Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2019-00137-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2019-00137-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE.
TESIS: AGRUPACIÓN TEMÁTICA. APLICACIÓN. CONFIGURACIÓN
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO CONTRA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE
EXPEDIENTES FRENTE A UNA MISMA ACTUACIÓN Y EMPRESA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. ALLANAMIENTO A PETICIONES
DE LOS USUARIOS Y CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN.
RECURSOS PROCEDENTES EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO. REGLA GENERAL Y EXCEPCIÓN. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL. DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de la partes actora y demandada contra la sentencia de
23 de mayo de 2025, proferida por la SALA “A” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1, que accedió
parcialmente2 a las pretensiones formuladas.
1
En adelante el Tribunal.
2
Al respecto es oportuno mencionar que la sentencia decidió: “[…] DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL
sanción impuesta mediante el artículo 1º de la Resolución No. SSPD 20188000015745 de 2018-02-22,
y de la Resolución No. SSPD 20188000103935 de 2018-08-13 que modificó y confirmó la sanción
inicialmente impuesta, proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se exonerará a la empresa ELECTRICARIBE S.A
E.S.P del pago de la sanción impuesta por los actos que se declaran nulos descritos en el numeral
anterior, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia, es decir frente a los casos 8,
9, 20, 23, 25, 45, 48, 47 y 43.
TERCERO.- DECLÁRASE NO PROBADA la excepción de Legalidad de los actos administrativos,
formulada por la entidad accionada, frente a los cargos de nulidad que sí prosperaron, mientras que la
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
I.- ANTECEDENTES
1.1.- LA DEMANDA
La ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. -
ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN3, por conducto
de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA4, promovió demanda tendiente a obtener las siguientes
declaraciones:
“[…] IV. PRETENSIONES:
1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante
el artículo 1 de la Resolución SSPD-20188000015745 de
2018-02-22.
2. Que se declare la nulidad de la sanción modificada por el
artículo primero de la Resolución SSPD-20188000103935 de
2018-08-13.
3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante
el artículo tercero de la Resolución 20188000103935 de
2018-08-13 en relación a (sic) la multa, únicamente en cuanto
confirma el artículo 1o. de la Resolución SSPD-
20188000015745 de 2018-02-22.
4. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que
ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta
mediante los actos administrativos previamente mencionados.
misma excepción se declara probada para los cargos de nulidad cuya no prosperidad fue establecida
en cada caso concreto, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO.- NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO.- Sin condena en costas […]”.
3
En adelante Electricaribe.
4
En adelante CPACA.
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PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
Solo en caso de que el despacho estime que las anteriores
pretensiones principales no prosperan, solicito que de manera
subsidiaria se declare:
1. Que el valor de la sanción la cual corresponde a […]
($374.996.160.oo) sea atenuado por parte del Despacho,
en razón a que en varios casos la empresa se allanó a los
cargos […]”.
1.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Como hechos de la demanda, la parte actora adujo, en síntesis, los
siguientes:
Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS5 adelantó en su contra múltiples investigaciones
administrativas por la presunta configuración de silencio
administrativo positivo (SAP)6 en la atención de peticiones, quejas y
reclamos de sus usuarios.
Agregó que mediante memorando radicado 20178000058556 de 3
de octubre de 2017, la entidad de control le informó la acumulación
de 100 investigaciones administrativas al considerar que
presentaban conexidad fáctica, identidad del sujeto investigado y
homogeneidad en su estado procesal.
5
En adelante la Superintendencia.
6
En adelante SAP.
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Manifestó que en desarrollo de dicho trámite administrativo la
Superintendencia expidió la Resolución SSPD-201788000015745
de 22 de febrero de 2018, con fundamento en el artículo 81 de la
Ley 142 de 11 de julio de 19941, mediante la cual le impuso sanción
en la modalidad de multa7, al encontrar configurado el SAP en 93 de
los 100 casos investigados, bien por ausencia de respuesta, por
extemporaneidad en su emisión o por irregularidades en el trámite
de notificación de las decisiones.
Informó que contra dicha decisión interpuso recurso de
reposición, en el que adujo, entre otros aspectos: i) la indebida
acumulación de investigaciones; ii) errores en la apreciación de la
prueba en relación con las fechas de respuesta y de notificación; iii)
que no se tuvo en cuenta que se allanó a las pretensiones de varios
usuarios y que corrigió errores de facturación y/o de atención; iv)
que cumplió los requisitos de notificación personal y por aviso,
conforme al artículo 69 del CPACA; y v) que se le vulneró el derecho
de defensa al no permitirle la interposición del recurso de apelación.
Indicó que a través de la Resolución SSPD-20188000103935 de 13
de agosto de 2018 la Superintendencia resolvió el recurso de
reposición, en el sentido de modificar parcialmente la decisión
7
878 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalente a la suma de $685.930.476.
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inicial y reducir el número de casos sancionados8 y el monto de la
multa9, pero manteniendo la conclusión de que en 48 de ellos se
configuró el SAP, por situaciones como: i) el envío extemporáneo
del aviso de notificación; ii) la supuesta falta de publicación de la
respuesta en la página web de la empresa; iii) el incumplimiento de
requisitos asociados al servicio postal; y iv) la inexistencia o
extemporaneidad de la respuesta.
En relación con los casos particulares respecto de los cuales se
plantean los reproches, la Sala los organiza por tema e identifica los
usuarios que relaciona la empresa demandante, así:
Reproche Identificación de usuarios Explicación
Irregularidad o Con fundamento en la
extemporaneidad de la Usuario interpretación del artículo 69
notificación por aviso de las Julio Andrade del CPACA, no había lugar a
decisiones que resolvían las Anibal Cañas declarar el SAP, por cuanto
PQR Nairovis Martínez esta norma no prevé un
Beatriz Buelvas término perentorio para tal
Rosaura Monsalve efecto.
Carlos Navarro
Roiman Murillo Adicionalmente, acreditó en
Viviana Rodríguez algunos casos el envío del
Edinson Ramírez aviso oportunamente.
Luis Márquez
Omar Cardona
Rafael Ávila10
Se configuró carencia actual Usuario Debía terminarse el trámite
de objeto por hecho María Álvarez administrativo por cuanto en
superado. Andrés Herrera el recurso de reposición se
Al momento de allanarse se Elizabeth Rodríguez allanó a la petición de
encontraba vigente el artículo Carlos Villareal usuario.
2.2.9.5.3 del Decreto 281 de El trámite administrativo,
2017, sobre circunstancias de concretamente en el recurso
atenuación de la sanción. de reposición, se allanó a la
petición de usuario.
8
De 93 paso a 48.
9
480 SMLMV, equivalente a $374.996.160.
10
Este usuario también se alegó la indebida acumulación de actuaciones administrativas por falta de
competencia territorial.
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Reproche Identificación de usuarios Explicación
Los actos administrativos Comoquiera que no se
fueron expedidos por un Usuario concedió el recurso de
Delegatario Francisco Pérez apelación, los actos son
Rubén Cano nulos.
Nelson Otalora
María Fontalvo
Luis Gastelbondo
Juan Carlos Leal
Marlene Guillen
Silineth Bustamante
Luis Aristizábal11
Jorge Calderón
Efraín Quintero
Jorge Zuluaga
Alejandro Muñoz
Rafael Rada
José Soriano
Yojana Paola
Onoris Rojano
José Romero
Senen Torrado
Rafael Olmos12
Alfredo León
Ruth Escorcia
Consideró que la SSPD le Usuario Le empresa no tiene la carga
impuso indebidamente la Vilma Santiz de verificar que la constancia
carga de cumplir con los de entrega cumpla los
requisitos de la Ley 1369 de requisitos de la ley postal.
30 de diciembre de 2009.
1.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Como disposiciones vulneradas, la empresa actora invocó los
artículos 29 de la Constitución Política; 113 y 158 de la Ley 142; 67,
68, 69 y 72 del CPACA; y el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 22
de febrero 201713.
Para tal efecto, indicó que los actos acusados están viciados de
nulidad con fundamento en los siguientes cargos:
11
Este usuario presentó dos (2) peticiones.
12
Este usuario presentó dos (2) peticiones.
13
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”
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1.3.1.- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍAN
FUNDARSE. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE
LAS FALTAS Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
3° DEL CPACA
Adujo que los actos acusados infringen el principio de legalidad de
las faltas y de las sanciones previstas en el artículo 3° del CPACA,
porque la Superintendencia dio por configurado el SAP con base
en defectos en la notificación de las respuestas a las PQR (envío
tardío del aviso, ausencia de publicación, falencias en el uso del
servicio postal, etc.), sin que estos eventos estén previstos en la ley
como causa de la infracción.
Anotó que el artículo 158 de la Ley 142 circunscribe el SAP en
materia de servicios públicos al incumplimiento del plazo para dar
respuesta a las peticiones, quejas y recursos de los usuarios; esto
es, a la falta de decisión de fondo por parte de la empresa, la cual
no depende de las irregularidades posteriores que surjan por la
forma en cómo se comunica esa decisión al interesado.
Sostuvo que la Superintendencia no tuvo en cuenta que ella misma
en el concepto unificador de 2016 afirmó que la “ley guardó silencio
frente al término en el que debe enviarse el aviso; no obstante el
vacío normativo no puede respaldar o dar lugar a que la remisión
pueda efectuarse en cualquier momento, pues ello haría manifiesto
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el prolongamiento injustificado de la etapa de notificación y por
contera la afectación de los derechos al debido proceso del
interesado (...) Así las cosas, en principio, ante la inexistencia de un
término legal dispuesto expresamente por la norma, que permita
contabilizar el plazo para el envío del aviso, será necesario acudir a
los principios rectores de la actuación administrativa, so pena de
incurrir en las prohibiciones que de manera general contempla la Ley
1437 de 2011”.
Señaló que no se tuvo en cuenta que conforme con oficio remitido
por el Departamento Nacional de Planeación a la Superintendencia,
no existe un plazo para enviar el aviso, sin embargo, este debe
remitirse al usuario con celeridad y atendiendo a los principios de la
actuación administrativa.
Indicó que su obligación no es enviar un aviso un día cierto, sino
actuar conforme con los principios de “eficacia, economía y
celeridad” al momento de practicar la notificación.
Insistió en que exigir que el aviso se elabore y envíe el mismo día es
desproporcionado, teniendo en cuenta que el artículo 69 del CPACA
no establece un término para ello.
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Afirmó que los actos administrativos cuestionados exigen que el
aviso se elabore y envíe el mismo día, lo cual, a su juicio, es
desproporcionado, máxime cuando la norma no establece un
término para el envío de este.
Señaló que la notificación de sus decisiones se ciñó de manera
estricta a lo establecido en los artículos 68, 69 y 72 del CPACA, pues
envío la citación personal para la notificación en tiempo y el usuario
no acudió a notificarse dentro del plazo previsto, por lo que procedió
a elaborar y enviar el aviso por correo certificado dentro del plazo
razonable para tal efecto.
Sostuvo en que una simple interpretación gramatical del artículo 69
del CPACA muestra que el término de cinco días alude
exclusivamente al plazo del usuario para comparecer a notificarse
personalmente y no al término para el envío del aviso, de modo que
la Superintendencia no podía exigir un día preciso para remitirlo
ni derivar de ello la configuración del silencio administrativo positivo.
Afirmó que comoquiera que el artículo 69 del CPACA no estableció
un término para remitir el aviso de notificación debía entenderse que
contaba con un plazo de al menos 5 días para su elaboración y
remisión en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 68 idem.
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Expuso que el plazo de 1 día para elaborar el aviso, a su juicio, no
era razonable pues se requiere de un plazo para su elaboración, su
entrega a la empresa de mensajería (que es un tercero) y para su
remisión al usuario.
Insistió en que la Superintendencia incurrió en indebida valoración
probatoria, pero por no tener en cuenta el envío de las citaciones
para notificación personal.
Sostuvo que las resoluciones demandadas fueron falsamente
motivadas pues, a su juicio, la Superintendencia la sancionó pese
a que remitió el aviso de notificación de su decisión en el término
previsto en el artículo 69 del CPACA.
Adujo que si bien fue sancionado por violar lo dispuesto en los
artículos 68 y 69 del CPACA, esto es, no enviar citación, aviso o no
publicar este en la página web de la entidad, esas disposiciones no
son aplicables para la respuesta a recursos, toda vez que tal
actuación se rige por lo previsto en el artículo 43 del Decreto 019 de
10 de enero 201214, norma especial y posterior del CPACA que prevé
el procedimiento en materia de notificación para la Superintendencia
y los prestadores de servicios públicos.
14
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.
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Señaló que se trasgredió el artículo 67 del CPACA pues la
Superintendencia no cumplió con la carga de señalar que contra
su decisión procedía el recurso de apelación.
1.3.2.- LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN
Adujo que en varios casos la Superintendencia afirmó que no
cumplió con los requisitos de la Ley 1369 para el uso del servicio
postal, por lo que dio por no probado el envío del aviso de
notificación y declaró configurado el silencio administrativo positivo.
Sostuvo que esa conclusión es falsamente motivada, porque en
su caso basta con demostrar el envío del aviso de notificación sin
que sea su responsabilidad acreditar la entrega de este.
1.3.3.- LA SUPERINTENDENCIA SANCIONÓ SIN TENER EN
CUENTA QUE SE ALLANÓ A VARIOS CASOS LO QUE IMPEDIA
IMPONER LA SANCIÓN
Explicó que en varios casos15 se allanó respecto a las peticiones de
los usuarios dentro del recurso de reposición, por lo que había lugar
a declarar la carencia actual de objeto durante el trámite por hecho
superado al haber sido superada la omisión o acción reprochada por
sus usuarios en sus peticiones.
15
Se refiere a los usuarios María Álvarez, Andrés Herrera, Elizabeth Rodríguez y Carlos Villareal.
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Sostuvo que según lo previsto en el artículo 2.2.9.5.3. del Decreto
281 de 22 de febrero de 201716, en varios casos se dejaron de tener
en cuenta los factores de atenuación17.
1.3.4.- DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO AL NO CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 142 DE 1994
Indicó que la Superintendencia desconoció su derecho al debido
proceso, porque los actos sancionatorios fueron expedidos por un
funcionario delegado, evento en el cual el artículo 113 de la Ley 142
prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación ante el
superior jerárquico.
1.3.5.- LA SUPERINTENDENCIA SANCIONÓ SIN TENER EN
CUENTA QUE LOS VICIOS EN LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NO GENERAN NI LA INEXISTENCIA NI LA
INVALIDEZ DE ESTOS
Sostuvo que la Superintendencia vulneró el debido proceso al
fundamentar la sanción en supuestas irregularidades en la
notificación de los actos administrativos, tratándolas como si dichas
falencias afectaran su validez o permitieran la configuración del SAP.
16
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”.
17
“[…] Colaboración de Electricaribe con la Superintendencia en la verificación de los hechos.
A. Reconocimiento de la conducta antijurídica.
B. Suministración de información de que la empresa había cometido los yerros por los cuales se le
había sancionado.
C. Medidas efectuadas por parte del infractor (Electricaribe) para reparar los perjuicios ocasionados
al usuario afectado […]”.
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Adujo que la notificación constituye un requisito de eficacia y no de
formación del acto administrativo, por lo que su ausencia o
irregularidad no desvirtúa la existencia de la decisión ni su validez
jurídica.
1.3.6.- LA SSPD INCURRIÓ EN INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
PROCESOS AL SANCIONAR A LA EMPRESA ELECTRICARIBE
Al respecto, señaló que la Superintendencia acumuló 100
investigaciones por SAP; y que al finalizar la actuación
administrativa, la sancionó finalmente por 48 de esos asuntos, sin
que el ordenamiento jurídico la autorice para la acumulación de
dichos procesos.
Indicó que cada una de las reclamaciones y recursos interpuestos
por los usuarios se fundan en hechos y acontecimientos diferentes,
que se vinculan a suministros individuales del servicio de energía
eléctrica, de manera que las pretensiones y los efectos jurídicos que
se derivan para cada usuario son particulares y distintos, por lo que
las pruebas aportadas en cada expediente difieren unas de otras,
todo lo cual exige un estudio autónomo que impide una única
decisión acumulada sin afectar la individualización del análisis y la
motivación.
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1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SSPD se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, para lo cual formuló la excepción que denominó “legalidad
de los actos administrativos”.
Al respecto, indicó que los actos administrativos acusados fueron
expedidos por la entidad en ejercicio de las funciones asignadas a la
entidad en los artículos 79, numerales 12 y 25, de la Ley 142 de
1994; y el 90 del CPACA, así como la Resolución núm. 021 de 2005.
Sostuvo que la acumulación de las actuaciones administrativas era
procedente y se fundamentó en que las peticiones versaban sobre
un mismo punto de derecho, consistente en 100 investigaciones por
silencio administrativo positivo contra la actora, por violación del
artículo 158 del CPACA, actuación en la cual se profirió auto de
apertura y pliego de cargos para cada una de las solicitudes, los
cuales fueron debidamente notificados, y en la cual se aplicaron
principios de celeridad y eficacia a fin de garantizar una resolución
más ágil y pronta, así como descongestionar a la administración,
criterio avalado por el Consejo de Estado y el Tribunal.
Respecto de la atenuación de la multa indicó que en la decisión que
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resolvió el recurso de reposición se tuvo en cuenta el impacto sobre
la prestación del servicio, el tiempo durante el cual se presentó la
infracción, el número de afectados, así como lo previsto en el
Decreto 281 de 201 y, por tanto, la sanción impuesta fue
proporcional.
Adujo que en el presente caso ocurrió el SAP habida cuenta que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994,
las empresas prestadoras de servicios públicos debían expedir las
respuestas a las peticiones, quejas y recursos que presentaran sus
suscriptores o usuarios dentro del término de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de su presentación. De ahí que, pasado
ese término, salvo que se demostrara que el suscriptor o usuario
auspició la demora, o que se requirió la práctica de pruebas, se
entendía que la respuesta se resolvió de manera favorable.
Aclaró que, para efectos del reconocimiento de silencio positivo
opera de manera automática, razón por la cual la empresa debía,
dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento de los 15 días
hábiles, reconocer sus efectos, so pena de hacerse acreedora de
sanciones.
Enfatizó que la obligación de las empresas no se agota con la
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emisión de una respuesta dentro del término legal, sino que exige
que esta sea de fondo y eficaz, lo cual implica su notificación en los
términos de los artículos 67 a 73 del CPACA, por lo que el SAP puede
configurarse no solo por la ausencia de respuesta, sino también
cuando esta no es notificada en debida forma o resulta ineficaz.
Indicó que, una vez emitida la respuesta, la empresa debía
adelantar el trámite de notificación personal mediante el envío de la
citación dentro de los 5 días siguientes y, en caso de no lograrse,
proceder a la notificación por aviso conforme al artículo 69 ibidem,
de manera que el incumplimiento de estas cargas impide que la
decisión produzca efectos frente al usuario y da lugar a la
configuración del SAP.
En particular, frente a los cargos de nulidad formulados en la
demanda, la entidad sostuvo que la falta de notificación o su
irregularidad equivale a la ausencia de respuesta eficaz, por lo que,
aun cuando esta hubiese sido emitida dentro del término legal, se
configura el SAP si no se acredita su comunicación en debida forma.
Señaló que para la validez de la notificación por aviso no basta con
acreditar su remisión, sino que es necesario demostrar el
cumplimiento de los requisitos del servicio de mensajería previstos
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en la Ley 1369, tales como la existencia de guía, trazabilidad y
constancia de entrega, cuya ausencia impide tener por acreditado el
envío en debida forma.
Indicó que el aviso debía remitirse al día siguiente de vencido el
término de 5 días otorgado al usuario para comparecer a notificarse
personalmente, esto es, en el denominado “día sexto”, por lo que
su envío anticipado o extemporáneo configura una irregularidad en
el trámite de notificación.
Agregó que, cuando no es posible surtir la notificación personal ni la
notificación por aviso, la empresa debe acudir al mecanismo
subsidiario de publicación en la página electrónica y en lugar de
acceso al público, de manera que su omisión también impide la
eficacia de la respuesta.
Frente a los cargos por violación del debido proceso, sostuvo que
no se configuró irregularidad alguna, en tanto contra los actos
demandados no procedía el recurso de apelación conforme al
artículo 113 de la Ley 142.
Concluyó que el allanamiento o aceptación del error no eximía de
responsabilidad a Electricaribe.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia de 23 de mayo de 2025, el TRIBUNAL accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual abordó
el estudio de los cargos invocados en los siguientes términos:
En relación de la presunta indebida acumulación de investigaciones
administrativas indicó que el cargo no prosperaba debido a que en
los considerandos de los actos acusados se aludió a que esa decisión
fue debidamente comunicada a la actora sin que en esa oportunidad
se opusiera a ello.
Respecto de los cargos de nulidad, relacionados con el término para
remitir el aviso conforme con el artículo 69 del CPACA, señaló que
prosperaban frente a los usuarios JULIO ANDRADE18, ANIBAL
CAÑAS19, BEATRIZ BUELVAS20, ROIMAN MURILLO21, LUIS
MÁRQUEZ22, OMAR CARDONA23 y RAFAEL ÁVILA24, comoquiera
que incurrió en falsa motivación al haber sancionado a Electricaribe
por no haberse enviado el aviso al sexto día desde el envío de la
citación para notificación personal, con fundamento en que en el
18
Radicado SAP. 1110201702592.
19
Radicado SAP. 1120201708654.
20
Radicado SAP. 1120201703908.
21
Radicado SAP. 9332201704287.
22
Radicado SAP. 9421201702491.
23
Radicado SAP. 1120201704558.
24
Radicado SAP. 3310201704444.
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artículo 69 del CPACA no se señaló de manera expresa que el aviso
tuviera que ser remitido restrictivamente al vencimiento de término
del envío de la citación.
Respecto de la señora ROSAURA MONSALVE25 señaló que no había
lugar a pronunciarse comoquiera se encontraba acreditado que el
aviso se había remitido de manera anticipada y que además el
primero de los actos administrativos acusados declaró que frente a
esa usuaria no se había configurado el SAP.
En cuanto a la usuaria VILMA SANTIZ26 dijo que los requisitos
previstos en la Ley 1369 de 2009 no le eran exigibles a la actora
comoquiera que se dirige a las empresas de servicios postales y
regula la prestación del servicio de mensajería
De acuerdo con lo anterior, determinó que de los 48 casos por los
cuales la Superintendencia había sancionado a la actora debían
excluirse 9 y, en consecuencia, declaró que Electricaribe no
estaba obligada al pago de la sanción impuesta en los actos
acusados, respecto de los esos usuarios.
Frente al cargo de falsa motivación, relacionado con la aplicación del
25
Radicado SAP. 9510201704127.
26
Radicado SAP. 1110201501215.
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artículo 43 del Decreto 019 de 2012, sostuvo que no tenía vocación
de prosperidad debido a que dicha norma remite al CPACA para
efectos de notificaciones de las decisiones sobre recursos.
En relación del allanamiento de cargos y atenuación de la sanción,
indicó que respecto de las investigaciones relativas a los usuarios
MARÍA ÁLVAREZ (13), ANDRÉS HERRERA (38), ELIZABETH
RODRÍGUEZ (41) y CARLOS VILLAREAL (42), a pesar de que la
actora en sede administrativa y judicial reconoció haber incurrido en
irregularidades en la notificación por aviso e informó que procedió a
conocer las peticiones de esos usuarios, tal situación no se
encontraba acreditada ni hacía desaparecer la causal por la que se
le sanción, siendo procedente la imposición de la multa por
configurarse el SAP.
Agregó que se descartaba la aplicación del hecho superado y la
carencia actual del objeto debido a que son figuras propias de las
acciones judiciales y no de los procesos ordinarios.
En lo que tiene que ver con el cargo de nulidad de los actos acusados
por no concederse el recurso de apelación, señaló que no prosperada
toda vez que conforme con lo previsto en los artículos 113 de la Ley
142; 12 de la Ley 489 de 1998; y 74 del CPACA, este no procede
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contra los actos del delegatario sino únicamente el de reposición.
Frente al cargo de la publicidad de los actos administrativos no
generan ni la inexistencia ni la invalidez de estos no estaba llamado
a prosperar comoquiera que la jurisprudencia del Consejo de
Estado27 ha sostenido que el SAP también se configura por yerros en
la comunicación.
Concluyó que no había lugar a condenar en costas al no aparecer
que se hubieran causado en esa instancia.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Contra la sentencia se interpusieron los recursos de apelación por
las partes demandante y demandada, los cuales se concretan en los
siguientes términos:
3.1.- ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
Solicitó revocar la decisión de primera instancia, para lo cual formuló
los siguientes reproches:
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 9 de
agosto de 2007, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, exp. 2500-23-27-000-2001-00321-01.
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3.1.1.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
Insistió en que el artículo 36 del CPACA solo permite acumular
documentos y diligencias de una misma actuación; y que el Tribunal
erró al equiparar su alcance al del artículo 29 del CCA, que admitía
la acumulación de actuaciones distintas con el mismo efecto.
Sostuvo que las 48 investigaciones no versaron sobre el mismo
asunto, en tanto se identificaron diversos aspectos objeto de la
investigación, tales como: la falta de respuesta, notificación
extemporánea, defectos en el aviso, o fallas en la publicidad, de
manera que cada caso requería un estudio individualizado de
pruebas y de configuración del SAP.
Añadió que además la entidad desconoció las reglas de competencia
por territorio, previstas en el artículo 156 del CPACA, y restringió el
acceso a la justicia de la empresa y de los usuarios, configurándose
así una vulneración del debido proceso administrativo que, en su
criterio, imponía la nulidad de los actos, esto comoquiera que los
hechos origen de la controversia ocurrieron en Sincelejo, Montería,
Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Cartagena, pero la entidad
decide resolver en la territorial de Barranquilla.
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3.1.2.- ALLANAMIENTO A CARGOS Y ATENUACIÓN DE LA
SANCIÓN
Respecto de los usuarios MARÍA ÁLVAREZ, ANDRÉS HERRERA,
ELIZABETH RODRÍGUEZ y CARLOS VILLAREAL, alegó, en primer
lugar, que la Superintendencia no podía mantener la sanción porque
se allanó a los cargos en el recurso de reposición, satisfizo lo pedido
y, por tanto, se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado; de ahí que, en su criterio, carecía de sentido mantener la
sanción cuando la situación que originó la queja ya había sido
superada.
En segundo lugar, sostuvo que aun si se estimara procedente
conservar la sanción tanto la Superintendencia como el a quo
omitieron valorar que ese comportamiento de la empresa encajaba
en las causales de atenuación previstas en el artículo 2.2.9.5.3. del
Decreto 281 de 2017, pues colaboró con la autoridad, reconoció la
conducta, aportó información y pruebas útiles, y adoptó medidas
para reparar el perjuicio causado al usuario, particularmente, la
anulación de cobros.
3.1.3.- VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR LA NO
CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
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Afirmó que los actos administrativos demandados vulneran el
derecho al debido proceso, en tanto no se concedió el recurso de
apelación contra la decisión sancionatoria, en particular respecto de
los usuarios IVÁN DARÍO GARCES, VÍCTOR HURTADO, CARMEN
BERMÚDEZ, GUILLERMO MARTÍNEZ, NERIS DE LA HOZ,
DAGOBERTO OROZCO, EVELINA DORADO, FRANCISCO PÉREZ,
RUBÉN CANO, NELSON OTALORA, MARÍA FONTALVO, LUIS
CASTELBONDO, JUAN CARLOS LEAL, MARLENE GUILLEN,
SILINETH BUSTAMANTE, LUIS ARISTIZÁBAL, JORGE
RODRÍGUEZ, JORGE CALDERÓN, EFRAÍN QUINTERO, JORGE
ZULUAGA, ALEJANDRO MUÑOZ, RAFAEL RADA, JOSÉ
SORIANO, YOJANA PAOLA, ONORIS ROJANO, JOSÉ ROMERO,
SENEN TORRADO, RAFAEL OLMOS, ALFREDO LEÓN, RAFAEL
OLMOS y RUTH ESCORCIA, lo que, a su juicio, cercenó la
posibilidad de controvertir la decisión ante el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Estimó que la Superintendencia interpretó erróneamente que la Ley
489 derogó el régimen previsto en la Ley 142 en materia de recursos
contra actos administrativos expedidos por delegatarios, cuando, en
su criterio, dicha conclusión desconoce que la Ley 142 contiene un
procedimiento administrativo especial aplicable a los actos
unilaterales en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios.
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Señaló que el capítulo II de la Ley 142 regula de manera integral los
procedimientos administrativos contra actos unilaterales, incluyendo
la procedencia del recurso de apelación en el artículo 113, norma
que según afirmó tiene carácter especial frente a la Ley 489.
A partir de lo anterior, concluyó que el recurso de apelación previsto
en el artículo 113 de la Ley 142 era procedente en el caso concreto,
por lo que su no concesión vulneró el debido proceso administrativo
y el derecho de defensa.
3.1.4.- INEXISTENCIA DE TÉRMINO PERENTORIO PARA EL
ENVÍO DEL AVISO, ARTÍCULO 69 DEL CPACA
Sostuvo que los actos administrativos demandados vulneran el
principio de legalidad, en tanto le impusieron sanción por el supuesto
envío extemporáneo del aviso de notificación, respecto de los
usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS NAVARRO, VIVIANA
RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ, pese a que el artículo 69 del
CPACA no establece un término perentorio para dicha actuación.
Indicó que la Superintendencia incurrió en un error de interpretación
al considerar que el aviso debía enviarse al día sexto contado desde
el envío de la citación para notificación personal, cuando, en su
criterio, una lectura gramatical de la norma permite concluir que el
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término de 5 días allí previsto corresponde exclusivamente al plazo
con el que cuenta el usuario para notificarse personalmente, y no a
un término para el envío del aviso.
En ese sentido, señaló que el artículo 69 del CPACA únicamente
establece que, si no pudiere surtirse la notificación personal al cabo
de cinco días del envío de la citación, deberá procederse a la
notificación por aviso, sin fijar un plazo específico para su remisión,
por lo que no es posible derivar de dicha disposición la obligación de
enviarlo en una fecha cierta, como lo sostiene la autoridad
administrativa.
Agregó que, en los casos analizados, dio respuesta en tiempo y
adelantó el trámite de notificación conforme a los artículos 68, 69 y
72 del CPACA, envió la citación y, ante la inasistencia del usuario,
procedió posteriormente al envío del aviso dentro de un plazo
razonable, conforme a los principios de eficacia, economía y
celeridad administrativa.
Señaló que, aún si en gracia de discusión se aceptara dicha
interpretación, en el caso concreto cumplió con el término exigido
por la propia Superintendencia.
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3.2.- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, que
se denieguen las pretensiones de la demanda.
Manifestó que el régimen de servicios públicos tiene un régimen
especial respecto de las peticiones previsto en los artículos 152 y
siguientes de la Ley 142 de 1994 aplicable para todos los prestadores
de servicios públicos, en el que específicamente se establece que las
peticiones deben ser resueltas dentro del término de 15 días hábiles
contados a partir de la fecha de su presentación, so pena de que se
entiendan decididas en favor del usuario, salvo que se acredite que
el suscriptor auspició la demora, o que se requirió la práctica de
pruebas.
Señaló que el SAP se configura cuando la empresa no emite la
respuesta dentro del plazo de los 15 días y cuando dicha respuesta
no se notifica en la forma que señala artículos 68, 69, 70 y 71 del
CPACA.
Indicó que en los casos objeto de reproche se acreditó que
Electricaribe trasgredió los artículos 68 y 69 del CPACA, por cuanto
se acreditó que se envió la notificación por aviso por fuera del
término establecido para tal efecto.
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IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
4.1.- Los recursos de apelación se admitieron por auto de 5 de
septiembre de 2025 y en razón a que no se solicitaron pruebas en
esta instancia, el Despacho conductor se abstuvo de correr traslado
para alegar.
4.2.- El MINISTERIO PÚBLICO28 solicitó confirmar la sentencia
recurrida, con fundamento en los siguientes argumentos:
Luego de referirse a la finalidad del derecho de petición y de relacionar
los elementos para la configuración del SAP, indicó que según lo
establecido en el artículo 113 de la Ley 142, contra los actos de
delegatarios solo procede el recurso de reposición, siendo imposible
estimar la procedencia del recurso de apelación.
Agregó que tanto la Corte Constitucional29 como el Consejo de
Estado30 han sostenido que la finalidad del SAP es que la
administración pública resuelva las peticiones o solicitudes que en
interés particular formulen los ciudadanos, dentro de los términos
previstos en la ley, en orden a garantizar el derecho de petición y, en
28
Concepto visible en el índice 9 del expediente digital.
29
Corte Constitucional, sentencia C-092 de 3 de octubre de 2018.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”,
sentencia de 24 de abril de 2024, exp. núm. 15001-23-33-000-2022-00137-01.
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caso que se deje vencer el plazo sin la notificación de la decisión
expresa, darle la oportunidad al usuario de acudir ante el juez si el
silencio de la administración tiene efectos negativos o de obtener lo
solicitado, si los efectos son positivos.
4.3.- El 4 de diciembre de 2025, la Sala de esta Sección resolvió no
conceder la solicitud de prelación para fallar el asunto de la
referencia, bajo el entendido de que la empresa demandante no tiene
el carácter de una entidad de carácter público.
4.4.- Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sala rechazó por
improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la decisión
de no conceder la prelación.
4.5.- La apoderada de la empresa demandante radicó memorial el 9
de marzo de 2026, en el que solicita dar aplicación al artículo 2731 de
la Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma que permite agrupar por
temáticas los recursos de apelación pendientes de decisión; y que, en
consecuencia, los demás radicados que identifica en su escrito32, a
cargo de la Sección, se decidan de manera simultánea.
31
“[…] Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo,
aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las
consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de
manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos […]”
32
En total son 34 expedientes, distribuidos en los 4 Despachos que integran la Sección Primera.
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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1.- COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el
artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la
Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del asunto de la referencia.
5.2.- CUESTIÓN PREVIA
La apoderada de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.-, en memorial de 9
de marzo de 2026, solicita dar aplicación a la figura de la agrupación
temática, prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria 2430 de
2024, que adicionó el artículo 74J al Capítulo VII de la Ley 270 de
1996, habida cuenta que: i) se tramitan varios expedientes que se
encuentran pendientes de decisión ante esta Sección; ii) la
competencia de la Corporación es para resolver los recursos de
apelación formulados contra fallos de primera instancia; y iii) en
dichos procesos se cuestiona la legalidad de los actos sancionatorios
que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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en contra de la demandante al resolver las solicitudes de quejas que
sus usuarios presentaron por el no reconocimiento del SAP.
Frente a ello, la Sala advierte que una solicitud similar a la aquí
elevada se resolvió en sentencia de 28 de mayo de 202633, dentro
del expediente identificado con el número único de radicación
08001-23-33-000-2019-00441-01, en el entendido de que a través
de ese fallo se fijarían los planteamientos que podrán ser reiterados
en los demás procesos que la Sala identifique como posibles de
agrupar bajo este modelo de decisión. Al respeto se puntualizó:
“[…] Comoquiera que concurren en el caso bajo examen los
presupuestos para dar aplicación a dicha figura, la Sala acoge
la solicitud de la parte actora, bajo el entendido de que a
través de este fallo se fijarán los planteamientos que
podrán ser reiterados en los demás procesos que la Sala
identifique como posibles de agrupar bajo este modelo de
decisión.
Identificada esta coincidencia, resulta procedente alterar el
sistema de turnos, con el fin de garantizar la racionalización y
evacuación de estos asuntos […]”
En tal sentido, en lo que respecta al asunto de la referencia y en los
temas que corresponda se prohijará la referida sentencia, para
efectos de resolver los cargos planteados.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de
mayo de 2026. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Número único de
radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01. Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2019-00137-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
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5.3.- LOS ACTOS ACUSADOS
Corresponden a los artículos primero de la Resolución SSPD-
201788000015745 de 22 de febrero de 2018; y primero y tercero
de la Resolución SSPD- 20188000103935 de 13 de agosto de 2018,
que señalan:
5.3.1.- RESOLUCIÓN SSPD-20188000015745 DE 22 DE
FEBRERO DE 2018
“[…]
Resolución SSPD-20188000015745 de 22 de febrero de 2018
Expediente No. 2017820420105599E
Por la cual se resuelve una investigación por silencio
administrativo
La Directora General Territorial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios
[…]
I. Hechos
Que se radicaron cien (100) quejas ante esta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales
fueron radicadas con los números relacionados en las casillas
“RADICADO SAP” del cuadro que a continuación se registra, por
los usuarios que se detallan en el mismo cuadro, contra la
EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P, por el
presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de 1994,
(Silencio Administrativo Positivo -SAP), respecto de las
solicitudes en ejercicio del derecho de petición elevadas y
radicadas en sede de la prestadora y que se relacionan a
continuación, por lo que solicita se imponga la sanción a que
haya lugar y se ordene reconocer los efectos del silencio
administrativo positivo.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN en la modalidad de
MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P,
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
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identificada con el NIT 8020076706, consistente en
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO (878) SALARIO(S)
MINIMO(S) LEGAL(ES) MESUAL(ES) VIGENTE(S),
equivalente a la suma de seiscientos ochenta y cinco millones
novecientos treinta mil cuatrocientos setenta y seis pesos con
cero centavos ($685.930.476.00), la cual se hará efectiva en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de
esta Resolución, dentro de las diligencias impetradas por los
usuarios relacionados en el cuadro N° 9 del presente acto […]”.
En la Resolución SSPD-20188000015745 de 22 de febrero de 2018,
la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios resolvió la investigación administrativa
adelantada contra Electricaribe, originada en cien (100) solicitudes
de investigación por silencio administrativo positivo presentadas por
usuarios del servicio de energía.
En la parte inicial del acto precisó que dichas solicitudes habían sido
acumuladas en una sola actuación administrativa, por considerar que
guardaban conexidad en cuanto al sujeto investigado, el marco
normativo aplicable y la finalidad del trámite, orientado a establecer
si la empresa había vulnerado el artículo 158 de la Ley 142 al no
resolver en debida forma y oportunidad las peticiones, quejas y
recursos formulados por los usuarios.
Asimismo, dejó consignado que la actuación se adelantó con
fundamento, entre otras disposiciones, en los artículos 79, numeral
25, y 158 de la Ley 142, subrogado por el artículo 123 del Decreto
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2150 de 1995, así como en las reglas del CPACA y en las resoluciones
internas de delegación de funciones.
En sus consideraciones, la Superintendencia indicó que una vez
surtido el trámite sancionatorio procedía verificar en cada expediente
si la empresa había emitido respuesta dentro del término de 15 días
hábiles y si había adelantado correctamente el procedimiento de
notificación de esa respuesta. Para ello, elaboró un cuadro
individualizado de los casos investigados, en el que identificó para
cada usuario el número de radicado SAP, el motivo concreto de la
sanción y la causal por la cual estimó configurado el silencio
administrativo positivo.
A partir de ese examen, concluyó que en varios eventos la empresa
no probó haber emitido respuesta; en otros, que no acreditó el envío
de la citación para notificación personal dentro de los cinco días
siguientes a la expedición de la decisión; y, en otros más, que la
notificación por aviso se surtió de manera extemporánea o sin
cumplir los requisitos que la entidad estimó exigibles para tener por
demostrada su remisión.
Con base en ese análisis, la entidad tuvo por configurado el silencio
administrativo positivo en 93 de los casos investigados.
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Finalmente, en la parte resolutiva, y en particular en el artículo
primero, la Superintendencia impuso sanción en la modalidad de
multa a Electricaribe, por haber incurrido en las conductas descritas
en la parte motiva del acto dentro de las investigaciones
relacionadas, y fijó dicha sanción en la suma de $685.930.476.
5.3.2.- RESOLUCIÓN SSPD-20188000103935 DE 13 DE
AGOSTO DE 2018, ARTÍCULO PRIMERO Y TERCERO
“[…] Resolución N° SSPD-20188000103935 del 2018-08-13
Expediente No. 2017820420105599e
por la cual se decide un recurso de reposición
la directora general territorial de la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios
En ejercicio de sus facultades, en especial las que le confiere
el artículo 79 numeral 25 y artículo 158 de la Ley 142 de
1994, subrogado por el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996;
la Ley 1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015; y la
Resolución SSPD No.20161000065165 del 09 de diciembre de
2016; y
CONSIDERANDO:
I. HECHOS
Que esta Superintendencia avocó conocimiento por cien (100)
investigaciones por silencio administrativo positivo - SAP,
profirió auto de apertura de indagación y pliego de cargos para
cada una de ellas, los cuales reposan en cada expediente.
Que durante la investigación este Despacho mediante auto de
acumulación No. 20178000058556 del 3 de octubre de
2017, ordenó acumular en una sola actuación administrativa
cien (100) investigaciones por silencio administrativo positivo.
Que tales investigaciones por silencio administrativo positivo,
se decidieron mediante Resolución SSPD No. 20188000015745
del 2018-02-22, que culminó con sanción en la modalidad de
MULTA, a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.
E.S.P., identificada con número de NIT 8020076706, la
cual reposa dentro del expediente 2017820420105599E con
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radicado padre No 20178201059932 del 8 de septiembre
de 2017. Aunado a lo anterior se procedió con el respectivo
reconocimiento de los efectos del silencio administrativo
positivo, respecto de las NOVENTA Y SIETE (97)34 (sic)
peticiones que se relacionan a continuación, al evidenciarse
incumplimiento respecto del artículo 158 de la Ley 142 de 1.994
para con estas solicitudes.
[…]
VIII. DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá a
REVOCAR el reconocimiento de los efectos del silencio positivo
en favor del(a) usuario(a), concedidos en la resolución
recurrida, respecto de las investigaciones sobre las cuales no
se halló probada transgresión a las disposiciones del artículo
158 de la Ley 142 de 1994, y que, para el caso, se encuentran
relacionadas en el Título V del presente acto.
De igual manera, se procederá a CONFIRMAR el
reconocimiento de los efectos del silencio administrativo
positivo, respecto de las investigaciones sobre las cuales no
hubo mérito para desestimar la sanción impuesta en la
resolución recurrida, y que, para el caso, corresponderían a los
radicados relacionados en el Título VI del presente acto.
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución SSPD No.
20188000015745 del 2018-02-22, por medio de la cual se
sancionó en la modalidad de MULTA a la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., identificada con
NIT 8020076706, y en su lugar, se dispone reducir dicha multa
a CUATROCIENTOS OCHENTA (480) SMLMV; por un valor de
trescientos setenta y cuatro millones novecientos
noventa y seis mil ciento sesenta pesos con cero
centavos ($374,996,160.00)., de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta Resolución.
[…]
ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR tanto la MULTA, así
34
Según la Resolución SSPD-20188000015745 de 2018-02-22, corresponde a 93 casos: “[…]
la empresa SI incurrió en un Silencio Administrativo Positivo al infringir lo señalado en el artículo
158 de la Ley 142 de 1994, respecto de las noventa y tres (93) peticiones que se relacionan a
continuación […]”.
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como el respectivo RECONOCIMIENTO DE EFECTOS, de las
demás CUARENTA Y OCHO (48) investigaciones por silencio
administrativo positivo, sobre las cuales no se halló mérito para
modificar o revocar la sanción impuesta en la resolución
recurrida, y que se encuentran debidamente relacionadas en el
Título VI del presenta acto administrativo […]”.
En la Resolución SSPD-20188000103935 de 13 de agosto de 2018,
la Directora General Territorial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de reposición interpuesto
por Electricaribe contra la Resolución SSPD-20188000015745 de 22
de febrero de 2018.
En la parte inicial del acto recordó que la entidad había avocado
conocimiento de cien (100) investigaciones por silencio
administrativo positivo, que durante el trámite dispuso su
acumulación en una sola actuación administrativa, y que dichas
investigaciones fueron decididas en la resolución recurrida, por
medio de la cual se impuso multa a la empresa y se ordenó el
reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo
respecto de 93 peticiones.
Seguidamente, relacionó en un cuadro los radicados SAP, los
usuarios, los códigos de usuario, los radicados de petición o recurso
y sus fechas, con el fin de individualizar los expedientes objeto del
recurso.
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Luego señaló que, una vez recibido el recurso de reposición, procedió
a comunicar su interposición a los usuarios vinculados a cada
expediente, para que presentaran las objeciones que estimaran
pertinentes. Después sintetizó, también en un cuadro, los
argumentos de defensa expuestos por la empresa frente a cada caso
y relacionó las pruebas allegadas con el recurso, entre ellas guías de
envío de citación y aviso, respuestas a las solicitudes, publicaciones
en sede, actas de notificación personal, cartas de ampliación de
término, constancias de correo electrónico y documentos que ya
obraban en el expediente.
A partir de ese material, indicó que procedía a revisar nuevamente,
para cada una de las investigaciones, el cumplimiento del artículo
158 de la Ley 142, en lo relativo a la respuesta oportuna y
congruente, así como de los artículos 68 y 69 del CPACA, en cuanto
a la notificación adecuada de la respuesta.
En desarrollo de ese examen, la Superintendencia reestudió
individualmente cada expediente y fue precisando, caso por caso, si
la empresa había probado la emisión de una respuesta dentro del
término legal, si acreditó el envío de la citación para notificación
personal dentro de los cinco días siguientes a la respuesta, si el aviso
fue remitido en la oportunidad que la entidad consideró procedente,
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si la prueba de entrega cumplía o no los requisitos de la Ley 1369,
y, cuando el trámite de aviso había resultado fallido, si la empresa
había cumplido con la carga de publicación en página web y en sede
empresarial.
Con base en ese nuevo análisis, la entidad llegó a la conclusión de
que en algunos casos no se configuró el silencio administrativo
positivo y, por tanto, procedía revocar parcialmente la sanción,
mientras que en 48 de los casos subsistían las razones para
mantenerla, bien por ausencia de respuesta en debida forma, por
falta de acreditación del envío de la citación, por remisión anticipada
o extemporánea del aviso, por insuficiencia de la prueba de entrega
o por omisión de la publicación exigida en ciertos eventos.
Finalmente, en la parte resolutiva, y en particular en el artículo
primero, la Superintendencia modificó la Resolución SSPD-
20188000015745 de 22 de febrero de 2018 y redujo la multa
inicialmente impuesta, fijándola en $374.996.160.
5.4.- PROBLEMAS JURÍDICOS
A partir de los reproches planteados por las partes en sus recursos
de apelación, corresponde a la Sala resolver si confirma, modifica o
revoca el fallo de primera instancia, para lo cual se ocupará, por
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razones metodológicas de decidir las censuras planteadas, en el
siguiente orden:
5.4.1.- De la parte actora
i) Si procedía acumular las investigaciones por SAP a pesar de los
diferentes motivos que surgieron para su configuración.
ii) Si respecto de los usuarios MARÍA ÁLVAREZ, ANDRÉS
HERRERA, ELIZABETH RODRÍGUEZ y CARLOS VILLAREAL, el
allanamiento efectuado por la empresa en sede de reposición
impedía mantener la sanción por configurarse un hecho superado, o,
subsidiariamente, si tal comportamiento imponía atenuar la multa
en los términos del artículo 2.2.9.5.3. del Decreto 281 de 2017.
iii) Si, respecto de los usuarios IVÁN DARÍO GARCES, VÍCTOR
HURTADO, CARMÉN BERMÚDEZ, GUILLERMO MARTÍNEZ,
NERIS DE LA HOZ, DAGOBERTO OROZCO, EVELINA DORADO,
FRANCISCO PÉREZ, RUBÉN CANO, NELSON OTALORA, MARÍA
FONTALVO, LUIS CASTELBONDO, JUAN CARLOS LEAL,
MARLENE GUILLEN, SILINETH BUSTAMANTE, LUIS
ARISTIZÁBAL, JORGE RODRÍGUEZ, JORGE CALDERÓN,
EFRAÍN QUINTERO, JORGE ZULUAGA, ALEJANDRO MUÑOZ,
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RAFAEL RADA, JOSÉ SORIANO, YOJANA PAOLA, ONORIS
ROJANO, JOSÉ ROMERO, SENEN TORRADO, RAFAEL OLMOS,
ALFREDO LEÓN, RAFAEL OLMOS y RUTH ESCORCIA, la
Superintendencia vulneró el debido proceso al no conceder el recurso
de apelación contra el acto sancionatorio, pese a lo previsto en el
artículo 113 de la Ley 142.
iv) Si, respecto de los usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS
NAVARRO, VIVIANA RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ, la
Superintendencia interpretó acertadamente el artículo 69 del CPACA
al concluir que el aviso debía remitirse en un término cierto,
particularmente, al día sexto.
5.4.2.- De la Superintendencia
i) Si procedía la nulidad parcial de los actos acusados en relación
con los nueve (9) casos en los que el Tribunal halló no configurado
el silencio administrativo positivo.
Para resolver estos planteamientos, la Sala identificará previamente
el marco jurídico en el que se funda la ocurrencia del SAP en materia
de servicios públicos.
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5.5.- MARCO NORMATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el
derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
pronta resolución.
En desarrollo de este mandato, el ordenamiento prevé un
procedimiento y también regula los plazos y términos con los que
cuenta la administración para responder las solicitudes que
presentan los administrados, so pena de las consecuencias jurídicas
que operan por la inactividad de la autoridad frente a dicha
obligación.
De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como
una presunción o ficción legal según la cual transcurrido un
determinado plazo sin que la administración resuelva la petición, y
cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la
solicitud ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla
general, o en sentido estimatorio, en los casos expresamente
previstos en la legislación.
En relación con el régimen de servicios públicos domiciliarios, el
legislador aprobó que en ejercicio del derecho de petición que les
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asiste a los usuarios, opera la figura del silencio administrativo
positivo - SAP.
En efecto, la Ley 142 estableció como cláusula esencial del contrato
de servicios públicos que el suscriptor o el usuario pueden presentar
ante la empresa prestadora peticiones, quejas y recursos
relacionados con la ejecución del contrato.
De ahí que a las empresas les corresponde obligatoriamente tener
una oficina de peticiones, quejas y recursos encargada de recibir,
tramitar y responder las solicitudes verbales o escritas que formulen
los usuarios, suscriptores y/o los suscriptores potenciales en relación
con el servicio que estas prestan.
Así lo prevén los artículos 153 y 154 de la referida Ley 142:
"[…] Artículo 153. De la oficina de peticiones y
recursos. Todas las personas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de
recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten
los usuarios, los suscriptores o los suscriptores
potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las
peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.
Las peticiones y recursos serán tramitados de
conformidad con las normas vigentes sobre el derecho
de petición.
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Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas
decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.
No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan
las reclamaciones por facturación debe interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.
De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.
Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia […]”.
En este contexto, el artículo 15835 de la Ley 142 establece la
ocurrencia del silencio administrativo positivo para las peticiones
y recursos que no sean resueltos dentro del término de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, al
35
“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y
peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en
forma favorable a él”.
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disponer que, vencido ese plazo, salvo que se demuestre que el
suscriptor o usuario auspició la demora o que era necesaria la
práctica de pruebas, se entiende que hubo una decisión favorable
para la solicitud del peticionario o del recurrente.
En el mismo sentido, el artículo 12336 del Decreto 2150 de 5 de
diciembre de 199537 establece que toda entidad o persona vigilada
por la Superintendencia tiene la obligación de resolver las
peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo del contrato de servicios, dentro de un
término de quince días hábiles contados a partir de su
presentación.
También prevé este precepto que en caso de que no se resuelva
la PQR dentro de las setenta y dos horas siguientes al vencimiento
del término, la entidad prestadora deberá reconocer al suscriptor
36
“ARTÍCULO 123.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo,
contenida en el artículo 185 (sic) de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en
el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene
la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se
requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma
favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al
suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el
peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto.
PARÁGRAFO.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de
"petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que
presente un suscriptor o usuarios […]”.
37
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
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o usuario los efectos del silencio administrativo positivo; y si no lo
hace, el interesado podrá acudir ante la Superintendencia para que
se impongan las sanciones a que haya lugar y se adopten las
decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto
presunto.
En este orden, se tiene que en materia de servicios públicos la no
respuesta oportuna a la PQR deriva en una presunción legal
favorable para el usuario, lo que permite concluir que la ocurrencia
del silencio positivo surge por no resolver en oportunidad la petición
y/o recurso.
Ahora, este silencio también se configura cuando pese a contestarse
en tiempo la PQR, no se notifica bajo las normas del CCA o del
CPACA, habida cuenta que es la notificación la que permite enterar
al usuario o suscriptor del sentido en que se resolvió su petición,
queja o recurso, lo cual está reglado por estas codificaciones,
conforme se sostuvo en la sentencia de 3 de mayo de 2018, así38:
“[…] se observa con claridad que el legislador estableció que en
materia de servicios públicos domiciliarios, las empresas
prestadoras cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles
para RESOLVER las peticiones, quejas y recursos, so pena
que se entienda que éstos fueron resueltos
favorablemente, lo que sin duda alguna constituye una
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta - Descongestión. Sentencia
de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00474-01. Actor: Industria
Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A. Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia. C.P.
Rocío Araújo Oñate.
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garantía para el administrado, la cual fue fortalecida en el
sentido de imponer a la empresa prestadora la
obligación de reconocer el acto ficto “(d)entro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del
término de los quince (15) días hábiles”, sin que la norma
especial prevea para tal efecto un trámite adicional,
obligación que de no cumplirse habilita al peticionario
para que acuda a la superintendencia, a fin de que
imponga las sanciones correspondientes, “sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto”.
[…] en el caso de autos la [norma] aplicable (artículo 123
del Decreto Ley 2150 de 1995) hace alusión a “resolver”,
la Sala estima que una interpretación sobre un asunto
tan sensible y excepcional, como el hecho de entender
que el silencio de la administración equivale a que
accede a lo solicitado, debe acompasarse con la realidad,
esto es, al hecho de que las entidades requieren de un
tiempo razonable para resolver de fondo y manera
congruente las peticiones y para NOTIFICAR la
respuesta atendiendo las normas que establecen plazos
y procedimientos que deben surtirse, los cuales deben
interpretarse de manera lógica, útil y armónica con los
términos para la configuración del silencio
administrativo positivo.
En ese orden de ideas, frente al caso concreto de un lado se
tiene que el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995
prevé un plazo de 15 días hábiles PARA RESOLVER las
peticiones, quejas y recursos en materia de servicios
públicos domiciliarios, y por otro, que el artículo 159 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689
de 2001, establece que las respuestas correspondientes
se NOTIFICARÁN “en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo”.
Ahora bien, según el anterior código las decisiones que ponen
fin a una actuación administrativa se notifican
personalmente, para lo cual el artículo 44 prevé que se
enviará una citación al interesado “dentro de los cinco (5)
días siguientes a la expedición del acto”, a fin de que acuda a
la entidad y se notifique de la decisión. Asimismo, se tiene
que el artículo 45 del mismo estatuto señala que si no
pudiere llevarse a cabo la notificación personal al cabo
de los 5 días del envió de la notificación, la
administración fijará un edicto por el término de 15 días.
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Por lo tanto, fácilmente puede advertirse que en el proceso de
notificación del C.C.A., cuando ésta se efectúa por edicto
pueden transcurrir 20 días, esto es, un plazo mayor al de 15
previsto en el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 para
resolver las peticiones en materia de servicios públicos.
En vista de lo anterior, no resulta razonable predicar que
la administración tiene hasta 15 días para dictar la
decisión y NOTIFICAR la respuesta correspondiente, so
pena de que se configure el silencio administrativo, pues dicho
plazo es inferior al legalmente consagrado para efectuar
la NOTIFICACIÓN respectiva.
Dicho de otro modo, una INTERPRETACIÓN RAZONABLE de
las normas objeto de análisis, consiste en predicar que la
administración tiene hasta 15 días para DICTAR la decisión
correspondiente, so pena de que se entienda que la respuesta
es favorable.
Ahora bien, CON LO ANTERIOR la Sala en manera alguna
desconoce la importancia de la debida notificación,
máxime cuando la misma constituye un elemento
esencial del derecho de petición39, sin embargo, en
tratándose del silencio administrativo positivo, donde el
término para resolver las peticiones correspondientes es menor
al previsto para efectuar la notificación, resulta necesario
DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta
y los establecidos para notificar ésta.
Se destaca que dicha diferenciación es relevante en materia del
silencio administrativo positivo, porque de configurarse el
mismo, además de entenderse que la administración accedió a
lo solicitado, la misma pierde competencia para
pronunciarse sobre el asunto, lo que no ocurre cuando el
silencio administrativo es negativo40, de manera tal que el
análisis que se efectúa sobre la configuración de aquél debe ser
riguroso, lo que implica tener presente (i) las particularidades
de la norma que consagra el silencio administrativo positivo,
por ejemplo, en cuanto el plazo concedido y qué exige que se
haga en el mismo (decidir41, resolver42, notificar,
pronunciarse43), (ii) así como las disposiciones aplicables
39
Sobre los elementos esenciales del derecho de petición: Corte Constitucional, sentencia C-007 del
18 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
40
Sobre el particular puede consultarse: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de
mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446). 2)
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.
25000-23-26-000-1995-01143-01(14850).
41
Verbigracia artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 en materia aduanera, o el artículo 69 de la Ley
338 de 1997 frente a resolución de recursos en asuntos de expropiación.
42
Artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 entratándose de servicios públicos domiciliarios.
43
Por ejemplo: Artículo 25, numeral 16 de Ley 80 de 1993 frente a contratación estatal, o el artículo
28 del Decreto 564 de 2006 sobre licencias urbanísticas.
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para la notificación correspondiente, y por ende, evaluar
si las exigencias hechas a la administración frente a la(s)
solicitud(es) elevada(s) resultan razonables.
La importancia de tener en cuenta los aspectos antes señalados
radica por ejemplo, en que si los mecanismos de notificación
aplicables para el caso en concreto permiten que el
peticionario tenga conocimiento de la respuesta emitida a
través de correo electrónico, como acontece bajo la Ley
1437 de 2011 (art. 67) (que en esta oportunidad no es la
norma a aplicar44), en principio nada justificaría que la
administración pudiendo DAR A CONOCER LA
RESPUESTA DE MANERA INMEDIATA Y EFICAZ por dicho
medio, no lo hiciere en el plazo legalmente establecido
para resolver la petición.
Bajo el criterio interpretativo expuesto, a juicio de la Sala se
vela por la efectividad de las normas que consagran el
silencio administrativo positivo y las consecuentes
garantías de quienes resultan beneficiados, como por el
efecto útil de las disposiciones atinentes a los
mecanismos de NOTIFICACIÓN, aspectos que se itera,
deben analizarse en cada caso […]”.
De lo expuesto, queda dilucidado que el silencio administrativo
positivo no se deriva únicamente de no resolver en tiempo -15 días
• las peticiones, quejas o recursos, sino que también debe verificarse
que resuelto en oportunidad esta decisión se notifique bajo las
normas del CCA y/o CPACA, según corresponda, habida cuenta que
por los efectos que se derivan para el administrado de enterarse de
tal decisión no basta que se conteste en tiempo, sino que es
necesario que se dé a conocer la decisión bajo el procedimiento
legal en vigor, en tanto el derecho de petición no se satisface si no
se garantiza y prueba que se ha enterado de lo resuelto al
44
Teniendo en cuenta que entró en vigencia el 2 de julio de 2012 (art. 308), es decir, antes de la
actuación que dio lugar a los actos acusados.
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peticionario.
Así, en vigor del CPACA está prevista la posibilidad de notificar las
decisiones que resuelven una PQR mediante: i) correo electrónico,
herramienta que entera de inmediato al peticionario, comoquiera
que estas actuaciones pueden ocurrir en un mismo momento; ii) de
no ser posible lo anterior, se enviará citación para la notificación
personal a fin de que comparezca el peticionario; y iii) cuando
resulte fallida esta, debe agotarse la notificación por aviso.
Para efecto de un mejor entendimiento del trámite de las PQR en
materia de servicios públicos, con fundamento en la Ley 142 de
1994, el Decreto 2150 de 1995 y el CPACA, la Sala presenta el
siguiente cuadro:
Trámite de las PQR en materia de servicios públicos
Término
Radicación de para
Eventos que pueden ocurrir
la petición resolver la
PQR
1-15 días La
Aplicación del
hábiles. Se Resuelve administración
Esta fecha procedimiento de
cuenta a en el plazo debe proceder a
fija el notificación
partir de la la notificación
extremo para radicación Reconocimiento
comenzar el de la PQR Ocurrencia del
de los efectos
conteo del (Artículos 158 No SAP por
del SAP en las
plazo para de la L 142 y resuelve incumplimiento
próximas 72
resolver. 123 del Dec. en el plazo por no resolver
2150 de horas por la
en el plazo
1995) empresa de SPD
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Procedimiento de notificación de la decisión (Régimen CPACA)
Inmediata – Debe
Electrónica coincidir con la respuesta.
Se concluye la
notificación
Envío de la citación a la
dirección física, número de
Citación para
Respuesta de la PQR en oportunidad
fax y Correo electrónico
notificación personal
que figure en el expediente
(Artículo 68 del CPACA
o en el registro mercantil,
– 5 días siguientes a la
Personal para que el peticionario
respuesta)
comparezca (5 días s.s. a
la respuesta de la PQR)
Notificación
El administrado Imposibilidad de hacer
acude a notificarse la notificación personal
Debe agotarse la siguiente
Se concluye la
etapa: notificación por
notificación
aviso
Remisión del aviso a: Dirección física
Número de fax
(artículo 69 del CPACA) Correo electrónico que
figure en el expediente o
Por aviso en el registro mercantil
Notificación: se surte al finalizar el día siguiente a
aquel en el que se realiza la entrega del aviso. Se
concluye la notificación.
De lo examinado, se aprecia que para tener por resuelta en
oportunidad la PQR surgen varios eventos, los que tendrán que ser
observados tanto por las empresas de servicios públicos como por la
entidad de vigilancia en aras de validar el reconocimiento de los
efectos del SAP y/o las sanciones a que haya lugar producto de su
incumplimiento, según corresponda.
5.6.- SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
De acuerdo con el anterior marco jurídico, la Sala abordará cada uno
de los reproches planteados contra el fallo del Tribunal, los cuales,
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por virtud del límite previsto en el artículo 320 del CGP, se
restringirán a los aspectos expuestos, los que por razones
metodológicas se resolverán, así:
5.6.1.- PLANTEADOS POR ELECTRICARIBE
5.6.1.1.- DE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SAP
La empresa apelante insistió en que la Superintendencia vulneró su
derecho al debido proceso al acumular en un solo expediente las
investigaciones adelantadas por presunta configuración del SAP, con
fundamento en peticiones, quejas y recursos de distintos usuarios,
los cuales se radicaron en diferentes oficinas territoriales.
Cuestionó la decisión del a quo, porque estimó que a diferencia del
derogado artículo 29 del CCA el artículo 36 del CPACA únicamente
permite la acumulación de documentos y diligencias relacionados
con una idéntica actuación, de modo que, en su entender, no
resultaba jurídicamente viable adelantar en un solo expediente todas
las investigaciones por la presunta configuración del SAP pese a que
estas se dirigen contra la misma empresa prestadora de servicios
públicos.
Para resolver este planteamiento se prohijará el fallo de 28 de
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mayo de 2026, en el que se destacó que en virtud del artículo 209
de la Constitución Política la función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con
fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad. Y se
puntualizó:
“[…] De ahí que estos principios orienten a las autoridades
administrativas en el sentido de que les corresponde
estructurar y adelantar los procedimientos a su cargo con: i)
apego a la norma, ii) racionalizando el uso de los recursos
económicos y temporales, iii) evitando trámites inútiles, iv)
adoptando decisiones oportunas y evitando las inhibitorias, v)
incentivando la aplicación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y vi) garantizando el ejercicio del derecho
de contradicción y defensa del administrado, entre otras.
Precisamente, el artículo 3º del CPACA desarrolla dicho
mandato superior y dispone que las autoridades
administrativas deben interpretar y aplicar los principios allí
enunciados a todos los procedimientos que adelantan. Entre
tales principios se encuentran los de economía, eficacia y
celeridad, cuyo fin se orienta a remover los obstáculos
formales que pueden afectar una decisión pronta, de fondo y
que garantice los derechos de quienes intervienen en este
procedimiento.
A partir de la aplicación de estos principios, el artículo 36 del
CPACA admite como viable que los documentos y diligencias
relacionados con una misma actuación se puedan adelantar
en un solo expediente, al cual se acumularán. Tal
determinación procede de oficio o a petición del interesado y
se analiza bajo el criterio que corresponda, que para este caso
sería el que los asuntos se tramitan ante la misma autoridad.
Ahora, la Sala identificará si los elementos que preveía el CCA
para la acumulación de expedientes en sede administrativa
resultan ser diferentes a los que fijó artículo 36 del CPACA,
norma bajo la cual se adoptó tal decisión por ser la que se
encontraba en vigor45 al tramitarse el procedimiento
administrativo y determinar si, como lo reclama la
demandante, esta decisión resultaba improcedente. Las
45
Bajo esta disposición se adelantó el procedimiento administrativo que orientó la expedición de los
actos acusados y se aplicó en razón a que debe acudirse a esta en lo no regulado por la norma especial
contenida en la Ley 142 de 1994.
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normas en comento son del siguiente tenor:
ARTÍCULO 36 CPACA ARTÍCULO 29 CCA
“[…] Artículo 36. Formación y examen “[…] Cuando hubiere documentos
de expedientes. Los documentos y relacionados CON UNA MISMA
diligencias relacionados CON UNA ACTUACIÓN o con actuaciones que
MISMA ACTUACIÓN se TENGAN EL MISMO EFECTO, se hará
organizarán en un solo con todos un solo expediente al
expediente, al cual se cual se acumularán, de oficio o a
acumularán, con el fin de evitar petición de interesado, cualesquiera
decisiones contradictorias, de oficio o otros que se tramiten ante la misma
a petición de interesado, autoridad y tengan relación íntima con
cualesquiera otros que se él para evitar decisiones
tramiten ante la misma contradictorias.
autoridad. […]”
[…]”.
Del análisis de las normas transcritas se tiene que si bien es
cierto que el artículo 29 del CCA establecía como una de las
situaciones para proceder a la acumulación el que las
actuaciones tuvieran “el mismo efecto”, también lo es que la
eliminación de esta frase en el texto del CPACA no incide en
una interpretación diferente ni tampoco conlleva una
prohibición en estricto sentido, por cuanto la acumulación
frente a “diligencias relacionadas con una misma actuación”,
contiene un concepto suficientemente amplio para que el
funcionario investigador establezca si las peticiones puestas a
su consideración guardan o no esa identidad.
Dicho lo anterior, se tiene que en el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala la Superintendencia profirió los autos de
apertura y los pliegos de cargos individuales respecto de cada
una de las quejas, peticiones o recursos en los que los usuarios
de ELECTRICARIBE alegaban la configuración del SAP; y fue
con posterioridad que identificó que las actuaciones seguidas
contra la demandante se relacionaban con una misma
actuación.
Precisamente, se identificó que era válido ordenar la
acumulación, por cuanto: i) todas las investigaciones
recayeron frente a la misma empresa prestadora; y ii) porque
estas se adelantaron para establecer la presunta infracción del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ante la falta de respuesta
oportuna de la PQR y a la ausencia de reconocimiento de los
efectos del SAP, esto es, compartían una idéntica causa.
De ahí que el argumento de especialidad como el motivo que
identifica o en el cual se puede clasificar la PQR del usuario para
solicitar la aplicación del SAP y sus diversas fuentes de
configuración, no determina la existencia de circunstancias
disimiles que rompan la causa que las origina, la cual, como lo
concluyó la entidad demanda, resultaba suficiente para que la
Superintendencia adelantara las investigaciones agrupadas
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mediante la decisión de acumulación.
Además, no se acreditó por la apelante que la acumulación
fuera contraria a los fines de la función pública, es decir, que el
adelantamiento del procedimiento hubiera puesto en riesgo no
solo la actuación adelantada, sino el ejercicio del derecho de
defensa y del debido proceso que le asiste como investigada.
De este modo se evidencia que, contrario a lo alegado, la
Superintendencia procuró la realización de los principios de
eficacia, economía y celeridad; y también se constató que la
demandante ejercitó su derecho de defensa, a tal punto que no
fue sancionada por la totalidad de las denuncias por las que se
le investigó, lo que descarta que esta medida la haya privado
de responder frente a los asuntos acumulados y/o que la
entidad haya resuelto las quejas conjuntamente como lo
señala, en desmedro de un análisis propio que amerita cada
una de los reclamos recibidos […]”
Todo lo anterior demuestra que la decisión de acumular 100
denuncias en un expediente no contravino la norma superior ni
tampoco restringió el debido proceso de ELECTRICARIBE, motivo
suficiente para denegar este reproche.
Ahora, en relación con el planteamiento de que también existió una
indebida acumulación de expediente, en tanto la Superintendencia
centralizó en Barranquilla el estudio de todos los casos, lo que
presuntamente desconoció el artículo 156 del CPACA, la Sala
advierte que este reproche únicamente se adujo en el recurso de
apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los actos
acusados.
De ahí que al haberse invocado en una etapa posterior a la
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presentación de la demanda, torna en improcedente y
extemporáneos su examen por cuanto debió plantearse en la
demanda o su adición, y porque estudiarlo representaría la
trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte
demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la
igualdad entre las partes.
Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre
ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201846, en la que se señaló:
“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas
en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.
A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces
improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del
juez de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.
Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el
reproche aludido, habida cuenta que este apenas se invocó en el
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000234000020080007402.
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recurso de apelación, lo que representa que acogerlo para examen
rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la
parte demandada no tendría la posibilidad de controvertir y
desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la
demanda47.
5.6.1.2.- DEL ALLANAMIENTO A PETICIONES DE LOS
USUARIOS
En lo que corresponde a este reproche se tiene que Electricaribe
adujo que en sede administrativa y al momento de interponer el
recurso de reposición contra el acto sancionatorio, respecto de los
usuarios MARÍA ÁLVAREZ, ANDRÉS HERRERA, ELIZABETH
RODRÍGUEZ y CARLOS VILLAREAL se allanó a sus reclamaciones,
de modo que la Superintendencia debió levantar la sanción por
configurarse un hecho superado y también debió atenuar el monto
la multa, conforme con el artículo 2.2.9.5.3. del Decreto 281 de
201748, que prevé:
“[…] Artículo 2.2.9.5.3. Circunstancias de atenuación y de
agravación de la multa por infracciones relacionadas con
el servicio de energía eléctrica. La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes
circunstancias de atenuación y agravación de la multa, por
infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica,
según resulten procedentes:
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
48
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”.
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Causales de agravación.
i) Reincidencia del infractor en la comisión de la conducta.
ii) Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el
cumplimiento de órdenes y/o compromisos fijados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Causales de atenuación.
iii) Colaboración con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en la verificación de los hechos
materia de investigación, en el reconocimiento de la
conducta antijurídica, así como en el suministro de
información y pruebas que permitan la demostración de la
infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se
considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la
colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad
de las pruebas que se suministren.
iv) La adopción de medidas por parte del infractor
incluso después de iniciada la actuación administrativa
y hasta antes de la decisión en firme, para reparar los
perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios
y a los demás agentes afectados.
Otras causales de agravación o atenuación.
v) Para el caso específico de las personas naturales se valorará
como causal de agravación o atenuación, según corresponda,
el grado de participación de la persona implicada en la
conducta infractora.
vi) Las demás establecidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
(Destacado fuera de texto).
Como quedó visto, el artículo 2.2.9.5.3. del Decreto 281 de 2017
dispone que en materia de servicio de energía eléctrica la
Superintendencia debe valorar determinadas circunstancias de
agravación y de atenuación al fijar la cuantía de la multa.
Precisamente, en el fallo de mayo 28 de 2026, esta Sala en atención
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al examen de las normas que preceden señaló, respecto de las
circunstancias de atenuación que reclama, lo siguiente:
“[…] Dentro de estas últimas, se destacan: i) la colaboración
con la Superintendencia en la verificación de los hechos y en
el reconocimiento de la conducta antijurídica, con suministro
de información y pruebas útiles; y ii) la adopción de medidas,
incluso, después de iniciada la actuación y hasta antes de la
decisión en firme, para reparar los perjuicios causados a los
usuarios o demás agentes.
Como quedó visto, el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de
2017 dispone que en materia de servicio de energía eléctrica la
Superintendencia debe valorar determinadas circunstancias
de agravación y de atenuación al fijar la cuantía de la multa.
Dentro de estas últimas, se destacan: i) la colaboración con la
Superintendencia en la verificación de los hechos y en el
reconocimiento de la conducta antijurídica, con suministro de
información y pruebas útiles; y ii) la adopción de medidas,
incluso, después de iniciada la actuación y hasta antes de la
decisión en firme, para reparar los perjuicios causados a los
usuarios o demás agentes.
De la lectura de esta disposición se tiene que contrario a lo
planteado por la parte apelante no eliminan la infracción, sino
que operan como factores de modulación de la sanción, cuyo
peso concreto depende de la etapa procesal en que se
produzcan y de la seriedad y eficacia de la colaboración o de
las medidas reparadoras.
Respecto de la primera eventualidad que da lugar a atenuación
de la sanción, la Sala advierte que el comportamiento que
Electricaribe califica como “allanamiento” no consistió en una
colaboración temprana para esclarecer los hechos ni en un
reconocimiento oportuno de la conducta antijurídica durante la
instrucción, sino en actuaciones posteriores.
En efecto, el allanamiento del que se sirve la apelante ocurrió
al interponer el recurso de reposición contra el acto
sancionatorio, es decir cuando la Superintendencia ya había
surtido la investigación, formulado cargos y decidido la
imposición de la multa.
Para la Sala, esta situación en realidad no contribuyó a la
verificación de los hechos ni a la demostración de la infracción
de la conducta endilgada, pues la administración adelantó la
investigación y agotó las etapas que prevé la ley para el
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ejercicio de la potestad sancionadora, tales como apertura,
descargos y práctica de pruebas; y solo evidenciada la
infracción, fue que la apelante hizo tal manifestación, lo que
pone de manifiesto que no era posible tenerla con efectos
atenuantes debido a que ya se había expedido el acto
sancionatorio.
En relación con la segunda eventualidad, relativa a las medidas
de reparación a los usuarios afectados, en los casos
identificados en la demanda, la empresa expuso que realizó
actuaciones como corrección de facturación, reversación de
cobros, reconocimiento de los efectos del SAP o “concedido lo
solicitado”, para lo cual aporta como apoyo de su dicho los
pantallazos del sistema interno, en el que se registran
expresiones como ajustes o notas en el estado de cuenta; sin
embargo, se insiste, ello no desaparece la infracción y tampoco
deriva en una atenuación de la sanción porque esta debe darse
en etapas que disminuyan la actividad probatoria a cargo de la
entidad sancionatoria.
Además, no hay diferenciación si las actuaciones que adujo
como medidas de reparación fueron resultado de su interés en
corregir la conducta infractora o resultado del cumplimento de
los efectos que le ordena la ley ante la extemporaneidad de sus
decisiones, que fueron las que examinó y halló probadas el acto
sancionatorio.
Así las cosas, el registrar en el sistema un ajuste o un cambio
en la facturación no permite deducir que la reparación del daño
derivado de la falta de respuesta oportuna y de la ausencia de
reconocimiento del SAP, responda a conductas propias de la
colaboración que amerita la atenuación.
En conclusión, ni desde la perspectiva de la colaboración y
reconocimiento de la conducta, ni tampoco como medida de
reparación, se configura en el asunto bajo examen una causal
de atenuación de la sanción en los términos del artículo
2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 2017, por lo que este reproche de
la actora no tiene vocación de prosperar […]”.
De este modo, encuentra la Sala coincidencia con los argumentos
atrás expuestos, lo que lleva a denegar el cargo planteado.
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5.6.1.3.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE
APELACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO
PRIMIGENIO
Bajo este reproche, Electricaribe reclamó el hecho de que en sede
administrativa la Superintendencia no le concedió la oportunidad
para apelar el acto en el que le fue impuesta la sanción cuestionada,
en particular, en relación con las decisiones relativas a los usuarios
IVÁN DARÍO GARCES, VÍCTOR HURTADO, CARMEN
BERMÚDEZ, GUILLERMO MARTÍNEZ, NERIS DE LA HOZ,
DAGOBERTO OROZCO, EVELINA DORADO, FRANCISCO PÉREZ,
RUBÉN CANO, NELSON OTALORA, MARÍA FONTALVO, LUIS
CASTELBONDO, JUAN CARLOS LEAL, MARLENE GUILLEN,
SILINETH BUSTAMANTE, LUIS ARISTIZÁBAL, JORGE
RODRÍGUEZ, JORGE CALDERÓN, EFRAÍN QUINTERO, JORGE
ZULUAGA, ALEJANDRO MUÑOZ, RAFAEL RADA, JOSÉ
SORIANO, YOJANA PAOLA, ONORIS ROJANO, JOSÉ ROMERO,
SENEN TORRADO, RAFAEL OLMOS, ALFREDO LEÓN, RAFAEL
OLMOS y RUTH ESCORCIA.
La apelante insiste en que en sede administrativa debió concederse
el recurso de apelación, en virtud del artículo 113 de la Ley 142 que
prevé:
“[…] ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS
DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES
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ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa,
contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los
gobernadores, de los ministros, del Superintendente de
Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que
pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación o publicación.
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por
funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los
actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las
pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar […]”.
Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como lo ha indicado la
jurisprudencia de esta Sección “[…] cuando sea necesario determinar
cuáles recursos son procedentes en contra de los actos
administrativos que ponen fin a la actuación en materia de servicios
públicos domiciliarios, obligatoriamente tendrá que aplicarse el
artículo 113 de la Ley 142 de 1994 […]”49. Ello, por cuanto dicha ley
es el estatuto especial que fija el régimen jurídico de los servicios
públicos domiciliarios, que regula de manera integral el
procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones de
inspección, vigilancia y control, así como los recursos contra los
actos unilaterales que las deciden.
El artículo 113 de la Ley 142 establece como regla general que
contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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administrativas, en este régimen, procede únicamente el recurso de
reposición; y, de manera excepcional, habrá lugar al recurso de
apelación cuando el acto sea expedido por un delegatario de
funcionario distinto del presidente de la República. Precisamente, en
sentencia de 13 de mayo de 202150, decisión que ahora se prohíja,
la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, así:
“[…] 122. Partiendo de esa premisa, cuando la SSPD actúa a
través de sus agentes, sea el Superintendente, los
Superintendentes Delegados o los funcionarios en los
que el Superintendente delegue alguna facultad, deberá
tenerse presente que la facultad primigenia de inspección,
vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios es del
Presidente de la República y, por tanto, éstos actuarán como
sus agentes, en mandato de la designación de tales funciones
por la Ley, como pasa la Sala a explicar en más detalle.
[…] 134. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala prohíja en esta oportunidad, explica que
cuando el Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios haga uso de la figura de la delegación de
funciones, ha de tenerse presente que está delegando
funciones del Presidente de la República, asignadas a
través de la figura de la desconcentración funcional,
antes referida. En ese orden de ideas, el funcionario en quien
se delegue estará actuando como delegatario de las funciones
del Presidente de la República, quien las ejerce a través del
Superintendente y sus delegados.
135. En este orden de ideas, el término «delegados» deberá
entenderse en su sentido más amplio, esto es, que no
puede limitarse a los Superintendentes Delegados de la
SSPD, sino que ha de abarcar a todos sus agentes, en
quienes el Legislador hubiera realizado la desconcentración
funcional a la que la Sala se ha referido.
136. En esa medida, el artículo 7551 de la Ley 142 de 1994
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
51
El contenido de esta norma no hace parte de la sentencia; sin embargo, se transcribe para efectos
del análisis aquí comprendido, junto con el artículo 79 ibidem. Las normas en comento son del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES PRESIDENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
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deberá ser aplicado en el sentido que le dé pleno desarrollo de
los postulados constitucionales y legales de las facultades dadas
al Presidente de la República de inspección, vigilancia y control
de los servicios públicos domiciliarios.
137. Como se explicó en líneas precedentes, tanto para el
titular de la función constitucional como para quien la ley faculta
expresamente para su ejercicio, resulta imposible desarrollar
personalmente todas las medidas que el legislador le
encomendó. Es ahí cuando cobra relevancia la figura de la
delegación, que habilita a quien ejerce una función para
asignarla, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales – arts. 209 y 211- y legales -arts. 9 a 13
de la Ley 489 de 1998- a otro funcionario. En el caso del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que
desarrolla, por asignación legal, las facultades del Presidente
de la República, podrá delegarlas en los funcionarios de esa
entidad.
[…] 144. El criterio jurisprudencial plasmado en la
sentencia citada, que la Sala reitera en esta oportunidad,
permite afirmar que contra la Resolución 3986 de 2004
demandada, expedida por el Director Territorial Centro de la
SSPD únicamente procede el recurso de reposición, en
aplicación de la excepción contenida en el inciso segundo
del artículo 113 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, por
cuanto el Director Territorial Centro de la SSPD es delegatario
de las funciones constitucionales del Presidente de la República
de imponer sanciones a aquellas empresas que no respondan
en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios,
atribuía a esa Superintendencia por el art 79.25 de la Ley 142
de 1994.
145. En consecuencia, la función referida la ejerce el
Presidente de la República a través del Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y sus delegados o agentes. Así
las cosas, válidamente se puede concluir que, en este
caso, el Director Territorial Centro es delegatario de
funciones constitucionales del Presidente y, en tal
medida, solo procede el recurso de reposición contra los
PÚBLICOS. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades
que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta
Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del
Superintendente y sus delegados.
[…]
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de servicios públicos
y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y
143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son
funciones de esta las siguientes:
[…]
25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de
los usuarios […]”.
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actos administrativos que expida en ejercicio de tal
atribución […]”. (Destacado fuera de texto).
Comoquiera que los actos acusados fueron expedidos por la
Dirección General Territorial en ejercicio de facultades sancionatorias
que tienen origen en la competencia constitucional del presidente,
es claro que no eran susceptibles de recurso de apelación, luego este
argumento tampoco tiene vocación de prosperidad.
5.6.1.4.- DEL PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR
LA NOTIFICACIÓN POR AVISO
En este cargo de apelación52, el razonamiento de oposición de
Electricaribe frente al fallo de primera instancia radica, entre los
muchos razonamientos alegados, en insistir que la
Superintendencia le impuso sanción por no haber enviado el
aviso de la notificación al sexto día siguiente al vencimiento del
plazo de cinco (5) días previsto para la notificación personal, pese a
que el artículo 69 de la Ley 1437 no establece un término perentorio
y específico para tal efecto, es decir, no cuestiona el hecho de que
se haya resuelto o no en tiempo la PQR, sino que la notificación
no se hizo según el procedimiento fijado por el CPACA, por lo que
será frente a ello que la Sala se pronuncie.
52
Se limitó a cuestionar los casos de los usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS NAVARRO, VIVIANA
RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ.
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Al respecto, se tiene que del estudio de legalidad que realizó el
Tribunal a quo, concluyó que: “que los actos administrativos de
carácter particular y concreto deben ser notificados a los
administrados principalmente de manera personal, y por aviso de
manera subsidiaria” y agregó, que:
“[…] Se acredita que la remisión del aviso se hizo en
oportunidad, es decir dentro del término de 5 días desde
el vencimiento del otorgado para la notificación personal
conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA, el
cual si bien este último impone de manera categórica la
remisión del aviso por defecto de la notificación personal, cierto
es que en la norma NO se señaló de manera expresa que
este tuviera que ser remitido restrictivamente al
vencimiento de término del envío de la citación, es decir
al sexto día; por el contrario, se concluye que ante la
imposibilidad de surtir la notificación personal, es desde
el vencimiento de ese término en que inicia el término
para habilitar la notificación por aviso, y no para cuando
se deba remitir el mismo. Prospera el cargo de nulidad
formulado.
Y respecto del envío anticipado del aviso, refirió:
“[…] Al respecto, concluye la Sala que le asistió razón a la
SSPD al imponer la sanción a Electricaribe dentro de los
actos demandados por haberse enviado el aviso de
manera anticipada, pues se comprueba que el aviso fue
insertado y/o remitido en horario hábil dentro del
término con el que contaba la usuaria para concurrir a
notificarse personalmente, vulnerándose así lo previsto
en el artículo 68 y 69 del CPACA, pues de su interpretación
literal se desprende que la notificación por aviso procede de
manera subsidiaria si no pudiere hacerse la notificación
personal al cabo de los 5 días del envío de la citación, lo cual
se echó de menos sobre el particular. No prospera este cargo
de nulidad […]”
Entonces, para examinar la procedencia o no de los razonamientos
del Tribunal a quo es preciso analizar el contenido de los artículos 67
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a 69 del CPACA, que disponen:
“[…] ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las
decisiones que pongan término a una actuación administrativa
se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y
los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará
la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las
diligencias previstas en el inciso anterior también podrá
efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes
modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el
interesado acepte ser notificado de esta manera. La
administración podrá establecer este tipo de notificación […]
2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia
pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose
dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos
para la interposición de recursos.
ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN
PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al
interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará
constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.
ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si NO pudiere
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hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, ESTA SE HARÁ por medio de
aviso QUE SE REMITIRÁ a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario,
el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio
quedará surtida la notificación personal […]”.
De las anteriores normas, se colige que por regla general las
decisiones que ponen fin a la actuación administrativa se notifican
personalmente al interesado; y que para hacer efectiva esa
notificación, cuando no exista un medio más eficaz (v.g. correo
electrónico), la administración debe enviar citación dentro de los cinco
días siguientes a la expedición del acto, a la dirección o medio
de contacto que obra en el expediente.
Luego, si transcurridos esos cinco días desde el envío de la
citación sin que haya sido posible cumplir la notificación personal,
se habilita la notificación por aviso, que debe remitirse al mismo
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domicilio físico y acompañarse de copia íntegra del acto, con la
advertencia de que la notificación se entenderá surtida al finalizar el
día siguiente a la entrega en el lugar de destino.
De este procedimiento se concluye que la notificación por aviso
no es una opción o escogencia de la administración, sino que es un
procedimiento reglado, con fases identificables y con términos
perentorios, no solo para que la administración realice las diferentes
etapas, sino para que su cumplimiento permita que en caso de no
poder realizarse la notificación personal se entienda que el
administrado ha sido enterado.
Así las cosas, la interpretación que ha de conferirse al artículo 69 del
CPACA, en armonía con el régimen especial del SAP en materia de
servicios públicos y con los principios de eficacia, celeridad y
protección del usuario, es que la diligencia de notificación por aviso
no queda a discreción de la empresa prestadora del servicio
público, pues dadas las consecuencias jurídicas de su no respuesta
oportuna, la notificación está inmersa en el cumplimiento del deber
de responder en tiempo, sin que se escude en la ausencia de un
plazo que así la obligue, pues su actuación debe ser inmediata y
concomitante al acto que resuelve la PQR.
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De este modo, otorgar el entendimiento que propone la apelante
sería dar preeminencia a aspectos procesales sobre un derecho
fundamental de los usuarios, al validar que se postergue en el tiempo
el deber de notificar en debida forma la decisión adoptada53, ya que
las consecuencias que surgen del acto ficto favorable se predican
tanto de: i) la no respuesta oportuna a las PQR de los usuarios de
los servicios públicos domiciliarios y ii) su indebida e inoportuna
notificación.
En efecto, la exigencia de actuar con inmediatez en el envío del
aviso, una vez agotado sin éxito el trámite de notificación personal
es la interpretación más compatible con la efectividad del silencio
administrativo positivo y aquella que de mejor manera garantiza el
derecho de los usuarios frente a la empresa prestadora del servicio
público.
Lo anterior, se justifica, incluso, en la orden que prevé el artículo
12354 del Decreto 2150 de 1995, cuando además de señalar cuál es
53
Para el Tribunal bastaba que se notificara por aviso ante la fallida notificación personal, pero sin que
el paso del tiempo, en exceso, representara la ocurrencia del SAP. No ocurría lo mismo frente al envío
anticipado del aviso, pues en tales eventos consideró que sí ocurría el SAP.
54
La Corte al examinar la constitucionalidad de este artículo refirió “[…] 5.2. Que el Gobierno Nacional
en el artículo 123 acusado regulara la figura del silencio administrativo positivo, en el sentido de
precisar que ante el mutismo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente
a una petición, queja o recurso, una vez hubiera operado la figura del silencio administrativo
positivo, reconociera los efectos de dicha figura dentro de las setenta y dos horas siguientes
al vencimiento de los quince días con que cuenta para resolver, so pena de solicitar la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, a la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios “sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes
para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”, es algo que
indiscutiblemente encaja en la finalidad perseguida por la Constitución en relación con la
función pública, pues ella se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base
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el plazo para resolver las peticiones ante las empresas de servicios
públicos, prevé que es obligación de estas una vez transcurridas
las 72 horas siguientes al vencimiento del término para responder,
sin haberlo hecho, reconocer los efectos del SAP.
Así pues, habiéndose “resuelto” oportunamente la PQR, esto es,
entre los días hábiles que le confiere la ley para ello - 15 días -, la
empresa debe realizar su notificación.
De este modo, es obligatorio que se notifique en tiempo y
debidamente lo resuelto, so pena de incurrir en la situación de
incumplimiento frente al deber de responder de fondo y comunicar
tal decisión, que lleva inmerso el artículo 23 Superior.
Precisamente, la Corte Constitucional sostiene que es necesario que
en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Por
ello, el artículo 209 superior dispone que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (CP art. 2).
Así mismo, dado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte integrante de
la Administración Pública, la modificación de normas para el ejercicio de sus funciones en procura de
aplicar los principios de la celeridad y la eficacia administrativa, quedan dentro del ámbito de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por la ley habilitante.
El legislador extraordinario en la norma acusada no agregó ningún trámite a la figura del silencio
administrativo positivo contemplado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, como equivocadamente
lo interpreta la ciudadana demandante, sino que precisó el término para hacer efectivos los
efectos de la mencionada figura, so pena de incurrir en las sanciones que establece la ley,
lo cual a juicio de la Corte resulta completamente ajustado a la Carta, pues al ser los servicios públicos
inherentes a la función social del Estado, éste debe propender porque las empresas prestadoras
de ese servicio garanticen la verdadera prestación del mismo, lo cual implica que las
peticiones, quejas o recursos que presenten los usuarios o suscriptores sean resueltas en
forma rápida y oportuna de suerte que el Estado bien sea directa o indirectamente, ya por
comunidades organizadas o por particulares, propenda por la continuidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población (CP art. 366) […]” Sentencia C-272 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
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las empresas de servicios públicos lleven a cabo la notificación de las
respuestas dadas a las PQR a fin de materializar el derecho de
petición55. Así lo puntualizó en el siguiente fallo:
“[…] 4.5.3.2. Para el caso de las empresas de servicios
públicos, como ya se anunciaba, las reglas varían
dependiendo de si las peticiones y recursos son o no elevados
por usuarios o suscriptores –incluso los potenciales– de las
empresas de servicios públicos. Entonces, ante un marco del
régimen de prestación del servicio (usuario-prestador),
el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 determina una
regla especial según la cual las peticiones, quejas y
recursos deberán RESOLVERSE en un término de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación.
Cumplido dicho plazo, se configura el silencio administrativo
positivo. Mientras que, cuando las solicitudes sean formuladas
por no usuarios, se aplicarán las mencionadas reglas del
CPACA.
4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición
debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha
señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de
la petición y sea conforme con lo solicitado; y además
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce
la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[55] (se resalta
fuera del original).
[…]
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el
componente de respuesta de la petición se
55
Sentencia T-230 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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MATERIALICE, es imperativo que el solicitante CONOZCA
el contenido de la contestación realizada. Para ello, la
autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando
se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de
competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la
entidad encargada […]”.
De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de notificación en
relación con el envío del aviso en los términos del artículo 69 del
CPACA debe ser inmediato para garantizar el derecho que surge
respecto de las PQR que se tramitan ante las empresas de servicios
públicos. Un entendimiento diferente permitiría que las empresas
llamadas a resolver manejen a su arbitrio el trámite de la
notificación, cuando lo que se predica de la norma es un
procedimiento continuo que no acepta interrupciones.
Por ello, se concluye que el conteo que realizó la Superintendencia
se gobierna bajo este entendimiento, cuestión que para el Tribunal
si resulta diferente, por cuanto desestima que el envío
extemporáneo representa la ocurrencia del silencio positivo.
De esta manera, la Sala establecerá únicamente en los casos
apelados, si la postura que aplicó el Tribunal acoge el criterio aquí
expuesto en cuanto mantuvo la sanción. Así, se examinará a partir
de los actos acusados qué tiempo transcurrió desde el vencimiento
del plazo previsto por la ley para que el administrado acudiera a
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notificarse personalmente y el envío del aviso, a fin de determinar si
fue: i) inmediato; ii) si se hizo después; o iii) si se efectuó antes
del proceso fijado en los artículos 67 a 69 del CPACA, así:
DÍAS QUE
FECHA LÍMITE FECHA DE LA
FECHA QUE TRANSCURRIER
PARA FECHA DE CITACIÓN FECHA
CONSECUTIVO FECHA DE IDENTIFICÓ LA ON (+ / -) EN EL
RESOLVER LA PARA REAL EN
EN LOS RADICACI SSPD COMO ENVIO DE LA
# USUARIO OPORTUNAM RESPUEST COMPARECER QUE SE
ACTOS ÓN DE LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
ENTE LA PQR A A LA A LA ENVÍO EL
ACUSADOS PQR PARA EL ENVÍO POR AVISO
(EXAMEN DE LA PQR NOTIFICACIÓ AVISO
DEL AVISO (ANÁLISIS DE
SALA) N PERSONAL
LA SALA)
17 de 7 de 22 de 24 de 1 de 31 de
Nairovis
1 29/29 agosto septiembre agosto agosto de septiembre agosto
Martínez
de 2017 de 2017 2017 2017 2017 2017 -1
27 de 16 de 10 de 14 de 21 de
Carlos 22 de
2 51/51 enero de febrero de febrero febrero de febrero -1
Navarro febrero 2017
2017 2017 2017 2017 2017
12 de
30 de 15 de 17 de 27 de 26 de
Viviana diciembr
3 69/69 diciembre diciemb diciembre diciembre diciemb -1
Rodríguez e de
de 2016 re 2016 de 201656 2016 re 2016
2016
27 de
14 de 6 de 13 de
Edinson 6 de marzo febrero 14 de marzo
4 93/91 febrero marzo de marzo
Ramírez de 2017 de 2017 -1
de 2017 2017 2017
2017
Del examen registrado en el cuadro que antecede, se tiene que si
bien Electricaribe resolvió la petición o el recurso a su cargo
oportunamente, aspecto que no está en discusión57, lo relevante
aquí es que el motivo que sustentó la sanción derivó del hecho de
no haber realizado en debida forma la notificación por aviso,
teniendo en cuenta que el trámite para dar por enterados a los
usuarios, atrás identificados, no se hizo conforme a la regla del
56
La Superintendencia precisó que “[…] teniendo en cuenta que este día era un día no hábil se
entenderá notificado el día siguiente hábil, el día 19 de diciembre de 2016 […]”.
57
Sobre el particular conviene destacar que el plazo para “resolver” las PQR se cuenta a partir de la
fecha de la radicación de la solicitud y la empresa tiene hasta 15 días (hábiles) para contestar so pena
de incurrir en el SAP. Ahora, una vez resuelta la PQR se inicia el proceso de notificación, bajo el
entendido que es necesario “DIFERENCIAR entre los plazos para proferir la respuesta y los
establecidos para notificar ésta”. Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-
23-24-000-2012-00474-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
De esta manera, si la resolución ocurre en la víspera de esos 15 días no puede calificarse de
extemporánea porque su notificación fue posterior a tal plazo, en tanto lo que debe atender es el
término fijado por el legislador para la resolución de la PQR y el otro es el procedimiento previsto para
su efectiva notificación y su inobservancia también configura el SAP.
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artículo 69 del CPACA, en tanto en los cuatros casos, el envío se
realizó antes de que se venciera el plazo previsto por la ley para
que el usuario concurriera a atender la notificación personal.
Ahora, bajo este análisis, y atendiendo al criterio fijado en el fallo de
28 de mayo de 2026, corresponde establecer de acuerdo con los
casos en los que se comprobó la inobservancia del artículo 69 del
CPACA si hay lugar a remover la sanción fijada por cuenta de
advertirse por la Sala situaciones que pueden dar lugar a ello. En la
sentencia en cita, se precisó:
“[…] Ahora, la Sala considera que si bien es cierto que en los
demás asuntos no se observó el trámite previsto en el
artículo 69 del CPACA, también lo es que se identificaron por
esta Corporación dos (2) circunstancias que permiten
remover la sanción habida cuenta que en estos casos se
evidenció que la empresa resolvió de manera pronta y/o
adelantó el trámite de la citación de notificación por
aviso en similares condiciones, todo ello con el ánimo de
dar a conocer en oportunidad sus decisiones.
En efecto, del análisis que arroja el cuadro que antecede se
aprecia que: i) la empresa prestadora de servicios públicos
realizó, en algunos casos, el envío de la citación para
notificar por aviso, incluso, antes de que venciera el plazo
de los 15 días hábiles con los que contaba para resolver la
PQR, en los términos de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994
y 12358 del Decreto 2150 de 1995; y ii) que la citación para
notificar por aviso se envió antes del plazo que le habilita la
norma para proceder en tal sentido.
58
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.
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Para la Sala, estos eventos en vez de resultar adversos a los
derechos de los usuarios demuestran la materialización del
derecho de petición y, en consecuencia, justifica adoptar
esta decisión anulatoria en razón a que el actuar de la
demandante evidencia su firme propósito de dar a
conocer sus decisiones de manera cumplida y en tiempo.
De ahí que resulte razonable para esta Corporación conciliar
estas circunstancias en atención al efecto útil59 de las normas
y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
En estos casos, se concluye que no procede la sanción a la
demandante, sin que ello implique remover los efectos
reconocidos a los usuarios por virtud de los actos cuestionados
[…]”.
Entonces, en lo que respecta al envío anticipado del aviso, se
tiene que se realizó en los cuatro casos, esto es, respecto de los
usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ60, CARLOS NAVARRO, VIVIANA
RODRÍGUEZ61 y EDINSON RAMÍREZ, lo que significa que no
puede calificarse el envío como extemporáneo, todo lo cual, y en
aplicación del examinado criterio, la Sala remueve la sanción para la
empresa, pero no los efectos reconocidos a los usuarios.
Bajo este examen hay lugar a anular los siguientes casos, por
concurrir en ellos tales eventos:
CASO USUARIO EVENTO EXPLICACIÓN
El envío de la citación por aviso se El envío del aviso ocurrió el 31 de
realizó antes de vencer el plazo agosto de 2017 y el plazo para remitirlo
para tal efecto vencía el 1o. de septiembre de 2017
NAIROVIS
1 El envío del aviso ocurrió el 7 de
MARTÍNEZ El envío del aviso se realizó antes
septiembre de 2017 y el plazo para
de fenecer el plazo para resolver
resolver la PQR vencía el 31 de agosto
la PQR
de 2017
59
Concepto definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-569-2004 y reiterado en la Sentencia
C-138-2025 como aquel “según el cual debe considerarse, de entre varias interpretaciones de una
disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea,
o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias”.
60
También ocurrió el evento del envío del aviso antes de que feneciera el plazo para responder la PQR.
61
Acaeció el evento del envío del aviso antes de que feneciera el plazo para responder la PQR.
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El envío del aviso ocurrió el 21 de
El envío de la citación por aviso se
febrero de 2017 y el plazo para
2 CARLOS NAVARRO realizó antes de vencer el plazo
remitirlo vencía el 22 de febrero de
para tal efecto
2017
El envío del aviso ocurrió el 26 de
El envío de la citación por aviso se
diciembre de 2016 y el plazo para
realizó antes de vencer el plazo
remitirlo vencía el 26 de diciembre de
para tal efecto
VIVIANA 201662
3
RODRÍGUEZ El envío del aviso ocurrió el 26 de
El envío del aviso se realizó antes
diciembre de 2016 y el plazo para
de fenecer el plazo para resolver
resolver la PQR vencía el 30 de
la PQR
diciembre de 2016
El envío del aviso ocurrió el 13 de
El envío de la citación por aviso se
marzo de 2017 y el plazo para
4 EDINSON RAMÍREZ realizó antes de vencer el plazo
remitirlo vencía el 14 de marzo de
para tal efecto
2017
Siendo ello así, la Sala anulará los casos identificados por la Sala con
los números 1, 2, 3 y 4, usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS
NAVARRO, VIVIANA RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ, por las
razones expuestas y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
5.6.2.- PLANTEADO POR LA SUPERINTENDENCIA
5.6.2.1.- DEL PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR
LA NOTIFICACIÓN POR AVISO
El Tribunal estimó que por tratarse de una figura excepcional, el
silencio administrativo positivo solo podía configurarse a partir de
supuestos expresamente previstos en la ley; y advirtió que el artículo
69 del CPACA no fija de manera clara un término perentorio para
remitir el aviso.
62
En el evento de computar el término del envío de la citación desde el 19 de diciembre el plazo para
remitir el aviso vencería el 27 de diciembre de 2016.
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Con base en ello, consideró que cuando no se haya autorizado la
notificación por medios electrónicos se deberá enviar una
comunicación o citación al administrado dentro de los 5 días
siguientes a la expedición del acto, y en caso de que el interesado
no comparezca, se procederá a realizar la notificación por aviso, de
la cual basta que se pruebe que se realizó.
Bajo esa comprensión, declaró la prosperidad del cargo respecto de
los usuarios JULIO ANDRADE, ANIBAL CAÑAS, BEATRIZ
BUELVAS, ROSAURA MONSALVE, ROIMAN MURILLO, VILMA
SANTIZ, LUIS MÁRQUEZ, OMAR CARDONA y RAFAEL ÁVILA.
La Superintendencia, al apelar, cuestionó esa conclusión, para lo cual
adujo, en esencia, que el a quo no motivó suficientemente por qué
se apartaba de la interpretación administrativa acogida en los actos
acusados sobre la oportunidad del envío del aviso, razón por la cual
insistió en que debía mantenerse la legalidad de la sanción impuesta
en cuento a los usuarios JULIO ANDRADE, ANIBAL CAÑAS,
BEATRIZ BUELVAS, ROIMAN MURILLO, LUIS MÁRQUEZ,
OMAR CARDONA y RAFAEL ÁVILA.
Es oportuno precisar que en relación de las usuarias ROSAURA
MONSALVE y VILMA SANTIZ, la entidad recurrente no cuestionó
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los planteamientos que llevaron al Tribunal a acceder a las
pretensiones, razón por la cual la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento sobre esas peticionarias debido a la falta de carga
argumentativa del recurso.
Establecido lo anterior, se advierte que para examinar la procedencia
o no del argumento planteado por la Superintendencia considerará
los fundamentos normativos del acápite “5.6.1.4.- DEL
PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR LA
NOTIFICACIÓN POR AVISO”, sin que haya necesidad de reiterar
lo allí planteado para resolver lo que aquí corresponde.
Así, la Sala pasará a identificar en el siguiente análisis qué tiempo
transcurrió desde el vencimiento del plazo previsto por la ley para
que el administrado acudiera a notificarse personalmente y el envío
del aviso, a fin de establecer si fue: i) inmediato, ii) si se hizo
después o iii) si se hizo antes del proceso reglado fijado en los
artículos 67 a 69 del CPACA, así:
# CONSECUTIVO USUARIO FECHA DE FECHA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA QUE FECHA REAL DÍAS QUE
EN EL RADICACI LÍMITE PARA RESPUESTA A CITACIÓN IDENTIFICÓ EN QUE SE TRANSCURRIER
ACTO ÓN DE LA RESOLVER LA PQR PARA LA SSPD ENVÍO EL ON (+ / -) EN EL
CONFIRMA PQR OPORTUNAM COMPARECER COMO AVISO ENVIO DE LA
TORIO DE ENTE LA PQR A LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
LA (EXAMEN DE NOTIFICACIÓ PARA EL POR AVISO
SANCIÓN LA SALA) N PERSONAL ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
AVISO LA SALA)
Julio 15 de 7 de 27 de 1o. de 9 de 10 de
1 23/23 Andrade febrero marzo febrero marzo de marzo de marzo + 1 día
de de 2017 de 2017 2017 2017 de 2017
2017
Anibal 25 de 16 de 3 de 5 de 15 de 16 de
2 24/24 Cañas abril de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de + 1 día
2017 2017 2017 2017 2017 2017
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# CONSECUTIVO USUARIO FECHA DE FECHA FECHA DE LA FECHA DE LA FECHA QUE FECHA REAL DÍAS QUE
EN EL RADICACI LÍMITE PARA RESPUESTA A CITACIÓN IDENTIFICÓ EN QUE SE TRANSCURRIER
ACTO ÓN DE LA RESOLVER LA PQR PARA LA SSPD ENVÍO EL ON (+ / -) EN EL
CONFIRMA PQR OPORTUNAM COMPARECER COMO AVISO ENVIO DE LA
TORIO DE ENTE LA PQR A LA OPORTUNA NOTIFICACIÓN
LA (EXAMEN DE NOTIFICACIÓ PARA EL POR AVISO
SANCIÓN LA SALA) N PERSONAL ENVÍO DEL (ANÁLISIS DE
AVISO LA SALA)
Beatriz 10 de 2 de 22 de 23 de 3 de 7 de
3 44/44 Buelvas febrero marzo febrero febrero marzo de marzo + 2 días
de de 2017 de 2017 de 2017 2017 de 2017
2017
Roiman 14 de 7 de 20 de 20 de 29 de 30 de
4 52/52 Murillo junio julio de junio de junio de junio de junio de + 1 día
de 2017 2017 2017 2017 2017
2017
Luis 25 de 16 de 15 de 16 de 24 de 25 de
5 94/92 Márquez abril de mayo de mayo de mayo de mayo de mayo de + 1 día
2017 2017 2017 2017 2017 2017
Omar 15 de 7 de 28 de 2 de 10 de 9 de
6 99/96 Cardona febrero marzo febrero marzo de marzo de marzo - 1 día
de de 2017 de 2017 2017 2017 de 2017
2017
Rafael 9 de 4 de 16 de 20 de 29 de 30 de
7 100/97 Ávila junio julio de junio de junio de junio de junio de + 1 día
de 2017 2017 2017 2017 2017
2017
Conforme se aprecia del examen que antecede, se tiene que si bien
Electricaribe resolvió en tiempo las PQR a su cargo, en relación con
los referidos usuarios, aspecto que no está en discusión, lo relevante
aquí es que el motivo que conllevó la sanción derivó en que no se
realizó en debida forma la notificación porque el aviso para dar por
enterados a los usuarios, atrás identificados, no se hizo conforme a
la regla del artículo 69 del CPACA, en tanto en algunos casos: i) fue
posterior63, y ii) en uno de los asuntos se realizó antes64 de que se
venciera el plazo previsto por la ley para que el usuario concurriera
a atender la notificación personal.
Sin embargo, y atendiendo al criterio fijado en el fallo de esta
63
Casos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de los # asignados en el estudio de la Sala.
64
Caso 6 de los # asignados en el estudio de la Sala.
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Corporación, proferido el 28 de mayo de 2026, también
corresponde establecer, de acuerdo con los casos en los que esta
Sala comprobó la inobservancia del artículo 69 del CPACA, si hay
lugar a mantener la remoción de la sanción a la que arribó el
Tribunal, pero por las situaciones que pueden dar lugar a ello pese
al advertido incumplimiento de las normas en que debían fundarse,
tal como se expresó atrás, esto es, por: i) el envío del aviso antes
de vencer el plazo para resolver la PQR y ii) el envío anticipado del
aviso.
Entonces, bajo este criterio se tiene que respecto de los usuarios
ANIBAL CAÑAS, ROIMAN MURILLO y RAFAEL ÁVILA la
situación predicable de estos casos encaja en el primer evento,
mientras que el envío anticipado del aviso ocurrió únicamente en
relación con el caso del señor OMAR CARDONA, lo que impide
calificarlo como un envío extemporáneo.
De ahí que haya lugar a CONFIRMAR la anulación declarada por el
Tribunal a quo, pero únicamente respecto de los siguientes casos,
así:
CASO USUARIO EVENTO EXPLICACIÓN
El envío del aviso se realizó antes El envío del aviso ocurrió el 16 de
1 ANIBAL CAÑAS de fenecer el plazo para resolver mayo de 2017 y el plazo para resolver
la PQR la PQR vencía el 16 de mayo de 2017
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El envío del aviso se realizó antes El envío del aviso ocurrió el 30 de junio
2 ROIMAN MURILLO de fenecer el plazo para resolver de 2017y el plazo para resolver la PQR
la PQR vencía el 7 de julio de 2017
El envío de la citación por aviso se El envío del aviso ocurrió el 9 de marzo
3 OMAR CARDONA realizó antes de vencer el plazo de 2017 y el plazo para remitirlo vencía
para tal efecto el 10 de marzo de 2017
El envío del aviso se realizó antes El envío del aviso ocurrió el 30 de junio
4 RAFAEL ÁVILA de fenecer el plazo para resolver de 2017y el plazo para resolver la PQR
la PQR vencía el 4 de julio de 2017
Siendo ello así, la Sala CONFIRMARÁ el fallo apelado que declaró
la nulidad de la sanción impuesta frente a los usuarios ANIBAL
CAÑAS, ROIMAN MURILLO, OMAR CARDONA y RAFAEL ÁVILA,
pero por las razones aquí expuestas y así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En los demás casos, se REVOCARÁ el fallo apelado porque los actos
sancionatorios se soportaron en la infracción al procedimiento del
artículo 69 del CPACA, habida cuenta que el envío del aviso sí se hizo
de manera extemporánea, esto es, respecto de los señores JULIO
ANDRADE, BEATRIZ BUELVAS y LUIS MÁRQUEZ, de ahí que los
actos acusados deban conservar la presunción de legalidad frente a
estos usuarios, por los motivos expuestos en precedencia.
5.7 CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, la Sala MODIFICARÁ el numeral primero de
la sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por la Sección “A” del
Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de incluir en la
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declaratoria de la nulidad parcial de las resoluciones acusadas en los
casos de los usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS NAVARRO,
VIVIANA RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ.
Adicionalmente, la REVOCARÁ PARCIALMENTE, en cuanto declaró
la NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS en virtud de que del
estudio del recurso interpuesto por la Superintendencia prosperó
parcialmente.
En ese orden, hay lugar a mantener la legalidad de la sanción
impuesta respecto de los asuntos de los usuarios: JULIO
ANDRADE, BEATRIZ BUELVAS y LUIS MÁRQUEZ.
Por su parte, se CONFIRMARÁ el fallo apelado que declaró
desvirtuada la legalidad de la sanción, pero solo de los 6 casos,
relativos a los usuarios identificados en el acápite 5.6.2.1, señores:
ROSAURA MONSALVE, VILMA SANTIZ65, ANIBAL CAÑAS,
RAFAEL ÁVILA, ROIMAN MURILLO y OMAR CARDONA,
En lo demás se CONFIRMARÁ la sentencia que denegó las
pretensiones de la demanda.
65
Estos 2 casos porque frente a ellos la Superintendencia no expuso el motivo que permitiera su
estudio.
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5.8.- CONDENA EN COSTAS
De conformidad con lo previsto en el artículo 18866 del CPACA en
armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP67, esto es, en
aplicación de un criterio objetivo valorativo68, corresponde examinar
si hay lugar a condenar a las partes apelantes.
Comoquiera que en este caso ambas partes apelaron y se mantuvo
la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda con una modificación en los casos
incluidos69, la Sala dispone abstenerse de condenar según lo
dispuesto en el numeral 570 del artículo 365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
66
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
67
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
68
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
69
En razón a que prosperaron 14 casos de los que integran los cargos de la apelación.
70
El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez PODRÁ ABSTENERSE de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión. […]”.
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia de 23
de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en el sentido de incluir en
la declaratoria de la nulidad parcial de las resoluciones acusadas en
los casos de los usuarios NAIROVIS MARTÍNEZ, CARLOS
NAVARRO, VIVIANA RODRÍGUEZ y EDINSON RAMÍREZ.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el numeral primero de la
sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por la SECCIÓN “A”
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en el
sentido de mantener la legalidad de la sanción impuesta respecto de
los asuntos de los usuarios JULIO ANDRADE, BEATRIZ BUELVAS
y LUIS MÁRQUEZ, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, la parte resolutiva de la sentencia
recurrida quedará así:
“PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL sanción
impuesta mediante el artículo 1º de la Resolución No. SSPD
20188000015745 de 2018-02-22, y de la Resolución No. SSPD
20188000103935 de 2018-08-13 que modificó y confirmó la
sanción inicialmente impuesta, proferidas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, se
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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
exonerará a la empresa ELECTRICARIBE S.A E.S.P. del pago de
la sanción impuesta por los actos que se declaran nulos
descritos en el numeral anterior, conforme a lo indicado en la
parte motiva de esta providencia, es decir frente a los usuarios
Nairovis Martínez, Carlos Navarro, Viviana Rodríguez,
Edinson Ramírez, Roiman Murillo, Rosaura Monsalve,
Vilma Santiz, Anibal Cañas, Rafael Ávila y Omar Cardona”
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que
denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en esta providencia.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a
las partes recurrentes, por lo expuesto en esta providencia.
SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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