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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01110-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2016-01110-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 79 Número único de radicación: 25000234100020160111001 Actores: Natalia Edilma Rodríguez de Barragán y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01110-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2016-01110-01
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: NATALIA EDILMA RODRIGUEZ DE BARRAGÁN Y OTRO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE
ACTORA NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECRETARON LA
EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA. LA OBJECIÓN POR
ERROR GRAVE DECRETADA POR EL TRIBUNAL CONTRA EL
DICTAMEN PERICIAL SE AJUSTA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
AL PROCESO EXPROPIATORIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 27 de agosto de 2020, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “B”1, por medio de la cual se declaró probada

la excepción de error grave formulada por el apoderado de la parte

demandada y por la UAECD, contra el dictamen pericial rendido

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En adelante el Tribunal.

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Actores: Natalia Edilma Rodríguez de Barragán y otros

dentro del proceso y contra el avalúo aportado con la demanda; y

denegó las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- Los señores NATALIA EDILMA RODRÍGUEZ DE BARRAGÁN

y LEOPOLDO BARRAGÁN CASTRO, actuando a través de

apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

• CPACA, presentaron demanda contra el Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU, en la que formularon las siguientes pretensiones2:

“[…] PRETENSIONES PRINCIPALES

Primero. Que se declare la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Número 62576 de 2015 “por la cual se ordena una
expropiación por vía administrativa” expedida por el INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO (IDU), la cual ordena decretar la
expropiación del inmueble ubicado en la AC 132 94ª 23 de la
ciudad de Bogotá D.C., en cuanto fijó en CIENTO SETENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($177.367.381) MONEDA
CORRIENTE, el precio indemnizatorio por concepto de avalúo
comercial, lucro cesante y daño emergente.

ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio de
la expropiación se ordena por la presente resolución es de
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN

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PESOS ($177.367.381) MONEDA CORRIENTE de acuerdo
con el Avalúo Comercial No. 2014-2012 del 29 de octubre
de 2014, aclarado mediante el informe técnico avalúo Nº
2014-2013 del 11 de mayo de 2015, elaborado por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL - Gerencia de Información Catastral,
Subgerencia de Información Económica y el informe de
Reconocimiento Económico del 14 de octubre de 2015,
elaborado por el Grupo Económico de la Dirección Técnica
de Predios, el citado valor incluye:

1. La suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA PESOS ($168.699.590) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de avalúo de terreno y construcción.

2. la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS MIL PESOS ($5.272.000) MONEDA CORRIENTE,
por concepto de Lucro Cesante.

3. La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($3.395.791) MONEDA CORRIENTE por concepto de Daño
Emergente.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación
no implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de
1994 que establece la cesión de los contratos de servicios
públicos con ocasión de la trasferencia del dominio ...
[...].

Segundo. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN
NÚMERO 65076 DE 2015, “por cual se resuelve un recurso de
reposición", expedida por el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU), en cuanto a que confirma el valor del precio
indemnizatorio.

Tercero. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad
de los anteriores actos administrativos, se restablezca en su
derecho a los demandantes, condenando al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de DAÑO EMERGENTE, se producen
"entendiéndose el daño emergente como el justo precio dejado
pagar por la entidad demandada por la expropiación (este precio
debe ser como mínimo la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y
OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($257.133.088), por valor

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del inmueble expropiado, lo que equivaldría a una diferencia de
OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($88.433.498),
por pago del inmueble expropiado)".

La estimación de la indemnización por concepto de Daño
Emergente, se hace por parte de los accionantes bajo juramento
(Artículo 206 del Código General del Proceso), y se adopta de la
diferencia entre el valor que existe del Avalúo Comercial tomado
dentro del acto administrativo que ordeno la expropiación y el
Avalúo Comercial que presentamos, que es parte dentro del
material probatorio y que fue elaborado por un avaluador
inscrito en la LONJA DE COLOMBIANA, la avaluadora DIANA
PATRICIA OSORIO ABELLO, (Ver, Tasación del Daño, Daño
Emergente).

Cuarto. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad
de los anteriores actos administrativos, se restablezca en su
derecho a los demandantes, condenando al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de los perjuicios
económicos que a título de LUCRO CESANTE, se prueben dentro
del proceso, "como los rendimientos dejados de percibir por mis
poderdantes como consecuencia del no pago de ese justo precio
y los cánones de arriendo que producía el inmueble expropiado."

Quinto. Se condene a la entidad demandada al pago de los
intereses comerciales y moratorios establecidos en el Artículo
192 del Código Contencioso Administrativo, que se causen entre
la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago
de las condenas indemnizatorias citadas en las pretensiones de
la demanda.

Sexto. Que se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.

Séptimo. Que, en caso de no decretarse la nulidad de ninguno
de los actos demandados, se ordene la modificación del Artículo
2, de la RESOLUCIÓN NÚMERO 62576 DE 2015, "por la cual se
ordena una expropiación por vía administrativa", y la
RESOLUCIÓN NUMERO 65076 DE 2015, “por cual se resuelve un
recurso de reposición", en el sentido de ajustar el precio
establecido en ellos como compensación de la expropiación,
según se prueben dentro del proceso.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

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Primero. Por lo expuesto en los hechos 12,13 y 14, esto es, no
haber realizado el pago del valor indemnizatorio en el término
de 10 días contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que expropio el bien inmueble, propiedad de mi
representado, solicito se declare sin efectos la expropiación por
vía administrativa del inmueble ubicado en la AC 132 94 A 23 de
la ciudad de Bogotá, de matrícula inmobiliaria 50N-20006209, lo
anterior, según el sustento normativo de los Numeral 2 y 4, del
Articulo 70 de la Ley 388 de 1997.[…]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los

siguientes:

Los señores LEOPOLDO BARRAGÁN CASTRO Y NATALIA

EDILMA RODRÍGUEZ DE BARRAGÁN son propietarios del

inmueble ubicado en la AC 132 94 A-23, identificado con la matrícula

inmobiliaria 50N-20006209, CHIP AAA0133WYYN y lote catastral

0092236810.

A través de la Resolución 106551 de 9 de diciembre de 2014, la

directora técnica de predios del IDU, determinó la adquisición del

inmueble en virtud de lo establecido en la Ley 388 de 1997 con

destino a la “ elaboración de la AVENIDA EL RINCÓN (AK 91 Y AC

121 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA –

TRANSVERSAL 97” y formuló oferta de compra por valor de CIENTO

SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO $174.982.798 según el concepto

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de avalúo comercial 2014-2012 de 29 de octubre de 2014 practicado

por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá

DC-UAECD.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora solicitó la revisión

del avalúo comercial por considerar que no correspondía a la realidad

económica del predio, petición que dio lugar a la expedición de la

Resolución 58124 de 21 de agosto de 2015 por la cual el Instituto de

Desarrollo Urbano – IDU modificó la resolución 106551 de 2014 y

formuló una nueva oferta de compra con fundamento en el ajuste

realizado el día 11 de mayo de 2015, al avalúo comercial 2014-2012.

Una vez transcurrieron 30 días hábiles contados a partir de la

ejecutoria del mentado acto, sin que se llegara a un acuerdo formal

para la enajenación voluntaria, el IDU expidió la Resolución 62576

de 20 de octubre de 2015, a través de la cual procedió a expropiar

el inmueble.

El 24 de noviembre de 2015, la parte actora presentó recurso de

reposición contra la anterior decisión, la cual fue resuelta a través de

la Resolución 65076 de 2 de diciembre de 2015, que dispuso

confirmar en todas sus partes el acto administrativo expropiatorio.

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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política; 61, 62, 68 y 70

de Ley 388 de 1997; 2 del Decreto 1420 de 1998; 1 y 3 de la

Resolución 620 de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi.

Sostuvo que la actuación administrativa desconoció la garantía

constitucional de la propiedad privada y la prohibición de confiscación

prevista en el artículo 34 superior, por cuanto el inmueble fue objeto

de expropiación mediante actos administrativos que, a su juicio,

incumplieron los requisitos y términos establecidos por el

ordenamiento jurídico.

Señaló que conforme al artículo 58 de la Constitución, correspondía

a la entidad expropiante reconocer previamente una indemnización

justa, equitativa e integral, lo que implicaba que la oferta de compra

y el valor indemnizatorio debían incluir no solo el valor del inmueble

sino también los perjuicios derivados de la enajenación, en particular

aquellos asociados a la actividad económica desarrollada en el predio,

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el cual tenía destinación mixta de vivienda urbana y actividad

comercial generadora de renta.

Indicó que se desconoció lo previsto en el artículo 62 de la Ley 388

de 1997, al considerar que la indemnización fijada por la entidad se

limitó al valor comercial derivado del avalúo practicado por la

administración sin incorporar la totalidad de los perjuicios

ocasionados por la expropiación, especialmente, el lucro cesante

derivado de los ingresos que el inmueble generaba por concepto de

locales comerciales, razón por la cual la compensación reconocida no

cumple con los principios de reparación integral, equidad y

razonabilidad.

Destacó la infracción de los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997,

normas que regulan el procedimiento de expropiación administrativa

y que establecen que, una vez formulada la oferta de compra, si

transcurren treinta días sin alcanzarse un acuerdo de enajenación

voluntaria debe iniciarse el proceso de expropiación, término que fue

ampliamente superado por la entidad, pues entre la notificación de

la oferta de compra y la expedición del acto administrativo que

ordenó la expropiación transcurrieron un término superior a un año,

lo que apunto a que el avalúo oficial perdiera su vigencia.

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Igualmente, alegó el desconocimiento de los numerales 2 y 4 del

artículo 70 ibidem, al no haberse efectuado el pago o la consignación

del valor indemnizatorio dentro del término de diez días contados

desde la ejecutoria del acto administrativo que decretó la

expropiación, situación que impediría que la decisión administrativa

produjera efectos jurídicos y obligaría a la entidad a surtir

nuevamente el procedimiento expropiatorio.

Por otra parte, afirmó que el avalúo comercial utilizado para fijar el

precio indemnizatorio vulneró el concepto de valor comercial previsto

en el artículo 2 del Decreto 1420 de 1998, pues el método de

mercado empleado no habría tenido en cuenta las verdaderas

condiciones físicas y jurídicas del inmueble, además de basarse en

estudios de mercado que no registraban fechas de transacción ni

correspondían a bienes comparables con el predio objeto de

expropiación.

Señaló que los actos administrativos demandados se encuentran

viciados por falsa motivación en la determinación del precio

indemnizatorio, pues sostienen que no existió una verdadera

negativa de los propietarios a la negociación directa sino la

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imposibilidad de aceptar una oferta que consideran desfasada frente

al valor real del inmueble, razón por la cual sostiene que la

indemnización reconocida no refleja el daño emergente causado por

la expropiación ni el lucro cesante derivado de la pérdida de los

ingresos generados por el inmueble.

Con fundamento en tales argumentos, objetó el avalúo comercial

elaborado por la UAECD contenido en el Informe Técnico No.

2014‑2012 del 29 de octubre de 2014 y su ajuste de 11 de mayo de

2015, allegando para el efecto un avalúo alternativo elaborado por la

firma Sarmiento y Osorio, en el cual se estimó que el valor comercial

del inmueble ascendía a $257.133.088, cifra superior al valor fijado

por la administración, razón por la cual sostienen que la

indemnización reconocida resulta incompleta y que la diferencia

correspondiente, estimada en $79.765.707, debe ser reconocida

como parte del daño emergente causado por la expropiación.

Por último, solicitó se decrete un dictamen pericial en aras de que se

realice un avalúo comercial al predio objeto de expropiación y

determine las inconsistencias que se presentaron con ocasión del

informe técnico de avalúo 2014-2012.

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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- El IDU contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de

las pretensiones en los siguientes términos3:

Sostuvo que los actos administrativos mediante los cuales se

adelantó el procedimiento de adquisición predial y posterior

expropiación administrativa del inmueble fueron expedidos conforme

a lo previsto en los artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política y

la Ley 388 de 1997, marco dentro del cual se respetaron las garantías

del debido proceso administrativo, el derecho de defensa de los

propietarios y las competencias asignadas a la entidad para adelantar

este tipo de actuaciones.

Expuso que la determinación del precio indemnizatorio se apoyó en

el avalúo comercial elaborado por la Unidad Administrativa Especial

de Catastro Distrital –UAECD–, entidad competente para desarrollar

estudios técnicos de esta naturaleza conforme a las reglas previstas

en el Decreto 1420 de 1998 y demás normas reglamentarias en

materia de avalúos, razón por la cual el valor fijado corresponde a

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una indemnización justa calculada a partir de criterios técnicos

objetivos, construidos a partir de la información suministrada por los

propietarios y de la evaluación de las condiciones físicas y jurídicas

del inmueble, circunstancias que evidencian que la administración

actuó con imparcialidad y dentro de los parámetros legales que rigen

la determinación del valor comercial de los predios objeto de

adquisición.

Indicó que la indemnización prevista en el artículo 58 de la

Constitución tiene naturaleza reparatoria y debe fijarse atendiendo

simultáneamente los intereses del propietario afectado y los de la

comunidad, en atención a que la expropiación responde a motivos de

utilidad pública o interés social que implican la imposición de una

carga legítima en el marco del principio de igualdad frente a las

cargas públicas; desde esa perspectiva, afirmó que el valor

reconocido por la administración responde a criterios de justicia y

legalidad y que, por tanto, no puede afirmarse la vulneración de las

disposiciones constitucionales invocadas por la parte actora.

Destacó que el valor indemnizatorio fue puesto a disposición de los

propietarios una vez surtidos los trámites administrativos, financieros

y presupuestales propios de la administración distrital, actuación que

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demuestra que no se configuró la irregularidad alegada respecto del

pago de la indemnización prevista en la legislación urbanística;

insistió igualmente en que el avalúo comercial no presenta vicios

técnicos ni metodológicos, puesto que fue elaborado por

profesionales especializados siguiendo los criterios establecidos en el

régimen normativo aplicable y con fundamento en estudios de

mercado que permiten establecer el valor comercial del inmueble.

De otra parte, precisó que la expropiación administrativa se sustentó

en motivos de utilidad pública relacionados con la ejecución de obras

de infraestructura vial y de espacio público previamente declaradas

por las autoridades distritales competentes en desarrollo de las

facultades otorgadas por la Constitución y por la Ley 388 de 1997

para la adquisición de inmuebles necesarios para proyectos de

desarrollo urbano, precisando que tales competencias fueron

ejercidas dentro del marco normativo vigente y que los actos

administrativos demandados fueron expedidos por autoridad

competente, debidamente motivados y con observancia de los

requisitos legales.

Con fundamento en estas consideraciones, el IDU formuló como

excepciones la ausencia de elementos que desvirtúen la presunción

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de legalidad de los actos administrativos demandados y la plena

legalidad de dichas decisiones, al estimar que las resoluciones

mediante las cuales se dispuso la expropiación del inmueble y se

resolvió el recurso interpuesto por los propietarios se ajustan al

ordenamiento jurídico, fueron expedidas dentro de las competencias

de la entidad y responden a la satisfacción del interés general sin que

se advierta falsa motivación, desviación de poder o violación de

normas constitucionales o legales.

I.4.2. En escrito separado, el IDU solicitó el llamamiento en garantía

de UAECD en aplicación de lo previsto en los artículos 64 del CGP y

225 y 306 del CPACA, petición que fue aceptada por el magistrado

sustanciador mediante providencia de 23 de febrero de 2017.

I.4.3. La UAEDCD contestó la demanda y se opuso a la prosperidad

de las pretensiones en los siguientes términos:

Sostuvo que su participación en el proceso de expropiación se limitó

exclusivamente a la elaboración del avalúo comercial solicitado por

IDU, sin intervenir en la expedición ni notificación de los actos

administrativos demandados.

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Explicó que, conforme al Decreto 1420 de 1998 y a la Ley 1682 de

2013, la facultad de solicitar revisiones o impugnaciones de los

avalúos corresponde únicamente a la entidad solicitante, en este

caso el IDU, y no a los propietarios de los predios, de modo que

cualquier inconformidad debía ser presentada ante la citada entidad,

quien a su vez podía trasladarla a la UAECD o al Instituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC).

Precisó que carece de competencia para adelantar actuaciones

administrativas relacionadas con la adquisición predial, pues su

función se circunscribe a la entrega del avalúo comercial. Señaló,

además, que el IDU contaba con mecanismos legales para

controvertir dicho avalúo y que, en consecuencia, era responsable de

las decisiones adoptadas en el trámite de expropiación, razón por la

cual no puede ser llamada en garantía, al no existir disposición

normativa que la obligue a vincularse a procesos judiciales contra el

IDU por inconformidades de los propietarios.

Respecto del avalúo presentado por la parte demandante consideró

la procedencia de la objeción por error grave, en consideración a que

no cumple con los requisitos previstos en el Decreto 1420 de 1998

para su debida valoración, pues evidenció falencias metodológicas y

de procedimiento y a efectos de su controversia, solicitó se decrete

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la declaración del ingeniero catastral JOHN JAIRO DAZA GARCÍA,

profesional de la Subgerencia de Información Física y jurídica de la

UAECD, quien posee el conocimiento técnico para sustentar la

objeción.

I.4.4. Mediante providencia de 27 de julio de 2017, el magistrado

ponente decretó el dictamen pericial solicitado por la parte actora y

la declaración de los testigos NÉSTOR ANDRÉS VILLALOBOS CARO y

JOHN JAIRO DAZA GARCÍA.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia de 27 de agosto de 2020, declaró

probadas las objeciones por error grave formuladas contra el avalúo

presentado por la parte actora y contra el dictamen pericial rendido

durante el transcurso del proceso. Denegó las súplicas de la demanda

con fundamento en los siguientes razonamientos4:

De la tacha contra el testigo JHON JAIRO DAZA GARCÍA

4
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL ADMINSITRATIVO(.pdf) folios 514-608

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Precisó que de la revisión de lo previsto en el artículo 211 de la Ley

1564 de 2012, así como de la argumentación expuesta por la parte

actora, que no le asiste prosperidad a lo solicitado, por cuanto la

declaración del señor JHON JAIRO DAZA GARCÍA tuvo como

fundamento respaldar la sustentación de las objeciones por error

grave formuladas oportunamente por la apoderada judicial de la

UAECD frente al dictamen pericial rendido por la auxiliar de la justicia

ILEANA TERESITA DELGADO SÁNCHEZ, razón por la cual dicha

declaración no constituyó un testimonio técnico sino que tuvo como

finalidad específica apoyar la sustentación de las referidas

objeciones.

De la objeción por error grave al avalúo presentado por la parte

actora rendido por la Firma SARMIENTO Y OSORIO.

Señaló que de la revisión del dictamen advirtió inconsistencias

relacionadas con la verificación de la reglamentación urbanística

aplicable al predio, pues la perito no acreditó de manera suficiente

los usos del suelo ni las condiciones normativas que determinan su

potencial edificatorio, elemento que incide directamente en la

determinación del valor del metro cuadrado del inmueble y que,

conforme a los criterios técnicos previstos en la Resolución 620 de

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2008 del IGAC y en las reglas de avalúo establecidas por el Decreto

1420 de 1998, debía ser verificado mediante los documentos oficiales

de localización y regulación urbanística del predio, aspecto que no

fue debidamente demostrado en el dictamen.

Expresó que el estudio pericial se apartó de los criterios

metodológicos que gobiernan el método de mercado regulado por la

Resolución 620 de 2008, especialmente, en lo relativo al tratamiento

estadístico de la información comparativa, pues el informe adoptó el

valor promedio del metro cuadrado pese a que el coeficiente de

variación obtenido en el análisis superaba ampliamente el margen

permitido por dicha regulación técnica, circunstancia que impide

adoptar la media aritmética como valor representativo del mercado

y que evidencia el desconocimiento de los parámetros técnicos

establecidos por esa normativa para la elaboración de avalúos dentro

del marco de la Ley 388 de 1997.

Advirtió que los inmuebles utilizados como referentes dentro del

estudio comparativo no acreditaban condiciones suficientes de

comparabilidad con el predio objeto de expropiación, puesto que no

se verificaron de manera rigurosa sus características físicas, jurídicas

y urbanísticas, exigencia técnica prevista en el régimen de avalúos

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contenido en el Decreto 1420 de 1998 y en la citada Resolución 620

de 2008, falencia que afecta la confiabilidad del análisis realizado por

la experta y debilita el sustento técnico de sus conclusiones.

Con fundamento en estas consideraciones, el Tribunal concluyó que

el dictamen presentado para controvertir el avalúo oficial elaborado

por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital no se

ajustó a los parámetros técnicos establecidos en la normativa que

regula la elaboración de avalúos dentro del régimen de adquisición

predial previsto en la Ley 388 de 1997, razón por la cual declaró

probada la objeción formulada contra dicho dictamen y dispuso que

el mismo no fuera valorado como medio de prueba dentro del

proceso.

De la objeción por error grave del dictamen pericial de la auxiliar de

la justicia ILEANA TERESITA DELGADO SÁNCHEZ.

A partir del examen integral del dictamen, advirtió que el estudio

pericial se apartó de los parámetros técnicos previstos en ese

régimen normativo. En particular observó que, aunque la perito

afirmó haber aplicado el método comparativo o de mercado para

determinar el valor del metro cuadrado del inmueble objeto de

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expropiación, el análisis desarrollado no se ajustaba a las exigencias

metodológicas previstas en la Resolución 620 de 2008 del IGAC ni a

los criterios técnicos contemplados en el Decreto 1420 de 1998 para

la determinación del valor comercial de los bienes inmuebles.

Destacó que el dictamen no acreditaba de manera suficiente la

verificación de los elementos urbanísticos, físicos y económicos que

inciden en el valor del predio, ni demostraba con rigor técnico la

forma en que se obtuvieron y evaluaron los datos utilizados para el

análisis de mercado.

Indicó que el dictamen incorporaba apreciaciones y conclusiones que

no se encontraban debidamente respaldadas en información técnica

verificable, pues no se acreditó con claridad la comparación efectiva

entre el inmueble objeto de estudio y los predios utilizados como

referencia dentro del análisis de mercado, ni se evidenció el

cumplimiento estricto de las reglas estadísticas y de verificación de

la información exigidas por la normativa técnica aplicable a los

avalúos dentro del régimen de la Ley 388 de 1997. Tales deficiencias

metodológicas llevaron al Tribunal a considerar que el dictamen no

ofrecía el rigor técnico necesario para desvirtuar el avalúo comercial

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elaborado por la UAECD, el cual sirvió de fundamento para la

expedición de los actos acusados.

Con fundamento en estas consideraciones, señaló que el dictamen

pericial carecía del soporte técnico exigido por el régimen jurídico

aplicable a la práctica de avalúos dentro de los procesos de

adquisición predial del Estado y que, por tanto, no constituía un

medio probatorio idóneo para controvertir el avalúo oficial realizado

por la autoridad catastral.

En consecuencia, declaró probadas las objeciones por error grave

propuestas por el IDU y la UAECD contra el dictamen rendido por la

perito ILEANA TERESITA DELGADO SÁNCHEZ, decisión que condujo

a disponer que dicho dictamen no fuera valorado ni tenido en cuenta

dentro del proceso al carecer de la consistencia técnica necesaria

para desvirtuar el avalúo comercial que sustenta los actos

administrativos cuestionados.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento

en los siguientes argumentos:

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1. Al estudiar el cargo referido a la presunta vulneración de los

artículos 29, 34 y 58 de la Constitución Política, examinó el soporte

técnico del precio indemnizatorio reconocido dentro del trámite de

expropiación administrativa y advirtió que este tuvo como

fundamento el Avalúo Comercial núm. 2014-2012 de 29 de octubre

de 2014, posteriormente aclarado, complementado y ajustado por el

Informe Técnico del 11 de mayo de 2015, ambos elaborados por la

UAECD, documentos que fueron valorados a la luz de las reglas

previstas en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la

Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por

ser estas las disposiciones que gobiernan la determinación del valor

comercial de los inmuebles y del precio indemnizatorio en los

procesos de adquisición predial.

A partir de la revisión del avalúo oficial, destacó que en dicho estudio

se individualizó el inmueble objeto de valoración, identificado como

un lote de terreno de 60,00 m² con una casa de tres pisos y un área

construida de 139,79 m², y que en él se incorporó la información

general necesaria para este tipo de experticias, esto es, la

identificación del solicitante, la radicación, el propósito del avalúo, el

tipo de bien, la dirección, el chip, la cédula catastral, el código de

barrio o sector, el destino económico y la fecha de visita; de igual

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manera, se consignó la información jurídica correspondiente a la

matrícula inmobiliaria, la descripción del sector, su estratificación

socioeconómica, las vías de acceso, la infraestructura de servicios, la

reglamentación urbanística aplicable, la ubicación, linderos,

topografía, forma geométrica, área de terreno, servicios públicos y

las características generales de la construcción, incluida su

descripción, antigüedad aproximada, áreas y estado físico, elementos

que le permitieron concluir que la valoración técnica sí tomó en

cuenta las condiciones físicas y jurídicas relevantes del predio.

Puso de presente que el resultado del avalúo comercial ascendió a la

suma de $168.699.590, valor que fue obtenido mediante la

aplicación del método comparativo o de mercado para el terreno y

del método de costo de reposición para la construcción, de

conformidad con los criterios técnicos contemplados en el Decreto

1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008 del IGAC.

Precisó que el valor del terreno se soportó en un estudio técnico de

ofertas o transacciones de bienes semejantes y comparables a la

fecha del avalúo, mientras que el valor de la construcción se

estableció a partir del costo total de reposición, atendiendo, entre

otros aspectos, a los acabados, el sistema estructural, la perfilería,

los enchapes, el tipo de cocina y de baldosín, la edad del inmueble,

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su vida útil, el estado de conservación, la depreciación y el valor de

reposición, metodología que evidenciaba que el estudio fue elaborado

con sujeción a los parámetros técnicos que regulan la materia.

Resaltó que junto con el informe técnico de avalúo comercial se allegó

el denominado avalúo de indemnización, en el que se calcularon los

componentes correspondientes a daño emergente y lucro cesante, y

que dentro de ese ejercicio se establecieron deducciones por

concepto de gastos notariales y de registro, desconexión de servicios

públicos, desmonte, embalaje y traslado, así como impuesto predial,

rubros frente a los cuales el acto de expropiación únicamente

descontó las sumas de $335.298, $393.964 y $256.000 en los

literales correspondientes, de manera que por daño emergente se

reconoció la cantidad de $3.395.791, según el Avalúo No. 2014-2012

del 29 de octubre de 2014 y su ajuste de 11 de mayo de 2015.

Con fundamento en lo anterior, señaló que el valor total de la

indemnización reconocida en la expropiación administrativa, una vez

efectuadas las deducciones pertinentes, fue de $177.367.381, y que

dicha suma se encontraba debidamente soportada en un avalúo que

cumplía los parámetros legales y técnicos previstos en la Ley 388 de

1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del IGAC,

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sin que los argumentos de la parte actora lograran desvirtuar su

validez ni demostrar el desconocimiento de las garantías

constitucionales invocadas, motivo por el cual estimó que este cargo

carecía de vocación de prosperidad.

2. Advirtió que el avalúo que sirvió de fundamento a los actos

acusados no se limitó a fijar el valor comercial del bien, sino que

incorporó de manera separada el valor del terreno y de la

construcción, así como la indemnización correspondiente por lucro

cesante y daño emergente, de manera que el precio indemnizatorio

total fue establecido en la suma de $177.367.381, integrada por

$168.699.590 por concepto de avalúo comercial del terreno y la

construcción, $5.272.000 por lucro cesante y $3.395.791 por daño

emergente, rubros que, según precisó, aparecen discriminados en los

actos parcialmente demandados y en el informe practicado por la

autoridad catastral, con lo cual se satisfacían las exigencias previstas

en el régimen aplicable para la fijación del valor indemnizatorio.

Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la

procedencia del daño emergente y del lucro cesante en materia de

expropiación, siempre que dichos perjuicios sean ciertos y se

encuentre acreditado el nexo causal con la decisión administrativa

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que ordena la expropiación, de suerte que las simples conjeturas o

estimaciones hipotéticas no bastan para obtener un mayor

reconocimiento económico. Bajo ese entendimiento concluyó que, en

este caso, sí se demostró que la administración indemnizó tanto el

daño emergente como el lucro cesante, este último por la utilidad

dejada de percibir por concepto de arrendamiento, mientras que los

mayores valores reclamados por la parte actora no podían ser

acogidos, entre otras razones, porque los avalúos aportados para

sustentar esa pretensión fueron desestimados al prosperar las

objeciones por error grave formuladas contra ellos y porque no se

allegó otro medio de prueba técnicamente idóneo que acreditara

perjuicios superiores a los ya reconocidos.

Con fundamento en tales consideraciones, precisó que la entidad

demandada sí observó las exigencias del artículo 62 de la Ley 388 de

1997 y las reglas técnicas previstas en el Decreto 1420 de 1998 y en

la Resolución 620 de 2008 del IGAC, puesto que el precio

indemnizatorio no solo comprendió el valor comercial del inmueble

sino también los perjuicios cuya acreditación resultó procedente

dentro del trámite administrativo, sin que la parte actora demostrara

de manera cierta y suficiente que existieran daños adicionales por

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reconocer, motivo por el cual el cargo fue desestimado y se mantuvo

la legalidad de la decisión administrativa en este aspecto.

3. Precisó que los artículos 66 a 68 de la Ley 388 de 1997 no exigen

que la resolución que ordena la expropiación deba expedirse dentro

de un término de treinta días, pues ese lapso está instituido en favor

del propietario para que acepte, rechace o negocie la oferta de

compra, de modo que la administración solo queda habilitada para

expedir el acto expropiatorio una vez dicho término ha vencido sin

que se consolide la enajenación voluntaria.

Puso de presente que el 4 de febrero de 2015 los señores LEOPOLDO

BARRAGÁN Y NATALIA RODRÍGUEZ manifestaron aceptar la

oferta formulada en la Resolución 106551 de 9 de diciembre de 2014,

aunque se reservaron el derecho a reclamar la valorización del predio

por estimar que no se habían considerado algunos elementos

técnicos, revisión que ya había sido solicitada el 27 de enero de 2015

mediante el radicado núm. 20155260093152; como consecuencia de

esa actuación, el valor del precio indemnizatorio inicialmente previsto

en el artículo tercero de la resolución de oferta fue modificado por la

Resolución 58124 del 21 de agosto de 2015, acto notificado a los

demandantes el 4 de septiembre de 2015, circunstancia que llevó al

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Tribunal a concluir que el cómputo del término de treinta días hábiles

debía iniciarse el lunes 7 de septiembre de 2015, por ser este el día

hábil siguiente a la notificación del acto que definió finalmente el

valor de la oferta.

De conformidad con lo anterior, estableció que el término conferido

a los propietarios para manifestarse frente a la oferta vencía el 19 de

octubre de 2015 y que, por tanto, a partir del 20 de octubre de ese

año, la entidad se encontraba plenamente facultada para expedir el

acto administrativo de expropiación, lo que en efecto ocurrió con la

Resolución 62576 de 20 de octubre de 2015, por medio de la

cual se ordenó la expropiación por vía administrativa. A partir de esta

secuencia cronológica y normativa, concluyó que la actuación

administrativa se surtió dentro de los parámetros previstos en la Ley

388 de 1997 y que, en consecuencia, no se configuró la infracción

alegada por la parte actora.

4. Afirmó que los trámites administrativos encaminados al pago de

la indemnización se iniciaron con la Resolución 1455 del 29 de enero

de 2016, mediante la cual la Dirección Técnica de Predios reconoció

el pago de pasivos exigibles, y que posteriormente, desde el 5 de

febrero siguiente, comenzó la gestión interna de la Orden de Pago

núm. 419, lo que evidenciaba que las actuaciones necesarias para

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efectuar el desembolso del precio indemnizatorio se adelantaron

dentro de un lapso razonable después de la ejecutoria del acto

expropiatorio, teniendo en cuenta los trámites presupuestales,

contables y de tesorería que deben cumplirse en la administración

pública antes de efectuar un pago de esta naturaleza.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que, aunque el valor del

precio indemnizatorio no fue puesto a disposición de los propietarios

de manera inmediata a la ejecutoria del acto administrativo, —que

ocurrió el 22 de diciembre de 2015—, la orden de pago fue expedida

el 10 de marzo de 2016 y el pago fue entregado a los demandantes

el 17 de marzo de 2016, esto es, aproximadamente dos meses y

diecisiete días después de la ejecutoria del acto de expropiación,

término que consideró razonable frente a los trámites administrativos

internos que debían surtirse para la materialización del pago. Por esta

razón concluyó que no se configuró la infracción del artículo 70 de la

Ley 388 de 1997 y que, en consecuencia, este argumento de censura

no tenía vocación de prosperidad.

III.- RECURSO DE APELACIÓN

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La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y

que, como consecuencia de ello, se acceda a las pretensiones de la

demanda. Para el efecto, sustentó su inconformidad, en esencia,

así5:

1. Alegó que el procedimiento de expropiación administrativa

adelantado en el presente asunto debía examinarse a la luz de la Ley

388 de 1997, disposición que regula los efectos jurídicos de la

decisión de expropiación una vez esta queda ejecutoriada y que, a

su juicio, impone a la administración la obligación de poner a

disposición inmediata del particular expropiado el valor

correspondiente al precio indemnizatorio, junto con las demás

actuaciones necesarias para que el pago se entienda formalmente

realizado en los términos previstos por el legislador.

Manifestó que en vista de que el pago del precio indemnizatorio no

se puso a disposición de los demandantes dentro del término previsto

por el artículo 70 ibidem, los actos acusados carecían de efectos

jurídicos y, por ende, no podían servir de soporte válido para

consolidar la expropiación administrativa ni para transferir el derecho

de dominio en favor de la entidad demandada. A partir de esa

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premisa sostiene que la consecuencia jurídica que debió imponerse

era la prevista en la citada norma, esto es, que la entidad debía surtir

nuevamente el procedimiento expropiatorio, toda vez que el

incumplimiento del término legal para proceder al pago impedía tener

por satisfechas las exigencias que condicionan la eficacia del acto

administrativo.

2. Adujo que aunque la normatividad no establece de manera

expresa las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del

término que debe transcurrir entre la formulación de la oferta de

compra y la expedición del acto que ordena la expropiación

administrativa, ello no significa que dicho término carezca de

relevancia jurídica o que pueda ser desconocido sin afectar la

regularidad del procedimiento, pues la observancia de ese plazo

resulta indispensable para garantizar que el valor indemnizatorio

fijado en la oferta de compra corresponda a las condiciones reales

del mercado inmobiliario al momento de adoptarse la decisión de

expropiación.

En desarrollo de lo anterior, señaló que el estudio de mercado

utilizado para la determinación del avalúo del inmueble fue elaborado

en octubre de 2014 y sirvió de fundamento para la Resolución

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106551 de 2014, mediante la cual el IDU formuló la oferta de

compra, acto que fue notificado el 22 de diciembre de ese mismo

año. Sin embargo, el acto que ordenó la expropiación fue expedido

posteriormente, el 20 de octubre de 2015, circunstancia que

evidencia un lapso considerable entre la determinación del valor del

inmueble y la adopción de la decisión expropiatoria, el cual vulnera

el derecho al debido proceso y la garantía constitucional de la

propiedad privada, en la medida en que la indemnización reconocida

se sustentó en un avalúo que perdió vigencia.

3. Cuestionó la decisión del Tribunal mediante la cual se declaró

probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen

pericial formulado en primera instancia, al estimar que dicha

determinación carece de una exposición clara y suficiente de las

razones que la sustentan, pues se limitó, en lo esencial, a transcribir

las declaraciones de un testigo técnico y a señalar que no se ajusta

a los parámetros establecidos en la Resolución 620 de 2008. Añadió

que dicho dictamen constituye la prueba idónea para desvirtuar el

precio indemnizatorio fijado por la parte demandada.

4. Manifestó que el avalúo oficial tomó como referencia predios que

no se encuentran ubicados sobre una avenida principal, circunstancia

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que genera diferencias relevantes frente al inmueble objeto de

expropiación, pues, aunque algunos de ellos se encuentran

relativamente próximos no hace parte del sector que delimita el área

de influencia directa del bien avaluado. En contraste, destacó que el

dictamen pericial sí tuvo en cuenta las condiciones propias del

mercado relacionadas con que se encontraba ubicado sobre una vía

principal y contaba con mayor visibilidad y potencial para el

desarrollo de actividades comerciales.

5. Por último, adujo que teniendo en cuenta la naturaleza técnica del

asunto debatido y la necesidad de contar con conocimientos

especializados en materia de avalúos, solicitó se decrete en segunda

instancia una nueva experticia con el fin de garantizar una adecuada

valoración del precio indemnizatorio discutido.

IV.- Mediante providencia del 6 de marzo de 2026, la magistrada

sustanciadora negó la práctica de la prueba pericial solicitada, al

considerar que no se cumplían los presupuestos previstos en el

artículo 212 del CPACA, pues i) no fue pedida de común acuerdo, ii)

no había sido negada ni dejada de practicar en primera instancia, iii)

no versaba sobre hechos nuevos ocurridos con posterioridad al

término para solicitar pruebas en esa etapa; y iii) tampoco se había

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dejado de pedir por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte

contraria.6

Indicó que la prueba pericial requerida en segunda instancia ya había

sido decretada, practicada y valorada por el a quo, quien declaró

probadas las objeciones por error grave formuladas contra ella.

En consecuencia, concluyó que en el presente caso no procedía

decretar nuevamente la prueba solicitada en segunda instancia, al

no cumplirse ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del

CPACA.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL

MINISTERIO PÚBLICO

V.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, guardó silencio.

V.2.- Por su parte, El IDU indicó que los actos acusados se ajustaron

a derecho teniendo en cuenta que fueron expedidos con el lleno de

6
Índice 25 del sistema digital SAMAI.

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los requisitos legales; y que en el proceso no se acreditó ninguna

falencia en el avalúo oficial, en el trámite adelantado, ni tampoco en

la apelación se señaló omisión probatoria o error de interpretación

normativa.

V.3.- El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Actos demandados

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

Resolución 62576 de 20 de octubre de 2015, expedida por la

directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,

por medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa

del inmueble ubicado en la AC 132 94 A 23, en los siguientes

términos7:

“[…] RESUELVE

7
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la expropiación por vía
administrativa a favor del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
del inmueble ubicado en la AC 132 94 A 23 de la ciudad de
Bogotá D.C., identificado con la cédula catastral 131 BIS 94 BIS
13 CHIP AAA0133WYYN ý matrícula inmobiliaria 50N-20006209
con un área de 60.00 m2 de terreno, construcción 1: 3 pisos
placa, 2 pisos placa, 1 piso triple altura, 1 piso voladizo de
118.34 m2, construcción 2: 2 piso placa + enramada de 21.45
m2, otras construcciones 1, placa volada de 1.80 m2 otras
construcciones 2, muro antepecho de 4.80 m2, conforme al
Registro Topográfico número 44427 elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014, cuyos linderos
específicos son: POR EL NORTE: Del punto A al punto B en línea
recta y distancia de (6.00 mts.), con AC 132; POR EL ORIENTE;
Del punto B al punto C en línea recta y distancia de (10:00 mts)
con propiedad particular. POR EL SUR: Del punto C' al punto D
en línea recta y distancia de (6.00 mts.), con propiedad
particular; POR EL OCCIDENTE: Del punto D al punto A en línea
recta y distancia de (10.00 mts.), con propiedad particular.
Los titulares inscritos del inmueble objeto de expropiación son
los Señores LEOPOLDO BARRAGAN CASTRO identificado con
cédula de ciudadanía No 3.008.655 y NATALIA EDILMA
RODRIGUEZ DE BARRAGAN, identificada con la cédula de
ciudadanía No 21.167.097.

ARTÍCULO SEGUNDO: - VALOR DEL PRECIO
INDEMNIZATORIO .- El valor del precio indemnizatorio de la
expropiación que se ordena por la presente resolución es de
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
($177.367.381.00) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con el
Avalúo Comercial No. 2014-2012 del 29 de octubre de 2014,
aclarado mediante el informe técnico de avalúo No 2014-2012
del 11 de mayo de 2015, elaborado por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL Gerencia de
Información Catastral, Subgerencia de Información Económica y
el informe de Reconocimiento Económico del 14 de octubre de
2015, elaborado por el Grupo Económico de la Dirección Técnica
de Predios, el citado valor incluye:
1. La suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($168.699.590.00)
MONEDA CORRIENTE por concepto de avalúo de terreno y
construcción.
2. La suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
MIL PESOS

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($ 5.272.000.00) MONEDA CORRIENTE por concepto de Lucro
Cesante.
3. La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($3.395.791.00) MONEDA CORRIENTE
por concepto de Daño Emergente.

PARÁGRAFO: Que la presente resolución de expropiación no
implica la aplicación del artículo 129 de la ley 142 de 1994 que
establece la cesión de los contratos de servicios públicos con
ocasión a la transferencia del dominio: "En la enajenación de
bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los
contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes
acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e
incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o
destinación utilizados para usar el servicio", teniendo en cuenta
que los predios adquiridos por el IDU por motivos de utilidad
pública e interés social son destinados exclusivamente a la
construcción de obras de infraestructura vial lo que implica un
cambio en la naturaleza del mismo que pasa de ser un inmueble
con vocación de domicilio para convertirse en un bien de uso
público dejando por ello de ser destinatario de servicios públicos
domiciliarios, motivo por el cual continuará siendo responsable
del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la
cancelación de los mismos los Señores LEOPOLDO BARRAGAN
CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No 3.008.655 y
NATALIA EDILMA RODRIGUEZ DE BARRAGAN, identificada con
la cédula de ciudadanía No 21.167.097.

ARTÍCULO TERCERO:.- FORMA DE PAGO .- El trámite de pago
se efectuará por la Tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano,
previa autorización expresa y escrita de la Dirección Técnica de
Predios, una vez ésta radique la(s) orden(es) de pago así: Un
cien por ciento del valor del precio indemnizatorio, o sea la
cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILTRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
($177.367.381.00) MONEDA CORRIENTE, el citado valor, será
puesto por parte de la Tesorería del Instituto de Desarrollo
Urbano a disposición de los Señores LEOPOLDO BARRAGAN
CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No 3.008.655 y
NATALIA EDILMA RODRIGUEZ DE BARRAGAN, identificada con
la cédula de ciudadanía No 21.167.097.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el valor del precio indemnizatorio,
una vez puesto a disposición de los Señores LEOPOLDO
BARRAGAN CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No
3.008.655 y NATALIA EDILMA RODRIGUEZ DE BARRAGAN,

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identificada con la cédula de ciudadanía No 21.167.097, no es
retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se
consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 70 de la
ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, considerándose que de esta
manera ha quedado formalmente efectuado el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se efectuarán los descuentos correspondientes a
impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el desembolso de la suma de
dinero correspondiente al único contado, se deberá verificar el
estado de cuenta por la contribución de valorización; en caso de
existir saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la
compensación consagrada en los artículos 1714 y 1715 del
código civil colombiano.

ARTÍCULO CUARTO: APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El
valor total de la adquisición se empara en el presupuesto del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, según Certificado de
Registro Presupuestal No. 4960 del 15 de diciembre de 2014 y
Certificado de Registro Presupuestal No 2794 del 07 de
septiembre de 2015 emitidos por la Dirección Técnica
Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de
Presupuesto y Contabilidad del IDU.

ARTÍCULO QUINTO: -DESTINACIÓN- El inmueble referido,
será destinado para la construcción de la obra: AVENIDA EL
RINCON (AK 91 Y AC 131 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA
AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97), de acuerdo con la
Resolución No. 0811 del 15 de Julio de 2014, expedida por la
Secretaría Distrital de Planeación.

ARTÍCULO SEXTO: .- SOLICITUD CANCELACION OFERTA,
GRAVÁMENES Y LIMITACIONES AL DOMINIO .- Con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 núm. 4 de la
ley 388 de 1997, se ordena cancelar la Anotación número 12 de
fecha 02 de enero de 2015, Radicación: 2015-47 del Folio de
Matricula Inmobiliaria 50N-20006209 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos Zona Norte, donde se encuentra
registrada la Resolución No 106551 del 09 de diciembre de 2014,
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN
INMUEBLE, POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA UNA OFERTA DE

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COMPRA", cuya inscripción se solicitó mediante oficio con RAD
IDU No 20143251871531 el 26 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 núm. 4 de la ley
388 de 1997, ORDENASE al (a) señor (a) Registrador (a) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria 50N-20006209 con lo que se surtirán los efectos
atinentes a la transferencia del derecho de dominio en cabeza
del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, identificado con
Nit: 899.999.081-6.

ARTÍCULO OCTAVO. ENTREGA- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1º), para lo cual, en caso de
renuencia del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades
de policía.

ARTÍCULO NOVENO .- Notifíquese la presente resolución de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 66 y ss del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo a los Señores LEOPOLDO BARRAGAN CASTRO
identificado con cédula de ciudadanía No 3.008.655 y NATALIA
EDILMA RODRIGUEZ DE BARRAGAN, identificada con la cédula
de ciudadanía No 21.167.097, haciéndoles saber que contra la
presente solo procede el recurso de reposición, dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.[…]”.

Resolución 65076 de 2 de diciembre de 2015, expedido por la

directora técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU,

por medio de la cual resolvió lo siguiente8:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución No 62576 del 20 de octubre de 2015, por la que se

8
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO CONTESTACION (.pdf) folios 176-180.

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ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado en
la AC 132 94 A 23 de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con
la cédula catastral 131 BIS 94 BIS 13 CHIP AAA0133WYYN y
matrícula inmobiliaria 50N-20006209, la cual fue notificada
personalmente a los Señores LEOPOLDO BARRAGAN CASTRO
identificado con cédula de ciudadanía No 3.008.655 y NATALIA
RODRIGUEZ DE BARRAGAN, identificada con la cédula de
ciudadanía No 21.167.097, 13 de noviembre de 2015, conforme
al registro topográfico número 44427, elaborado por la Dirección
Técnica de Predios en el mes de mayo de 2014, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a los
Señores LEOPOLDO BARRAGAN CASTRO identificado con cédula
de ciudadanía No 3.008.655 y NATALIA RODRIGUEZ DE
BARRAGAN, identificada con la cédula de ciudadanía No
21.167.097, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo
68 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, informándoles que contra la
presente providencia no procede recurso alguno y queda
agotada la actuación administrativa, según lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997.[…]”.

VI.2.- Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados por la actora en su

recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar sí la decisión

del Tribunal de declarar probada la objeción por error grave contra

el dictamen pericial se encuentra debidamente sustentada o si, por

el contrario, dicho dictamen tenía la entidad suficiente para

desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos

mediante los cuales se dispuso la expropiación por vía administrativa.

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Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,

generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la

propiedad privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

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Con base en la norma en cita se tiene que i) la garantía a la propiedad

privada y los demás derechos adquiridos se hace con arreglo a las

leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las formas

asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el

carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció

instrumentos para la adquisición y expropiación de inmuebles por

motivos de utilidad pública e interés general, potestad que luego se

reguló por la Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

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días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos

reales del predio y la información sobre los recursos procedentes.

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
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correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.
3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.
4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el
procedimiento expropiatorio.
5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
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misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para
los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado […]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos

en el artículo 61 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección9 ha precisado:

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.

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“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual
es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de
que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre
los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha
circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución
reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse
que éste deba asumir a título personal un detrimento en su
patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de
igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Por otro lado, para la Sala se hace necesario traer a colación los

criterios expuestos por esta Sección en relación con la acción especial

contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho

que procede contra la decisión de expropiación por vía

administrativa. Al respecto, se ha manifestado10:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000232400020110019601.

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las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.

Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo
que ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando
la demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste
del precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el
principio de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho,
es uno de los pilares sobre los cuales descansa el trámite de
expropiación.

En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]

En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber sido

incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado, que

decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la misma

presunción de legalidad y certeza, que se predica de las decisiones

definitivas de la Administración, y debe tenerse como válido, creíble

y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en este
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caso, al demandante, demostrar en el proceso que el avalúo oficial

es equivocado, acreditando precisamente sus incorreciones. Sobre

el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.11
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección12sostuvo que
“todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe tenerse
como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que sirvió de
base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo pueda ser
objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que

11
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
12
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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Número único de radicación: 25000234100020160111001
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lo incorporó […]”13.

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

Ahora bien, mientras en el artículo 2014 del decreto en mención está

establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2315 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través

de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de

estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió

las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000 23 24 000 2011
00196 01
14
“[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las
personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de
las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.

15
“[…] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos de que trata el
presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que
deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este decreto, la
cual deberá publicarse en el Diario Oficial. [...]”.

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fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la

actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados

dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

De la valoración de los dictámenes periciales

En lo que respecta a la vinculación y fuerza probatoria de los

dictámenes periciales rendidos en el marco de procesos judiciales

relacionados con la expropiación administrativa, esta Sección ha

tenido ocasión de pronunciarse en los siguientes términos:16

“[…] 6.2.2. Reglas del avalúo comercial de los inmuebles
objeto de expropiación administrativa. Requisitos del
dictamen pericial contentivo de un avalúo comercial
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1420
de 1998 se entiende por valor comercial de un inmueble el precio
más favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde
el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el

16
Sentencia del 16 de julio de 2015. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 2004 01027 01. Actor: César
Guillermo Abadía Acosta y otros.

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conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el
bien. La determinación del valor comercial de los inmuebles la
harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales
o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las
lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes
objeto de la valoración (art. 3º ibídem).
En los artículos 12 a 19 del Decreto 1420 de 1998 se regula el
procedimiento para la elaboración y controversia de los avalúos,
señalándose las entidades ante quienes puede solicitarse la
realización del avalúo, los requisitos de la solicitud respectiva, la
responsabilidad de los avaluadores respecto de la veracidad de
la información urbanística que afecte o haya afectado el
inmueble objeto del predio en el momento de la realización del
avalúo, y la oportunidad, forma y procedimiento de revisión del
avalúo.
Por otro lado, en los artículos 20 a 26 de esta norma
reglamentaria se definen los parámetros y criterios para la
elaboración de los avalúos, entre los que se destacan los
siguientes:
(i) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas
registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de
avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial
definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones
y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron
a tal estimación. (art. 20)
(ii) Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la
determinación del valor comercial: a) La reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del
mismo; b) La destinación económica del inmueble; c) Para los
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el
avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta
los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad;
d) Para los inmuebles que presenten diferentes características
de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos;
e) Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que
afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinarán en forma independiente y se
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble
para establecer su valor comercial; f) Para los efectos del avalúo
de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se

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presente una afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo
de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses; g) Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble
declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental,
por no existir bienes comprables en términos de mercado, el
método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá
afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble
el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el
mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales
se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que
se le han introducido; y h) La estratificación socioeconómica del
bien. (art. 21)
(iii) Así mismo, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características: a) Para el terreno: aspectos físicos
tales como área, ubicación, topografía y forma; clases de suelo:
urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección;
las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio; tipo
de construcciones en la zona; la dotación de redes primarias,
secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así,
como la infraestructura vial y servicio de transporte; en zonas
rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas; y la
estratificación socioeconómica del inmueble; b) Para las
construcciones: el área de construcciones existentes autorizadas
legalmente; los elementos constructivos empleados en su
estructura y acabados; las obras adicionales o complementarias
existentes; la edad de los materiales; el estado de conservación
física; la vida útil económica y técnica remanente; y la
funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido; c) Para
bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las
áreas comunes; d) Para los cultivos: la variedad; la densidad del
cultivo; la vida remanente en concordancia con el ciclo
vegetativo del mismo; el estado fitosanitario; y la productividad
del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se
encuentre localizado. (art. 22)
(iv) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como función
diseñar las normas metodológicas para la realización y
presentación de los avalúos de que trata el Decreto 1420 de
1998. (art. 23)
(v) Para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997,

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se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el
método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el
residual. (art. 25)
(vi) Cuando las condiciones del inmueble objeto del
análisis permitan la aplicación de uno o más de los
métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador
debe realizar las estimaciones correspondientes y
sustentar el valor que se determine. (art. 26)
6.2.2.1.- En el artículo 1º de la Resolución 762 de 199817 del
Instituto geográfico Agustín Codazzi “Por la cual se establece la
metodología para la realización de los avalúos ordenados por la
Ley 388 de 1997”,18 se definen los métodos de valuación:
(…)
6.2.2.2.- Ahora bien, como antes se expresó, en los
dictámenes periciales que se rindan en un proceso
especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble
expropiado por vía administrativa, en particular en lo
relativo a su avalúo comercial, los peritos designados
están sujetos a las reglas para la elaboración de dichos
avalúos antes referidas contenidas en el Decreto 1420 de
1998 y en la Resolución 762 de 1998 e igualmente, por
tratarse de una prueba en una actuación judicial, deben
seguir las reglas que el estatuto de procedimiento civil
establece para la elaboración y rendición de los informes
técnicos que se les solicite (artículos 233 y s.s.),
expresando no solo las conclusiones de sus trabajos sino
explicando las razones técnicas y científicas en que s las
mismas se fundamentan. Precisamente, sobre este
particular en la Sentencia del 14 de mayo de 2009 esta
Sección precisó lo siguiente:
“Según el criterio expresado por esta Corporación, en estos
casos resulta insuficiente la mera exposición de los resultados
de las operaciones periciales practicadas y de las deducciones
extraídas por el perito, huérfanas de las explicaciones
relativas a su origen y al proceso lógico e intelectivo que ha
conducido a su obtención, omitiendo la exposición y
explicación de las razones por las cuales no es dable mantener
otro criterio diferente.

17
Derogada por la Resolución 620 de 23 de septiembre de 2008.

18
Vigente para el momento de los hechos, ya que posteriormente fue modificada por la Resolución No.
149 del 5 de abril de 2002 y luego por la Resolución No. 620 de 2008, todas proferidas por el IGAC.

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Precisamente por el hecho de que tanto las partes como
la autoridad judicial no cuenten con los conocimientos
especializados del perito, es de esperar que éste revele
los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un
entendido en la materia puede reputar elementales, un
profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que
el cometido principal de cualquier experticia no es otro que la
persuasión, y esta difícilmente se logra cuando solamente se
efectúan afirmaciones o negaciones de manera apodíctica,
negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito
consiste precisamente en proporcionar, junto con el fruto de
su propia interpretación, los fundamentos que lo soportan,
para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar
la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de
las conclusiones presentadas.

(…)
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el numeral
6° del artículo 237 del C. de P. C., en donde se dispone
que "El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él
se explicarán los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones". Esta disposición consagra la necesidad de
explicar por qué se rinde el dictamen en determinado sentido,
indicando las razones de orden técnico, científico o artístico que
se tuvieron en cuenta para conceptuar, a fin de que, como ya se
dijo, las partes puedan ejercer el derecho de contradicción de la
prueba y el juez, por su parte, pueda valorar la racionalidad y
objetividad de las conclusiones emitidas […]” (Negrillas y
subrayado de la Sala)”.

Así pues, como corolario de las distintas providencias se concluye

que: (i) de conformidad con el artículo 237 del CPC, hoy 226 del CGP,

el dictamen debe ser claro, preciso y detallado para poder explicar

los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones;

(ii) en los dictámenes periciales que se rindan en un proceso especial

de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discuta el

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precio indemnizatorio de un inmueble expropiado por vía

administrativa, en particular en lo relativo a su avalúo comercial, los

peritos designados están sujetos a las reglas para la elaboración de

dichos avalúos antes referidas contenidas en el Decreto 1420 de

1998; (iii) para la elaboración de estos avalúos se deberá aplicar uno

de los siguientes métodos observando los parámetros y criterios

mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita, varios de ellos:

el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización

por ingresos, el de costo de reposición o el residual, tal como dispone

la Resolución 762 de 1998; y (iv) cuando las condiciones del

inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más de

los métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador debe

realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que

se determine.

Aunado a lo anterior, la Ley 388 de 1997 en el artículo 67 establece

que el valor indemnizatorio será igual al avalúo comercial que se

utiliza para los efectos del artículo 61 ibídem,19, que dispone:

19
“[…] Artículo 67º.- Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el
artículo 61 de la presente Ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio
indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y
un sesenta por ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en

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“[…] Artículo 61º.- Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9 de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado
por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las
normas y procedimientos establecidos en el decreto
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El
valor comercial se determinará teniendo en cuenta la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente
al momento de la oferta de compra en relación con el
inmueble a adquirir, y en particular con su destinación
económica […]”. (Negrilla fuera de texto).

VII. Caso concreto

1. En el presente asunto, la parte actora sostiene que la declaratoria

de la “objeción por error grave” decretada por el Tribunal respecto

del dictamen pericial rendido en esa instancia carece de una

exposición clara y suficiente de las razones que la sustentan. No

obstante, se advierte que al recurrente le correspondía identificar y

sustentar de manera concreta los motivos de discrepancia frente a

las consideraciones que condujeron a esa corporación a declarar

probada mentada objeción, y no limitarse a formular afirmaciones de

cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente
en el momento de la adquisición voluntaria. […]”.

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carácter general sobre la supuesta insuficiencia de la motivación de

la providencia.

En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 322 del Código

General del Proceso, —aplicable a esta jurisdicción por remisión del

artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo—, incumbe al apelante exponer de

manera clara los reparos concretos que formula contra la decisión

impugnada, de modo que la sustentación del recurso debe orientarse

a controvertir de manera específica las razones que sirvieron de

fundamento a la providencia recurrida y no a plantear

cuestionamientos genéricos o meramente enunciativos.

No obstante, lo anterior, pese a las deficiencias advertidas en la

sustentación del recurso, la Sala estima pertinente examinar las

consideraciones expuestas por el Tribunal que condujeron a declarar

probada la objeción formulada contra el dictamen pericial.

En tal sentido, la Sala observa que la decisión adoptada por el

Tribunal no obedeció a una afirmación genérica o carente de

sustento, sino que estuvo precedida de un análisis que fue expuesto

en los términos que a continuación se sintetizan.

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En primer lugar, puso de presente lo señalado por la perito Ileana

Teresita Delgado Sánchez, respecto de la metodología empleada para

determinar el valor del inmueble objeto de expropiación, la cual fue

descrita así:

“[…]METODOLOGÍA

El método valuatorio a utilizar en esta pericia para hacer cálculo
de valores es el Método Comparativo o de mercado.

(…)

APLICACIÓN DEL MÉTODO COMPARATIVO O DE MERCADO

Teniendo en cuenta las características del inmueble a valorar y
que se encuentra cerca a zonas conocidas el Súper Cade de
Suba, el portal de Suba y aledaño a barrios como Potrerillos,
Villa Elisa, El Rosal, El Lago, Aures y Costa Azul se hace el
estudio de mercado según la oferta de inmuebles de alguna
manera comparables, es decir, homogenizados de acuerdo a su
ubicación espacial, estrato social y uso, entre otros factores, con
el que es objeto de estudio. […]”.

Asimismo, advirtió que en la audiencia de pruebas realizada el 22 de

marzo de 2019, la perito reiteró que, para la determinación del valor

comercial del bien empleó el método comparativo o de mercado,

circunstancia que igualmente expuso al presentar oralmente las

conclusiones de su dictamen. A partir de dicha metodología, el avalúo

arrojó como resultado un valor de $242.344.293 para el inmueble

objeto de expropiación, suma que, según precisó la auxiliar de la

justicia durante la diligencia, correspondía al valor total del predio,

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esto es, comprendiendo tanto el terreno como las construcciones

existentes.

Posteriormente, el Tribunal transcribió los artículos 1, 3, 10 y 13 de

la Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi –IGAC–, mediante la cual se establecen los métodos

o procedimientos para la realización y aplicación de los avalúos de

los bienes inmuebles en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la
técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del
bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes,
de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo.
Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor
comercial.

[…]

Artículo 3º.- Método de costo de reposición. Es el que busca
establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir
de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un
bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación
acumulada.

(…)

Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando
para la realización del avalúo se acuda a información de ofertas
y/o transacciones, es necesario que en la presentación del
avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo
la información y la fecha de publicación, además de otros
factores que permitan su identificación posterior.

Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser
analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios.
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Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal
se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada
de construcción.

Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y
construcción sean coherentes.

En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías
de los predios en oferta o de los que se ha obtenido datos de
transacción para facilitar su posterior análisis.

[…]

Artículo 13º.- Método de Costo de Reposición. En desarrollo de
este método se debe entender por costo total de la construcción
la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros
y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la
realización de la obra. Después de calculados los volúmenes y
unidades requeridas para la construcción se debe tener especial
atención con los costos propios del sitio donde se localiza el
inmueble.

Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación.

Parágrafo 1.- Este método se debe usar en caso que el bien
objeto de avalúo no cuente con bienes comparables por su
naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) o por la
inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad
horizontal.

Parágrafo 2.- Para depreciar los equipos especiales que posea el
bien, se emplea el método lineal, tomando en cuenta la vida
remanente en proporción a la vida útil establecida por el
fabricante. […]”.

A partir del contenido de dicha regulación, el Tribunal destacó que el

método comparativo o de mercado constituye una técnica orientada

a determinar el valor comercial de un bien a partir del análisis de

ofertas o transacciones recientes de inmuebles semejantes y

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comparables al objeto de avalúo, información que debe ser

debidamente clasificada, analizada e interpretada con el fin de arribar

a la estimación del valor comercial.

De igual forma, explicó que el método de costo de reposición tiene

por finalidad establecer el valor comercial del bien a partir de la

estimación del costo total de construir, a precios actuales, un bien

semejante al que se avalúa, descontando la depreciación acumulada

y adicionando el valor del terreno.

Adicionalmente, puso de presente que la citada resolución dispone

que, tratándose de inmuebles no sometidos al régimen de propiedad

horizontal, el valor del terreno y el de la construcción deben

analizarse de manera independiente para cada uno de los datos

considerados, con sus correspondientes áreas y valores unitarios.

Con fundamento en ese marco normativo, y teniendo en cuenta que

el inmueble objeto del proceso no se encuentra sometido al régimen

de propiedad horizontal, el Tribunal consideró que el análisis

valuatorio debía realizarse separando el valor del terreno del valor de

las edificaciones. En tal sentido, indicó que el terreno debía valorarse

mediante el método comparativo o de mercado, mientras que la

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construcción debía estimarse a partir del método de costo de

reposición.

No obstante, advirtió que el dictamen elaborado por la perito no

observó tales parámetros, pues del análisis efectuado se desprende

que la auxiliar de la justicia utilizó el método comparativo o de

mercado para valorar conjuntamente el terreno y las construcciones,

proceder que contraviene la normativa aplicable, la cual exige que,

en los inmuebles no sometidos al régimen de propiedad horizontal,

ambos componentes sean analizados de manera separada.

A ello se suma que, para la determinación del valor de las

edificaciones, la perito tampoco aplicó el método de costo de

reposición, —procedimiento previsto por la normativa para ese tipo

de valoración—, sino que nuevamente acudió al método comparativo

o de mercado.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal evidenció que para establecer

el valor del inmueble objeto de expropiación, la perito no aplicó

correctamente las metodologías valuatorias previstas en la

Resolución 620 de 2008 del IGAC, circunstancia que evidenciaba una

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indebida aplicación de las reglas técnicas y normativas que rigen la

materia.

Adicionalmente, señaló que las disposiciones que regulan los

métodos valuatorios también establecen parámetros estadísticos que

deben observarse cuando el avalúo se fundamenta en información de

mercado. En particular, indicó que el artículo 11 de la Resolución 620

de 2008 prevé que los datos provenientes de ofertas o transacciones

deben ser verificados y ajustados antes de emplearse en los cálculos

estadísticos y que, para la asignación del valor final, es necesario

aplicar medidas de tendencia central y de dispersión, tales como la

media aritmética, la varianza y el coeficiente de variación.

Igualmente, explicó que, de acuerdo con esa disposición, cuando el

coeficiente de variación sea inferior al 7,5 %, la media obtenida

puede adoptarse como el valor más probable del bien; mientras que,

si dicho coeficiente supera ese porcentaje, no resulta conveniente

utilizar la media calculada y se hace necesario ampliar el número de

muestras analizadas con el fin de mejorar la representatividad del

valor estimado.

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En el caso concreto, el Tribunal advirtió que la perito no indicó en su

dictamen el coeficiente de variación correspondiente a las ofertas

utilizadas como muestra de mercado. No obstante, el Instituto de

Desarrollo Urbano, –IDU–, al formular la objeción por error grave,

señaló que al aplicar los indicadores de dispersión a los datos

incluidos en el dictamen el coeficiente de variación ascendía a 8,9 %,

valor superior al límite previsto por la norma.

De manera concordante, la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital realizó, igualmente, el análisis estadístico de las

ofertas consideradas por la perito y concluyó que el coeficiente de

variación alcanzaba el 8,94 %.

Frente a tales observaciones, el Tribunal evidenció que la perito se

limitó a señalar que la diferencia entre el valor obtenido y el máximo

permitido por la norma era mínima y que ello no desvirtuaba el

resultado técnico alcanzado. Sin embargo, estimó que tal explicación

no resultaba suficiente para justificar el apartamiento de los

parámetros establecidos en la regulación aplicable.

En efecto, señaló que el hecho de que el coeficiente de variación

supere el límite del 7,5 % implica que la media aritmética no puede

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adoptarse como valor representativo del mercado sin realizar ajustes

metodológicos adicionales, lo cual no ocurrió en el dictamen objeto

de estudio. De esta manera, concluyó que la perito se apartó de las

condiciones expresamente fijadas en la Resolución 620 de 2008 para

la aplicación del método comparativo o de mercado.

Tal circunstancia permitió evidenciar que el avalúo no fue elaborado

conforme a las exigencias técnicas y normativas que rigen la materia,

razón por la cual la objeción por error grave también estaba llamada

a prosperar por este aspecto.

Finalmente, destacó que la Resolución 620 de 2008 establece en su

artículo 6° las etapas que deben surtirse para la elaboración de los

avalúos ordenados en el marco de la Ley 388 de 1997, entre las

cuales se encuentran la revisión de la documentación suministrada

por la entidad solicitante, la verificación de la reglamentación

urbanística vigente aplicable al inmueble, el reconocimiento en

terreno del bien objeto de valoración y la recopilación de información

que permita sustentar técnicamente el avalúo. Estas exigencias

tienen por finalidad garantizar que la valoración se realice con base

en información verificada y conforme a la normativa urbanística y

técnica vigente.

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Al examinar el expediente, advirtió que el avalúo elaborado por la

perito no incluyó la reglamentación urbanística aplicable para el

objeto de estudio, pues no señaló los usos dotacionales permitidos

para el predio, ni precisó los índices de ocupación, los índices de

construcción, el número de pisos permitidos o los aislamientos

aplicables al inmueble.

A partir de lo anterior, concluyó que, al elaborar el avalúo, la perito

no verificó la reglamentación urbanística vigente aplicable al

inmueble para la época de expedición de los actos administrativos

demandados, con lo cual incumplió uno de los requisitos exigidos por

la Resolución 620 de 2008 para la elaboración de avalúos. Tal omisión

impide tener por acreditadas la veracidad y suficiencia de la

información utilizada para sustentar el dictamen pericial, lo cual

constituye una irregularidad relevante que respalda la prosperidad

de la objeción por error grave.

En consecuencia, para la Sala las irregularidades analizadas por el

Tribunal constituyen fundamento suficiente para concluir que la

objeción por error grave estaba llamada a prosperar, toda vez que el

dictamen rendido por la auxiliar de la justicia ILEANA TERESITA

DELGADO SÁNCHEZ no se ajusta a las exigencias técnicas ni a las

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disposiciones normativas especiales que regulan la elaboración de

avalúos en el marco de la Ley 388 de 1997.

Como quedó expuesto, la perito no aplicó adecuadamente las

metodologías valuatorias previstas en la Resolución 620 de 2008,

inobservó los parámetros estadísticos establecidos para el método

comparativo o de mercado y, además, omitió verificar la

reglamentación urbanística aplicable al inmueble.

En tales condiciones, el dictamen carece de sustento para desvirtuar

el Avalúo Comercial núm. 2014‑2012, elaborado por la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital, que sirvió de

fundamento para la expedición de los actos administrativos

acusados, motivo por el cual los argumentos planteados por la parte

actora, relativos a que el dictamen habría considerado las condiciones

del mercado y los potenciales de desarrollo del sector, no serán

analizados, en la medida en que se sustentaron en una experticia

que no se ajusta a las disposiciones previstas en el Decreto 1420 de

1998, las Resoluciones del IGAC y a Ley 388 de 1997.

Al respecto, cabe mencionar que, en los procesos de expropiación

administrativa, el avalúo comercial del inmueble constituye el soporte

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técnico esencial para la determinación del precio indemnizatorio que

se consigna en el acto administrativo de oferta de compra y en la

resolución que dispone la expropiación.

Asimismo, se debe señalar que una vez dicho valor es incorporado

en el acto administrativo, opera en su favor la presunción de

legalidad, razón por la cual, cuando el administrado pretende

controvertirlo en sede judicial, le corresponde asumir la carga de la

prueba, demostrando, mediante elementos técnicos idóneos, que el

avalúo oficial adolece de errores, se aparta de las normas técnicas

que regulan la actividad valuatoria, y no refleja el valor comercial

real del bien objeto de expropiación.

Frente a esta materia, es del caso indicar que esta Sección en

sentencia de 23 de julio de 201620 puntualizó que es deber del

interesado probar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

cuáles son los perjuicios y su monto y su nexo de causalidad con la

expropiación decretada.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de julio
de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2013-
01598-01.

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De manera que el dictamen pericial decretado en primera instancia

no resulta idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad del

avalúo oficial que sirve de fundamento al precio indemnizatorio, al

encontrarse debidamente sustentada la objeción por error grave,

circunstancia que impide otorgarle mérito probatorio suficiente y

conduce a mantener incólume la presunción de legalidad de los actos

administrativos acusados.

Al respecto, se debe destacar que esta Sección ha sostenido que al

haber sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo,

este goza de presunción de legalidad y debe tenerse como válido,

creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien recurre, en

este caso, a la parte demandante, demostrar en el proceso que el

avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorreciones. Sobre el particular, la Sala en sentencia de 15 de

agosto de 201921 indicó:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25-000-23-24-000-2011-
00196-01.

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sub lite.

Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al
analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el
mismo se encuentra amparado por la misma presunción
de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba
en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección”22.

Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección23 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que
debe tenerse como válido, creíble y fundamentado, el
avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin
que el mismo pueda ser objeto de modificación dado que
la actora, quien tenía la carga probatoria de desvirtuarlo,
no lo hizo”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]” (Destacado fuera de texto).

2. Ahora bien, en lo que concierne a las alegaciones formuladas en

torno a la necesidad de “adelantar nuevamente el proceso

expropiatorio, con fundamento en el incumplimiento del término para

realizar el pago de la indemnización” la Sala estima pertinente

22
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005 03509.
C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
23
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo de 2018,
expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias
la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.

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precisar que el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, establece lo

siguiente:

“[…] ARTÍCULO 70.- Efectos de la decisión de expropiación por
vía administrativa. Una vez ejecutoriada la decisión por vía
administrativa, por no haberse formulado el recurso de
reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el
recurso interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos: (…) 2. La entidad que ha dispuesto la
expropiación pondrá a disposición inmediata del particular
expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o
el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado
y los documentos de deber correspondientes a los cinco
contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no retira
dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la
entidad financiera autorizada para el efecto a disposición del
particular, y entregar copia de la consignación al Tribunal
Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado
el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes,
considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago. 3.
Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del bien inmueble expropiado, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario. 4. En caso
de que los valores y documentos de deber no se pongan a
disposición del propietario o no se consignen dentro de los
términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la decisión
de expropiación por vía administrativa no producirá efecto
alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio. […]”.

En el caso concreto, el artículo 3 de la Resolución 62576 de 20 de

octubre de 2015, por la cual “se ordenó una expropiación por vía

administrativa” dispuso que el trámite del pago se efectuaría por la

tesorería del IDU, previa autorización expresa y escrita de la

Dirección Técnica de Predios y por el 100% del valor indemnizatorio

el cual sería puesto a disposición de los demandantes una vez
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estuviera ejecutoriada la decisión de expropiación y se efectuaran los

trámites financieros respectivos.

Dentro del expediente reposan varios elementos probatorios que

permiten establecer la manera en que se desarrolló la actuación

administrativa orientada la efectivización del pago. Al respecto obra:

i) Constancia expedida por la Directora Técnica de Predios del IDU en

la cual da cuenta que la Resolución núm. 62576 de 20 de octubre

de 2015 fue notificada personalmente a los demandantes, quienes

interpusieron recurso de reposición mediante radicado IDU

20155261445442 de 24 de noviembre de 2015, el cual fue resuelto

mediante la Resolución 65076 de 2 de diciembre de 2015; esta

decisión fue notificada personalmente el 21 de diciembre del mismo

año y, en consecuencia, el acto administrativo quedó ejecutoriado el

22 de diciembre de 2015.

ii) La Resolución 1455 de 29 de enero de 2016, por medio de la cual

la Dirección Técnica de Predios, con ocasión de la resolución de

expropiación, reconoció el pago del pasivo exigible por valor de

$173.997.536.

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iii) Las actas de entrega del pago indemnizatorio suscritas el 17 de

marzo de 2016 por los demandantes, en las que se dejó constancia

de que se les hizo entrega de “un sobre sellado que contiene el

número de identificación del pago solicitado al Banco de Occidente

en fecha 10/03/2016 para reclamar los cheques en la sucursal

avenida 19 por concepto del precio indemnizatorio señalado en el

artículo 3 de la resolución de expropiación con orden de pago núm.

419 de 10 de marzo de 2016”.

A partir de los anteriores elementos probatorios, se advierte que la

orden de pago fue expedida el 10 de marzo de 2016 y que el pago

correspondiente fue entregado a los demandantes el 17 de marzo del

mismo año. De ello se sigue que, aunque el valor de la indemnización

no fue puesto a disposición de manera inmediata una vez

ejecutoriada la decisión de expropiación, el pago se materializó

dentro de un término que resulta razonable y acorde con las

gestiones administrativas necesarias para su materialización,

teniendo en cuenta lo siguiente:

-Para iniciar los trámites administrativos de pago, la administración

debía esperar a que el acto administrativo quedara debidamente

ejecutoriado como lo prevé la Ley 1437 de 2011;

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• El pago de la obligación exige la realización de gestiones financieras

y contables dentro de un plazo razonable, considerando la dinámica

propia de la administración pública, cuyos tiempos no operan como

un mecanismo de precisión, dada la multiplicidad de trámites y

requisitos que legal y reglamentariamente deben cumplirse de

manera necesaria y obligatoria;

-La orden de pago únicamente puede expedirse una vez superados

los trámites internos en las dependencias de presupuesto,

contabilidad y tesorería, razón por la cual resulta comprensible que

el desembolso no se produzca de manera inmediata a la ejecutoria

del acto de expropiación.

En el caso bajo examen, el acto administrativo adquirió firmeza el 22

de diciembre de 2015 y la orden de pago correspondiente fue

expedida el 17 de marzo de 2016, término que se aprecia como

prudente y razonable frente a las gestiones administrativas que

debían cumplirse al interior de las entidades públicas competentes.

En consecuencia, tal y como lo señaló el Tribunal en su decisión, el

planteamiento de la parte actora carece de vocación de prosperidad,

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toda vez que el lapso transcurrido se ajusta a las exigencias propias

de la actuación administrativa y no configura vulneración alguna de

sus derechos.

3. Ahora bien, para efectos de desarrollar el argumento invocado por

parte actora respecto a la vigencia del avalúo es preciso destacar que

el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 establece lo siguiente:

“[…] Artículo 19º.- Los avalúos tendrán una vigencia de un (1)
año contado desde la fecha de su expedición o desde aquella en
que se decidió la revisión o impugnación […]”.

En el presente asunto, el informe de avalúo comercial 2014-2012,

elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

de Bogotá, fue rendido el 29 de octubre de 2014.

Mediante la Resolución 106551 de 9 de diciembre de 2014, la

directora técnica de predios del IDU determinó la adquisición del

inmueble con fundamento en lo previsto en la Ley 388 de 1997 con

destino a la “elaboración de la AVENIDA EL RINCÓN (AK 91 Y AC 121

A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA –

TRANSVERSAL 97” y formuló oferta de compra según el concepto de

avalúo comercial 2014-2012 de 29 de octubre de 2014.

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A través de la Resolución 58124 de 21 de agosto de 2015, la directora

técnica de predios del IDU modificó la Resolución 106551 de 2014,

con base en la aclaración al informe técnico de avalúo comercial

2014-2012 de fecha 11 de mayo de 2015, circunstancia que

determinó que la vigencia inicial del citado informe se extendiera

hasta el 11 de mayo de 2016.

Por medio de la Resolución 62576 de 20 de octubre de 2015, se

ordenó la expropiación administrativa del inmueble ubicado en la AC

132 94 A 23.

De lo anterior se desprende que para la fecha en que fue expedida la

resolución mediante la cual se ordenó la expropiación el avalúo, que

sirvió de fundamento para fijar el valor del inmueble, se encontraba

plenamente vigente, circunstancia que conduce a descartar el

planteamiento formulado por la parte actora en relación con la

pérdida de vigencia del estudio técnico.

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4. Por último, las costas según el artículo 361 del CGP se componen

por “la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el

curso del proceso24 y por las agencias en derecho25“.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18826 del CPACA en

armonía con el numeral 8 del artículo 365 del CGP27, esto es, en

aplicación de un criterio objetivo valorativo28, corresponde a la

Sala examinar si hay lugar a condenar en costas a la parte a la que

se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, en los

términos de los numerales 1°, 2°, 3° y 429 del artículo 365 ibidem,

habida cuenta de la decisión que aquí se profiere.

24
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
25
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
26
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
27
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
28
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera
total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.
29
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

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Al respecto se tiene que, en esta instancia, y según las reglas

previstas en el artículo 365 del CGP la Sala no condenará en costas

procesales en el componente de agencias en derecho ni expensas por

no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, en esta instancia, por lo

expuesto en esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias” […]”.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 23 de abril de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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