Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01035-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-01035-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-01035-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: CONSTRUCTORA MALAJUL DE COLOMBIA EN
LIQUIDACIÓN
Demandados: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO
DISTRITAL - UAECD
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia de 6 de agosto de 2015, proferida por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
I.1.1. Las pretensiones
1. La Constructora Malajul de Colombia S.A. en Liquidación, a través de
apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2, presentó demanda con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:
“[…] I. PRETENSIONES
PRIMERA. Declárese la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución
número 010312 (Sic) del 26 de noviembre de 2012, por la cual la Subgerencia de
Información económica de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL UAECD, revisó y confirmó el avalúo catastral del predio
ubicado en la kr 87 No. 132-50, con CHIP AAA0133UMSY y Folio de Matrícula
inmobiliaria 50N-20303990.
SEGUNDA. Declárese la nulidad de la Resolución número 21244 de 8 de abril de
2013, por la cual la Subgerencia de Información Económica de LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL UAECD, confirma la
Resolución 010312 de 26 de noviembre de 2012.
TERCERA. Declárese la nulidad de la Resolución número 1524 de 31 de octubre de
2013 por la cual la Dirección de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
CATASTRO DISTRITAL UAECD, resuelve confirmar la Resolución número 21244
de 8 de abril de 2013.
1
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
26”, folios 17 a 32.
2
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, modifíquese el Avalúo Catastral de la vigencia 2012
conforme aparezca probado en este proceso o en su defecto, ordénese a la entidad
demandada que así lo haga.
QUINTA. Que se condene en costas y gastos del proceso a la demandada.
SEXTA. Para el cumplimiento de la sentencia ordénese dar aplicación al Código
Contencioso Administrativo […]”.
I.1.2. Los hechos
2. Señaló que la UAECD fijó el avalúo catastral del predio ubicado en la carrera 87
núm. 132-50, identificado con CHIP AAA0133UMSY y matrícula inmobiliaria núm.
50N-20303990, en la suma de $7.599.400.000 para la vigencia 2012.
3. Expuso que la parte demandante solicitó la revisión del avalúo catastral
correspondiente a la vigencia 2012.
4. Afirmó que la Subgerencia de Información Económica de la UAECD, mediante
la “[…] Resolución número 010312 (Sic) de 26 de noviembre de 2013 (Sic) […]”,
negó la solicitud de revisión del avalúo y mantuvo el avalúo catastral, con
fundamento en la determinación del valor del metro cuadrado del suelo mediante el
método residual o de potencial de desarrollo.
5. Mencionó que, contra esta decisión, la parte demandante interpuso recursos
de reposición y en subsidio de apelación.
6. Manifestó que la Subgerencia de Información Económica de la UAECD,
mediante la “[…] Resolución número 21244 de 7 (Sic) de abril de 2013 […]”,
confirmó la “[…] Resolución 010312 (Sic) de 26 de noviembre de 2012 […]”.
Posteriormente, la Dirección de la UAECD, mediante la Resolución núm. 1524 de
31 de octubre de 2013, confirmó la “[…] Resolución No. 21244 de 8 de abril de 2013
[…]”.
I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7. La demandante afirmó que los actos administrativos acusados incurrieron en
violación del artículo 29 de la Constitución Política; de los artículos 19 y 27 de la Ley
388 de 18 de julio de 19973; 2.° y 4.° del Decreto 2181 de 29 de junio de 20064; 204
y 206 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 19745; 61 de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 19936; y 204 -parágrafo 3- de la Ley 1450 de 16 de junio de 20117.
8. Adujo el desconocimiento de las resoluciones números 0076 de 31 de marzo de
19778 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 620 de 23 de
3
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de
1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística […]”.
5
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.
6
“[…] Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
7
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 […]”.
8
, “[…] Por la cual se aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente -INDERENA- […]”.
3
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
septiembre de 20089 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; y 1008
de 17 de octubre de 201210 expedida por el Director General del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
9. Indicó que los actos administrativos acusados incurrieron en violación por
indebida aplicación del método residual y en falsa motivación.
i) Violación por falta de aplicación de la Resolución núm. 0076 de 1977, así
como de los artículos 204 y 206 del Decreto 2811 de 1974 y 61 de la Ley 99 de
1993
10. Fundamentó la anterior vulneración en que la entidad demandada fijó el avalúo
catastral del predio sin considerar que el 60% de su superficie se encontraba dentro
de un Área de Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá, circunstancia que restringía su uso a actividades de conservación y manejo
forestal. Pese a ello, la entidad valoró el inmueble como si contara con pleno
potencial de desarrollo urbano, lo cual desconoció las limitaciones legales y
ambientales que impedían la expedición de licencias urbanísticas y afectaban
directamente su valor económico real.
11. Respecto de las demás disposiciones invocadas como vulneradas, la parte
demandante no desarrolló la argumentación ni expuso las razones que sustentaban
su eventual infracción.
ii) Violación por indebida aplicación del método residual
12. Expuso que la UAECD aplicó indebidamente el método residual previsto en la
Resolución núm. 620 de 23 de septiembre 200811, expedida por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi Sede Central, para determinar el avalúo catastral del
predio, pues dicho método exige la existencia de una reglamentación urbanística
específica que permita establecer los usos, la edificabilidad y el potencial de
desarrollo del suelo.
13. Explicó que, para la fecha del avalúo, el inmueble carecía de un plan parcial que
complementara el Plan de Ordenamiento Territorial y de normas que definieran su
aprovechamiento urbanístico, toda vez que el correspondiente plan se encontraba
en etapa de determinantes, no contaba con la aprobación de la autoridad ambiental
y no existía certeza sobre las exigencias, condicionamientos o restricciones para su
desarrollo.
iii) Falsa motivación
14. Adujo la falsa motivación de los actos administrativos acusados con fundamento
en que la actualización del avalúo catastral de la vigencia 2012 no se sustentó en
cambios reales de las condiciones físicas, jurídicas o económicas del predio que
justificaran el incremento de su valor.
9
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
10
“[…] Por la cual se establece la metodología para desarrollar la actualización permanente de la formación catastral […]”.
11
“[…] Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 […]”.
4
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Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
I.2. La contestación de la demanda12
15. La UAECD se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que el predio
objeto de controversia tenía la condición de urbanizable no urbanizado, conforme al
concepto núm. 2-2013-42263 de la Secretaría Distrital de Planeación.
16. Señaló que el inmueble contaba con licencias de urbanización expedidas en
1998 y 2008 y que, para la fecha de los actos administrativos acusados, no existía
una delimitación definitiva de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá que impidiera su desarrollo urbanístico.
17. A su juicio, los avalúos catastrales se ajustaron a la normativa vigente y rechazó
la tesis de la demandante según la cual el inmueble debía valorarse como suelo de
protección o destinado exclusivamente a uso forestal.
18. Concluyó que no vulneró ninguna norma y que respetó el derecho al debido
proceso del demandante.
19.La entidad no formuló excepciones; sin embargo, solicitó que se declararan las
que resultaran probadas durante el proceso.
I.3. Trámite del proceso en primera instancia
20. Mediante auto de 17 de julio de 201413, se admitió la demanda y se ordenó
notificar al director de la UAECD y al Ministerio Público.
21. En audiencia inicial de 14 de abril de 201514 se saneó el proceso, se fijó el
litigio15, se puso de presente a las partes la posibilidad de conciliar y se resolvió
sobre el decreto y práctica de las pruebas solicitadas16.
22. En audiencia celebrada el día 2 de junio de 201517 se surtió la etapa probatoria
del proceso. En dicha oportunidad, la apoderada de la entidad demandada ejerció
la contradicción del dictamen pericial y formuló objeción en su contra, con
fundamento en el concepto técnico rendido por el ingeniero catastral Oliver Ernesto
Peralta Pardo; en el marco del trámite de la objeción, el despacho decretó el
12
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 57 a 63.
13
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 38 a 39.
14
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 163 a 165.
15
“[…] de la lectura de la demanda y su contestación se tiene que las partes se encuentran de acuerdo respecto de los hechos
1 y 3 a 7 y controvierten los demás relacionados con las condiciones en que se produjo el avalúo catastral del predio ubicado
en la carrera 87 No. 132 -50 de Bogotá para el año 2012 de propiedad de la actora y los estudios y normatividad que se
tuvieron en cuenta como fundamento del mismo. En ese orden de ideas, se tiene que el problema jurídico en este caso se
contrae a determinar si con la expedición de las resoluciones números 103129 de noviembre veintiséis (26) de dos mil doce
(2012). 21244 de abril ocho (8) de dos mil trece (2013) y 1524 de octubre treinta y uno (31) siguiente a través de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital confirmó el avalúo catastral para el año 2012 del bien identificado con
la nomenclatura carrera 87 número 132 - 50 de Bogotá de propiedad de la parte actora, se vulneraron las normas de orden
superior en que las mismas debían fundarse por falta de aplicación de la resolución número 0076 de 1977 del desaparecido
INDERENA, se aplicó indebidamente el método residual para determinar el avalúo catastral del bien y se incurrió en falsa
motivación. En tales condiciones queda fijado el litigio por lo que el magistrado pregunta a las partes si se encuentran de
acuerdo a lo que la señora apoderada de la parte demandante aclaró respecto del hecho 4 en el sentido de precisar que la
demandada sí revisó el avalúo y por eso expidió los actos demandados, los demás intervinientes manifestaron no tener nada
que agregar. […]”.
16
El despacho incorporó las pruebas allegadas con la demanda y el expediente administrativo aportado por la entidad
demandada. Igualmente, decretó un dictamen pericial, respecto del cual el auxiliar de la justicia designado tomó posesión del
cargo en la misma audiencia.
17
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 285 a 287.
5
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
testimonio de dicho profesional. Agotada la etapa de contradicción del dictamen
pericial, el despacho corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión por escrito.
23. Las partes presentaron sus escritos de alegatos de conclusión y el Ministerio
Público solicitó en concepto de 17 de junio de 2015 no acceder a las pretensiones
de la demanda18.
24. El 19 de junio de 2015, el perito presentó una aclaración y complementación del
dictamen pericial19.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
25. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 6 de agosto de 201520, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
i) Violación por falta de aplicación de la Resolución núm. 0076 de 1977, así
como de los artículos 204 y 206 del Decreto 2811 de 1974 y 61 de la Ley 99 de
1993
26. Frente al primer cargo, la Sala explicó que la demandante no demostró que el
predio estuviera comprendido dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora
de la Cuenca Alta del Río Bogotá ni que, para la vigencia 2012, tuviera la condición
de suelo de reserva forestal.
27. Expuso que, según las pruebas obrantes en el expediente, está acreditado que
se habían otorgado licencias urbanísticas sobre el predio objeto del avalúo y que
las autoridades competentes21 lo clasificaron como un predio urbanizable no
urbanizado, sometido al Tratamiento de Desarrollo. Asimismo, se probó que el
predio no se encontraba dentro de los límites de la reserva forestal ni formaba parte
de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá.
28. Con fundamento en lo anterior, consideró que catastro actuó conforme a
derecho al determinar el avalúo catastral sin aplicar las restricciones propias de un
suelo de reserva forestal, razón por la cual desestimó el cargo de violación de la
normativa aplicable.
ii) Violación por indebida aplicación del método residual
29. En relación con el segundo cargo, el tribunal de primera instancia concluyó
que Catastro Distrital aplicó correctamente el método residual para determinar el
avalúo catastral del predio, pues las autoridades competentes establecieron que
este tenía la condición de urbanizable no urbanizado, estaba sometido al
tratamiento de desarrollo previsto en la normativa urbanística vigente y no formaba
18
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 289 a 302.
19
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 321 a 327.
20
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 341 a 357.
21
Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente.
6
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parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá. En consecuencia, el inmueble podía ser objeto de proyectos urbanísticos y
de construcción.
iii) Falsa motivación
30. En lo relativo con el tercer cargo, se sostuvo que la demandante no aportó
elementos de juicio que desvirtuaran la naturaleza jurídica del bien urbanizable;
además, el avalúo fue fijado con base en la condición real del predio en el 2012.
31. Precisó que no tenía vocación de prosperidad el argumento sobre la
depreciación del predio porque este no se encontraba en zona de reserva forestal
ni fue incluido como parte de esta en la Resolución núm. 0138 de 31 de enero de
201422, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
32. Advirtió que “[…] el dictamen pericial rendido en este proceso no modifica las
condiciones del avalúo catastral, pues la prueba fue practicada con base en la
condición jurídica que el predio de la sociedad actora no tenía, como era su alegada
pertenencia a la zona de reserva forestal de la cuenca del río Bogotá […]” 23 (Negrilla
fuera del texto).
33.Concluyó que no se desvirtuó la legalidad de los actos administrativos
acusados.
iv) Condena en costas
34. Decidió condenar en costas a la parte demandante por resultar vencida en el
proceso, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
35. La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al
considerar que la UAECD vulneró la normativa aplicable, aplicó erróneamente el
método residual e incurrió en falsa motivación. Además, en su criterio, no había
lugar a condenar en costas.
i) Violación por falta de aplicación de la Resolución núm. 0076 de 1977, así
como de los artículos 204 y 206 del Decreto 2811 de 1974 y 61 de la Ley 99 de
1993
36. La demandante sostuvo que el Tribunal omitió valorar adecuadamente los
oficios números 2-2013-42263 de 28 de junio de 2013 y 2-2015-19582 de 27 de abril
de 2015 emitidos por la Secretaría Distrital de Planeación.
37. Expuso que en “[…] las respuestas anteriores se afirma y ratifica que parte de
la zona donde se localiza el Plan Parcial, se encuentra afectada por el área de
22
“[…] Por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá y se toman otras
determinaciones […]”.
23
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folio 356.
7
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
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Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenta Alta del Río de Bogotá, lo que
es totalmente diferente a sostener que el predio de la sociedad demandante no se
encuentra dentro del área de influencia de tal reserva. Aquí, lo que importa es
establecer que la zona delimitada por el plan parcial, que está integrada por varios
predios, contiene un área que hace parte de la reserva forestal, la cual, por
corresponder a una determinante del plan parcial en los términos del artículo 6
Numeral 2, del Decreto 2181 de 2006: “2. La indicación y reglamentación de las
áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo y las
condiciones específicas para su manejo definidas por el plan de ordenamiento
territorial y la entidad ambiental competente ”, (Sic) influye en toda la reglamentación
del plan parcial y no sólo del predio tocado por el área de reserva forestal, ya que el
plan parcial es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan para
áreas determinadas las disposiciones del plan de ordenamiento (art. 19 Ley 388 de
1997) […]”24.
38. Argumetó que, para la fecha del avalúo, existía incertidumbre sobre la
delimitación de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá. En su criterio, esa incertidumbre impedía valorar el inmueble con base en
su máximo potencial de desarrollo, pues afectaba su comercialización y reducía las
expectativas de aprovechamiento urbanístico existentes para la época del avalúo.
39. Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solo aclaró esa
circunstancia con el realinderamiento posterior, el cual estableció que la reserva se
superponía parcialmente con el área del Plan Parcial Otraparte, pero no con el
predio objeto de controversia.
40. Agregó que las licencias urbanísticas carecían de incidencia en el avalúo, dado
que el desarrollo del proyecto estaba supeditado a la adopción previa del respectivo
plan parcial.
ii) Violación por indebida aplicación del método residual
41. Manifestó que la sentencia apelada se fundamentó en una premisa equivocada,
en la medida en que desconoció que el predio ubicado en la carrera 87 núm. 132-
50 carecía de una reglamentación urbanística específica que permitiera determinar
su verdadero potencial de desarrollo.
42. Explicó que la Resolución núm. 620 de 2008 prevé que el método residual tiene
por finalidad establecer el valor del suelo a partir de la estimación de las ventas
potenciales de un proyecto de construcción, de conformidad con la reglamentación
urbanística vigente. Por consiguiente, la aplicación de esta metodología exige la
existencia de normas específicas que permitan establecer los usos permitidos, la
edificabilidad, las cargas urbanísticas y, en general, las condiciones reales de
aprovechamiento del inmueble.
43. Afirmó que, para la época del avalúo, el Plan Parcial Otraparte no había sido
adoptado y se encontraba en trámite, por lo que aún no existían las disposiciones
urbanísticas particulares que definieran las condiciones de desarrollo del predio. En
24
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folio 370.
8
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consecuencia, no era posible determinar con certeza el aprovechamiento
urbanístico del inmueble ni las obligaciones asociadas a su eventual desarrollo,
elementos indispensables para aplicar válidamente el método residual.
iii) Falsa motivación
44.Manifestó que, por los motivos expuestos anteriormente, los actos
administrativos incurrieron en falsa motivación.
45. Frente a la determinación de primera instancia de restar valor al dictamen
pericial, por considerar que este se sustentó en una condición jurídica que el predio
no tenía, es decir, su supuesta pertenencia a la Reserva Forestal Protectora
Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, señaló que ello desconoció la
relevancia probatoria del dictamen y afectó el derecho al debido proceso.
46. A su juicio, la controversia no radicó en establecer si el inmueble se encontraba
dentro de la reserva forestal, sino en determinar si existían condiciones normativas
suficientes para aplicar el método residual.
47. Sostuvo que el dictamen pericial examinó ese aspecto y fijó un valor
significativamente inferior al determinado por la UAECD. Agregó que el perito
concluyó que entre 2011 y 2012 el predio no registró cambios físicos, de uso,
edificabilidad o productividad que justificaran el incremento del avalúo, circunstancia
que la entidad confirmó al reconocer que el inmueble no presentó variaciones en
sus áreas, usos ni destino económico, aunque atribuyó el aumento al proceso de
actualización catastral del sector.
iv) Condena en costas
48. Explicó que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no estableció que debe
condenarse en costas, sino que la sentencia debe disponer sobre las costas, es
decir, si hay lugar o no a esa condena.
49. Agregó que, de acuerdo con la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
proceso y por las agencias en derecho, las cuales deben ser liquidadas con criterios
objetivos y verificables en el expediente, cuando aparezcan que se causaron y en
la medida de su comprobación.
50. Sostuvo que en este caso no se debe condenar en costas por cuando no se
probaron los gastos en que incurrió la entidad demandada; además, el tribunal de
primera instancia no valoró los aspectos indicados anteriormente que justifican la
condena en costas.
51. Afirmó que la parte demandante no incurrió en conductas reprochables ni abusó
del derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que actuó de manera
razonada, proporcional y conforme al ordenamiento jurídico, sin desplegar
comportamientos temerarios o dilatorios durante el trámite del proceso.
25
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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52. Indicó que “[…] con la expedición de los actos administrativos demandados, se
establece una obligación económica a mí representado, de tal magnitud, que a la
fecha no ha tenido recursos para sufragar la misma. Tal Circunstancia lo llevó,
guiado por el principio constitucional de la buena fe (Artículo 83 C.P.), a instaurar la
presente demanda, con el objeto de solicitar la nulidad de dichos actos […]”.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
53. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, por auto de 6 de
noviembre de 201526, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al
Consejo de Estado.
54. Esta autoridad judicial, a través de auto de 19 de diciembre de 201627, admitió
el recurso de apelación, corrió traslado a los sujetos procesales para que
presentaran por escrito sus alegatos de conclusión, e informó al Ministerio Público
que podía rendir concepto de considerarlo pertinente.
55. La parte demandante mediante memorial de 10 de febrero de 2017 28 presentó
escrito de alegatos de conclusión, en el que reiteró los argumentos de la demanda,
así como del recurso de apelación y aportó unos documentos29.
56. En relación con los documentos aportados, la Sala se relevará de su análisis,
por cuanto la etapa de alegaciones no constituye una oportunidad prevista en la ley
para tal efecto30. Además, estos no guardan relación directa con el objeto de la
controversia, circunscrita a la legalidad del avalúo catastral para la vigencia 2012,
en tanto que reflejan circunstancias correspondientes a vigencias posteriores.
57. Mediante escrito de 10 de febrero de 201731, la UAECD reiteró los argumentos
de la contestación de la demanda.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
58. A efectos de decidir la presente controversia, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; iii) el
planteamiento del problema jurídico; y iv) el análisis del caso concreto.
V.1. Competencia
59. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 150 de
la Ley 1437 y el artículo 1332 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201933, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia,
26
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 26”, folios 381 a 382.
27
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C02_08CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, folio 396.
28
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado “ED_C02_08CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 17”, folios 410 a 417.
29
Certificación Catastral con radicado núm. 992867 de 10 de octubre de 2016 y Declaración de Autoliquidación del Impuesto
Predial correspondiente a la vigencia 2017.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de 2023.
Radicación núm. 05001-23-31-000-2011-01287-01. C.P. (E) Nubia Margoth Peña Garzón.
31
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia, página 13 y siguientes.
32
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
33
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
V.2. Los actos administrativos demandados
60.La sociedad demandante cuestionó la legalidad de la Resolución núm. 103129
de 26 de noviembre de 2012, expedida por el Subgerente de Información
Económica de la UAECD, cuya parte resolutiva señala:
“[…] ARTÍCULO 1. CONFIRMAR para el predio que se contrae en la parte motiva de
la presente Resolución, el siguiente Avalúo Catastral:
No. NOMENCLATURA VIGENCIA AVALÚO
1. KR 87 132 50 2012 $7.599.400.000
[…]” (negrilla del texto).
61. Igualmente, se demandó la Resolución núm. 21244 de 8 de abril de 2013, cuyo
artículo primero confirmó la Resolución núm. 103129 de 26 de noviembre de 2012.
62. Finalmente, se demandó la Resolución núm. 1524 de 31 de octubre de 2013, a
través de la cual el director de la UAECD confirmó la Resolución núm. 21244 de 8
de abril de 2012.
V.3. El planteamiento del problema jurídico
63. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
6 de agosto de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda promovida por la Constructora Malajul de Colombia
S.A. en liquidación.
64. En la decisión cuestionada, el a quo concluyó que la parte demandante no
desvirtuó la presunción de legalidad de las resoluciones mediante las cuales la
UAECD confirmó el avalúo catastral del predio para la vigencia 2012, porque no se
acreditó la condición de reserva forestal del inmueble, las pruebas demostraron su
carácter de predio urbanizable no urbanizado, el avalúo catastral se ajustó a la
normativa urbanística vigente y se aplicó correctamente el método residual. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
65. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que la sentencia no valoró
adecuadamente las pruebas, puesto que desconoció las normas invocadas como
vulneradas en la demanda, validó la aplicación indebida del método residual para
determinar el avalúo catastral y descartó de manera errónea la configuración de la
falsa motivación en los actos administrativos acusados. Asimismo, afirmó que la
condena en costas carecía de sustento probatorio y solicitó su revocatoria.
11
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
V.4. Análisis del caso concreto
66. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará: i) los nuevos
planteamientos de contradicción propuestos en la segunda instancia respecto del
primer cargo de la demanda34; ii) la violación por indebida aplicación del método
residual; iii) la falsa motivación; y iv) la condena en costas.
V.4.1. Los nuevos planteamientos de contradicción propuestos en la segunda
instancia respecto del primer cargo de la demanda
67. En la demanda, al desarrollar el cargo por violación derivada de la falta de
aplicación de la Resolución núm. 0076 de 1977 y de los artículos 204 y 206 del
Decreto 2811 de 1974 y 61 de la Ley 99 de 1993, la parte demandante sostuvo que
el predio objeto de avalúo se encontraba comprendido dentro de la Reserva Forestal
Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y, por tanto, sometido a las
restricciones de uso previstas en la normativa ambiental, circunstancia que impedía
valorarlo como si tuviera vocación para un desarrollo urbanístico pleno.
68. Este cargo fue desestimado por el Tribunal porque, en síntesis, se acreditó que
el predio no forma parte de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca
Alta del Río Bogotá.
69. La parte demandante presentó en el recurso de apelación argumentos
diferentes a los propuestos con la demanda respecto del referido cargo.
Específicamente, reconoció que el predio objeto de avalúo no quedó comprendido
dentro de la Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá y trasladó el fundamento de la censura hacia la afectación general del Plan
Parcial y su incidencia sobre todos los predios comprendidos en este.
70. Para la Sala esos cuestionamientos debieron ser formulados desde la demanda
como parte de los cargos de nulidad, con el fin de permitir el correspondiente debate
probatorio y de contradicción en la primera instancia.
71. En cuanto a la congruencia de la sentencia, el artículo 281 de la Ley 1564 de
2012 dispone que esta debe guardar consonancia con los hechos, las pretensiones
y los demás planteamientos formulados por las partes en las oportunidades
procesales previstas por esa ley. En concordancia con lo anterior, el numeral 4.° del
artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 exige que la demanda contenga el concepto de
violación, elemento que delimita el objeto del litigio, orienta la actividad probatoria y
garantiza el adecuado ejercicio del derecho de defensa y contradicción de la parte
demandada.
72. Por estas razones, la alteración o cambio de los argumentos que sustentan los
cargos de la demanda en el recurso de apelación contra la sentencia viola el
derecho al debido proceso de la parte contraria, pues modifica los límites del litigio,
fijados antes de la sentencia.
34
Violación por falta de aplicación de la Resolución núm. 0076 de 1977, así como de los artículos 204 y 206 del Decreto 2811
de 1974 y 61 de la Ley 99 de 1993.
12
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
73. Frente a la posibilidad de plantear en el recurso de apelación argumentos
distintos a los identificados en la demanda, esta Sección35 ha indicado que: “[…] en
el recurso de apelación […] la competencia de la Corporación está restringida a los
motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto
del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad
planteadas en la demanda, o con las consideraciones que sirvieron de sustento al
Tribunal para dictar la sentencia36 […]”.
74. En ese sentido, no resulta procedente introducir en sede de apelación una serie
de planteamientos que no fueron oportunamente propuestos ni objeto de
pronunciamiento por el juez de primera instancia, en razón a que ello desbordaría
el marco del recurso y vulneraría los principios de congruencia y debido proceso,
por lo que la Sala se relevará de efectuar el análisis de estos cargos.
V.4.2. La violación por indebida aplicación del método residual
75. La demandante afirmó que la sentencia apelada partió de una premisa errónea
al considerar procedente la aplicación del método residual para valorar
catastralmente el predio, sin tener en cuenta que para la vigencia 2012 este no
contaba con una reglamentación urbanística específica, dado que el Plan Parcial
Otraparte aún no había sido adoptado. A su juicio, la ausencia de normas que
definieran los usos, aprovechamientos, índices de edificabilidad y cargas
urbanísticas impedía establecer con certeza el potencial de desarrollo del inmueble.
76. El artículo 19 de la Ley 388 de 1997 define los planes parciales como los
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones
de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y de
expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de
actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de
acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.
77. Las disposiciones relativas a los planes parciales previstas en la Ley 388 de
1997 fueron reglamentadas por el Decreto 2181 de 29 de junio de 200637 -vigente
para la época de los hechos- en el cual se reiteró su definición y se desarrollaron
las etapas del procedimiento para su formulación y adopción.
78. De acuerdo con el artículo 5.° del Decreto 2181 de 200638, la formulación y
adopción de los planes parciales exige, como actuación inicial, la solicitud de
determinantes por parte de los interesados. A través de este trámite, la autoridad de
planeación municipal o distrital define las normas aplicables, delimita el área objeto
del plan e informa las determinantes que deben observarse para su formulación.
79. Las determinantes establecidas por la autoridad de planeación municipal o
distrital constituyen el fundamento para la formulación del proyecto de plan parcial.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo de 2026; C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes; número único de radicación 25000-23-41-000-2017-00061-03.
36
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2007; C.P.
Jaime Moreno García; número único de radicación 97082005 […]”.
37
Decreto 2181 de 29 de junio de 2006 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes
parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística […]”.
38
El Artículo 5.º regula lo relativo a la solicitud de determinantes. Este artículo fue subrogado por el artículo 2.º del Decreto
4300 del 7 de noviembre de 2007. No se tiene en cuenta la modificación introducida por el Decreto 1478 del 12 de julio
de 2013, toda vez que los hechos objeto del presente proceso ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia.
13
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
Cumplida esta etapa, se adelantan sucesivamente las fases de formulación y
revisión; concertación y consulta del plan parcial; y, finalmente, su adopción39.
80. Los planes parciales constituyen un requisito obligatorio para la obtención de
licencias de urbanización en los predios sujetos al Tratamiento de Desarrollo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del Decreto 190 de 200440.
81. En el caso bajo estudio, de acuerdo con el oficio de 16 de abril de 2015,
expedido por la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de
Planeación41, en el 2012 el predio objeto de avalúo: i) se encontraba incluido dentro
de la delimitación preliminar del Plan Parcial Otraparte, según el Plano Anexo núm.
1.° del Decreto Distrital 436 de 19 de octubre de 200642; ii) se ubicaba en suelo
urbano de la localidad de Suba, dentro del sector normativo núm. 1 del área de
actividad urbana integral, en una zona residencial sometida al Tratamiento de
Desarrollo. Además, su desarrollo urbanístico se regía por los artículos 349 a 351 y
361, 362 y 364 del Decreto 190 de 200443; y iii) era urbanizable no urbanizado
porque no había sido objeto de proceso de desarrollo por urbanización.
82. En este contexto, el predio objeto de avalúo requería la adopción de un plan
parcial para habilitar su desarrollo urbanístico, dado que se encontraba incluido
dentro de la delimitación preliminar del Plan Parcial Otraparte. Por esta razón, los
interesados radicaron ante la Secretaría Distrital de Planeación, el 29 de julio de
2008 y bajo el número 1-2008-32375, la solicitud de determinantes para la
formulación de dicho plan parcial44.
83. La autoridad de planeación inició el trámite correspondiente. No obstante, para
los años 2011 y 2012 este aún no había concluido, debido a que el Distrito Capital
sometió a consideración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR) la posible superposición entre el área del Plan Parcial Otraparte y la Reserva
Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá45.
84. En ese escenario, mientras estaba en trámite la adopción del Plan Parcial para
el predio objeto del presente estudio, la autoridad catastral actualizó su avalúo para
la vigencia 201246. Producto de esa actuación, fijó el avalúo en siete mil quinientos
39
Artículos 6.º a 17.
40
“[…] Artículo 361. Definición. El tratamiento de desarrollo es aquel que orienta y regula la urbanización de los terrenos o
conjunto de terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, a través de la dotación de las
infraestructuras, equipamientos y de la generación del espacio público que los hagan aptos para su construcción, en el marco
de los sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios, definidos en el Titulo III de la presente revisión. Dicho proceso
se podrá adelantar de las siguientes maneras: 1. Mediante plan parcial, como procedimiento previo al trámite de la licencia
de urbanización, en los términos definidos en la presente Revisión. 2. Por medio de licencia de urbanismo expedida por una
curaduría urbana, para aquellos terrenos localizados en suelo urbano que de acuerdo con lo establecido en la presente
revisión, no requieran de plan parcial. Estos predios surtirán el proceso de urbanización aplicando las normas establecidas
en la presente revisión y las demás normas específicas reglamentarias del tratamiento de desarrollo. Parágrafo. Se entiende
por predios urbanizables no urbanizados aquellos ubicados en suelo urbano o de expansión que no han adelantado un
proceso de urbanización y que pueden ser desarrollados urbanísticamente. Los predios que se hayan desarrollado sin cumplir
con el proceso y obligaciones derivadas del proceso de urbanización, que no se enmarquen dentro del proceso de
legalización, se someterán al tratamiento de desarrollo con el fin de hacer exigibles dichas obligaciones […]”.
41
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
26”, folios 175 a 176.
42
“[…] Por el cual se dictan disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de desarrollo, y se establece la
metodología para el reparto equitativo de cargas y beneficios […]”.
43
Artículo 4 del Decreto 399 de 15 de diciembre de 2004, “[…] Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal
(UPZ) No. 28, EL RINCÓN […]”
44
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
26”, folio 175 reverso.
45
Ibídem.
46
Resolución núm. 1585 de 26 de diciembre de 2011, “[…] Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas
homogéneas físicas y geométricas, el valor de las edificaciones, los avalúos de los predios con características especiales y
se ordena la liquidación de los avalúos de los predios objeto del proceso de actualización para la vigencia 2012 […]”.
14
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
noventa y nueve millones cuatrocientos mil pesos ($7.599.400.000)47. Sin embargo,
la demandante solicitó la revisión de esa determinación, con base en las normas
catastrales vigentes.
85. En ese periodo, las actuaciones administrativas atinentes a la formación
catastral, la actualización de la formación y la conservación catastrales se
encontraban desarrolladas en el Decreto 3496 de 26 de diciembre de 1983 48 y en
la Resolución núm. 070 de 4 de febrero de 201149.
86. Según el artículo 7.° del Decreto 3496 de 198350, el avalúo catastral consiste en
la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis
estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determina
mediante la suma de los avalúos parciales correspondientes al terreno y a las
edificaciones que lo conforman. Las autoridades catastrales realizan los avalúos
para las áreas geoeconómicas, dentro de las cuales determinan los valores unitarios
para edificaciones y para terrenos.
87.El avalúo catastral se establece en los procesos de formación, actualización y
conservación catastral51 tomando como referencia los valores del mercado
inmobiliario, sin que en ningún caso los supere.
88. Ahora bien, en la actualización de la formación catastral se revisa y ajusta el
avalúo catastral con el fin de corregir las disparidades derivadas de cambios físicos
del predio, variaciones en su uso o productividad, la ejecución de obras públicas o
las condiciones del mercado inmobiliario local52.
89. En aplicación de los criterios normativos expuestos, y con el fin de establecer si
el avalúo catastral reflejaba las características del predio ubicado en la carrera 87
núm. 132-50 y las condiciones del mercado inmobiliario, la UAECD elaboró un
informe técnico de avalúo catastral. Dicho informe se incorporó a la Resolución núm.
103129 de 2012, acto administrativo acusado, y constituyó el fundamento técnico
de la decisión que confirmó el avalúo catastral.
90. En la Resolución núm. 103129 de 2012, la autoridad explicó que se determinó
un valor de referencia de $752.500 por metro cuadrado de terreno, con fundamento
en el análisis del mercado inmobiliario realizado sobre lotes ubicados en el mismo
sector y sometidos a la misma normativa urbanística del predio objeto de revisión.
En igual sentido, indicó que para la vigencia 2012 el inmueble tenía registrado un
valor catastral de $630.000 por metro cuadrado, valor que no superaba el obtenido
en el estudio de mercado inmobiliario.
47
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
26”, folio 76 – reverso.
48
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones […]”.
49
“[…] Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la
conservación catastral […]”.
50
El Decreto 3496 de 1983 fue derogado por el Decreto 148 de 2020. Igualmente, la Resolución núm. 070 de 2011 fue
derogada por la Resolución núm. 1149 de 2021 y esta, a su vez, fue derogada por la Resolución núm. 1040 de 2023.
51
Según los artículos 11 a 13 del Decreto 3496 de 1983, la formación catastral corresponde al conjunto de actuaciones
destinadas a obtener e incorporar la información física, jurídica, fiscal y económica de los predios para su inscripción inicial
en el catastro. Por su parte, la conservación catastral comprende las operaciones encaminadas a mantener actualizada dicha
información frente a los cambios que experimente la propiedad raíz en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.
Finalmente, la actualización de la formación catastral consiste en la renovación de los datos catastrales mediante la revisión
de los elementos físicos y jurídicos y la corrección de las disparidades del componente económico originadas por
transformaciones físicas, cambios de uso, obras públicas o variaciones del mercado inmobiliario.
52
Artículo 103 de la Resolución núm. 070 de 2011.
15
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
91. Además, expuso que el avalúo catastral fue el resultado de un estudio
económico realizado en el sector, el cual se determinó por Zonas Homogéneas
Físicas y Geoeconómicas y formulación de modelos econométricos, con el fin de
renovar los aspectos físicos, jurídicos y económicos.
92. Precisó que el significativo incremento del avalúo catastral frente a la vigencia
anterior obedeció a que el valor registrado en los archivos catastrales se encontraba
desactualizado y no reflejaba las condiciones del mercado inmobiliario del sector,
particularmente en lo relacionado con el valor del metro cuadrado de terreno y las
condiciones locales del mercado inmobiliario.
93. Adicionalmente, señaló que, con el fin de validar el valor unitario de terreno
asignado en el proceso de actualización catastral, se realizó un ejercicio mediante
el método residual, considerando el desarrollo urbanístico permitido por la normativa
vigente, consistente en un proyecto residencial de cinco pisos con sótano destinado
a parqueaderos. A partir de dicho ejercicio se obtuvo un valor comercial de $708.000
por metro cuadrado de terreno, superior al valor catastral fijado para la vigencia
2012, equivalente a $630.000 por metro cuadrado, razón por la cual concluyó que
este último no excedía el valor comercial determinado para el inmueble.
94. Así las cosas, de acuerdo con el acto administrativo acusado, la autoridad
catastral no fijó el avalúo catastral para la vigencia 2012 mediante la aplicación del
método residual. El avalúo catastral fue el resultado de un análisis del mercado
inmobiliario y de un estudio económico realizado en el sector, sustentado en la
delimitación de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y en la formulación
de modelos econométricos que incorporaron las características físicas, jurídicas y
económicas del predio.
95. En desarrollo del proceso de actualización catastral, tales herramientas
permitieron establecer un valor acorde con las condiciones reales del inmueble y
del mercado inmobiliario local, corrigiendo las disparidades derivadas de cambios
físicos, variaciones de uso, obras públicas y demás factores que incidían en su
valoración. El método residual fue empleado únicamente como un ejercicio
complementario de validación del valor unitario de terreno asignado, sin que
constituyera el procedimiento utilizado para determinar el avalúo catastral
finalmente adoptado.
96. En consecuencia, no prospera el argumento de la demandante, toda vez que la
determinación del avalúo catastral no estuvo sustentada en el método residual ni en
el potencial desarrollo urbanístico derivado de un plan parcial aún no adoptado.
97. Se precisa que en las Resoluciones números 21244 y 1524 de 2013, mediante
las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra
la Resolución núm. 103129 de 2012, la administración aplicó el método residual con
el propósito de verificar la corrección del avalúo inicialmente asignado. Con
fundamento en dicho análisis, concluyó que el valor registrado en la base catastral
se ajustaba a las características del predio, a las condiciones del sector en el que
se encuentra ubicado, a la normativa urbanística aplicable y al comportamiento del
mercado inmobiliario de la zona. Asimismo, señaló que la determinación del avalúo
se realizó de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
16
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
98. Sin embargo, esta circunstancia no altera la conclusión según la cual el avalúo
catastral fue determinado principalmente a partir de estudios de mercado
inmobiliario, la delimitación de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y la
aplicación de modelos econométricos. Así, el método residual constituyó
únicamente un mecanismo de contraste y validación del valor asignado, más no el
fundamento técnico que sirvió de base para la fijación del avalúo catastral del
inmueble.
99. Por lo tanto, el motivo de apelación de aplicación indebida del método residual
no prospera.
V.4.3. La falsa motivación
100. La parte demandante sostuvo que se restó valor probatorio al dictamen pericial
practicado por el perito Camilo Andrés Perilla López, al centrar el análisis en la
inclusión del predio dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá, cuando el debate debía enfocarse en la existencia de
condiciones normativas suficientes para aplicar el método residual.
101. Señaló que el dictamen determinó un valor del inmueble sustancialmente
inferior al establecido por la UAECD y concluyó que entre las vigencias 2011 y 2012
el predio no experimentó cambios físicos, de uso, edificabilidad o productividad que
justificaran el incremento del avalúo, aspecto que, en su criterio, fue corroborado
por la entidad al reconocer la ausencia de modificaciones en sus áreas, usos o
destino económico.
102. La Sala observa que el referido dictamen pericial versó sobre el avalúo catastral
del bien inmueble objeto de controversia.
103. El perito señaló que la actualización catastral del inmueble para la vigencia 2012
se llevó a cabo con fundamento en la Resolución núm. 1585 de 26 de diciembre de
201153, mediante la cual se adoptaron los estudios de Zonas Homogéneas Físicas
y Geoeconómicas, los valores de las edificaciones, los avalúos de predios con
características especiales y se ordenó la liquidación de los avalúos de los inmuebles
objeto del proceso de actualización catastral para dicha vigencia.
104. El perito indicó que dicho proceso se desarrolló conforme a las directrices
contenidas en la Resolución núm. 070 de 2011; y para sustentar el análisis del
dictamen pericial, transcribió los artículos 51, 52 y 97 de esa normativa. Con base
en tales disposiciones, concluyó que la actualización catastral del predio se realizó
mediante la aplicación del método residual o de desarrollo potencial, previsto en el
artículo 4.° de la Resolución 620 de 2008.
105. Sin embargo, el perito no realizó un análisis técnico encaminado a determinar
el método efectivamente utilizado por la autoridad catastral para la fijación del
avalúo ni examinó el contenido de la Resolución núm. 103129 de 2012, en tanto
que se limitó a citar los artículos 51, 52 y 97 de la Resolución 070 de 2011.
53
"[…] Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de las
edificaciones, los avalúos de los predios con características especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los predios
objeto del proceso de actualización para la vigencia 2012 […]".
17
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
106. Contrario a lo indicado por el perito, tal como se expuso en el acápite anterior,
se acreditó que el avalúo catastral para la vigencia 2012 fue el resultado de un
análisis del mercado inmobiliario y de un estudio económico realizado en el sector,
el cual determinó el valor de terreno por Zonas Homogéneas Físicas y
Geoeconómicas. El método residual fue empleado únicamente como un mecanismo
de verificación de la razonabilidad del valor asignado.
107. En estas condiciones, el dictamen carece de la precisión y suficiencia técnica
necesarias para desvirtuar la legalidad del avalúo catastral cuestionado.
108. En consecuencia, sus conclusiones no resultan idóneas para acreditar que el
avalúo de la vigencia 2012 fue determinado con fundamento en el método residual
ni que el valor asignado al inmueble desconoció las condiciones físicas, jurídicas y
económicas consideradas por la administración en el proceso de actualización
catastral.
109. La Sección Primera del Consejo de Estado54 ha reiterado que la carga de
desvirtuar un avalúo oficial recae en la parte demandante, para lo cual resulta
indispensable aportar un dictamen pericial claro, preciso, completo y debidamente
fundamentado, capaz de enervar la presunción de legalidad y acierto técnico que
ampara la actuación de la autoridad catastral.
110. En el presente caso, el dictamen pericial carece de la rigurosidad necesaria para
cumplir ese propósito, en razón a que, a partir de la referencia a normas, concluyó
que el avalúo fue determinado mediante la aplicación del método residual, sin
realizar un análisis técnico del acto administrativo acusado ni de la metodología
efectivamente utilizada por la administración.
111. Adicionalmente, el dictamen pericial no contiene un análisis técnico que permita
identificar errores, inconsistencias o deficiencias en el estudio económico realizado
por la autoridad catastral para la determinación del avalúo. En efecto, el perito se
limitó a efectuar un ejercicio comparativo de mercado con dos lotes de referencia y,
a partir de ello, concluyó que el valor promedio del metro cuadrado ascendía a
$98.622. Sin embargo, no examinó ni controvirtió los criterios técnicos, variables,
metodologías y parámetros empleados por Catastro para la fijación del avalúo, ni
cuestionó los estudios de mercado, las Zonas Homogéneas Físicas y
Geoeconómicas o los modelos econométricos que sirvieron de fundamento a la
actualización catastral.
112. Por lo tanto, la valoración realizada por el dictamen se circunscribió a un
ejercicio aislado, sin efectuar una confrontación técnica con el avalúo oficial ni
demostrar la existencia de errores en su elaboración, razón por la cual sus
conclusiones carecen de la entidad necesaria para desvirtuar la presunción de
legalidad.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de marzo de 2026; C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; núm. único de radicación: 110013334003-2017-00164-01.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
113. Por último, se precisa que el perito presentó una complementación del dictamen
el 19 de junio de 201555, durante el traslado para alegar de conclusión. No obstante,
la Sala no la tendrá en cuenta, porque fue aportado luego de que se cerrara la etapa
probatoria, no fue incorporado al expediente ni sometido a contradicción por las
partes. Admitir su valoración desconocería las garantías procesales previstas en el
artículo 226 y siguientes de la Ley 1564 de 2012 y vulneraría el derecho de defensa
y contradicción.
114. Por las razones expuestas, no prospera el motivo de apelación alegado.
V.4.4. La condena en costas
115. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé que, salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por la Ley 1564 de 2012. Específicamente,
el numeral 8.° del artículo 365 ibídem establece que solo habrá condena en costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
116. La parte demandante sostuvo que no había lugar a la condena en costas de
primera instancia, por cuanto no se acreditaron los gastos en que incurrió la entidad
demandada y el tribunal de primera instancia no valoró las circunstancias relevantes
para su imposición. Asimismo, afirmó que actuó de manera razonada y conforme al
ordenamiento jurídico, sin incurrir en conductas temerarias, dilatorias o constitutivas
de abuso del derecho de acceso a la administración de justicia.
117. Sobre el particular, la Sala advierte que no obra prueba en el expediente de
gastos procesales asumidos por la parte demandada susceptibles de ser
reconocidos por concepto de costas en primera instancia. En consecuencia, al no
encontrarse acreditado este presupuesto, se revocará la condena en costas
impuesta en la sentencia de primera instancia.
118. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012,
sobre condena en costas en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de 6 de agosto de 2015,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en cuanto condenó en costas a la parte demandante.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
55
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia, documento denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua
26”, folio 76 – reverso.
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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2014-01035-01
Demandante: Construtora Malajul de Colombia en Liquidación
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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