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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2020-03130-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2020-03130-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: “TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en virtud de lo establecido en los artículos 188 del CPACA y 365.8 del CGP, atendiendo a los razonamientos expuesto en esta decisión”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida por las razones expuestas en las consideraciones de este fallo. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2020-03130-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001233300020200313001
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA EN LIQUIDACIÓN

TESIS: CONFIRMA SENTENCIA RECURRIDA. NO FUE DESVIRTUADA
LA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DISPUSO LA
EXPROPIACION. NO PROCEDE LA COMPENSACION DERIVADA DE
LA LIMITACIÓN IMPUESTA AL ÁREA DE TERRENO EXPROPIADO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor

contra la sentencia de 27 de agosto de 2024, proferida por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La sociedad TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN

LIQUIDACIÓN, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la

acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 05001233300020200313001
Actora: TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN

establecida en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en

concordancia con el artículo 138 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA2,

presentó demanda contra el MUNICIPIO DE MEDELLÍN3, en la

que formuló las siguientes pretensiones4:

“[…]1) Principal. Declárese la nulidad de la Resolución de
expropiación SEC 201950103003 del 24 de octubre de 2019 en
cuanto a la fijación del precio indemnizatorio, en el artículo
tercero de la resolución, de la franja de terreno expropiada del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-27020 de
propiedad TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN,
comoquiera que en ese punto se expidió mediante falsa
motivación y con infracción de las normas en que deberían
fundarse.

2) Consecuencial de la 1. Como consecuencia de la pretensión
1, condénese al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a pagar a
TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN el precio
indemnizatorio justo y conforme a derecho de la franja de
terreno expropiada del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 001-27020 de propiedad TERRENOS Y EDIFICIOS
LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

3) Subsidiaria eventual de la 1. En caso de considerarse que la
pretensión especial prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de
1997 para la controversia del precio indemnizatorio,
reconocido en el artículo tercero de la Resolución de
expropiación SEC 201950103003 del 24 de octubre de 2019,
no requiere la declaración de nulidad de este acto
administrativo, condénese al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a pagar
a TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN el precio
indemnizatorio justo y conforme a derecho de la franja de
terreno expropiada del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 001-27020 de propiedad TERRENOS Y EDIFICIOS
LTDA. EN LIQUIDACIÓN […].

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los

2
En adelante CPACA.
3
hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en adelante el Municipio.
4
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siguientes:

Manifestó que por aporte hecho a la sociedad por parte del señor

Avelino Ríos Llanos, mediante escritura pública 4508 de 3 de

octubre de 1967, adquirió el lote de mayor extensión identificado

con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 001-27020, CBML

70010000447, predio que hace parte del Cerro de las Tres Cruces

de la ciudad de Medellín.

Indicó que a través del Acuerdo núm. 62 de 1999, Plan de

Ordenamiento Territorial, el predio en mención obtuvo la categoría

de tratamiento en conservación como suelo forestal protector, y

que con el Acuerdo POT 46 de 2006, el Cerro de la Tres Cruces se

declaró parte de la Estructura Ecológica Principal, en el cual se

incorporó como generador de derechos adicionales de construcción

y desarrollo, esto es, catalogado como apto para ser compensado a

través del mecanismo de transferencia de derechos de construcción

y desarrollo, por lo que originó que el valor se redujera en

comparación con la zona geoeconómica homogénea (ZGH).

Adujo que, conforme a las limitaciones impuestas, no pudo ejecutar

labores de construcción sobre el lote a pesar de que el impuesto

predial se liquidaba como si no las tuviera, situación que ocasionó

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que el bien fuera objeto de asentamientos ilegales.

Sostuvo que el Municipio expidió la Resolución núm.

201850028812 de 11 de abril de 2018, por la cual se declaran

motivos de utilidad pública e interés social y la existencia de

condiciones de urgencia para la adquisición de inmuebles

destinados a la ejecución del proyecto Cerro de las Tres Cruces.

Relató que a través de la Resolución SEC 201950076425 de 22 de

agosto de 2018, la parte demandada inició las diligencias

tendientes a la adquisición, vía enajenación voluntaria o

expropiación administrativa, y formuló oferta de compra sobre el

inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 00127020.

Precisó que dicho acto administrativo fue modificado por la

Resolución SEC 201950090187 de 16 de septiembre de 2019, en

razón del avalúo AE-034 del 10 de ese mes y año, elaborado por la

Subsecretaría de Catastro, a partir del cual se modificaron las áreas

objeto de oferta y se afectó el valor comercial de la franja de

terreno.

Informó que ante la falta de acuerdo con el precio indemnizatorio,

el Municipio expidió la Resolución SEC 201950103003 del 24 de

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octubre de 2019, que dispuso la expropiación administrativa de su

predio y fijó como valor de indemnización la suma de

$2.858.216.141, decisión fue notificada el 28 de ese mes y año.

I.3.- Normas violadas y concepto de violación

Como disposiciones transgredidas la actora invocó los artículos 13 y

58 de la Constitución Política; 21 del Pacto de San José de Costa

Rica; 68 de la Ley 9ª de 1989; 2º, 38, 48, 61, 67, 68 y 122 de la

Ley 388 de 1997; 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 10º y 11 del Decreto ley

151 de 1998; 2º, 6º, 21, 22 y 25 del Decreto 1420 de 1998; y 1º,

500, 501 y 503 del Acuerdo Municipal 48 de 2014 de Medellín.

Como cargos de nulidad de la resolución controvertida invocó los

siguientes:

Infracción de las normas en que debía fundarse

Sostuvo que el acto de expropiación vulneró el principio de igualdad

y el postulado de distribución equitativa de cargas y beneficios, al

no reconocer un precio indemnizatorio justo que permitiera

evidenciar la compensación en la limitación del uso del bien

constituido como parte de una zona de conservación ambiental con

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restricciones en el uso y goce, tal y como se refirió en el Plan de

Ordenamiento Territorial previsto en el Acuerdo 46 de 2006.

Expuso que en el POT vigente previsto en el Acuerdo 48 de 2014

del Municipio, incorporó su predio en el Mapa 30 como generador

de derechos adicionales de construcción y desarrollo, es decir, apto

para ser compensado por el mecanismo de transferencia de

derechos de construcción y desarrollo. Sin embargo, durante años

soportó la carga de no poder construir en el terreno, sin recibir

compensación alguna, mientras se le exigía el pago del impuesto

predial como si no existiera restricción.

Señaló que la limitación impuesta derivó en invasiones ilegales y

que paradójicamente los ocupantes irregulares obtuvieron

beneficios por construcciones en un suelo donde estaba prohibido

edificar, mientras que en su calidad de propietario legítimo fue

privado de su derecho de construir y nunca fue debidamente

compensado, pese a haber solicitado tal compensación, de manera

verbal, ante el Municipio.

Adujo que de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989 y

388 de 1997, se establece el deber de compensar a los propietarios

afectados por limitaciones al uso del suelo, en aplicación del

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principio de igualdad y prevé mecanismos de compensación, entre

ellos la transferencia de derechos de construcción y desarrollo,

regulada por el Decreto 151 de 1998, que exige determinar la zona

geoeconómica homogénea (ZGH) para comparar el predio limitado

con otros similares.

Indicó que el Decreto Municipal 1760 de 2016 adoptó las zonas

geoeconómicas homogéneas (ZGH) y que, tras la incorporación de

su lote en el Mapa 30, el valor del metro cuadrado se redujo a

$28.562 para 2019, cifra que, conforme a las disposiciones

referidas, debió complementarse con el monto necesario para

igualar el valor de su predio frente a los demás inmuebles de la

misma zona, situación que no ocurrió.

Expuso que para el año 2019 el valor del metro cuadrado del lote

de su propiedad, según el mapa la zona geoeconómica homogénea

(ZGH) era de $28.562 mientras que los predios colindantes de la

misma zona, que no tienen limitación en el uso, oscilaban entre

$67.333 y $882.764, lo cual puso de manifestó una desvalorización

significativa del inmueble.

Transcribió apartes del artículo 68 de la Ley 388 de 1998 y de la

sentencia de la Corte Constitucional C-476 de 2007, con la finalidad

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de señalar que la expropiación por vía administrativa debe

constituir una verdadera indemnización que consulte detenidamente

cada una de las afectaciones que afectan al particular, para poder

fijar el precio indemnizatorio respectivo.

Destacó además que la subsecretaría de Catastro aplicó de manera

estricta el método de comparación de mercado previsto en el

Decreto 1420 de 1998, pese a que tal disposición reconoce que la

simple comparación en condiciones normales no resulta adecuada y

por ello, advirtió que el avalúo oficial no sólo resultó inferior al valor

consignado en el plano de la zona geoeconómica homogénea

(ZGH), sino que omitió la consideración tanto de las limitaciones de

uso como de los valores de predios similares.

Adujo que, según sus cálculos, el Municipio terminó pagando, en

promedio, 17.56 veces menos que el valor de los lotes colindantes

sin restricción alguna.

Cuestionó que el avalúo oficial no identificara de manera concreta

los predios comparables, limitándose a señalar inmuebles con

características negativas semejantes, y observó que tampoco se

individualizó a los avaluadores intervinientes, quienes, además, no

cumplirían con las categorías exigidas por el Registro Abierto de

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Avaluadores para este tipo de bienes.

De la falsa motivación

Adujo que el acto administrativo de expropiación se encuentra

afectado por vicios de motivación, en la medida en que se sustentó

en el avalúo AE-034 de 10 de septiembre de 2019, que presentó

errores sustanciales que impiden reconocer la realidad fáctica y

jurídica del precio indemnizatorio justo respecto de la franja de

terreno objeto de la medida; yerros que derivan, principalmente, de

la omisión en considerar la localización del bien, situado en el Cerro

de las Tres Cruces, reconocido como un destacado sitio potencial

ecoturístico de la ciudad de Medellín, que se utilizaba para

actividades ecológicas.

Sostuvo que el inmueble fue adquirido por la parte demandante en

1967, época en la cual no existían restricciones sobre su uso, de

modo que podían ejercerse plenamente los atributos del derecho de

dominio, en especial los relativos a la construcción y a la percepción

de frutos civiles. Sin embargo, las limitaciones impuestas con

posterioridad por la administración no fueron objeto de

compensación adecuada.

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Puso de presente que no se valoró la condición en que se

encontraba el predio, dado que el único adquirente natural era el

Municipio, circunstancia que se concretó con la expropiación por

vía administrativa.

Solicitó tener en cuenta el dictamen elaborado por la empresa

MiActivo, Avalúos y Gestión Inmobiliaria, realizado por el perito

José Aníbal Escobar Hurtado y asistido por el avaluador Julio César

Restrepo Palacio, el cual, en su criterio, desvirtúa el avalúo oficial

tenido en cuenta por el municipio para expropiar el lote de su

propiedad, y decretar los testimonios de los señores Diego León

Ríos Lopera, Carlos Alberto Ríos Lopera, Jorge Monteblanco, León

Jairo Mejía Orozco, María Alejandra Gómez Bohórquez y Juan Carlos

Estrada Gaviria, quienes dan cuenta sobre los perjuicios

ocasionados con ocasión del tratamiento de conservación ambiental

del lote expropiado.

I.4.- Contestación

El MUNICIPIO5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

para lo cual consideró que las normas invocadas por la parte actora

deben interpretarse dentro del marco integral del ordenamiento

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territorial y de los instrumentos de gestión del suelo, en especial el

Decreto 1337 de 2002 que reglamenta el régimen de

compensaciones previsto en el Decreto Ley 151 de 1998.

Afirmó que el mecanismo de transferencia de derechos de

construcción y desarrollo no resulta aplicable al caso, dado que el

predio objeto de expropiación está clasificado como suelo rural y en

esa categoría no se generan derechos de edificabilidad susceptibles

de ser transferidos, lo que impide reconocer un mayor valor con

fundamento en dicho instrumento.

Señaló que la actora pretende asimilar a derechos adquiridos

ciertos beneficios urbanísticos que dependen de la reglamentación y

aplicación concreta de los planes de ordenamiento territorial, de

manera que la Ley 388 de 1997, en lo relativo a la distribución de

cargas y beneficios y las compensaciones en tratamientos de

conservación, no otorga automáticamente tales prerrogativas, pues

su procedencia exige condiciones jurídicas y urbanísticas que no

concurren en el predio expropiado.

Refirió que el actor incurre en un error al equiparar el régimen de la

expropiación administrativa con el de las compensaciones

urbanísticas, pues mientras la primera implica el reconocimiento del

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valor comercial del inmueble, las segundas responden a supuestos

distintos que deben ventilarse por las vías procesales adecuadas,

por lo que resulta improcedente pretender que dentro del cálculo

indemnizatorio se incluyan perjuicios derivados de limitaciones

ambientales o urbanísticas, pues el precio de la expropiación debe

corresponder únicamente al valor comercial del bien, atendiendo a

su clasificación como suelo rural y a las restricciones ambientales

que se derivan de su localización en el sistema orográfico y en la

estructura ecológica principal del municipio.

Dijo que el avalúo oficial AE-034 de fecha 10 de septiembre de

2019, se elaboró conforme a las metodologías vigentes y en estricto

cumplimiento de la normatividad del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, precisando que en el informe se aplicó el Método

Comparativo de Mercado, el cual permite establecer el valor

comercial a partir de la confrontación de transacciones, ofertas,

demandas y avalúos de inmuebles semejantes, ajustados según

factores de tiempo, conformación y localización.

Sostuvo que durante la visita al predio se constató que el inmueble

se encuentra en suelo rural, ubicado en la Vereda San José de

Manzanillo del Corregimiento de Altavista, municipio de Medellín, y

que para la investigación de mercado se seleccionaron siete

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muestras de inmuebles con características semejantes en categoría

y uso del suelo, ubicación, tamaño, topografía y accesibilidad, las

cuales provinieron del Observatorio Inmobiliario de Medellín (OIME)

y de levantamientos directos en la zona, siendo posteriormente

homologadas conforme a los factores de comparación.

Adujo que las muestras definitivas fueron sometidas a un proceso

de homogenización atendiendo al área, ubicación respecto a vías,

fecha de adquisición y descuentos por negociación, de modo que

tras la depuración se obtuvo un conjunto de predios en similares

condiciones –rurales, de tamaño y topografía similares, con uso de

suelo semejante y sin construcción— cuyo análisis estadístico arrojó

un coeficiente de variabilidad del 5,49%, inferior al 7,5% permitido

por la norma, circunstancia que habilitó el uso de la media

aritmética como valor más probable del metro cuadrado, en

cumplimiento del artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 del

IGAC.

Expuso que en la homogenización se aplicaron factores específicos

de ubicación, considerando la cercanía a vías principales o

secundarias, así como de área, dado que el lote objeto del avalúo

presentó una extensión considerable comparada con muestras

entre 50.000 m² y 85.000 m², resaltando además que el predio

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presentó limitaciones de uso y aprovechamiento al tratarse de un

terreno de protección con alta pendiente y suelos inestables,

condiciones propias de la naturaleza que impiden su desarrollo y

obligan a su conservación, razón por la cual, ante la ausencia

normativa para valorar áreas con movimiento en masa y alta

pendiente, la Subsecretaría de Catastro determinó que dichas

tierras se valoraran al 30 % del valor pleno.

Propuso las excepciones de ineptitud sustancial de la demanda,

caducidad del medio de control e indebida escogencia del medio de

control.

Al respecto, señaló que la demanda fue presentada por fuera del

término previsto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, que

establece un plazo de cuatro meses contados a partir de la

ejecutoria del acto de expropiación, pues la demandante fue

notificada de la resolución demandada el 28 de octubre de 2019, de

manera que el término para promover la conciliación prejudicial y

radicar la demanda vencía el 29 de febrero de 2020. Sin embargo,

el requisito de procedibilidad se presentó el 30 de junio de 2020, es

decir, cuando ya había expirado la oportunidad procesal para

cuestionar el acto administrativo.

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Consideró inepta la demanda, en la medida en que el medio de

control invocado por la parte actora —artículo 71 de la Ley 388 de

1997— está previsto para controvertir actos de expropiación y el

precio indemnizatorio derivado de ellos, mas no para cuestionar

afectaciones originadas en los Planes de Ordenamiento Territorial,

en este caso desde el año 1999, cuando se determinó que el predio

tenía un uso especial destinado a la protección ambiental.

Dijo que los hechos relatados por el demandante evidencian que

sus inconformidades se dirigen a controvertir disposiciones

contenidas en los acuerdos municipales que limitaron el uso del

suelo por razones ambientales y que, correlativamente,

establecieron mecanismos de compensación como la transferencia

de derechos de construcción y desarrollo.

Consideró que no resulta jurídicamente acertado sostener que la

resolución demandada desconoció normas superiores por no

reconocer una afectación que nunca se concretó y que acompañaba

al predio desde los POTs de los años 1999, 2006 y 2014.

Expresó que ni el avalúo practicado por el municipio ni el acto

administrativo expropiatorio podían observar expectativas

urbanísticas sin sustento en actos administrativos válidos ni en

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procedimientos surtidos para generar derechos adquiridos, pues el

inmueble debía valorarse conforme a sus condiciones físicas y

jurídicas reales, esto es, como suelo rural de conservación, sin

atribuirle potencial urbano inexistente.

Destacó que, si la sociedad consideraba que las limitaciones

impuestas por los planes de ordenamiento territorial rompían el

equilibrio de cargas, debió acudir en su momento a las acciones

administrativas o judiciales pertinentes.

Resaltó que las posibilidades de desarrollo del predio estuvieron

siempre condicionadas por su localización en suelo rural,

circunstancia reiterada en todas las reglamentaciones urbanísticas

anteriores al Acuerdo 48 de 2014, el cual lo clasificó como suelo

rural de conservación dentro de zonas de interés ambiental y de

espacio público; de modo que, si lo que pretendía el demandante

era reclamar perjuicios derivados de la expedición de dicho

acuerdo, debió hacerlo dentro del término de dos años contados

desde su publicación en la Gaceta Oficial el 18 de diciembre de

2014, plazo que concluyó el 18 de diciembre de 2016.

Precisó que cualquier reclamación relacionada con el Acuerdo 48 de

2014 debió formularse mediante el medio de control de reparación

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directa bajo el título de daño especial, el cual ya se encuentra

caducado.

Alegó la falta de conformación del litisconsorcio necesario previsto

en los artículos 61 y siguientes del Código General del Proceso6,

explicando que en el acto demandado el Municipio dispuso la

expropiación de una franja de terreno perteneciente al inmueble

identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 001-27020 y

CBML 70010000447, de propiedad de la actora, acto que estuvo

precedido por los convenios interadministrativos 4600081790 y 630

de 2019, celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

y el ente territorial, en virtud de los cuales se destinaron recursos

por valor de $13.000.000.000, para la adquisición de predios que

integran el Cerro de las Tres Cruces, entre ellos el inmueble objeto

de expropiación.

Sostuvo que dada la relación contractual existente entre el

Municipio y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sus

intereses pueden verse directamente afectados por el resultado del

litigio. Por ello, solicitó la vinculación de esa entidad al proceso, en

calidad de litisconsorte necesario, a fin de garantizar su

participación en la controversia.

6
En adelanten CGP,

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Objetó por error grave el dictamen pericial aportado por la parte

actora, por cuanto, en su criterio, evidencia sendas inexactitudes en

la valoración del inmueble.

I.5. El ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ7,

contestó la demanda y se opuso al llamamiento en garantía en los

siguientes términos:

Indicó que no existe contrato con el llamado municipio sino un

convenio interadministrativo, cuyo objeto fue desarrollar el

proyecto denominado “Aunar esfuerzos para realizar acciones de

conservación en el Cerro de las Tres Cruces, Municipio de Medellín”,

en el que se dispuso, en la cláusula tercera, que el ente territorial

actuaría como ejecutor y asumiría los sobrecostos que se

generaran.

Advirtió que la titularidad de los predios adquiridos corresponde al

Municipio, no sólo por su condición de ejecutor del convenio, sino

porque así se estableció expresamente en los numerales 21 y 22 de

los compromisos asumidos en la cláusula tercera, lo que, en su

criterio, confirma que se obligó a realizar aportes ciertos y

7 Por auto de 25 de junio de 2021, el Tribunal admitió el llamamiento en garantía formulado por el
Municipio.

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limitados, mientras que el Municipio asumió la responsabilidad

plena sobre los sobrecostos y la propiedad de los bienes adquiridos.

Indicó que no resulta acertado solicitar la nulidad de la Resolución

de Expropiación SEC 201950103003 de 24 de octubre de 2019 bajo

el argumento de que dicho acto desconoció normas de superior

jerarquía por no reconocer una afectación legal que nunca se

concretó y que acompañaba al predio desde la expedición de los

POT de 1999, 2006 y 2014, pues ni el avalúo practicado por el

municipio de Medellín ni la resolución de expropiación podían

contemplar afectaciones carentes de sustento, en actos

administrativos o procedimiento alguno, y menos aún valorar un

inmueble jurídicamente clasificado como rural de conservación

como si se tratara de suelo urbano, residencial o comercial.

Advirtió que si la demandante consideraba que las limitaciones

derivadas de los planes de ordenamiento territorial afectaban el

equilibrio de cargas debió acudir oportunamente a las acciones

administrativas o judiciales pertinentes, y no buscar ahora un

reconocimiento en sede contenciosa frente a un acto expropiatorio

que, por su naturaleza, no está llamado a reparar afectaciones

originadas en los POT.

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Precisó que las posibilidades de desarrollo del inmueble siempre

han estado limitadas por su localización en suelo rural, como lo

evidencian las reglamentaciones urbanísticas anteriores al Acuerdo

048 de 2014, entre ellas los Acuerdos 062 de 1999 y 046 de 2006,

y que conforme al citado Acuerdo 048 el predio se encuentra

clasificado como suelo rural con tratamiento de conservación y

ubicado en zonas de interés ambiental y de espacio público.

I.6. El Tribunal, en auto de 17 de septiembre de 2021, declaró no

probada la excepción de caducidad de la acción formulada por el

Municipio, y se abstuvo de resolver sobre las de inepta demanda e

indebida escogencia de la acción, por cuanto su resolución

correspondía al escenario propio de la sentencia.

I.7. En la audiencia inicial celebrada el 2 de marzo de 2022 se

ordenó la recepción de los testigos propuestos por las partes8 e

incorporó el informe EA 049 de 2020 elaborado por el Municipio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 27 de agosto de 2024, denegó

8
Demandante: Diego León Ríos Lopera, Carlos Alberto Ríos Lopera, Jorge Monteblanco, León Jairo
Mejía Orozco, María Alejandra Gómez Bohórquez, Juan Carlos Estrada Gaviria, León Jairo Mejía
Orozco y Diego Duque Pineda; y demandada: Beatriz Echeverri Cuartas, Raúl Ayarsa Bustamante,
José Daniel Escobar, Carlos Alberto Bedoya Vélez y Juliette Eliana Loaiza Álvarez.

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las pretensiones de la demanda9, con fundamento en los siguientes

razonamientos:

De la tacha de los testigos

Sostuvo que desestimó la tacha formulada contra el testigo de la

parte demandante, Juan Carlos Estrada Gaviria, al considerar que,

conforme a lo previsto en el artículo 211 del Código General del

Proceso, el hecho de haber promovido una demanda contra la parte

demandada no constituye impedimento para valorar su declaración,

la cual será apreciada en conjunto con los demás medios

probatorios.

Respecto de la solicitud de excluir el testimonio técnico de José

Daniel Escobar Jaramillo, precisó que no era la oportunidad procesal

para controvertir la figura probatoria bajo la cual fue decretado.

Finalmente, señaló que, frente a la oposición formulada contra el

dictamen pericial relativo al avalúo del inmueble, resultaba

razonable acudir a la declaración de expertos con el fin de sustentar

dicha oposición, pues la intervención de profesionales

especializados no solo permite contrastar técnicamente las

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conclusiones del perito, sino que asegura que el debate procesal se

desarrolle con el rigor y la objetividad que exige la valoración de un

bien sujeto a controversia.

Respecto de la compensación por transferencia de derechos

Señaló que el artículo 48 de la Ley 388 de 1997 estableció los

mecanismos de compensación derivados de las cargas impuestas a

los propietarios con ocasión de decisiones de ordenamiento

territorial, entre ellas la transferencia de derechos de construcción y

desarrollo, figura desarrollada por el Decreto Ley 151 de 1998 y el

Decreto 1337 de 2002.

Precisó que tal compensación surge cuando una decisión de

ordenamiento territorial afecta el ejercicio del derecho de

propiedad, circunstancia que se habría presentado con la expedición

del Acuerdo POT 48 de 2014, mediante el cual el Cerro de las Tres

Cruces fue declarado cerro tutelar y el predio objeto de controversia

definido como de uso forestal protector.

Señaló que en la expropiación por vía administrativa el Estado debe

garantizar el pago del justo precio del bien y el reconocimiento de

las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados al administrado,

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las cuales comprenden el daño emergente y el lucro cesante

debidamente acreditados. Si bien el artículo 23 de la Ley 1682 de

2013 dispone que en ciertos avalúos comerciales deben incluirse

compensaciones por afectaciones patrimoniales, advirtió que dicha

disposición resulta aplicable únicamente a proyectos de

infraestructura de transporte, supuesto que no corresponde al caso

examinado.

Con fundamento en lo anterior, adujo que la normativa que regula

los avalúos comerciales dentro del trámite de expropiación

administrativa no impone la obligación de incluir en la

determinación del justo precio las compensaciones derivadas de

obligaciones urbanísticas pendientes de reconocimiento, como lo

pretende el actor al solicitar que dentro del avalúo se liquide la

compensación por transferencia de derechos de construcción. Por el

contrario, estimó que dicha compensación tiene un origen

autónomo e independiente del trámite expropiatorio, pues surge de

la afectación derivada de decisiones de ordenamiento territorial, lo

que habilita al interesado para reclamarla desde el momento mismo

en que se produjo la limitación al derecho de propiedad.

Señaló que de lo afirmado por el testigo Juan Carlos Estrada y de lo

expuesto en la demanda, se advertía que el actor había solicitado

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dicho reconocimiento directamente ante la entidad demandada y

con anterioridad al trámite expropiatorio, lo que evidencia que la

determinación sobre su procedencia constituye un asunto distinto al

que se debate en este proceso, en el cual lo que se discute es

exclusivamente la determinación del justo precio indemnizatorio del

bien expropiado, que debe establecerse a partir de las condiciones

del predio al momento de la decisión expropiatoria, con

independencia de las cargas o reconocimientos que previamente

pudieran existir entre las partes.

Destacó que en ese orden resulta irrelevante la discusión planteada

en torno a la procedencia de dicha compensación para predios

rurales, debate que fue ampliado por los peritos que rindieron el

dictamen presentado por la parte demandante, pues dentro del

avalúo comercial que sirve de fundamento al justo precio

indemnizatorio únicamente debe determinarse el valor comercial

del predio junto con las indemnizaciones correspondientes por lucro

cesante y daño emergente.

En consecuencia, adujo que al no ser procedente la inclusión de la

compensación solicitada dentro del avalúo comercial y al tratarse

de una discusión que debe adelantarse por una vía distinta, la

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pretensión formulada en ese sentido no estaba llamada a

prosperar.

De la incorrección del avalúo

Señaló que la parte actora no aportó prueba alguna al proceso

encaminada a demostrar la falta de idoneidad de los avaluadores,

razón por la cual el examen se circunscribió a la incorrección del

avalúo:

Al respecto, sostuvo que la parte actora no logró acreditar errores

en la determinación del valor por metro cuadrado del bien

expropiado, pues no demostró las diferencias que podrían derivarse

de la toma de muestras con base en la información del

Observatorio Inmobiliario de Medellín.

Indicó que al valorar el dictamen pericial allegado por el

demandante conforme al Decreto 1420 de 1998 y las resoluciones

del IGAC, no se probó la aplicación errónea del método comparativo

de mercado, dado que ninguno de los predios utilizados en la

comparación guardaba relación con el uso del suelo asignado al

inmueble expropiado, esto es, forestal protector. Incluso, a partir

de lo declarado por el perito José Aníbal Escobar, quedó claro que el

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precio por metro cuadrado de un inmueble varía sustancialmente

según su destinación o posibilidades de utilización, afirmación

corroborada por los testigos técnicos, quienes explicaron que la

inclusión de predios con características distintas, especialmente

aquellos que permiten un uso más amplio, conduce a valores

superiores que no resultan aplicables al caso.

Señaló que el avalúo presentado por la parte actora partió de un

supuesto equivocado al comparar el bien objeto de expropiación

con inmuebles que no eran semejantes en sus condiciones físicas y

jurídicas, lo cual contraviene lo dispuesto en el Acuerdo 48 de

2015, que establece las restricciones propias del suelo forestal

protector, por lo que no era posible equiparar dicho predio con

otros de naturaleza distinta y para sustentar tal conclusión citó un

aparte del informe E-49 de 29 de septiembre de 2020 donde se

incorporó observaciones respecto de las ofertas allegadas por la

demandante, evidenciándose que no correspondían a elementos

comparables.

Precisó que el avalúo oficial, sustentado en el método de mercado,

se orientó a determinar el valor de bienes con características

semejantes que efectivamente se transan en el mercado, de modo

que, tratándose de un predio forestal protector, la comparación

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debía realizarse con lotes de igual destinación. Por ello, las

muestras utilizadas resultaban pertinentes y no podían ser

desvirtuadas por el análisis de la parte actora, centrado en predios

de naturaleza distinta.

Descartó la alegación relativa al supuesto potencial turístico del

inmueble, pues tanto el avalúo oficial como el dictamen aportado en

la demanda lo describieron como un terreno cubierto de vegetación

y parcialmente boscoso, sin actividad adicional y, al no haberse

probado su efectiva explotación para fines turísticos, no era

procedente incluir valores por ingresos dejados de percibir, frente a

lo que los testimonios técnicos practicados fueron enfáticos en

explicar que no podía acudirse en la actividad valuatoria al método

de renta, atendiendo que la precisa franja de terreno expropiada no

era objeto de explotación.

Respecto de la afirmación de la demandante sobre la existencia de

un monopsonio, consistente en que el único comprador posible

sería el Municipio, precisó que ello carecía de respaldo, pues los

avalúos demostraron que los bienes de esa naturaleza sí tienen

transacciones en el mercado.

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Destacó que el perito José Aníbal Escobar afirmó en su declaración

que el bien no podía ser valorado mediante el método de mercado y

que el avalúo correcto debía realizarse con valores contingentes.

Sin embargo, consideró que tales afirmaciones resultaban

contradictorias, pues si se sostiene que el bien posee una

especialidad que impide su comparación en el mercado, lo

razonable sería demostrar cómo esa particularidad determina su

valor y no acudir precisamente al método que se considera

improcedente.

Precisó que no se pronunciaría sobre el llamamiento en garantía

formulado por el Municipio contra el Área Metropolitana del Valle

de Aburrá, por denegarse las pretensiones de la demanda.

Finalmente, condenó en costas a la parte actora por resultar

vencida en el juicio, conforme con lo previsto en el CPACA y el CGP.

Al respecto, sostuvo que el artículo 365 del CGP establece el criterio

objetivo en esta materia, según el cual la condena no depende de la

mala fe, temeridad o culpa de la parte, sino del simple resultado

desfavorable de sus pretensiones.

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En cuanto a la liquidación, indicó que el artículo 366 del CGP

dispone que las costas y las agencias en derecho corresponden a

los gastos en que incurrió la parte vencedora, siempre que se

encuentren probados y se relacionen con actuaciones autorizadas

por la ley. En ese sentido, aclaró que las costas no constituyen una

indemnización ni una sanción, sino la consecuencia procesal de la

derrota en juicio.

Con fundamento en lo anterior, fijó como agencias en derecho el

equivalente al 3% del valor reclamado como indemnización,

atendiendo a la estimación de la cuantía realizada por la propia

parte actora y de conformidad con lo previsto en el Acuerdo núm.

PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

III.- EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia

con fundamento en lo siguiente10:

Razones que demuestran que el avalúo oficial es incorrecto

Consideró desacertada que el Tribunal considerara que en la

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aplicación del método de mercado se permite tener en cuenta la

limitación en el uso del suelo como forestal protector para hallar el

valor comercial, pues de conformidad con lo previsto en el Decreto

1420 de 1998 los bienes limitados por tal razón no tienen bienes

comparables en términos de mercado.

Transcribió apartes del interrogatorio al perito José Anibal Escobar

en el que señaló que: i) lotes como el expropiado no tienen

mercado y se remite al libro “avalúos de terrenos de protección y

uso institucional” donde se dice que los predios que tiene valor

ambiental no tienen mercado, pues el único comprador debe ser la

comunidad nacional o local a través del Municipio, por lo que se

trata de un monopsonio que no tiene valor comercial; y ii) el avalúo

del Municipio tiene ofertas de predios limitados las cuales no

corresponden a transacciones propias de mercado.

Adujo que la destinación del inmueble como área forestal protectora

implica una disminución en su valor comercial, afirmación que

encuentra respaldo en los artículos 48 de la Ley 388 de 1997 y 3º

del Decreto 151 de 1998, disposiciones que, en su criterio,

establecen la obligación de compensar a los propietarios de

terrenos afectados por los planes de ordenamiento territorial en la

medida de la afectación sufrida, de modo que este quede en una

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situación equivalente a aquella en la que se encontraría si nunca se

hubiese impuesto la limitación.

Destacó que es claro que el demandado pretenda que el uso del

inmueble objeto de avalúo como forestal protector se tenga en

cuenta en el avalúo pues de esta manera el valor del inmueble será

mucho menor, pero no corresponde a un valor comercial.

Señaló que, de la revisión del informe técnico del Municipio,

evidenció que la información relativa a las ofertas recopiladas por el

Observatorio Inmobiliario no puede ser consultada de manera

abierta por el público y que carecía de respaldo, en tanto dicha

entidad constituye un área de apoyo para la Subsecretaría de

Catastro, especialmente para la Unidad de Avalúos.

Mencionó que la norma valuatoria va más allá del análisis de la

muestra de las ofertas que se utilizan en un avalúo, pues exige que

se haga mención del medio donde se obtuvo la información y la

fecha de publicación de estas o transacciones, así como de otros

factores y ejercicios técnicos que permitan su identificación

posterior, requerimiento que no se evidenció en el avalúo oficial.

Indicó que el perito Julio Cesar Restrepo, en su declaración destacó

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que este se ha creado bajo un mercado bajo en las negociaciones,

razón por la cual no se pueden tomar las muestras del avalúo del

Municipio para llegar a un valor real comercial.

Dijo que en el proceso se acreditó que el dictamen aportado con la

demanda empleó el método de mercado para determinar el valor

comercial del bien, y aunque no existía un mercado específico para

predios con restricciones de uso por protección ambiental, sí había

mecanismos legales para establecerlo, pues en la declaración del

perito José Aníbal Escobar se indicó que el avalúo se realizó

tomando como referencia el mercado inmobiliario rural más cercano

y considerando los parámetros utilizados por los peritos para

identificar ofertas y transacciones de inmuebles semejantes y

comparables al predio objeto de expropiación, elementos que

quedaron consignados en el dictamen y de los cuales se

transcribieron apartes con la información correspondiente.

Destacó que dentro del proceso se acreditó el uso del inmueble

para servicios turísticos, dado que el Cerro Las Tres Cruces

constituye un lugar concurrido por personas que realizan múltiples

actividades, circunstancia que permitió evidenciar su vocación

económica y la capacidad de generar rendimientos.

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Indicó que el avalúo realizado por el municipio de Medellín

corresponde a un predio limitado por razones de protección

ambiental, circunstancia que impide reflejar un valor específico,

dado que los expertos recomiendan que, cuando un inmueble

presenta restricciones de esta naturaleza, no se considere su uso

como forestal protector, sin que ello implique desconocer la

destinación del predio, sino compararlo con otros inmuebles rurales

no sujetos a protección, en atención a que no existe un mercado

específico para este tipo de bienes.

Adujo que el dictamen allegado con la demanda tuvo en cuenta

todas las características del inmueble, pues se realizó la

homogenización y los cálculos estadísticos necesarios para cumplir

con la normativa y obtener un valor comercial demostrable en

términos de mercado, razón por la cual se evidenció que dicho

documento logró desvirtuar el avalúo oficial.

Procedencia de la inclusión de compensaciones

Sostuvo que la providencia impugnada desconoce el derecho del

propietario del inmueble a recibir un precio justo indemnizatorio con

ocasión de la expropiación del predio y de las limitaciones

urbanísticas y ambientales que recaían previamente sobre el

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mismo, pues a su juicio, la interpretación adoptada en la decisión

recurrida impide aplicar adecuadamente el marco normativo que

regula la compensación a los propietarios cuyos bienes han sido

afectados por restricciones derivadas del ordenamiento territorial,

razón por la cual solicitó aplicar por analogía lo dispuesto en el

artículo 13 de la Ley 1682 de 2013, pues considera que dicha

disposición permite reconocer en el precio indemnizatorio los

efectos derivados de las limitaciones que afectan el inmueble objeto

de expropiación.

Expuso que a partir del principio de igualdad frente a las cargas

públicas la indemnización derivada de la expropiación debe ser

justa, lo que implica ponderar los intereses de la comunidad y los

del propietario afectado. En esa medida, afirma que la

indemnización no puede limitarse exclusivamente al valor comercial

del bien, pues el afectado también puede sufrir perjuicios derivados

de la restricción del uso del suelo y de la pérdida definitiva del

inmueble.

Indicó que el predio objeto del proceso se encontraba sometido a

una limitación urbanística por tratarse de suelo de protección

ambiental clasificado como suelo forestal protector, circunstancia

que no excluye el derecho del propietario a recibir compensaciones,

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sino que activa los mecanismos previstos en la legislación

urbanística para equilibrar las cargas impuestas a los particulares

por razones de interés general.

Dijo que la Ley 388 de 1997 establece el principio de reparto

equitativo de cargas y beneficios derivados del ordenamiento

territorial y que los propietarios de inmuebles sometidos a

tratamientos de conservación histórica, arquitectónica o ambiental

deben ser compensados mediante instrumentos como

compensaciones económicas, beneficios o mecanismos urbanísticos

equivalentes.

Sostuvo que el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio,

adoptado en el Acuerdo 48 de 2014, prevé expresamente

mecanismos de compensación para los propietarios de predios

ubicados en áreas de conservación ambiental, en particular, el de

transferencia de derechos de construcción y desarrollo que permite

trasladar el potencial constructivo que no puede ejercerse en el

predio restringido hacia zonas receptoras.

Afirmó que se demostró que el inmueble expropiado se encuentra

ubicado en las áreas identificadas por el POT como generadoras de

derechos adicionales de construcción, razón por la cual resulta

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procedente aplicar el mencionado mecanismo de transferencia de

derechos de construcción, como forma de compensación por la

limitación impuesta al predio.

Insistió en que su pretensión no consiste en desconocer las

determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial ni oponerse a

las medidas de protección ambiental adoptadas por el municipio,

sino la aplicación integral de las disposiciones que establecen

mecanismos de compensación para los propietarios afectados por

restricciones urbanísticas.

Manifestó que el avalúo practicado por el municipio no corresponde

al valor comercial real del inmueble en condiciones de mercado,

sino que refleja únicamente el valor de un predio ya afectado por la

restricción ambiental impuesta. En consecuencia, el monto fijado

carece de la naturaleza de un precio justo indemnizatorio, lo que

conduce a la necesidad de incluir, dentro de dicho valor, los

perjuicios ocasionados por tales limitaciones, a fin de garantizar

que la indemnización establecida en el marco de la expropiación por

vía administrativa cumpla con los principios de equidad y reparación

integral.

De la ilicitud de las pruebas en que se basó la sentencia de

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primera instancia

Sostuvo que el Tribunal incurrió en un error al afirmar que la parte

demandante no interpuso recurso frente a la valoración del informe

técnico EA-049 de 2020 presentado por la parte demandada ni

contra la práctica de los denominados testimonios técnicos

solicitados por el municipio, pues la oposición se planteó incluso en

el traslado de las excepciones de mérito, donde se advirtió que el

decreto de dichas pruebas vulneraba el derecho fundamental al

debido proceso.

Adujo que, respecto del Informe EA-049 del 29 de septiembre de

2020 elaborado por la Unidad de Avalúos del Municipio, no se trata

propiamente de un documento sino de un dictamen pericial con

conclusiones destinadas a fines probatorios, razón por la cual debía

cumplir los requisitos previstos en los artículos 218 y 219 del

CPACA, y 226 del CGP, exigencias que, en su criterio, no se

satisfacen.

Cuestionó la imparcialidad del informe por haber sido elaborado por

funcionarios de una dependencia del mismo Municipio demandado,

y añadió que quedó evidenciado que la finalidad del Informe EA‑049

era controvertir el dictamen pericial aportado por la parte

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demandante, circunstancia que confirmó su naturaleza de dictamen

pericial.

Sostuvo que los testimonios técnicos solicitados por el Municipio

correspondían en realidad a peritos presentados bajo la forma de

testigos, aclarando que el testigo técnico es aquel que percibe

directamente los hechos objeto del litigio y, gracias a sus

conocimientos, puede explicarlos con mayor precisión; sin

embargo, en este caso el declarante José Daniel Escobar no

presenció los hechos relevantes del proceso sino que acudió a la

audiencia únicamente para emitir conceptos técnicos destinados a

controvertir el dictamen pericial presentado por la parte

demandante.

En ese sentido, señalo que permitir tales declaraciones equivale a

admitir varios dictámenes periciales de contradicción presentados

por el Municipio a través de supuestos testigos, sin cumplir los

requisitos exigidos por la ley para la prueba pericial.

Agregó que dichos declarantes se encontraban previamente

contaminados para rendir su declaración, pues habían estudiado el

dictamen pericial aportado por la parte demandante con el

propósito de desvirtuarlo.

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Finalmente, cuestionó el contenido del Informe EA‑049 por tratarse

de un documento elaborado por la entidad demandada con el

propósito de desacreditar el dictamen pericial de la parte actora y

que no contiene soportes técnicos verificables que permitan

corroborar los cálculos o conclusiones allí consignadas.

Concluyó que el Informe EA‑049 y los denominados testimonios

técnicos fueron indebidamente decretados y valorados dentro del

proceso, pues corresponden en realidad a pruebas periciales que no

cumplen con los requisitos legales ni con las garantías de

contradicción previstas en el ordenamiento procesal.

De la improcedencia de la condena en costas:

Señaló que, conforme con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,

modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la imposición

de costas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no

opera de manera automática por el simple hecho de que una de las

partes resulte vencida en el proceso, pues exige que el juez realice

una valoración de la conducta procesal de estas y solo procede

cuando se advierta una actuación temeraria, dilatoria o la demanda

haya sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal,

aspecto que no se presentó en el caso sub lite, pues de la demanda

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estuvo sustentada en argumentos fácticos y jurídicos serios,

encaminados a obtener el reconocimiento de las pretensiones

planteadas.

Adujo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que

el juez contencioso administrativo debe realizar un juicio de

ponderación antes de imponer costas, atendiendo tanto a los

criterios previstos en el artículo 188 del CPACA como a las reglas

contenidas en los artículos 365 y 366 del CG Proceso, relativas a la

verificación de la causación de gastos y de la actividad

efectivamente desplegada por el abogado.

Afirmó que en el expediente no se encuentra acreditada la

realización de gastos ordinarios adicionales ni actuaciones

procesales que permitan concluir la existencia de temeridad o mala

fe, por el contrario, consideró que su actuación se limitó al ejercicio

legítimo del derecho de acceso a la administración de justicia, por

lo que solicitó su revocatoria.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1.- Acto demandado

En el presente asunto se cuestiona la Resolución SEC

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2019501030030 de 24 de octubre de 2019, expedida por la

Subsecretarías de Despacho, de Ejecución de la Contratación, y de

Suministros y Servicios del Municipio, por la cual se ordenó la

expropiación por vía administrativa de una faja de terreno que hace

parte del inmueble de mayor extensión identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria núm. 001-27020, así:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: Disponer la expropiación
administrativa de una FAJA DE TERRENO DE 131.006,989 M2,
que hace parte del lote de mayor extensión identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-27020, CBML
70010000447,ubicado en el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, propiedad de la sociedad
TERRENOS Y EDIFICIOS LIMITADA EN LIQUIDACIÓN,
identificada con NIT.890905287-0, determinada por los
siguientes linderos particulares, según plano punteo de junio
de 2019, escala 1:1.550, elaborado por la Subsecretaría de
Medio Ambiente, el cual hace parte integrante del presente
acto: Por el NORTE con predio identificado con
CBML70010000212, por el ORIENTE con los predios
identificados con los CBML 70010000360,70010000445,
70010000309, y en parte con área restante número 1,
identificada con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
27020, por el SUR, en parte con el área restante Nº 2 y el
predio identificado con el CBML 70010000210; por el
OCCIDENTE con predio identificado con CBML 70010000458,
por el noroccidente, con predio identificado con CBML
70010000374. Los anteriores linderos se encuentran
determinados en las siguientes coordenadas.

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PARÁGRAFO PRIMERO. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DE
MAYOR EXTENSIÓN: El inmueble de mayor extensión se
encuentra determinado por los siguientes linderos particulares,
escritura pública Nro. 2568 de 30 de mayo de 1973 de la
Notaría 5 de Medellín, así:

"Una finca territorial, situada también en la fracción Belén de
este Municipio de Medellín, conocida con el nombre de San
José, por los siguientes linderos: Por el Oriente, con terrenos
que fueron de Samuel y Aura Castrillón y luego de Avelino
Ríos, es decir, con el inmueble que se deja relacionado antes,
bajo el literal b) de esta escritura, donde está ubicada la
Urbanización San Francisco, siguiendo luego por el camino El
Manzanillo, dirección suroeste, hasta llegar a un puente sobre
la quebrada la Guayabala y siguiendo el curso de la Guayabala
hasta terrenos de Antonio Arroyave, continuando después, en
la misma dirección, con terrenos de la escuela Juan XXIII, se
sigue luego con terrenos que fueron de María Restrepo (hoy

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sus herederos), y después se sigue lindando con terrenos que
fueron de Eduardo Agudelo y luego de Avelino Ríos. Todo el
trayecto de los linderos anteriores tiene una extensión de tres
mil doscientos metros (3.200 mts), según plano topográfico
aprobado por el Departamento Técnico de Planeación del
Municipio de Medellín. Por el Suroeste linda este lote así:
Arrancando del punto donde se linda con la finca "La Pradera" y
con la llamada "Manga de D. Marcos", que fue de Eduardo
Agudelo y luego de Avelino Ríos; continuando luego por un
cerco arriba de la finca La Pradera hasta la toma del agua para
la finca San José, de que habla este mismo literal; y de allí en
sesgo hasta una puerta de golpe por donde pasa un camino de
servidumbre, en la finca La Pradera. Todo el trayecto de este
lindero tiene una extensión aproximada de dos mil
cuatrocientos metros (2.400 mts). Por el Norte linda así:
Siguiendo de la puerta de golpe hacia abajo, girando un poco a
la derecha hasta llegar a la carreta El Manzanillo, y por esta
carretera, que es nueva y la construyó el Municipio de Medellín,
hasta llegar a lindes con la finca La Pradera y la llamada Manga
de D, Marcos; y de allí hacia abajo, lindando con terrenos de
herederos de Marcos Saldarriaga; luego se sigue a lindar con
terrenos que fueron de Samuel y Aura Castrillón y después de
Avelino Ríos, hasta la quebrada La Pabón. Todo este trayecto
tiene mil seiscientos metros (1.600 mts) más o menos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el parágrafo
tercero del artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto Nacional Nº1077 de
2015, no se requiere licencia de subdivisión para la
segregación de la FAJA DE TERRENO objeto de expropiación.

Parágrafo 3. No se requerirá licencia de subdivisión cuando se
trate de particiones o divisiones materiales de predios
ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera
subdividir predios por motivo de la ejecución de obras de
utilidad pública. En estos casos, la división material se realizará
con fundamento en lo ordenado en la sentencia judicial o con el
registro topográfico que elabore la entidad pública que ejecute
la respectiva obra.

PARÁGRAFO TERCERO. LIMITACIONES Y GRAVÁMENES. El
inmueble descrito en el artículo primero del presente acto,
soporta los siguientes gravámenes y limitaciones al derecho de
dominio: ANOTACIÓN Nº 16: EMBARGO POR IMPUESTOS
MUNICIPALES EXCLUYEN SEGREGACIONES PARCIALES. De:
Municipio de Medellín - Secretaría de Hacienda, oficio 2251 de
20 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO TRADICIÓN: Que TERRENO Y EDIFICIOS
LIMITADA EN LIQUIDACIÓN, adquirió por aporte de sociedad
que hiciere AVELINO RIOS LLANO, mediante escritura pública
Nro. 4508 del 3 de octubre de 1967 de la Notaria 5 de

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Medellín, aclarada por escritura 2568 del 30 de mayo de 1973
de la Notaria 5 de Medellín.

ARTÍCULO TERCERO: PRECIO INDEMNIZATORIO: El precio
indemnizatorio que comprende la FAJA DE TERRENO
DESCRITA, con todas sus mejoras y anexidades, asciende a la
suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y
UN PESOS MONEDA LEGAL ($2.858.216.141 M.L); según
informe de avalúo comercial AE- 034 de 10 de septiembre de
2019, RADICADO 201920076331 de 10 de septiembre de
2019, elaborado por la Subsecretaría de Catastro, Secretaria
de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín.

ARTÍCULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio
indemnizatorio, indicado en el artículo anterior, será cancelado
a la sociedad TERRENOS Y EDIFICIOS LIMITADA EN
LIQUIDACIÓN, NIT. 890905287-0, y puesto a su disposición
durante el término de diez (10) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo en las taquillas del
Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en la calle 44
Nº 52 - 165.

PARÁGRAFO: En caso de que los valores correspondientes al
precio indemnizatorio no sean retirados por el destinatario de
esta Resolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero será
consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará
a disposición del mismo; esto es, el BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA en el municipio de Medellín, sucursal "Carabobo"
ubicado en la Carrera 52 Nº 49- 66.

ARTÍCULO QUINTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Imputar
los recursos del presente acto con cargo a las siguientes
Disponibilidades de Recurso, emitidas por la Secretaría de
Medio Ambiente 5300002919; 5300002920;5300002921;
5300002922;5300002923.

ARTÍCULO SEXTO: DESTINACIÓN. LA FAJA DE TERRENO objeto
de expropiación será destinada al proyecto "Proyecto Cerro de
Las Tres Cruces", declarado de utilidad pública conforme a la
Resolución Nº 201850028812 de 12 de abril de 2018 "Por la
cual se declaran motivos de utilidad pública e interés social y la
existencia de condiciones de urgencia, para la adquisición de
inmuebles destinados a la ejecución del Proyecto Cerro de las
Tres Cruces", modificada parcialmente por la Resolución Nº
201850057344 de 15 de agosto de 2018.

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ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDEN DE INSCRIPCIÓN: Una vez
ejecutoriado el presente acto administrativo, se le solicitará al
señor Registrador de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona
Sur, inscribir la expropiación ordenada en el folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 001- 27020; y ASIGNARLE una matrícula
inmobiliaria a la FAJA DE TERRENO OBJETO DE
EXPROPIACIÓN, descrita en el artículo primero, libre de
cualquier limitación al derecho de dominio, para que surtan los
efectos atinentes a la transferencia del dominio en cabeza del
Municipio de Medellín; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4 del artículo 68 de la Ley 388 de 1997 y numeral 1
artículo 70 de la misma ley.

ARTÍCULO OCTAVO: ENTREGA MATERIAL. La entrega material
de la FAJA DE TERRENO descrita en el artículo primero de este
acto administrativo se realizará en los términos y condiciones
del numeral tercero (3), articulo 70 de la Ley 388 de 1997.

ARTÍCULO NOVENO. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS: La presente
Resolución será notificada a los titulares de derechos reales, en
los términos de Código de Procedimiento.

Frente al presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual deberá ser interpuesto ante la Subsecretaría
de Ejecución de la Contratación, Secretaría de Suministros y
Servicios del Municipio de Medellín, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del acto.

Dada en Medellín, a los 24 días del mes de octubre de dos mil
diecinueve (2019) […]¨

IV.2.- Problema jurídico

Con base en los argumentos planteados por la parte actora en su

recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el avalúo

aportado con la demanda, junto con los demás elementos

probatorios allegados al plenario, desvirtúa la presunción de legal

del acto administrativo acusado que fijó el valor de la

indemnización por expropiación. Asimismo, determinar si en el

marco de dicha determinación, el avalúo debía contener el valor

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correspondiente a la compensación derivada de la limitación

urbanística impuesta al inmueble.

Para resolver lo planteado, la Sala hará referencia al marco jurídico

general aplicable a la expropiación administrativa, para enseguida

abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,

generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad
es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

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arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido

el carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

Ahora, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,

inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la

adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad

pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley

388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el

procedimiento que debe ser atendido con el propósito de llevar a

cabo la expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

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El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la

destinación que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto

administrativo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

v) la orden de notificar a los titulares del derecho de dominio u

otros derechos reales del predio y la información sobre los recursos

procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada

el artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa,
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto
en forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se
trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que
ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el
registro de la decisión en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad
acredite que el propietario o los titulares de otros derechos
reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o
que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme
a lo previsto en el numeral 2 de este artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del
precio indemnizatorio que se paga de contado y los
documentos de deber correspondientes a los cinco contados
sucesivos anuales del saldo. Si el particular no retira dichos
valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la

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entidad financiera autorizada para el efecto a disposición del
particular, y entregara copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre
ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes,
considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo
en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la
obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará
y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a
fin de que el demandante recupere la titularidad del bien
expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor y
los documentos de deber que la persona cuyo bien fue
expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva,
siendo necesario para los efectos del registro de la sentencia
que se acredite mediante certificación auténtica que se ha
efectuado el reintegro ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
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del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el

cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos

previstos en el artículo 6113 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características

esenciales de la expropiación radica en el hecho de que la actuación

del Estado se hace por razones de utilidad pública e interés social,

previa y justa indemnización del inmueble, en cuanto comprende su

valor y los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida,

con el fin de alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección11 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba
prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo
alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las
garantías que la Constitución reconoce en favor del
propietario, pues no puede pretenderse que éste deba
asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como
consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el
reparto de las cargas públicas.

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril
de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01

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Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción

especial contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento

del derecho que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso

interpuesto. Al respecto, se ha manifestado12:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen
analizó indebidamente la acción incoada y valoró de forma
inadecuada las normas superiores invocadas como violadas y
las pruebas allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de
la Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun
cuando la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión
o ajuste del precio indemnizatorio ya que, como se ha
sostenido, el principio de legalidad, fundamento de todo Estado
de Derecho, es uno de los pilares sobre los cuales descansa el
trámite de expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020110019601

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la expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de
legalidad sobre la decisión de expropiación al verificar su
cumplimiento, como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no
implica, como aduce el recurrente, que la acción especial
contencioso administrativa se aborde como una acción
ordinaria de nulidad. […]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo

acusado, que decretó la expropiación, este se encuentra amparado

por la misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de

las decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que

el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en
el sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de
2009, al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de
fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera
sostuvo que “al haberse incorporado dicho valor en el texto de

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los actos administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción de
legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario.
En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en
el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando
precisamente su incorrección”.13
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección14sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien
tenía la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y
como lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
que lo incorporó […]”15.

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2016 del decreto en mención

está establecido que en el avalúo debe indicarse el método

13
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras
sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000
2011 00196 01
16
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y
las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,

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utilizado, el artículo 2317 de la misma norma facultó al IGAC para

expedir a través de resolución las disposiciones metodológicas para

la realización de estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente

expidió las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones

que fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en

la actualidad establece los procedimientos para los avalúos

ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

V. Caso concreto

Del pago de las compensaciones derivadas de limitaciones

urbanísticas

especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación
[…]”.
17
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución
que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este
decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial. [...]”.

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La parte demandante sostiene que el avalúo efectuado por la

entidad territorial debió incorporar el valor correspondiente a la

compensación derivada de la limitación urbanística impuesta al

inmueble, concretamente aquella asociada a la transferencia de

derechos de construcción y desarrollo. Sin embargo, tras examinar

el marco normativo aplicable y la naturaleza jurídica de las figuras

involucradas, la Sala advierte que, tal como lo señaló el Tribunal, la

pretensión no está llamada a prosperar.

Ello por cuanto, la compensación por transferencia de derechos de

construcción y desarrollo encuentra su fundamento en el artículo 48

de la Ley 388 de 1997, que prevé mecanismos orientados a

equilibrar las cargas y beneficios derivados de las decisiones de

ordenamiento territorial.

En desarrollo de dicha norma, se expidieron los decretos ley 151 de

1998 y 1337 de 2002, a través de los cuales se reguló la posibilidad

de reconocer compensaciones cuando, como consecuencia de

determinaciones urbanísticas, se imponen restricciones al

aprovechamiento del suelo que afectan el ejercicio pleno del

derecho de propiedad.

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Así, la finalidad de este instrumento consiste en compensar a los

propietarios cuando las decisiones de planificación territorial

generan limitaciones especiales al uso o aprovechamiento del

inmueble, permitiendo que tales restricciones se equilibren

mediante la transferencia de derechos de construcción a otros

ámbitos del territorio donde sí resulte posible materializar dicho

aprovechamiento urbanístico.

De acuerdo con lo afirmado por el demandante, la afectación que

daría lugar a la compensación invocada se habría originado en el

Acuerdo 48 de 2014, mediante el cual se adoptó el Plan de

Ordenamiento Territorial del municipio de Medellín y se dispuso,

entre otras determinaciones, la declaratoria del Cerro de las Tres

Cruces como cerro tutelar, asignando al predio objeto de

controversia un uso forestal protector que restringe sus

posibilidades de desarrollo urbanístico.

Bajo ese entendido, resulta claro que la eventual compensación por

transferencia de derechos de construcción tiene su origen en una

decisión de ordenamiento territorial que limita el ejercicio del

derecho de propiedad, lo que evidencia que su causa jurídica es

distinta de aquella que sustenta el procedimiento expropiatorio,

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regulado en la Ley 388 de 1997 y responde a una finalidad

diferente.

Este mecanismo constituye una herramienta de intervención estatal

mediante la cual la administración adquiere forzosamente un bien

inmueble cuando ello resulta necesario para la satisfacción de un

motivo de utilidad pública o interés social previamente definido por

la ley.

El procedimiento expropiatorio comprende, de manera general, dos

etapas claramente diferenciadas. En una primera fase, la entidad

pública formula una oferta de compra sustentada en un avalúo

comercial del inmueble, con el propósito de lograr su adquisición

por la vía de la enajenación voluntaria. En caso de que no se

alcance un acuerdo entre las partes dentro del término legal

previsto, la administración procede a expedir el acto administrativo

mediante el cual decreta la expropiación y fija el precio de

adquisición del bien, así como las indemnizaciones a que haya

lugar.

Dentro de este contexto, el ordenamiento jurídico exige que el

Estado garantice el pago del justo precio del inmueble objeto de

expropiación, así como el reconocimiento de los perjuicios que se

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deriven directamente de la decisión expropiatoria. Tales perjuicios,

conforme a las reglas generales de la responsabilidad patrimonial,

corresponden al daño emergente y al lucro cesante debidamente

acreditados.

Ahora bien, el recurrente solicita la aplicación por analogía del

artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 para sustentar la inclusión de

compensaciones dentro del avalúo comercial. No obstante, dicha

disposición se refiere específicamente a los procesos de adquisición

predial relacionados con “proyectos de infraestructura de

transporte”, ámbito dentro del cual se prevé que los avalúos

puedan incorporar determinadas compensaciones derivadas de la

afectación al patrimonio de los particulares.

En el presente asunto, la expropiación no se encuentra vinculada a

la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte,

circunstancia que impide extender la aplicación de dicha norma a

un supuesto distinto al previsto expresamente por el legislador.

De esta manera, al examinar las normas que regulan la

determinación del justo precio dentro de los procesos de

expropiación administrativa, no se advierte disposición alguna que

imponga a la entidad expropiante la obligación de incluir

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compensaciones urbanísticas cuyo origen se encuentra en

decisiones de ordenamiento territorial.

En ese orden, la Sala comparte la postura sostenida por el Tribunal

en cuanto la compensación por transferencia de derechos de

construcción y desarrollo constituye un mecanismo autónomo de

distribución de cargas urbanísticas, cuya causa se encuentra en la

afectación generada por la planificación territorial y no en la

decisión expropiatoria.

Por consiguiente, aun en el evento en que el demandante estimara

procedente el reconocimiento de dicha compensación, lo cierto es

que su reclamación debía promoverse a través de los mecanismos

previstos específicamente para tal efecto, desde el momento mismo

en que se produjo la afectación al derecho de propiedad derivada

de la decisión de ordenamiento territorial.

En consecuencia, no resulta jurídicamente viable incorporar dentro

del avalúo que sirve de fundamento al procedimiento expropiatorio

un concepto indemnizatorio cuya causa jurídica es distinta e

independiente de la expropiación misma.

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Por las razones expuestas, la Sala concluye que la pretensión de la

demandante encaminada a que dentro del avalúo comercial se

incluya la compensación por transferencia de derechos de

construcción y desarrollo, carece de fundamento jurídico motivo por

el cual el argumento propuesto en tal sentido no está llamado a

prosperar.

Del avalúo comercial en la determinación del valor a

reconocer por la expropiación.

En el presente asunto se controvierte si, dentro del proceso de

expropiación adelantado por el Municipio, se garantizó el pago del

justo precio respecto del inmueble identificado con el folio de

matrícula inmobiliaria 001-27020 por lo que resulta necesario

establecer si el avalúo oficial AE-034 de 10 de septiembre de

201918 se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus

disposiciones complementarias, o si, por el contrario, debe ser

desvirtuado con fundamento en el avalúo comercial elaborado por

la Empresa Avalúos Miactivo de fecha 5 de junio de 202019, por

solicitud de la parte actora.

18
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 2_ACUSE_RECIBO(.pdf).Enlace. Anexos Contestación. Demanda
y Anexos. Pruebas documentales

19
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 2_ACUSE_RECIBO(.pdf).Enlace. Anexos Contestación. Dictamen
pericial

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La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee

los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de

acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena

consagrada en la Constitución Política y desarrollada en los

términos de la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la

parte recurrente, demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial

carece de validez.

En el presente caso se encuentra acreditado que el Municipio

mediante Resolución SEC 201950103003 de 24 de octubre de

2019, ordenó la expropiación por vía administrativa de una franja

de terreno de 131.006.989m2 que hace parte del inmueble de

mayor extensión identificado con el folio de matrícula inmobiliaria

núm. 001-27020, cuya destinación estuvo vinculada a la ejecución

del proyecto “Cerro de las Tres Cruces”.

Para efectos indemnizatorios, en la Resolución SEC 201950103003

se fijó como indemnización la suma de $2.858.216.141, valoración

que se realizó conforme al avalúo comercial AE-034 de 10 de

septiembre de 2019, elaborado por la Subsecretaría de Catastro,

Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio20.

20
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4ED_CUADERNO UNO DEL TRIBUNAL (.pdf). Folios 1-2. y
5ED_CUADERNO 2 DEL TRIBUNAL. Folios 3-36

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El análisis contenido en el avalúo oficial permitió verificar que, para

la determinación del valor comercial del área de terreno, se

tuvieron en cuenta y ponderaron aspectos tales como: i) la

información general en la que se identificó el solicitante del avalúo

y la radicación, ii) la destinación actual; iii) las normas aplicables en

materia de avalúos; iii) la información jurídica; iv) la descripción

general del sector, los barrios próximos, las actividades

predominantes, el estrato socioeconómico, las vías de acceso, la

actividad edificadora, las perspectivas de valorización, los servicios

e infraestructura. En cuanto a la reglamentación urbanística dispuso

lo siguiente:

[…]El predio se localiza en el Polígono de Tratamiento
AL_CS_07(B), Conservación, que de conformidad con el
artículo 388 del POT, se aplica para áreas con coberturas
boscosas naturales bien conservadas, que prestan bienes y
servicios ambientales a toda la ciudad, y en áreas que por sus
restricciones ambientales y naturales, tienen un potencial para
la prestación de servicios ecosistémicos, que deberán orientar
estrategias para la restauración ecológica y la conservación de
la vegetación natural.

El objetivo de estos polígonos, será mantener y restaurar la
vegetación natural con la reducción al mínimo de la
intervención antrópica, promover el estudio y la investigación
de los ecosistemas, la siembra de árboles nativos o la
regeneración natural asistida en áreas desprovistas de
vegetación, asegurar la conservación de la biodiversidad, la
regulación del sistema hidrológico, la estabilidad del suelo, las
riquezas paisajísticas y los valores históricos y culturales del
patrimonio ecológico.

En general, estas áreas hacen parte de las áreas protegidas
definidas para el territorio, que se retoman en la Estructura
Ecológica Principal, las áreas de amenaza alta y las áreas de

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riesgo no mitigable, las cuales se acogen como suelos de
protección ambiental a la luz de la presente normatividad.

Con el propósito de lograr los objetivos deseados para este
tratamiento, se requiere de un proceso de transición, con el
establecimiento de sistemas multiestratos en áreas que se
encuentren en producción, con la finalidad de iniciar la
recuperación de las coberturas boscosas naturales. El proceso
de cambio debe ser progresivo, garantizando el ingreso de
recursos a los propietarios rurales y el acceso a los incentivos a
la conservación.

En cuanto al Uso del Suelo, corresponde a Forestal Protector,
definido en el Artículo 399 del POT de la siguiente manera:

Lo constituyen fundamentalmente bosques protegidos con
cobertura boscosa propia del ecosistema en el que se
encuentra, con el fin de mantener y conservar la estabilidad de
los suelos, la regulación de los cuerpos de agua, la
biodiversidad, la composición florística y su fauna asociada

[…].

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Rural 84.3%-Rural suburbano 15.7%

(…)

USOS GENERALES DEL SUELO

Forestal protector- Mixto Urbano Rural

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En cuanto a las áreas del predio, señaló lo siguiente:

Respecto al método de avalúo adoptado consideró lo siguiente:

[…]

MÉTODO COMPARATIVO:

Para determinar el valor comercial del inmueble se utilizó el
método comparativo de mercado, que consiste en deducir el
precio por comparación de transacciones, oferta, demanda y
avalúos de inmuebles similares o equiparables, previo ajuste
de tiempo, conformación y localización entre otros. Es
importante anotar que cada inmueble es único y presenta
condiciones muy particulares, por tanto, este método, sólo nos
da una idea o estimado del valor por el cual la propiedad en
cuestión se venda.

Para el caso de estudio, no es posible aplicar el Método de
capitalización de rentas o ingresos; por cuanto el lote a valorar
tiene uso de suelo: Forestal Protector; restricción bajo la cual,
no se admite en él, la generación de actividades agropecuarias,
mineras o de cultivos que produzcan algún ingreso sobre el
cual se pueda aplicar dicho método. Para la valoración del lote
se procedió a investigar en la base de datos del Observatorio
Inmobiliario de Medellín (OIME) y en campo, valores de lotes
en el sector uso FORESTAL PROTECTOR y tratamiento
CONSERVACIÓN. Se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones: A los lotes muestra con áreas mayores a
50.000 Mts2 se les fija un factor de negociación del 10%; a
lotes con áreas menores o iguales a 50.000 Mts2 se les fija
factor de negociación del 5% y a los que provienen de un
avalúo comercial no se les fija factor de negociación. Se tuvo
en cuenta el Factor Topográfico de las zonas homogéneas
físicas. Sin embargo, al analizar los resultados de los lotes

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objeto de estudio con respecto a los lotes de la muestra,
presentan todos topografías muy similares (entre inclinada y
escarpada).

Adicionalmente, se tuvo en cuenta el criterio de ubicación en
función de la cercanía a la vía principal y a la posición en el
cerro. Fuente: Universidad Politécnica de Valencia.

El valor fijado al área de lote que presenta afectación por
Retiro de Quebrada, se calcula con el valor pleno de mt2 de
lote, teniendo en cuenta que el inmueble objeto, es un predio
rural, con uso de suelo: Forestal Protector, donde las aguas
son una característica que no resta valor.

En cuanto a la porción de lote que presenta afectación de
amenaza alta por movimiento de masa (condición de riesgo de
desastre natural) por decisión administrativa, la Subsecretaría
de Catastro determina valorar el área afectada, al 30% del
valor pleno del m2.

Nota: Mediante EA-116 con radicado 201820083597 de 26 de
octubre de 2018 se solicitó a la Unidad de Adquisición de
Bienes Inmuebles certificar las áreas construidas que se
encuentran dentro del lote requerido e informar para realizar
nuevamente la visita. A la fecha no se ha recibido respuesta.

Por lo anterior, sólo se valora el lote, debido a que la vivienda
asociada a la matrícula se encontraba en proceso de demolición
y las personas que se encontraban en el momento de la visita
no permitieron el ingreso y registro fotográfico a la
construcción existente al momento, y manifestaron desconocer
el proceso (Ver fotos).

Para efectos de la conformación del precio del bien señaló que se
tuvo en cuenta los avalúos recientes y las transacciones en el
sector al que, homogéneamente pertenece el inmueble. La
valoración consideró:

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[…]El siguiente es el concepto sobre el cual se adoptó el valor
a pagar del lote de terreno requerido para el proyecto de
compra del Cerro las Tres Cruces.

Para debatir el mentado avalúo oficial, la parte actora allegó con el

escrito de la demanda un dictamen suscrito por la empresa Avalúos

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Miactivo de fecha 5 de junio de 202021, en la que, según lo informa

en el recurso de apelación, desvirtuó la presunción de legalidad del

acto enjuiciado, como quiera que allí se estableció el verdadero

valor comercial demostrable en términos de mercado. Para el

efecto, la Sala transcribirá algunos aspectos del dictamen en aras

de verificar lo solicitado por la parte actora:

[…] El método valuatorio utilizado para hallar el valor del
terreno fue el de mercado. La nueva tendencia de valoración
para los inmuebles de protección y/o conservación donde estén
involucrados variables medioambientales y/o paisajísticos, es la
búsqueda del valor en el mercado inmobiliario del sector rural
mas cercano. Ya no se castigan los valores por los limitantes
en los aprovechamientos para un posible desarrollo
inmobiliario.

Utilizamos además el método del costo de reposición para el
análisis de las fincas que se obtuvieron en las muestras de
mercado, para descontarle todo el factor constructivo de dichos
inmuebles y así tener un valor aproximado del valor del terreno
sin tener en cuenta las construcciones.

(…)

“La franja verde corresponde al intervalo más representativo
del sector, el cual abarca las siguientes ofertas: 2,4,5 y 12.

(...) El intervalo más representativo del mercado hallado en el
análisis de la Distribución empírica arrojó un coeficiente de
variación del 5,85%, porcentaje que cumple el parámetro del
artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC donde el
Coeficiente de variación debe estar por debajo del 7,5%.

21
Índice 2 del sistema digital SAMAI. ED_C01_01 OTROS-.PDF CUADERNO 01 PRINCIPAL. Folios 97-
116

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Siendo este el valor adoptado dentro del dictamen, se tiene
entonces que correspondió a las muestras 2, 4, 5 y 12,
detalladas de la siguiente forma:

[…].

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Previo a realizar una consideración sobre el dictamen, es necesario

señalar que uno de los elementos estructurales en la determinación

del valor de un predio, conforme a los lineamientos técnicos fijados

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es la adecuada

selección de muestras comparables las cuales deben guardar

correspondencia en sus condiciones físicas tales como el uso del

suelo y las posibilidades reales de aprovechamiento económico del

bien, pues de acuerdo con la metodología de comparación de

mercado, la validez del ejercicio valuatorio depende de que los

inmuebles seleccionados como referentes compartan condiciones

homogéneas que incidan directamente en la formación del predio,

dentro de las cuales el uso constituye un factor determinante en

tanto define las restricciones o potencialidades de explotación del

predio.

Bajo ese entendido, se infiere que del análisis del dictamen

aportado por la parte actora se evidencia que si bien se relacionan

una serie de predios como soporte del ejercicio comparativo, no se

acredita de manera suficiente que aquellos correspondan a

inmuebles con igual clasificación de uso del suelo que el predio

objeto de expropiación. Por el contrario, a partir de la descripción

de tales muestras, es posible inferir que se trata de predios

vocaciones distintas, algunos de ellos con posibilidades de

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aprovechamiento agrícola, circunstancias que los ubican en una

situación jurídica y económica disímil frente al predio objeto de

estudio cuyo uso del suelo ha sido delimitado como forestal

protector.

La mentada circunstancia conforme a lo dispuesto en el Plan de

Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, los suelos de

carácter forestal protector se encuentran sometidos a estrictas

limitaciones de uso, orientadas a la conservación y protección

ambiental lo que reduce de manera significativa sus posibilidades

de explotación económica y, por ende, incide directamente en su

valor comercial.

Así las cosas, no resulta técnicamente admisible equiparar el valor

de un predio sometido a restricciones propias de un suelo forestal

protector, con el de inmuebles que cuentan con mayores márgenes

de aprovechamiento, pues ello desconoce los criterios de

homogeneidad exigidos por la metodología de comparación de

mercado y conduce a resultados no ajustados a la realidad del

mercado.

En ese orden, se evidencia que el dictamen parte de la utilización

de muestras que no resultan comparables en términos de uso del

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suelo, lo cual desvirtúa la idoneidad del ejercicio técnico realizado y

le resta valor probatorio para efectos de controvertir el avalúo

comercial del inmueble.

Ahora bien, la parte actora, al sustentar el recurso de apelación,

trajo a colación apartes de las declaraciones rendidas por los

peritos que elaboraron el avalúo aportado con la demanda —José

Aníbal Escobar y Julio César Restrepo—, en las cuales se afirmó que

el inmueble objeto de expropiación carecía de bienes comparables

en el mercado. Así mismo, sostuvo que el avalúo oficial practicado

por el municipio se apoyaba en ofertas de predios limitados, que

corresponderían a simples referencias de la entidad territorial, lo

que, a su juicio, evidenciaría la existencia de un mercado

conveniente a los intereses del ente territorial.

No obstante, al confrontar tales afirmaciones con el contenido

integral del dictamen pericial allegado por la propia parte

demandante, la Sala advierte una inconsistencia sustancial que

compromete la solidez de los planteamientos. En efecto, si bien los

peritos sostienen que no existen inmuebles comparables, en el

dictamen, que ellos mismos aportan, incorporan una serie de

predios que sirvieron de soporte al ejercicio de comparación, lo que

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evidencia que, en la práctica, acudieron a referentes de mercado

para sustentar su análisis.

Dicha contradicción no resulta menor, pues afecta de manera

directa la coherencia interna y la credibilidad del dictamen, en tanto

no es admisible negar la existencia de comparables y,

simultáneamente, fundamentar el análisis valuatorio en la

utilización de tales referentes. Esta circunstancia pone de presente

una debilidad estructural tanto del dictamen como de las

declaraciones rendidas, que impide otorgarles la fuerza necesaria

para desvirtuar las conclusiones del avalúo oficial.

En este contexto, resulta pertinente precisar que la carga de la

parte actora no se limitaba a cuestionar aisladamente el avalúo

oficial mediante afirmaciones vertidas en declaraciones, sino que

implicaba, de manera principal, convalidar la solidez técnica y

metodológica del dictamen pericial que se aportó al proceso, como

instrumento idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad del

acto acusado. No obstante, lejos de robustecer dicho dictamen, las

manifestaciones rendidas por los propios peritos evidencian

inconsistencias que los contradicen y restan credibilidad a sus

conclusiones.

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En ese orden, tampoco es de recibo la tesis del apelante relativa al

supuesto potencial turístico del inmueble, en la medida en que

tanto el avalúo oficial lo describen como un terreno cubierto de

vegetación y parcialmente boscoso, sin que se hubiera acreditado el

desarrollo de actividad económica alguna que permitiera inferir su

explotación económica con fines turísticos. En consecuencia, la

ausencia de prueba sobre una destinación económica efectiva

excluye la posibilidad de reconocer valores asociados a ingresos

dejados de percibir por tal concepto.

Así las cosas, no le era dable a la parte demandante pretender

desvirtuar el avalúo oficial apoyándose en afirmaciones que, en

lugar de fortalecer el dictamen pericial, lo contradicen y lo

desvirtúan. Por el contrario, lo que correspondía era demostrar, a

través de un dictamen coherente, consistente y técnicamente

sólido, los errores del avalúo practicado por la entidad demandada,

carga que no fue satisfecha en el presente caso.

En consecuencia, la Sala concluye que la parte actora no logró

desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto acusado,

pues el dictamen aportado carece de la consistencia y rigor técnico

suficientes para descalificar el avalúo practicado por la entidad.

Antes bien, las inconsistencias advertidas no solo impiden otorgarle

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valor probatorio determinante, sino que, además, refuerzan la

validez del acto acusado, al no acreditarse de manera clara, cierta y

convincente la existencia de errores determinantes en su

formación.

Resulta pertinente destacar que el avalúo oficial estableció que el

inmueble objeto de análisis corresponde a un terreno ubicado en

suelo rural, específicamente en la vereda San José de Manzanillo

del corregimiento de Altavista, en el municipio de Medellín y a partir

de dicha clasificación, la entidad aplicó el método comparativo de

mercado conforme a los lineamientos técnicos previstos por el

IGAC, seleccionando muestras de inmuebles con características

homogéneas en cuanto a categoría, uso del suelo en concordancia

con el Acuerdo POT 048 de 2014, ubicación, tamaño, topografía,

accesibilidad; y, las fuentes de información empleadas —

provenientes del Observatorio Inmobiliario de Medellín (OIME) y de

levantamientos directos en la zona— fueron objeto de depuración y

posterior homologación, atendiendo a los factores de comparación,

lo que garantiza la idoneidad de los datos utilizados en la

determinación del valor.

Sobre el particular, es preciso destacar que el justo precio de la

indemnización expropiatoria se encuentra amparado por la

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presunción de legalidad del acto administrativo que lo acoge, lo que

significa que el avalúo oficial brinda soporte legal y fáctico al acto

administrativo que ordena la expropiación, por lo que deberá ser

desvirtuada a través de los medios de prueba establecidos en el

ordenamiento jurídico de la siguiente manera22:

“[…] Al respecto, la Sala reitera que la carga de atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo
utilizado por la administración recae sobre el demandante. Para
lo cual, no será suficiente señalar y atacar los métodos que se
utilizaron, sino que se debe convencer al juez del error en el
que ha incurrido la Administración al fijar un monto específico
para la indemnización.

Esta Corporación ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones,
en el sentido de establecer que el justo precio de la
indemnización expropiatoria se encuentra amparado por la
presunción de legalidad del acto administrativo que lo acoge; lo
que significa que el avalúo técnico brinda soporte legal y fáctico
al acto administrativo que ordena la expropiación, por lo que
deberá ser desvirtuado a través de los medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico.

“Por esa misma razón ha de concluirse que el actor tampoco
logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos
administrativos demandados que acogieron ese justiprecio,
pues al no obrar en el expediente ningún medio de prueba que
permita demostrar que el avalúo fijado por la administración
fuese incorrecto, no hay ninguna razón para decretar la nulidad
parcial deprecada por el actor en lo relativo al precio
indemnizatorio […]”.

En ese orden, considera la Sala que el avalúo oficial no solo se

ajustó a los parámetros metodológicos establecidos por el IGAC,

sino que además evidencia un ejercicio coherente, verificable y

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicación: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta. Actor: Walter de Jesús Osorio Ciro.

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sustentado en criterios objetivos de mercado, lo que permite

otorgarle plena credibilidad y fuerza probatoria.

De igual manera resulta pertinente precisar que no se acoge la tesis

del apelante en lo relativo al supuesto potencial turístico del

inmueble, en la medida en que tanto el avalúo oficial como el

dictamen allegado con la demanda lo describieron como un terreno

cubierto de vegetación y parcialmente boscoso, sin que se

acreditara el desarrollo de una actividad distinta que permitiera

inferir su explotación con fines turísticos, circunstancia que impide

reconocer valores por ingresos dejados de percibir, pues la ausencia

de prueba sobre la efectiva destinación del predio a tales propósitos

excluye la posibilidad de otorgarle un tratamiento económico

diferenciado.

Ahora bien, la parte actora en el recurso de apelación precisó que el

Informe EA 049 no se consideró propiamente como un informe sino

un dictamen pericial que debió ajustarse a las existencias que

prevén los artículos 218 y 219 del CPACA y 226 del CGP, por lo que

no es dable su valoración en segunda instancia, así como las

declaraciones de los llamados “testigos técnicos” por tratarse de

verdaderos peritos que sustentaron el referido informe, lo que

quiere decir que no se pretendió dar un concepto sobre la

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percepción de unos hechos sino la demostración técnica de los

errores del dictamen pericial aportado en la demanda.

Sobre el particular, debe recordarse que el recurso de apelación

conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del Código General del

Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA

tiene por finalidad que el superior examine la decisión recurrida en

aquello que fue objeto de inconformidad dentro del marco fijado por

el apelante. No obstante, dicho marco no sólo esta delimitado por

los argumentos expuesto en la alzada, sino también por las

oportunidades procesales en las cuales las partes deben ejercer sus

cargas de contradicción, de conformidad con el principio de

preclusión, el cual se desprende de la estructura del proceso y de lo

previsto, entre otros en el artículo 164 del CGP.

En el caso concreto se advierte que la discusión relativa al decreto

como prueba documental del informe EA 049 de 2020 fue planteada

por la parte actora en la audiencia inicial y el magistrado ponente,

dentro del desarrollo de dicha diligencia, consideró su práctica como

documento y no como dictamen pericial, tal como erradamente lo

sostuvo el demandante, razón por la cual la decisión que resolvió

ese aspecto adquirió firmeza dentro de la respectiva etapa procesal

y, en consecuencia, no constituye un asunto que deba ser objeto de

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pronunciamiento en el recurso de apelación.

De igual manera, en la oportunidad procesal previamente

referenciada se ordenó el decreto y práctica de los testigos técnicos

cuya procedencia se justificó en la necesidad de discutir aspectos

eminentemente técnicos de los avalúos que requieren conocimiento

especializado sobre los métodos adoptados, las características de

los terrenos y demás elementos que pueden ser dilucidados

mediante tales declaraciones, argumentos que se comparten en

esta instancia precisamente por tratarse de una materia con

especificidad propia, circunstancia que conduce a no acoger los

planteamientos del apelante relacionados con la supuesta

imposibilidad de valorar dichas declaraciones.

Por último, la parte actora solicitó la revocatoria de la condena en

costas y, para explicar los motivos de oposición, argumentó la

improcedencia de dicha condena bajo criterios meramente

objetivos, en el entendido de que esta no opera de manera

automática por el solo resultado desfavorable en contra de una de

las partes, sino que exige la verificación de una conducta temeraria,

dilatoria o la presentación de una demanda manifiestamente

carente de fundamento legal, circunstancias que en el sub lite no se

configuraron.

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Previo a resolver lo que corresponde, es del caso referir que las

costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la totalidad

de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso23

y por las agencias en derecho24”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA25, al pasar de un criterio

subjetivo26 a uno objetivo valorativo27, en el que se requiere

que el juez revise si se causaron e identifique a cargo de quien

procede su imposición.

Visto lo anterior y verificada la fecha de presentación de la

demanda28, se tiene que el presente asunto está regido por el

CPACA, lo que determina que la fijación de las costas debió darse

en aplicación de un criterio objetivo valorativo29 y, además que la

23
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
24
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección A.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). CP William Hernández Gómez.
26
Esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
27
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
28
Tal hecho ocurrió el 18 de marzo de 2015. De ahí que la Sala verifique la normativa en vigor para
ese momento.
29
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de

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norma en vigor para establecer el monto de las agencias en

derecho es el Acuerdo PSAA_10554 de 2016

Esta explicación es necesaria porque si bien la condena en costas

procede, en principio, contra la parte vencida, de conformidad con

lo señalado en el artículo 18830 del CPACA, en armonía con los

numerales 1, 2 y 331 del artículo 365 del CGP, también resulta de

importancia destacar que el numeral 8°32 ibidem, establece que

solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se

causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso bajo examen, se tiene que el juez de la primera instancia

fundó su decisión en los siguientes términos:

[…]El Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo adoptó la postura del Código
General del Proceso, que atiende el criterio objetivo para la
condena en costas.

condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
30
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
31
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
32
“[…] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión
[…]”

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Al respecto el H. Consejo de Estado puntualizó:

“d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto
de análisis por la Corte Constitucional en sentencia C-
157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio objetivo
valorativo de la norma, al señalar lo siguiente: “[…] La
condena en costas no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la
parte condenada, sino que es resultado de su
derrota en el proceso o recurso que haya
propuesto en el artículo 365. (Negrillas de la Sala).

Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se
precisa que tanto las costas como las agencias en
derecho corresponden a los costos en los que la parte
beneficiaria de la condena incurrió en el proceso,
siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se
originan ni tienen el propósito de ser una indemnización
de perjuicios causados por el mal proceder de una parte,
ni pueden asumirse como una sanción en su contra. […]”

Ahora bien, sobre la condena en costas en esta instancia, el
artículo 365 numeral 5 del Código General del Proceso, a su
tenor literal prescribe:

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos
y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto.
(…)” (Resaltos del Tribunal).

De allí que se imponga para la parte demandante, vencida en
juicio, la condena en costas en esta instancia, con inclusión de
agencias en derecho; las costas serán liquidadas por la
Secretaría de esta Corporación, atendiendo a lo que se
encuentre probado dentro del mismo. Las agencias en derecho
se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido como
indemnización, según la estimación de la cuantía realizada por
la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo No. PSAA16 10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura […].

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A pesar de que la mentada determinación es acertada, la Sala

encuentra que el juez a quo no valoró el hecho de que según lo

previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP solo habrá lugar a

la condena en costas cuando en el expediente aparezca que se

causaron y en la medida de su comprobación, aspecto que no fue

debidamente motivado.

De este modo, la Sala advierte que, si bien se generaron gastos

dentro del proceso, correspondía al juez identificar los motivos que

justificaban la condena, y al haber omitido dicha fundamentación se

impidió establecer la viabilidad del porcentaje asignado a la parte

demandante en el componente de agencias en derecho, así como la

responsabilidad de cubrir las expensas procesales. Por las razones

previamente expuestas, esta Corporación se releva del examen de

la condena en costas.

Así las cosas, se revocará el numeral tercero de la sentencia objeto

de recurso, para en su lugar, abstenerse de condenar en costas

en virtud de lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.

Por último, y en lo que corresponde a la fijación de costas en la

segunda instancia, se tiene que de conformidad con lo previsto

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en el artículo 18833 del CPACA en armonía con el numeral 8 del

artículo 365 del CGP34, esto es, en aplicación de un criterio objetivo

valorativo35, corresponde examinar si hay lugar a condenar a la

parte apelante, en los términos del numeral 3 del artículo 36536

ibidem.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso37 y por las agencias en derecho38“. Así, producto de la

comprobación de la gestión útil de la parte vencedora, le

corresponde a la Sala fijar el valor de las costas en el componente

de agencias en derecho al verificarse en esta instancia la

33
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
34
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
35
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto
prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP;
y, valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su
comprobación. Esto indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre
probada y atendiendo al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de
condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo
autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
36
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
37
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
38
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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intervención de la parte vencedora. Por su parte, las expensas y los

gastos del proceso, y por ser estos previamente determinados por

auto o acto que lo acredite durante la actuación procesal, su fijación

se sujeta a la liquidación39 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en éstos.

Según estas reglas, y en cumplimiento de lo previsto en los

numerales 1 y 840 del artículo 365 y 4 del 366 del CGP 41, la Sala se

abstendrá de fijar agencias en derecho, toda vez que de la revisión

del expediente se advierte que la entidad demandada no realizó

gestión alguna dentro de esta instancia42, motivo suficiente para

adoptar esta decisión.

39
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la
primera instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366
ibidem.
40
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
41
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
42
Lo anterior habida cuenta que por auto de 18 de octubre de 2024 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y comoquiera que no se solicitaron pruebas en esta instancia
el Despacho conductor se abstuvo de correr traslado para alegar.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva

de la sentencia de 27 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente

manera:

“TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en
virtud de lo establecido en los artículos 188 del CPACA y
365.8 del CGP, atendiendo a los razonamientos expuesto en
esta decisión”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida por

las razones expuestas en las consideraciones de este fallo.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Número único de radicación: 05001233300020200313001
Actora: TERRENOS Y EDIFICIOS LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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