Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01287-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-01287-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2011-01287-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Demandantes: Víctor Javier Vélez Ortiz
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Tema: Decomiso de arma incautada por porte en notorio estado
de embriaguez / Debido Proceso / Prueba calificada para
determinar el estado de embriaguez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 19 de febrero de 2015, proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Víctor Javier Vélez Ortiz' , a través de apoderada judicial, instauró
demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante
CCA, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
"[...] 1. Declarar nula la Resolución 096 del 06 de abril de 2010, expedida
por el Comandante de la Policía Metropolitana Valle de Aburra, mediante
la "cual se dispuso e/ decomiso definitivo de un arma de fuego incautada",
la Resolución 205 del 02 de julio de 2010 emitida por el Comandante
de la Policía Metropolitana Valle de aburra "por medio de la cual se
resuelve el recurso de reposición sobre un arma de fuego decomisada" y la
Resolución 030 del 18 de febrero de 2011 emitida por el Director de
Seguridad Ciudadana "por medio de la cual se resuelve Recurso de
Apelación".
2. Que, corno consecuencia de lo anterior, se ordene al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - ALMACEN DE ARMAS
INCAUTADAS, a devolver al señor VICTOR JAVIER VELEZ ORTIZ con
cédula de ciudadanía núm. 71.331 275 el arma de fuego de protección
personal incautada Tipo pistola marca Jericho modelo 941PSL,
1 En adelante demandante o actor.
2 Folios 1 a 10 del cuaderno 1.
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Radicado núm. 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
CALIBRE 9mml, número de serie externa 38305931 e interna no
presenta, con un proveedor y siete cartuchos. Es de anotar que el
arma en mención contaba con su respectivo SALVOCONDUCTO o
permiso para porte núm. P1304018 con vigencia hasta el día 08-11-
2011.
3. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
establecido en el artículo 176 del CCA [.. 3".
1.1.1. Los hechos
2 El demandante como fundamento de las pretensiones se apoyó en los
siguientes hechos:
3. Refirió que es agente activo de la Policía Nacional; y que el 15 de agosto
de 2009, estando de descanso en el corregimiento San Antonio de Prado de
la ciudad de Medellín, agentes de la Policía Nacional le incautaron un arma de
fuego de su propiedad, tipo pistola, marca Jerichó, modelo 941PSL, calibre
9mml, número de serie externa 383059310, con un proveedor y siete
cartuchos.
4. Afirmó que contaba con el salvoconducto o permiso para porte de dicha
arma, según permiso núm. P1304018, vigente hasta el 8 de noviembre de
2011.
5 Indicó que el arma fue decomisada porque presuntamente el demandante
se encontraba en estado de embriaguez y realizando tiros al aire, hechos que
no fueron demostrados en el proceso, pues «solamente fueron inferencias de
los policías del caso, dado que Víctor se encontraba intoxicado por la ingesta
de alimentos, como lo expresó en declaraciones».
6. Que, en razón del decomiso del arma, la Policía Metropolitana del Valle de
Aburra - Almacén de Armas Incautadas inició un proceso administrativo, el cual
fue resuelto, de forma extemporánea, mediante la Resolución núm. 96 de 6 de
abril de 2010, expedida por el comandante de la Policía Metropolitana, en la
que se ordenó que el decomiso del arma fuera definitivo.
7. Dentro del término legal el actor interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones
núms. 205 de 2 de julio de 2010 y 30 de 18 de febrero de 2011,
respectivamente.
1.1.2. Normas violadas y el concepto de la violación
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Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
8. La parte actora sostuvo que con la expedición de los actos administrativos
acusados, se vulneraron los artículos 2°, 6°, 29 y 209 de la Constitución
Política y el artículo 90 del Decreto 2535 de 1993, modificado por el artículo 3°
de la Ley 1119 de 2006.
9.En sustento de la aducida violación, señaló que los actos administrativos
demandados fueron emitidos con extralimitación de funciones y pretermisión
de los procesos establecidos por las normas constitucionales y legales.
10. En ese sentido, afirmó que en el proceso administrativo únicamente se
valoraron las declaraciones de los agentes de policía, sin que se demostrara
el presunto estado de embriaguez del señor Víctor Javier Vélez Ortiz3,
soportado en examen o prueba técnico-científica de alcoholemia, como
tampoco se practicó experticia alguna para verificar que el arma se percutió.
11 Que el artículo 90 del Decreto 2535 de 1993,4 modificado por el artículo 3°
de la Ley 1119 de 2006, 5 dispuso que «lila Autoridad Militar o Policial
competente, mediante acto administrativo, dispondrá la devolución de armas,
municiones, explosivos y sus accesorios o la imposición de multa o decomiso
del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectuó su
incautación o dio aviso de la irregularidad. Este término se ampliará otros
quince (15) días cuando haya lugar a prácticas de prueba».
12 Con apoyo en la norma transcrita, refirió que en su caso el informe que puso
en conocimiento la novedad fue remitido el 15 de agosto de 2009 mediante
oficio 311/GRUPC, de lo que se desprende que la decisión adoptada el 6 de
abril de 2010 a través de la Resolución 96 de 2010, se adoptó nueve (9) meses
después, lo que, a su juicio, evidencia el incumplimiento de los términos
establecidos para emitir una decisión, lo cual la torna en extemporánea y
vulneradora del debido proceso.
13. Añadió que igual situación acaeció en la resolución del recurso de alzada,
en tanto transcurrieron 7 meses después de cumplirse el traslado.
14. Finalmente, refirió que en la sentencia T-061 de 2002 la Corte
Constitucional fijó criterios atinentes al derecho fundamental al debido
proceso.
3 El actor insiste que se encontraba intoxicado por la ingesta de alimentos.
4 Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
5 Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las
armas de fuego y se dictan otras disposiciones.
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
15. El Ministerio de Defensa - Policía Nacional - Policía Metropolitana del Valle
de Aburrá, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda6. Se
opuso a las pretensiones bajo el argumento de que la actuación que culminó
con la expedición de los actos administrativos demandados se adelantó de
conformidad con la facultad legal permanente que el artículo 83 del Decreto
2535 de 1993 le otorga a cualquier miembro de la fuerza pública para incautar
armas, en cumplimiento de funciones propias del servicio.
16. En ese sentido, indicó que, de conformidad con el artículo 85, literal b), y el
artículo 89, literal c), ibídem, la conducta consistente en portar o transportar
arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de embriaguez
o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas da lugar al decomiso del arma de
fuego.
17.Anotó que el procedimiento adelantado por el personal de la Institución fue
legítimo y se enmarcó en la protección a la comunidad, pues el indebido uso
de las armas de fuego bajo los efectos del alcohol puede dejar resultados
nefastos para las personas.
-18.Añadió que los miembros de la Policía Nacional asumen una
responsabilidad superior en cuanto al manejo y uso de las armas de fuego,
toda vez que no basta con los requisitos legales para portarlas, sino que deben
tener un comportamiento irreprochable, adecuado y prudente.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
19 El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, profirió la
sentencia de 19 de febrero de 20157, mediante el cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
2o. El a quo se refirió al marco legal de la actuación censurada, para lo cual
destacó: i) que la incautación de armas procede en todos los casos en que se
posea o porte un arma, munición o explosivo y sus accesorios sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 84 del Decreto Ley 2535
de 1993; y ii) que entre las causales que dan lugar a ello se encuentra la de
portar o transportar arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio
estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas (artículo 85,
literal b), ibidem).
6 Folios 96 A 103 del cuaderno 1.
'Folios 184 a 194 del cuaderno 1.
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
21 Asimismo, expuso que, de conformidad con la Resolución núm. 414 de 27
de agosto de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el estado de embriaguez de una persona se puede determinar por
alcoholemia y por examen clínico; y que a través de la Resolución núm. 1183
de 14 de diciembre de 2005, expedida por dicho Instituto, se adoptó el
Reglamento Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado de
Embriaguez Aguda.
22 Asimismo, se refirió al derecho al debido proceso, remitiéndose a algunas
consideraciones de la sentencia C-980 de 2010 de la Corte Constitucional.
23 Analizó el contenido de la Resolución núm. 096 de 9 de abril de 2010,
demandada, haciendo énfasis en que el informe policial que le dio sustento a
esta fue remitido al Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá mediante oficio 317 / GRUP de 15 de agosto de 2009, esto es, casi 8
meses antes.
24. Al respecto, señaló que, al tenor del artículo 90 del Decreto 2535 de 1993,
la autoridad militar o policial competente, mediante acto administrativo,
dispondrá el decomiso del arma dentro de los quince días siguientes a la fecha
de recibo del informe del funcionario que efectuó su incautación o dio aviso de
la irregularidad, término que se ampliará otros quince (15) días cuando haya
lugar a prácticas de prueba.
25. Sostuvo que en el caso bajo examen no obra constancia de la fecha exacta
en la que el comandante recibió el informe; sin embargo, cuando en el libelo
se acusa la resolución sancionatoria de ser extemporánea, con base en la
aludida norma, el conteo se realiza desde el 15 de agosto de 2009, premisa
que no fue cuestionada por la parte demandada en ninguna de sus
intervenciones procesales, lo cual es corroborado en las consideraciones del
acto administrativo definitivo, pues la narración de los hechos tiene como punto
de partida el 15 de agosto de 2009, sin que exista prueba en contrario, por lo
que debe ser esa la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de
términos.
26. Bajo la anterior deducción, consideró que la Resolución núm. 96 de 6 de
abril de 2010 fue expedida por fuera del término de los 15 días, sin que haya
existido ampliación del plazo por práctica de pruebas; y que «las declaraciones
rendidas por los funcionarios de la Policía, fueron recibidas en el mes de
febrero de 2010, esto es, una vez superado con creces los 30 días que en
totalidad otorgaba la norma. para emitir, en este caso, el acto administrativo
que dispuso el decomiso del arma de fuego incautada al actor».
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Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
27. Aludió que, en principio, dicha extemporaneidad no vicia de nulidad el acto,
porque el término previsto por el artículo 90 del Decreto 2535 de 1993 es de
tipo perentorio y no preclusivo y, por ende, la validez de la decisión no se ve
afectada. Sin embargo, advirtió, aunque en virtud de lo dicho no sería posible
declarar la nulidad del acto definitivo por la extemporaneidad en su expedición,
lo cierto es que ligado al plazo de los 15 días iniciales para expedirlo, se
encuentra el de los 15 días siguientes para la práctica de las pruebas, el que
fue también desatendido por la entidad accionada en el procedimiento objeto
de litigio.
28. Sobre ese particular resaltó que, según el contenido de la Resolución núm.
96 de 2010, la sanción impuesta al actor se fundamentó en un informe policial,
así como en las declaraciones rendidas por el sargento viceprimero Fernando
Quintero, -quien elaboró el informe-, por el subteniente Dalberto Celemín
Ibáñez y por el patrullero Juan David Gómez Gutiérrez, con las que se tuvo
por acreditado el estado de embriaguez del señor Víctor Javier Vélez Ortiz al
momento de incautarle el arma de fuego.
29. Determinó que como consecuencia de la extemporaneidad advertida y a la
luz de las garantías que implica el derecho constitucional al debido proceso,
era posible establecer que las aludidas declaraciones no podían ser valoradas,
y que si en gracia de discusión se aceptara lo contrario, lo cierto es que esta
única prueba impedía acreditar el estado de embriaguez en el que
presuntamente se encontraba el actor al momento en que le fue incautada el
arma de fuego, pues es el examen de alcoholemia o de determinación clínica
forense de embriaguez, el que lo comprueba, de conformidad con lo
reglamentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
lo que no sucedió, conforme se admite en los actos acusados, así como en las
distintas actuaciones de la entidad demandada en el proceso judicial.
30. En consecuencia, consideró que al actor se le vulneró el derecho al debido
proceso, razón por la cual declaró la nulidad de los actos acusados y, a título
de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad accionada devolver al
señor Víctor Javier Vélez Ortiz el arma de fuego decomisada.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
31.Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, y a través de la
apoderada judicial, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
interpuso recurso de apelación8 con el fin de obtener la revocatoria de la
sentencia de primera instancia.
8 Folios 196 a 201 del cuaderno 1
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Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
32. En sustento de su inconformidad, la apoderada señaló que no hubo un
desconocimiento al derecho del debido proceso del actor, dado que «era tan
notorio su estado de embriaguez, que cuando llegaron los policías y a la vez
compañeros suyos, este abandonó el lugar de los hechos y se encerró en una
habitación por su alto grado de ebriedad».
33. Agregó que el «informe policial, la boleta de incautación y las diferentes
declaraciones, rendidas por los policiales conocedores del caso, quienes se
ratificaron en lo informado inicialmente, fueron congruentes y consistentes, así
mismo lo corroboro (sic) por los residentes y guarda de seguridad de la
urbanización donde ocurrieron los hechos, por lo que se establece
fehacientemente el porte del artefacto en notorio estado de embriaguez».
34. Sostuvo que no se advierten elementos que desvirtúen el informe policial,
el cual constituye plena prueba; y que el recurso de apelación interpuesto por
el señor Víctor Javier Vélez Ortiz en el procedimiento administrativo se
estructuró en notorias inconsistencias.
35 Reiteró que el señor Víctor Javier Vélez Ortiz, «como miembro de la Policía
Nacional en servicio activo debe ser ejemplo de comportamiento y liderazgo
social, en sus actividades personales, laborales y culturales», e igualmente
insistió en que «el arma de fuego no es de las personas sino del Estado,
teniendo que es éste quien por medio de un permiso (de tenencia o porte)
permite que determinadas personas usen las armas para su defensa personal
y bajo las condiciones contentivas (sic) en el Decreto 2535 de 1993».
36.Argumentó que el hecho de que no se hubiera realizado la prueba de
embriaguez no puede exonerarse de responsabilidad al señor Víctor Javier
Vélez Ortiz frente a la comisión de una conducta tan reprochable y contraria al
ordenamiento jurídico, como lo es la de «mezclar bebidas embriagantes con
el porte del arma de fuego», poniendo en riesgo la vida e integridad de la
comunidad.
37 Finalmente, aseveró que el actor «se negó a suscribir el recibo y a dejarse
practicar la prueba de alcoholemia»: y que «otro de los argumentos del señor
VICTOR JAVIER VELEZ, es que él se encontraba dormido en una habitación
y que fue otro sujeto que cogió el arma de fuego y comenzó hacer disparos al
aire, situación que acarrea un mayor reproche en su condición de miembro
activo de la policía nacional».
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
V. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA
38. El recurso de apelación fue concedido por el a quo mediante auto de 15 de
abril de 20159. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos
que integran la Sección Primera del Consejo de Estado, el magistrado
sustanciador del proceso. a través de auto de 25 de mayo de 20161°, admitió
el recurso interpuesto y ordenó correr traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.
39 La entidad demandada, por conducto de apoderado presentó
oportunamente alegatos de conclusión", escrito en el que reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
40 Con dicho escrito, aportó copia de las comunicaciones de 15/08/09 y
05/10/09 signadas por el señor Víctor Javier Vélez Ortiz y dirigidas al
Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por medio de las
cuales solicitó la entrega del arma de fuego; y que según su entender dan
cuenta de que el actor manifestó que se encontraba en alto grado de
embriaguez debido a la cantidad de licor que había consumido, de lo cual «se
percibe sin mucho esfuerzo que en efecto el estado del actor el día de los
hechos era de embriaguez».
41 Agregó que tanto el literal b) del artículo 85, como el literal c) del artículo 89
del Decreto 2535 de 1993, aluden al «notorio estado de embriaguez», de lo
cual, en su criterio, se desprende que no hay lugar a exámenes o dictámenes
técnicos para proceder a incautar o decomisar el arma de fuego, pues
resultaría improcedente y altamente peligroso que las autoridades tuvieran que
esperar un resultado para decidir sobre la incautación del arma de fuego y su
posterior decomiso
42 Asimismo, arguyó que el actor no demostró que. como lo aduce en la
demanda. que para el momento de los hechos se encontraba intoxicado por la
ingesta de alimentos, de manera que con esta afirmación tampoco desvirtuó
el informe de policía que dio sustento a los actos administrativos demandados.
43. La parte demandante y el agente del Ministerio Público guardaron silencio
en esta oportunidad procesal.
9 Folio 202 del cuaderno 1.
1° Folio 4 cuaderno 2.
1' Folios 15 a 21 cuaderno 2.
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Actor: Victor Javier Vélez Ortiz
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
44 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativol2 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para decidir en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos.
VI.2. Cuestión previa
45 Como se expresó atrás, el apoderado de la entidad demandada aportó con
el escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia 2 documentos: i)
Informe de novedad fechado de 15 de agosto de 200913;y ii) solicitud de entrega
de armas de 5 de octubre de 2009'4, ambos suscritos por el señor Víctor Javier
Vélez Ortiz y dirigidos al coronel Luis Eduardo Martínez Guzmán, Comandante
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
46 En criterio del apoderado de la entidad apelante, mediante los aludidos
documentos se puede establecer que el señor Víctor Javier Vélez Ortiz,
manifestó que en el momento de los hechos que dieron lugar a la incautación
de su arma se encontraba en alto grado de embriaguez.
47. Examinado el expediente se tiene que tales documentos no fueron
allegados al proceso ni con la demanda ni su contestación, como tampoco se
solicitó el decreto de estos, además de que no hacen parte de los
antecedentes administrativas, de lo que se colige que lo pretendido por el
apelante es que se incorporen al proceso y se valoren como prueba.
48. Para la Sala, según el artículo 214 del CCA, las pruebas en segunda
instancia proceden si se cumple uno de los siguientes supuestos:
Cuando se trate de apelación de sentencia, las partes podrán pedir
pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
12 "Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión".
13 Folio 12 cuaderno 2.
14 Folios 13 y 14 cuaderno 2.
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
1. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió. pero sólo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
2. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
4. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el
numeral anterior [.. .1".
49. De este modo, y comoquiera que la aportación de documentos realizada
por la apelante ocurrió sin aludir ninguno de los eventos dispuestos por la
norma en comento, para la Sala es evidente que la incorporación de pruebas
en segunda instancia resulta extemporánea por no atender las oportunidades
que el legislador previó para tal efecto; además, es improcedente porque
tampoco se sustentó en alguna de las condiciones taxativas a que alude el
artículo en cita, lo que impone, en observancia del debido proceso y del
derecho de defensa con la parte contraria, rechazar su incorporación al
proceso y abstenerse de valorarlas.
VI.3. El problema jurídico
50. Aclarado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia, mediante la cual la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las
pretensiones de la demanda, para lo cual, en los términos del recurso de
apelación, analizará si las resoluciones 96 de 6 de abril de 2010, 205 de 2 de
julio de 2010 y 30 de 18 de febrero de 2011 están o no viciadas de nulidad,
por cuanto las pruebas recaudadas durante la actuación administrativa fueron
suficientes para corroborar el estado de notoria embriaguez del demandante
al momento de la incautación de un arma de su propiedad y si, contrario a lo
señalado por el a quo, esta condición no requería de la realización de una
prueba técnica conclusiva de alicoramiento del portador del arma.
VI.4. Del caso concreto
51. Como quedó visto la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la demandada devolver al actor el arma
de fuego que le fue decomisada.
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
52. La decisión se basó en que los actos acusados fueron expedidos con
vulneración del derecho al debido proceso del actor, entre otros motivos, y al
que se limitó el recurso de apelación, porque la decisión se adoptó sin contar
con el medio de convicción idóneo para establecer el estado de embriaguez
del actor para el momento en que le fue incautada el arma de fuego de su
propiedad, esto es, un examen de alcoholemia o de determinación clínica
forense de embriaguez efectuado de conformidad con lo reglamentado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
53. La entidad demandada controvierte ante esta instancia dicho análisis,
habida cuenta que la actuación administrativa que culminó con los actos
acusados, se fundó en: i) el informe policial, ii) la boleta de incautación y iii)
las declaraciones rendidas por agentes de policía que atendieron y conocieron
el caso, las cuales fueron congruentes y consistentes, de manera que
conllevaron a establecer fehacientemente que el señor Víctor Javier Vélez
Ortiz portaba el artefacto en notorio estado de embriaguez. Asimismo, expuso
que el actor no aportó elementos que desvirtuaran el informe policial, el cual
constituyó plena prueba en la actuación administrativa.
54. Desde esa perspectiva, sostuvo que la actuación administrativa se ajustó a
derecho y se adelantó con observancia de las formalidades propias, de
manera que se garantizaron los derechos a la defensa y al debido proceso del
ahora actor.
55. Para examinar si le asiste razón o no, a los motivos de suficiencia probatoria
esgrimida en la apelación, la Sala procede a transcribir algunos apartes de la
Resolución núm. 96 de 6 de abril de 2010, expedida por el Comandante de la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que ordenó el decomiso definitivo
del arma, así:
.] Resolución 096 del 06 de abril de 2010
«Por la cual se dispone el decomiso definitivo de un arma de fuego
incautada»
El Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra en uso
de las facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos
01 de 1984, 2535 de 1993 y 1119 de 2006 y
CONSIDERANDO:
Que el día 15 de agosto de 2009, integrantes de la estación de policía
San Antonio de Prado, le incautaron al señor VICTOR JAVIER VELEZ
ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía número 71.331.275 de
Medellín Antioquia, un arma de fuego tipo pistola marca Jericho modelo
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Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
941PSL calibre 9mmL número de serie externa 38305931 e interna no
presenta, con un proveedor y siete cartuchos para la misma, amparada
con el permiso para porte P1304018 vigente hasta el 08-11-2011.
Que según obra informe policial, el arma de fuego le fue incautada al
señor VICTOR JAVIER VELEZ ORTIZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 71.331.275 de Medellín Antioquía, siendo las 01:50
horas, en la Calle 11A 1 Este 81, ya que se encontraba en aparente
estado de embriaguez al tiempo que portaba el arma de fuego
descrita anteriormente, y realizando disparos sin causa justificada.
Que al señor VICTOR JAVIER VELEZ ORTIZ se le corre traslado de
prueba en debida forma notificándole y entregándole fotocopias de las
pruebas allegadas al proceso como la boleta de incautación, informe
policial y examen de toxicología, haciéndole saber que tiene la
posibilidad de objetarlas de conformidad con lo dispuesto en el código
de procedimiento civil en su artículo 238 numeral 1, para lo cual no
presenta alegato alguno en contra de las diligencias adelantadas:
Si bien es cierto que dentro del acervo probatorio que hace parte del
expediente no reposa prueba directa que le permita al despacho
demostrar el estado anímico del señor Patrullero VICTOR JAVIER
VELEZ ORTIZ éste amparado en el artículo 248 del Código de
Procedimiento Civil, considera que este indicio está debidamente
comprobado dentro de este proceso y prueba de ello es que la
conducta desplegada por el señor VICTOR, está configurada en las
declaraciones de los señores:
Subteniente DALBERTO CELEM1N IBAÑEZ quien señala: "Se
enredaba al hablar, su aliento alcohólico era evidente cuando se
dirigía hacia nosotros, su estado anímico era de agresividad total
y aparte de eso su incoordinación motora no era normal, por que
cuando se sostenía se iba para los lados" [..] Más adelante dice:
"No que él no lo permitió y se encerró en su residencia cuando escuchó
de la presencia que se solicitó de policía de control, inclusive policía de
control cuando hizo presencia en el sitio de los hechos le insistió que
saliera de la residencia pero nunca lo hizo" fue lo que contestó cuando
el despacho le pregunto: Sírvase decirnos porque a pesar de haber
tenido como precedente estos síntomas nunca se le practicó tal
prueba de embriaguez.
Patrullero JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ quien señala: "A pesar
de que su colaboración con la entrega del arma fue voluntaria, si (sic)
le sentí aliento alcohólico cuando me habló al informarme que era
policía, su dialogo (sic) era enredado, su coordinación motora era
descoordinada, no conservaba su equilibrio" [. ..]
Sargento Viceprimero FERNANDO QUINTERO CONTENTO, quien
señala: "Lo que recuerdo es que el 15 de agosto del año pasado, me
encontraba realizando cuarto y primer turno de servicio como
Comandante de la patrulla de policía de control, en compañía del señor
13
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
Patrullero MARTINEZ GARCIA JAIME HAROLD, en esa ocasión siendo
las 01:50 horas aproximadamente, llegué a la urbanización Hechizo de
Luna ubicable (sic) en la jurisdicción del corregimiento de San Antonio
de Prado, en el interior del conjunto residencial se encontraba un señor
oficial, un Intendente y otros policiales, los cuales me informaron que
minutos antes le habían incautado una pistola al señor patrullero VELEZ
ORTIZ, los motivos de la incautación según ellos y según el
vigilante de la urbanización el cual también entreviste, fue porque
el policial en estado de embriaguez y compañía (sic) de otras
personas se encontraba realizando disparos con dicha arma, según me
informó el señor Oficial, cuando se disponía a realizar el acta de
incautación del arma el contraventor en forma rápida caminó e ingreso
al interior de unos de los inmuebles, [.. .]. Posteriormente y ante la
negativa de hablar con el patrullero VELEZ ORTIZ, me dirigí hasta la
portería de la urbanización y entreviste (sic) al vigilante de la misma y a
dos civiles que se encontraban en el lugar y que presenciaron los ellos
(sic) y los cuales se encontraba muy disgustados, ya que según ellos la
conducta del policial puso en riesgo a los habitantes eso es lo que
recuerdo" [...]. "Si (sic) me manifestaron que si (sic) estaba en
avanzado estado de embriaguez, cuando me dirigí al inmueble que
(sic) él se asomó a la ventana del primer piso si (sic) le noté
aspecto físico de estar embriagado, lo noté pálido, mirada
descoordinada y sus gestos faciales y movimientos de las manos
era característicos de que este policial había ingerido licor, no
pude determinar su aliento por que como dije anteriormente no
quiso abrir la ventana se encontraba en traje de civil [.. 7.
Que analizado el caso citado se enmarca claramente en el articulo 89
literal C, del Decreto 2535 de 1993, que a la letra dice: QUIEN PORTE
O TRANSPORTE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SUS
ACCESORIOS EN NOTORIO ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO EL
EFECTO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, lo cual da lugar a
contravención que causa el decomiso definitivo sustentado en la
configuración de los indicios reflejados en los apartes de las
declaraciones transcritas al punto anterior, para configurarse la
conducta de manera clara tanto en el estado anímico de este como el
porte del arma el despacho también estableció que el señor VICTOR
JAVIER, si (sic) portaba ésta consigo y que accede a entregarla tal
como lo relata el señor Patrullero JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ
De conformidad con lo expuesto anteriormente y contando con las
facultades legalmente conferidas, el suscrito Comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá,
RESUELVE:
ARTÍCULO lo. Disponer como sanción, el Decomiso definitivo a favor
del Estado Colombiano Departamento de Control Comercio de Armas
Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares,
del arma de fuego tipo pistola marca Jerichó, modelo 941PSL calibre 9
14
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Victor Javier Vélez Ortiz
mLI, número de serie externa 38305931 e interna no presenta, con un
proveedor y siete cartuchos para la misma, amparada con el permiso
para porte P1304018 vigente hasta el 08-11-2011, incautada al señor
VICTOR JAVIER VELEZ ORTIZ identificado con la cédula de
ciudadanía número 71.331.275 de Medellín Antioquia, por haber
infringido el Decreto 2535 de 1983 artículo 89 literal C, de acuerdo con
la parte considerativa (negritas de la Sala) [..1"
56 Del acto administrativo se destaca que aunque en el inciso tercero de la
parte considerativa se alude a un examen de toxicología, seguidamente se
precisa que dentro del expediente administrativo no reposa «prueba directa»
que permita demostrar «el estado anímico del actor del día de los hechos».
57 Asimismo, se resalta que la autoridad administrativa que profirió el acto en
análisis determinó que la conducta del señor Víctor Javier Vélez Ortiz se
enmarcó en el artículo 89, literal c), del Decreto 2535 de 1993, incurriendo así
en la contravención que da lugar al decomiso definitivo del arma de fuego,
«sustentado en la configuración de los indicios reflejados en los apartes de las
declaraciones transcritas».
58 En síntesis, la Sala constata que en la actuación administrativa que culminó
con la expedición de los actos administrativos objeto de demanda no se
practicó examen clínico forense para determinar el estado de embriaguez del
actor: y que la decisión de decomiso del arma de basó en el informe de policía
sobre lo ocurrido15 -rendido por el sargento viceprimero Fernando Quintero
Contento, en su calidad de Comandante Grupo Policía de Control MEVAL- y
en las declaraciones rendidas por el subintendente Dalberto Celemín Ibáñez18 ,
el patrullero Juan David Gómez Gutiérrez17 y el sargento viceprimero Fernando
Quintero Contento18. Así lo admitió igualmente la entidad demandada tanto en
el escrito de contestación de la demanda como en las demás intervenciones
que efectuó en el transcurso del proceso judicial (recurso de apelación y los
alegatos de apelación).
59. Precisado lo anterior, la Sala observa que el Decreto Ley 2535 de 199319,
en cuyo marco fueron expedidos los actos administrativos demandados, tiene
por objeto, entre otros, «[...] fijar normas y requisitos para la tenencia y el porte
de armas, municiones, explosivos y sus accesorios: [.. .] definir las
circunstancias en las que procede la incautación de armas, imposición de
multas y decomiso de las mismas y establecer el régimen para el registro y
devolución de armas [...1».
15 Folios 26 a 28 del cuaderno 1.
16 Folios 117 y 118 del cuaderno 1.
17 Folios 119 y 120 del cuaderno 1.
18 Folios 114 a 116 del cuaderno 1.
19 "Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos". Este Decreto-Ley se expidió
por el Presidente de la República en virtud de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 61 de
1993.
15
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
so. El artículo 88 del Decreto Ley prevé que los comandantes de Departamento
de Policía, entre otras autoridades, son competentes para ordenar el decomiso
de armas, municiones, explosivos y sus accesorios.
61. De conformidad con el artículo 89. literal c), ibidem, incurre en contravención
que da lugar al decomiso «1-Odien porte o transporte armas, municiones.
explosivos y sus accesorios en notorio estado de embriaguez o bajo el efecto
de sustancias psicotrópicas».
62. El artículo 90 de la normativa señala que «fila Autoridad Militar o Policial
competente, mediante acto administrativo, dispondrá la devolución de armas,
municiones, explosivos y sus accesorios o la imposición de multa o decomiso
del arma, munición, explosivo, o accesorio, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de recibo del informe del funcionario que efectuó su
incautación o dio aviso de la irregularidad. Este término se ampliará otros
quince (15) días cuando haya lugar a prácticas de prueba». Contra la
providencia que dispone la multa o el decomiso proceden los recursos de
reposición y apelación, en los términos previstos en el CCA. (artículo 91
ibidem).
63. Es pertinente anotar que la Corte Constitucional, en sentencia C-031 de
1995, señaló que el régimen de concesión de permisos para poseer o portar
armas, sus partes, piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, contenido
en el artículo 3° del Decreto 2535 de 1993, corresponde a una materia que
puede ser adoptada por el legislador, según se desprende de lo prescrito en
el artículo 223 de la Constitución Política en cuanto contiene la prohibición de
poseerlas o portarlas sin permiso de autoridad competente, prohibición que
está fundada en el derecho a la paz y en el deber de los ciudadanos de
procurar al logro y mantenimiento de la misma (artículo 95, numeral 6, de la
CP.), con la finalidad de que el Estado pueda asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo (artículo 2' CP.)2°.
64 Esta Sala, en sentencia de 15 de febrero de 201821, señaló que lo previsto
en el Decreto Ley 2535 de 1993 se enmarca en un procedimiento
administrativo exceptuado del régimen general, que permite a la
administración tomar decisiones inmediatas para preservar la seguridad de los
habitantes, el orden público y la defensa de la seguridad nacional; y que,
además, garantiza el debido proceso administrativo sancionatorio, toda vez
que brinda a los afectados la posibilidad de ejercer los recursos de reposición
y apelación ante la respectiva autoridad. Así lo señaló la Sala:
20 Corte constitucional. Sentencia C-031 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de
febrero de 2018. Radicado: 05001-23-31-000-2000-04295-01. Actor: Empresa de Vigilancia y Seguridad
Privada Pantera Ltda. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
16
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
La Sala prohija los anteriores pronunciamientos de la Code
Constitucional [sentencia C-296 de 1995], los cuales le sirven de
fundamento para señalar que las normas contenidas en el Decreto 2535
de 1993, en especial, lo referente a los procedimientos en ella
establecidos para el decomiso se enmarcan dentro de los
procedimientos militares o de policía, exceptuados de las normas
del régimen general de procedimiento administrativo, que por su
naturaleza requieren decisiones inmediatas, para preservar la
seguridad de los habitantes en el territorio, el orden público y la defensa
y seguridad nacional, en garantía de los preceptos constitucionales
analizados por esa Alta Corporación judicial al declarar la excequibilidad
de buena parte de dicho Decreto 2535.
Aunado a lo anterior. la Sala comparte las conclusiones que arribó la
Corte Constitucional. en la sentencia C-296 de 1995, respecto de la
declaratoria de excequibilidad de los artículos 89, 90 y 91 del Decreto
2535 de 1993 al indicar que en ellos se establece un proceso
administrativo especial cuyas decisiones requieren aplicación
inmediata y, por tanto, garantiza el derecho al debido proceso
administrativo sancionatorio sin necesidad de que el Ejército
Nacional deba aplicar y remitirse al Código Contencioso
Administrativo, vigente al momento de la expedición de los actos
demandados, ni al actual Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo en los actos de decomiso expedidos con
posterioridad de su entrada en vigencia [.. .]". (Subrayas fuera del texto)
65. Ahora bien, la Ley 938 de 200422 dispuso que el Sistema de Medicina Legal
y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional es organizado y controlado
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (artículo 34),
cuya misión fundamental es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la
administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a
medicina legal y las ciencias forenses (artículo 35).
66. Asimismo, la aludida Ley estableció en su artículo 36 las funciones de dicho
Instituto, asignándole, entre otras, la de definir los reglamentos técnicos que
deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones
periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control
sobre su desarrollo y cumplimiento (numeral 5).
67 En efecto, el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, expidió la Resolución núm. 1183 de 14 de diciembre de
2005, «Por medio de la cual se adopta el REGLAMENTO TÉCNICO
FORENSE PARA LA DETERMINACIÓN CLÍNICA DEL ESTADO DE
EMBRIAGUEZ AGUDA». Los apartes de la Resolución que resultan más
relevantes para el caso son los siguientes:
22 Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
17
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
"Resolución núm. 001183 del 14 de diciembre de 2005
CONSIDERANDO:
Que en virtud del proceso de modernización y avance de la medicina
forense, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
se consolida como el principal organismo científico del sistema judicial
colombiano, que aporta las pruebas periciales necesarias para
garantizar la objetividad de los procesos judiciales y policivos.
1
Que de conformidad con la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, en
el numeral 5, del artículo 36, corresponde al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, definir los reglamentos técnicos
que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen
funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y
ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.
Que el Decreto 2535 de 1993 de la Presidencia de la República
(Reglamentario de la Ley 61 de 1993), dispone la incautación y
multa o decomiso de armas, municiones, explosivos y sus
accesorios, si guíen las porta o transporta se encuentra en
notorio estado de embriaguez o bajo e/ efecto de sustancias
psicotrópicas, así como a quién portándolas en lugares públicos
consuma licor o use sustancias psicotrópicas
1
Que se hace necesario definir el Reglamento Técnico Forense para la
Determinación Clínica del Estado de Embriaguez Aguda.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar en todas sus parles el Reglamento
Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado de
Embriaguez Aguda, el cual hace parte integral de la presente
Resolución [. . .]". (Subrayas fuera del texto original)
68 Del texto de la Resolución transcrita se advierte, sin lugar a dudas, que el
"Reglamento Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado de
Embriaguez Aguda'23 debe ser aplicado en los procedimientos policivos de
incautación y multa o decomiso de armas, municiones, explosivos y sus
accesorios, adelantados en razón del notorio estado de embriaguez o bajo el
" https://alcoholimetros.com.co/wp-content/uploads/2018/09/REs-1183-de-2005-pag-70-a-73-
Reglamento-T%C3V0A9cnico-Forense-pqara-la-determinaci%C3%B3n-del-estado-de-embriaguez-
aguda.pdf
18
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
efecto de sustancias psicotrópicas, de conformidad con lo regulado en el
Decreto Ley 2535 de 1993.
69. El Reglamento Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado
de Embriaguez Aguda está orientado a todas las personas que participen en
el proceso de realización del examen clínico forense de embriaguez, en todo
el territorio nacional, garantizando la consolidación e interpretación de los
resultados en el contexto del caso en investigación y el correcto manejo,
preservación, documentación y custodia de los elementos de prueba.
70. El Reglamento Técnico Forense debe ser aplicado «por todos los médicos
y miembros de los equipos administrativos de apoyo que participen en la
realización de examen médico forense para establecer clínicamente el estado
de embriaguez en una persona viva, en Colombia, desde la recepción del caso
hasta el envío del informe pericia' y archivo de la copia respectiva». Entre sus
objetivos, se encuentra el de «[e]stablecer los procedimientos que deben
cumplir quienes participan en el proceso de determinación clínica de
embriaguez, para dar respuesta a los requerimientos de la legislación
colombiana a este respecto».
71 El reglamento contiene las siguientes definiciones conceptuales, entre
otras:
"1-
• ALCOHOLEMIA: Es la concentración de alcohol etílico contenido en la
sangre; para dar respuesta a los requerimientos de la legislación
colombiana sobre determinación de embriaguez se debe expresar en mg
de etanol / 100 ml de sangre total, de conformidad con el literal A del
artículo primero de la Resolución 0414 de 2002 del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, aclarada mediante Resolución 0453
de 2002.
• ALCOHOSENSOR: "Sistema para determinar el alcohol en aire
exhalado". En general, se pueden dividir en dos grandes grupos:
A) Cualitativos: [ ]
B) Cuantitativos: [..
CADENA DE CUSTODIA: Es el procedimiento que se aplica para
garantizar la permanencia de las condiciones de integridad, identidad,
preservación, seguridad, continuidad y registro de los elementos físicos
de prueba, así como la documentación de los cambios hechos en ellos
por cada custodio, desde que estos son encontrados y recolectados,
hasta la finalización de la cadena por orden de la autoridad competente.
• DOCUMENTO: Información y su medio de soporte, el cual puede ser
papel, medio magnético, óptico u electrónico. Para los efectos del
19
Radicado núm. 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
presente reglamento técnico, se definen genéricamente tres grandes
tipos de documentos:
• Documentos de sustentación: son aquellos que fundamentan la
actuación pericial y contienen la información que el perito debe conocer
(previamente y durante todas las etapas del proceso), integrar y analizar,
para orientar el abordaje forense integral e interpretar los resultados
dentro del contexto de la investigación, en cada caso.
• Documentos de referencia: son documentos que contienen los
requerimientos procedimentales básicos que se deben conocer y utilizar
como referente o guía para el desarrollo de las actividades en cada una
de las etapas del proceso (actividades), así como aquellos documentos
sobre aspectos particulares relativos a algún procedimiento específico
(instructivos y otros, los cuales se incluyen como anexos).
• Documentos por generar: son los documentos y otros registros
escritos, gráficos y fotográficos, entre otros, que se deben generar o
producir durante las diferentes etapas del proceso.
I
• PERITO: Es un experto en determinada técnica, ciencia, arte o
conocimiento especializado, quien previa solicitud conforme con la
legislación colombiana pertinente, realiza un reconocimiento, examen,
estudio o valoración relativo a su área de conocimiento; reporta sus
acciones, observaciones, análisis y resultados, en el respectivo informe
pericial (por escrito); y, cuando es citado, comparece en audiencia, para
rendir su testimonio experto y ser interrogado y contrainterrogado, al
respecto (oralmente)
1.
72. El Reglamento Técnico Forense para la Determinación Clínica del Estado
de Embriaguez Aguda constituye una herramienta que consolida los métodos
de valoración estandarizados y validados para el diagnóstico clínico de
embriaguez, así como el aporte - desde la actuación pericial - de elementos
probatorios y evidencias debidamente analizadas en el contexto de cada caso
específico. «Este proceso se inicia por solicitud de autoridades penales, de
tránsito y administrativas, cuando se requiere una prueba idónea para la
determinación clínica del estado de embriaguez, el cual se manifiesta por
una serie de alteraciones clínicas evidenciables mediante la realización de un
cuidadoso examen médico forense».
73. El proceso cubre las siguientes actividades: recepción de la solicitud;
examen clínico-forense; análisis, interpretación y conclusiones del informe
clínico forense sobre embriaguez; pruebas paraclínicas complementarias;
envío del informe pericial y archivo.
20
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Victor Javier Vélez Ortiz
74. La actividad orientada a la realización del examen clínico para determinar
la embriaguez comprende: 1) la recepción del caso; 2) el examen clínico
forense. Dentro de este último, se destaca:
2.4.1 Recibir de quien realizó la recepción del caso, la solicitud de la
prueba y los documentos asociados y conocer su contenido [...]
2.4.6 ENTREVISTA La entrevista inicial de la persona por examinar
permite obtener información sobre las condiciones y circunstancias
que rodearon y generaron la solicitud del examen de embriaguez, así
como sobre los antecedentes médicos, psiquiátricos, farmacológicos y
toxicológicos, de importancia para orientar el procedimiento y la
interpretación de los resultados. A su vez, hace posible ir explorando
algunos aspectos del área neurológica y mental del individuo.
2.4.7 Registrar en el informe pericia' la información obtenida en la
entrevista,
2.4.8 EXAMEN CLÍNICO
2.4.8.1 Presentación porte y actitud del examinado [. . .] 2.4.8.2 Conducta
motriz [...] 2.4.8.3 Tomar los signos vitales [. . .] 2.4.8.4 Observar
detalladamente el aspecto de la piel y mucosas [. . .] 2.4.8.5 Resaltar si
existe algún de olor asociado o inusual que llame la atención [...] 2.4.8.6
Sensorio Conciencia: precisar el estado de conciencia del examinado [.. .]
2.4.8.7 Afecto Describir si el afecto es modulado o no; es decir, clarificar
si hay expresión afectiva, especificando si está aumentada, disminuida o
normal. [.. .] 2.4.8.8 Lenguaje Evaluar el flujo del lenguaje consignando si
está aumentado (taquilalia o logorrea) o disminuido (bradilalia). [. . .]
2.4.8.9 Pensamiento Describir la forma u origen (lógico o ilógico). [. . .]
2.4.8.10 Sensopercepción Describir si el examinado presenta
alteraciones cualitativas de la sensopercepción de tipo visual, auditivo o
táctil (alucinaciones, ilusiones): [. . .] 2.4.8.11 Inteligencia Si se encuentra
evidencia de discapacidad mental en el examinado, dejar la respectiva
constancia. [. . .] 2.4.8.12 Juicio y raciocinio Especificar si existe alguna
alteración evidente que comprometa el juicio de realidad; [...] 2.4.8.13
Introspección Escribir si el examinado tiene crítica de su estado de
embriaguez. [...] 2.4.8.14 Examinar los ojos determinando [. . I 2.4.8.15
Evaluar la coordinación motora fina 1. ..] 2.4.8.16 Realizar pruebas de
equilibrio y coordinación gruesa, demostrando previamente como se
hacen y asegurándose que el examinado entendió:
75. La Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que el examen de
alcoholemia o la determinación clínica de embriaguez es propia de un
dictamen pericial, por lo tanto, un informe basado en apreciaciones resulta
insuficiente para determinar el estado de embriaguez de una persona. Así lo
señaló esa Sección en sentencia de 28 de enero de 2014:
21
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
[.. [IR] resulta posible afirmar que la naturaleza del examen de
alcoholemia o de determinación clínica forense de embriaguez, es
propia de la de un dictamen pericial, más precisamente la de aquellos
informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales,
a los que se refiere el artículo 243 del C. de P. C. por lo que para el sub
examine, las apreciaciones del agente que elaboró el informe del
accidente no son suficientes para acreditar que los conductores de
los vehículos se encontraban en estado de embriaguez pues se
reitera, dicha circunstancia sólo se puede determinar a través de un
dictamen pericial el cual no obra en el proceso' [.. .]". (Subrayas y
resaltas fuera del texto original).
76 En el mismo sentido, la Sección Segunda de esta Corporación ha
considerado que «la determinación del estado de embriaguez de una
persona puede realizarse a través de la medición del alcohol en la sangre
o mediante un examen clínico-físico, el cual revisa aspectos físicos.
sociológicos y sensoriales del paciente para llegar válidamente a concluir el
grado de embriaguez, resultado que puede ser usado en asuntos penales,
contravencionales y disciplinarios»25 [. . .] (Destacado fuera del texto original).
77 De todo lo expuesto la Sala concluye que, conforme lo consideró el a gua
la determinación para disponer el decomiso definitivo del arma de fuego de
propiedad del señor Víctor Javier Vélez Ortiz por la causal invocada, requería
que mediara dictamen forense que concluyera sobre el examen clínico de
embriaguez resultado de la aplicación del mencionado reglamento.
78 Cabe precisar que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado,
respecto del desarrollo de los procedimientos especiales, que:
[L]a existencia de un procedimiento previo, enderezado a la
expedición de un acto administrativo, se ha entendido
tradicionalmente como propia y necesaria para las decisiones que
se dirigen a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de
carácter particular y concreto, es decir, con efectos que recaen sobre
intereses o derechos individuales, personales, particulares, de manera
directa: y es por ello que aún en el ámbito de la actuación administrativa,
resulta aplicable el principio constitucional del debido proceso (art. 29),
que implica para las autoridades el deber de obrar en virtud de
competencias legalmente otorgadas, conforme a leyes
preexistentes, y con la plenitud de las formas propias de cada
procedimiento, con miras a garantizar a los destinatarios de sus
decisiones el derecho de audiencia y de defensa, mediante la posibilidad
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 28 de enero de 2014. Radicado: 52001-23-31-000-2002-00579-01(31269). M.P.: Hernán Andrade
Rincón (E). Actor: José Israel Bautista Rodríguez y otros.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A".
Sentencia de 4 octubre de 2018. Radicado: 11001-03-25-000-2012-00030-00(0135-12). M.P.: Rafael
Francisco Suarez Vargas. Actor: Esneyder Alejandro Parrado Agudelo.
22
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
de participar en las actuaciones previas a la expedición de la respectiva
decisión, permitiéndoles aportar y controvertir pruebas y hacer las
manifestaciones que consideren necesarias para la correcta formación
del juicio de la Administración antes de decidir.
-1"
79 Bajo las anteriores premisas, esta Sala estima que le asiste razón al a quo
en cuanto dio por acreditada la vulneración del derecho al debido proceso del
actor, en la medida en que es cierto que el informe de policía y las
declaraciones que dieron sustento a los actos administrativos demandados no
resultaban suficientes para determinar su estado de embriaguez y, por ende,
ordenar el decomiso definitivo del arma de fuego de su propiedad por la
configuración de la contravención prevista en el literal c) del artículo 89 del
Decreto 2535 de 1993.
so. Como bien lo ha precisado la Corte Constitucional, el derecho al debido
proceso exige de la administración pública y sus agentes la observancia plena
de la Constitución Política y las normas que regulan el ejercicio de sus
funciones, pues de otra forma se transgredirían los principios que gobiernan
la actividad administrativa y se vulnerarían los derechos fundamentales de las
personas vinculadas a las actuaciones que se adelantan en su contra26.
81. De este modo, contrario a lo alegado en el recurso de apelación las pruebas
que sirvieron de fundamento a los actos acusados si bien dieron cuenta de una
situación que ameritó la intervención policial por un llamado ciudadano, no
lograron probar de manera científica que el administrado, a quien se le incautó
un arma, se encontrara en estado de embriaguez.
82.Así las cosas, si bien estaba facultada para proceder a la incautación del
arma como medida inmediata para preservar la seguridad de los habitantes,
el orden público y la defensa de la seguridad nacional, no debió imponer como
sanción el decomiso definitivo de la misma. Esto, por cuanto el ordenamiento
jurídico previó un medio de prueba calificado y un procedimiento para su
práctica, el cual debió ser observado obligatoriamente durante la actuación
administrativa con miras a adoptar la decisión definitiva.
83 Entonces, comoquiera que los argumentos de la alzada no tienen la
entidad suficiente para revocar el fallo apelado, la Sala procederá a
confirmarla, como en efecto quedará consignado así en la parte resolutiva de
esta providencia.
84.Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del OCA, esta Sala
considera que no se configuran los presupuestos para que la parte demandada
26 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23
Radicado núm.: 05001-23-31-000-2011-01287-01
Actor: Víctor Javier Vélez Ortiz
sea obligada a su pago, en tanto no se observó en su proceder un actuar
doloso o temerario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2015, proferida por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía, mediante
la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECHAZAR la valoración de documentos aportados en segunda
instancia, por los motivos expresados.
TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la presente providencia fue leída, discutida Y
aprobada por la Sala en la sesión de 14 de septiembre de 2023.
OS AL O RALDO qÓPEZ
9OT H SEÑA ARZÓN
onsejer de Esta o a de Esta (E)
Presidente
,
HERNANDO NCHEZ A NCHEZ
Consejero de Es do
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMA'. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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