviso de la notificación al sexto día siguiente al vencimiento del
plazo de cinco (5) días previsto para la notificación personal, pese a
que el artículo 69 de la Ley 1437 no establece un término perentorio
y específico para tal efecto, es decir, no cuestiona el hecho de que
37
Se limitó a cuestionar los casos de los usuarios MARIO BAUTISTA CENTENO, FRANCO HORTA,
SHIRLEY TAFUR, DANNYS VIANA, GEORGINA LÓPEZ y JHON PÉREZ.
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se haya resuelto o no en tiempo la PQR, sino que la notificación
no se hizo según el procedimiento fijado por el CPACA, por lo que
será frente a ello que la Sala se pronuncie.
Al respecto, se tiene que la decisión de la Superintendencia fue
avalada en el estudio de legalidad que realizó el Tribunal a quo, en
el que además de referir que su incumplimiento sí daba lugar a
la ocurrencia del SAP, aclaró que: “luego de proferida la
respuesta, por parte de las autoridades administrativas, se cuenta
con un plazo, de hasta cinco (5) días, para enviar la citación al
usuario o peticionario, para que concurra a notificarse
personalmente; ahora bien, una vez realizado el envío, el usuario o
peticionario, cuenta con cinco (5) días para acudir a
notificarse; vencidos estos cinco (5) días y sin que hubiera surtido
la notificación personal, al sexto (6º) día, se debe efectuar, la
notificación por aviso”.
Para examinar la procedencia o no de este argumento es preciso
analizar el contenido de los artículos 67 a 69 del CPACA, que
disponen:
“[…] ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las
decisiones que pongan término a una actuación administrativa
se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
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En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y
los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará
la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las
diligencias previstas en el inciso anterior también podrá
efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes
modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el
interesado acepte ser notificado de esta manera. La
administración podrá establecer este tipo de notificación […]
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia
pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose
dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos
para la interposición de recursos.
ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al
interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.
ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si NO pudiere
hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, ESTA SE HARÁ por medio de
aviso QUE SE REMITIRÁ a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
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advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario,
el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio
quedará surtida la notificación personal […]”.
De las anteriores normas, se colige que por regla general las
decisiones que ponen fin a la actuación administrativa se notifican
personalmente al interesado; y que para hacer efectiva esa
notificación, cuando no exista un medio más eficaz (v.g. correo
electrónico), la administración debe enviar citación dentro de los cinco
días siguientes a la expedición del acto, a la dirección o medio
de contacto que obra en el expediente.
Luego, si transcurridos esos cinco días desde el envío de la
citación sin que haya sido posible cumplir la notificación personal,
se habilita la notificación por aviso, que debe remitirse al mismo
domicilio físico y acompañarse de copia íntegra del acto, con la
advertencia de que la notificación se entenderá surtida al finalizar el
día siguiente a la entrega en el lugar de destino.
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De este procedimiento se concluye que la notificación por aviso
no es una opción o escogencia de la administración, sino que es un
procedimiento reglado, con fases identificables y con términos
perentorios, no solo para que la administración realice las diferentes
etapas, sino para que su cumplimiento permita que en caso de no
poder realizarse la notificación personal se entienda que el
administrado ha sido enterado.
Así las cosas, la interpretación que ha de conferirse al artículo 69 del
CPACA, en armonía con el régimen especial del SAP en materia de
servicios públicos y con los principios de eficacia, celeridad y
protección del usuario, es que la diligencia de notificación por aviso
no queda a discreción de la empresa prestadora del servicio
público, pues dadas las consecuencias jurídicas de su no respuesta
oportuna, la notificación está inmersa en el cumplimiento del deber
de responder en tiempo, sin que se escude en la ausencia de un
plazo que así la obligue, pues su actuación debe ser inmediata y
concomitante al acto que resuelve la PQR.
De este modo, otorgar el entendimiento que propone la apelante
sería dar preeminencia a aspectos procesales sobre un derecho
fundamental de los usuarios, al validar que se postergue en el tiempo
el deber de notificar en debida forma la decisión adoptada, ya que
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las consecuencias que surgen del acto ficto favorable se predican
tanto de: i) la no respuesta oportuna a las PQR de los usuarios de
los servicios públicos domiciliarios y ii) su indebida e inoportuna
notificación.
En efecto, la exigencia de actuar con inmediatez en el envío del
aviso, una vez agotado sin éxito el trámite de notificación personal
es la interpretación más compatible con la efectividad del silencio
administrativo positivo y aquella que de mejor manera garantiza el
derecho de los usuarios frente a la empresa prestadora del servicio
público.
Lo anterior, se justifica, incluso, en la orden que prevé el artículo
12338 del Decreto 2150 de 1995, cuando además de señalar cuál es
38
La Corte al examinar la constitucionalidad de este artículo refirió “[…] 5.2. Que el Gobierno Nacional
en el artículo 123 acusado regulara la figura del silencio administrativo positivo, en el sentido de
precisar que ante el mutismo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente
a una petición, queja o recurso, una vez hubiera operado la figura del silencio administrativo
positivo, reconociera los efectos de dicha figura dentro de las setenta y dos horas siguientes
al vencimiento de los quince días con que cuenta para resolver, so pena de solicitar la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, a la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios “sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes
para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”, es algo que
indiscutiblemente encaja en la finalidad perseguida por la Constitución en relación con la
función pública, pues ella se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base
en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Por
ello, el artículo 209 superior dispone que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (CP art. 2).
Así mismo, dado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte integrante de
la Administración Pública, la modificación de normas para el ejercicio de sus funciones en procura de
aplicar los principios de la celeridad y la eficacia administrativa, quedan dentro del ámbito de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por la ley habilitante.
El legislador extraordinario en la norma acusada no agregó ningún trámite a la figura del silencio
administrativo positivo contemplado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, como equivocadamente
lo interpreta la ciudadana demandante, sino que precisó el término para hacer efectivos los
efectos de la mencionada figura, so pena de incurrir en las sanciones que establece la ley,
lo cual a juicio de la Corte resulta completamente ajustado a la Carta, pues al ser los servicios públicos
inherentes a la función social del Estado, éste debe propender porque las empresas prestadoras
de ese servicio garanticen la verdadera prestación del mismo, lo cual implica que las
peticiones, quejas o recursos que presenten los usuarios o suscriptores sean resueltas en
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el plazo para resolver las peticiones ante las empresas de servicios
públicos, prevé que es obligación de estas una vez transcurridas
las 72 horas siguientes al vencimiento del término para responder,
sin haberlo hecho, reconocer los efectos del SAP.
Así pues, habiéndose “resuelto” oportunamente la PQR, esto es,
entre los días hábiles que le confiere la ley para ello - 15 días -, la
empresa debe realizar su notificación.
De este modo, es obligatorio que se notifique en tiempo y
debidamente lo resuelto, so pena de incurrir en la situación de
incumplimiento frente al deber de responder de fondo y comunicar
tal decisión, que lleva inmerso el artículo 23 Superior.
Precisamente, la Corte Constitucional sostiene que es necesario que
las empresas de servicios públicos lleven a cabo la notificación de las
respuestas dadas a las PQR a fin de materializar el derecho de
petición39. Así lo puntualizó en el siguiente fallo:
“[…] 4.5.3.2. Para el caso de las empresas de servicios
públicos, como ya se anunciaba, las reglas varían
dependiendo de si las peticiones y recursos son o no elevados
forma rápida y oportuna de suerte que el Estado bien sea directa o indirectamente, ya por
comunidades organizadas o por particulares, propenda por la continuidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población (CP art. 366) […]” Sentencia C-272 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
39
Sentencia T-230 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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por usuarios o suscriptores –incluso los potenciales– de las
empresas de servicios públicos. Entonces, ante un marco del
régimen de prestación del servicio (usuario-prestador),
el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 determina una
regla especial según la cual las peticiones, quejas y
recursos deberán RESOLVERSE en un término de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación.
Cumplido dicho plazo, se configura el silencio administrativo
positivo. Mientras que, cuando las solicitudes sean formuladas
por no usuarios, se aplicarán las mencionadas reglas del
CPACA.
4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición
debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha
señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de
la petición y sea conforme con lo solicitado; y además
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce
la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[55] (se resalta
fuera del original).
[…]
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el
componente de respuesta de la petición se
MATERIALICE, es imperativo que el solicitante CONOZCA
el contenido de la contestación realizada. Para ello, la
autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando
se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de
competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la
entidad encargada […]”.
De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de notificación en
relación con el envío del aviso en los términos del artículo 69 del
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Nulidad y restablecimiento del derecho
CPACA debe ser inmediato para garantizar el derecho que surge
respecto de las PQR que se tramitan ante las empresas de servicios
públicos. Un entendimiento diferente permitiría que las empresas
llamadas a resolver manejen a su arbitrio el trámite de la
notificación, cuando lo que se predica de la norma es un
procedimiento continuo que no acepta interrupciones.
Por ello, se concluye que el conteo que realizó la Superintendencia y
que avaló el fallo de primera instancia se gobierna bajo este
entendimiento, solo que el Tribunal lo denominó como “el sexto día”
y la Superintendencia, además de señalar ese plazo, identificó
respecto de cada caso cuándo debió remitirse el aviso, todo lo cual,
aunque con diferente lenguaje, corresponde al día siguiente,
criterio que atiende al concepto de inmediato40 que la Sala analizó,
sin que sean compatibles los criterios en que se funda la apelante41.
De esta manera, la Sala establecerá en el siguiente análisis
soportado en el examen que hizo el Tribunal 42 en el fallo qué
tiempo transcurrió desde el vencimiento del plazo previsto por la ley
para que el administrado acudiera a notificarse personalmente y el
40
“[…] 2. adj. Que sucede enseguida, sin tardanza” Consultado en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua. https://dle.rae.es/inmediato.
41
Esta Sala identifica que a pesar de los pronunciamientos judiciales del Tribunal Administrativo del
Atlántico y de La Guajira en los que apoya su postura estos no son precedentes jurisprudenciales para
la Sala.
42
Según el cuadro de análisis que se advierte en los folios 38 y 39 del archivo digital que la contiene.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
envío del aviso, a fin de determinar si fue: i) inmediato; ii) si se hizo
después; o iii) si se efectuó antes del proceso fijado en los artículos
67 a 69 del CPACA, así:
FECHA QUE DÍAS QUE
FECHA FECHA DE LA
IDENTIFICÓ TRANSCURRIER
LÍMITE PARA CITACIÓN
CONSECUTIVO FECHA DE LA SSPD Y EL FECHA REAL ON (+ / -) EN EL
RESOLVER FECHA DE LA PARA
EN LOS RADICACI TAA COMO EN QUE SE ENVIO DE LA
# USUARIO OPORTUNAM RESPUESTA A COMPARECER
ACTOS ÓN DE LA OPORTUNA ENVÍO EL NOTIFICACIÓN
ENTE LA PQR LA PQR A LA
ACUSADOS PQR PARA EL AVISO POR AVISO
(EXAMEN DE NOTIFICACIÓ
ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
LA SALA) N PERSONAL
AVISO LA SALA)
1 1/1 Mario 29 de 21 de 18 de 21 de julio 29 de julio 28 de julio -1
Bautista junio de julio de julio de 2016 2016 de 2016
2016 2016 2016
2 4/4 Franco 14 de 4 de 4 de 5 de mayo 16 de 13 de -1
Horta abril de mayo de mayo de 2016 mayo mayo de
2016 2016 2016 2016 2016
3 6/6 Shirley 24 de 15 de julio No se - Se publicó -
No se
Tafur junio de de 2016 probó43 aviso
probó la
2016 antes que respuesta
citación44
4 13/13 Dannys 18 de 8 de 1 de 2 de 10 de 11 de +1
Viana julio de agosto de agosto agosto agosto de agosto de
2016 2016 2016 2016 2016 2016
5 41/41 Jhon Pérez 30 de 22 de 1245 de 13 de julio El TAA no 22 de julio Se envió
junio julio de julio de 2016 lo indicó. de 2016 en
2016 2016 2016 Según el tiempo
conteo de
esta sala
debió
ocurrir el
22 de julio
de 201646
6 42/42 Georgina 26 de 16 de 16 de 17 de 25 de 26 de +1
López julio de agosto de agosto de agosto agosto de agosto de
2016 2016 2016 2016 2016 2016
Del examen registrado en el cuadro que antecede, se tiene que en
el caso 3 respecto de la señora SHIRLEY TAFUR la empresa
demandante no logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados
que estimaron que en este caso no hubo respuesta, pese a que el
Tribunal determinó que sí, lo aquí relevante es que no existe prueba,
43
En el acto que resolvió el recurso de reposición la SSPD refirió que ELECTRICARIBE NO probó haber
emitido respuesta, aunque la empresa haya indicado que era de 13 de julio de 2016 y aportado
constancias de citación para notificar personalmente con nota de devolución “desocupado el predio”.
El Tribunal dio por cierta la respuesta, pero estimó mal notificado “Inconsistencia-Se publicó aviso,
primero que citación”.
44
Esta fue la razón del Tribunal a quo.
45
Esta información tomada de la respuesta de ELECTRICARIBE refiere que ocurrió el 12 de julio de
2016 no el 19 de julio como lo tomó la Superintendencia para mantener la sanción al resolver el recurso
y para el Tribunal a quo concluyó que la citación fue antes de resolver la petición.
46
Para el Tribunal la citación se hizo antes, mientras que para la SSPD no se probó la notificación.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
lo que lleva a la Sala a confirmar el fallo respecto del análisis del
caso que negó su prosperidad, pero por otro motivo, en tanto la
sanción se sustentó en la falta de respuesta de la petición. En efecto,
en la resolución cuestionada se lee:
“[…]
RADICADO FECHA DE
CODIGO
# RADICADO EXPEDIENTE USUARIO PETICION Y/O PETICION Y/O
USUARIO
RECURSO RECURSO
SHIRLEY
6 20168200726782 2016820420107933E 2158924 RE1180201623245 24/06/2016
TAFUR
Respecto al escrito del recurso presentado por la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., se tiene que esta
entidad expone unos argumentos con el fin de lograr se revoque
el acto administrativo sancionatorio.
En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue radicada
el día 24 junio de 2016, por lo que contabilizados los quince
días hábiles desde la fecha de presentación de la petición, se
tiene que la empresa tenía plazo hasta el día 15 de julio de
2016, para emitir respuesta; y la empresa ELECTRIFICADORA
DEL CARIBE S.A. E.S.P. no probó haber emitido respuesta
a la petición objeto de la presente investigación.
De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra
que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., sí
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo por la
falta de respuesta en debida forma de la petición
instaurada el 24 de junio de 2016, por lo que se debe
confirmar la sanción impuesta en la resolución recurrida,
así como su respectivo reconocimiento de efectos […]”
Ahora, en lo demás asuntos examinados si bien Electricaribe
resolvió la petición o el recurso a su cargo oportunamente, aspecto
que no está en discusión47, lo relevante aquí es que el motivo que
47
Sobre el particular conviene destacar que el plazo para “resolver” las PQR se cuenta a partir de la
fecha de la radicación de la solicitud y la empresa tiene hasta 15 días (hábiles) para contestar so pena
de incurrir en el SAP. Ahora, una vez resuelta la PQR se inicia el proceso de notificación, bajo el
entendido que es necesario “DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta y los
establecidos para notificar ésta”. Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-
23-24-000-2012-00474-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
De esta manera, si la resolución ocurre en la víspera de esos 15 días no puede calificarse de
extemporánea porque su notificación fue posterior a tal plazo, en tanto lo que debe atender es el
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
sustentó la sanción derivó del hecho de no haber realizado en
debida forma la notificación por aviso, teniendo en cuenta que el
trámite para dar por enterados a los usuarios, atrás identificados, no
se hizo conforme a la regla del artículo 69 del CPACA, en tanto en
algunos casos: i) el envío fue posterior48 y; ii) se realizó antes49 de
que se venciera el plazo previsto por la ley para que el usuario
concurriera a atender la notificación personal.
También se identificó que en el caso del usuario JOHN PÉREZ50 él
envió de la notificación cumplió la referida norma y además se realizó
el día que vencía el plazo para resolver la petición. De ahí, que ha
de tenerse este envío como hecho en oportunidad, lo que conduce a
la Sala a REVOCAR parcialmente el fallo para acceder a la
declaratoria de nulidad parcial respecto de este asunto, por cuanto,
se insiste, quedó probado la observancia del procedimiento de la
notificación por aviso.
Finalmente, bajo este análisis, y atendiendo al criterio fijado en el
fallo de 28 de mayo de 2026, corresponde establecer de acuerdo
con los demás casos en los que se comprobó la inobservancia del
artículo 69 del CPACA si hay lugar a remover la sanción fijada por
término fijado por el legislador para la resolución de la PQR y el otro es el procedimiento previsto para
su efectiva notificación y su inobservancia también configura el SAP.
48
Casos 4 y 6 de los # asignados en el estudio de la Sala.
49
Casos 1 y 2 de los # asignados en el estudio de la Sala.
50
Caso 5 de los # asignados en el estudio de la Sala.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
cuenta de advertirse por la Sala situaciones que pueden dar lugar a
ello. En la sentencia en cita, se precisó:
“[…] Ahora, la Sala considera que si bien es cierto que en los
demás asuntos no se observó el trámite previsto en el
artículo 69 del CPACA, también lo es que se identificaron por
esta Corporación dos (2) circunstancias que permiten
remover la sanción habida cuenta que en estos casos se
evidenció que la empresa resolvió de manera pronta y/o
adelantó el trámite de la citación de notificación por
aviso en similares condiciones, todo ello con el ánimo de
dar a conocer en oportunidad sus decisiones.
En efecto, del análisis que arroja el cuadro que antecede se
aprecia que: i) la empresa prestadora de servicios públicos
realizó, en algunos casos, el envío de la citación para
notificar por aviso, incluso, antes de que venciera el plazo
de los 15 días hábiles con los que contaba para resolver la
PQR, en los términos de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994
y 12351 del Decreto 2150 de 1995; y ii) que la citación para
notificar por aviso se envió antes del plazo que le habilita la
norma para proceder en tal sentido.
Para la Sala, estos eventos en vez de resultar adversos a los
derechos de los usuarios demuestran la materialización del
derecho de petición y, en consecuencia, justifica adoptar
esta decisión anulatoria en razón a que el actuar de la
demandante evidencia su firme propósito de dar a
conocer sus decisiones de manera cumplida y en tiempo.
De ahí que resulte razonable para esta Corporación conciliar
estas circunstancias en atención al efecto útil52 de las normas
y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
En estos casos, se concluye que no procede la sanción a la
demandante, sin que ello implique remover los efectos
reconocidos a los usuarios por virtud de los actos cuestionados
[…]”.
51
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.
52
Concepto definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-569-2004 y reiterado en la Sentencia
C-138-2025 como aquel “según el cual debe considerarse, de entre varias interpretaciones de una
disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea,
o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias”.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Entonces, bajo este criterio se tiene que ninguno de los casos en
los que se verificó el incumplimiento encaja en la primera
situación, habida cuenta que el envío del aviso se realizó después
de los 15 días hábiles con los que contaba ELECTRICARIBE para
resolver la PQR, en los términos de los artículos 158 de la Ley 142
de 1994 y 12353 del Decreto 2150 de 1995.
En lo que respecta al envío anticipado del aviso, se tiene que se
realizó en dos casos, esto es, respecto de los usuarios MARIO
BAUTISTA y FRANCO HORTA, lo que significa que no puede
calificarse el envío como extemporáneo, todo lo cual, y en
aplicación del examinado criterio, la Sala remueve la sanción para la
empresa, pero no los efectos reconocidos a los usuarios.
Bajo este examen hay lugar a anular los siguientes casos, por
concurrir en ellos tales eventos:
CASO USUARIO EVENTO EXPLICACIÓN
1 Mario Bautista El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 28 de
aviso se realizó antes de julio de 2016 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 29 de julio de
2016
2 Franco Horta El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 13 de
53
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
aviso se realizó antes de mayo de 2017 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 16 de mayo de
2016
Siendo ello así, la Sala anulará los casos identificados con los
números 1, 2 y 5, usuarios MARIO BAUTISTA, FRANCO HORTA y
JOHN PÉREZ, por las razones expuestas y así se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En los demás casos, se mantendrá la decisión sancionatoria porque
además de infringir el procedimiento del artículo 69 del CPACA se
identificó que el envío del aviso se hizo de manera extemporánea
y en otro de los casos no hubo respuesta.
5.6.6.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO PRIMIGENIO
Bajo este reproche, Electricaribe cuestionó el hecho de que en sede
administrativa la Superintendencia no le concedió la oportunidad
para apelar la resolución SSPD-20188000013595 de 20 de febrero
de 2018, acto en el que le fue impuesta la sanción cuestionada, en
particular, en relación con las decisiones relativas a los usuarios
HUMBERTO BOLÍVAR GUTIÉRREZ, JOSÉ PEÑA, SERGIO
OBREGOSO, HÉCTOR DE LIMA, EMIL MARUN, AURA CENZATO,
LEYLA CHARRIS y DIANA MARTÍNEZ.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
La apelante insiste en que en sede administrativa debió concederse
el recurso de apelación, en virtud del artículo 113 de la Ley 142 que
prevé:
“[…] ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS
DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa,
contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los
gobernadores, de los ministros, del Superintendente de
Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que
pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación o publicación.
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por
funcionarios distintos al presidente de la República, contra los
actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las
pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar […]”.
Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como lo ha indicado la
jurisprudencia de esta Sección “[…] cuando sea necesario determinar
cuáles recursos son procedentes en contra de los actos
administrativos que ponen fin a la actuación en materia de servicios
públicos domiciliarios, obligatoriamente tendrá que aplicarse el
artículo 113 de la Ley 142 de 1994 […]”54, ello, por cuanto dicha ley
es el estatuto especial que fija el régimen jurídico de los servicios
públicos domiciliarios, el cual regula de manera integral el
procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones de
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
inspección, vigilancia y control, así como los recursos contra los
actos unilaterales que las deciden.
El artículo 113 de la Ley 142 establece como regla general que
contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones
administrativas, en este régimen, procede únicamente el recurso de
reposición; y, de manera excepcional, habrá lugar al recurso de
apelación cuando el acto sea expedido por un delegatario de
funcionario distinto del presidente de la República. Precisamente, en
sentencia de 13 de mayo de 202155, decisión que ahora se prohíja,
la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, así:
“[…] 122. Partiendo de esa premisa, cuando la SSPD actúa a
través de sus agentes, sea el Superintendente, los
Superintendentes Delegados o los funcionarios en los
que el Superintendente delegue alguna facultad, deberá
tenerse presente que la facultad primigenia de inspección,
vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios es del
Presidente de la República y, por tanto, éstos actuarán como
sus agentes, en mandato de la designación de tales funciones
por la Ley, como pasa la Sala a explicar en más detalle.
[…]
134. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala prohíja en esta oportunidad, explica que
cuando el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios haga uso de la figura de la delegación de
funciones, ha de tenerse presente que está delegando
funciones del Presidente de la República, asignadas a
través de la figura de la desconcentración funcional,
antes referida. En ese orden de ideas, el funcionario en quien
se delegue estará actuando como delegatario de las funciones
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
del Presidente de la República, quien las ejerce a través del
Superintendente y sus delegados.
135. En este orden de ideas, el término «delegados» deberá
entenderse en su sentido más amplio, esto es, que no
puede limitarse a los Superintendentes Delegados de la
SSPD, sino que ha de abarcar a todos sus agentes, en
quienes el Legislador hubiera realizado la desconcentración
funcional a la que la Sala se ha referido.
136. En esa medida, el artículo 7556 de la Ley 142 de 1994
deberá ser aplicado en el sentido que le dé pleno desarrollo de
los postulados constitucionales y legales de las facultades dadas
al Presidente de la República de inspección, vigilancia y control
de los servicios públicos domiciliarios.
137. Como se explicó en líneas precedentes, tanto para el
titular de la función constitucional como para quien la ley faculta
expresamente para su ejercicio, resulta imposible desarrollar
personalmente todas las medidas que el legislador le
encomendó. Es ahí cuando cobra relevancia la figura de la
delegación, que habilita a quien ejerce una función para
asignarla, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales – arts. 209 y 211- y legales -arts. 9 a 13
de la Ley 489 de 1998- a otro funcionario. En el caso del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que
desarrolla, por asignación legal, las facultades del Presidente
de la República, podrá delegarlas en los funcionarios de esa
entidad.
[…]
144. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala reitera en esta oportunidad, permite
afirmar que contra la Resolución 3986 de 2004 demandada,
expedida por el director territorial Centro de la SSPD
únicamente procede el recurso de reposición, en
56
El contenido de esta norma no hace parte de la sentencia; sin embargo, se transcribe para efectos
del análisis aquí comprendido, junto con el artículo 79 ibidem. Las normas en comento son del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES PRESIDENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades
que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta
Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del
Superintendente y sus delegados.
[…]
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de servicios públicos
y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y
143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son
funciones de esta las siguientes:
[…]
25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de
los usuarios […]”.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
aplicación de la excepción contenida en el inciso segundo
del artículo 113 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, por
cuanto el Director Territorial Centro de la SSPD es delegatario
de las funciones constitucionales del Presidente de la República
de imponer sanciones a aquellas empresas que no respondan
en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios,
atribuía a esa Superintendencia por el art 79.25 de la Ley 142
de 1994.
145. En consecuencia, la función referida la ejerce el
Presidente de la República a través del Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y sus delegados o agentes. Así
las cosas, válidamente se puede concluir que, en este
caso, el Director Territorial Centro es delegatario de
funciones constitucionales del Presidente y, en tal
medida, solo procede el recurso de reposición contra los
actos administrativos que expida en ejercicio de tal
atribución […]”. (Destacado fuera de texto)
Así las cosas, comoquiera que los actos acusados fueron expedidos
por la Dirección General Territorial en ejercicio de facultades
sancionatorias que tienen origen en la competencia constitucional
del presidente, es claro que no eran susceptibles de recurso de
apelación, luego este argumento tampoco tiene vocación de
prosperidad.
5.7 CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, la Sala REVOCARÁ PARCIALMENTE la
sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Sección “C” del
Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de ACCEDER A
LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS en
virtud de que se desvirtuó la legalidad de 18 casos, relativos a los
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Nulidad y restablecimiento del derecho
usuarios identificados en los acápites 5.6.3. y 5.6.5. En
consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho se dispone
a ajustar la suma de la sanción y declarar a título de restablecimiento
del derecho que la empresa solo está obligada al pago de 180
SMLMV, que equivale al monto de la sanción impuesta por 18 de 36
casos que no se desvirtuaron.
Así, atendiendo a que cada uno de ellos representó una sanción de
10 SMLMV según lo dispuesto por la SSPD57, el monto de la sanción
corresponde a 180 58 SMLMV para el año 2016, equivalente a
$123.682.420 y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En lo demás se CONFIRMARÁ la sentencia.
5.8.- CONDENA EN COSTAS
57
En este sentido la SSPD, resolvió frente a la sanción impuesta lo siguiente: “[…] ARTÍCULO PRIMERO:
MODIFICAR la Resolución SSPD No. 20178000148565 del 2017-08-29, por medio de la cual se
sancionó en la modalidad de MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.,
Identificada con NIT 8020076706, y en su lugar, se dispone reducir dicha multa […] quedando así la
nueva sanción en la modalidad de MULTA a imponer, consistente en TRESCIENTOS SESENTA (360)
SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES) MENSUAL(ES) VIGENTE(S), por un valor de doscientos
cuarenta y siete millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos con cero
centavos ($247,364,840.00) […]”. En la parte motiva se aludió a que esta sanción obedecía a los 36
casos por los cuales se mantuvo la decisión.
58
Teniendo en cuenta que se mantuvo la legalidad de la sanción frente a 48 casos de los 62 asuntos
objeto de controversia.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
De conformidad con lo previsto en el artículo 18859 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP60, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo61, corresponde examinar
si hay lugar a condenar a las partes apelantes.
Comoquiera que en este caso la parte actora fue la única que
interpuso recurso de apelación y este prosperó parcialmente contra
la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la
demanda, según lo dispuesto en el numeral 562 del artículo 365 del
CGP, la Sala se abstendrá de fijar dicha condena y así lo dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
59
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
60
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
61
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
62
El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión. […]”.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de 3 de febrero de
2023, proferida por la SECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, de conformidad con las
razones expresadas en la parte motiva de esta providencia, en
consecuencia, se dispone:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las
resoluciones SSPD-20178000148665 de 29 de agosto de 2017
y SSPD 20188000027485 de 20 de marzo de 2018, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a
título de restablecimiento de derecho, DECLARAR que
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la
sanción impuesta en los actos administrativos, en relación, con
los casos de los usuarios LUIS CÁRDENAS, WALDO
ANTONIO MORALES, JHON AYALA, JOSÉ SEGUNDO
SUÁREZ, ÓSCAR SÁNCHEZ, BLANCA MARÍN, ALBERTO
BENAVIDEZ, ALBERTO FLORES, LILIS SÁNCHEZ,
ALONSO BARBOSA, GLADYS YEPES, YOLANDA
QUINTERO, MAURICIA LÓPEZ, RICARDO GAMARRA, LUZ
NEIRA PÉREZ/JULIO DIAZ, MARIO BAUTISTA, FRANCO
HORTA y JOHN PÉREZ.
En consecuencia, la sanción impuesta a ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. se reduce a ciento ochenta (180) salarios mínimos
legales mensuales vigentes del año 2016, lo cual
corresponde, a ciento veintitrés millones seiscientos ochenta y
dos mil cuatrocientos veinte pesos ($123.682.420), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás la sentencia apelada que
denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en esta providencia.
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97
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00843-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y restablecimiento del derecho
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia
a la parte recurrente, por lo expuesto en esta decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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