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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-01731-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2016-01731-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.814.022 (equivalente al 0,03% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2016-01731-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2016-01731-01
Actora: ASOCIACIÓN DE FIELES “HOGAR DE JESÚS”

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL
AVALÚO OFICIAL REALIZADO POR LA SOCIEDAD AVALÚOS Y
TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 10 de julio de 2023, proferida por la

Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia1,

que denegó las pretensiones de la demanda.

I.- LA DEMANDA

I.1. La ASOCIACIÓN DE FIELES “HOGAR DE JESÚS”, a través de

apoderada judicial, promovieron demanda ante el Tribunal, en

ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del

derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en

1
En adelante el Tribunal.

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Actora: ASOCIACIÓN DE FIELES “HOGAR DE JESÚS”

concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…] Solicito al Dignísimo(a) Magistrado(a), se sirva disponer
mediante sentencia las siguientes DECLARACIONES Y
CONDENAS.

5.1. Que se DECLARE LA NULIDAD de LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS: Resolución GG-877 del 11 de diciembre de
2014, Resolución GG-497 del 11 de mayo de 2015 y Resolución
GG-723 del 19 de junio de 2015.

5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, se
CONDENE a los demandados, en aras de restablecer el derecho
de la demandante a pagar en su favor:

5.2.1 El valor real comercial del lote de terreno expropiado
(162.111,00 m2 lote y 133,99 área construida) a la Asociación
de Fieles "Hogar de Jesús", esto es, la suma de SEIS MIL
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIENTOS PESOS M.L. ($6.046.740.300,00), determinada
en el avalúo efectuado por AINKA CONSULTORES S.A., o el
mayor precio por el que sea valorado el terreno que fue
expropiado, ateniendo a prueba pericial que se practicará en
desarrollo del proceso, si fuere el caso.

5.2.2 La condena será actualizada de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en
cuenta la Sentencia de Corte Constitucional que dispone el pago
de intereses moratorios por parte de las entidades públicas, a
partir del momento en que quede ejecutoriada la respectiva
solicitud de asignación.

5.2.3 El valor del lote de terreno será indexado al momento en
que se profiera la sentencia que finiquite el litigio.

5.2.4. Del valor total, capital e intereses, se descontará los
SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISÉIS
MIL CIENTO ONCE PESOS M.L. ($771.126.111,oo) que fueron
pagados el 11 de junio de 2015 […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

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Indicó que es propietaria del 72.22% del bien inmueble ubicado en

la carrera 16DD núm. 65-120 de la ciudad de Medellín, identificado

con la matrícula inmobiliaria 01N-115835 el cual para el momento

en que inició el trámite administrativo se encontraba conformado

por un lote o terreno con una casa de habitación 2.

Señaló que la sociedad Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A.

realizó el avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de septiembre

de 2014 con la finalidad de que la Empresa de Desarrollo Urbano -

EDU3 formulara oferta de compra sobre el inmueble.

Manifestó que la EDU, mediante Resolución núm. GG-877 de 11 de

diciembre de 2014, determinó la adquisición del referido inmueble y

formuló oferta de compra por la suma de $1.089.872.303 por todo

el terreno y la construcción, correspondiéndole la suma de

$787.105.778 de acuerdo con el porcentaje de propiedad que tenía

sobre el predio.

2
Relaciona que según la Escritura Pública 2616 del 19 de septiembre de 2007 de la Notaría Veintiséis
del Círculo de Medellín la descripción y linderos del inmueble son los siguientes: “Un lote de terreno,
con casa de habitación, demás mejoras y anexidades, situado en el Municipio de Medellín, Par aje El
Raizal, denominado tomando como punto de partida el mojón donde inicia la línea recta que sube del
peñón de que se habla en la escritura y que está colocado en el punto más alto, de este mojón que es
de donde empieza el lindero dele terreno vendido, una línea recta ligeramente inclinada hacia el sur
(14 grados) hasta encontrar la cañada de la Quebrada Gallinazo, en cuyo punto se pondrá un mojón;
quebrada abajo hasta donde se ponga otro mojón, el cual será colocado al final de una línea que
partiendo del primer mojón, siguiendo el contrafuerte más oriental. por su parte superior y pasando
por el final de este contrafuerte en su parte más larga, venga a morir a la quebrada, tomando una
línea derecha y la más corta”.
3
En adelante EDU.

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Sostuvo que con el fin de establecer el valor real del inmueble

contrató a la empresa Ainka Consultores S.A. que presentó un

avalúo en el que concluyó que el valor comercial del predio

ascendía a la suma de $6.046.740.300.

Afirmó que la demandada, a través de la Resolución núm. GG-

00497 de 11 de mayo de 2015, ordenó la expropiación por vía

administrativa del inmueble y fijó como precio indemnizatorio la

suma de $1.089.872.303.

Sostuvo que interpuso recurso de reposición contra la anterior

decisión el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. GG-723

de 19 de junio de 2015, en el sentido de confirmar el acto

administrativo recurrido.

I.3- Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora afirmó que la EDU trasgredió sus derechos al

debido proceso y de audiencia y defensa, previstos en los artículos

29 de la Constitución Política y 137 del CPACA, toda vez que no se

dio publicidad al avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de

septiembre de 2014 y no se acogió lo considerado en el avalúo que

aportó dentro del trámite administrativo.

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Indicó que las resoluciones demandadas trasgreden los artículos 58

de la Constitución Política y 17 de la Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano, toda vez que no se pagó un precio

justo por el bien expropiado, debido a que se calculó con un precio

promedio del m2 muy por debajo del comercial.

Manifestó que el valor asignado a las áreas “protectora productora”

y de “protección hídrica” de $10.300 y $6.950 por m2, resulta

irrisorio o simbólico y no corresponde con la realidad del precio

promedio de los predios aledaños.

Explicó que las resoluciones demandadas fueron falsamente

motivadas, toda vez que establecieron el precio indemnizatorio sin

efectuar auditoría técnica alguna sobre el avalúo oficial,

desconociendo el valor real del terreno expropiado, su área y su

condición de predio urbano.

Manifestó que con el avalúo realizado por la empresa Ainka

Consultores S.A. se acreditó que el valor del m2 del terreno es de

$37.300 acorde con la realidad inmobiliaria del sector en donde se

ubica el bien expropiado.

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Afirmó que, conforme con lo previsto en el artículo 19 del Acuerdo

62 de 1999, existe una limitación correspondiente al retiro a

corriente de aguas naturales que afecta 30.755,23m2 del predio, lo

cual no fue tenido en cuenta por el municipio de Medellin 4 al

momento de cobrar el correspondiente impuesto predial.

Expuso que la EDU lo trató de manera diferente frente a otros

predios que expropió en el sector, pues en esos casos valoró y pagó

el precio comercial del terreno sin tener en cuenta un menor valor

por el retiro obligatorio a corrientes de agua.

Indicó que las resoluciones demandadas violaron la ley, habida

cuenta que trasgredieron sus derechos a la propiedad privada, la

justicia y la igualdad, al otorgarle una indemnización que

empobreció su patrimonio.

I.4.- Contestaciones

I.4.1. La EDU señaló que la Resolución núm. GG-877 de 11 de

diciembre de 2014 no presentaba errores en lo que tiene que ver

con el avalúo del inmueble expropiado.

4
A la fecha de expedición de las resoluciones demandadas “municipio de Medellín”. Hoy distrito de
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. En adelante el Municipio.

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Expuso que la empresa Avalúos y Tasaciones de Colombia

Valorar S.A. está debidamente facultada para elaborar los avalúos

de la zona del bien expropiado y fijó el valor de este con

fundamento en las áreas certificadas por la subsecretaria de

Catastro Municipal y los previsto en los artículos 37 de la Ley 9° de

1989, 27 del Decreto Ley 2150 de 1995, 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77,

80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y 11 del Decreto Ley 151 de

1998.

Indicó que el avalúo oficial aplicó el método de comparación o de

mercado para establecer el valor del inmueble expropiado

verificando predios semejantes o comparables, para las zonas de

protección se utilizaron encuestas a peritos avaluadores expertos y

para la construcción se acudió al método de costo de reposición, en

los términos de los artículos 1° y 3° de la Resolución 620 de 2008.

Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva, toda vez que, conforme con lo establecido en el convenio

interadministrativo núm. 4600001369 de 2013, le corresponde

únicamente administrar los recursos para la adquisición de predios

para la ejecución del proyecto Cinturón Verde.

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Señaló que celebró el contrato núm. 306 de 2013 con la empresa

Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A. con la finalidad

de que realizara varios avalúos incluido el del bien inmueble

ubicado en la carrera 16DD núm. 65-120 de la ciudad de Medellín,

identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-115835.

Propuso la excepción de legalidad de los actos administrativos, toda

vez que, las resoluciones núms. GG-00497 de 11 de mayo de 2015

y GG-723 de 19 de junio de 2015 fueron debidamente motivadas y

la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de dichos actos.

Formuló la excepción denominada “falta de causa para pedir” por

cuanto sus actuaciones fueron realizadas con el consentimiento del

Municipio y conforme con los parámetros establecidos en la Ley

388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de

2008.

Propuso las excepciones de “buena fe” y de “inexistencia de la

obligación” pues sostuvo que expidió los actos demandados con

fundamento en lo previsto en las leyes 9° de 1989 y 388 de 1997 y

se basó en un avalúo elaborado por la empresa competente para tal

efecto.

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Formuló la excepción de “enriquecimiento sin causa” habida cuenta

que la parte actora pretende que se le reconozca una suma a la que

no tiene derecho con fundamento en un avalúo que contiene

información errada y contradictoria.

Puso de presente que el avalúo aportado por la actora contenía

contradicciones y errores graves, pues no tiene claridad respecto de

los servicios públicos con los que cuenta el inmueble expropiado, en

especial, lo referente a alcantarillado, red telefónica y acometidas o

red de gas.

Manifestó que, pese a que en el avalúo se afirma que la oferta por

el inmueble es media baja debido a su ubicación y otros factores,

llega a la conclusión errada de que el predio tiene la posibilidad de

valorización y comercialización en el largo plazo.

Afirmó que el área del inmueble señalada en el avalúo de parte es

errada, pues se estima que corresponde a 162.110.99 m2 cuando

conforme con lo reportado por la Subdirección de Catastro

Municipal el área del predio es de 114.369.30 m2.

Sostuvo que el avalúo aportado por la actora no fundamentó como

aplicó las metodologías previstas en la Resolución 620 de 2008 para

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establecer el valor del bien expropiado y por el contrario efectuó

argumentaciones contradictorias y erradas.

Finalmente, solicitó llamar en garantía a la empresa Avalúos y

Tasaciones de Colombia Valorar S.A.

I.4.2. El municipio se opuso a las pretensiones de la demanda.

Precisó que conforme con lo establecido en los decretos 0395 de

2011 y 0543 de 2013 delegó facultades a la EDU en materia de

adquisición de predios y que mediante contrato núm. 4600051360

de 2013 se acordó que esta gerenciaría, coordinaría y realizaría las

actividades tendientes a la adquisición de inmuebles y mejoras del

área de influencia de las obras viales nuevas.

Adujo que el avalúo aportado por la actora adolecía de errores

graves e inexactitudes, toda vez que afirma que el inmueble

expropiado tiene una extensión de 162.111.00 m2 cuando la

realidad es que su extensión es de 114.367,31m2 conforme con lo

estimado en la Resolución núm. 9622 de 2014, expedida por la

Subsecretaría de Catastro Municipal, la cual no es objeto de

demanda en el presente litigio.

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Señaló que dentro del proceso administrativo no se trasgredió el

derecho al debido proceso de la actora, pues tuvo la oportunidad de

controvertir el precio indemnizatorio establecido por la EDU a

través del recurso de reposición, circunstancia distinta es que no se

haya accedido a sus pretensiones.

Indicó que, si bien el derecho a la propiedad privada está amparado

por la Constitución Política, lo cierto es que su protección no es

ilimitada y debe tenerse en cuenta su función social.

Puso de presente que el avalúo aportado por la actora no era

confiable, pues la empresa Ainka Consultores S.A., en un lapso

de 2 meses, elaboró 2 avalúos sobre el mismo predio, que difieren

en el precio indemnizatorio en una suma de aproximadamente

$600.000.000 de pesos, lo cual resta credibilidad a la forma en que

se avaluó el predio expropiado.

Formuló la excepción de caducidad del medio de control toda vez

que, a su juicio, la demanda fue radicada por fuera del lapso de 4

meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA.

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I.4.3. La empresa Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar

S.A. afirmó que el avalúo aportado por la parte actora no reflejaba

el valor real del inmueble expropiado.

Señaló que el avalúo de la parte actora: i) no identificó

debidamente el inmueble, pues cometió errores al establecer su

dirección; ii) no relacionó todos sus propietarios con los porcentajes

del derecho de dominio de cada uno; iii) relacionó normatividad

urbanística errada y no incluyó elementos técnicos que permitan

establecer el valor del bien expropiado; iv) calculó el valor del

inmueble con base en un área que no corresponde a la realidad; y

v) carece de una investigación de mercado que contenga la

información detallada de las fuentes utilizadas para corroborar la

información consignada.

Indicó que el avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de

septiembre de 2014 no fue controvertido por la EDU en los

términos y condiciones establecidos en los artículos 15 y 16 del

Decreto 1420 de 1998.

Manifestó que realizó el avalúo del inmueble teniendo en cuenta sus

características, tales como su destinación, los usos y suelos

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incluyendo en analisis del polígono de intervención conforme con el

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.

Insistió en que el avalúo aportado por la actora no se ajustaba a la

realidad del inmueble, toda vez que no expuso cual era la fuente de

la información en la que se fundó, carece de investigación de

mercado, no explica la forma en la que determinó el valor del m2,

ni aportó los estudios de ofertas o transacciones recientes de bienes

semejantes y comparables para aplicar el método de comparación o

de mercado.

Finalmente, formuló las excepciones denominadas “presunción de

legalidad de los actos administrativos”, “ausencia de los elementos

axiológicos de la pretensión”, “buena fe” y de “inexistencia de la

obligación”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 10 de julio de 2023, el Tribunal denegó las

súplicas de la demanda.

Sostuvo que contrario a lo afirmado por parte actora, no se

trasgredió su derecho al debido proceso toda vez que de la revisión

del procedimiento administrativo se observaba que sí se agotó la

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etapa de negociación directa y que se tuvo la oportunidad de

negociar el precio indemnizatorio del inmueble objeto de

expropiación y de modificarlo, circunstancia distinta es que no se

haya podido llegar a un acuerdo con la entidad demandada.

Señaló que al haber trascurrido un lapso de 30 días sin que se

lograra un acuerdo formal para la enajenación voluntaria del

inmueble, procedía su expropiación por vía administrativa,

conforme con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.

Indicó que la actora no demostró que el área del predio expropiado

fuera superior a la establecida en los actos demandados, por el

contrario, dentro del proceso obraba la Resolución núm. 9622 de 17

de septiembre de 2014 que determinaba que el área del lote del

inmueble es de 114.367,31 m2, que fue tenida en cuenta por el

demandado para expedir los actos acusados.

Sostuvo que el avalúo aportado con la demanda no se ajustaba a la

realidad del inmueble expropiado, pues presentaba inconsistencias

en torno al área del predio y frente a la falta de investigación de

mercado realizada por el perito avaluador para establecer el valor

del m2 del lote de terreno y de la construcción.

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Afirmó que el avalúo no cumplió con la carga de aportar las

investigaciones de mercado de Construdata que dice fueron

aplicadas en el avalúo.

Expuso que el avalúo tampoco especificó cuáles fueron las

características del sector, de oferta y demanda que se tuvieron en

cuenta para la valoración del inmueble, no allegó explicación o

soporte probatorio alguno que sustentara el citado estudio de

mercado, por lo que debía concluirse que carecía de argumentos

técnicos y de apoyo probatorio.

Sobre el avalúo decretado en el proceso y realizado por el perito

Juan Camilo Franco Álzate, tampoco cumplía con los requisitos

previstos en el artículo 10° de la Resolución 620 de 2008, toda vez

que el estudio de mercado elaborado por el perito fue realizado con

fundamento en lo encontrado en varias páginas web, sin embargo,

no fue posible acceder a los enlaces de los mismos, por lo que no

podía corroborarse cuáles fueron exactamente los inmuebles y las

negociaciones particulares y concretas que se tuvieron en cuenta

para realizar la comparación.

Indicó que comoquiera que el dictamen carecía de soporte

probatorio frente al estudio de mercado realizado, no existían

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elementos que permitieran desvirtuar la presunción de legalidad del

avalúo oficial.

Sostuvo que el dictamen decretado omitió exponer las razones

técnicas por las cuales el avalúo que realizó la empresa Avalúos y

Tasaciones de Colombia Valorar S.A. no es correcto y se limitó a

señalar la “información general, información catastral, descripción

del inmueble, linderos, titulación e información jurídica, propósito y

alcance del avalúo, ubicación, topografía, recursos hídricos,

generalidades de las construcciones y obras civiles, entorno,

servicios públicos, vías de acceso e infraestructura, hipótesis y

condiciones restrictivas, sustentación del avalúo, métodos usados

para el avalúo, memoria de cálculo del valor del lote, cuadro de

homogenización; sin que para el caso se puedan analizar los lotes

presuntamente comparables que no cuentan con la fuente de

información y las transacciones que llevaron a esa entidad a tasar

el avalúo comercial”.

Finalmente, no condenó en costas a la parte actora, toda vez que

no se demostró su causación.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

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La parte actora señaló que contrario a lo afirmado por el Tribunal

el avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de septiembre de

2014 no gozaba de presunción de legalidad, toda vez que esta

recaía exclusivamente sobre las resoluciones que ordenaron la

expropiación por vía administrativa y por tanto debía ser analizado

de la misma manera que el avalúo decretado en el proceso.

Manifestó que el dictamen pericial elaborado por el perito Juan

Camilo Franco Álzate sí desvirtuó el precio indemnizatorio

establecido en el avalúo comercial núm. v-09-14-2321, en los

términos del artículo 228 del CGP.

Indicó que el avalúo del perito Juan Camilo Franco Álzate sí cumplía

con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Resolución

620 de 2008, toda vez que señaló cuales eran las ofertas de

mercado extraídas de internet con su link correspondiente y que

estas se encontraban vigentes para enero de 2019.

Afirmó que con las capturas de pantalla se lograba establecer

exactamente cuáles eran los inmuebles ofertados para la fecha de

realización del avalúo.

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Expuso que, si bien los inmuebles usados para la comparación

distan del inmueble objeto de avalúo, debía tenerse en cuenta que

en avalúos de inmuebles rurales la consecución de información se

dificulta, pues en la práctica es poco probable encontrar al menos

tres predios semejantes y comparables alrededor o colindantes del

inmueble que se está avaluando.

Adujo que en el cuadro de estudio de mercado se acreditó la fuente

de información de cada uno de los 5 lotes utilizados para el avalúo

tales como el tipo de inmueble, área, el valor total, el valor por

metro cuadrado y las observaciones particulares de cada oferta.

Sostuvo que contrario a lo afirmado por el Tribunal, en el dictamen

pericial sí se señalaron las comparaciones, simulaciones, cálculos y

operaciones efectuadas para deducir el valor del m2, las cuales se

encuentran visibles en los folios 37 y 38 del dictamen rendido.

Afirmó que el dictamen pericial acredita los requisitos previstos en

el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008, por cuanto de su

revisión se observa que el análisis de mercado cumplía con el

coeficiente de variación del 7.24%.

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Señaló que el avalúo comercial núm. v-09-14-2321 sí presentaba

defectos toda vez que no cumplía con los requisitos previstos en el

artículo 10° de la Resolución 620 de 2008, toda vez que no se

evidenciaba la fecha de publicación de las ofertas utilizadas para

realizar el estudio de mercado.

Indicó que dicha estimación tampoco cumplió con lo previsto en el

artículo 9° de la Resolución 620 de 2008, pues el perito no dejó

constancia bajo la gravedad de juramento en la que se señalara

que al momento de la realización del avalúo no existían ofertas de

venta, arriendo, ni transacciones de bienes comparables al del

objeto de estimación.

Manifestó que el referido avalúo tampoco cumplía con los requisitos

previstos en el artículo 3° de la Resolución 620 de 2008 para

aplicar el método de costo de reposición.

Indicó que en el mentado avalúo no se describió: i) el área de cada

una de las construcciones de las muestras; ii) la vetustez de cada

una de las construcciones de las muestras: iii) el estado de

conservación de cada una de las construcciones de las muestras;

iv) las memorias de cálculo por el método de reposición para el

cálculo del valor del metro cuadrado de cada una de las

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construcciones. v) los valores del metro cuadrado calculado para

dar el valor total de cada una de las construcciones de las

muestras; y vi) no existía ningún registro fotográfico de cada una

de las construcciones de las ofertas, para poder evidenciar el

estado de éstas, acabados, entre otros, y así facilitar el análisis, de

conformidad con el artículo 10° de la Resolución 620 de 2008.

IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de septiembre

de 2023, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 10 de julio de 2023, en los términos

del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley

2080 de 2021.

IV.2.1- La EDU solicitó confirmar la sentencia recurrida, toda vez

que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad

de las resoluciones demandadas.

Señaló que contrario a lo estimado por la recurrente el avalúo

comercial núm. v-09-14-2321 formaba parte de las resoluciones

demandadas por medio de las cuales se ordenó la expropiación por

vía administrativa del inmueble ubicado en la carrera 16DD núm.

65-120 de la ciudad de Medellín y se estableció el precio

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indemnizatorio correspondiente y por lo tanto se encuentra

amparado por la presunción de legalidad de dichos actos

administrativos.

Manifestó que el solo hecho de practicar otro dictamen pericial

dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no

desvirtúa la presunción de legalidad del avalúo oficial, pues es

necesario acreditar que este no cumplió con los indicadores que

sirven de base para determinar el justo precio del inmueble

expropiado.

Insistió en que el avalúo oficial sí cumplió con los requisitos legales

y técnicos teniendo en cuenta el área real del terreno y la aplicación

de los métodos valuatorios previstos en la Resolución 620 de 2008.

Expuso que, contrario a lo afirmado por la recurrente, no es posible

identificar la fuente respecto de la cual se realizó el estudio de

mercado por parte del perito Juan Camilo Franco Álzate.

Indicó que los predios utilizados por el perito Juan Camilo Franco

Álzate se encuentran muy distantes al inmueble objeto de debate,

pues se ubican cerca de la vía nacional Medellín – Bogotá, la vereda

Barro Blanco y el sector aledaño al parque Arví, lugares que distan

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ostensiblemente de la realidad económica, de acceso, topográfica y

de servicios públicos del sector Matasano, vecino al barrio

Llanaditas, en donde efectivamente se ubica el predio expropiado y

cuyo vecindario es principalmente de asentamientos urbanos

ilegales.

Afirmó que no son comparables las condiciones de los predios, pues

los utilizados en el estudio de mercado cuentan con acceso

vehicular y el expropiado no.

Señaló que las veredas en donde se ubican las ofertas de mercado

tenidas en cuenta son de alta y mediana demanda mientras que el

predio expropiado es de rotación muy baja debido a la falta de

transporte y la deficiencia en la prestación de los servicios públicos

domiciliario.

Concluyó que el avalúo decretado en el proceso incurrió en errores

graves que no desvirtúan la legalidad de los actos demandados.

IV.3- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,

no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el

Ministerio Público tampoco rindió concepto.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. GG-00497 de 11 de mayo de 2015, "por la

cual se ordena una expropiación' y GG-723 de 19 de junio de

2015, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”,

expedidas por el IDU, en las que se dispuso la expropiación

administrativa del inmueble de propiedad de la actora en un

72.22%, ubicado en la carrera 16DD núm. 65-120 de la ciudad de

Medellín, identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-115835,

para el cual se fijó un precio indemnizatorio de $787.105.778.

El Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda por

considerar que de la revisión del procedimiento administrativo que

culminó con la expedición de las resoluciones controvertidas se

desprendía que no se había trasgredido el derecho al debido

proceso de la actora pues se le dio la oportunidad de negociar y

controvertir el precio indemnizatorio del inmueble objeto de

expropiación.

Sostuvo que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de

legalidad del avalúo oficial que elaboró la empresa Avalúos y

Tasaciones de Colombia Valorar S.A. en el que se fundaron las

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resoluciones que fijaron el precio indemnizatorio, toda vez que el

avalúo aportado con la demanda presentaba falencias respecto del

área del inmueble y la aplicación del método de comparación o

mercado previsto en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008.

Expuso que el dictamen decretado en el proceso elaborado por el

perito Juan Camilo Franco Álzate tampoco desvirtuó la presunción

de legalidad del avalúo oficial, por cuanto carecía de soporte

probatorio.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso

de apelación, argumentando que contrario a lo afirmado por el a

quo el avalúo oficial no gozaba de presunción de legalidad y el

dictamen pericial elaborado por el perito Juan Camilo Franco Álzate

sí desvirtuaba el precio indemnizatorio fijado en los actos

demandados y cumplía con los requisitos establecidos en los

artículos 10° y 11° de la Resolución 620 de 2008.

Asimismo, señaló que, a su juicio, el avalúo oficial no cumplía con

los requisitos previstos en la Resolución 620 de 2008 para su

elaboración.

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Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha señalado:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.

[…]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y

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reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.

Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 5 (Destacado fuera del texto).

Igualmente, cabe advertir que la Sección en la sentencia de 14 de

mayo de 2009 6, aleccionó sobre los elementos que debe contener la

indemnización, como consecuencia de una expropiación

administrativa, de la siguiente manera:

“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.

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expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como

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consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.

Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)

En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor R AFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a

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quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”

Ahora, para cumplir con los fines de la indemnización en los

términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales

que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones para

el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el artículo 61

de la Ley 388, que es del siguiente tenor:

“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).

El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de

adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se

refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo

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que para dichos efectos realice la entidad correspondiente, el

segundo, además de comprender aquel, contiene el daño

emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que

merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.

En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de

manera que si este no cumple con los requisitos legales que

permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio

técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente

afectado7.

Los actos acusados

La Resolución núm. GG-00497 de 11 de mayo de 2015, “por la

cual se resuelve un recurso de reposición”, estableció el precio

indemnizatorio del bien inmueble ubicado en la carrera 16DD núm.

65-120 identificado con la matrícula inmobiliaria 01N-115835, así:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Ordenar la expropiación por vía
Administrativa de un inmueble, identificado con la matrícula
inmobiliaria No O1N-115835, de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Norte de la ciudad de Medellin, de
propiedad en común y proindiviso de: La ASOCIACIÓN DE
FIELES HOGAR DE JESUS nit. 800.179.346-4. con un 72.220%
del derecho real de dominio, GILMA DE JESUS TOBON

7
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).

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CADAVID. Identificada con cédula de ciudadanía No 43 050
618, Con un 5_556% del derecho real de dominio, OLGA
TOBON CADAVID, identificada con cédula de ciudadanía No
42.986 921, con un 5.556% del derecho real de dominio. DALIA
TOBON CADAVID, identificada con cédula de ciudadanía No
43036 536, con un 5.556% del derecho real de dominio, JESUS
TOBON CADAVID, identificado con cédula de ciudadanía No 70
095.699, Con un 5.556% del derecho real de dominio y SONIA
TOBON CADAVID. identificada con cédula de ciudadanía No
42.976 616. con un 5.556% del derecho real de dominio. cuya
descripción y linderos conforme a la Escritura Pública 2616 del
19 de septiembre de 2007, de la Notaria Veintiséis del Círculo
de Medellin son los siguientes:

“Un lote de terreno, con casa de habitación, demás mejoras y
anexidades, situado en el Municipio de Medellín, paraje EL
RAIZAL. denominado “tomando como punto de partida el mojón
donde inicia la línea recta que sube del peñón de que se habla
en la escritura y que está colocado en el punto más alto, de
este mojón que es de donde empieza el lindero del terreno
vendido, una línea recta ligeramente inclinada hacia el Sur (14
grados) hasta encontrar la cañada de la quebrada Gallinazo, en
cuyo punto se pondrá un mojón: quebrada abajo hasta donde
se ponga otra mojón, el cual será colocado al final de una línea
que partiendo del primer mojón, siguiendo el contrafuerte más
oriental por su parte superior y pasando por el final de este
contrafuerte en su parte más larga, venga a morir a la
quebrada, tomando una línea derecha y la más corta".

Parágrafo 1: Según la Ficha Catastral expedido por la Unidad de
cartografía de la Subsecretaria de Catastro el 06 de agosto de
2014 y Oficio GT-7220 del 8 de agosto de 2014, expedido por la
Unidad de cartografía de la Subsecretaría de Catastro, el predio
tiene un área de lote de 114.367.31 M2 y un área total
construida de 133.99 M2, El inmueble se encuentra ubicado en
el lote identificado con COBAMA 90080000041.

Parágrafo 2: El bien inmueble NO se encuentra sometido a
Reglamento de Propiedad Horizontal.

Parágrafo 3: La adquisición del inmueble descrito en el artículo
primero de la presente resolución, se realiza en virtud del
procedimiento establecido en los artículos 58 y siguientes de la
Ley 388 de 1997 y el mismo será destinado para la ejecución
del proyecto de utilidad pública denominado Ecoparque
Golondrinas, según lo establece la Resolución No 461 del 07 de
noviembre de 2014, "Por medio de la cual se declara situación
de urgencia para la adquisición de inmuebles con destino…”.

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ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN Los propietarios actuales,
adquirieron el derecho de dominio y posesión del bien inmueble
de la siguiente forma:

• La ASOCIACIÓN DE FIELES HOGAR DE JESUS, adquirió el
50% del derecho real de dominio, por compraventa a la PIA
SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS BELTRAN
MEDELLIN, según Escritura Pública No 221 del 11 de febrero de
1998, de la Notaria Veintiséis del Círculo de Medellin, acto
debidamente registrado en la anotación número No 06 del folio
de matrícula inmobiliaria número O1N-115835.

• La ASOCIACIÓN DE FIELES HOGAR DE JESUS, adquirió el
22.22% del derecho real de dominio, por donación del derecho
de la PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA SAN LUIS
BELTRAN MEDELLIN, según Escritura Pública No 2616 del 19 de
septiembre de 2007, de la Notaria Veintiséis del Círculo de
Medellin, acto debidamente registrado en la anotación número
No 09 del folio de matrícula Inmobiliaria número O1N-115835.

• Los Señores GILMA, JESUS, SONIA, OLGA y DALIA TOBON
CADAVID, adquirieron cada uno un 5.556%, del derecho real de
dominio, en la sucesión de CARLOS TOBON CORREA. según la
sentencia s.n del 14 de junio de 1980, del juzgado Sexto Civil
del Circuito de Medellín, acto debidamente registrado en la
anotación número No 05 del folio de matrícula inmobiliaria
número O1N- 115835.

ARTÍCULO TERCERO INDEMNIZACIÓN. La indemnización de la
presente expropiación es conforme al avalúo comercial V-09-
14-2321 del 30 de septiembre de 2014, realizado por la
sociedad avaluadora AVALÚOS Y TASACIONES DE COLOMBIA
VALORAR S.A. identificada con el NIT 900 232 534-1, con
Registro Nacional de Avaluador No, J-015, por la suma de MIL
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M.L. (S 1.089.872.303).

Parágrafo 1: Para determinar el valor de la indemnización y su
forma de pago, el Municipio de Medellin consultó. no sólo los
intereses de la persona expropiada, sino los de la comunidad,
en razón de ello el pago de la indemnización se efectuará en un
solo contado.

Parágrafo 2: De acuerdo con el numeral 2 del artículo 70 de la
ley 388 de 1997, establece que:

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Actora: ASOCIACIÓN DE FIELES “HOGAR DE JESÚS”

"La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso. el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregar copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

Parágrafo 3: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El pago se hará
con cargo a los Certificados de disponibilidad y Certificados de
Compromiso presupuestal expedidos por la Empresa de
Desarrollo urbano-EDU-. Así:

Parágrafo 4: La Entidad Financiera autorizada para lo
relacionado con la consignación indicada en la presente
Resolución, es el Banco Agrario de Colombia, Sucursal
Carabobo Medellín, ubicado en la carrera 52 No 49-66, de la
nomenclatura actual del Municipio de Medellín.

Parágrafo 5: Copia de la consignación se entregará al Tribunal
Administrativo de Antioquia, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente hecho el pago de conformidad
con la Ley.

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ARTÍCULO CUARTO: DESTINACIÓN. El inmueble objeto de esta
expropiación, será destinado al proyecto Cinturón Verde
Metropolitano, Ecoparque Golondrinas.

ARTÍCULO QUINTO: CANCELACIÓN DE OFERTA. se solicita al
Señor Registrador ordenar la cancelación de la oferta de
compra formulada por el Municipio de Medellin, mediante la
Resolución No GG-0877 del 11 de diciembre de 2014,
modificada por la Resolución No GG-167 del 05 de marzo de
2015, en el folio de la matrícula inmobiliaria No O1N-115835,
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellin
Zona Norte.

ARTÍCULO SEXTO: ORDEN DE INSCRIPCIÓN. una vez cancelada
la oferta de compra y notificada la presente Resolución, será
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Medellín Zona Norte, para que se surtan los efectos atinentes a
la transferencia del derecho de dominio en cabeza del Municipio
de Medellin - NIT 890905211-1. de conformidad con el numeral
4 del artículo 68 de la Ley 388 de 1997 y numeral 1 del artículo
70 de la misma Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: ENTREGA MATERIAL Efectuado el registro
de la presente resolución, se exigirá la entrega material del lote
de terreno objeto de esta expropiación junto con todo lo que en
él este contenido, sin necesidad de intervención judicial […]”.

Por su parte, la Resolución GG-723 de 19 de junio de 2015

resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora contra lo

decidido en la Resolución GG-00497 de 11 de mayo de 2015, en el

sentido de confirmar la decisión recurrida.

Caso concreto

Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, de la siguiente manera:

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• Sobre la presunción de legalidad del avalúo comercial núm.
v-09-14-2321 de 30 de septiembre de 2014 y el avalúo
decretado dentro del proceso

La recurrente estima que el Tribunal erró al afirmar que el avalúo

comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de septiembre de 2014 goza

de presunción de legalidad toda vez que esta se predica únicamente

respecto de las resoluciones GG-00497 de 11 de mayo de 2015 y

GG-723 de 19 de junio de 2015 y por tanto debía ser analizado de

la misma manera que el avalúo decretado en el proceso.

Al respecto, la Sala considera que no asiste la razón a la recurrente,

habida cuenta que conforme con la jurisprudencia reiterada de la

Sección, el avalúo comercial forma parte integral del acto

administrativo que decreta la expropiación, por lo que se encuentra

amparado por la misma presunción de legalidad y certeza que se

predica de las decisiones definitivas de la Administración, y debe

tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que

corresponde a quien recurre, en este caso, a la demandante,

demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,

acreditando precisamente sus incorreciones.

En efecto, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala precisó:

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“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante
a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el
precio del inmueble establecido por la administración se
determinó como resultado de la aplicación del “MÉTODO
COMPARATIVO DE MERCADO”, que “Consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de
inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de
tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se
asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos
recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los
avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer
la anunciada comparación, lo cual permite concluir que
contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal
cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del
Municipio demandado formula en su apelación contra el
dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la
mencionada información, el avalúo practicado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo
probatorio.

No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho
valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en
contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de
demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su incorrección
[…].” (Destacado fuera de texto).

Por lo anterior, la Sala reitera que es a la parte demandante a la

que le corresponde desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo

oficial demostrando sus incorrecciones.

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Ahora, la parte recurrente estima que el avalúo decretado en el

proceso y practicado por el perito Juan Camilo Franco Álzate

demostró que la estimación oficial tenida en cuenta para expedir los

actos demandados era incorrecta.

Al respecto, la Sala advierte que el avalúo oficial v-09-14-2321

aplicó el método comparativo o de mercado con la finalidad de

establecer el valor del terreno conforme con lo establecido en el

artículo 1° de la Resolución 620 de 2008 diferenciando el precio del

m2 de las zonas de “área protectora productora” y “de protección

hídrica”, mientras que para fijar el valor de las construcciones

acudió al método de costo de reposición previsto en el artículo 3°

idem.

De la revisión del avalúo decretado en el proceso y elaborado por el

perito Juan Camilo Franco Álzate, la Sala observa que este

manifestó aplicar los mismos métodos para establecer el valor

comercial del inmueble.

Sobre el método de costo de comparación o de mercado, el artículo

1° de la Resolución 620 de 2008, “Por la cual se establecen los

procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la

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Ley 388 de 1997”, expedida por el Instituto Geográfico Agustin

Codazzi, establece:

“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.

Respecto de la aplicación del mencionado método los artículos 10°,

11 y 12 idem señalan:

“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

ARTÍCULO 11. DE LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS
ESTADÍSTICOS Y LA ASIGNACIÓN DE LOS
VALORES. Cuando para el avalúo se haya utilizado información
de mercado de documentos escritos, estos deben ser

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verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en
los cálculos estadísticos.

Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los
eventos de no existir mercado. En los casos que existan datos
de ofertas, de transacciones o de renta producto de la
aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser
tenida en cuenta para la estimación del valor medio a asignar.

Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y
la más usual es la media aritmética. Siempre que se acuda a
medidas de tendencia central, es necesario calcular indicadores
de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de
variación.

Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
más probable valor asignable al bien.

Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar el número de puntos de
investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor
medio encontrado.

En caso de que el perito desee separarse del valor medio
encontrado, deberá calcular el coeficiente de asimetría (ver
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer hacia
dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá
sobrepasar el porcentaje encontrado en las medidas de
dispersión.

Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las
construcciones y se quieran trabajar en un sistema de ajuste de
regresión, será necesario que se haga por lo menos el ajuste
para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas
Estadísticas) y se tomará la más representativa del mercado.

ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.

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En cuanto al método de costo de reposición, el artículo 3° idem

prevé:

“[…] ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. Es el
que busca establecer el valor comercial del bien objeto de
avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a
precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y
restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le
debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se
utilizará la siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno […]”.

Frente a su aplicación el artículo 13 idem prevé:

“[…] ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE
REPOSICIÓN. En desarrollo de este método se debe entender
por costo total de la construcción la suma de los costos
directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del
proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos
para la construcción, se debe tener especial atención con los
costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el
bien objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.

PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que
posea el bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta

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la vida remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante […]”.

Verificado el avalúo elaborado por el perito Juan Camilo Franco

Álzate, la Sala observa que para establecer el valor del terreno se

utilizó el método de comparación o de mercado para lo cual acudió

a la revisión de distintos sitios web y ubicó 5 predios con los que

realizó el estudio de mercado; sin embargo, de la revisión de la

información suministrada, se observa que los precios allí indicados

corresponden a ofertas realizadas en el año 2019, es decir, 5 años

después de practicado el avalúo oficial efectuado en 2014, por lo

que no pueden compararse los resultados de ambos avalúos por no

compartir las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar al

momento de su realización.

Sobre el tema, se pone de presente que, conforme con la

jurisprudencia de la Sección 8, la fecha que se tiene en cuenta para

establecer el valor real del inmueble resulta ser relevante, dadas

las dinámicas del mercado inmobiliario, por lo que no es posible

comparar el avalúo oficial con el decretado en el proceso.

Aunado a lo anterior, de la revisión de la información consignada en

el avalúo decretado en el proceso sobre los inmuebles utilizados

8
Al respecto, ver sentencia de 29 de febrero de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación
73001233100020120017101).

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para realizar el estudio de mercado, se observa que al menos 3 de

ellos cuentan con construcciones, respecto de las cuales no se hizo

mención alguna en el dictamen al momento de calcular el valor del

m2 de cada terreno, por lo que no hay claridad respecto de cómo

se estableció el valor promedio que se tuvo en cuenta para

determinar el precio del inmueble expropiado, pues se limitó a

señalar que “homogeneizó los predios” teniendo en cuenta los

factores de “fuente ubicación y tamaño” sin señalar como efectuó el

análisis correspondiente y si tuvo o no en cuenta las construcciones

existentes en ellos y que influyen en su precio de mercado.

Igualmente, revisados el avalúo oficial y el practicado por el perito

Juan Camilo Franco Álzate se observa que el último presenta una

diferencia considerable en el análisis de mercado frente al tipo de

terreno, pues mientras que en el primero se distinguió el valor del

precio del m2 respecto de las zonas de “área protectora productora”

y “de protección hídrica”, en el decretado dentro del proceso se

elaboró el avalúo de forma general sin tener en cuenta dicha

diferenciación y sin justificar las razones por las cuales no había

lugar a ello, lo cual le resta valor probatorio.

Finalmente, de la revisión del avalúo elaborado por el perito Juan

Camilo Franco Álzate, se advierte que se limitó a señalar que el

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precio comercial del inmueble expropiado era superior al valor

indicado en el avalúo oficial, sin que se señalara en parte alguna

cuáles eran los errores en que incurrió la sociedad Avalúos y

Tasaciones De Colombia Valorar S.A. al avaluar el inmueble,

circunstancia que tampoco resulta suficiente para desvirtuar la

legalidad del precio indemnizatorio establecido en los actos

demandados.

Sobre el tema, la Sección Primera, en sentencia de 31 de julio de

2025 9, sostuvo lo siguiente:

“[…] no es de recibo que los argumentos que sustentan la
incorrección del avalúo oficial, que fundamentaron la expedición
de los actos administrativos acusados, sean que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente para
decretar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Así discurrió la Sección, en la citada providencia:

“[...] 68. En esa línea, se observa que estos avalúos más allá de
controvertir o desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo
AV-466-07-36549-IDU realizado por la Lonja Inmobiliaria de
Bogotá sobre el cual se sustentó la expedición de los actos
demandados, presentan características generales
correspondientes a cualquier avalúo; razón por la cual no le
asiste razón al accionante cuando indica que el a quo no tomó en
cuenta estos avalúos, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan pruebas sobre las cuales se pueda determinar que el
avalúo comercial realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá es
errado y no se encuentra ajustado a las normas sobre avalúos.,
valga decir, no desvirtúa la presunción de legalidad que los
cobija.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio
de 2025. Proceso núm.: 08001-23-31-000-2006-02656 -02; M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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69. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de
Estado ha indicado que se presume la legalidad del acto
administrativo que incorporó el avalúo oficial, aun cuando
en el informe técnico no se precisan las operaciones o la
forma como fueron calculados los valores
correspondientes, por ello la parte demandante debe
aportar las pruebas para demostrar los errores de este. En
este contexto, esta Sección, mediante sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, expuso lo siguiente:

“[…] La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca
de los avalúos comerciales practicados por las entidades
legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la
indemnización en los eventos de expropiación y ha concluido
que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las
operaciones o la forma como fueron calculados los valores a
partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la
medida en que dicho precio hace parte del acto administrativo
mediante el cual se dispone la expropiación, se presume
ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde
al interesado desvirtuar tal presunción.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 2009, la Sala,
sobre el particular, expresó lo siguiente:

“[…] Observa esta Corporación que si bien en el avalúo
elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal,
obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se
anuncia que el precio del inmueble establecido por la
administración se determinó como resultado de la
aplicación del “MÉTODO COMPARATIVO DE MERCADO”,
que “Consiste en deducir el precio por comparación de
transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o
equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y
localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se
han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la
de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad
Raíz de Medellín S. A., sobre operaciones y avalúos
efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo
cierto es que en ninguno de los apartes de dicho
documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron
exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos
recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la
anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra
el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían
exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio
demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido
por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada

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información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de
Catastro Municipal también estaría desprovisto de
argumentos técnicos y de apoyo probatorio.

No obstante, lo anterior, al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados,
debe entenderse que el mismo se encuentra amparado
por la misma presunción de legalidad y de certeza que se
predica de las decisiones de la administración, lo cual
admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el
proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección10 […].” (la Sala destaca)
[…]”11

74. Así las cosas, no es de recibo para esta Sala que los
argumentos que sustentan la incorrección del avalúo
realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C., y que
sustentó la expedición de los actos administrativos
acusados, sea que no se indicó los inmuebles con los
cuales se realizó la comparación y que al ser mayor el
precio del avalúo comercial determinado en los avalúos
contratados por el demandante, ello resulte suficiente
para decretar la nulidad parcial de estos [...].” (Destacado
fuera de texto).

Por ello, la Sala considera que le asistió la razón al Tribunal

cuando consideró que la parte actora no logró desvirtuar la

presunción de legalidad del avalúo oficial núm. v-09-14-2321 de 30

de septiembre de 2014 con el decretado dentro del proceso, por lo

tanto, no se acreditó que el precio indemnizatorio establecido en las

resoluciones núms. GG-00497 de 11 de mayo de 2015 y GG-723 de

19 de junio de 2015 no fuera justo y, por lo tanto, no prospera el

cargo.

10
Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 14 de mayo de 2009, Expediente No. 2005-
03509-01. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de
radicación:08001233100019971225601

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• Sobre los reparos formulados en el recurso frente al avalúo

comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de septiembre de 2014

En lo que tiene que ver con los reparos de la parte actora frente a

las presuntas falencias del avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de

30 de septiembre de 2014 en que se fundaron los actos

administrativos demandados, respecto del incumplimiento de los

requisitos establecidos en los artículos 3°, 9° y 10° de la Resolución

620 de 2008, la Sala advierte que dicho planteamiento solo fue

aducido en el recurso de apelación, lo que constituye un nuevo

cargo contra los actos acusados que no fue invocado en la

demanda, situación que a todas luces resulta improcedente, no solo

por ser extemporáneo, pues se insiste en que el momento procesal

oportuno era la demanda o su adición, sino también porque de

acogerse su estudio se violaría el derecho de defensa y

contradicción de la parte demandada en el proceso, siendo deber

del juez hacer efectiva la igualdad de estas en el mismo.

Así lo ha sostenido esta Sección en varios pronunciamientos, entre

ellos, la sentencia de 31 de mayo de 201812, en la que se señaló:

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
mayo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-40-000-2008-
00074-02.

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“[…] la Sala debe puntualizar que los motivos de
inconformidad de la parte apelante involucran normas que no
fueron invocadas en la demanda como violadas, pues las
indicadas en ésta se circunscribieron a los artículos 29 y 58
de la Constitución Política y 66 de la Ley 388.

A este respecto conviene poner de presente que la
invocación de nuevas normas en esta instancia
significa, ni más ni menos, la formulación de nuevos
cargos contra los actos acusados, lo cual resulta a
todas luces improcedente, no solamente por
extemporáneos, pues el momento procesal es en la demanda
o su adición, sino en razón a que de acometer su estudio se
estaría violando el derecho de defensa de la parte
demandada en el proceso y el deber del juez de hacer
efectiva la igualdad de las partes en el mismo.

Por consiguiente, la Sala solo se referirá a los
cuestionamientos que formula el recurrente con base en los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política y 66 de la Ley
388, y no así a los artículos 187, 252 del C de PC, ni al cargo
de falsa motivación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 8 de octubre de 202013, la Sección

consideró que el ad quem no puede abordar materias o cuestiones

que se plantean en la apelación, que no hacen parte del concepto

de violación del libelo, ni de lo que la sentencia de primera instancia

estudió, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales

al debido proceso y de defensa de la contraparte en el proceso, en

los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que en los
procesos ordinarios el recurso de apelación tiene límites,
toda vez que debe guardar correspondencia con el petitum
de la demanda, los fundamentos fácticos y jurídicos que la
sustentan, los argumentos de oposición a la misma y las
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de
octubre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2017-
00135-01.

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consideraciones que sirven de sustento al a quo para
fundamentar la sentencia. Sobre el particular, esta Sección
precisó:

“[…] Esta Sala de decisión se limitará a conocer solamente de
los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso,
pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el
marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

[…] Sobre el particular, esta Sección en diversas
oportunidades ha puesto de presente que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que
esté facultado para pronunciarse sobre aspectos o puntos de
la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede
abordar materias o cuestiones que se plantean en la
apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió” […] La Sala reitera que en virtud de
los principios de lealtad procesal, contradicción y de
defensa y la congruencia que debe existir entre el
recurso, la sentencia censurada, el concepto de
violación de la demanda y los argumentos expuestos
en la contestación de la misma, imponen que al
apelante le esté vedado exponer en el recurso de
apelación hechos, cargos y presentar pretensiones
nuevas que no alegó ni en la demanda ni en la
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede
abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es
su deber salvaguardar los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso […]”14. (Resaltado fuera de texto).

Es oportuno reiterar que el recurso de apelación tiene como
finalidad controvertir las decisiones proferidas, en primera
instancia, es decir, su contenido y análisis jurídico y
probatorio, para que el superior funcional las revoque,
modifique o adicione; en esa medida, no es un
instrumento para incluir cargos nuevos en contra del
acto administrativo acusado porque ello desconocería los
principios de lealtad procesal, contradicción, defensa y
congruencia que debe existir entre el recurso y la sentencia
apelada. […]” (Destacado fuera de texto).

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 08001 23 31 000
2009 01122 01.

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Por consiguiente, la Sala no puede hacer pronunciamiento de fondo

alguno sobre el nuevo cargo, habida cuenta que solo fue invocado

como argumento de defensa en el recurso de apelación. Proceder

de manera contraria rompería el equilibrio procesal y la igualdad de

las partes, pues la demandada no tendría la posibilidad de

controvertir y desvirtuar los nuevos argumentos, en tanto no fue

planteado en la demanda15.

Asimismo, en gracia de discusión, los argumentos expuestos por la

recurrente tampoco tienen vocación de prosperidad, toda vez que,

como ya se dijo, el avalúo comercial núm. v-09-14-2321 de 30 de

septiembre de 2014 forma parte integral de las resoluciones que

decretaron la expropiación del inmueble ubicado en la carrera 16DD

núm. 65-120 de la ciudad de Medellín, por lo que se encuentra

amparado por la misma presunción de legalidad y por lo tanto, la

parte actora tenía la carga de demostrar sus incorrecciones,

circunstancia que no ocurrió en el presente caso.

• Conclusión

Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados

por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación
23001233300420160014301.

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necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a

los actos administrativos acusados, toda vez en el plenario no se

encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección

del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio

indemnizatorio reconocido y pagado al actor, con ocasión de la

expropiación administrativa dispuesta mediante las resoluciones

acusadas.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Costas procesales

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18816 del CPACA, en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP17, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo 18, la Sala condenará a la parte apelante,

16
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
17
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
18
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.

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en los términos del numeral 3 del artículo 365 19 ibidem, al pago de

las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso 20 y por las agencias en derecho 21”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada través de apoderado judicial.

Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación se

sujetará a la liquidación 22 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

19
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
20
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.

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Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP23, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $1.814.022 (equivalente al 0,03% del valor de las

pretensiones 24) a favor del EDU, toda vez que se encuentra

acreditado que participó dentro del proceso en segunda instancia, a

través del escrito por medio del cual se opuso al recurso de

apelación interpuesto por la parte actora. Lo anterior, de

conformidad con las tarifas establecidas en el del artículo 6°25 del

Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,

la calidad y duración de la gestión realizada por la parte

vencedora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

23
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
24
De conformidad con el folio 23 del C. Principal de primera instancia, el valor de las pretensiones
corresponde a $6.046.740.300.
25
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2023,

proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal

Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la

demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte

actora y en favor de la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $1.814.022

(equivalente al 0,03% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

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GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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