Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2019-02641-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2019-02641-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2019-02641-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia:MEDIO DECONTROL DENULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2019-02641-01
Actora: MARÍA ELENA FRANCO GIRALDO
TESIS: EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE FORMULA OFERTA
DE COMPRA NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL –
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. EL PRECIO INDEMNIZATORIO
FIJADO PARA EL VALOR DEL INMUEBLE DEBE SER JUSTO, RAZONABLE
Y PROPORCIONAL. EL VALOR CATASTRAL NO ES EL ÚNICO FACTOR A
TENER EN CUENTA PARA ESTABLECER SU PRECIO. SE REVOCA LA
PROVIDENCIA RECURRIDA FRENTE AL DAÑO EMERGENTE
RECONOCIDO, TODA VEZ QUE ELLO NO FUE PEDIDO EN LA DEMANDA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de las partes actora y demandada contra la sentencia
de 23 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia1, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I.- LA DEMANDA
I.1. La señora MARÍA ELENA FRANCO GIRALDO, a través de
apoderado judicial, promovió demanda ante el Tribunal, en
1
En adelante el Tribunal.
2
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Actora: MARÍA ELENA FRANCO GIRALDO
ejercicio de la acción especial de nulidad y restablecimiento del
derecho, establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 138 del CPACA, en la que formuló las
siguientes pretensiones:
“[…] 1).- Que se declare nula la resolución número setecientos
treinta y seis (#736) del día treinta (30) de Agosto del año dos
mil dieciocho (2.018) expedida por la Alcaldía de Rionegro
(Ant.), con el folio de matrícula inmobiliaria número: 020-
19431, resolución por medio de la cual se dio conocer la oferta
de compra en lo relativo al valor total real del inmueble objeto
de expropiación.
2).- Que se declare nula Resolución número siete del díe siete
(# 07) de Enero del dos mil diecinueve (2.019), mediante la
cual igualmente el Alcalde Municipal de Rionegro (Ant.), que
decrete la expropiación del inmueble de matrícula inmobiliaria
número: 020-19431.
3).- Que se declare nula Resolución número cuatrocientos
veintitrés (#423) del día treinta (30) de Abril del año dos mil
diecinueve (2.019), que decide desfavorablemente del recurso
de reposición.
4).- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 71 numeral 7,
literales: d) y 8 de la Ley 388 de mil novecientos noventa y
siete (1.997), se restablezca el derecho de la señora: MARIA
ELENA FRANCO GIRALDO, en el sentido de que se ordene al
Municipio de Rionegro (Ant.), cancelar de contado a mi
representada el reajuste al valor real del metro cuadrado en el
mercado inmobiliario del inmueble expropiado, a la fecha en
que quedo en firme la expropiación, reajuste que se estima
para efectos de esta demanda en la suma de CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
PESOS ($ 158'420.000,00), o el mayor precio que se logre
demostrar dentro del proceso de acción medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 71 y SS. De la Ley
388 de 1.997).
5).- Que se ordene al Municipio de Rionegro (Ant.) cancelar de
contado a mi representada, la suma anterior, pero actualizada
al valor que corresponda a la fecha de ejecución de la sentencia
que ponga fin al proceso.
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Actora: MARÍA ELENA FRANCO GIRALDO
6).- Que se ordene al Municipio de Rionegro (Ant.), cancelar a
mi representada, la suma a que se refiere el numeral tercero
(3) de este acápite, más los intereses bancarios corrientes que
tal cifra haya podido producir desde el momento en que la
expropiación quedó en firme, el día treinta (30) de Abril del año
dos mil diecinueve (2.019), hasta el momento en que quede
ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso.
7).- Que se ordene al Municipio de Rionegro (Ant.), cancelar de
contado a mi representada: MARIA ELENA FRANCO GIRALDO la
suma correspondiente a las primas y compensaciones ofrecidas
en la enajenación voluntaria, o la mayor que se logre demostrar
en el proceso.
8).- Que se ordene al Municipio de Rionegro (Ant.), cancelar de
contado a mi representada, la suma anterior, pero actualizada
al valor que corresponda a la fecha de ejecución de la sentencia
que ponga fin al proceso.
9).- Que se ordene al Municipio de Rionegro (Ant.), cancelar de
contado a mi representada, la suma a que se refiere el numeral
sexto (6) de este acápite, de acuerdo con los intereses
Bancarios corrientes que dicha cifra haya podido producir desde
el momento en que la expropiación quedo en firme, el día el día
treinta (30) de Abril del año dos mil diecinueve (2.019) hasta el
momento en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin
al proceso.
10).- Que se dé cumplimiento a la sentencia respectiva en los
términos de los artículos: 176, 177, y 178 del Código
Contencioso Administrativo.
11).- Que se condene en costas y Agencias en derecho al
Municipio de Rionegro (Ant.) […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
Indicó que es propietaria del bien inmueble ubicado en la calle 49
núm. 52-47 del municipio de Ríonegro, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria núm. 020-19431.
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Señaló que el municipio de Rionegro2, mediante la Resolución
1233 de 22 de diciembre de 2017, declaró la situación de urgencia
por motivos de utilidad pública e interés social con el objeto de
adquirir unos predios para el plan vial del ente territorial.
Manifestó que la firma Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria
realizó el avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II de 18 de
julio de 2018, con la finalidad de que el Municipio formulara oferta
de compra sobre el inmueble.
Adujó que el Municipio, mediante la Resolución núm. 736 de 30 de
agosto de 2018, determinó la adquisición de su inmueble y formuló
oferta de compra por las sumas de $58.490.460 por valor del
terreno y $1.999.595 por concepto de daño emergente.
Sostuvo que a través de oficio de 26 de noviembre de 2018 solicitó
la revisión del avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II de
18 de julio de 2018, por cuanto, a su juicio, la Corporación
Avalúos Lonja Inmobiliaria aplicó indebidamente el método de
comparación o de mercado previsto en el artículo 10º de la
Resolución 620 de 2008, pues fundamentó su estudio de mercado
en inmuebles que no eran comparables con el expropiado.
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En adelante el Municipio.
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Expuso que la Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria confirmó
el precio indemnizatorio establecido en el avalúo corporativo núm.
PVR-011-MN-0040 V. II de 18 de julio de 2018, con fundamento en
un nuevo estudio de mercado.
Manifestó que el Municipio, mediante la Resolución 007 de 2 de
enero de 2019, ordenó la expropiación por vía administrativa del
inmueble de su propiedad y fijó como precio indemnizatorio la suma
de $4.235.154.
Expuso que inconforme con lo anterior interpuso recurso de
reposición que fue resuelto a través de la Resolución núm. 423 de
30 de abril de 2019, en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
I.3- Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora afirmó que las resoluciones demandadas fueron
falsamente motivadas, toda vez que el precio indemnizatorio
reconocido a su favor no corresponde a la realidad del inmueble y
fue determinado con fundamento en un avalúo que no cumple con
los requisitos establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución 620 de 2008.
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Indicó que con el avalúo aportado con la demanda se acredita que
el precio del m2 del predio expropiado era más alto que el
reconocido en las resoluciones demandadas.
Manifestó que se violó el artículo 29 de la Constitución Política,
habida cuenta que no pudo establecer la veracidad de la oferta y su
vigencia, ni se explicó por qué se cambió de fuentes para establecer
el precio indemnizatorio.
Indicó que se trasgredió el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, pues
se estableció el precio indemnizatorio con fundamento en el valor
catastral del predio, sin atender al principio de reparación integral.
Sostuvo que el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos
Lonja Inmobiliaria efectuó reducciones caprichosas al valor del
predio expropiado, pues disminuyó su valor por tener áreas de
protección ambiental sin acudir a criterios lógicos y objetivos para
establecer su precio.
Concluyó que varios avalúos realizados en otros procedimientos
administrativos, al momento de establecer el valor del inmueble
con terreno en áreas de protección, han acudido a varios métodos
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para establecer su valor, tales como el adoptar un valor para el m2
según el suelo rural más cercano de acuerdo con el POT.
I.4.- Contestaciones
I.4.1. El Municipio señaló que el hecho de que la parte actora
hubiera manifestado su inconformidad respecto del avalúo realizado
por la Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria no demuestra
por sí solo que este se haya elaborado desconociendo los
parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y la
Resolución 620 de 2008.
Expuso que la parte actora no tuvo en cuenta que su predio
solamente cuenta con un área aprovechable del 38.2%, por cuanto
el porcentaje restante se encuentra ubicado en suelo de protección.
Indicó que dentro del avalúo oficial se encuentran los datos que
soportaron el estudio de mercado realizado con miras a establecer
el valor del predio expropiado.
Afirmó que la utilización del valor catastral para el pago del terreno
no correspondía a la oferta inicial que efectuó a la parte actora; sin
embargo, debido al desinterés de la actora para aceptar la oferta
efectuada dentro del procedimiento de enajenación voluntaria,
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continuó con el trámite de expropiación administrativa, conforme
con los parámetros establecidos en la ley.
Formuló la excepción de caducidad de la acción debido a que, a su
juicio, fue presentada por fuera del plazo de 4 meses establecido en
la ley.
Señaló que debía declararse probada la excepción denominada
“presunción de legalidad del acto administrativo”, toda vez que,
según su criterio, la parte actora no demostró que el proceso de
expropiación por vía administrativa se adelantara por fuera de lo
previsto en las leyes 388 de 1997, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y
1882 de 2018 y la Resolución 620 de 2008.
Indicó que las resoluciones demandadas fueron debidamente
motivadas, por cuanto se fundamentaron en las disposiciones
constitucionales y legales aplicables al caso concreto y tuvieron en
cuenta los hechos probados dentro del trámite administrativo.
Afirmó que el método de comparación era el adecuado para avaluar
el terreno y que este fue aplicado siguiendo los lineamientos
previstos en la Resolución 620 de 2008 para tal efecto.
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Indicó que para avaluar el inmueble expropiado debía tenerse en
cuenta la clasificación del suelo en la que se encontraba el terreno,
conforme con lo previsto en los artículos 5º y 6º idem y lo señalado
por el POT.
I.4.2. El Consorcio Plan Vial SEDIC – CONCOL3 formuló la
excepción denominada “hecho de un tercero”, toda vez que de la
revisión del expediente administrativo que culminó con la
expedición de las resoluciones demandadas se evidenciaba que no
participó en dicho procedimiento.
Destacó que no fue la entidad que declaró la utilidad pública del
predio, no formuló oferta de compra alguna ni elaboró el avalúo del
bien expropiado.
I.4.3. La Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria afirmó que el
avalúo que elaboró utilizó comparables homogéneos, datos y
fuentes verificables, conforme con lo previsto en la Resolución 620
de 2008.
3
Vinculado al proceso en calidad de llamado en garantía por parte del Municipio, a través de auto de
30 de junio de 2021.
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Indicó que el estudio de mercado fue realizado el 23 de agosto de
2017, fecha en la que se encontraban vigentes las ofertas
consultadas en finca raíz y espacio urbano.
Explicó que el avalúo oficial fue elaborado por una lonja de
propiedad raíz, con trayectoria, idoneidad y con avaluadores
registrados en el Registro Abierto de Avaluadores - RAA, utilizando
el método comparativo o de mercado para establecer el valor
comercial del inmueble, teniendo en cuenta la reglamentación
urbanística vigente para el predio, su destinación económica, sus
áreas privadas, su estratificación socioeconómica y sus aspectos
físicos tales como “área, ubicación, topografía y forma, clases de
Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de
protección, la dotación de redes primarias, secundarias y
acometidas de servicios públicos domiciliarios, así, como la
infraestructura vial y servicio de transporte, elementos
constructivos empleados en su estructura y acabados, la edad de
los materiales, el estado de conservación física, entre otros”, en los
términos de los artículos 20, 21 y 22 del Decreto 1420 de 1998.
Manifestó que el avalúo fue elaborado teniendo en cuenta fuentes
de reconocida consulta por parte del gremio inmobiliario, las cuales
eran de consulta pública en cualquier momento.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 23 de octubre de 2024, el Tribunal declaró
la nulidad del artículo 3° de la Resolución 007 de 2019 y de la
Resolución 423 de 2019 y, en su lugar, ordenó a la demandada
reconocer las sumas de $58.490.460 por concepto de avalúo
comercial del inmueble expropiado y de $1.999.595 por daño
emergente; denegó las demás pretensiones de la demanda; y
denegó los llamamientos en garantía formulados por el Municipio.
Señaló que no prosperaba la excepción de caducidad formulada por
el Municipio, toda vez que la Resolución 423 de 2019 fue
notificada el 2 de mayo de 2019, por lo que el término para incoar
la demanda, -que se suspendió con la solicitud de conciliación
extrajudicial4-, iba hasta el 28 de octubre de 2019 y como esta fue
radicada el 11 de octubre de ese año, lo fue en tiempo.
Para resolver el caso concreto, analizó los dos avalúos obrantes
dentro del proceso así:
Expuso que el demandado, a través de la Resolución 736 de 30 de
agosto de 2018, formuló oferta de compra del predio por las sumas
4
Sin indicar cuando.
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de $58.490.460 (avalúo comercial del predio) y $1.999.595 (daño
emergente).
Adujo que con la Resolución 007 de 2019, el Municipio ordenó la
expropiación por vía administrativa estableciendo el valor del bien
en la suma de $4.235.154, de conformidad con el avalúo catastral
aportado por la Dirección de Sistema de Información y Catastro.
Señaló que la parte actora aportó un avalúo elaborado por el señor
Hernán Gallego Herrera en el que se estableció que el precio del m2
en la zona donde estaba ubicado el inmueble era de $1.780.000,
por lo que el precio del inmueble correspondía a $158.420.000.
Sostuvo que el avalúo aportado con la demanda realizó un estudio
de mercado inmobiliario del sector, comparando inmuebles que
estuvieran cercanos al predio; sin embargo, no tuvo en cuenta la
afectación del área de protección de la quebrada, limitándose a
indicar que el mismo se encuentra dentro del polígono C1-MI-03
establecido para renovación urbana y desarrollo vial.
Posteriormente, efectuó un cuadro comparativo de los avalúos
obrantes en el proceso así:
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Afirmó que de la revisión de los avalúos obrantes dentro del
proceso, se observaba que el predio expropiado presentaba dos
afectaciones urbanísticas, esto es, encontrarse en un polígono
declarado de utilidad pública y que parte de este se ubicaba en un
área de protección por la cercanía de la quebrada El Pozo.
Indicó que las afectaciones urbanísticas impedían desarrollar el
predio con proyectos que difieran de la finalidad de la comunidad,
teniendo en cuenta la imposibilidad de construir en una franja
correspondiente al 68% del inmueble, debido al área de retiro
necesaria por la presencia del afluente.
Manifestó que el polígono C1-MI-03 presentaba unas características
particulares, pues pese a que el inmueble expropiado se encontraba
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cerca al parque, las condiciones y el uso de suelos del polígono
variaban a pocas cuadras.
Indicó que según lo previsto en el Acuerdo 002 de 2018,
correspondiente al plan de ordenamiento territorial del Municipio,
el polígono mencionado se encontraba en un área de tratamiento y
mejoramiento integral caracterizada por un desarrollo incompleto e
inadecuado.
Señaló que los elementos anteriormente mencionados eran
necesarios para determinar el valor del inmueble, por lo que el
dictamen elaborado por la Corporación Avalúos Lonja
Inmobiliaria, en la etapa de enajenación voluntaria, era el que
ofrecía mayor credibilidad para establecer el valor comercial del
predio expropiado.
Sostuvo que, contrario a lo afirmado en la demanda, el avalúo
elaborado con la oferta de compra no comparó el predio expropiado
con inmuebles que no tenían un tratamiento urbanístico similar.
Indicó que los testimonios practicados en el proceso daban cuenta
de que los inmuebles con los que se comparó el predio expropiado
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se encontraban en zonas semejantes, por lo que tenían un
tratamiento urbanístico similar.
Señaló que los testigos Rubén Franco, Nora Londoño y Olga Helena
Londoño, coincidieron en que los inmuebles ubicados en los barrios
El Alto de la Capilla, Los Sauces y Quebrada Arriba, correspondían a
zonas semejantes respecto de las cuales se podía realizar un
estudio comparativo o de mercado.
Sostuvo que la omisión en la fecha en la que se consultaron las
variables no era suficiente para afectar la validez del dictamen,
pues debía tenerse como fecha de consulta aquella en la que fue
realizado el avalúo.
Concluyó que el precio indemnizatorio reconocido por las
resoluciones demandadas no era justo y compensatorio, por lo que
debía declararse la nulidad parcial de la Resolución 007 de 2 de
enero de 2019, en lo que tenía que ver con dicho valor y, en su
lugar, se tendría como tal el señalado en el avalúo comercial
realizado en la etapa de enajenación voluntaria.
Manifestó que comoquiera que la Resolución 007 de 2 de enero de
2019 no reconoció suma alguna por concepto de daño emergente,
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conforme con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1742 de 2014,
le ordenaría al demandado reconocer y pagar la suma de
$1.999.595, de conformidad con lo acreditado en el dictamen
pericial.
Expuso que no había lugar a reconocer y pagar los intereses
moratorios solicitados con la demanda, toda vez que la sentencia
era de carácter constitutivo y esos se causaban a partir de su
ejecutoria.
Sostuvo que había lugar a absolver a los llamados en garantía, toda
vez que era el Municipio la entidad responsable de las falencias
que ocurrieran en el proceso expropiatorio, por ser la competente
para adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa.
Finalmente, condenó en costas al Municipio, conforme con lo
previsto en los artículos 188 del CPACA, 365 y 336 del CGP y 5° del
Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016.
III-. RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. La parte actora sostuvo que debía revocarse la sentencia
de primera instancia pues, a su juicio, el Tribunal no tuvo en
cuenta que, conforme con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 388
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de 1997, la zona de protección ambiental en que se encuentra
ubicado el inmueble no debía avaluarse con la suma de $0 por m2.
Adujo que el avalúo aportado con la demanda expuso las razones
por las que el valor del terreno ubicado en la zona de la ronda
hídrica debió fijarse teniendo en cuenta el costo o precio de aquel
ubicado en el suelo rural más cercano.
III.2. La parte demandada manifestó que el Tribunal omitió que
el valor del inmueble fue debidamente acreditado por una firma
reconocida que tuvo en cuenta las variables que presentaba el
predio, sus afectaciones y con fundamento en ello, fijó el monto
indemnizatorio correspondiente.
Indicó que el avalúo fue realizado teniendo en cuenta la descripción
del sector donde se encuentra ubicado el predio y su tratamiento
urbanístico conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, en el que
se describe que “el predio pertenece al suelo urbano, zona de
tratamiento de mejoramiento integral, toda vez que el predio se
encuentra sin construcción o uso alguno, en una zona deprimida del
sector céntrico de Rionegro, caracterizada por un desarrollo
incompleto e inadecuado, con asentamientos informales, en
condiciones de viviendas críticas, en ruina, peligro, pobreza crítica,
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actividades irregulares, carencia de servicios de acueducto y
alcantarillado, falta de equipamiento y espacios públicos, entre
otros”.
Expuso que el avalúo identificó el método utilizado, esto es, el de
comparación o de mercado, acudiendo a transacciones recientes
efectuadas en el Municipio, con bienes semejantes y comparables
con el predio objeto de expropiación, los cuales quedan en sectores
cercanos y aledaños al inmueble objeto de discusión, del cual
finalmente se obtuvo el valor por m2, ajustándose igualmente el
valor del precio de referencia, para obtener el propio.
Afirmó que no había lugar a reconocer el daño emergente, toda vez
que la parte actora no acreditó algún perjuicio al no haber
demostrado que el inmueble fue objeto de explotación económica
y/o que contaba con alguna construcción.
Sostuvo que en la audiencia de pruebas se acreditó que el dictamen
aportado por la parte actora no cumplía con los requisitos previstos
en la Ley, pues los 3 predios utilizados para aplicar el método de
comparación no eran cercanos, no se estableció cuándo fueron
realizadas las ofertas ni se justificó porque no se tuvieron en cuenta
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las afectaciones urbanísticas del predio al momento de elaborar el
avalúo.
Concluyó que como no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados, debía revocarse la providencia
apelada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
IV-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
IV.1- El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de enero de
2025, admitió los recursos de apelación interpuestos por la parte
actora y demandada contra la sentencia de 23 de octubre de 2024,
en los términos del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
IV.2- Comoquiera que no se decretaron pruebas en esta instancia,
no hubo lugar a dar traslado para alegar de conclusión, además el
Ministerio Público tampoco rindió concepto.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
En el presente caso, la Sala observa que la parte actora pretende la
nulidad de la Resolución 736 de 30 de agosto de 2018, “por la cual
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se inician las diligencias tendientes a la adquisición de un predio
para la ejecución del plan vial de Rionegro y se formula una oferta
de compra”, expedida por el Municipio.
El Tribunal, en providencia de 24 de mayo de 2022, fijó el litigio
así:
“[…] De conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos
que dieron origen a la demanda, corresponderá determinar la
legalidad de las Resoluciones N 736 del 30 de agosto de
2018, 007 del 02 de enero de 2019 y 423 del 30 de abril de
2019, que ordenaron la expropiación administrativa del bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-19431 de
la ORIP, en atención a las normas y cargos de violación
expuestos en la demanda y en consecuencia, establecer si hay
lugar al restablecimiento de derecho solicitado […]”.
Asimismo, en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia el a quo denegó la pretensión
relacionada con dicha resolución al señalar: “NEGAR las demás
pretensiones de la demanda”.
Ahora, la Sala observa que conforme con la reiterada jurisprudencia
de la Sección, entre otras, en providencia de 10 de abril de 2025, el
acto administrativo por medio del cual se formula la oferta de
compra no es susceptible de control judicial, por los siguientes
motivos:
“[…] 17. Vistos los artículos: i) 50, sobre actos definitivos del
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Código Contencioso Administrativo; y ii) 429 del Código de
Procedimiento Civil y atendiendo a que esta Sección5 ha
considerado que el acto por medio del cual la entidad pública
hace una oferta de compra para adquirir el bien inmueble
previo a ordenar su expropiación no es susceptible de control
judicial:
“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que
sólo pueden controvertirse ante la jurisdicción, mediante la
acción especial contencioso- administrativa, los actos que
deciden la expropiación. A propósito, esta norma dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere,
evidentemente, que la demanda ante esta Jurisdicción
procede únicamente contra el acto administrativo que
decide la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la
oferta de compra no están llamados a generar perjuicios al
administrado, teniendo únicamente tal potencialidad el acto
administrativo de expropiación, por lo que, desde esta
perspectiva, tampoco se vislumbra el que proceda la acción
incoada por la demandante contra aquellos. Así se puntualizó
por esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010,
Expediente No. 2008-00434-01, con ponencia de quien
presenta esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la
etapa de negociación voluntaria la administración no está
efectuando ningún tipo de actividad administrativa que pueda
perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en
que se presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior
permite concluir que el acto por medio del cual se hace una
oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las
circunstancias ya reseñadas, no genera un perjuicio alguno
para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la
acción especial contencioso administrativa tendiente a
5
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de
octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación:
2500023240002012005720201[…]”. En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de julio de 2015; C.P. María Claudia
Rojas Lasso; número único de radicación: 15001-23-31- 000-2005-04046-01[…]”.
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obtener la nulidad y restablecimiento del derecho o a
controvertir el precio indemnizatorio, se predica en
exclusiva del acto administrativo expropiatorio en los
términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997 […]” (Se resalta
y subraya).
18. Por lo expuesto anteriormente, se considera que la
Resolución núm. 6866 de 13 de diciembre de 2006, expedida
por la directora técnica de predios del Instituto de Desarrollo
Urbano, mediante la cual se determinó la adquisición de una
zona de terreno, por el procedimiento de expropiación
administrativa y se formula una oferta de compra no es
susceptibles de control judicial, por cuanto la acción prevista en
el artículo 71 de la Ley 388 no procede contra este tipo de
actos […]”.
En el mismo sentido, en sentencia de 27 de marzo de 20256,
sostuvo:
“[…] 174. La parte demandante impugnó la legalidad de la
Resolución 127 del 6 de mayo de 2010, expedida por la
directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana – ERU,
hoy Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo Urbano de
Bogotá – ERU, mediante la cual se determinó la adquisición de
un inmueble por el procedimiento de expropiación
administrativa y se formuló una oferta de compra.
175. Sobre este punto, la Sala precisa que el acto
administrativo mediante el cual la entidad pública realiza una
oferta de compra como paso previo a la expropiación no es
susceptible de control judicial. Esto se debe a que la acción
prevista frente a los procesos de expropiación solo procede
contra los actos administrativos que ordenan la misma, más no
contra actos de trámite o preparatorios, como lo es la
formulación de la oferta de compra.
176. En consecuencia, la Sala concluye que la Resolución
127 de 2010, en la medida en que contiene una oferta de
adquisición previa a la expropiación, no es un acto
definitivo ni autónomamente demandable, lo que impide
su control a través de la acción ejercida en este proceso,
razón por la cual la Sala se declarará inhibida para
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación núm.:
25000-23-24-000-2011-00855-01; M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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conocer sobre su legalidad […]”.
Así las cosas, la Sala se inhibirá de realizar un pronunciamiento de
fondo respecto de la legalidad de la Resolución 736 de 30 de agosto
de 2018.
El fondo del asunto
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala establecer la legalidad
de las resoluciones 007 de 2 de enero de 2019, "por la cual se
dispone la expropiación por vía de un bien inmueble,
identificado con matrícula inmobiliaria NRO. 020-19431
ubicado en el Municipio de Ríonegro”; y 0423 de 30 de abril de
2019, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”,
expedidas por el Municipio, en las que se dispuso la expropiación
administrativa del inmueble de propiedad de la actora, ubicado en
la calle 49 núm. 52-47 de Ríonegro, Antioquia, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 020-19431, para el cual se fijó un
precio indemnizatorio de $4.235.154 por el valor del terreno.
El Tribunal declaró la nulidad del artículo 3° de la Resolución 007
de 2019 y de la totalidad de la Resolución 423 de 2019 y, en su
lugar, ordenó a la demandada reconocer las sumas de $58.490.460
por concepto de avalúo comercial del inmueble expropiado y de
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$1.999.595 por daño emergente y denegó las demás pretensiones
de la demanda, así como los llamamientos en garantía formulados
por el Municipio.
Lo anterior, por cuanto consideró que la Resolución 007 de 2019 no
estableció un precio indemnizatorio justo para el bien expropiado y
que de la revisión de las pruebas obrantes en el proceso se advertía
que el avalúo elaborado por la Corporación Avalúos Lonja
Inmobiliaria era el que correspondía con la realidad jurídica del
inmueble expropiado.
Inconforme con lo anterior, la parte actora estima que debe
modificarse la sentencia apelada por cuanto, a su juicio, el avalúo
oficial no estableció un precio del terreno conforme con su realidad
jurídica, lo cual logró acreditar con el avalúo aportado con la
demanda.
Por su parte, la demandada sostuvo que debía revocarse la decisión
de primera instancia debido a que, a su juicio, la actora no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados ni
que hubiera lugar a concederle un mayor precio indemnizatorio que
el reconocido.
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Así las cosas, para la Sala se hace necesario traer a colación los
criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción
especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento
del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha señalado:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71
de la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción
especial contencioso administrativa con el fin de obtener su
nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para
controvertir el precio indemnizatorio reconocido, en la
medida en que el valor de la indemnización es incorporado
en el acto administrativo que ordena la expropiación es
analizar su legalidad, aun cuando la demanda esté
encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del precio
indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio de
legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o
de interés social constituyen un presupuesto para la legalidad
de la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad.
[…]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
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reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta.
Bajo esa lógica, resulta también acertado verificar que
el avalúo técnico que da soporte legal y fáctico al acto
administrativo que ordena la expropiación se ajusta a
la normativa aplicable […]” 7 (Destacado fuera del texto).
Igualmente, cabe resaltar que la Sección en la sentencia de 14 de
mayo de 20098 advirtió sobre los elementos que debe contener la
indemnización, como consecuencia de una expropiación
administrativa, de la siguiente manera:
“[…] 3.1.- Consideraciones preliminares relacionadas con el
carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio.” (negrillas ajenas
al texto)
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de su
patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés
social debidamente determinados por el legislador, tiene
derecho al pago de una indemnización de carácter
reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
mayo de 2009, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 05001-23-31-000-
2005-03509-01.
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expropiado, como el que corresponda a los demás
perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han
precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el
H. Consejo de Estado.
En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la
propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser
privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública,
debidamente justificada y previa una justa
indemnización.” (negrillas ajenas al texto)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una
indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los
perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un
bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior
significa que el valor que se determine con esa finalidad
debe ser comprensivo de todas las ablaciones
patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean
objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse
especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la
línea divisoria que marca las fronteras entre el
enriquecimiento y el menoscabo.
Como bien se puede observar, el principio general que
subyace en estas normas de rango superior, indica que los
daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad
mediante el cual se decrete la incorporación al dominio
público de bienes de propiedad particular para satisfacer
con ellos una necesidad de interés general, presupone
necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que
ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y
previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es
sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho
de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno
que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías
que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues
no puede pretenderse que éste deba asumir a título
personal un detrimento en su patrimonio, como
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consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral.
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además
del valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución
es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe
comprender el daño emergente y el lucro cesante que
hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido
expropiado.” (Cursivas de la Corte). (…)
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “… «el justiprecio» es el
que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas
ajenas al texto)
Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la
decisión de expropiar un bien del dominio privado
comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin
pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una
indemnización que exceda los límites de lo justo, o que
resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de
justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al
patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a
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quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada
conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En
caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción
contencioso-administrativa, puesto que ésta es procedente
respecto del precio, cuando el expropiado considere
incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y
plena. […].”
Ahora bien, para cumplir con los fines de la indemnización en los
términos anotados, la autoridad cuenta con mecanismos legales
que le permitan fijar el precio indemnizatorio y las condiciones
para el pago de este. Así se desprende de lo consignado en el
artículo 61 de la Ley 388, que es del siguiente tenor:
“[…] El precio de adquisición será igual al valor
comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos
privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley
2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario
especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor
comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación
con el inmueble a adquirir, y en particular con su
destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en
dinero o en especie, en títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, derechos de participación en el
proyecto a desarrollar o permuta. […]” (Destacado fuera de
texto).
El artículo en cita permite diferenciar el llamado precio de
adquisición del precio indemnizatorio. Mientras el primero se
refiere al valor del inmueble que se establece conforme el avalúo
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que para dichos efectos realice la entidad correspondiente; el
segundo, además de comprender aquel, contiene el daño
emergente y el lucro cesante, así como los demás perjuicios que
merezcan ser reparados para garantizar una indemnización plena.
En consecuencia, el avalúo determina el precio de adquisición, de
manera que si este no cumple con los requisitos legales que
permitan inferir que el valor otorgado fue el resultado de un estudio
técnico apropiado, el precio indemnizatorio se verá necesariamente
afectado9.
Los actos acusados
La Resolución 007 de 2 de enero de 2019, "por la cual se dispone
la expropiación por vía de un bien inmueble, identificado con
matrícula inmobiliaria NRO. 020-19431 ubicado en el
Municipio de Ríonegro”, estableció el precio indemnizatorio del
bien inmueble ubicado en la calle 49 núm. 52-47 del municipio de
Ríonegro, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 020-
19431, así:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO. De conformidad con lo
establecido en la Ley 9a de 1989, modificada por la Ley 388 de
9
Ver sentencia de 30 de mayo de 2024 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 50001-23-31-000-2011-
00564-01).
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1997, la Ley 1682 de 2013 y la Ley 1742 de 2014, el objeto de
este acto administrativo es disponer de la expropiación por vía
administrativa del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 020-19431 predio con un área de terreno de 90.00
metros cuadrados ubicado en la dirección catastral Calle 49
Nro. 52 — 47 y de acuerdo al certificado de tradición y libertad
Calle 49 ro. 52-42 del Municipio de Rionegro cuyos linderos
particulares Son los siguientes:
"Un lote de terreno sus mejoras y anexidades, situado en el
área urbana del Municipio de Rionegro (Ant.) en la calle 49, con
una superficie aproximada de Noventa Metros cuadrados (90
M2), predio número 1063032 y comprendido por los siguientes
linderos: Por el Frente o norte, con la calle 49 en extensión
aproximada de 6 metros; por el Occidente, con propiedad de la
sucesión de Amelia Echeverri, en extensión aproximada de
16,60 metros; por el Sur o parte de atrás, con propiedad de
Ernesto Suarez, con quebrada El Tejar de por medio, en
extensión aproximada de 3,25 metros; y por el Oriente, con
muro de tapias que lo separan de propiedad que le queda a
vendedor (anterior) en extensión aproximada de 17.55 mts”.
ARTÍCULO SEGUNDO. TITULO DE ADQUISICIÓN. Que el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 020-
19431 fue adquirido por Compraventa hecha a la señora MARIA
VIRGELINA JARAMILLO DE SALAZAR según Escritura Pública
Nro. 412 del 1 1 de abril de 1997 de la Notaria 02 de Rionegro.
Parágrafo 1: Sobre el inmueble pesa el siguiente gravamen:
-Embargo por Jurisdicción Coactiva realizada por el Municipio de
Rionegro a la señora María Elena Franco Giraldo de acuerdo a
Oficio SH134-668 del 20 de abril de 201 1.
ARTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO-
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013
modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el valor
catastral que se tenga en cuenta será de acuerdo a la Ficha
Catastral Nro. 17832855 entregada por Dirección de Sistemas
de Información y Catastro más las compensaciones económicas
a las que haya lugar, es de:
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ARTÍCULO CUARTO. FORMA DE -PAGO: El precio indemnizatorio
del predio requerido. será pagado por el MUNICIPIO OE
RIONEGRO, de contado y puesto a disposición de la titular del
derecho real de dominio, a la señora MARIA ELENA FRANCO
GIRALDO identificada con la cédula de ciudadanía Nro.
39.439.402 titular del 100% del derecho de dominio, del predio
identificado Con folio de matrícula 02019431, durante el
término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo en el Palacio Municipal, ubicado en
la Calle 49 Nro. 50 - 05 Rionegro.
PARÁGRAFO l: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de
1989, si el propietario, tuviere deudas con el fisco municipal, se
cancelarán con prelación los conceptos debidamente
certificados y el saldo restante se pondrá a disposición de los
propietarios.
PARÁGRAFO ll: Si los propietarios tuvieren otras deudas
pendientes legalmente constituidas, por concepto de servicios
públicos domiciliarios por cuentas diferidas o por el debido
cobrar, así como por los cargos fijos pendientes, y/o en proceso
de ejecución ante las instancias judiciales pertinentes, se
ordenará consignar a órdenes de la entidad competente los
dineros respectivos según liquidación que ésta realice, y el
saldo se pondrá a disposición de los propietarios.
PARÁGRAFO III: En el evento que los valores correspondientes
a la indemnización no sean retirados por el destinatario de esta
resolución dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo. el dinero será consignado en
la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición
del mismo.
PARÁGRAFO IV: La entidad financiera autorizada para lo
relacionado con la consignación indicada en el presente acto
administrativo, en la cuenta Nro. 413743015528. del BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA en el Municipio de Rionegro en la Calle
43 Nro. 54 — 139 Local 133 Centro Comercial San Nicolás.
PARÁGRAFO V: Copia de la consignación se entregará al
Tribunal Administrativo de Antioquia, considerándose que de
esta manera ha quedado formalmente hecho el pago de
conformidad con la Ley.
PARÁGRAFO VI: Adicionalmente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 398 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto
Tributario), se efectuará una retención en la fuente equivalente
al uno por ciento (1%) del valor de la enajenación. que deberá
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cancelarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN-.
ARTÍCULO QUINTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Imputar
los recursos otorgados por esta resolución al certificado de
disponibilidad presupuestal Nro. - NO 1017 del 10 de agosto de
2018 expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro, el cual respalda el monto a cancelarse.
ARTÍCULO SEXTO. DESTINACIÓN: El inmueble que por medio
de este acto Administrativo adquiere el MUNICIPIO DE
RIONEGRO, será destinado para el Plan Mal del Municipio de
Rionegro, lo cual resulta conforme con el artículo 58 de la Ley
388 de 1997, literal E, que estipula: se declara de utilidad
pública o interés social la adquisición de inmuebles para
destinarlos a los siguientes fines: ejecución de programas y
proyectos de infraestructura vial.
ARTÍCULO SÉPTIMO. CANCELACIÓN DE OFERTA: se solicita a la
señora Registradora de Instrumentos Públicos, la cancelación
de inscripción de la oferta de compra, solicitada por medio del
Oficio SG06-05.02 651 con radicado 2018243031, mediante la
Resolución 736 del 28 de agosto de 2018, anotación Nro. 8, en
el folio de matrícula inmobiliaria 020-19431. de conformidad
con solicitud escrita que se entregará con la presente
resolución.
ARTÍCULO OCTAVO_ ORDEN DE INSCRIPCIÓN: se solicita a la
señora Registradora de Instrumentos Públicos. la inscripción de
la presente Resolución en el folio de la matricula inmobiliaria
020-19431, para que se inscriba la transferencia del derecho de
dominio de sus titulares, al Municipio de Rionegro.
ARTICULO NOVENO. ENTREGA MATERIAL: Efectuado el registro
de la presente Resolución. se exigirá la entrega material del
bien expropiado sin necesidad de intervención judicial, para lo
cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si
ello fuere necesario […]”.
La Resolución 0423 de 30 de abril de 2019 resolvió el recurso
de reposición interpuesto por la parte actora contra lo decidido en
la Resolución 007 de 2 de enero de 2019, en el sentido de
confirmar la decisión recurrida.
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Caso concreto
Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que ambas partes dentro
del proceso recurrieron la decisión de primera instancia, la Sala
procede a verificar si en el presente caso había lugar o no modificar
el precio indemnizatorio reconocido por el Municipio con ocasión
de la expropiación por vía administrativa del inmueble con el folio
de matrícula inmobiliaria 020-19431, a través de las resoluciones
007 de 2 de enero de 2019 y 0423 de 30 de abril de 2019, actos
administrativos aquí demandados.
De la revisión de las pruebas obrantes en el proceso, la Sala
observa que la Corporación Avalúos Lonja Inmobiliaria elaboró
el avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II de 18 de julio
de 2018 en el que estableció que el valor del predio expropiado
correspondía a la suma de $58.490.460, con fundamento en un
estudio de mercado realizado respecto de 3 inmuebles, aplicando el
artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, así:
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Asimismo, respecto del daño emergente ocasionado, lo tasó en la
suma de $1.999.595, correspondiente a los gastos de notariado y
registro en que incurriría la parte actora con ocasión de la
enajenación de bien realizando la siguiente tasación:
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Con fundamento en el anterior avalúo la demandada formuló oferta
de compra por la suma de $58.490.460, a través de la Resolución
736 de 2018.
Ahora, con ocasión de las inconformidades presentadas por la
actora respecto del avalúo oficial, el Municipio, a través de oficio
núm. SG06-05 02 741 de 17 de diciembre de 2018, manifestó que
ratificaba el valor del m2 establecido para el predio expropiado,
toda vez que se calculó teniendo en cuenta la afectación que este
tenía por encontrarse ubicado parcialmente en suelo de protección,
así:
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Igualmente, de la revisión de los testimonios rendidos por los
señores Ruben Franco Medina, Olga Londoño Rojas y Nohra
Londoño Rojas, avaluadores de la Corporación Avalúos Lonja
Inmobiliaria y quienes participaron en la elaboración del avalúo
practicado, la Sala advierte que todos coincidieron en afirmar que el
precio del inmueble expropiado se determinó: i) previa realización
de una visita técnica al predio para verificar sus condiciones en la
que se estableció que el lote no tenía construcciones, no
desarrollaba actividad económica alguna y carecía de acometidas
para la prestación de servicios públicos domiciliarios; ii) con
fundamento en la documentación aportada sobre el inmueble, esto
es, su certificado de tradición y libertad, documento sobre uso de
suelo, ficha predial y registro fotográfico correspondiente; iii)
aplicando el método de mercado o de comparación previsto en el
artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, el cual se utiliza para el
estudio de mercado de predios homogeneizados e insistiendo en
que el lote expropiado no podía compararse con predios colindantes
al parque del sector, toda vez que en ambos puntos se
desarrollaban actividades completamente diferentes que influían en
el precio del bien, como aquellas relacionadas con comercio e
industria que no eran propias del sector en el que estaba ubicado el
bien expropiado; y iv) reiterando en que no había lugar a reconocer
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lucro cesante alguno debido a que no se acreditó la existencia de
actividad económica alguna en el predio.
Ahora, comoquiera que la parte actora no aceptó la oferta
realizada, el Municipio, a través de la Resolución 007 de 2 de
enero de 2019, ordenó la expropiación por vía administrativa del
bien inmueble ubicado en la calle 49 núm. 52-47, identificado con
el folio de matrícula inmobiliaria 020-19431 y fijó el precio
indemnizatorio en la suma de $4.235.154 con fundamento en la
ficha catastral núm. 17832855, expedida por la Subdirección de
Catastro del Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín y en el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013.
El artículo 37 de la Ley 1982 de 2013, en el que la autoridad
demandada fundamentó su decisión, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 37. <Artículo modificado por el artículo 6 de la
Ley 1742 de 2014>. El precio de adquisición en la etapa de
enajenación voluntaria será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos
en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas,
métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean
fijados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a
adquirir y su destinación económica y, de ser procedente, la
indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro
cesante.
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El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El lucro
cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble
al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6)
meses.
En la cuantificación del daño emergente solo se tendrá en
cuenta el daño cierto y consolidado.
En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, el pago del predio será cancelado
de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y
la indemnización calculada al momento de la oferta de
compra, en la etapa de expropiación judicial o
administrativa.
El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será
proporcional al área requerida a expropiar para el proyecto que
corresponda.
Con el fin de evitar la especulación de valores en los proyectos
de infraestructura a través de la figura del autoavalúo catastral,
la entidad responsable del proyecto o quien haga sus veces,
informará al IGAC o a los catastros descentralizados el área de
influencia para que proceda a suspender los trámites de
autoavalúo catastral en curso o se abstenga de recibir nuevas
solicitudes.
Para el cumplimiento de este artículo se deberá tener en cuenta
lo preceptuado por la Ley 1673 de 2013 […]”.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-750 de 201510, se
refirió a la constitucionalidad de la anterior disposición y sostuvo lo
siguiente:
“[…] Para la Corte, la disposición estudiada no afecta el artículo
58 de la Constitución, dado que, de una lectura literal de la
norma, el parámetro de precio que corresponde al avalúo
catastral es optativo, puesto que indica que la autoridad
tendrá en cuenta ese valor y no impide de manera
expresa incluir otro ítem diferente. Esa premisa se
encuentra en el enunciado prescriptivo atacado al advertir que
10
Corte Constitucional, sentencia C-750 de 10 de diciembre de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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“En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación
voluntaria, el pago del predio será cancelado de forma previa
teniendo en cuenta el avalúo catastral”. Así, la disposición
censurada indica que el avalúo catastral deber ser
revisado para fijar el precio de compra del inmueble,
empero ello no significa que se excluyan otras variables
para realizar ese cálculo. En caso de que el legislador
hubiese querido circunscribir el precio del predio a ese avalúo,
él hubiese realizado una restricción en ese sentido, cosa que no
hizo de manera expresa […]”.
Por su parte, la actora aportó con la demanda un avalúo elaborado
por el señor Hernán Gallego Herrera en el que se manifestó
aplicar el método de comparación o de mercado y señaló que el
precio comercial del bien inmueble correspondía a $158.420.000
así:
El anterior precio fue determinado con fundamento en el estudio de
mercado de 3 inmuebles de la siguiente manera:
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Para la elaboración del avalúo aportado por la parte actora, el
perito manifestó aplicar el método de comparación o de mercado
previsto en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, “Por la cual
se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997”, expedida por el Instituto
Geográfico Agustin Codazzi que establece:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el
valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial […]”.
Respecto de la aplicación del mencionado método los artículos 10º
y 12, prevén:
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“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en
la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio
del cual se obtuvo la información y la fecha de publicación,
además de otros factores que permitan su identificación
posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
[…]
ARTÍCULO 12. Cuando se trate de avaluar un lote cuya forma
es irregular respecto de los lotes investigados, este valor debe
ser ajustado para el bien objeto de valoración, utilizando
fórmulas o sistemas adecuados, como los que se presentan en
Capítulo VII - De las fórmulas Estadísticas de la presente
resolución: valor final de terreno por influencia de forma […]”.
Adicionalmente, para el caso de la realización de avalúos
comerciales requeridos en proyectos de infraestructura de
transporte, los artículos 12, 13 y 14 de la Resolución 898 de 2014
señalan:
“Artículo 12. Investigación de mercado. Para efectos de
realizar el cálculo de la indemnización, se deberán solicitar
cotizaciones a personas naturales o jurídicas idóneas que
permitan definir el valor de determinado concepto o
componente de la indemnización. Las cotizaciones se solicitarán
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a personas domiciliadas en el municipio en el que se ubica el
inmueble objeto de adquisición. Salvo que el concepto o
componente de la indemnización lo requiera, se podrán solicitar
cotizaciones a personas que se encuentren localizadas en otras
jurisdicciones, o de ser el caso, internacionales.
En este caso, el avaluador encargado del cálculo de la
indemnización anexará las cotizaciones realizadas, indicando el
nombre de los consultados, datos de contacto (número de
teléfono y correo electrónico) y acreditando su idoneidad.
Cuando para el avalúo se haya utilizado información de
mercado (documentos escritos y/o cotizaciones), esta debe ser
verificada, confrontada y ajustada antes de ser utilizada en los
cálculos estadísticos.
Artículo 13. Encuestas. Cuando no se encuentre información
de mercado o se quiera reforzar la investigación, se recurrirá a
encuestas. Se reitera que estas solo se usarán para comparar y
en los eventos de no existir mercado. En los casos en que
existan datos de mercado, la encuesta se utilizará como
comprobación de la información obtenida.
Se deberá dejar constancia escrita en el informe y bajo
gravedad de juramento, que en el momento de la realización
del avalúo no existían datos de mercado.
Artículo 14. Cálculos matemáticos estadísticos. Es
necesario calcular medidas de tendencia central con indicadores
de dispersión como la varianza y el coeficiente de variación.
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, la media obtenida se podrá adoptar como el
valor más probable.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a
menos (-) 7,5%, no es conveniente utilizar la media obtenida y
por el contrario es necesario reforzar la investigación con el fin
de mejorar la representatividad del valor medio encontrado.
Parágrafo 1°. El avaluador deberá consultar un número plural
de cotizaciones que no podrá ser inferior a tres, salvo que se
deje constancia bajo gravedad de juramento que en el
municipio en el que se ubica el inmueble objeto de adquisición
o debido a la actividad objeto de cotización, según corresponda,
no existe este número de personas idóneas, evento en el cual
se hará el cálculo con la(s) cotización(es) efectivamente
obtenida(s).
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Parágrafo 2°. En el caso en que no sea posible obtener las
tres (3) cotizaciones (investigación de mercado), se deberá
dejar constancia escrita en el informe y bajo gravedad de
juramento, que en el momento de la realización del cálculo no
existían otras personas con las cuales hacer las cotizaciones
[…]”.
Ahora, dentro del proceso el perito Hernán Gallego Herrera se
pronunció respecto del avalúo que rindió sobre el predio expropiado
indicando que este fue elaborado teniendo en cuenta la normativa
urbanística que afectaba el predio; sin embargo, para efectos de
realizar el estudio de mercado manifestó haber comparado predios
que no eran homogéneos al expropiado, esto es, inmuebles que no
poseían sus afectaciones urbanísticas, como la existencia de un uso
de suelo de protección por cercanía con una quebrada o la
afectación generada por el proyecto de infraestructura vial con
ocasión del cual se adelantó el trámite de expropiación por vía
administrativa del predio, haciendo alusión a que aplicó el método
teniendo únicamente como criterio el sector de ubicación de los
predios comparados.
Asimismo, el perito afirmó en su declaración haber comparado el
predio expropiado con inmuebles en donde se permitía la
realización de construcciones de hasta tres pisos, pese a que según
sus propias afirmaciones en el bien objeto de estudio no se permitía
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la realización de construcción alguna, lo cual incidía en la
determinación de su precio comercial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que no puede darse
credibilidad al avalúo aportado con la demanda, elaborado por el
señor Hernán Gallego Herrera, toda vez que de su sustentación
se observa que este no cumplió con los parámetros técnicos para
aplicar debidamente el método de mercado o de comparación
previsto en el artículo 1° de la Resolución 620 de 2008, pues no
tuvo en cuenta el régimen urbanístico aplicable al bien expropiado
ni realizó un estudio de mercado respecto de inmuebles que
estuvieran en las mismas condiciones que aquel.
En efecto, el estudio de mercado realizado en el avalúo aportado
por la actora comparó inmuebles sin afectación urbanística alguna
en los que se permitían construcciones hasta de 3 pisos, lo cual no
es compatible con el uso del suelo del bien expropiado, conforme lo
señaló el mismo perito en su declaración.
Ahora, en lo que tiene que ver con la determinación del precio del
inmueble con fundamento en su valor catastral, respecto del cual la
parte actora manifestó su inconformidad en la demanda, la Sala
reitera la posición de la Corte Constitucional sobre el tema,
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expuesto en la sentencia C-750 de 2015, en cuanto sostiene que
este es un factor que debe tenerse en cuenta en los trámites de
expropiación por vía administrativa que se adelantan con la
finalidad de desarrollar proyectos de infraestructura de transporte,
sin que ello obste para que se revise en cada caso concreto otros
factores con miras a determinar una indemnización justa.
Por ello, la Sala considera que le asistió la razón al Tribunal
cuando sostuvo que en el asunto sub examine el precio
indemnizatorio establecido en la suma de $4.235.154 como valor
del lote expropiado con fundamento en el avalúo catastral del
inmueble no era justo, toda vez que para determinar el precio del
predio expropiado no se tuvieron en cuenta todos los factores que
podían determinar un monto justo al momento de su expropiación,
tal como fue analizado en el avalúo elaborado en la etapa de
enajenación voluntaria del inmueble.
Efectivamente, de la revisión del expediente se observa que el
demandado al momento de establecer el precio indemnizatorio no
tuvo en cuenta el avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II
de 18 de julio de 2018, realizado por la Corporación Avalúos
Lonja Inmobiliaria, en el cual se estableció el valor del predio
expropiado en la suma de $58.490.460, aplicando el método de
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mercado o de comparación previsto en el artículo 1° de la
Resolución 620 de 2008, teniendo en cuenta la realidad urbanística
del inmueble y efectuando un estudio de mercado respecto de
predios que se encontraban en las mismas condiciones, sin que
dentro del expediente obre prueba que demuestre que en esta
estimación se incurrieron en incorrecciones o errores que no
permitan tenerlo en cuenta al momento de establecer el valor de
lote expropiado.
En ese sentido, la Sala insiste en que el solo hecho de que el
artículo 37 de la Ley 1982 de 2013, señale que “el pago del predio
será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo
catastral”, no implica que en todos los casos el precio justo del
inmueble corresponda a su valor catastral, pues para su estimación
pueden tenerse en cuenta factores adicionales como los
considerados en el avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II
de 18 de julio de 2018 y que no fueron objeto de pronunciamiento
alguno por parte de la administración en las resoluciones
demandadas, limitándose a señalar que al no haber sido aceptada
la oferta de enajenación voluntaria por la parte actora, el precio
ofrecido pasaría de $58.490.460 a $4.235.154.
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Ahora, la Sala también advierte que para el establecimiento del
precio justo de un predio dentro del proceso de expropiación por vía
administrativa debe atenderse a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad examinando las circunstancias del caso concreto.
Sobre el tema la Corte Constitucional en la sentencia C-750 de
2015, anteriormente mencionada, sostuvo:
“[…] Después del Acto Legislativo 01 de 1999, este Tribunal
señaló que la indemnización no puede ser irrisoria o simbólica,
pues el juez o la administración de la expropiación deberán
ponderar los intereses privados y sociales de manera que
correspondan en realidad “a lo que es justo”. De hecho, esa
reforma constitucional suprimió la idea que el resarcimiento
podía cancelarse con base en la equidad11. Por ende, el valor
indemnizatorio que se determine debe comprender los daños
causados con la expropiación, pero cuidando que no constituya
un enriquecimiento al ciudadano, ni un menoscabo a su
patrimonio. Tal precisión indica que el resarcimiento producto
de la adquisición de bienes del Estado no puede restaurar todas
las lesiones padecidas, en cualquier caso.
El equilibrio de las cargas públicas y el cumplimiento de
finalidades constitucionales significan que el juez y la
administración deben sopesar las circunstancias de cada caso
para tasar la indemnización. Ello no es otra cosa que la
vigencia y aplicación de los principios de la razonabilidad
y proporcionalidad en el pago de los perjuicios causados
al ciudadano. En cada causa, las autoridades expropiadoras
tasaran la indemnización que debe recibir el particular por
perder su derecho de dominio, asignación que tendrá en cuenta
11
Sentencia C-158 de 2002 y C-059 de 2001. Esas decisiones precisaron que: “En efecto, con
respecto al artículo 53 de la Ley 9 de 1989, no queda duda alguna de que las expresiones “[p]ara los
efectos previstos en el último inciso del artículo 30 de la Constitución Política”, “de equidad” y “sin
indemnización” resultan hoy contrarias a la Constitución, como quiera que el último inciso del artículo
30 de la Carta de 1886, con la reforma que le fue introducida por el Acto Legislativo No. 01 de 1936,
autorizaba la expropiación sin indemnización por razones de equidad que, de la misma manera
consagró también el artículo 58 de la Carta Política de 1991, por lo que, en consecuencia, mientras
este último estuvo vigente, las expresiones legales anotadas tenían entonces fundamento
constitucional. Pero, retirada del ordenamiento jurídico esa institución por decisión del Congreso
como constituyente derivado, desaparece el soporte jurídico para que ellas subsistan, por haberse
afectado de inconstitucionalidad por esa causa, e igual sucede y por idéntica razón con la expresión
“siendo, entendido que no habrá lugar a indemnización alguna” contenida en la parte final del
parágrafo con el cual se adicionó el artículo 53 de la Ley 9 de 1989, por el artículo 98 de la Ley 388
de 1997”.
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el contexto en que se encuentra el afectado, los derechos en
discusión y su condición.
“La referencia a los intereses de la comunidad y del particular
afectado también resalta un cambio fundamental introducido
por el Constituyente en 1991: la fijación del valor de la
indemnización difícilmente puede hacerse de manera
abstracta y general, sin tener en cuenta el contexto de
cada caso, sino que requiere la ponderación de los
intereses concretos presentes en cada situación, para
que el valor de la indemnización corresponda en realidad
a lo que es justo”12.
La característica de la indemnización señalada puede llevar a
que después de ponderar los intereses en juego en cada caso,
la autoridad tase un resarcimiento inferior a la totalidad de las
lesiones ocasionadas por la expropiación13. Sin embargo, ese
resultado no conducirá a una pérdida del derecho de propiedad
sin pago, ni dejará al afectado sin indemnización. En realidad,
la justicia del resarcimiento implica que el Estado responda de
manera razonable ante el particular por los daños causados por
adquisición del bien, pero no asuma integralmente esos
perjuicios.
La discrecionalidad en la tasación de la indemnización
corresponde con el arbitrio iuris, concepto que siempre será
necesario en cualquier ordenamiento jurídico, puesto que el
constituyente o el legislador no pueden contemplar todas y
cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar
en el proceso judicial o trámite administrativo que termine con
la tasación de una indemnización producto de una expropiación.
El operador jurídico tiene un margen de maniobra que lejos de
ser catalogado como arbitrariedad constituye un campo de
discreción racional. En ese ámbito, el juez o la administración
colman las lagunas y vacíos de la ley mediante las reglas de la
experiencia y la sana crítica […]”.
De la revisión de los actos controvertidos no se advierte que la
demandada haya aplicado el criterio de razonabilidad o
proporcionalidad al momento de establecer el valor expropiatorio
del inmueble, pues pese a que es válido otorgar una suma inferior a
12
Sentencias C-227 de 2011 y C-1074 de 2002
13
Ibídem.
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la que corresponda al valor de inmueble expropiado ella no puede
ser irrisoria frente al monto inicialmente ofertado por la propia
parte demandada.
Así las cosas, la Sala considera que el valor del bien establecido en
el avalúo corporativo núm. PVR-011-MN-0040 V. II de 18 de julio
de 2018 es el que, conforme con las pruebas obrantes en el
proceso, determinaba el monto justo a pagar por el inmueble y por
lo tanto era el que debía tenerse en cuenta al momento de
establecer el valor del terreno para fijar el precio indemnizatorio por
el inmueble expropiado.
Seguidamente, en lo que tiene que ver con la suma de $1.999.595
reconocida por el Tribunal por concepto de daño emergente, la
Sala advierte que debe revocarse la providencia recurrida en este
aspecto, toda vez que de la revisión de las pretensiones de la
demanda y de su concepto de violación, no se evidencia reparo
alguno de la parte actora frente a dicho particular, por lo que mal
podría reconocerse suma de dinero por este concepto pues ni
siquiera fue solicitado en la demanda.
En efecto, al estudiar la demanda se advierte que con ella se
pretende únicamente que se modifique el precio indemnizatorio
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reconocido por el valor del terreno del inmueble expropiado,
teniendo en cuenta el valor del m2 establecido en el mercado para
el predio, sin analizar en parte alguna la procedencia del
reconocimiento de una suma de dinero por concepto de daño
emergente.
Así las cosas, la Sala revocará el ordinal tercero de la sentencia
apelada que reconoció a favor de la actora la suma $1.999.595 por
concepto de daño emergente.
Finalmente, la Sala confirmará en lo demás la sentencia apelada
habida cuenta que ninguno de los recurrentes formuló reparo frente
a lo resuelto sobre el reconocimiento y pago de intereses
moratorios ni la procedencia de los llamamientos en garantía
efectuados por la parte demandada.
Costas procesales
Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 18814 del CPACA en armonía con el
14
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
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numeral 8 del artículo 365 del CGP15, esto es, en aplicación de un
criterio objetivo valorativo16, la Sala se abstendrá de condenar a las
apelantes, en los términos del numeral 5 del artículo 36517 ibidem,
al pago de las costas en esta instancia, toda vez que prosperó
parcialmente la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto de la
legalidad de la Resolución núm. 736 de 30 de agosto de 2018, “por
la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición
de un predio para la ejecución del plan vial de Rionegro y se
formula una oferta de compra”, expedida por el municipio de
15
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
16
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
17
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
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Rionegro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia de 23 de
octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, respecto del reconocimiento de la suma de $1.999.595
por concepto de daño emergente y, en su lugar, no reconocer
monto alguno por dicho concepto, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 23 de
octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
CUARTO: ABSTENERSE de CONDENAR en costas a las
recurrentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2026.
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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