Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00326-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00326-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2019-00326-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
DECRETÓ LA EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA. EL
CONCEPTO TÉCNICO QUE SE ALLEGA AL PLENARIO NO ADVIERTE
NI DEMUESTRA LOS ERRORES EN QUE PUDO INCURRIR EL AVALÚO
OFICIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia de 5 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”1, por medio de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La señora Angela María Robledo Gómez, actuando a través de
apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU, en la que formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] PRETENSIONES
1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 3134 del 17
de julio de 2018 a través de la cual se formula una oferta de
compra y se da inicio al proceso de adquisición predial.
2. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 4603 del 2
de octubre de 2018 a través de la cual ordenó la expropiación
por vía administrativa del inmueble ubicado en la Calle 80A 6 41
AP 202 de la ciudad de Bogotá identificado con cédula catastral
79B 4 15 4 con un valor del precio indemnizatorio de
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS ($673.988.758) MONEDA CORRIENTE, en razón a que
este valor fue obtenido a través del método del mercado, el cual
no es correcto, pues no se tiene en cuenta el Terreno, sobre el
cual se edificó el Conjunto Santa Mónica P.H., como un bien
común esencial.
3. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 005308 de
2018 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución No. 4603 del 2 de octubre
de 2018.
4. Se deje en firme el concepto de valor hipotético de enero de
2018 elaborado por JORGE ELIECER GAITAN-INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y VALORACIÓN SAS.
2
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3
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Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
5. Se ordene la elaboración de un nuevo avalúo por parte del
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI IGAC o por una
LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ.
6 Que el Instituto de Desarrollo Urbano expida una nueva
resolución como entidad expropiante en la que se reconozca
además del valor del inmueble, correspondiente a SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($673.988.758)
MONEDA CORRIENTE, el valor del Terreno que, según con el
Concepto de Valor hipotético emitido por la sociedad JORGE
ELIECER GAITAN- INGENIERÍA CONSULTORÍA Y VALORIZACIÓN
SAS, correspondería a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($6.331.195.000) el cual deberá ser repartido entre los
propietarios de cada una de las unidades inmobiliarias en virtud
de su coeficiente de copropiedad, que frente al caso concreto
corresponde al 14.21% […].
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los
siguientes:
La parte actora adquirió el inmueble ubicado en la calle 80 A núm. 6-
41 apartamento 202 del Edificio Santa Mónica PH, identificado con la
matrícula inmobiliaria 50C-1400339, mediante la escritura pública
4414 de 29 de agosto de 2011 de la Notaría 6 de Bogotá.
A través de la Resolución 3134 de 17 de julio de 2018, la directora
técnica de predios del IDU, determinó la adquisición del inmueble en
virtud de lo establecido en la Ley 388 de 1997 para el desarrollo del
Proyecto “Troncal Carrera 7 desde la calle 32 a la calle 200”.
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En el artículo cuarto de la resolución en mención, el IDU presentó
como oferta de compra la suma de $681.302.981 con base en el
avalúo técnico 2018-0790 de 12 de junio de 2018, elaborado por la
gerencia de información catastral de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital -UAECD.
Ante la ausencia de un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria, el IDU expidió la Resolución 4603 de 2 de octubre de
2018, mediante la cual dispuso la expropiación del inmueble, fijando
como valor indemnizatorio la suma de $673.988.758, discriminada
en $666.088.920 correspondientes al avalúo comercial del terreno y
construcción; y $7.899.838 por concepto de indemnización derivada
del daño emergente.
Inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de reposición
manifestando su inconformidad con los valores contenidos en el
avaluó comercial por resultar, en su criterio, contrarios a lo previsto
en el Decreto 1420 de 1998, la Resolución 620 de 2008 y al concepto
técnico realizado por la Sociedad Jorge Eliecer Gaitán- Ingeniería,
Consultoría y Valoración SAS de abril de 2019.
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Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
Por medio de la Resolución 005308 de 14 de noviembre de
2018, el IDU confirmó en todas sus partes el acto administrativo de
expropiación.
I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de
los artículos 58 de la Constitución Política; 1°, 3° y 9° a 12 de la Ley
675 de 2001; 22 del Decreto 1420 de 1998; 7 del Decreto 620 de
2008; 4° y 14 de la Resolución 620 de 1998; y 3°, 5° y 8° de la
Resolución 898 de 2014.
En síntesis, sustentó el concepto de violación, así:
Sostuvo que los actos administrativos acusados se encuentran
viciados de nulidad, por haberse fijado un valor indemnizatorio que
no corresponde al verdadero valor del bien afectado ni satisface el
principio de indemnización plena propio de los procesos
expropiatorios.
Explicó que la entidad demandada determinó el precio indemnizatorio
con fundamento en un avalúo que desconoció la naturaleza jurídica
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y económica del inmueble objeto de la expropiación, pues consideró
únicamente el apartamento 202 del edificio y omitió que el terreno
sobre el cual se levantaba la edificación constituía un bien común
esencial dentro del régimen de propiedad horizontal, respecto del
cual los propietarios de las unidades privadas detentaban derechos
proporcionales derivados de sus coeficientes de copropiedad. Al
ignorarse dicha circunstancia, el IDU valoró el
terreno como si se tratara de un suelo útil independiente,
desconociendo que el lote soportaba una edificación sometida a
propiedad horizontal y que su valor económico debía distribuirse
entre las unidades privadas que integraban el edificio.
Indicó que dicha omisión condujo a que el avalúo aplicado para fijar
el precio indemnizatorio no incorporara el valor real del terreno que
sirvió de soporte al edificio ni el potencial urbanístico del predio,
aspecto que sí tuvo en cuenta el concepto técnico que se allegó con
la demanda y en la que utilizó el método residual determinando un
valor hipotético del lote considerablemente superior. Dicho estudio
partió del supuesto de desarrollo del terreno y estimó el valor total
del proyecto inmobiliario, concluyendo que el valor del suelo es
mayor al reconocido por la parte demandada; y que al distribuirse
entre las unidades inmobiliarias conforme a los coeficientes de
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propiedad, el valor correspondiente al inmueble de la demandante
resultaba sustancialmente más alto.
Precisó que la entidad demandada incurrió en un desconocimiento de
las reglas que gobiernan la elaboración de avalúos comerciales, en
particular aquellas previstas en la normativa del IGAC y en el Decreto
1420 de 1998, pues el avalúo oficial no consideró integralmente el
terreno, la construcción, la documentación urbanística, ni las
condiciones físicas del inmueble que debían ser evaluadas para
establecer el valor comercial del bien.
Destacó que el valor reconocido en la oferta de compra y
posteriormente en la resolución de expropiación resultaba inferior
frente al valor real del inmueble y vulneraba el derecho constitucional
a recibir una indemnización previa, justa y plena por la privación del
derecho de dominio.
Explicó que el método de comparación de mercado no resultaba
idóneo para el caso bajo examen, en la medida en que no permitía
determinar de manera objetiva el valor comercial del inmueble, dado
que las muestras empleadas carecían de correspondencia con las
condiciones urbanísticas específicas del predio expropiado,
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particularmente, en lo relativo a su localización, a la circunstancia de
integrar un régimen de propiedad horizontal y a la incidencia de los
coeficientes propios de la copropiedad.
Destacó que la indemnización debe comprender no solo el valor del
bien expropiado sino también los perjuicios derivados de la afectación
patrimonial, de modo que el precio fijado por la administración
desconoció el carácter reparador de la indemnización en materia
expropiatoria.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos acusados se
encuentran afectados por violación de las normas que regulan la
expropiación administrativa y la determinación del justiprecio, al
haberse fijado la indemnización con base en un avalúo técnicamente
incorrecto que desconoció la naturaleza del terreno como bien común
dentro del régimen de propiedad horizontal, lo cual condujo a un
reconocimiento económico inferior al que realmente corresponde por
el inmueble objeto de expropiación.
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I.4. Mediante auto de 15 de mayo de 20193 el Despacho sustanciador
inadmitió la demanda al advertir que la parte actora pretendía la
nulidad de un acto administrativo no susceptible de control, y ordenó
allegar las constancias de publicación, notificación, comunicación y
ejecutoria de los actos acusados. Una vez la parte actora subsanó lo
solicitado, se admitió la demanda mediante providencia de 13 de
junio de 2019.4
I.5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
I.5.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones en los siguientes términos5:
Sostuvo que el proceso de expropiación administrativa del inmueble
se desarrolló con fundamento en el artículo 58 de la Constitución
Política y en las disposiciones contenidas en las leyes 9ª de 1989 y
388 de 1997, normas que facultan a las autoridades para adquirir
inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de
infraestructura y demás obras de interés general. En ese contexto,
precisó que el procedimiento fue habilitado a partir de la declaratoria
de condiciones de urgencia efectuada por el alcalde Mayor de Bogotá
3
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4 CUADERNO UNO DEL TRIBUN (.pdf) folios 189-190.
4
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4 CUADERNO UNO DEL TRIBUN (.pdf) folios 207-209.
5
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 6 CUADERNO CONTESTACION (.pdf) folios 2-22.
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mediante el Decreto 316 de 2007, circunstancia que permitió al IDU
adelantar el trámite administrativo de adquisición predial y,
posteriormente, la expropiación por vía administrativa.
Afirmó que la indemnización reconocida a la parte demandante
comprendió el valor comercial del inmueble, entendido en su
integridad como terreno y construcciones, así como el
reconocimiento del daño emergente, de manera que el monto fijado
se ajustó al estándar constitucional de indemnización previa y justa
prevista en el artículo 58 de la Carta Política, lo cual no comporta
necesariamente el reconocimiento de expectativas económicas del
propietario sino la compensación adecuada y proporcional al valor
real del bien objeto de adquisición.
Señaló que el documento aportado por la parte actora para sustentar
un mayor valor del inmueble, no constituye un verdadero avalúo
comercial sino un concepto de valor hipotético construido sobre
supuestos urbanísticos y escenarios de desarrollo del terreno que no
corresponden a la realidad jurídica del predio objeto de expropiación,
pues tal análisis partió de la premisa de valorar el inmueble como si
se tratara de un lote susceptible de desarrollo independiente,
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desconociendo que el bien adquirido corresponde a una unidad
privada sometida al régimen de propiedad horizontal.
Sobre este punto, enfatizó en que, de conformidad con la Ley 675 de
2001, el terreno sobre el cual se levanta el edificio constituye un bien
común esencial dentro del régimen de propiedad horizontal y su valor
se encuentra incorporado proporcionalmente en cada una de las
unidades privadas mediante el coeficiente de copropiedad.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que el avalúo debía realizarse
respecto de la unidad inmobiliaria objeto de adquisición y no sobre
el lote considerado de manera independiente, criterio que fue
correctamente aplicado en el avalúo elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Adicionalmente, indicó que el avalúo oficial tuvo en cuenta las
características físicas, jurídicas y socioeconómicas del inmueble,
entre ellas su localización, las condiciones urbanísticas del sector, el
estrato socioeconómico, la actividad económica predominante en el
área, las características constructivas del edificio y las condiciones de
acceso vial, aspectos que evidencian que la valoración se realizó
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conforme a los parámetros técnicos previstos en la normativa
valuatoria aplicable.
Como excepciones propuso las de presunción de legalidad de los
actos administrativos demandados, la legalidad de las resoluciones
mediante las cuales se ordenó la expropiación y se resolvió el recurso
de reposición interpuesto en sede administrativa, así como la
ausencia de imputabilidad del presunto perjuicio alegado por la
demandante.
I.5.2. En escrito separado, el IDU solicitó el llamamiento en garantía
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD-
por cuanto, conforme con lo previsto en el Decreto 583 de 15 de
diciembre de 2011 y el Contrato Interadministrativo núm. 1321 de 8
de noviembre 2013, dicha entidad elaboró el avalúo comercial que
se adoptó para determinar el precio indemnizatorio establecido en
los actos acusados. La solicitud fue aceptada por el magistrado
sustanciador mediante providencia de 26 de octubre de 2023.6
6
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 5 CUADERNO UNO DEL TRIBUN (.pdf)Folios 54-55.
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I.6. La UAEDCD contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones en los siguientes términos7:
Sostuvo que su participación en el proceso de expropiación se limitó
exclusivamente a la elaboración del avalúo comercial solicitado por
el IDU, sin intervenir en la expedición ni notificación de los actos
administrativos demandados.
Adujo que, conforme al Decreto 1420 de 1998 y a la Ley 1682 de
2013, la facultad de solicitar revisiones o impugnaciones de los
avalúos corresponde únicamente a la entidad solicitante, en este
caso el IDU, y no a los propietarios de los predios, de modo que
cualquier inconformidad debía ser presentada ante la citada entidad,
quien a su vez podía trasladarla a la UAECD o al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC).
Precisó que carece de competencia para adelantar actuaciones
administrativas relacionadas con la adquisición predial, pues su
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función se circunscribe a la entrega del avalúo comercial; y que,
además, el IDU contaba con mecanismos legales para controvertir
dicho avalúo, por lo que, en consecuencia, era responsable de las
decisiones adoptadas en el trámite de expropiación.
Anotó que el avalúo oficial fue elaborado conforme a los lineamientos
establecidos en la Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y, para el efecto, explicó que tratándose
de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, el avalúo debe
recaer sobre las áreas privadas legalmente existentes, teniendo en
cuenta que los derechos sobre el terreno y los bienes comunes se
encuentran incorporados proporcionalmente en cada unidad
inmobiliaria a través del correspondiente coeficiente de copropiedad.
Indicó que la metodología aplicada para la determinación del valor
comercial del inmueble respetó los criterios técnicos previstos para
este tipo de bienes, en los cuales la identificación del inmueble debe
verificarse tanto en relación con la conformidad del régimen de
propiedad horizontal frente a las normas generales, como respecto
de la correspondencia entre las áreas reales del inmueble y aquellas
establecidas en el reglamento y en los planos del edificio,
circunstancia que refleja que los bienes comunes —incluido el
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terreno— son jurídicamente inseparables de las áreas de dominio
particular y, por consiguiente, no pueden ser objeto de
comercialización independiente ni recibir un valor autónomo dentro
del avalúo.
Puso de presente que las señaladas consideraciones guardan
armonía con lo dispuesto en la Ley 675 de 2001, norma que regula
el régimen de propiedad horizontal y que define esta forma especial
de dominio como aquella en la cual coexisten derechos exclusivos
sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y
los demás bienes comunes del edificio o conjunto. En ese contexto,
destacó que la propiedad sobre una unidad privada implica
necesariamente la participación proporcional en dichos bienes
comunes, participación que se determina mediante el coeficiente de
copropiedad y que se encuentra incorporada en el valor económico
del inmueble sin que proceda su valoración separada.
Por último, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
pasiva, dado que no expidió los actos administrativos cuya nulidad
se demanda, por lo que la responsabilidad recae únicamente en el
IDU, entidad autónoma y competente para adelantar los
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procedimientos de adquisición predial y expedir las decisiones
administrativas relacionadas con la expropiación.
I.7. Mediante providencia de 22 de agosto de 2022, el Despacho
sustanciador decretó la práctica del dictamen pericial solicitado en el
escrito de la demanda, así como la recepción de la declaración del
señor Néstor Andrés Villalobos Caro, solicitada por la parte
demandada.
I.8. En audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2024 se llevó a
cabo la diligencia de contradicción al dictamen pericial rendido por la
perito Carolina Acosta Afanador.8
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal, mediante sentencia de 5 de marzo de 2025, denegó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos9:
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Índice 110 del expediente digital SAMAI de primera instancia. AUDIENCIA DE PRUEBAS
9
Índice 126 del expediente digital SAMAI de primera instancia. SENTENCIA QUE NIEGA LAS
PRETENSIONES
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Señaló que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara los actos administrativos acusados, los cuales
fueron expedidos con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 388
de 1997 y demás normas concordantes, observando los parámetros
de competencia, finalidad y procedimiento.
Indicó que el argumento relativo a la aplicación del método residual
para valorar de manera independiente el terreno carece de respaldo
técnico y jurídico, pues conforme a lo previsto en los artículos 1° y
10° de la Resolución 620 de 2008, la valoración de los bienes
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal debe
efectuarse mediante el método de comparación o de mercado, a
través del cual se determina el valor por metro cuadrado del área
privada de construcción.
Anotó que este fue precisamente el criterio adoptado en el avalúo
oficial núm. 2018-0790, elaborado por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, en el cual, con fundamento en el
correspondiente estudio de mercado, se estableció un valor de
$4.876.200 por metro cuadrado como valor integral del área privada
—incluido el parqueadero de uso exclusivo—, de modo que, teniendo
en cuenta que el apartamento contaba con un área privada de 136,6
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m², se determinó un valor de $631.092.000, al cual se adicionaron
$35.000.000 correspondientes al parqueadero, para un total de
$666.092.000.
Destacó que pese a que el avalúo oficial presentó algunas falencias
metodológicas menores tales como la descripción limitada de los
inmuebles comparables y la ausencia de fotografías de las ofertas
utilizadas en el estudio de mercado, no tenían la entidad suficiente
para desvirtuar la credibilidad técnica del avalúo ni para afectar el
resultado final del valor determinado, en tanto el coeficiente de
variación se encontraba dentro del límite permitido y la parte actora
no formuló reproches técnicos concretos frente a estos aspectos ni
explicó el impacto que tales inconsistencias habrían tenido en la
determinación del precio.
Expresó que el dictamen rendido por la perito Carolina Acosta
Afanador respaldó aún más lo precisado en el avalúo oficial,
indicando que en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal la metodología valuatoria exige determinar el valor
comercial con base en el área privada de la unidad inmobiliaria,
incorporando en dicho valor la participación correspondiente sobre el
terreno y las zonas comunes a través del coeficiente de la
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copropiedad; y que el terreno no puede valorarse de manera
independiente porque pertenece a toda la copropiedad en común y
proindiviso, razón por la que la normativa técnica exige practicar el
avalúo sobre las áreas privadas que integran el inmueble.
Adujo que la referida conclusión también fue corroborada con el
testimonio del señor Néstor Andrés Villalobos Caro, quien explicó que
cuando un inmueble se encuentra sometido a propiedad horizontal el
terreno no constituye una unidad jurídica independiente susceptible
de valoración autónoma, pues los derechos sobre el mismo se
encuentran incorporados en cada unidad privada mediante el
coeficiente de copropiedad. En consecuencia, para adquirir la
totalidad del terreno en proyectos de infraestructura pública es
necesario determinar el valor comercial de cada una de las unidades
privadas que conforman la copropiedad, lo cual implica valorar cada
apartamento de manera individual conforme a la normativa
valuatoria vigente.
A partir de lo anterior, concluyó que no es jurídicamente viable aplicar
el método residual ni realizar una valoración independiente del
terreno cuando el inmueble se encuentra sometido al régimen de
propiedad horizontal, puesto que dicha metodología desconocería la
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condición jurídica del bien y las reglas técnicas establecidas para la
elaboración de avalúos en estos casos.
Refirió que el avalúo oficial se encuentra amparado por la presunción
de legalidad y veracidad que cobija a los actos de la administración,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que implica la
correspondencia de la parte demandante en demostrar de manera
concreta los errores técnicos del avalúo y el impacto de tales errores
en el valor comercial determinado. En el caso concreto, la
demandante no cumplió con esta carga probatoria, pues su
inconformidad se sustentó principalmente en un “concepto de valor
hipotético” elaborado por un tercero, documento que parte de
supuestos distintos a la realidad jurídica del inmueble al considerar
el edificio como una unidad no sometida al régimen de propiedad
horizontal.
En ese orden, indicó que al no haberse demostrado la existencia de
errores técnicos determinantes en el avalúo oficial ni la procedencia
de una metodología distinta para valorar el inmueble expropiado, el
precio indemnizatorio fijado por el IDU se ajusta a las reglas legales
y técnicas que rigen la materia, por lo que no se configuró la
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vulneración del derecho a una indemnización justa alegada por la
demandante.
En razón de dicha decisión, se abstuvo de pronunciarse sobre el
llamamiento en garantía formulado respecto de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
III.- RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia en
los siguientes términos:10
Sostuvo que en el proceso valuatorio se desconoció un elemento
esencial del bien objeto de adquisición, esto es, el lote de terreno
sobre el cual se encontraba construido el Edificio Santa Mónica P.H.,
circunstancia que impidió establecer el verdadero valor comercial del
inmueble y condujo a una indemnización inferior a la que
correspondía, como lo prevé el artículo 2° del Decreto 1420 de 1998.
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Adujo que el Tribunal no valoró adecuadamente el avalúo oficial, toda
vez que el proyecto de infraestructura que motivó la adquisición
predial requería la totalidad del edificio y, por ende, el terreno sobre
el cual se encontraba construido. En su criterio, el avalúo debía
comprender no sólo el valor de las unidades privadas sino también el
valor del lote que constituye el principal activo de la copropiedad.
Precisó que la parte demandada conocía desde el inicio del proceso
de gestión predial que el proyecto implicaba la adquisición integral
del edificio, hecho que le otorgaba la posibilidad de solicitar un avalúo
que contemplara la totalidad del inmueble y no únicamente cada una
de las unidades privadas de manera individual, decisión que condujo
a una reducción del valor del inmueble.
A partir de lo anterior, sostuvo que el método de valoración empleado
por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital no era el
más adecuado para determinar el valor real del inmueble, pues al
limitarse a aplicar el método de comparación de mercado sobre un
apartamento individual se dejó por fuera el valor económico del
terreno, el cual constituye un bien común esencial conforme al
régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001.
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Destacó que, tratándose de un proceso de expropiación que
implicaba la desaparición de la copropiedad y la consecuente
liberación del suelo para el desarrollo de un nuevo proyecto
urbanístico, resultaba procedente acudir a un método valuatorio
distinto, particularmente al método de técnica residual, mediante el
cual se determina el valor del terreno a partir de su potencial de
desarrollo.
Insistió en que la citada metodología era la que permitía establecer
el precio más favorable del inmueble en los términos del Decreto
1420 de 1998, pues el terreno al quedar libre tras la extinción del
régimen de propiedad horizontal adquiere un valor mayor al que se
deriva de la simple valoración de cada unidad privada. Bajo este
presupuesto, consideró que el avalúo oficial desconoció tanto las
condiciones físicas como las condiciones jurídicas del bien, elementos
que deben ser considerados al momento de determinar el precio
justo de la indemnización.
Solicitó tener en cuenta el “concepto de valor hipotético” elaborado
por la firma Jorge Eliécer Gaitán Ingeniería, Consultoría y Valoración
S.A.S., estudio que parte de la hipótesis de disolución de la propiedad
horizontal y calcula el valor del terreno como suelo desarrollable
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mediante la aplicación del método residual, concluyendo que el
predio tendría un valor superior y “justo” al reconocido en el avalúo
oficial.
Destacó que el concepto técnico precisó que el inmueble objeto de
valoración corresponde al componente de suelo sobre el cual se
levanta una edificación destinada a vivienda conformada por ocho (8)
unidades inmobiliarias, cuya propiedad horizontal debería ser
disuelta y liquidada para dar origen a un suelo de área útil susceptible
de desarrollo, avalúo que aun cuando se presenta como hipotético,
goza de presunción de legalidad, validez y desvirtúa el avalúo oficial.
De igual manera, reprochó que el avalúo oficial omitiera considerar
los derechos derivados del coeficiente de copropiedad que
corresponden a cada propietario sobre los bienes comunes del
edificio, en particular sobre el terreno, lo cual contraría las
disposiciones de la Ley 675 de 2001 y las reglas técnicas previstas
en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008 del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal frente a
los testimonios rendidos por la perito Carolina Acosta Afanador y el
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profesional Néstor Andrés Villalobos Caro, pues considera que de
dichas intervenciones se desprende que el terreno constituye un bien
común esencial cuya participación corresponde a los propietarios
mediante el coeficiente de copropiedad, circunstancia que evidencia
que el valor del suelo debía ser tenido en cuenta en el proceso
valuatorio.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1.- Actos demandados
En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:
.- Resolución 4603 de 2 de octubre de 2018, expedida por la
directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,
por medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa
del inmueble ubicado en la Calle 80 A #6-41 AP 202, en los siguientes
términos11:
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Identificado con el NIT-899999.081-6 del inmueble ubicado en
la CL 80A 641 AP 202 de la ciudad de Bogotá D.C. e identificado
con cédula catastral 79B 4 15.4 CHIP AAA0093FKHK y matrícula
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inmobiliaria 050C00140339, en un Área Privada 136,5 m2 y un
coeficiente de copropiedad de 14.21% que hace parte del edificio
SANTA MONICA conforme al Registro topográfico No. 47464
elaborado por la Dirección Técnica de Predios, cuyo titular de
dominio es la señora ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
identificada con Cédula de Ciudadanía 24313244 alinderados de
conformidad con la Escritura Pública No 2609 de fecha
31/08/1966 Notaria 8 de Bogotá cm reforma según Escritura
Pública No. 927 de fecha 15/04/2004 Notaria 34 del Círculo de
Bogotá:
LINDEROS ÁREA PRIVADA
Partiendo del punto señalado en el plano con la letra 'A', situado
en el ángulo nor-oeste del apartamento se sigue en línea recta
y dirección este 1.825mts, se gira en ángulo recto y dirección
norte en 1.15mts y en ángulo recto y dirección este, en 5.90mts
lindando en las tres dimensiones con vacío del antejardín
propiedad común; se dobla en ángulo recto y dirección sur en
15.35mts lindando con vacío sobre el patio posterior de
propiedad común, pero de uso exclusivo del dueño, del
apartamento ciento dos. Sobre este lindero ducto de la
chimenea, propiedad común; se dobla en ángulo recto y
dirección oeste en 10.725mts, lindando con parte del inmueble
número 80-60 de la carrera 7a, (sobre este linderos ducto de
ventilación propiedad común); se dobla en ángulo recto y
dirección norte en 3.45mts. lindando con alcoba del apartamento
201, se dobla en ángulo recto y dirección éste en 1.825mts, y
en ángulo recto y dirección norte en 6.15mts. lindando en estas
dos dimensiones con vacío sobre patio del semisótano propiedad
común, se continua en dirección norte en 2.40mts, lindando con
zona de escaleras propiedad común, se dobla en ángulo recto y
dirección este y ángulo recto y dirección norte en 1.175m, y
2.05mts respectivamente, lindando en las dos dimensiones con
hall de escaleras, propiedad común y encierra. Por el Nadir: Con
apartamento 102. Cenit: Con apartamento 302, Altura libre en
toda su extensión en 2.35mts.
LINDEROS GENERALES El inmueble sobre el cual recae el
presente contrato de promesa de compraventa que hace parte
del "Edificio Santa Mónica", Escritura Pública No 2609 de fecha
31/08/1966 Notaria 8 de Bogotá con reforma según Escritura
Pública No. 927 de fecha 15/04/2004 Notaría 34 del Círculo de
Bogotá que corresponde al reglamento de propiedad horizontal
y sus linderos son:
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Por el NORTE: En extensión de veinticuatro metros con noventa
centímetros (24.90 mts) con la calle ochenta A (80 A); Por el
SUR: En veinticuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(24.59 ms) con el lote número seis (6) de la misma manzana,
hoy edificado, que es o que fue de Alberto Posada; Por el
OCCIDENTE: En extensión de veinte metros con cuatro
centímetros (20.04mts) con la carrera séptima (7); Por el
ORIENTE: En extensión de veinte metros (20 mts) con el lote
número uno (1), hoy edificio Támesis, distinguido con los
números seis veintiuno (6-21) de la calle ochenta A (80 A).
ARTÍCULO SEGUNDO. -VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO.- El valor del precio Indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS ($673.988.758) MONEDA CORRIENTE, el citado valor
comprende: A) La suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
($666.088.920) MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo
comercial terreno y construcción, B) La suma da SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA y OCHO PES0S ($7.899.838) MONEDA
CORRIENTE por concepto de indemnización por daño
emergente, de conformidad con el informe de reconocimiento
económico RI 47464, elaborado por el grupo económico de la
Dirección Técnica de Predios- Instituto de Desarrollo Urbano del
01/10/18 y el Informe Técnico Avalúo Comercial No. 20180790
del 12/06/2018 elaborado por la Gerencia de Información
Catastral - Subgerencia de Información Económica de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital — UAECD.
PARÁGRAFO PRIMERO: Que la presente resolución de
expropiación no implica la aplicación del artículo 129 de la ley
142 de 1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión a la transferencia del dominio: "En la
enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión
de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo
que les partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno
derecho, e incluye le propiedad de los bienes inmuebles por
adhesión o destinación utilizados para usar el servicio”, teniendo
en cuenta que los predios adquiridos por el IDU por motivos de
utilidad pública e interés social son destinados exclusivamente a
la construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
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domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y denlas cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos a la señora, ANGELA MARIA ROBLEDO
GOMEZ Identificada con Cédula. de Ciudadanía 24313244.
ARTÍCULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto. de Desarrollo Urbano
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS, ($673.988.758) MONEDA
CORRIENTE el citado valor, será puesto A disposición de ANGELA
MARIA ROBLEDO GOMEZ Identificado(a). con Cedula de
Ciudadanía 24313244 por parte de la Tesorería de
TRANSMILENIO S.A; una vez ejecutoriada a presente resolución
y efectuados los respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el -valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de ANGELA MARIA ROBLEDO
GOMEZ Identificada con Cedula de Ciudadanía 24313244 por
parte de la tesorería de TRANSMILENIO SA, no es retirado dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes, este se consignará en la
entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 2° del artículo 70 de la Ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente efectuado el pago por
TRANSMILENIO SA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes e
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente, además de la partida equivalente al
Daño Emergente, se descontará el valor que tenga que asumir
el Instituto de Desarrollo Urbano por concepto de los pagos que
haya realizado con motivo del traslado de acometidas o
taponamientos de servicios públicos que hay necesidad de
realizar en el predio objeto de la presente expropiación.
PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización: en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.
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Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
PARÁGRAFO CUARTO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuerna del predio por concepto de cuotas de
administración causadas hasta la fecha de entrega real y
material del Inmueble, en caso de existir saldo alguno por este
concepto, el Instituto de Desarrollo Urbano, descontará el monto
correspondiente y pagará directamente a la Administración del
Edificio del cual hace parte el predio objeto de la Expropiación,
en virtud de lo contemplado en el Ley 875 de 2001.
ARTÍCULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES - El
valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal No. 2336 del 11/07/2018
expedido por TRANSMILENIO S.A.
ARTÍCULO QUINTO.- DESTINACIÓN: El inmueble será
destinado para la obra Troncal Carrera Séptima desde la Calle
32 a la Calle 200.
ARTÍCULO SEXTO - SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES LIMITACIONES AL DOMINIO, INSCRIPCIONES Y
MEDIDAS CAUTELARES: Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 núm. 4 de la ley 388 de 1997 se
solicita se cancelen las siguientes anotaciones del folio de
matrícula inmobiliaria 50C-609536 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá- Zona Centro:
• Anotación 14 donde se encuentre registrada la Resolución No.
3134 del 17 de julio de 2018 "POR LA CUAL SE FORMULA UNA
OFERTA DE COMPRA Y SE DA INICIO AL PROCESO DE
ADQUISICION PREDIAL EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO VIII
DE LA LEY 388 DE 1997.
ARTÍCULO SÉPTIMO - ORDEN DE INSCRIPCION: De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al señor Registrador de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos Zona CENTRO, Inscribir la
presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria
050C00140339, con lo que se surtirán los efectos atinentes a la
transferencia del derecho de dominio en cabeza del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO identificado con el NIT.899999.081-
6.
ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 No. 3 de la ley 388 de 1997, efectuado
el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo 1 para lo cual en caso de renuencia del
expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de policía.
PARÁGRAFO. El titular del derecho de dominio objeto de la
presente Resolución de Expropiación será responsable de las
obligaciones adquiridas por concepto de cuota de administración
causadas hasta la fecha de entrega real y material del inmueble.
ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 66 y
subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo a la titular inscrita ANGELA MARIA
ROBLEDO GOMEZ Identificada con Cédula de Ciudadanía
24313244 haciéndole(s) saber que contra la presente resolución
2010 (sic) procede el recurso de reposición, el cual puede
interponerse en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de
1997, en concordancia con el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.
.- Resolución 005308 de 14 de noviembre de 2018, expedido
por la directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano
• IDU, por medio de la cual resolvió lo siguiente12:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la
Resolución número 4603 del 2 de octubre de 2018, "por la que
se ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado
en la CL 80 A 6 -41 AP 202, de la ciudad de Bogotá D.C., con un
área privada de 136,6 m2 y con un coeficiente de 14.21%,
identificado con cédula catastral 79 B 4 15 4, CHIP
AAA0093FKHK y matrícula inmobiliaria 50C-140339, la cual fue
notificada mediante aviso el día 29 de octubre de 2018 a la
señora ANGELA MARIA ROBLEDO GÓMEZ identificada con cedula
de ciudadanía No 24.313.244.
12
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución al
señor CARLOS EDUARDO PUERTO HURTADO actuando en su
condición de apoderado sustituto según poder de fecha 3 de
septiembre de 2018 otorgado en la notaría 65 de Bogotá por el
señor SEBASTIÁN MARULANDA ROBLEDO quien actúa como
apoderado de la señora ANGELA MARIA ROBLEDO GÓMEZ de
conformidad con el poder de fecha 30 de agosto de 2018
otorgado en la notaría 65 de Bogotá por el propietario del
inmueble objeto de expropiación, de acuerdo con las reglas
establecidas en el artículo 68 y ss del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, informándole
que contra la presente providencia no procede recurso alguno y
queda agotada la actuación administrativa, según lo establecido
en el artículo 87 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 […]”.
IV.2.- Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su
recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si en el
marco de la expropiación administrativa regulada por la Ley 388 de
1997 y demás normas concordantes, la parte actora logró desvirtuar
la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
demandados, mediante los cuales se fijó el precio indemnizatorio con
fundamento en el avalúo 2018-0790 -RT 47464, practicado por la
Subgerencia de Información Económica de la Unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital.
Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al
marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,
para enseguida abordar el estudio del caso concreto.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
Del procedimiento de expropiación administrativa,
generalidades
El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la
propiedad privada, en los siguientes términos:
“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.
Con base en la norma en cita se tiene que i) la garantía a la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos se hace con arreglo a las
leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las formas
asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el
carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que
prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la
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propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y vi)
están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.
Asimismo, acorde con el desarrollo de este precepto constitucional,
inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos para la
adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de utilidad
pública e interés general, potestad que luego se reguló por la Ley
388 de 1997.
Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento
que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la
expropiación por vía administrativa.
El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el
proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30
días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin
llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, la
autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación
administrativa correspondiente.
El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe
contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)
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el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación
que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; y v) la orden de
notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos
reales del predio y la información sobre los recursos procedentes.
Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el
artículo 70 ibidem, prevé:
“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.
2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
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dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para
los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”.
En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el
artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el
carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor
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del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos
en el artículo 61 de la presente ley […]”.
De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales
de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado
se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa
indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los
perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de
alejarse de un acto confiscatorio.
Al respecto, esta Sección13 ha precisado:
“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual
es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de
que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre
los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse
que éste deba asumir a título personal un detrimento en su
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01
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patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de
igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.
Ahora, para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios
expuestos por esta Sección en relación con la acción especial
contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho
que procede contra la decisión de expropiación por vía
administrativa, ya que servirán para el análisis del recurso
interpuesto. Al respecto, se ha manifestado14:
“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste
del precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el
principio de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho,
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020110019601
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.
Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber
sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado,
que decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y certeza que se predica de las
decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como
válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, a la actora, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorreciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.15
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección16sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse
como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que sirvió de
base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”17.
Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron
reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse
15
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
00196 01
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el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso
de expropiaciones administrativas.
Ahora bien, mientras en el artículo 2018 del decreto en mención está
establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el
artículo 2319 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través
de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de
estos.
En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió
las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que
fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la
actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados
dentro del marco de la Ley 388 de 1997.
18
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.
19
[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que
deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial. [...]”.
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Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los
avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de
rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de
costo o reposición.
V. Caso concreto
Del avalúo comercial en la determinación del valor a
reconocer por la expropiación.
1. En el presente asunto se controvierte si dentro del proceso de
expropiación adelantado por el IDU se garantizó el pago del justo
precio respecto del inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 050C-00140339, por lo que resulta necesario establecer
si el avalúo oficial 2018-0790 se ajusta a lo previsto en la Ley 388 de
1997 y sus disposiciones complementarias; o si, por el contrario,
debe ser desvirtuado con fundamento en el Concepto 694 de abril de
2019 elaborado por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán, Ingeniería,
Consultoría y Valoración.
La relevancia de esta discusión radica en que un avalúo que emplee
los métodos integrales previstos por el Instituto Geográfico Agustín
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Codazzi (IGAC) tiene la aptitud de controvertir la presunción de
acierto del avalúo oficial y de garantizar la indemnización plena
prevista en la Constitución Política y desarrollada en los términos de
la Ley 388 de 1997. En consecuencia, corresponde a la parte
recurrente, demostrar dentro del proceso que el avalúo oficial carece
de validez.
En el presente caso, se encuentra acreditado que la Dirección Técnica
de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, mediante
Resolución 4603 de 2 de octubre de 2018, ordenó la
expropiación por vía administrativa del inmueble ubicado en la Calle
80 A núm. 6-41 apartamento 202 de la ciudad de Bogotá, identificado
con Chip AAA093FKHK y matrícula inmobiliaria núm. 050C-
00140339. La destinación del inmueble referenciado estuvo
vinculado a la ejecución de la obra “Troncal Carrera Séptima desde
la calle 32 a la calle 200”.
Para efectos indemnizatorios, en la Resolución 4603 de 2 de
octubre de 2018, confirmada por la Resolución 005308 de 14
de noviembre de ese año, se fijó como indemnización la suma de
$673.988.758, en la que se discriminó un valor de $666.088.920 por
concepto de terreno y construcción y $7.899.838 por concepto de
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daño emergente, valoración que se realizó conforme al avalúo
comercial núm. 2018-0790 de 12 de junio de 2018 elaborado por la
Gerencia de Información Catastral de la UAECD y al informe de
reconocimiento económico RT 47464 de 1 de octubre de 2018 suscrito
por el grupo económico de la Dirección Técnica de Predios del IDU.
El análisis contenido en el avalúo oficial permitió verificar que para la
determinación del valor comercial del inmueble se tuvieron en cuenta
y ponderaron aspectos tales como: i) la información general en la
que se identificó el solicitante del avalúo, la radicación, el propósito
del avalúo, tipo de inmueble, dirección, chip, cédula catastral, código
barrio y/o sector catastral, destino económico, fecha visita; ii) la
información jurídica; iii) la descripción del sector, la actividad
predominante, la actividad edificadora, las vías de acceso; iv) la
reglamentación urbanística; v) La descripción del inmueble, en la que
se determinó la ubicación, linderos, topografía, forma geométrica –
irregular-, área del terreno; y vi) las características generales de la
construcción, la que incluyó la descripción, el área de construcción
y el equipamiento comunal. En cuanto al método de avalúo, cálculos
y justificación de los resultados se precisaron los siguientes aspectos:
“[…] El presente informe cumple con las normas legales del
Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la
Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
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Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes
métodos para determinar los valores reportados.
7.1. PARA EL VALOR DEL TERRENO: No aplica.
7.2. PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Para la
determinación del valor comercial del predio en estudio y de
acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1420 del 24 de julio
de 1998, expedido por la Presidencia de la República. Ministerios
de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente Resolución
Reglamentaria No. 0620 de octubre de 2008, expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, así como también por las
premisas básicas del presente informe, se utilizó el método de
comparación de mercado.
Para el efecto el Artículo 1° de la Resolución 620 de 2008 del
IGAC define y establece:
"ARTICULO lo. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO: Es
la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del
bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes,
de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial."
"ARTICULO 18. AVALÚOS DE BIENES SOMETIDOS AL RÉGIMEN
DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El avalúo se practicará
únicamente para las áreas privadas que legalmente existan,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes
de copropiedad.
En los bienes que están sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del régimen de propiedad con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan
establecido como área privada
2. La conformidad de las áreas existentes con las establecidas
en el régimen de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es
necesario establecer si tienen restricciones tales como
servidumbres, o se refieren a bienes comunes de uso exclusivo,
que aun cuando influyen en el avalúo, no se les debe asignar
valor independiente.
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4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho
privado, lo que restringe su comercialización independiente y
esto influye en su valor comercial, así estos sean de uso
exclusivo".
Propiamente se obtuvo información de 20 apartamentos en el
mismo sector de localización y en zonas cercanas al inmueble
objeto de avalúo, las cuales presentan características
comparables de uso y cercanía a la Avenida Carrera 7. (Ver
anexo Datos de mercado)
Si bien el estudio de mercado se compone de 20 ofertas, 17 de
ellas se consideran que no son directamente comparables con el
predio objeto de avalúo bajo las siguientes consideraciones:
• El predio objeto de avalúo se encuentra remodelado y está
localizado en un edificio que presenta frente directo a la Avenida
Carrera 7, el cual tiene escasas zonas comunes, sin ascensor,
altura inferior a los cinco (5) niveles, y vetustez de más de 40
años.
• Las ofertas que presentan condiciones similares de estado de
conservación (remodelado), localización, escasos servicios
comunales y vetustez de alrededor de 40 años son las número
108, 112 y 127, pero se resalta el hecho de que los edificios
donde se localizan estas ofertas cuentan con ascensor.
• Las ofertas restantes se localizan en edificios con mejores
servicios comunales (Zonas verdes, portería, salón comunal,
ascensor, otros), un mejor estado de conservación en general
de la edificación y de vetustez más reciente, por lo que no son
directamente comparables con el predio objeto de avalúo.
Teniendo en cuenta las ofertas número 108, 112 y 127 se
obtiene un valor promedio de $4.700.485/m2 con una
desviación estándar de $80.809m2 y un coeficiente de variación
de 1.72% y límite inferior de $4.619.676m2, ahora bien, como
el edificio no cuenta con ascensor, se adopta como valor integral
de área privada un valor cercano al límite inferior de
$4.620.000/m2.
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Al valor adoptado de $4.620.000 por m2 se le adiciona el uso
exclusivo del parqueadero.
7.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES
Para la determinación del valor del uso exclusivo del
parqueadero del predio en estudio y de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1420 de 24 de julio de 1998, expedido
por la Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y
Desarrollo y su correspondiente Resolución Reglamentaria No.
0620 de octubre de 2008, expedido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
Teniendo en cuenta que el mercado de parqueaderos y de
depósitos es un mercado restringido, debido a que no existe una
amplia comercialización de forma independiente de este tipo de
bienes, sino que en la mayoría existe una amplia
comercialización de forma independiente de este tipo de bienes,
sino que en la mayoría de casos se comercializan conjuntamente
con una unidad privada principal (Apartamento, oficina, local,
etc), por lo que no es posible utilizar el método de comparación
o de mercado de forma directa.
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Para la determinación del valor de los parqueaderos y debido a
que solo se pudieron obtener valores de cuatro ofertas que no
pueden ser procesadas estadísticamente porque se localizan en
edificios con destinos económicos diferente, solo son utilizadas
como validadores del valor obtenido mediante la aplicación del
índice de crecimiento.
A partir de las ofertas residenciales de la ciudad se determinaron
los incrementos de valorización real de los predios, el cual
muestra los siguientes incrementos porcentuales: Estos índices
se aplican sobre los valores establecidos para los parqueaderos
por la AECD para el año 2016 y el valor indexado es el que se
obtiene a continuación
Estos índices se aplican sobre los valores establecidos para los
parqueaderos por la UAECD para el año 2016 y el valor indexado
es el que se obtiene a continuación:
Con base en este criterio se determina un valor global para el
parqueadero objeto de avalúo de $35'000.000.
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Con base en este criterio se determina un valor global para el
parqueadero objeto de avalúo de $35.000.000.
De acuerdo con lo anterior, se adopta para el apartamento un
valor integral sobre área privada de $4'876.200/m2, que
incorpora el parqueadero de uso exclusivo.
(…)
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De la revisión del referido informe, la Sala evidencia que se ajustó a
las exigencias previstas en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi —IGAC—, disposiciones que regulan la metodología aplicable
para la elaboración de avalúos con fines de adquisición predial y
determinación del valor comercial de los inmuebles sujetos a
propiedad horizontal.
En efecto, del examen del informe y de sus anexos, se advierte que
la determinación del valor comercial del terreno se efectuó mediante
la aplicación del método de comparación o de mercado, mecanismo
expresamente admitido por la normativa valuatoria y
particularmente idóneo para establecer el valor de aquellos
inmuebles cuyo aprovechamiento económico se encuentra
determinado por las condiciones del mercado inmobiliario y por las
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características físicas y jurídicas del bien objeto de estimación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 10° y 18 de la
Resolución núm. 620 de 2008, que prevén:
“[…] ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE
MERCADO. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor
comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser
clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la
estimación del valor comercial.
[…]
Artículo 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO.
Cuando para la realización del avalúo se acuda a información de
ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación
del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se
obtuvo la información y la fecha de publicación, además de otros
factores que permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.
[…]
ARTÍCULO 18. AVALÚOS DE BIENES SOMETIDOS AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El avalúo se
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practicará únicamente para las áreas privadas que legalmente
existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los
coeficientes de copropiedad.
En los bienes que están sometidos al régimen de propiedad
horizontal, la identificación debe hacerse en dos sentidos:
1. Conformidad del régimen de propiedad con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan
establecido como área privada.
2. La conformidad de las áreas existentes con las establecidas
en el régimen de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es
necesario establecer si tienen restricciones tales como
servidumbres, o se refieren a bienes comunes de uso exclusivo,
que aun cuando influyen en el avalúo, no se les debe asignar
valor independiente.
4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho
privado, lo que restringe su comercialización independiente y
esto influye en su valor comercial, así estos sean de uso
exclusivo. […]”.
En el caso concreto, por el hecho de tratarse de un inmueble sujeto
a propiedad horizontal, el terreno sobre el cual se levanta la
edificación constituye un bien común esencial, cuya titularidad se
encuentra incorporada proporcionalmente en cada una de las
unidades privadas a través del respectivo coeficiente de copropiedad,
conforme a lo dispuesto en el artículo 26 Ley 675 de 200120. En esa
medida, la valoración económica no se realiza respecto del lote
considerado de manera independiente, sino frente a la unidad
inmobiliaria objeto de adquisición, dentro de la cual se encuentra
20
“[…] Artículo 26. Determinación: Salvo lo dispuesto en la presente ley para casos específicos, los
coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada construida de cada bien de
dominio particular, con respecto al área total privada del edificio o conjunto. […]”.
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implícitamente comprendida la participación proporcional sobre el
terreno.
Bajo este entendimiento, el avalúo elaborado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital observó adecuadamente
la naturaleza jurídica del bien objeto de expropiación, al reconocer
que el valor del suelo se encuentra integrado en el valor de las
unidades privadas mediante el coeficiente de copropiedad,
circunstancia que resulta coherente con la estructura del régimen de
propiedad horizontal y con los criterios técnicos establecidos en la
normativa valuatoria aplicable.
Adicionalmente, se evidencia que el estudio valuatorio consideró las
características físicas, jurídicas y socioeconómicas del inmueble,
entre ellas su localización, las condiciones urbanísticas del sector, la
actividad económica predominante en el área, las características
constructivas del edificio, las condiciones de acceso vial y las ofertas
que se adecuaban en mejor manera a las características del
inmueble, factores que permiten concluir que la determinación del
precio indemnizatorio se efectuó con sujeción a lo previsto en el
citado artículos 1°, 10° y 18 de la Resolución IGAC 620 de 2008.
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Ahora bien, dentro del plenario la parte actora allegó un Concepto
Hipotético de Valor elaborado por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán,
Ingeniería, Consultoría y Valoración21, en el que, a su juicio, desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos acusados según los cuales
tuvieron como sustento el avalúo oficial expedido por la UAECD.
De la revisión del citado informe, la Sala se permite transcribir los
siguientes aspectos:
“[…] Bien a conceptuar: Lote de terreno sobre el cual
actualmente se edifica la unidad inmobiliaria denominada
EDIFICIO SANTA MÓNICA, edificación de vivienda sometida al
régimen de propiedad horizontal, bajo el escenario que se
disuelva la propiedad horizontal englobando todas las unidades
privadas y produciendo un lote de área útil susceptible de
desarrollo bajo las normas urbanísticas actuales
(…)
1.2. TIPO DE BIEN INMUEBLE: El bien inmueble objeto de
valuación en el presente concepto corresponde al componente
suelo sobre el cual existe una edificación de vivienda compuesta
por ocho (8) unidades inmobiliarias. El presente concepto
analizará este bien bajo el escenario en que la propiedad
horizontal se disuelve y de origen a un suelo de área útil
susceptible de ser desarrollado en altura bajo las normas
urbanísticas actuales.
(…)
6.3. MEMORIA DE CÁLCULO CONCEPTO DE VALOR
Atendiendo que para el escenario hipotético propuesto el Edificio
Santa Mónica se desafecta del Régimen de Propiedad Horizontal,
se plantea que esta supuesta unidad jurídica, sufra una
21
Índice 2 del sistema digital SAMAI. 4 CUADERNO UNO DEL TRIBUN (.pdf)Folios 114-140.
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reconstrucción, con el ánimo de aprovechar el máximo potencial
normativo y así llegar a su mayor y mejor uso, desarrollando
una edificación de vivienda multifamiliar acorde con las
exigencias actuales del sector especialmente en lo concerniente
a los servicios comunales incorporados al inmueble, como son
zonas comunes, ascensores, espacios de parqueo, entre otros.
Para la correcta determinación del valor del inmueble atendiendo
su potencial de desarrollo se emplea el método de la Técnica
Residual: "Es el que busca establecer el valor comercial del
bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto
total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con
la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el
mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al
monto total de las ventas proyectadas, los costos totales y la
utilidad esperada del proyecto constructivo. Es indispensable
que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la
factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de
vender lo proyectado.
PARÁGRAFO. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el
principio de mayor y mejor uso, según el cual el valor de un
inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el
que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de
ser construido con distintas intensidades edificatorias, será el
que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades legales y
físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener
la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado.
En aplicación del método de Potencial de desarrollo, se debe
establecer cuál es el mayor y mejor uso que la normatividad
urbanística le permite al inmueble en globo y que sea
económicamente viable.
En análisis de la actividad inmobiliaria del sector, se encuentra
que el producto que se comercializa en el sector es de vivienda
multifamiliar de estrato alto.
Dado que el inmueble presenta frente sobre la Avenida Carrera
7a, se presumiría que sobre él se podría efectuar algún tipo de
desarrollo comercial, sin embargo, tal como se encuentra
descrito en este documento, estos usos no se encuentran
permitidos.
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En tal medida, se capturaron ofertas de proyectos de vivienda
en el sector, en donde se encontró que el sector ofrece
apartamentos nuevos con valores unitarios de entre 9 millones
y 14 millones de pesos por metro cuadrado integral privado, sin
incluir unidades de parqueo. Para el presente ejercicio se estima
que el valor de las unidades de parqueo se encuentra alrededor
de los 35 millones por cada espacio de parqueo.
Analizando estos proyectos y la incidencia de la localización en
el valor de venta, se estimó que dada la ubicación del predio
sobre la Avenida Carrera 7a el producto inmobiliario presenta un
valor de 12.1 millones de pesos por metro cuadrado de área
privada, sin incluir las unidades de estacionamiento.
Para encontrar el valor del terreno se debe descontar al monto
total de las ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad
esperada del proyecto constructivo.
Para la estimación de los costos del desarrollo del proyecto, se
calcularon los costos totales de construcción con base en
presupuestos de obra desarrollados para tal fin:
De esta manera, mediante el método de técnica residual se
estima un valor de suelo de 12.850.000 pesos por metro
cuadrado de terreno.
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Es de anotar que el valor resultante de la técnica residual es el
valor total del inmueble, es decir, el valor del terreno incluyendo
el valor de las edificaciones que sobre el mismo se encuentren,
atendiendo que este método asume que el inmueble
corresponde a un lote de terreno disponible para ser
desarrollado y/o edificado.
(…)
Del examen del concepto técnico allegado por la parte demandante,
la Sala advierte que dicho documento carece de la entidad suficiente
para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el avalúo
oficial practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, por las siguientes razones:
En primer lugar, se evidencia que el concepto reconoce expresamente
que el análisis referenciado no constituye un avalúo comercial en
sentido estricto, sino un ejercicio hipotético de estimación de valor.
En efecto, en el referido informe se indica de manera explícita que el
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concepto allí consignado no puede considerarse bajo ninguna
circunstancia como un avalúo comercial, sino como una aproximación
hipotética elaborada a partir de supuestos teóricos sobre una unidad
jurídica inexistente, circunstancia resulta particularmente relevante,
pues evidencia que el documento no fue concebido como un estudio
valuatorio con vocación de determinar el valor comercial real del
inmueble, sino como un ejercicio especulativo basado en hipótesis de
desarrollo inmobiliario que no corresponden a la situación jurídica ni
material del bien objeto de adquisición.
Cabe mencionar que para elaborar el avalúo y determinar el valor del
bien inmueble objeto de expropiación administrativa, la autoridad
no puede incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y
verificables, tal y como lo ha sostenido esta Sección en varios
pronunciamientos, entre ellos, la sentencia de 25 de febrero de
202122.
En segundo término, el concepto no se refiere propiamente al
inmueble objeto del proceso, sino que parte de la premisa de valorar
el predio como si se tratara de un lote susceptible de desarrollo
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
febrero de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2012-
00483-01.
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urbanístico o edificatorio independiente, supuesto que desconoce la
realidad jurídica del bien expropiado, que corresponde a una unidad
inmobiliaria específica sometida al régimen de propiedad horizontal,
respecto de la cual el terreno no constituye una unidad autónoma
susceptible de valoración independiente, sino un bien común esencial
cuya titularidad se encuentra incorporada proporcionalmente en cada
una de las unidades privadas mediante el respectivo coeficiente de
copropiedad.
Bajo tales condiciones, la metodología residual utilizada por el
concepto allegado por la parte actora resulta incorrecta para efectos
de establecer el valor comercial del bien objeto de adquisición, en la
medida en que parte de una unidad jurídica inexistente, consistente
en la valoración integral del terreno como si este constituyera un lote
independiente susceptible de explotación urbanística futura. Este
enfoque, además de desconocer la estructura jurídica propia de los
inmuebles sometidos a propiedad horizontal, introduce en el ejercicio
valuatorio variables hipotéticas relacionadas con eventuales
escenarios de desarrollo inmobiliario que no tienen correspondencia
con la realidad del bien al momento de la oferta de compra ni con la
finalidad pública que motivó su adquisición.
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En efecto, el inmueble fue adquirido por la administración para la
ejecución de una obra de infraestructura pública destinada a la
construcción de una vía, circunstancia que implica que el predio, una
vez incorporado al patrimonio público, queda afectado al uso público
y, por consiguiente, no resulta jurídicamente susceptible de
desarrollo urbanístico o edificatorio en los términos supuestos por el
estudio presentado por la parte demandante. De allí que el valor
comercial del bien deba establecerse con base en su situación real al
momento de la adquisición y no a partir de expectativas hipotéticas
de aprovechamiento económico que no corresponden a su condición
jurídica ni a la finalidad pública que justificó la expropiación.
A lo anterior se suma que la diferencia sustancial entre el valor
estimado en el concepto allegado por la parte actora y el determinado
en el avalúo oficial obedece precisamente a la incorporación de tales
supuestos hipotéticos. Mientras el avalúo practicado por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, mediante la aplicación
del método de comparación o de mercado, arrojó un valor cercano a
$682.815.312, el estudio presentado por la demandante estimó un
valor aproximado de $6.331.195.000, cifra que surge de valorar el
inmueble como si se tratara de un lote disponible para desarrollo
inmobiliario. Esta forma de cálculo no solo desconoce la naturaleza
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jurídica del bien objeto de adquisición, sino que además conduce a
resultados artificialmente elevados, al incorporar en la valoración
variables relacionadas con potenciales proyectos urbanísticos que no
existen ni se encontraban aprobados para el predio en cuestión.
Debe resaltarse, además, que la metodología empleada en el
concepto aportado por la demandante conduce a una distorsión del
valor real del inmueble, pues al valorar el terreno como una unidad
independiente y posteriormente incorporar dicha estimación al valor
de cada apartamento, se genera el riesgo de multiplicar
artificialmente el valor del suelo tantas veces como unidades privadas
existan en el edificio, circunstancia que resulta incompatible con la
lógica económica y jurídica del régimen de propiedad horizontal.
Resulta pertinente advertir que para controvertir un avalúo oficial
practicado mediante la aplicación del método de comparación o de
mercado, lo procedente es aportar un estudio valuatorio elaborado
con base en el mismo método técnico, que permita contrastar los
parámetros utilizados en la estimación del valor comercial del bien.
La utilización de un método distinto impide realizar una comparación
técnica válida entre los resultados obtenidos y, por ende, no resulta
idónea para desvirtuar el avalúo oficial.
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En estas condiciones, las inconsistencias metodológicas advertidas,
la falta de soporte técnico en aspectos esenciales del ejercicio
valuatorio y la ausencia de una controversia concreta frente a la
metodología empleada por Catastro Distrital conducen a concluir que
el avalúo presentado por la parte actora no desvirtúa la presunción
de legalidad que ampara los actos administrativos demandados.
Al respecto, cabe mencionar que en los procesos de expropiación
administrativa el avalúo comercial del inmueble constituye el soporte
técnico esencial para la determinación del precio indemnizatorio que
se consigna en el acto administrativo de oferta de compra y en la
resolución que dispone la expropiación.
Asimismo, debe señalarse que una vez dicho valor es incorporado en
el acto administrativo, opera en su favor la presunción de legalidad,
razón por la cual cuando el administrado pretende controvertirlo en
sede judicial le corresponde asumir la carga de la prueba,
demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el avalúo
oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas que
regulan la actividad valuatoria y no refleja el valor comercial real del
bien objeto de expropiación.
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Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en
sentencia de 23 de julio de 201623 puntualizó que es deber del
interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la
expropiación decretada.
De manera que la mera discrepancia subjetiva del expropiado frente
al valor asignado al inmueble, así como la aportación de elementos
probatorios desprovistos de sustento técnico suficiente, no resultan
idóneos para desvirtuar la presunción de legalidad del avalúo oficial
que sirve de fundamento al precio indemnizatorio.
En este orden, habida cuenta que la parte actora no demostró en el
proceso que el avalúo oficial era equivocado e incorrecto, ni acreditó
la corrección del justiprecio presentado en el concepto elaborado
por la Empresa Jorge Eliecer Gaitán, Ingeniería, Consultoría y
Valoración, debe tenerse como válido, creíble y debidamente
fundamentado, el avalúo oficial que sirve de sustento a las
resoluciones acusadas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
23
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.
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Al respecto, cabe destacar que esta Sección ha sostenido que al
haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,
este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,
creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en
este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el
avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus
incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de
agosto de 201924 indicó:
“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”25.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.
25
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección26 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que
la actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora bien, en relación con el reparo formulado por el apelante frente
a la valoración probatoria realizada por el Tribunal respecto de los
testimonios rendidos por la perito Carolina Acosta Afanador y por el
profesional Néstor Andrés Villalobos Caro, la Sala advierte que dicha
inconformidad no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la
conclusión a la que arribó el a quo sobre la validez del avalúo oficial
que sirvió de fundamento a los actos administrativos demandados.
En efecto, el apelante sostiene que de dichas declaraciones se
desprende que el terreno constituye un bien común esencial cuya
participación corresponde a los propietarios mediante el coeficiente
de copropiedad, por lo que el valor del suelo debía ser considerado
26
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
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de manera autónoma en el proceso valuatorio. No obstante, esta
interpretación no se sigue de lo manifestado por los declarantes,
pues de la lectura de sus intervenciones se desprende que,
precisamente, por tratarse de un bien común esencial dentro del
régimen de propiedad horizontal, el terreno no puede ser considerado
como una unidad económica independiente, pues su valor se
encuentra jurídicamente incorporado en cada una de las unidades
privadas a través del respectivo coeficiente de copropiedad.
En otras palabras, el hecho de que el suelo sea un bien común
esencial no implica que deba valorarse separadamente, sino que su
valor ya se encuentra integrado en el valor de la unidad inmobiliaria
objeto de adquisición.
Así las cosas, la Sala estima que ninguno de los cargos planteados
por la parte demandante en el recurso de apelación tiene la entidad
necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a
los actos administrativos acusados, toda vez que en el plenario no se
encuentran elementos probatorios que demuestren la incorrección
del avalúo oficial que sirvió de sustento para la fijación del precio
indemnizatorio reconocido y pagado a la demandante, con ocasión
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de la expropiación administrativa dispuesta mediante las
resoluciones acusadas.
Por último, y en lo que corresponde a la fijación de costas en la
segunda instancia, -de conformidad con lo previsto en el artículo
18827 del CPACA en armonía con el numeral 8 del artículo 365 del
CGP28, esto es, en aplicación de un criterio objetivo valorativo29-,
corresponde a la Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a
la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de
apelación, en los términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 4 30 del
artículo 365 ibidem, habida cuenta de la decisión que aquí se
profiere.
27
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
28
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
29
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
30
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
Al respecto se tiene que en esta instancia, y según las reglas
previstas en el artículo 365 del CGP, la Sala no condenará en costas
procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por
no encontrarse probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS, en esta instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2019-00326-02
Actora: ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLOANDRESCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDOOSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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