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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00803-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2018-00803-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 2 de noviembre de 2021, proferida por la Sección “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así: SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento de derecho, DECLARAR que Electricaribe S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos administrativos Resolución SSPD- 20178000147145 de 2017-08-28 y Resolución SSPD- 20178000250635 de 2017-12-19, respecto del radicado SAP 20178200172712, RE3310201616746, RE2310201600179 y RE1210201701026 […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 2 de noviembre de 2021, proferida por la Sección “C” del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. 55 En razón a que prosperaron 4 casos de los que integran los cargos de la apelación, 3 para la demandante que hacen viable que su consecuencia se traslade a la obligación a cargo de ELECTRICARIBE y 1 más en favor de la entidad demandada que impone mantener la legalidad de la sanción en dicho asunto en particular. 56 El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez PODRÁ ABSTENERSE de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 102 Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00803-01 Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. Nulidad y Restablecimiento del Derecho TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a las partes recurrentes, por lo expuesto en esta decisión. CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 08001-23-33-000-2018-00803-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia:MEDIO DECONTROL DENULIDADY RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00803-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

TESIS: AGRUPACIÓN TEMÁTICA. APLICACIÓN. CONFIGURACIÓN
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO CONTRA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE
EXPEDIENTES FRENTE A UNA MISMA ACTUACIÓN Y EMPRESA.
NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO, PROCEDENCIA Y
OPORTUNIDAD. REMOCIÓN DE LA SANCIÓN. RECURSOS
PROCEDENTES EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO. REGLA GENERAL Y EXCEPCIÓN. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL. ALCANCE DEL RÉGIMEN POSTAL EN MATERIA
DE SPD. DECLARATORIA DE NULIDAD PARCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de la parte demandante y demandada contra la

sentencia de 2 de noviembre de 2021, proferida por la SECCIÓN “C”

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO 1 , que accedió

parcialmente2 a las pretensiones formuladas.

1
En adelante el Tribunal.
2
Al respecto es oportuno mencionar que la sentencia decidió: “[…] PRIMERO: DECLARAR LA
NULIDAD PARCIAL de la Resolución SSPD- 20188000061545 del 18 de mayo de 2018, así como la
NULIDAD PARCIAL de la Resolución SSPD- 20188000107895 del 28 de agosto de 2018, mediante la
cual la SSPD impuso sanción en la modalidad de la multa a la empresa Electricaribe S.A. E.S.P., de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como
consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento de derecho, DECLARAR que
Electricaribe S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos administrativos
SSPD- 20188000061545 del 18 de mayo de 2018 y la resolución SSPD- 20188000107895 del 28 de
agosto de 2018, respecto de los radicados SAP que a continuación se relacionan: SAP
20178200836942, SAP 20178200835872, SAP 20178200835482, SAP 20178200811472, SAP

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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

I.- ANTECEDENTES

I.1.- LA DEMANDA

La Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe S.A.

E.S.P. - en liquidación3, por conducto de apoderado judicial y en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA 4 ,

promovió demanda tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] IV. PRETENSIONES:

1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el
artículo 1 de la Resolución SSPD-20178000147145 de 2017-08-
28.

2. Que se declare la nulidad de la sanción modificada por el
artículo primero de la Resolución SSPD-20178000250635 de
2017-12-19.

3. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante
el artículo tercero de la Resolución SSPD-20178000250635 de
2017-12-19 en relación a la multa, únicamente en cuanto
confirma el artículo 1 de la Resolución SSPD 20178000147145
de 2017-08-28.

4. Que a título de restablecimiento del derecho. se declare que
ELECTRICARIBE no está obligada a pagar la multa impuesta
mediante los actos administrativos previamente mencionados.
[…]”.

I.2.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

20178200800252, SAP 20178200784052, SAP 20178200755352. TERCERO: Ejecutoriada esta
decisión, ARCHIVAR el presente expediente […]”.
3
En adelante Electricaribe.
4
En adelante CPACA.

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Como hechos de la demanda, la actora adujo, en síntesis, los

siguientes:

Señaló que la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios 5 adelantó en su contra múltiples investigaciones

administrativas por la presunta configuración del silencio

administrativo positivo (SAP) en la atención de peticiones, quejas y

reclamos de sus usuarios.

Agregó que, en desarrollo de dicho trámite, la Superintendencia

acumuló 60 investigaciones por la presunta ocurrencia del SAP y

concluyó, mediante la Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de

agosto de 2017, que en 58 de tales peticiones se configuraba la

conducta infractora, razón por la cual le impuso una multa por valor

de $410.908.369, con fundamento en el artículo 81 de la Ley 142 de

11 de julio de 1994.

Indicó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición, el

cual fue resuelto mediante la Resolución SSPD-20178000250635 de

19 de diciembre de 2017, en la que se modificó parcialmente la

decisión inicial, en el sentido de ajustar el monto de la multa a

$239.020.308, y se mantuvo la conclusión relativa a la configuración

del SAP en perjuicio de los usuarios, aunque limitada a los 34 casos

5
En adelante la Superintendencia.

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allí relacionados.

En relación con los casos particulares respecto de los cuales se

plantean los reproches, la Sala los organiza por tema e identifica los

usuarios que relaciona la empresa demandante, conforme se

identifica a continuación:

Reproche Identificación de usuarios Explicación
Irregularidad o Usuario Con fundamento en la
extemporaneidad de la Divina Obredor Luna interpretación del artículo 69
notificación por aviso de las José María Conde Cedeño del CPACA, no había lugar a
decisiones que resolvían las Alfonso Rafael Colpas Orozco declarar el SAP, por cuanto
PQR Manuel Tomás Puello esta norma no prevé un
Ricardo Antonio Gamarra6 término perentorio para tal
Sandra Patricia Calero efecto.
Mario Fonseca
Nidia Fontalvo Colpa Adicionalmente, acreditó en
Sasha Urbina Iguaran algunos casos el envío del
aviso oportunamente.
Liliana Vega Castillo
Jorge Yeison Carrillo Solano
Mady Teresa Paredes Blanco
Julio Escorcia Espalza
Silvio Flórez7
Lorena Cantillo
Mario Blandon
Rodrigo Trespalacios
Isaac Galván Barrios
David Charris
Se configuró carencia actual Usuario Debía terminarse el trámite
de objeto por hecho superado Viviana Isabel Rangel administrativo por cuanto en
Valdimiro de León Montero el recurso de reposición se
allanó a la petición de
usuario.
Los actos administrativos Usuario Comoquiera que no se
fueron expedidos por un Mery del Socorro Herrera concedió el recurso de
Delegatario Mario Laurens Lastra apelación, los actos son nulos
Ángel Beleño
Roberto Viloria
Rodrigo Materon Arias
Silvio Flórez
Hernando Marriaga8
Consideró que la SSPD le Usuario Le empresa no tiene la carga
impuso indebidamente la Aliria Baez Salazar de verificar que la constancia
carga de cumplir con los de entrega cumpla los
requisitos de la Ley 1369 de requisitos de la ley postal.
30 de diciembre de 2009

6
Presentó dos peticiones, una el 3 de enero y otra el 12 de enero de 2017.
7
La actora hace referencia a la petición presentada el 9 de febrero de 2017.
8
La actora hace referencia a 6 peticiones presentada por el usuario el 25 de febrero, el 3 de marzo, el
6 de abril (2 peticiones), el 3 de junio y el 7 de diciembre todas de 2016.

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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como disposiciones vulneradas, la empresa actora invocó los

artículos 29 de la Constitución Política; 81, 113 y 158 de la Ley 142

de 1994; 67, 68, 69 y 72 del CPACA; 43 del Decreto Ley 019 de

20129 y 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 22 de febrero 201710.

Para tal efecto, indicó que los actos acusados están viciados de

nulidad con fundamento en los siguientes cargos:

1.3.1.- INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBERÍAN
FUNDARSE. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE
LAS FALTAS Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
3° DEL CPACA.

Adujo que los actos acusados infringen el principio de legalidad de

las faltas y de las sanciones previsto en el artículo 3º del CPACA,

porque la Superintendencia dio por configurado el SAP con

fundamento en defectos en la notificación de las respuestas a las

peticiones, quejas y reclamos (PQR), envío tardío del aviso, ausencia

de publicación, falencias en el uso del servicio postal, entre otros,

sin que tales eventos estén previstos en la ley como causales de

infracción.

9
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.”
10
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”

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Afirmó que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 circunscribe la

configuración del SAP al incumplimiento del plazo para dar respuesta

a las PQR; esto es, a la ausencia de una decisión de fondo por parte

de la empresa, circunstancia que no depende de las irregularidades

posteriores relacionadas con la forma en que se comunica dicha

decisión al interesado.

1.3.2.- SANCIÓN NO DESCRITA EN LA NORMAS.
INEXISTENCIA DE TÉRMINO PARA PROCEDER A LA
NOTIFICACIÓN DEL AVISO.

Sostuvo que la Superintendencia no tuvo en cuenta su propio

concepto unificador de 2016 en el que afirmó que la “ley guardó

silencio frente al término en el que debe enviarse el aviso; no

obstante el vacío normativo no puede respaldar o dar lugar a que la

remisión pueda efectuarse en cualquier momento, pues ello haría

manifiesto el prolongamiento injustificado de la etapa de notificación

y por contera la afectación de los derechos al debido proceso del

interesado (...) Así las cosas, en principio, ante la inexistencia de un

término legal dispuesto expresamente por la norma, que permita

contabilizar el plazo para el envío del aviso, será necesario acudir a

los principios rectores de la actuación administrativa, so pena de

incurrir en las prohibiciones que de manera general contempla la Ley

1437 de 2011”.

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Agregó que tampoco se consideró que, conforme con oficio remitido

por el Departamento Nacional de Planeación a la

Superintendencia, no existe un plazo legal para el envío del aviso,

sin perjuicio de que este deba realizarse con observancia de los

principios de celeridad, eficacia y economía que rigen la actuación

administrativa.

Indicó que la empresa cumplió con el envío del aviso atendiendo los

principios de eficacia, economía y celeridad, de modo que su

obligación no consiste en remitir el aviso en un día determinado, sino

en actuar conforme a dichos principios al momento de realizar la

notificación.

Insistió en que exigir que el aviso se elabore y envíe el mismo día es

desproporcionado, teniendo en cuenta que el artículo 69 del CPACA

no establece un término para ello.

Afirmó que los actos demandados exigen que el aviso se elabore y

se envíe el mismo día, exigencia que considera desproporcionada,

en la medida en que la norma no establece un término específico

para tal efecto.

Señalo que la notificación de sus decisiones se ciñó de manera

estricta a lo establecido en los artículos 68, 69 y 72 del CPACA, pues

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envío la citación personal para la notificación en tiempo y el usuario

no acudió a notificarse dentro del plazo previsto, por lo que procedió

a elaborar y enviar el aviso por correo certificado dentro del plazo

razonable para tal efecto.

Sostuvo que una interpretación gramatical del artículo 69 del CPACA

permite concluir que el término de cinco días alude exclusivamente

al plazo con el que cuenta el usuario para acudir a notificarse

personalmente, y no al término para el envío del aviso.

Afirmó que, en ausencia de un término legal expreso para la remisión

del aviso, debía acudirse a la analogía con el artículo 68 del CPACA,

en virtud de lo dispuesto en el artículo 30, inciso 2, de la Ley 57 de

1887 y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887.

Expuso que el plazo de 1 día para elaborar el aviso, a su juicio, no

era razonable pues se requiere de un plazo para su elaboración, su

entrega a la empresa de mensajería (que es un tercero) y para su

remisión al usuario.

Sostuvo que las eventuales irregularidades en la publicidad no

producen ni la inexistencia ni la invalidez de los actos administrativos

demandados, sino que afectan su oponibilidad frente a terceros.

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1.3.3.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL NO TENER EN
CUENTA LA RESPUESTA DE ELECTRICARIBE

Afirmó que la Superintendencia la sancionó en varios casos por no

haber dado respuesta a las peticiones formuladas por los usuarios,

a pesar de que dentro del proceso administrativo se encontraba

acreditado que dichas solicitudes sí fueron contestadas.

1.3.4.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL NO TENER EN
CUENTA LA GUIA DEL ENVÍO DE LA CITACIÓN PERSONAL

Manifestó que la Superintendencia la sancionó por no haber

remitido las citaciones para la notificación personal, pese a que del

expediente administrativo se desprende que estas sí fueron

debidamente enviadas.

Adujo que la Superintendencia concluyó erradamente que no

cumplió con los requisitos del régimen postal previsto en la Ley 1369

de 2009, motivo por el cual consideró no probado el envío del aviso

de notificación y declaró configurado el SAP.

Sostuvo que esa conclusión es falsamente motivada, porque en

su caso basta con demostrar el envío del aviso de notificación sin

que sea su responsabilidad acreditar su entrega.

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Adicionalmente, sostuvo que, conforme con lo señalado por la Sala

de Consulta y Servicio Civil en concepto de 4 de abril de 2017 dentro

del proceso núm. 11001030600020160021000, debía entenderse

que no tiene la carga procesal de acreditar la evidencia de entrega

del aviso al usuario.

1.3.5.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE
CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE CARGOS FORMULADO Y
EL HECHO QUE CONFIRMA LA SANCIÓN

Expuso que, en varios casos, existe una incongruencia entre lo

señalado en el pliego de cargos formulado en su contra y la razón

por la cual fue sancionada mediante la Resolución SSPD-

20178000250635 de 19 de diciembre de 2017.

Afirmó que, pese a que la Superintendencia formuló pliego de

cargos por la presunta vulneración del artículo 158 de la Ley 142 de

1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, la

Resolución SSPD-20178000250635 de 19 de diciembre de 2017 la

sancionó por causas distintas y por la transgresión de otras

disposiciones legales, sin haber modificado previamente dicho pliego

ni otorgado el traslado correspondiente, con el fin de garantizar el

ejercicio de su derecho de defensa.

1.3.6.- LA DEMANDA NO TUVO EN CUENTA QUE SE ALLANÓ A
VARIOS CARGOS, POR LO QUE EXISTÍA UN HECHO SUPERADO

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Explicó que, en varios casos, se allanó a las peticiones de los

usuarios dentro del recurso de reposición, por lo que había lugar a

declarar la carencia actual de objeto durante el trámite, por hecho

superado, al haberse subsanado la omisión o la conducta reprochada

por los usuarios en sus peticiones.

1.3.7.- DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO AL DEBIDO
PROCESO AL NO CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN, EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 142 DE 1994

Sostuvo que la Superintendencia desconoció su derecho al debido

proceso, por cuanto los actos sancionatorios fueron expedidos por

un funcionario delegado, evento en el cual el artículo 113 de la Ley

142 de 1994 prevé expresamente la procedencia del recurso de

apelación ante el superior jerárquico.

Adujo que, pese a dicha previsión legal, en el trámite sancionatorio

únicamente se concedió y resolvió el recurso de reposición, sin que

la entidad le otorgara la posibilidad de interponer y sustentar el

recurso de apelación.

Señaló que se transgredió el artículo 67 del CPACA, puesto que la

Superintendencia no cumplió con la carga de informar que contra

su decisión procedía el recurso de apelación.

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1.3.8.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PROCESOS AL
SANCIONAR A ELECTRICARIBE

Al respecto, señaló que la Superintendencia acumuló 60

investigaciones por la presunta configuración del silencio

administrativo positivo y que, al finalizar la actuación administrativa,

la sancionó por 58 de dichos asuntos, sin que el ordenamiento

jurídico la autorizara para realizar tal acumulación.

Indicó que cada una de las reclamaciones y recursos interpuestos

por los usuarios se funda en hechos y circunstancias distintas,

vinculadas a suministros individuales del servicio de energía

eléctrica, de manera que las pretensiones y los efectos jurídicos

derivados para cada usuario son particulares y diferenciados. En

consecuencia, las pruebas aportadas en cada expediente difieren

entre sí, lo que exige un análisis autónomo en cada caso e impide

adoptar una única decisión acumulada, sin afectar la debida

individualización del análisis y la motivación.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia no contestó la demanda, pese a haber sido

notificada en debida forma.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

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Mediante sentencia de 2 de noviembre de 2021, el Tribunal accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda, debido a que

determinó que de los 34 casos por los cuales la Superintendencia

había sancionado a la actora debían excluirse 2, y, en

consecuencia, declaró que Electricaribe no estaba obligada al pago

de la sanción impuesta en las resoluciones SSPD-

20178000147145 de 28 de agosto de 2017 y SSPD-

20178000250635 de 19 de diciembre de 2017, respecto de los

radicados SAP 20178200172432 y 20178200172712.

Para tal efecto, sintetizó y resolvió los cargos de la demanda así:

2.1.- ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

Consideró que no podía endilgarse nulidad a los actos acusados por

la acumulación de las investigaciones, toda vez que, conforme a lo

establecido en el artículo 36 del CPACA, las autoridades pueden

acumular de oficio en un mismo expediente las actuaciones que

tengan el mismo efecto y una relación íntima, con la finalidad de

evitar decisiones contradictorias, circunstancia que se presentaba en

el caso concreto.

Puso de presente que la acumulación recayó sobre 60 denuncias

presentadas por usuarios de una misma empresa de servicios

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públicos, relacionadas con los mismos hechos y efectos, esto es, la

falta de respuesta oportuna a sus peticiones y la configuración del

SAP.

Precisó que las peticiones radicadas por los usuarios versaban sobre

el indebido cobro del servicio público prestado por la demandante,

por lo que no era dable afirmar que se tratara de solicitudes

diferentes con problemáticas disímiles.

Sostuvo que no resultaba procedente someter cada denuncia de los

usuarios por la presunta vulneración del derecho de petición a una

investigación distinta, pues ello contrariaba los principios de

economía, celeridad y eficacia, previstos en el artículo 3º del CPACA,

los cuales imponen la utilización de procedimientos breves y ágiles

para adoptar decisiones oportunas, a fin de cumplir los fines para los

cuales fueron instituidos, sin perjuicio de las garantías de los

administrados.

2.2.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1369 DE 2009

Afirmó que la demandante cuestionó el hecho de que la

Superintendencia determinara que se configuró SAP en varios

casos por considerar que la prueba de entrega del aviso no cumplió

con los requisitos de la Ley 1369.

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Puso de presente que conforme con lo previsto en el artículo 3°,

numeral 2.3 de la Ley 1369 de 2009, el servicio de mensajería debía

contar con características de: “[…] a) Registro individual. Todo

servicio de mensajería expresa debe tener un número de

identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía; b)

Recolección a domicilio: solicitud del cliente; c) Curso del envío: todo

envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo

de admisión adherido al envío; d) Tiempo de entrega: el servicio de

mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega; e)

Prueba de entrega: es la constancia de la fecha, hora de entrega e

identificación de quien recibe, y; f) Rastreo: es la posibilidad de

hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la

entrega […]”.

Sostuvo que de lo anterior se desprendía que Electricaribe carecía

de responsabilidad alguna en el diligenciamiento de la prueba de

entrega del aviso, pues ella se encontraba en cabeza única y

exclusivamente de la empresa de servicio de mensajería contratada.

Señaló que la carga impuesta en los actos demandados para

materializar la notificación por aviso no estaba prevista en el

ordenamiento jurídico, por lo que las inconformidades de la

Superintendencia sobre la elaboración de las guías con relación a

los requisitos que exige la Ley 1369 de 2009 no podían configurar el

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silencio administrativo positivo en el caso concreto.

Por ello, declaró la nulidad parcial de las resoluciones SSPD-

20178000147145 de 28 de agosto de 2017 y SSPD-

20178000250635 de 19 de diciembre de 2017, respecto de los

radicados SAP 20178200172432 y 20178200172712.

2.3.- OPORTUNIDAD EN EL AVISO

Sostuvo respecto del argumento expuesto por la actora consistente

en que el artículo 69 del CPACA no establece un término perentorio

para el envío del aviso que, en materia de servicios públicos toda

empresa prestadora de estos servicios está obligada a resolver las

peticiones, quejas y recursos que presenten sus suscriptores o

usuarios en el término de quince (15) días, toda vez que pasado este

tiempo sin dar respuesta o resolver el recurso propuesto, se

configura en favor del usuario o suscriptor peticionario el silencio

administrativo positivo.

Indicó que debido a lo anterior la existencia de yerros en la

notificación de la respuesta a la petición si configuraban la ocurrencia

del silencio administrativo, sin que estuviera al arbitrio de la

administración la forma en que ella debía surtirse y teniendo en

cuenta que el envío del aviso debía efectuarse al sexto día de

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haberse efectuado la citación al usuario para que se notificara

personalmente de la decisión.

Respecto de los radicados en los que se revisó la procedencia de la

configuración del SAP en las peticiones de los usuarios JOSÉ MARÍA

CONDE CEDEÑO, TOMÁS MANUEL PUELLO, ISAAC GALVÁN

BARRIOS y DAVID CHARRIS, sostuvo que se demostró dentro del

proceso que Electricaribe había enviado el aviso para notificar su

decisión de forma extemporánea, esto es, antes o con posterioridad

al sexto día en que se efectuó la citación al usuario para que se

notificara personalmente de su decisión.

2.4.- RECURSOS PROCEDENTES CONTRA LAS DECISIONES DE
LOS DELEGADOS DE LA SUPERINTENDENCIA

Expuso que, si bien los servicios públicos se rigen por la Ley 142, el

tema de la delegación administrativa se reglamenta por la Ley 489

de 29 de diciembre de 199811, cuyo artículo 12 prevé que contra los

actos del delegado proceden los mismos recursos que contra las

decisiones del delegante.

Adujo que, en ese orden de ideas, comoquiera que contra los actos

11
“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.

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del Superintendente solo procede el recurso de reposición, contra las

decisiones que profieran sus delegados de igual forma solo procede

dicho mecanismo de impugnación.

2.5.- IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN

En lo que tiene que ver con el argumento del actora consistente en

que debía declararse la improcedencia de la sanción y la

configuración de la “carencia actual de objeto por hecho superado”

pues dentro del recurso de reposición interpuesto contra la

resolución que le impuso la sanción se allanó respecto de dos (2)

investigaciones, sostuvo que dicha figura era propia de las acciones

constitucionales y que su utilización era restrictiva, limitada a

aquellos casos en que un norma especial establezca la procedencia

de la figura.

Afirmó que en el proceso se encontraba acreditado que en los

radicados SAP 20178200135952 y SAP 20178200138612,

ELECTRICARIBE no emitió respuesta, lo que desconoció lo previsto

en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994.

Indicó que el hecho de que en el trámite del proceso administrativo

la actora concediera las peticiones de los 2 usuarios no subsanaba

que ya se hubiera configurado el silencio administrativo positivo pues

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ello era procedente antes de vencerse las 72 horas siguientes a este

término, según lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de

1994.

Sostuvo que se demostró que la actora no surtió a cabalidad el

procedimiento para efectuar la notificación personal de sus usuarios

conforme con lo establecido en el artículo 68 del CPACA ni reconoció

los efectos del silencio administrativo positivo en el plazo previsto

por el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, por lo que el cargo

formulado no prosperaba.

Afirmó que el hecho de allanarse a los cargos no eximía a la actora

de que se le impusiera la sanción correspondiente, toda vez que los

artículos 2.2.9.5.1, 2.2.9.5.2 y 2.2.9.5.3 del Decreto 281 de 2017,

establecían era criterios para la graduación de la sanción impuesta,

sin que ello implicara exonerarse de esta.

2.6.- RESPECTO DE LAS DEMÁS INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

Señaló respecto de los siguientes casos que se enlistan que, las guías

incorporadas con el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de agosto de 2017 eran

ilegibles para determinar que la “carta de citación para notificación

personal” y el “aviso” se enviaron a la dirección determinada por el

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peticionario en su reclamación, así como para establecer la fecha

exacta de su remisión, lo que impide delimitar con certeza la

oportunidad o extemporaneidad de la notificación, al tenor de lo

dispuesto en los citados artículos 68 y 69 CPACA.

RADICADOS PETICIONARIOS
20178200008272 Divina Obredor
20178200010012 Alexis Lozada
20178200011432 Alfonso Colpas
20178200132912 Ricardo Gamarra
20178200132922 Sandra Calero
20178200132952 Ricardo Gamarra
20178200135962 Mario Fonseca
20178200136062 Nidia Fontalvo
20178200176922 Mady Paredes
20178200237472 Fernando Fábregas
20178200265932 Julio Escorcia
20178200266402 Silvio Flórez
20178200267422 Lorena Cantillo
20178200267462 Mario Blandón
20178200267472 Rodrigo Trespalacios
20178200175532 Jorge Carrillo
201782000174382 Liliana Vega

En cuanto al radicado SAP 20178200174382, usuaria Liliana Vega,

sostuvo que el hecho de que el usuario se notifique por conducta

concluyente de la respuesta no impide la ocurrencia del silencio

administrativo positivo cuando la misma se produce al superarse el

plazo máximo para dar respuesta a la petición y su debida

notificación, lo cual ocurrió en ese caso.

Frente al radicado SAP 20178200010962, usuario José Conde,

afirmó que de las pruebas obrantes en el proceso no se podía

establecer que la actora hubiera notificado al usuario al correo

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electrónico designado para tal efecto, pues la prueba aportada por

ELECTRICARIBE era ilegible.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el radicado

20178200138802, usuario Omar Martínez, sostuvo que

ELECTRICARIBE no acreditó haber publicado debidamente el aviso

y la copia integra del acto administrativo en un “lugar de acceso al

público de la respectiva entidad”.

III.- RECURSOS DE APELACIÓN

3.1.- ELECTRICARIBE

Solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, para lo

cual formuló los siguientes reproches:

3.1.1.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

Insistió en que no era dable que la Superintendencia acumulara

las 60 investigaciones analizadas a través de los actos demandados

toda vez que cada una versa sobre hechos y acontecimientos

distintos, por cuanto la prestación del servicio se da en suministros

individuales creando así resarcimientos y pretensiones totalmente

propias de cada usuario.

Sostuvo que el artículo 36 del CPACA no era aplicable al caso

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concreto pues “la acumulación de expedientes es una figura válida

siempre y cuando se trate de una misma actuación teniendo como

finalidad evitar la multiplicidad de procesos respecto de un hecho o

asunto común, en atención a los principios que rigen la actuación

administrativa como lo son el de economía, celeridad y seguridad

jurídica”, circunstancia que, a su juicio, no se presentaba en el caso

objeto de estudio.

Añadió que, la Superintendencia también desconoció las reglas

de competencia por territorio, previstas en el artículo 156 del

CPACA, y restringió el acceso a la justicia de la empresa y de los

usuarios, configurándose así una vulneración del debido proceso

administrativo que, en su criterio, imponía la nulidad de los actos,

toda vez que resolvió en una misma actuación situaciones

presentadas en diferentes dependencias territoriales, tales como

Sincelejo, Montería, Valledupar, Riohacha, Barranquilla, Santa Marta

y Cartagena.

Puso de presente que el artículo 36 del CPACA solo permite acumular

documentos y diligencias de una misma actuación; y que el Tribunal

erró al equiparar su alcance al del artículo 29 del CCA, que admitía

la acumulación de actuaciones distintas con el mismo efecto.

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3.1.2.- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL CPACA
SOBRE EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO

Reiteró que en los casos enumerados en la demanda bajo los

números JOSÉ MARÍA CONDE, JOSÉ MARÍA CONDE, MANUEL

TOMAS, ISAAC MIGUEL GALVÁN y DAVID CHARRIS, la

Superintendencia aplicó erróneamente el artículo 69 del CPACA al

concluir que se establece un término perentorio para el envío del

aviso.

Sostuvo que el texto del artículo 69 del CPACA no fija un día exacto

ni un plazo cerrado para enviar el aviso, puesto que lo que prevé es

que “si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los

cinco (5) días” desde el envío de la citación, por lo que, a su juicio,

el término de cinco días se refiere al plazo del usuario para

notificarse personalmente y no para el envío del aviso, que no está

expresamente regulado.

Insistió en que envío el aviso teniendo en cuenta los principios de

eficacia, economía y celeridad, siendo, a su juicio, desproporcionado

exigirle elaborar y enviar el aviso el mismo día.

3.1.3.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL NO TENER EN
CUENTA SU RESPUESTA

Insistió en que en los casos de los usuarios DIVINA OBREDOR,

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ALEXIS LOZADA, ALFONSO RAFAEL COLPAS, RICARDO

ANTONIO GAMARRA, SANDRA PATRICIA CALERO, RICARDO

ANTONIO GAMARRA, MARIO FONSECA, NIDIA FONTALVO,

OMAR MARTÍNEZ, JORGE YEISON CARILLO, MADY PAREDES,

FERNANDO FABREGAS, JULIO ESCORCIA, SILVIO FLÓREZ,

LORENA CANTILLO, MARIO BLANDON y RODRIGO

TRESPALACIOS fue sancionada indebidamente por la

Superintendencia por cuanto esta no tuvo en cuenta que si dio

respuesta a las peticiones de dichos usuarios.

Indicó que las citaciones que echa de menos la demandada en sus

actos administrativos si fueron enviadas a los usuarios como se

demostró en el expediente administrativo.

3.1.4.- ALLANAMIENTO A CARGOS

Reiteró que en la actuación administrativa se allanó a las peticiones

de los usuarios en los casos que enumeró como VIVIANA ISABEL

RANGEL y VLADIMIRO LEÓN.

Argumentó que con el allanamiento subsanó la situación que dio

lugar a la investigación, y se configuró la carencia actual de objeto

por hecho superado, además dicha situación debió tenerse en cuenta

para la atenuación de la sanción en los términos del artículo

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2.2.9.5.3. del Decreto 281 de 2017.

3.1.5.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO
SANCIONATORIO

Insistió en relación con los casos de los usuarios MERY DEL

SOCORRO HERRERA, MARIO LAURENS, ÁNGEL BELEÑO,

ROBERTO VILORIA, RODRIGO MATERON, SILVIO FLÓREZ Y

HERNANDO MARRIAGA que la Superintendencia debió conceder

la oportunidad para recurrir en apelación las sanciones cuestionadas,

además de que no era aplicable el artículo 12 de la Ley 489, porque

esta norma solo cumple el requisito de ser posterior, pero no el de

ser especial frente a la Ley 142, que es la que regula específicamente

los servicios públicos domiciliarios.

Adicionalmente, señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que el

Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de

Medellín, en sentencia de 30 de noviembre de 2015 (radicado

050013333 012 2013 00266 00) y el Juzgado Décimo Administrativo

Oral de Medellín (radicado 2015-061) han sostenido que si es

procedente el recurso contra dichas decisiones.

3.1.6.- LA SUPERINTENDENCIA SANCIONÓ SIN TENER EN
CUENTA QUE LOS VICIOS EN LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NO GENERA NI SU INEXISTENCIA NI
INVALIDEZ

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Sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta que en la totalidad de

los casos la existencia de una irregularidad dentro del proceso de

notificación no es un factor que genere la inexistencia o invalidez de

la respuesta a las peticiones, pues “cuando el respectivo acto se va

a publicitar ya éste ha reunido los elementos y condiciones

estructurales que determinan su existencia y su validez”.

3.2.- LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Solicitó revocar la decisión de primera instancia y que, en su lugar,

se denieguen las pretensiones de la demanda.

Manifestó que el régimen de servicios públicos es de carácter

especial y respecto de las peticiones se regula por los artículos 152

y siguientes de la Ley 142 de 1994, aplicables para todos los

prestadores de servicios públicos.

Que en este establece que las PQR deben ser resueltas dentro del

término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su

presentación, so pena de que se entienda resuelta a favor del

usuario, salvo que se acredite que el suscriptor o usuario auspició la

demora, o que se requirió la práctica de pruebas.

Señaló que el SAP se configura cuando la empresa no emite la

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respuesta dentro del plazo de los 15 días y cuando dicha respuesta

no se notifica en la forma que señala artículos 68, 69, 70 y 71 del

CPACA.

Indicó que en los casos objeto de reproche se acreditó que

Electricaribe trasgredió los artículos 68 y 69 del CPACA, por cuanto

se acreditó que se envió la notificación por aviso por fuera del

término establecido para tal efecto.

IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la

parte demandante y demandada se admitieron por auto de 18 de

marzo de 2022 y en razón a que no se solicitaron pruebas en esta

instancia, el Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para

alegar.

El Ministerio Público no rindió concepto.

Posteriormente, y atendiendo a la solicitud de las partes el Despacho

conductor resolvió por auto de 24 de mayo de 2024, decretar la

suspensión del proceso desde esa fecha y hasta el 24 de julio de este

año.

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Igualmente, por solicitud de las partes el conductor resolvió por auto

de 13 de septiembre de 2024, decretar nuevamente la suspensión del

proceso desde esa fecha y hasta el 19 de diciembre de este año.

El 4 de diciembre de 2025, la Sala de esta Sección resolvió no

conceder la solicitud de prelación para fallar el asunto de la

referencia, bajo el entendido de que la empresa demandante no tiene

el carácter de una entidad de carácter público.

Por auto de 5 de febrero de 2026, la Sala rechazó por improcedente

el recurso de reposición interpuesto contra la decisión de no conceder

la prelación.

La apoderada de la empresa demandante radicó memorial el 9 de

marzo de 2026, en el que solicita dar aplicación al artículo 2712 de la

Ley Estatutaria 2430 de 2024, norma que permite agrupar por

temáticas los recursos de apelación pendientes de decisión; y que, en

consecuencia, los demás radicados que identifica en su escrito13, a

cargo de la Sección, se decidan de manera simultánea.

12
“[…] Las altas cortes, los tribunales y los jueces podrán agrupar temáticamente los procesos para fallo,
aunque los expedientes no se encuentren acumulados de acuerdo con las normas procesales. Las
consideraciones del primer fallo podrán ser reiteradas en los demás, los cuales podrán ser expedidos de
manera simultánea, sin sujeción al orden cronológico de turnos […]”
13
En total son 34 expedientes, distribuidos en los 4 Despachos que integran la Sección Primera.

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1.- COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 150 del

CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, modificado por el

artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, la

Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer

del asunto de la referencia.

5.2.- CUESTIÓN PREVIA

La apoderada de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.-, en memorial de 9

de marzo de 2026, solicitó dar aplicación a la figura de la agrupación

temática, prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria 2430 de

2024, que adicionó el artículo 74J al Capítulo VII de la Ley 270 de

1996, habida cuenta que: i) se tramitan varios expedientes que se

encuentran pendientes de decisión ante esta Sección; ii) la

competencia de la Corporación es para resolver los recursos de

apelación formulados contra fallos de primera instancia; y iii) en

dichos procesos se cuestiona la legalidad de los actos sancionatorios

que expidió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

en contra de la demandante al resolver las solicitudes de quejas que

sus usuarios presentaron por el no reconocimiento del SAP.

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Frente a ello, la Sala advierte que una solicitud similar a la aquí

elevada se resolvió en sentencia de 28 de mayo de 202614, dentro

del expediente identificado con el número de radicación 08001-23-

33-000-2019-00441-01, en el entendido de que a través de ese fallo

se fijarían los planteamientos que podrán ser reiterados en los

demás procesos que la Sala identifique como posibles de agrupar

bajo este modelo de decisión. Al respeto se puntualizó:

“[…] Comoquiera que concurren en el caso bajo examen los
presupuestos para dar aplicación a dicha figura, la Sala acoge
la solicitud de la parte actora, bajo el entendido de que a
través de este fallo se fijarán los planteamientos que
podrán ser reiterados en los demás procesos que la Sala
identifique como posibles de agrupar bajo este modelo de
decisión.

Identificada esta coincidencia, resulta procedente alterar el
sistema de turnos, con el fin de garantizar la racionalización y
evacuación de estos asuntos […]”

En tal sentido, en lo que concierne al asunto de la referencia y en los

temas que corresponda se prohijará la referida sentencia, para

efectos de resolver los cargos planteados.

5.3.- LOS ACTOS ACUSADOS

Corresponden a los artículos primero de la Resolución SSPD-

14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de
mayo de 2026. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Número único de
radicación: 08001-23-33-000-2019-00441-01. Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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20178000147145 de 28 de agosto de 2017; y primero y tercero

de la Resolución SSPD-20178000250635 de 19 de diciembre de

2017, que señalan:

5.3.1.- RESOLUCIÓN SSPD-20178000147145 de 28 de agosto
de 2017

“[…] RESOLUCIÓN SSPD-20178000147145 DEL 2017-08-28
Expediente No. 2016820420108521E

Por la cual se resuelve una investigación por Silencio
Administrativo

LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

[…]

I. HECHOS

Que se radicaron sesenta (60) quejas ante esta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales
fueron radicadas con los números relacionados en las casillas
“RADICADO SAP" del cuadro que a continuación se registra, por
los usuarios que se detallan en el mismo cuadro, contra la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., por el
presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley 142 de
1994 (Silencio Administrativo Positivo- SAP), respecto de las
solicitudes en ejercicio de derecho de petición elevadas y
radicadas en sede de la prestadora y que se relacionan a
continuación, por lo que solicita se imponga la sanción a
que haya lugar y se ordene reconocer los efectos del
silencio administrativo positivo.

[…]

En mérito de lo anterior, esta Superintendencia después de
analizar la documentación obrante dentro de cada uno de los
expedientes, encontró mérito para abrir investigación formal
contra la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.,
identificada con el Nit No. 8020076706, por lo que procedió a
proferir auto apertura de indagación y pliego de cargos para cada
una de las sesenta (60) solicitudes por Silencio Administrativo
Positivo, los cuales reposan en cada expediente; por la presunta

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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

violación del artículo 158 de la ley 142 de 1994, entre tanto,
dichos autos fueron debidamente notificados a la prestadora, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, tal y
como consta dentro de los expedientes.

Que observándose que tales expedientes contienen un fondo
similar en cuanto a instancia procesal, actuación procesal,
relación íntima, efecto, que cada una de ellas están relacionadas
por los mismos hechos y teniendo en cuenta que, el estado
actual de las investigaciones se halla en término para proferir
fallo; este Despacho mediante auto de acumulación No.
20178000006006 del 10 de abril de 2017, ordenó acumular en
una sola actuación administrativa las sesenta (60)
investigaciones por silencio administrativo positivo impetradas
por los usuarios relacionados anteriormente, contra la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., con el fin que sean
resueltas mediante una misma decisión administrativa dentro
del expediente 20168200921422 de fecha 2016-09-26, por ser
este el primero que se recibió en esta Superintendencia, el cual
fue debidamente comunicado a la empresa conforme
comunicación anexa al expediente.

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER SANCIÓN en la modalidad de
MULTA a la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.,
identificada con NIT 8020076706, consistente en QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES)
MENSUAL(ES) VIGENTE(S), equivalente a la suma de
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS
($410,908,369.00), la cual se hará efectiva en el término de 10
DIAS hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta
Resolución, dentro de las diligencias impetradas por el(a)
señor(a) MANUEL POLO; dentro de las diligencias impetradas por
los usuarios relacionados en el cuadro No. 8 del presente acto;
lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
esta Resolución.

Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en cheque. El
Prestador deberá acreditar el pago de la multa dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto
administrativo.

[…]

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el cierre y archivo de las dos

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(2) investigaciones por silencio administrativo positivo -SAP-,
relacionadas en el cuadro No. 7 del presente acto, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena el reconocimiento de los efectos
del Silencio Administrativo Positivo, respecto de cada una de las
pretensiones contenidas en las cincuenta y ocho (58) peticiones
señaladas en el cuadro No. 8 del acápite de análisis del caso del
presente acto, atendiendo a las consideraciones expuestas.

ARTICULO CUARTO: DESESTIMAR los efectos del silencio
administrativo positivo, respecto a las dos (2), peticiones
señalas en el cuadro No. 7, del acápite de análisis del caso del
presente acto, atendiendo a las consideraciones expuestas.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir el expediente a la oficina de control
interno disciplinario de la empresa ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. E.S.P., para los fines a que haya lugar, conforme
con lo señalado en el artículo 48 numeral 35 de la Ley 734 de
2002. (Este artículo se deja si es una empresa de servicios
públicos de naturaleza pública) (sic).

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de
esta resolución, a los ocho (8) usuarios relacionados, el cuadro
No. 3 y 3.1 del presente acto, quienes pueden ser citados y/o
ubicados en la dirección de correspondencia registrada por los
mismos en la respectiva solicitud de investigación por silencio
administrativo positivo, haciéndole entrega de una copia de la
misma; y en caso de no poderse surtir la notificación personal,
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De igual
forma en el evento de existir autorización expresa para efectuar
la notificación por correo electrónico, se procederá conforme lo
establece el artículo 67 del CPACA a la dirección electrónica que
reposa en el expediente virtual.

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente el contenido de
esta resolución JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO en calidad
de REPRESENTANTE LEGAL de la ELECTRIFICADORA DEL
CARIBE S.A. E.S.P. o quien haga sus veces. quien para el efecto
puede ser citado en la CARRERA 55 No. 72 - 109 PISO 7 de
BARRANQUILLA-ATLANTICO, haciéndole entrega de una copia
de la misma; y en caso de no poderse surtir la notificación
personal, procédase a la notificación por aviso, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. De
igual forma en el evento de existir autorización expresa de la
prestadora para efectuar la notificación por correo electrónico,
se procederá conforme lo establece el artículo 67 del CPACA a la
dirección electrónica que reposa en el expediente virtual de la

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investigación.

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el contenido de esta
resolución, a los cincuenta y dos (52) usuarios relacionados, el
cuadro No. 4 del presente acto, quienes pueden ser citados y/o
ubicados en la dirección de correspondencia registrada por los
mismos en la respectiva solicitud de investigación por silencio
administrativo positivo.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución sólo procede
el Recurso de Reposición ante la Directora General Territorial, el
que deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la
fecha de su notificación […]”.

En la Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de agosto de 2017,

la Superintendencia resolvió la investigación administrativa

adelantada contra Electricaribe, con ocasión de 60 quejas

radicadas por el presunto incumplimiento del artículo 158 de la Ley

142 de 1994, SAP, en el trámite de peticiones presentadas por

usuarios del servicio.

En los antecedentes del acto, se indica que a partir de esas 60 quejas

la Superintendencia abrió investigación formal y profirió auto de

apertura de indagación y pliego de cargos individual para cada

solicitud del SAP, por la presunta violación del artículo 158 ibidem.

Posteriormente, ordenó la acumulación de todos los expedientes en

una sola actuación administrativa, para verificar identidad de sujeto

vigilado, homogeneidad fáctica y procesal, así como coincidencia en

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el estado de las investigaciones.

Con fundamento en el estudio del material probatorio y de los

descargos presentados por la empresa frente a cada caso, la

entidad concluyó que Electricaribe sí incurrió en silencio

administrativo positivo en 58 de las 60 peticiones analizadas, por

infracción al artículo 158 de la Ley 142, en la medida en que no dio

respuesta en debida forma y dentro del término legal, o bien no

surtió correctamente las actuaciones de notificación de la respuesta,

en los términos del CPACA y de la regulación especial de servicios

públicos.

En la parte motiva se precisó que esas 58 solicitudes se relacionan

en el denominado cuadro 8 del acápite de análisis del caso, en el que

se identifican, para cada radicado de SAP, el usuario respectivo, los

datos de la petición y la “causal” concreta por el cual se configuró el

silencio administrativo positivo.

Las conductas reprochadas se agrupan, en esencia, en los siguientes

supuestos: i) falta absoluta de respuesta a la petición; ii) respuestas

emitidas de manera extemporánea; iii) irregularidades en la

notificación personal de la respuesta; iv) indebida ampliación de

términos y, v) deficiencias en la notificación por aviso, tales como:

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a) envío extemporáneo del aviso y b) elaboración del aviso sin los

requisitos exigidos por el artículo 69 del CPACA y por la Ley 1369.

En consecuencia, en el artículo 1° del acto en cita, la

Superintendencia impuso a Electricaribe una sanción en la

modalidad de multa equivalente a 557 salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

5.3.2.- RESOLUCIÓN SSPD-20178000250635 de 19 de
diciembre de 2017, ARTÍCULOS PRIMERO Y TERCERO

“[…] RESOLUCIÓN No. SSPD - 20178000250635 DEL 2017-12-19
Expediente No. 2016820420108521E

Por la cual se decide un Recurso de Reposición

LA DIRECTORA GENERAL TERRITORIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

En ejercicio de sus facultades, en especial las que le confiere el
artículo 79 numeral 25 y el artículo 158 de la Ley 142 de 1994,
subrogado por el artículo 9 del Decreto 2223 de 1996; la Ley
1437 de 2011 modificado por la Ley 1755 de 2015: y la
Resolución SSPD No. 20161000065165 del 09 de diciembre de
2016; y

[…]

V. DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO

Como consecuencia de lo anterior el despacho procederá
MODIFICAR el reconocimiento de los efectos del silencio positivo
en favor del(a) usuario(a), respecto de aquellas peticiones
radicadas ante la empresa que se ajusten a los eventos previstos
en el artículo 154 del régimen especial de servicios públicos
domiciliarios.

Así las cosas, se deberá proceder a reconocer los efectos del
silencio administrativo positivo de las TREINTA Y CUATRO
(34) peticiones señaladas en el cuadro No. 6 del acápite de
análisis del caso del presente acto.

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No reconocer los efectos del silencio administrativo positivo
respecto de las VEINTISEIS (26) peticiones que se señalaron en
el cuadro No. 5, del acápite de análisis del caso del presente
acto.

VI.- DE LA DECISIÓN

En consecuencia, se MODIFICA la Resolución SSPD No.
20178000147145 del 2017-08-28, por medio de la cual esta
territorial impuso sanción en la modalidad de MULTA a la
empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto, este despacho:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICA la Resolución SSPD No.
20178000147145 del 2017-08-28, por medio de la cual se
sancionó en la modalidad de MULTA, a la empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., identificada con NIT
8020076706, en su lugar, la sanción se tasa a razón de 324
SALARIO(S) MINIMO(S) LEGAL(ES) MENSUAL(ES) VIGENTE(S),
equivalente a la suma de doscientos treinta y nueve millones
veinte mil trescientos ocho pesos con cero centavos
($239,020,308.00) la cual se hará efectiva en el término de
*SAN_PLAZO* (sic) hábiles contados a partir de la ejecutoria de
esta Resolución, dentro de las diligencias impetradas por el(a)
señor(a) MANUEL POLO; dentro de las diligencias impetradas por
los usuarios relacionados en el cuadro No. 6 del presente acto;
lo anterior, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
esta Resolución.

Parágrafo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción
impuesta deberá ser cancelada en efectivo o en cheque. El
Prestador deberá acreditar el pago de la multa dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto
administrativo.

[…]

ARTÍCULO TERCERO: Se ordena el reconocimiento de los efectos
del Silencio Administrativo Positivo, respecto de cada una de las
pretensiones contenidas en las TREINTA Y CUATRO (34)
peticiones señaladas en el cuadro No. 6 del acápite de análisis
del caso del presente acto, atendiendo a las consideraciones
expuestas. […]”.

A través de la resolución en mención, la Superintendencia decidió

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el recurso de reposición interpuesto por Electricaribe contra la

Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de agosto de 2017.

Para tal efecto, la entidad examinó caso por caso y los agrupó para

su estudio, del cual concluyó: i) respecto de 26 casos que no se

acreditó la transgresión del artículo 158 de la Ley 142, frente a las

cuales se revocó el reconocimiento del SAP; y ii) de los demás,

mantuvo la decisión respecto de la cual identificó que la empresa

incumplió su deber de resolver y notificar las respuestas a los

usuarios.

En tal sentido, la Superintendencia modificó su decisión inicial y

ajustó la dosimetría de la sanción, para lo cual redujo la cuantía y

fijó el valor definitivo en 324 SMLMV, en relación con 34 casos.

5.4.- PROBLEMAS JURÍDICOS

A partir de los reproches planteados por las partes demandante y

demandada en los recursos de apelación, corresponde a la Sala

resolver si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia,

para lo cual se ocupará, por razones metodológicas de decidir las

censuras planteadas, en el siguiente orden:

i) Si procedía acumular las 60 investigaciones por SAP a pesar de

los diferentes motivos que surgieron para su configuración;

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ii) Si en los casos de los usuarios JOSÉ MARÍA CONDE, JOSÉ

MARÍA CONDE, MANUEL TOMAS, ISAAC MIGUEL GALVÁN y

DAVID CHARRIS se cumplió el procedimiento y los términos fijados

por la norma para efectuarse la notificación por aviso respecto de

las peticiones a cargo de la empresa de servicios;

iii) Si en los casos DIVINA OBREDOR, ALEXIS LOZADA,

ALFONSO RAFAEL COLPAS, RICARDO ANTONIO GAMARRA,

SANDRA PATRICIA CALERO, RICARDO ANTONIO GAMARRA,

MARIO FONSECA, NIDIA FONTALVO, OMAR MARTÍNEZ,

JORGE YEISON CARILLO, MADY PAREDES, FERNANDO

FABREGAS, JULIO ESCORCIA, SILVIO FLÓREZ, LORENA

CANTILLO, MARIO BLANDON y RODRIGO TRESPALACIOS se

valoraron indebidamente las pruebas aportadas al proceso que

acreditaban que dichas peticiones fueron contestadas y que las

citaciones fueron enviadas a los usuarios;

iv) Si en los casos VIVIANA ISABEL RANGEL Y VLADIMIRO

LEÓN el allanamiento a las solicitudes durante la investigación

administrativa por parte de la actora da lugar a tener esta situación

en su favor y reducir la sanción;

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v) Si en los casos MERY DEL SOCORRO HERRERA, MARIO

LAURENS, ÁNGEL BELEÑO, ROBERTO VILORIA, RODRIGO

MATERON, SILVIO FLÓREZ Y HERNANDO MARRIAGA era o no

procedente conceder el recurso de apelación contra la resolución que

impuso la sanción a la actora;

vi) Si no había lugar a imponer la sanción por cuanto los vicios en la

publicidad de las respuestas no afectaron su existencia y validez

como actos administrativos, y

vii) Si procedía o no la nulidad parcial de los actos acusados en

relación con los casos de SASHA URBINA Y 20178200172712 ALIRIA

BAEZ en el que el Tribunal halló no configurado el SAP.

Para resolver estos planteamientos, la Sala identificará previamente

el marco jurídico en el que se funda la ocurrencia del silencio

administrativo positivo en materia de servicios públicos.

5.5.- MARCO NORMATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El artículo 23 de la Constitución Política reconoce a toda persona el

derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas ante las

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener

pronta resolución.

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En desarrollo de este mandato, el ordenamiento prevé un

procedimiento y también regula los plazos y términos con los que

cuenta la administración para responder las solicitudes que

presentan los administrados, so pena de las consecuencias jurídicas

que operan por la inactividad de la autoridad frente a dicha

obligación.

De ahí surge la figura del silencio administrativo, entendida como

una presunción o ficción legal según la cual transcurrido un

determinado plazo sin que la administración resuelva la petición, y

cumplidos ciertos presupuestos fijados en la ley, se entiende que la

solicitud ha sido decidida, bien en sentido negativo como regla

general, o en sentido estimatorio, en los casos expresamente

previstos en la legislación.

En relación con el régimen de servicios públicos domiciliarios, el

legislador aprobó que en ejercicio del derecho de petición que les

asiste a los usuarios, opera la figura del silencio administrativo

positivo - SAP.

En efecto, la Ley 142 estableció como cláusula esencial del contrato

de servicios públicos que el suscriptor o el usuario pueden presentar

ante la empresa prestadora peticiones, quejas y recursos

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relacionados con la ejecución del contrato.

De ahí que a las empresas les corresponde obligatoriamente tener

una oficina de peticiones, quejas y recursos encargada de recibir,

tramitar y responder las solicitudes verbales o escritas que formulen

los usuarios, suscriptores y/o los suscriptores potenciales en relación

con el servicio que estas prestan.

Así lo prevén los artículos 153 y 154 de la referida Ley 142:

"[…] Artículo 153. De la oficina de peticiones y
recursos. Todas las personas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de
recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten
los usuarios, los suscriptores o los suscriptores
potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.

Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las
peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.
Las peticiones y recursos serán tramitados de
conformidad con las normas vigentes sobre el derecho
de petición.

Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del
suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas
decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución
del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación
en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.

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El recurso de reposición contra los actos que resuelvan
las reclamaciones por facturación debe interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)
meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que
deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia […]”.

En este contexto, el artículo 158 15 de la Ley 142 establece la

ocurrencia del silencio administrativo positivo para las peticiones

y recursos que no sean resueltos dentro del término de quince (15)

días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, al

disponer que, vencido ese plazo, salvo que se demuestre que el

suscriptor o usuario auspició la demora o que era necesaria la

práctica de pruebas, se entiende que hubo una decisión favorable

para la solicitud del peticionario o del recurrente.

En el mismo sentido, el artículo 123 16 del Decreto 2150 de 5 de

15
“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y
peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su
presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en
forma favorable a él”.
16
“ARTÍCULO 123.- Ámbito de la aplicación de la figura del silencio Administrativo Positivo,
contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el

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diciembre de 199517 establece que toda entidad o persona vigilada

por la Superintendencia tiene la obligación de resolver las

peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o

usuarios en desarrollo del contrato de servicios, dentro de un

término de quince días hábiles contados a partir de su

presentación.

También prevé este precepto que en caso de que no se resuelva

la PQR dentro de las setenta y dos horas siguientes al vencimiento

del término, la entidad prestadora deberá reconocer al suscriptor

o usuario los efectos del silencio administrativo positivo; y si no lo

hace, el interesado podrá acudir ante la Superintendencia para que

se impongan las sanciones a que haya lugar y se adopten las

decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto

presunto.

artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene
la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o
usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se
requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma
favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al
suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el
peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las
decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo
presunto.
PARÁGRAFO.- Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de
"petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que
presente un suscriptor o usuarios […]”.
17
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.

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En este orden, se tiene que en materia de servicios públicos la no

respuesta oportuna a la PQR deriva en una presunción legal

favorable para el usuario, lo que permite concluir que la ocurrencia

del silencio positivo surge por no resolver en oportunidad la petición

y/o recurso.

Ahora, este silencio también se configura cuando pese a contestarse

en tiempo la PQR, no se notifica bajo las normas del CCA o del

CPACA, habida cuenta que es la notificación la que permite enterar

al usuario o suscriptor del sentido en que se resolvió su petición,

queja o recurso, lo cual está reglado por estas codificaciones,

conforme se sostuvo en la sentencia de 3 de mayo de 2018, así18:

“[…] se observa con claridad que el legislador estableció que en
materia de servicios públicos domiciliarios, las empresas
prestadoras cuentan con un plazo máximo de 15 días hábiles para
RESOLVER las peticiones, quejas y recursos, so pena que se
entienda que éstos fueron resueltos favorablemente, lo que
sin duda alguna constituye una garantía para el administrado, la
cual fue fortalecida en el sentido de imponer a la empresa
prestadora la obligación de reconocer el acto ficto
“(d)entro de las setenta y dos (72) horas siguientes al
vencimiento del término de los quince (15) días hábiles”, sin que
la norma especial prevea para tal efecto un trámite
adicional, obligación que de no cumplirse habilita al
peticionario para que acuda a la superintendencia, a fin de
que imponga las sanciones correspondientes, “sin perjuicio
de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para
hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”.

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta - Descongestión.
Sentencia de 3 de mayo de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00474-01. Actor:
Industria Nacional de Gaseosas S.A. - INDEGA S.A. Demandado: Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda
Instancia. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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[…] en el caso de autos la [norma] aplicable (artículo 123
del Decreto Ley 2150 de 1995) hace alusión a “resolver”, la
Sala estima que una interpretación sobre un asunto tan
sensible y excepcional, como el hecho de entender que el
silencio de la administración equivale a que accede a lo
solicitado, debe acompasarse con la realidad, esto es, al hecho
de que las entidades requieren de un tiempo razonable para
resolver de fondo y manera congruente las peticiones y
para NOTIFICAR la respuesta atendiendo las normas que
establecen plazos y procedimientos que deben surtirse, los
cuales deben interpretarse de manera lógica, útil y
armónica con los términos para la configuración del silencio
administrativo positivo.

En ese orden de ideas, frente al caso concreto de un lado se tiene
que el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 prevé un
plazo de 15 días hábiles PARA RESOLVER las peticiones,
quejas y recursos en materia de servicios públicos
domiciliarios, y por otro, que el artículo 159 de la Ley 142 de
1994, modificado por el artículo 20 de la Ley 689 de 2001,
establece que las respuestas correspondientes se
NOTIFICARÁN “en la forma prevista por el Código
Contencioso Administrativo”.

Ahora bien, según el anterior código las decisiones que ponen fin
a una actuación administrativa se notifican personalmente,
para lo cual el artículo 44 prevé que se enviará una citación
al interesado “dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto”, a fin de que acuda a la entidad y se notifique
de la decisión. Asimismo, se tiene que el artículo 45 del
mismo estatuto señala que si no pudiere llevarse a cabo la
notificación personal al cabo de los 5 días del envió de la
notificación, la administración fijará un edicto por el
término de 15 días.

Por lo tanto, fácilmente puede advertirse que en el proceso de
notificación del C.C.A., cuando ésta se efectúa por edicto pueden
transcurrir 20 días, esto es, un plazo mayor al de 15 previsto en
el artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 para resolver las
peticiones en materia de servicios públicos.

En vista de lo anterior, no resulta razonable predicar que la
administración tiene hasta 15 días para dictar la decisión y
NOTIFICAR la respuesta correspondiente, so pena de que se
configure el silencio administrativo, pues dicho plazo es inferior
al legalmente consagrado para efectuar la NOTIFICACIÓN
respectiva.

Dicho de otro modo, una INTERPRETACIÓN RAZONABLE de las
normas objeto de análisis, consiste en predicar que la
administración tiene hasta 15 días para DICTAR la decisión
correspondiente, so pena de que se entienda que la respuesta es
favorable.

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Ahora bien, CON LO ANTERIOR la Sala en manera alguna
desconoce la importancia de la debida notificación, máxime
cuando la misma constituye un elemento esencial del
derecho de petición19, sin embargo, en tratándose del silencio
administrativo positivo, donde el término para resolver las
peticiones correspondientes es menor al previsto para efectuar la
notificación, resulta necesario DIFERENCIAR entre los plazos
para proferir la respuesta y los establecidos para notificar
ésta.

Se destaca que dicha diferenciación es relevante en materia del
silencio administrativo positivo, porque de configurarse el mismo,
además de entenderse que la administración accedió a lo
solicitado, la misma pierde competencia para pronunciarse
sobre el asunto, lo que no ocurre cuando el silencio
administrativo es negativo20, de manera tal que el análisis que
se efectúa sobre la configuración de aquél debe ser riguroso, lo
que implica tener presente (i) las particularidades de la norma que
consagra el silencio administrativo positivo, por ejemplo, en
cuanto el plazo concedido y qué exige que se haga en el mismo
(decidir21, resolver22, notificar, pronunciarse23), (ii) así como las
disposiciones aplicables para la notificación
correspondiente, y por ende, evaluar si las exigencias
hechas a la administración frente a la(s) solicitud(es)
elevada(s) resultan razonables.

La importancia de tener en cuenta los aspectos antes señalados
radica por ejemplo, en que si los mecanismos de notificación
aplicables para el caso en concreto permiten que el peticionario
tenga conocimiento de la respuesta emitida a través de
correo electrónico, como acontece bajo la Ley 1437 de 2011
(art. 67) (que en esta oportunidad no es la norma a aplicar24),
en principio nada justificaría que la administración
pudiendo DAR A CONOCER LA RESPUESTA DE MANERA
INMEDIATA Y EFICAZ por dicho medio, no lo hiciere en el
plazo legalmente establecido para resolver la petición.

Bajo el criterio interpretativo expuesto, a juicio de la Sala se vela
por la efectividad de las normas que consagran el silencio
administrativo positivo y las consecuentes garantías de

19
Sobre los elementos esenciales del derecho de petición: Corte Constitucional, sentencia C-007 del
18 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
Sobre el particular puede consultarse: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de
mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-2009-00077-01(37446). 2)
Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad.
25000-23-26-000-1995-01143-01(14850).
21
Verbigracia artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 en materia aduanera, o el artículo 69 de la Ley
338 de 1997 frente a resolución de recursos en asuntos de expropiación.
22
Artículo 123 del Decreto Ley 2150 de 1995 entratándose de servicios públicos domiciliarios.
23
Por ejemplo: Artículo 25, numeral 16 de Ley 80 de 1993 frente a contratación estatal, o el artículo
28 del Decreto 564 de 2006 sobre licencias urbanísticas.
24
Teniendo en cuenta que entró en vigencia el 2 de julio de 2012 (art. 308), es decir, antes de la
actuación que dio lugar a los actos acusados.

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quienes resultan beneficiados, como por el efecto útil de las
disposiciones atinentes a los mecanismos de
NOTIFICACIÓN, aspectos que se itera, deben analizarse en cada
caso […]”.

De lo expuesto, queda dilucidado que el silencio administrativo

positivo no se deriva únicamente de no resolver en tiempo -15 días

• las peticiones, quejas o recursos, sino que también debe verificarse

que resuelto en oportunidad esta decisión se notifique bajo las

normas del CCA y/o CPACA, según corresponda, habida cuenta que

por los efectos que se derivan para el administrado de enterarse de

tal decisión no basta que se conteste en tiempo, sino que es

necesario que se dé a conocer la decisión bajo el procedimiento

legal en vigor, en tanto el derecho de petición no se satisface si no

se garantiza y prueba que se ha enterado de lo resuelto al

peticionario.

Así, en vigor del CPACA está prevista la posibilidad de notificar las

decisiones que resuelven una PQR mediante: i) correo electrónico,

herramienta que entera de inmediato al peticionario, comoquiera

que estas actuaciones pueden ocurrir en un mismo momento; ii) de

no ser posible lo anterior, se enviará citación para la notificación

personal a fin de que comparezca el peticionario; y iii) cuando

resulte fallida esta, debe agotarse la notificación por aviso.

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Para efecto de un mejor entendimiento del trámite de las PQR en

materia de servicios públicos, con fundamento en la Ley 142 de

1994, el Decreto 2150 de 1995 y el CPACA, la Sala presenta el

siguiente cuadro:

Trámite de las PQR en materia de servicios públicos
Término
Radicación de para
Eventos que pueden ocurrir
la petición resolver la
PQR
1-15 días La
Aplicación del
hábiles. Se Resuelve administración
Esta fecha procedimiento de
cuenta a en el plazo debe proceder a
fija el notificación
partir de la la notificación
extremo para radicación Reconocimiento
comenzar el de la PQR Ocurrencia del
de los efectos
conteo del (Artículos 158 No SAP por
del SAP en las
plazo para de la L 142 y resuelve incumplimiento
próximas 72
resolver. 123 del Dec. en el plazo por no resolver
2150 de horas por la
en el plazo
1995) empresa de SPD

Procedimiento de notificación de la decisión (Régimen CPACA)
Inmediata – Debe
Electrónica coincidir con la respuesta.
Se concluye la
notificación
Envío de la citación a la
dirección física, número de
Citación para

Respuesta de la PQR en oportunidad
fax y Correo electrónico
notificación personal
que figure en el expediente
(Artículo 68 del CPACA
o en el registro mercantil,
– 5 días siguientes a la
Personal para que el peticionario
respuesta)
comparezca (5 días s.s. a
la respuesta de la PQR)

Notificación
El administrado Imposibilidad de hacer
acude a notificarse la notificación personal
Debe agotarse la siguiente
Se concluye la
etapa: notificación por
notificación
aviso
Remisión del aviso a: Dirección física
Número de fax
(artículo 69 del CPACA) Correo electrónico que
figure en el expediente o
Por aviso en el registro mercantil
Notificación: se surte al finalizar el día siguiente a
aquel en el que se realiza la entrega del aviso. Se
concluye la notificación.

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De lo examinado, se aprecia que para tener por resuelta en

oportunidad la PQR surgen varios eventos, los que tendrán que ser

observados tanto por las empresas de servicios públicos como por la

entidad de vigilancia en aras de validar el reconocimiento de los

efectos del SAP y/o las sanciones a que haya lugar producto de su

incumplimiento, según corresponda.

5.6.- SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con el anterior marco jurídico, la Sala abordará cada uno

de los reproches planteados contra el fallo del Tribunal, los cuales,

por virtud del límite previsto en el artículo 320 del CGP, se

restringirán a los aspectos expuestos, los que por razones

metodológicas se resolverán, así:

5.6.1.- INDEBIDA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

La empresa apelante insistió en que la Superintendencia vulneró

su derecho al debido proceso al acumular en un solo expediente

las 60 investigaciones adelantadas por presunta configuración del

SAP, con fundamento en peticiones, quejas y recursos de distintos

usuarios, los cuales se radicaron en diferentes oficinas territoriales.

Cuestionó la decisión del a quo, porque estimó que a diferencia del

derogado artículo 29 del CCA el artículo 36 del CPACA únicamente

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permite la acumulación de documentos y diligencias relacionados

con una idéntica actuación, de modo que, en su entender, no

resultaba jurídicamente viable adelantar en un solo expediente

todas las investigaciones por la presunta configuración del silencio

administrativo positivo pese a que estas se dirigen contra la misma

empresa prestadora de servicios públicos.

Para resolver este planteamiento se prohijará el fallo de 28 de

mayo de 2026, en el que se destacó que en virtud del artículo 209

de la Constitución Política la función administrativa está al servicio

de los intereses generales y se desarrolla, entre otros, con

fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad. Y se

puntualizó:

“[…] De ahí que estos principios orienten a las autoridades
administrativas en el sentido de que les corresponde
estructurar y adelantar los procedimientos a su cargo con: i)
apego a la norma, ii) racionalizando el uso de los recursos
económicos y temporales, iii) evitando trámites inútiles, iv)
adoptando decisiones oportunas y evitando las inhibitorias, v)
incentivando la aplicación de las tecnologías de la información
y las comunicaciones y vi) garantizando el ejercicio del derecho
de contradicción y defensa del administrado, entre otras.

Precisamente, el artículo 3º del CPACA desarrolla dicho
mandato superior y dispone que las autoridades
administrativas deben interpretar y aplicar los principios allí
enunciados a todos los procedimientos que adelantan. Entre
tales principios se encuentran los de economía, eficacia y
celeridad, cuyo fin se orienta a remover los obstáculos
formales que pueden afectar una decisión pronta, de fondo y
que garantice los derechos de quienes intervienen en este
procedimiento.

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A partir de la aplicación de estos principios, el artículo 36 del
CPACA admite como viable que los documentos y diligencias
relacionados con una misma actuación se puedan adelantar
en un solo expediente, al cual se acumularán. Tal
determinación procede de oficio o a petición del interesado y
se analiza bajo el criterio que corresponda, que para este caso
sería el que los asuntos se tramitan ante la misma autoridad.

Ahora, la Sala identificará si los elementos que preveía el CCA
para la acumulación de expedientes en sede administrativa
resultan ser diferentes a los que fijó artículo 36 del CPACA,
norma bajo la cual se adoptó tal decisión por ser la que se
encontraba en vigor 25 al tramitarse el procedimiento
administrativo y determinar si, como lo reclama la
demandante, esta decisión resultaba improcedente. Las
normas en comento son del siguiente tenor:

ARTÍCULO 36 CPACA ARTÍCULO 29 CCA
“[…] Artículo 36. Formación y examen “[…] Cuando hubiere documentos
de expedientes. Los documentos y relacionados CON UNA MISMA
diligencias relacionados CON UNA ACTUACIÓN o con actuaciones que
MISMA ACTUACIÓN se TENGAN EL MISMO EFECTO, se hará
organizarán en un solo con todos un solo expediente al
expediente, al cual se cual se acumularán, de oficio o a
acumularán, con el fin de evitar petición de interesado, cualesquiera
decisiones contradictorias, de oficio o otros que se tramiten ante la misma
a petición de interesado, autoridad y tengan relación íntima con
cualesquiera otros que se él para evitar decisiones
tramiten ante la misma contradictorias.
autoridad. […]”
[…]”.

Del análisis de las normas transcritas se tiene que si bien es
cierto que el artículo 29 del CCA establecía como una de las
situaciones para proceder a la acumulación el que las
actuaciones tuvieran “el mismo efecto”, también lo es que la
eliminación de esta frase en el texto del CPACA no incide en
una interpretación diferente ni tampoco conlleva una
prohibición en estricto sentido, por cuanto la acumulación
frente a “diligencias relacionadas con una misma actuación”,
contiene un concepto suficientemente amplio para que el
funcionario investigador establezca si las peticiones puestas a
su consideración guardan o no esa identidad.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso que ahora ocupa la
atención de la Sala la Superintendencia profirió los autos de
apertura y los pliegos de cargos individuales respecto de cada
una de las quejas, peticiones o recursos en los que los usuarios
de ELECTRICARIBE alegaban la configuración del SAP; y fue
con posterioridad que identificó que las actuaciones seguidas

25
Bajo esta disposición se adelantó el procedimiento administrativo que orientó la expedición de los
actos acusados y se aplicó en razón a que debe acudirse a esta en lo no regulado por la norma especial
contenida en la Ley 142 de 1994.

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contra la demandante se relacionaban con una misma
actuación.

Precisamente, se identificó que era válido ordenar la
acumulación, por cuanto: i) todas las investigaciones
recayeron frente a la misma empresa prestadora; y ii) porque
estas se adelantaron para establecer la presunta infracción del
artículo 158 de la Ley 142 de 1994, ante la falta de respuesta
oportuna de la PQR y a la ausencia de reconocimiento de los
efectos del SAP, esto es, compartían una idéntica causa.

De ahí que el argumento de especialidad como el motivo que
identifica o en el cual se puede clasificar la PQR del usuario para
solicitar la aplicación del SAP y sus diversas fuentes de
configuración, no determina la existencia de circunstancias
disimiles que rompan la causa que las origina, la cual, como lo
concluyó la entidad demanda, resultaba suficiente para que la
Superintendencia adelantara las investigaciones agrupadas
mediante la decisión de acumulación.

Además, no se acreditó por la apelante que la acumulación
fuera contraria a los fines de la función pública, es decir, que el
adelantamiento del procedimiento hubiera puesto en riesgo no
solo la actuación adelantada, sino el ejercicio del derecho de
defensa y del debido proceso que le asiste como investigada.

De este modo se evidencia que, contrario a lo alegado, la
Superintendencia procuró la realización de los principios de
eficacia, economía y celeridad; y también se constató que la
demandante ejercitó su derecho de defensa, a tal punto que no
fue sancionada por la totalidad de las denuncias por las que se
le investigó, lo que descarta que esta medida la haya privado
de responder frente a los asuntos acumulados y/o que la
entidad haya resuelto las quejas conjuntamente como lo
señala, en desmedro de un análisis propio que amerita cada
una de los reclamos recibidos […]”

Todo lo anterior demuestra que la decisión de acumular 60

denuncias en un expediente no contravino la norma superior ni

tampoco restringió el debido proceso de ELECTRICARIBE, motivo

suficiente para denegar este reproche.

Ahora, en relación con el planteamiento de que también existió una

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indebida acumulación de expediente, en tanto la Superintendencia

centralizó en Barranquilla el estudio de todos los casos, lo que

presuntamente desconoció el artículo 156 del CPACA, la Sala

advierte que este reproche únicamente se adujo en el recurso de

apelación, lo que constituye un nuevo cargo contra los actos

acusados.

De ahí que, al haberse invocado en una etapa posterior a la

presentación de la demanda, torna en improcedente y

extemporáneos su examen por cuanto debió plantearse en la

demanda o su adición, y porque estudiarlo representaría la

trasgresión al derecho de defensa y contradicción de la parte

demandada en el proceso, siendo deber del juez hacer efectiva la

igualdad entre las partes.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201826, en la que se señaló:

“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de inconformidad
de la parte apelante involucran normas que no fueron
invocadas en la demanda como violadas, pues las indicadas
en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58 de la
Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia significa,
ni más ni menos, la formulación de nuevos cargos contra
los actos acusados, lo cual resulta a todas luces

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-00074-02.

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improcedente, no solamente por extemporáneos, pues el
momento procesal es en la demanda o su adición, sino en razón
a que de acometer su estudio se estaría violando el derecho de
defensa de la parte demandada en el proceso y el deber del juez
de hacer efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los cuestionamientos
que formula el recurrente con base en los artículos 29 y 58 de
la Constitución Política y 66 de la Ley 388, y no así a los artículos
187, 252 del C de PC, ni al cargo de falsa motivación. […]”
(Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, la Sala no hará pronunciamiento de fondo sobre el

reproche aludido, habida cuenta que éste apenas se invocó en el

recurso de apelación, lo que representa que acogerlo para examen

rompería el equilibrio procesal y la igualdad de las partes, pues la

parte demandada no tendría la posibilidad de controvertir y

desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue planteado en la

demanda27.

5.6.2.- DEL PROCEDIMIENTO Y TÉRMINO PARA EFECTUAR LA
NOTIFICACIÓN POR AVISO

Sobre este reproche, ELECTRICARIBE reclama que respecto los

usuarios JOSÉ MARÍA CONDE 28 , MANUEL TOMAS, ISAAC

MIGUEL GALVÁN y DAVID CHARRIS, se revoque el fallo apelado

y se anule la sanción por cuanto se trasgredió el artículo 69 del

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de marzo
de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 23001233300420160014301.
28
En relación con este usuario existen 2 peticiones. Cabe destacar que el Tribunal a quo sostuvo que
no había lugar a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas en ese caso por cuanto de la
revisión de las pruebas obrantes en el proceso se advertía que el documento con el que la actora
pretendía acreditar la notificación del usuario era ilegible.

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CPACA, habida cuenta que en su entender la citada norma no

establece un término perentorio para enviar el aviso, por lo que, a

su juicio, resulta contradictorio exigirle que lo elabore y lo envíe ese

mismo día.

Para examinar la procedencia o no de este argumento es preciso

analizar el contenido de los artículos 67 a 69 del CPACA, que

disponen:

“[…] ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Las
decisiones que pongan término a una actuación administrativa
se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y
los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará
la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las
diligencias previstas en el inciso anterior también podrá
efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes
modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el
interesado acepte ser notificado de esta manera. La
administración podrá establecer este tipo de notificación […]

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia
pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose
dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la
circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos
para la interposición de recursos.

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al
interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca
a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará
constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la
página electrónica o en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si NO pudiere
hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, ESTA SE HARÁ por medio de
aviso QUE SE REMITIRÁ a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los
recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar
de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario,
el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publicará en la página electrónica y en todo caso en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o
publicación del aviso y de la fecha en que por este medio
quedará surtida la notificación personal […]”.

De las anteriores normas, se colige que por regla general las

decisiones que ponen fin a la actuación administrativa se notifican

personalmente al interesado; y que para hacer efectiva esa

notificación, cuando no exista un medio más eficaz (v.g. correo

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electrónico), la administración debe enviar citación dentro de los cinco

días siguientes a la expedición del acto, a la dirección o medio

de contacto que obra en el expediente.

Luego, si transcurridos esos cinco días desde el envío de la

citación sin que haya sido posible cumplir la notificación personal,

se habilita la notificación por aviso, que debe remitirse al mismo

domicilio físico y acompañarse de copia íntegra del acto, con la

advertencia de que la notificación se entenderá surtida al finalizar el

día siguiente a la entrega en el lugar de destino.

De este procedimiento se concluye que la notificación por aviso

no es una opción o escogencia de la administración, sino que es un

procedimiento reglado, con fases identificables y con términos

perentorios, no solo para que la administración realice las diferentes

etapas, sino para que su cumplimiento permita que en caso de no

poder realizarse la notificación personal se entienda que el

administrado ha sido enterado.

Así las cosas, la interpretación que ha de conferirse al artículo 69 del

CPACA, en armonía con el régimen especial del SAP en materia de

servicios públicos y con los principios de eficacia, celeridad y

protección del usuario, es que la diligencia de notificación por aviso

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no queda a discreción de la empresa prestadora del servicio

público, pues dadas las consecuencias jurídicas de su no respuesta

oportuna, la notificación está inmersa en el cumplimiento del deber

de responder en tiempo, sin que se escude en la ausencia de un

plazo que así la obligue, pues su actuación debe ser inmediata y

concomitante al acto que resuelve la PQR.

De este modo, otorgar el entendimiento que propone la apelante

sería dar preeminencia a aspectos procesales sobre un derecho

fundamental de los usuarios, al validar que se postergue en el tiempo

el deber de notificar en debida forma la decisión adoptada, ya que

las consecuencias que surgen del acto ficto favorable se predican

tanto de: i) la no respuesta oportuna a las PQR de los usuarios de

los servicios públicos domiciliarios y ii) su indebida e inoportuna

notificación.

En efecto, la exigencia de actuar con inmediatez en el envío del

aviso, una vez agotado sin éxito el trámite de notificación personal

es la interpretación más compatible con la efectividad del silencio

administrativo positivo y aquella que de mejor manera garantiza el

derecho de los usuarios frente a la empresa prestadora del servicio

público.

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Lo anterior, se justifica, incluso, en la orden que prevé el artículo

12329 del Decreto 2150 de 1995, cuando además de señalar cuál es

el plazo para resolver las peticiones ante las empresas de servicios

públicos, prevé que es obligación de estas una vez transcurridas

las 72 horas siguientes al vencimiento del término para responder,

sin haberlo hecho, reconocer los efectos del SAP.

Así pues, habiéndose “resuelto” oportunamente la PQR, esto es,

entre los días hábiles que le confiere la ley para ello - 15 días -, la

empresa debe realizar su notificación.

De este modo, es obligatorio que se notifique en tiempo y

29
La Corte al examinar la constitucionalidad de este artículo refirió “[…] 5.2. Que el Gobierno Nacional
en el artículo 123 acusado regulara la figura del silencio administrativo positivo, en el sentido de
precisar que ante el mutismo de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios frente
a una petición, queja o recurso, una vez hubiera operado la figura del silencio administrativo
positivo, reconociera los efectos de dicha figura dentro de las setenta y dos horas siguientes
al vencimiento de los quince días con que cuenta para resolver, so pena de solicitar la
imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, a la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios “sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes
para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”, es algo que
indiscutiblemente encaja en la finalidad perseguida por la Constitución en relación con la
función pública, pues ella se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base
en los principios de igualdad, moralidad, celeridad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad. Por
ello, el artículo 209 superior dispone que las autoridades deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (CP art. 2).
Así mismo, dado que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios forma parte integrante de
la Administración Pública, la modificación de normas para el ejercicio de sus funciones en procura de
aplicar los principios de la celeridad y la eficacia administrativa, quedan dentro del ámbito de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por la ley habilitante.
El legislador extraordinario en la norma acusada no agregó ningún trámite a la figura del silencio
administrativo positivo contemplado en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, como equivocadamente
lo interpreta la ciudadana demandante, sino que precisó el término para hacer efectivos los
efectos de la mencionada figura, so pena de incurrir en las sanciones que establece la ley,
lo cual a juicio de la Corte resulta completamente ajustado a la Carta, pues al ser los servicios públicos
inherentes a la función social del Estado, éste debe propender porque las empresas prestadoras
de ese servicio garanticen la verdadera prestación del mismo, lo cual implica que las
peticiones, quejas o recursos que presenten los usuarios o suscriptores sean resueltas en
forma rápida y oportuna de suerte que el Estado bien sea directa o indirectamente, ya por
comunidades organizadas o por particulares, propenda por la continuidad en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población (CP art. 366) […]” Sentencia C-272 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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debidamente lo resuelto, so pena de incurrir en la situación de

incumplimiento frente al deber de responder de fondo y comunicar

tal decisión, que lleva inmerso el artículo 23 Superior.

Precisamente, la Corte Constitucional sostiene que es necesario que

las empresas de servicios públicos lleven a cabo la notificación de las

respuestas dadas a las PQR a fin de materializar el derecho de

petición30. Así lo puntualizó en el siguiente fallo:

“[…] 4.5.3.2. Para el caso de las empresas de servicios
públicos, como ya se anunciaba, las reglas varían
dependiendo de si las peticiones y recursos son o no elevados
por usuarios o suscriptores –incluso los potenciales– de las
empresas de servicios públicos. Entonces, ante un marco del
régimen de prestación del servicio (usuario-prestador),
el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 determina una
regla especial según la cual las peticiones, quejas y
recursos deberán RESOLVERSE en un término de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación.
Cumplido dicho plazo, se configura el silencio administrativo
positivo. Mientras que, cuando las solicitudes sean formuladas
por no usuarios, se aplicarán las mencionadas reglas del
CPACA.

4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición
debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha
señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil
comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ;
(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de
la petición y sea conforme con lo solicitado; y además
(iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce

30
Sentencia T-230 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[55] (se resalta
fuera del original).

[…]

4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el
componente de respuesta de la petición se
MATERIALICE, es imperativo que el solicitante CONOZCA
el contenido de la contestación realizada. Para ello, la
autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando
se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de
competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la
entidad encargada […]”.

De acuerdo con lo expuesto, el procedimiento de notificación en

relación con el envío del aviso en los términos del artículo 69 del

CPACA debe ser inmediato para garantizar el derecho que surge

respecto de las PQR que se tramitan ante las empresas de servicios

públicos. Un entendimiento diferente permitiría que las empresas

llamadas a resolver manejen a su arbitrio el trámite de la

notificación, cuando lo que se predica de la norma es un

procedimiento continuo que no acepta interrupciones.

Por ello, se concluye que el conteo que realizó la Superintendencia y

que avaló el fallo de primera instancia se gobierna bajo este

entendimiento, solo que el Tribunal lo denominó como “el sexto día”

y la Superintendencia, además de señalar ese plazo, identificó

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respecto de cada caso cuándo debió remitirse el aviso, todo lo cual,

aunque con diferente lenguaje, corresponde al día siguiente,

criterio que atiende al concepto de inmediato31 que la Sala analizó,

sin que sean compatibles los criterios en que se funda la apelante32.

De esta manera, la Sala establecerá en el siguiente análisis

soportado en el examen que hizo el Tribunal 33 en el fallo qué

tiempo transcurrió desde el vencimiento del plazo previsto por la ley

para que el administrado acudiera a notificarse personalmente y el

envío del aviso, a fin de determinar si fue: i) inmediato; ii) si se hizo

después; o iii) si se efectuó antes del proceso fijado en los artículos

67 a 69 del CPACA, así:

# CONSECUTI USUARIO FECHA DE FECHA FECHA DE FECHA DE FECHA QUE FECHA DÍAS QUE
VO EN LOS RADICACI LÍMITE LA LA IDENTIFICÓ LA REAL EN TRANSCURRIER
ACTOS ÓN DE LA PARA RESPUEST CITACIÓN SSPD COMO QUE SE ON
ACUSADOS PQR RESOLVER A DE LA PARA OPORTUNA ENVÍO EL (+/-) EN EL
OPORTUNA PQR COMPAREC PARA EL AVISO ENVIÓ DE LA
MENTE LA ER A LA ENVÍO DEL NOTIFICACI
PQR NOTIFICACI AVISO ÓN POR
(EXAMEN ÓN AVISO
SE SALA) PERSONAL (ANÁLISIS
DE SALA)
1 8/8 José 28 de 19 de 18 de 22 de 1 de 29 de
María junio de julio de julio de julio de agosto de julio de -1 día
Conde 2016 2016 2016 2016 2016 2016
13/13 Manuel 18 de 5 de 27 de 29 de 8 de 5 de
2 Tomas enero de febrero enero de enero de febrero de febrero -1 día
2016 de 2016 2016 2016 2016 de 2016

3 59/59 Isaac 26 de 15 de 15 de 18 de 27 de 24 de
Miguel enero de febrero febrero febrero febrero de febrero -1 día
Galván 2017 de 2017 de 2017 de 2017 2017 de 2017
4 60/60 David 2 de 23 15 de 15 de 24 de 27 de
Charris marzo marzo marzo marzo marzo de marzo +1 día
de 2017 de 2017 de 2017 de 2017 2017 de 2017

31
“[…] 2. adj. Que sucede enseguida, sin tardanza” Consultado en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua. https://dle.rae.es/inmediato.
32
Esta Sala identifica que a pesar de los pronunciamientos judiciales del Tribunal Administrativo del
Atlántico y de La Guajira en los que apoya su postura estos no son precedentes jurisprudenciales para
la Sala.
33
Según el cuadro de análisis que se advierte en los folios 47-51 del archivo digital que la contiene.

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Del examen registrado en el cuadro que antecede, se tiene que si

bien Electricaribe resolvió la petición o el recurso a su cargo

oportunamente, aspecto que no está en discusión, lo relevante

aquí es que el motivo que sustentó la sanción derivó del hecho de

no haber realizado en debida forma la notificación por aviso,

teniendo en cuenta que el trámite para dar por enterados a los

usuarios, atrás identificados, no se hizo conforme a la regla del

artículo 69 del CPACA, en tanto en algunos casos: i) su envío fue

posterior 34 , o ii) se realizó antes 35 de que se venciera el plazo

previsto por la ley para que el usuario concurriera a atender la

notificación personal.

No obstante, determinado que en los 4 casos analizados se verificó

que no se atendió el procedimiento del artículo 69 del CPACA, en

aplicación del criterio fijado en el fallo de 28 de mayo de 2026,

corresponde establecer de acuerdo con los demás casos en los que

se comprobó la inobservancia del artículo 69 del CPACA si hay lugar

a remover la sanción fijada por cuenta de advertirse por la Sala

situaciones que pueden dar lugar a ello. En la sentencia en cita, se

precisó:

“[…] Ahora, la Sala considera que si bien es cierto que en los
demás asuntos no se observó el trámite previsto en el
artículo 69 del CPACA, también lo es que se identificaron por
esta Corporación dos (2) circunstancias que permiten
remover la sanción habida cuenta que en estos casos se

34
Caso 4 de los # asignados en el estudio de la Sala.
35
Casos 1, 2 y 3 de los # asignados en el estudio de la Sala.

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evidenció que la empresa resolvió de manera pronta y/o
adelantó el trámite de la citación de notificación por
aviso en similares condiciones, todo ello con el ánimo de
dar a conocer en oportunidad sus decisiones.

En efecto, del análisis que arroja el cuadro que antecede se
aprecia que: i) la empresa prestadora de servicios públicos
realizó, en algunos casos, el envío de la citación para
notificar por aviso, incluso, antes de que venciera el plazo
de los 15 días hábiles con los que contaba para resolver la
PQR, en los términos de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994
y 12336 del Decreto 2150 de 1995; y ii) que la citación para
notificar por aviso se envió antes del plazo que le habilita la
norma para proceder en tal sentido.

Para la Sala, estos eventos en vez de resultar adversos a los
derechos de los usuarios demuestran la materialización del
derecho de petición y, en consecuencia, justifica adoptar
esta decisión anulatoria en razón a que el actuar de la
demandante evidencia su firme propósito de dar a
conocer sus decisiones de manera cumplida y en tiempo.
De ahí que resulte razonable para esta Corporación conciliar
estas circunstancias en atención al efecto útil37 de las normas
y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

En estos casos, se concluye que no procede la sanción a la
demandante, sin que ello implique remover los efectos
reconocidos a los usuarios por virtud de los actos cuestionados
[…]”.

Entonces, bajo este criterio se tiene que uno de los casos en los que

se verificó el incumplimiento encaja en la primera situación,

habida cuenta que el envío del aviso se hizo antes de los 15 días

hábiles con los que contaba ELECTRICARIBE para resolver la PQR,

36
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.
37
Concepto definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-569-2004 y reiterado en la Sentencia
C-138-2025 como aquel “según el cual debe considerarse, de entre varias interpretaciones de una
disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea,
o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias”.

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en los términos de los artículos 158 de la Ley 142 de 1994 y 12338

del Decreto 2150 de 1995, esto es el del usuario MANUEL TOMAS.

En lo que respecta al envío anticipado del aviso, se tiene que se

realizó en dos 39 casos, esto es, respecto de los usuarios JOSÉ

MARÍA CONDE e ISAAC MIGUEL GALVÁN, lo que significa que no

puede calificarse el envío como extemporáneo, todo lo cual, y en

aplicación del examinado criterio, la Sala remueve la sanción para la

empresa, pero no los efectos reconocidos a los usuarios.

Bajo este examen hay lugar a anular los siguientes casos, por

concurrir en ellos tales eventos:

CASO USUARIO EVENTO EXPLICACIÓN
1 José María Conde El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 29 de
aviso se realizó antes de julio de 2016 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 1° de agosto
de 2016

2 Manuel Tomas El envío del aviso se realizó El envío del aviso ocurrió el 5 de
antes de fenecer el plazo para febrero de 2016 y el plazo para
resolver la PQR resolver la PQR vencía ese mismo
día
El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 5 de
aviso se realizó antes de febrero de 2016 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 8 de febrero de
2016
3 Isaac Miguel El envío de la citación por El envío del aviso ocurrió el 24 de
Galván aviso se realizó antes de febrero de 2017 y el plazo para
vencer el plazo para tal efecto remitirlo vencía el 27 de febrero
de 2017

38
La norma en comento prevé: Artículo 123 del Decreto 2150 de 1995. “AMBITO DE APLICACIÓN DE
LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
142 DE 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos
que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios
públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, CONTADOS a partir de la fecha
de su presentación […]”.
39
También se predica del caso 1, señor MANUEL TOMAS en el que concurren los dos eventos, pero se
contabiliza por la primera situación para efectos anulatorios en tanto no representan un caso adicional.

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Siendo ello así, la Sala anulará los casos identificados por la Sala con

los números 1, 2 y 3, usuarios JOSÉ MARÍA CONDE, MANUEL

TOMAS e ISAAC MIGUEL GALVÁN por las razones aquí expuestas

y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En el caso número 4 se mantendrá la decisión sancionatoria porque

además de infringir el procedimiento del artículo 69 del CPACA se

identificó que el envío del aviso se hizo de manera extemporánea.

5.6.3.- VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LA EMPRESA POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA AL NO TENER EN
CUENTA SU RESPUESTA

Frente a este reproche, Electricaribe sostiene que debe revocarse

la sentencia apelada respecto de los casos de los usuarios DIVINA

OBREDOR, ALEXIS LOZADA, ALFONSO RAFAEL COLPAS,

RICARDO ANTONIO GAMARRA, SANDRA PATRICIA CALERO,

RICARDO ANTONIO GAMARRA, MARIO FONSECA, NIDIA

FONTALVO, OMAR MARTÍNEZ, JORGE YEISON CARILLO,

MADY PAREDES, FERNANDO FABREGAS, JULIO ESCORCIA,

SILVIO FLÓREZ, LORENA CANTILLO, MARIO BLANDON y

RODRIGO TRESPALACIOS, toda vez que no se valoraron

debidamente las pruebas aportadas al proceso que acreditaban que

efectivamente remitió las respuestas a las peticiones de dichos

usuarios.

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Para establecer si procede el reproche de la apelación planteado por

la demandada, es preciso establecer qué decidió la

Superintendencia respecto de los casos mencionados, según la

Resolución SSPD-20178000250635 de 19 de diciembre de 2017, que

resolvió el recurso de reposición contra la sanción impuesta, en el

sentido de confirmar lo decidido frente a la ocurrencia del SAP, por

las razones que se concretan en el siguiente cuadro:

#
FECHA DE FECHA DE LA
CONSECU EXAMEN DE LA
# NOMBRE LA RESPUESTA MODO DE NOTIFICACIÓN
TIVO DE SUPERINTENDENCIA
PETICIÓN ELECTRICARIBE
ACTOS
15 DE (DENTRO DEL PLAZO, CITACIÓN ENVIADA EL
DIVINA PRUEBA NO CLARA.
1 6 NOVIEMBR SIN FECHA EXACTA 21 DE NOVIEMBRE 2016,
OBREDOR CONFIRMA EL SAP
E 2016 CONSIGNADA) GUÍA ILEGIBLE

03 DE (DENTRO DEL PLAZO, CITACIÓN ENVIADA EL
PRUEBA NO CLARA.
2 7 ALEXIS LOZADA AGOSTO SIN FECHA EXACTA 18 DE AGOSTO 2016,
CONFIRMA EL SAP
2016 CONSIGNADA) GUÍA ILEGIBLE

29 DE CITACIÓN ENVIADA EL PRUEBA NO VÁLIDA POR
ALFONSO 05 DE DICIEMBRE
3 11 NOVIEMBR 06 DE DICIEMBRE 2016, ILEGIBLE. CONFIRMA EL
RAFAEL COLPAS 2016
E 2016 PRUEBA ILEGIBLE SAP.

NO SE ACREDITÓ
RICARDO 03 DE
CITACIÓN ENVIADA, NOTIFICACIÓN POR
4 14 ANTONIO ENERO 12 DE ENERO 2017
GUÍA ILEGIBLE ILEGIBLE. CONFIRMA EL
GAMARRA 2017
SAP

NO SE ACREDITÓ
SANDRA 17 DE
22 DE NOVIEMBRE GUÍA DE ENVÍO NOTIFICACIÓN POR
5 16 PATRICIA NOVIEMBR
2016 ILEGIBLE ILEGIBLE. CONFIRMA EL
CALERO E 2016
SAP

NO SE ACREDITÓ
30 DE
12 DE DICIEMBRE CITACIÓN ENVIADA, NOTIFICACIÓN POR
6 19 MARIO FONSECA NOVIEMBR
2016 GUÍA ILEGIBLE ILEGIBLE. CONFIRMA EL
E 2016
SAP

NO SE ACREDITÓ
05 DE
CITACIÓN ENVIADA, NOTIFICACIÓN POR
7 20 NIDIA FONTALVO AGOSTO 18 DE AGOSTO 2016
GUÍA ILEGIBLE ILEGIBLE. CONFIRMA EL
2016
SAP

20 DE
8 26 OMAR MARTÍNEZ JUNIO 06 DE JULIO 2016 CITACIÓN ENVIADA, NO SE ACREDITÓ
2016 AVISO DEVUELTO, NOTIFICACIÓN POR

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Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00803-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

#
FECHA DE FECHA DE LA
CONSECU EXAMEN DE LA
# NOMBRE LA RESPUESTA MODO DE NOTIFICACIÓN
TIVO DE SUPERINTENDENCIA
PETICIÓN ELECTRICARIBE
ACTOS
PUBLICACIÓN ILEGIBLE. CONFIRMA EL
INCOMPLETA SAP

25 DE NO SE ACREDITÓ
JORGE YEISON CITACIÓN ENVIADA,
9 38 OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 2016 NOTIFICACIÓN.
CARILLO AVISO ILEGIBLE
2016 CONFIRMA EL SAP

01 DE NO SE ACREDITÓ
CITACIÓN ENVIADA,
10 40 MADY PAREDES FEBRERO 15 DE FEBRERO 2017 NOTIFICACIÓN.
GUÍA ILEGIBLE
2017 CONFIRMA EL SAP

13 DE NO SE ACREDITÓ
FERNANDO CITACIÓN ENVIADA,
11 32 FEBRERO 23 DE FEBRERO 2017 NOTIFICACIÓN.
FABREGAS GUÍA ILEGIBLE
2017 CONFIRMA EL SAP

28 DE NO SE ACREDITÓ
CITACIÓN ENVIADA,
12 49 JULIO ESCORCIA DICIEMBRE 11 DE ENERO 2017 NOTIFICACIÓN.
PRUEBA ILEGIBLE
2016 CONFIRMA EL SAP

09 DE NO SE ACREDITÓ
CITACIÓN ENVIADA,
13 51 SILVIO FLÓREZ FEBRERO 22 DE FEBRERO 2017 NOTIFICACIÓN.
PRUEBA ILEGIBLE
2017 CONFIRMA EL SAP

22 DE NO SE ACREDITÓ
LORENA CITACIÓN ENVIADA,
14 53 FEBRERO 10 DE MARZO 2017 NOTIFICACIÓN.
CANTILLO PRUEBA ILEGIBLE
2017 CONFIRMA EL SAP

20 DE NO SE ACREDITÓ
CITACIÓN ENVIADA,
15 54 MARIO BLANDON FEBRERO 07 DE MARZO 2017 NOTIFICACIÓN.
PRUEBA ILEGIBLE
2017 CONFIRMA EL SAP

16 DE NO SE ACREDITÓ
RODRIGO 27 DE DICIEMBRE CITACIÓN ENVIADA,
16 55 DICIEMBRE NOTIFICACIÓN.
TRESPALACIOS 2016 PRUEBA ILEGIBLE
2016 CONFIRMA EL SAP

La Superintendencia en los casos identificados sostuvo que había

lugar a imponer sanción por cuanto la actora no acreditó que notificó

debidamente la respuesta que expidió respecto de dichas solicitudes,

pues de las pruebas aportadas dentro del proceso eran ilegibles en

su mayoría.

Es del caso destacar que en el caso de usuario OMAR MARTÍNEZ40

40
Caso # 8 en el conteo de la Sala.

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se le sancionó por no cumplir con la carga de publicar el aviso de

notificación de su respuesta en un lugar de acceso al público de la

entidad, conforme con lo previsto en el artículo 69 del CPACA.

El Tribunal no accedió al reproche planteado por ELECTRICARIBE

en razón a que las pruebas obrantes en el expediente, en especial

las aportadas con el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de agosto de 2017 se

apreció la condición de ilegibles que impidió valorarlas a fin de

establecer si se enviaron o no en oportunidad, en los términos de los

artículos 68 y 69 del CPACA.

Para corroborar lo anterior, esta Sala destaca estas pruebas

aportadas por Electricaribe así:

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Ahora, en el caso del usuario Omar Martínez el Tribunal tuvo en

cuenta la siguiente imagen aportada con el mencionado recurso de

reposición:

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En el recurso interpuesto la recurrente insiste en que, el Tribunal

como la Superintendencia valoraron indebidamente las pruebas

que aportó, pues ellas demuestran que sí cumplió con la carga de

efectuar la notificación de dichas respuestas en los términos de los

artículos 68 y 69 del CPACA.

De las pruebas examinadas se tiene que le asiste razón al Tribunal

a quo que denegó las pretensiones de nulidad en tanto que de la

documental aportada es imposible verificar el cumplimiento de la

notificación de las PQR resueltas por ELECTRICARIBE, pues las

pruebas que arrimó no tienen la virtualidad de demostrar con la

certeza que se requiere el que se informó a los usuarios de su

decisión y que fueron enterados de la decisión en observancia de los

artículos 68 y 69 del CPACA.

En efecto, de la revisión visual de las guías aportadas por

ELECTRICARIBE es evidente que su reproducción dificulta por

completo constatar la información allí registrada y en ese orden, es

imposible identificar los datos que allí se colocaron para determinar

que la decisión se notificó. De ahí que no pueda esta Sala conferirle

valor probatorio a esta documental porque no es posible describir

con la comprensión requerida que se realizó una diligencia respecto

de las PQR que tenía a su cargo.

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Todo lo anterior, y ante la no aportación de documental que

permitiera una comprensión efectiva de lo allí registrado, esta Sala

considera que hay lugar a confirmar el fallo del Tribunal por cuanto

se incumplió la carga de la prueba de ELECTRICARIBE, todo lo cual

es suficiente para denegar este cargo.

5.6.4.- DEL ALLANAMIENTO A PETICIONES DE LOS USUARIOS

En lo que corresponde a este reproche se tiene que

ELECTRICARIBE adujo que en sede administrativa y al momento

de interponer el recurso de reposición contra el acto sancionatorio,

en los casos de los usuarios VIVIANA ISABEL RANGEL Y

VLADIMIRO LEÓN, se allanó a las reclamaciones de los usuarios,

de modo que la Superintendencia no podía mantener la sanción en

los mismos términos, conforme con el artículo 2.2.9.5.3 del Decreto

281 de 201741, que prevé:

“[…] Artículo 2.2.9.5.3. Circunstancias de atenuación y de
agravación de la multa por infracciones relacionadas con
el servicio de energía eléctrica. La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios evaluará las siguientes
circunstancias de atenuación y agravación de la multa, por
infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica,
según resulten procedentes:

Causales de agravación.

i) Reincidencia del infractor en la comisión de la conducta.

41
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por infracciones relacionadas con el servicio de energía eléctrica”.

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ii) Existencia de antecedentes o renuencia del infractor en el
cumplimiento de órdenes y/o compromisos fijados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Causales de atenuación.

iii) Colaboración con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en la verificación de los hechos
materia de investigación, en el reconocimiento de la
conducta antijurídica, así como en el suministro de
información y pruebas que permitan la demostración de la
infracción. Para evaluar esta causal de atenuación, se
considerará la etapa procesal en la cual el infractor realizó la
colaboración, así como la conducencia, pertinencia y utilidad
de las pruebas que se suministren.

iv) La adopción de medidas por parte del infractor
incluso después de iniciada la actuación administrativa
y hasta antes de la decisión en firme, para reparar los
perjuicios que la infracción haya causado a los usuarios
y a los demás agentes afectados.

Otras causales de agravación o atenuación.

v) Para el caso específico de las personas naturales se valorará
como causal de agravación o atenuación, según corresponda,
el grado de participación de la persona implicada en la
conducta infractora.

vi) Las demás establecidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”
(Destacado fuera de texto).

Como quedó visto, el artículo 2.2.9.5.3. del Decreto 281 de 2017

dispone que en materia de servicio de energía eléctrica la

Superintendencia debe valorar determinadas circunstancias de

agravación y de atenuación al fijar la cuantía de la multa.

Dentro de estas últimas, se destacan: i) la colaboración con la

Superintendencia en la verificación de los hechos y en el

reconocimiento de la conducta antijurídica, con suministro de

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información y pruebas útiles; y ii) la adopción de medidas, incluso,

después de iniciada la actuación y hasta antes de la decisión en

firme, para reparar los perjuicios causados a los usuarios o demás

agentes.

De la lectura de esta disposición se tiene que contrario a lo planteado

por la parte apelante no eliminan la infracción, sino que operan como

factores de modulación de la sanción, cuyo peso concreto depende

de la etapa procesal en que se produzcan y de la seriedad y eficacia

de la colaboración o de las medidas reparadoras.

Respecto de la primera eventualidad que da lugar a atenuación de la

sanción, la Sala advierte que el comportamiento que Electricaribe

califica como “allanamiento” no consistió en una colaboración

temprana para esclarecer los hechos ni en un reconocimiento

oportuno de la conducta antijurídica durante la instrucción, sino en

actuaciones posteriores.

En efecto, el allanamiento del que se sirve la apelante ocurrió al

interponer el recurso de reposición contra el acto sancionatorio, es

decir cuando la Superintendencia ya había surtido la investigación,

formulado cargos y decidido la imposición de la multa.

Para la Sala, esta situación en realidad no contribuyó a la verificación

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de los hechos ni a la demostración de la infracción de la conducta

endilgada, pues la administración adelantó la investigación y agotó

las etapas que prevé la ley para el ejercicio de la potestad

sancionadora, tales como apertura, descargos y práctica de pruebas;

y solo evidenciada la infracción, fue que la apelante hizo tal

manifestación, lo que pone de manifiesto que no era posible tenerla

con efectos atenuantes debido a que ya se había expedido el acto

sancionatorio.

Respecto de la segunda eventualidad, relativa a las medidas de

reparación a los usuarios afectados, en los casos identificados en la

demanda, la empresa expuso que realizó actuaciones como

corrección de facturación, reversión de cobros, reconocimiento de

los efectos del SAP o “concedido lo solicitado”, para lo cual aporta

como apoyo de su dicho los pantallazos del sistema interno, en el

que se registran expresiones como ajustes o notas en el estado de

cuenta; sin embargo, se insiste, ello no desaparece la infracción y

tampoco deriva en una atenuación de la sanción porque esta debe

darse en etapas que disminuyan la actividad probatoria a cargo de

la entidad sancionatoria.

Además, no hay diferenciación si las actuaciones que adujo como

medidas de reparación fueron resultado de su interés en corregir la

conducta infractora o resultado del cumplimento de los efectos que

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le ordena la ley ante la extemporaneidad de sus decisiones, que

fueron las que examinó y halló probadas el acto sancionatorio.

Así las cosas, el registrar en el sistema un ajuste o un cambio en la

facturación no permite deducir que la reparación del daño derivado

de la falta de respuesta oportuna y de la ausencia de reconocimiento

del SAP, responda a conductas propias de la colaboración que

amerita la atenuación.

En conclusión, ni desde la perspectiva de la colaboración y

reconocimiento de la conducta, ni tampoco como medida de

reparación, se configura en el asunto bajo examen una causal de

atenuación de la sanción en los términos del artículo 2.2.9.5.3 del

Decreto 281 de 2017, por lo que este reproche de la actora no tiene

vocación de prosperar.

5.6.5.- DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO PRIMIGENIO

Bajo este reproche, Electricaribe cuestionó, dentro de los casos de

los usuarios MERY DEL SOCORRO HERRERA, MARIO LAURENS,

ÁNGEL BELEÑO, ROBERTO VILORIA, RODRIGO MATERON,

SILVIO FLÓREZ Y HERNANDO MARRIAGA, el hecho de que en

sede administrativa la Superintendencia, no le concedió la

oportunidad para apelar la Resolución SSPD-20178000147145 de 28

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de agosto de 2017, acto en el que le fue impuesta la sanción

cuestionada.

La apelante insistió en que en sede administrativa debió concederse

el recurso de apelación, en virtud del artículo 113 de la Ley 142 que

prevé:

“[…] ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS
DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa,
contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los
gobernadores, de los ministros, del Superintendente de
Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que
pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los
cinco días siguientes a la notificación o publicación.

Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por
funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los
actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.

Durante el trámite de los recursos pueden completarse las
pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar […]”.

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, como lo ha indicado la

jurisprudencia de esta Sección “[…] cuando sea necesario determinar

cuáles recursos son procedentes en contra de los actos

administrativos que ponen fin a la actuación en materia de servicios

públicos domiciliarios, obligatoriamente tendrá que aplicarse el

artículo 113 de la Ley 142 de 1994 […]”42, ello, por cuanto dicha ley

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.

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es el estatuto especial que fija el régimen jurídico de los servicios

públicos domiciliarios, el cual regula de manera integral el

procedimiento administrativo aplicable a las actuaciones de

inspección, vigilancia y control, así como los recursos contra los

actos unilaterales que las deciden.

El artículo 113 de la Ley 142 establece como regla general que

contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones

administrativas, en este régimen, procede únicamente el recurso de

reposición; y, de manera excepcional, habrá lugar al recurso de

apelación cuando el acto sea expedido por un delegatario de

funcionario distinto del presidente de la República. Precisamente, en

sentencia de 13 de mayo de 202143, decisión que ahora se prohíja,

la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, así:

“[…] 122. Partiendo de esa premisa, cuando la SSPD actúa a
través de sus agentes, sea el Superintendente, los
Superintendentes Delegados o los funcionarios en los
que el Superintendente delegue alguna facultad, deberá
tenerse presente que la facultad primigenia de inspección,
vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios es del
Presidente de la República y, por tanto, éstos actuarán como
sus agentes, en mandato de la designación de tales funciones
por la Ley, como pasa la Sala a explicar en más detalle.

[…]

134. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala prohíja en esta oportunidad, explica que
cuando el Superintendente de Servicios Públicos

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021. Número único de radicación 25000-23-24-000-2004-01160-01. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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Domiciliarios haga uso de la figura de la delegación de
funciones, ha de tenerse presente que está delegando
funciones del Presidente de la República, asignadas a
través de la figura de la desconcentración funcional,
antes referida. En ese orden de ideas, el funcionario en quien
se delegue estará actuando como delegatario de las funciones
del Presidente de la República, quien las ejerce a través del
Superintendente y sus delegados.

135. En este orden de ideas, el término «delegados» deberá
entenderse en su sentido más amplio, esto es, que no
puede limitarse a los Superintendentes Delegados de la
SSPD, sino que ha de abarcar a todos sus agentes, en
quienes el Legislador hubiera realizado la desconcentración
funcional a la que la Sala se ha referido.

136. En esa medida, el artículo 7544 de la Ley 142 de 1994
deberá ser aplicado en el sentido que le dé pleno desarrollo de
los postulados constitucionales y legales de las facultades dadas
al Presidente de la República de inspección, vigilancia y control
de los servicios públicos domiciliarios.

137. Como se explicó en líneas precedentes, tanto para el
titular de la función constitucional como para quien la ley faculta
expresamente para su ejercicio, resulta imposible desarrollar
personalmente todas las medidas que el legislador le
encomendó. Es ahí cuando cobra relevancia la figura de la
delegación, que habilita a quien ejerce una función para
asignarla, con el cumplimiento de los requisitos
constitucionales – arts. 209 y 211- y legales -arts. 9 a 13
de la Ley 489 de 1998- a otro funcionario. En el caso del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que
desarrolla, por asignación legal, las facultades del Presidente
de la República, podrá delegarlas en los funcionarios de esa
entidad.

[…]

44
El contenido de esta norma no hace parte de la sentencia; sin embargo, se transcribe para efectos
del análisis aquí comprendido, junto con el artículo 79 ibidem. Las normas en comento son del siguiente
tenor:
“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES PRESIDENCIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades
que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta
Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del
Superintendente y sus delegados.
[…]
ARTÍCULO 79. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA. Las personas prestadoras de servicios públicos
y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y
143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son
funciones de esta las siguientes:
[…]
25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de
los usuarios […]”.

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144. El criterio jurisprudencial plasmado en la sentencia
citada, que la Sala reitera en esta oportunidad, permite
afirmar que contra la Resolución 3986 de 2004 demandada,
expedida por el Director Territorial Centro de la SSPD
únicamente procede el recurso de reposición, en
aplicación de la excepción contenida en el inciso segundo
del artículo 113 de la Ley 142 de 1994. Lo anterior, por
cuanto el Director Territorial Centro de la SSPD es delegatario
de las funciones constitucionales del Presidente de la República
de imponer sanciones a aquellas empresas que no respondan
en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios,
atribuía a esa Superintendencia por el art 79.25 de la Ley 142
de 1994.

145. En consecuencia, la función referida la ejerce el
Presidente de la República a través del Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y sus delegados o agentes. Así
las cosas, válidamente se puede concluir que, en este
caso, el Director Territorial Centro es delegatario de
funciones constitucionales del Presidente y, en tal
medida, solo procede el recurso de reposición contra los
actos administrativos que expida en ejercicio de tal
atribución […]”. (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, comoquiera que los actos acusados fueron expedidos

por la Dirección General Territorial en ejercicio de facultades

sancionatorias que tienen origen en la competencia constitucional

del presidente, es claro que no eran susceptibles de recurso de

apelación, luego este argumento tampoco tiene vocación de

prosperidad.

5.6.6.- LA SUPERINTENDENCIA SANCIONÓ SIN TENER EN
CUENTA QUE LOS VICIOS EN LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NO GENERA NI LA INEXISTENCIA NI LA
INVALIDEZ DE ESTOS

En el recurso de apelación, Electricaribe sostuvo que el Tribunal

no tuvo en cuenta que la demandada lo sancionó por incurrir en

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vicios de notificación sobre las respuestas que dio a sus usuarios sin

advertir que estos no afectan su existencia o validez.

Para resolver sobre el reparo formulado por la recurrente, la Sala

reitera que la Superintendencia inició la investigación

administrativa contra la actora con ocasión de 60 quejas formuladas

por sus usuarios por presuntamente trasgredir el artículo 158 de la

Ley 142 de 1994, subrogado por el artículo 123 del Decreto Ley 2150

de 1995.

También que a través de las resoluciones demandadas, sancionó a

Electricaribe con multa tras verificar que en 34 de las 60 quejas

presentadas por sus usuarios se trasgredió el artículo 158 de la Ley

142 de 1994, entre otras razones porque no reconoció los efectos

del silencio administrativo positivo frente a las peticiones en que no

había practicado la notificación de sus respuestas debidamente para

con sus usuarios en los términos de los artículos 68 y 69 del CPACA.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala identifica que la

Superintendencia con los actos demandados no cuestionó los

elementos de existencia o de validez de las respuestas que emitió

frente a sus usuarios sino que verificó producto de las quejas

presentadas por los usuarios que la empresa de servicios públicos

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domiciliarios incumplió con la obligación de reconocer los efectos del

silencio administrativo positivo por: i) no contestar oportunamente

sus decisiones y/ ii) no notificarlas debidamente en los términos de

los artículos 68 y 69 del CPACA en concordancia con el 158 de la Ley

142 de 1994.

De ahí que sea oportuno referir con apoyo en la jurisprudencia

reiterada de la Corte Constitucional, entre otras en sentencia T-370

de 2025, que para que una petición se entienda debidamente

contestada deben presentarse los siguientes elementos:

“[…] 14. La sentencia SU-543 de 2023 reiteró la jurisprudencia
de las Salas de Revisión y de la Sala Plena de la Corte sobre el
contenido y alcance del derecho de petición. Allí la Sala Plena
recogió la jurisprudencia vertida en las sentencias T-680 de
2012, T-167 de 2013, C-951 de 2014, T-077 de 2018, T-490 de
2018 y SU-213 de 2021. En esa oportunidad la Corte recordó
que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”. A su vez, dijo que,
según Ley Estatutaria 1755 de 2015, “toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
(…) por motivos de interés general o particular, y a obtener
pronta resolución completa y de fondo”. Además, reiteró que,
según la sentencia C-951 de 2014, el derecho de petición está
integrado por cuatro elementos fundamentales, a saber: (i) la
formulación de la petición, (ii) la pronta resolución, (iii)
la respuesta de fondo y (iv) la notificación de la decisión.

Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición “protege la posibilidad
cierta y efectiva de dirigir a las autoridades o a los
particulares, en los casos que determine la ley,
Formulación
solicitudes respetuosas, sin que éstas se nieguen
a recibirlas o se abstengan de tramitarlas” 45. Los
obligados a cumplir con este derecho “tienen el

45
Ley Estatutaria 1755 de 2015.

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deber de recibir toda clase de petición” 46.
El término de respuesta del derecho de petición
“debe entenderse como un tiempo máximo que
Pronta tiene la administración o el particular para
resolución resolver la solicitud” 47 . Según la Ley 1755 de
2015, este término de respuesta corresponde a
15 días hábiles48.
La respuesta a la petición debe ser de fondo, esto
es49: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”;
(ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera
concreta, lo solicitado, sin información
impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas
o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que
Respuesta “abarque la materia objeto de la petición y sea
de fondo conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo
cual implica “que no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición
aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de
las razones por las cuales la petición resulta o no
procedente”.
La respuesta DEBE SER NOTIFICADA, por
cuanto la notificación es el mecanismo
procesal adecuado “para que la persona
conozca la resolución de las autoridades,
acto que debe sujetarse a lo normado en el
Notificación
capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de
2011”. Esta obligación genera para la
administración la responsabilidad de actuar
con diligencia en aras de que su respuesta
sea conocida50.
Tabla 2. Elementos del derecho fundamental de petición […]”51.

Así las cosas, comoquiera que la Superintendencia encontró

demostrado dentro del trámite administrativo que las peticiones de

los usuarios de la recurrente no fueron notificadas oportunamente,

46
Ley Estatutaria 1755 de 2015.
47
Ley Estatutaria 1755 de 2015.
48
Ley Estatutaria 1755 de 2015.
49
Corte Constitucional, sentencia T-490 de 2018.
50
Corte Constitucional, sentencia T-490 de 2018.
51
Sentencia SU543-23. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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estas debían entenderse por no contestadas en tiempo, por lo que

había lugar a reconocer el silencio administrativo positivo e imponer

la sanción correspondiente, por lo que el reparo formulado no

prospera.

5.6.7.- LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LAS
RESOLUCIONES DEMANDADAS RESPECTO DE LOS
RADICADOS SAP 20178200172432 SASHA URBINA Y
20178200172712 ALIRIA BAEZ

Para establecer si procede el reproche de la apelación planteado por

la demandada, es preciso establecer qué decidió la

Superintendencia respecto de los casos de los usuarios SASHA

URBINA y ALIRIA BAEZ, según la Resolución SSPD-

20178000250635 de 19 de diciembre de 2017, que resolvió el

recurso de reposición contra la sanción impuesta, en el sentido de

confirmar, para estos casos, lo decidido frente a la ocurrencia del

SAP, por las siguientes razones:

5.6.7.1.- PETICIÓN USUARIA SASHA URBINA

“[…]
Num. RADICADO SAP USUARIO/ CÓDIGO RADICADO PETICIÓN / FECHA DE
MANDATARIO RECURSO PETICIÓN
Y/O
RECURSO
32 20178200172432 Sasha Urbina 5311654 RE 19 de
31102020201701996 enero de
2017

En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue radicada
el 19 de enero de 2017; y la empresa ELECTRIFICADORA DEL

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CARIBE S.A. E.S.P. emitió respuesta a la petición objeto de la
presente investigación, el 3 de febrero de 2017 (fl.616 de los
descargos) es decir, dentro del término dispuesto en el artículo
158 de la ley 142 de 1.994.

Teniendo en cuenta que la razón por la cual el despacho
sancionó a la empresa mediante la Resolución SSPD No.
20178000147145 del 2017-08-28, fue no haber enviado la
citación para notificación personal, se procederá con su
análisis detallado, en los siguientes términos:

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación a notificación personal, el 8 de febrero de 2017
(fl.67 del REP), a través de la empresa LECTA.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
remitir aviso el 16 de febrero de 2016 (fl.67 del REP) el cual no
fue debidamente entregado pues no se evidencia en la prueba
de entrega firma de recibido.

Teniendo en cuenta que no fue posible la entrega del aviso, la
empresa debió proceder conforme lo establece el artículo
69 del CPACA "El aviso, con copia integra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en
todo caso en un lugar de acceso al público de la
respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso".

Al analizar el caudal probatorio que reposa en el expediente,
observa el despacho que la empresa no cumplió con el requisito
de publicar en la página web, ni el lugar de acceso al público de
la entidad.

En cuanto a la respuesta de fondo, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha determinado que " ... La efectividad y el
respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados
a que la autoridad requerida, o el particular según se trate,
emitan una respuesta de fondo, clara, congruente (...) la
respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello
preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas, ininteligibles que desorienten el propósito
esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.

De acuerdo con lo anterior, esta Superintendencia encuentra

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que la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., si
incurrió en un Silencio Administrativo Positivo POR LA FALTA
DE RESPUESTA EN DEBIDA FORMA DE LA PETICIÓN
INSTAURADA EL 19 DE ENERO DE 2017, por lo tanto se
CONFIRMA en lo que corresponde a este radicado en todas sus
partes la Resolución SSPD No. 20178000147145 del 2017-08-
28. […]”.

5.6.7.2.- PETICIÓN USUARIA ALIRIA BAEZ

“[…]
Num. RADICADO SAP USUARIO/ CÓDIGO RADICADO FECHA DE
MANDATARIO PETICIÓN / PETICIÓN
RECURSO Y/O
RECURSO
33 20178200172712 Aliria Baez 1043610 RE 12 de enero
9342201604759 de 2017

En el caso bajo estudio, se observa que la petición fue radicada
el 12 de enero de 2017 por lo que contabilizados los quince días
hábiles desde la fecha de presentación de la petición, se tiene
que la empresa tenía plazo hasta el 1 de febrero de 2017 para
emitir respuesta; y la empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE
S.A. E.S.P. probó haber emitido respuesta a la petición objeto
de la presente investigación, el 27 de enero de 2017 (fl.622 de
los descargos) es decir, dentro del término dispuesto en el
artículo 158 de la ley 142 de 1.994.

Teniendo en cuenta que la razón por la cual el despacho
sancionó a la empresa mediante la Resolución SSPD No.
20178000147145 del 2017-08-28, fue por falta de envió de
citación de notificación personal, se procederá con su análisis
detallado, en los siguientes términos:

Respecto del proceso de notificación personal que la empresa
debió surtir, esta Superintendencia encuentra que la empresa
envió la citación a notificación personal, el 30 de enero de 2017
(fl.68 del REP), a través de la empresa LECTA.

Al no haberse acercado el(a) usuario(a) a recibir notificación
personal de la respuesta, se observa que la empresa procede a
remitir aviso el 9 de febrero de 2017(fl.69 del REP), cuya guía
de entrega no cuenta con los requisitos de Ley 1369 de 2009,
puesto que no aparece el número identificación de quien recibió
y el nombre completo del mismo.

De acuerdo con lo anterior, y como la empresa no logro
desvirtuar las razones que dieron pie a la resolución sanción,
esta Superintendencia encuentra que ELECTRIFICADORA DEL

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CARIBE S.A. E.S.P., si incurrió en un Silencio Administrativo
Positivo por la falta de respuesta en debida forma de la petición
instaurada el 12 de enero de 2017, por lo tanto se confirma en
lo que corresponde a este radicado en todas sus partes la
Resolución SSPD No. 20178000147145 del 2017-08-28, ahora
se debe estudiar la sanción a imponer con base en el artículo 81
de la Ley 142 de 1994 […]”.

5.6.7.3.- EXAMEN DE LOS CASOS OBJETO DE RECURSO

La Superintendencia en el radicado SAP 20178200172432

SASHA URBINA sostuvo que había lugar a imponer sanción a

Electricaribe habida cuenta que no cumplió con la carga de publicar

el aviso de notificación de la respuesta suministrada a la usuaria

respecto de su petición de 19 de enero de 2017, teniendo en cuenta

que éste no pudo ser entregado por la empresa de mensajería, en

los términos del artículo 69 del CPACA.

Frente a este caso, Electricaribe en la demanda sostuvo que no

debía impartírsele sanción alguna, pues en dicho caso la demandada

valoró indebidamente la prueba allegada al proceso administrativo

que acreditaba que si envío el aviso, conforme con lo previsto en el

artículo 69 idem.

El Tribunal en la sentencia de primera instancia sostuvo que había

lugar a declarar la nulidad parcial de los actos demandados por

cuanto no podían atribuirse a Electricaribe las irregularidades

encontradas en las constancias de entrega de los avisos remitidos y

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por cuanto no existía disposición alguna que le impusiera la carga de

verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 1369 de

2009.

Ahora, la entidad demandada estima que debe revocarse la decisión

recurrida por cuanto dentro del trámite del procedimiento

sancionatorio se acreditó que las actuaciones y omisiones de

Electricaribe si configuraban el silencio administrativo positivo por

lo que había lugar a imponer la sanción correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que en el caso

particular de la usuaria SASHA URBINA, que: i) la

Superintendencia no impuso sanción por SAP a la actora por la

trasgresión de la Ley 1369 de 2009; ii) que la razón que motivó la

multa fue por no “publicar en la página electrónica y en todo

caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad

por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la

notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente

al retiro del aviso” según lo previsto en el artículo 69 del CPACA,

y iii) que el Tribunal erró al invocar un argumento diferente al que

se consideró en los actos acusados.

Bajo esta conclusión es fácil destacar que le asiste razón a la entidad

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apelante en cuanto no había lugar a declarar la nulidad de las

resoluciones demandadas por el motivo indicado en la sentencia de

primera instancia.

En efecto, la Sala observa que respecto de la notificación practicada

a la señora Sasha Urbina de la respuesta de 3 de febrero de 2017,

Electricaribe en el recurso de reposición interpuesto contra la

Resolución SSPD-20178000147145 de 28 de agosto de 2017

manifestó lo siguiente:

“[…] En el caso del señor (a) SASHA URBINA IGUARAN, con
denuncia realizada de oficio por la SSPD con radicado de
presentación No. 20178200172432, por la no respuesta a los
recursos de ley de fecha 19 de enero de 2017; nos
permitimos comunicarle que al confrontar la información de
nuestro sistema de gestión comercial OPEN SGC encontramos
que fue presentado recurso de reposición en subsidio de
apelación por el señor (a) SASHA URBINA IGUARAN por
escrito, el día 19 de Enero de 2017 para el NIC 5311654,
recibido con RE3110201701996, con el cual presentó Recurso de
Reposición y subsidiario de Apelación contra radicado No.
RE3110201701996 de fecha 11 de enero de 2017.

En el presente caso es menester señalar que la empresa le dio
respuesta con decisión bajo consecutivo N° 4628220 del 03 de
febrero de 2017 se emitió respuesta. Enviándose carta de
citación de fecha 03 de febrero de 2017 a la dirección designada
por el usuario para recibir notificaciones (CALLE 7A No. 14 - 09,
APARTAMENTO 203, SAN CARLOS, VALLEDUPAR), mediante
guía de correo certificado de fecha 08 de febrero de 2017.

Siendo el envío de la citación la casual de la sanción, se procede
a probar el respectivo envío tal como se demuestra en el
siguiente gráfico y el acápite de pruebas; quedando
eliminada la causal de sanción, por lo tanto, se solicita exonerar
a la Empresa ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., del
cargo que se le Imputa.

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De conformidad con lo anterior, se puede colegir que la empresa
si cumplió con la obligación de enviar la notificación
personal, de conformidad con los parámetros exigidos por
la normatividad vigente; y que con la guía de citación
anexada en el acápite de pruebas se prueba de manera tajante
el cumplimiento del respectivo envió de citación y que debido a
la Imposibilidad de entrega de la misma, se procedió a realizar
la respectiva publicación de la citación y notificación por aviso,
tal como se demuestra en el acápite de pruebas.

Debido a que el usuario no se notificó de manera personal y en
cumplimiento de los requisitos de notificación contemplados en
el artículo 69 del CPACA Código de procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, se envía aviso de notificación
de fecha 16 de febrero de 2017.

Se puede observar que la guía fue recibida. Lo que indica que el
usuario si conoció da la decisión, y se notificó de debida forma,
como consta en las respectivas guías de correo certificado,
anexas a este recurso, las cuales se encuentran con firmas de
recibido dentro de los términos legales para surtir en debida
forma la notificación del acto administrativo.

Como se observa en la anterior imagen, la empresa Electricaribe
cumplió con el deber legal de enviar la citación para notificación
personal y posterior aviso a través de la guía de correo
especializado de la empresa LECTA.

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Por todo lo expuesto anteriormente, comedidamente le solicito
tener en cuenta los argumentos y todas las pruebas que se han
aportado y en consecuencia exonerar a la Empresa
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., del cargo que se le
imputa […]”.

Verificado lo anterior, la Sala considera que en el caso objeto de

estudio sí había lugar a imponer sanción a Electricaribe por no

haber notificado debidamente la respuesta respecto de los recursos

interpuestos por la usuaria SASHA URBINA en los términos del

artículo 69 del CPACA.

En efecto, de las pruebas aportadas por Electricaribe se observa

que la guía con la que se pretendía entregar el aviso de notificación

de la respuesta objeto de revisión no fue recibida por ninguna

persona por encontrarse la “casa cerrada”, por lo que al no poder

entregarse el aviso debió proceder a publicarlo con copia integra del

acto administrativo “en la página electrónica y en todo caso en un

lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de

cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se

considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, en

los términos del artículo 69 del CPACA.

Sin embargo, comoquiera que Electricaribe no demostró haber

realizado el anterior procedimiento la notificación de la respuesta a

la usuaria no se surtió, lo que lleva a concluir que en este caso se

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configuró el silencio administrativo, esto es, no se desvirtuó la

legalidad de los actos acusados en relación con esta usuaria.

Por ello, la Sala considera que se revocara la providencia recurrida,

por cuanto en el presente caso no había lugar a declarar la nulidad

de las resoluciones demandadas.

Ahora, en lo que tiene que ver con el radicado SAP

20178200172712 ALIRIA BAEZ, se aprecia que la

Superintendencia tampoco dio validez a la notificación por aviso

debido a que en la constancia de entrega que emitió la empresa de

mensajería no se hizo constar el número identificación de quien

recibió y el nombre completo del mismo, conforme con la Ley 1369,

según lo explicó en la parte de consideraciones, pero sin indicar la

disposición concreta que contiene tal requisito.

En efecto, si bien es cierto que la Ley 1369 establece el régimen de

los servicios postales, también lo es que no se identificó nada en

relación con la notificación por aviso; aun así, en el recurso de

apelación explicó que su decisión se fundó en el literal “e” del

numeral 2.3 del artículo 3° de dicha norma, que prevé:

“[…] ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se
adoptan las siguientes definiciones:

[…]

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2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal urgente
que exige la aplicación y adopción de características especiales
para la recepción, recolección, clasificación, transporte y
entrega de objetos postales hasta de 5 kilogramos. Este peso
será reglamentado por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
[…]
e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de
entrega e identificación de quien recibe […]”.

Para resolver este planteamiento se prohijará el fallo de 28 de

mayo de 2026, en el que se puntualizó:

“[…] En efecto, si bien es cierto que la Ley 1369 establece el
régimen de los servicios postales, también lo es que no se
identificó nada en relación con la notificación por aviso; aun así,
en el recurso de apelación explicó que su decisión se fundó en
el literal “e” del numeral 2.3 del artículo 3° de dicha norma, que
prevé:

“[…] ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para todos los efectos, se
adoptan las siguientes definiciones:

[…] 2.3 Servicio de Mensajería Expresa. Servicio postal
urgente que exige la aplicación y adopción de características
especiales para la recepción, recolección, clasificación,
transporte y entrega de objetos postales hasta de 5
kilogramos. Este peso será reglamentado por la Comisión de
Regulación de Comunicaciones.
[…] e) Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora
de entrega e identificación de quien recibe […]”.

Al respecto, la Sala advierte que el trámite de la notificación
por aviso está regulado en el artículo 69 del CPACA, el cual
dispone que frustrada la notificación personal dentro de los
cinco días siguientes al envío de la citación, esta se surtirá
mediante aviso remitido a la dirección, fax o correo electrónico
que figuren en el expediente o en el registro mercantil,
acompañado de copia íntegra del acto, con las menciones allí
exigidas, y dejando constancia en el expediente de la remisión
y de la fecha en que se entiende surtida la notificación.

La norma no remite a la Ley 1369 ni condiciona la validez de la
notificación a que la guía postal contenga el nombre de la
persona que materialmente recibe el envío, sino al hecho

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jurídicamente relevante de que el aviso sea enviado a la
dirección que obra en el expediente a fin de que se acredite la
entrega en el lugar de destino.

En ese contexto, la Sala concluye que la Superintendencia no
podía soportar su decisión en las exigencias del régimen postal
contenido en la Ley 1369 como requisitos adicionales de validez
de la notificación por aviso, más allá de lo previsto en el artículo
69 del CPACA, motivo que lleva a concluir que no hay lugar a
revocar la decisión, luego este reproche no prospera […]”

Bajo estas consideraciones, la razón que se invocó en los actos

administrativos no representa un requisito adicional en la

notificación de las decisiones emitidas en ejercicio del artículo 158

de la Ley 142 de 1994, lo que lleva a confirma la declaratoria de

nulidad parcial.

5.6.8.- CONCLUSIÓN

Recapitulando lo decidido por esta Corporación se tiene que ante la

prosperidad parcial de los recursos de apelación se: i) MODIFICARÁ

parcialmente la sentencia para declarar la nulidad de los actos

acusados frente a los usuarios JOSÉ MARÍA CONDE, MANUEL

TOMAS e ISAAC MIGUEL GALVÁN, ii) REVOCARÁ parcialmente

la sentencia que declaró la nulidad de los actos acusados frente al

asunto de la usuaria SASHA URBINA y iii) en lo demás se

CONFIRMARÁ el fallo de primera instancia.

Como consecuencia de lo anterior, se MODIFICARÁ el numeral

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segundo del fallo de 2 de noviembre de 2021, frente a la orden de

restablecimiento que se limitará a los asuntos respecto de los cuales

quedó desvirtuada la presunción de legalidad, por las razones

expuestas en esta providencia y en lo demás, se CONFIRMARÁ.

V.7.- COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18852 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP53, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo54, corresponde examinar

si hay lugar a condenar a las partes apelantes.

Comoquiera que en este caso ambas partes apelaron y se mantuvo

la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda con una modificación en los casos

52
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
53
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
54
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y,
valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.

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101

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2018-00803-01
Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

incluidos 55 , la Sala dispone abstenerse de condenar según lo

dispuesto en el numeral 556 del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia de 2

de noviembre de 2021, proferida por la Sección “C” del Tribunal

Administrativo del Atlántico, el cual quedará así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a
título de restablecimiento de derecho, DECLARAR que
Electricaribe S.A. E.S.P. no está obligada al pago de la sanción
impuesta en los actos administrativos Resolución SSPD-
20178000147145 de 2017-08-28 y Resolución SSPD-
20178000250635 de 2017-12-19, respecto del radicado SAP
20178200172712, RE3310201616746, RE2310201600179 y
RE1210201701026 […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 2 de

noviembre de 2021, proferida por la Sección “C” del Tribunal

Administrativo del Atlántico, de conformidad con las razones

expresadas en la parte motiva de esta providencia.

55
En razón a que prosperaron 4 casos de los que integran los cargos de la apelación, 3 para la
demandante que hacen viable que su consecuencia se traslade a la obligación a cargo de
ELECTRICARIBE y 1 más en favor de la entidad demandada que impone mantener la legalidad de la
sanción en dicho asunto en particular.
56
El artículo 365, numeral 5, del CGP dispone: “[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez PODRÁ ABSTENERSE de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión. […]”.

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Actora: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Nulidad y Restablecimiento del Derecho

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia

a las partes recurrentes, por lo expuesto en esta decisión.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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