Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2010-00420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Insubsistencia: secretaria de despacho de la Secretaría de la equidad de género
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-31-000-2010-00420-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-31-000-2010-00420-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
15 de febrero de 2018
INSUBSISTENCIA - Secretaria de despacho de la Secretaría de la equidad de género / CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION - Facultad discrecional / SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA EQUIDAD DE GENERO - Naturaleza jurídica / FACULTAD DISCRECIONAL - Insubsistencia de cargos que requieran confianza legítima del nominador / ACTO DE DESVINCULACION - No requiere motivación
La facultad discrecional de libre nombramiento y remoción cabe indicar que, por disposición expresa del inciso final del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo, su ejercicio no se encuentra sometido a las normas de la primera parte del código, relativas a los procedimientos administrativos. Entre otras cosas, ello supone, como se enunció, que el acto administrativo mediante el cual se ejerza no está en la necesidad de tener una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando se dispone la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción teleológica en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio. el empleo de secretario de despacho se caracteriza por una especial naturaleza, pues más allá de ser un cargo de nivel directivo, que implica una relación mayor de confianza con el nominador, es un cargo que tiene asignado el ejercicio de autoridad política y administrativa, lo que a juicio de esta Sala, impacta de manera particular la forma en que debe analizarse la interacción laboral entre el empleado y quien lo designa pues, habida cuenta de la importancia suma de las funciones que ejerce al codirigir un determinado ramo, con la máxima autoridad ejecutiva del municipio, es apenas obvio que el empleo demande una relación de confianza cualificada con el superior, quien en estos niveles debe apoyarse en personal que se identifique política e ideológicamente con sus programas de gobierno.
INSUBSISTENCIA - Cargo de libre nombramiento y remoción / DESVIACION DE PODER - No demostrada / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA - Mejoramiento del servicio
Si entre un funcionario que ocupa un cargo de nivel directivo con autoridad política y administrativa, y su nominador no hay un buen entendimiento a nivel laboral, y ello entorpece el desarrollo de la gestión pública, no resulta reprochable que para lograr una mejora en el servicio se decida la declaratoria de insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción, la que en todo caso, como se señaló, debe responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos: La naturaleza del empleo de secretaria de Equidad de Género del Municipio de Envigado es de libre nombramiento y remoción, Las calidades profesionales y personales de la actora no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo, No se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos para el desempeño del cargo y según se afirmó en el plenario la labor se continuó desarrollando en las mismas condiciones, No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a represalias, motivos de índole personal, politiqueros u otros distintos del mejoramiento del servicio, en los términos en que debe entenderse dicha acepción según las consideraciones anotadas previamente. Los testimonios dirigidos a hacer valer un interés político en la insubsistencia de la parte actora eran de oídas ya que en modo alguno manifestaron el conocimiento directo de tales móviles, lo que resta credibilidad a sus dichos e impide a esta corporación generar el convencimiento necesario para acceder a las pretensiones de la demanda. En conclusión, para la Sala no hay lugar a predicar una desviación de poder en la expedición de los actos demandados, por medio de los cuales se declaró a la demandante insubsistente en el cargo de secretaria de despacho de Equidad de Género, pues no se advierten méritos suficientes para considerar que la decisión se fundó en razones distintas al servicio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION A
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00420-01(3613-15)
Actor: DIANA CARMENZA RUA BETANCUR
Demandado: MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. DECRETO 01 DE 1984.
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Diana Carmenza Rúa Betancur, por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Municipio de Envigado, Antioquia.
DEMANDA
(Ff. 141-151 y 215-219)
Pretensiones
Solicitó se declare la nulidad de los Decretos 294 y 299 proferidos respectivamente el 20 y 21 de agosto de 2009 por el alcalde del Municipio de Envigado, mediante los cuales se declara insubsistente el nombramiento de la hoy demandante en el cargo de secretaria de despacho de la Secretaría de Equidad de Género, código 020-25.
A título de restablecimiento del derecho, formuló las siguientes peticiones:
Ordenar el reintegro a la planta de personal del Municipio de Envigado de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o mejor categoría y, por ende, el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en que fue declarada insubsistente hasta aquella en la que se produzca su efectivo reintegro.
Condenar a la entidad demandada a consignar en el fondo de pensiones en el que se encontraba inscrita la señora Diana Carmenza Rúa Betancur la suma total que correspondería a los aportes en pensiones por el tiempo que estuvo separada del cargo.
Ordenar la actualización de las condenas impuestas teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor.
Condenar al pago de perjuicios morales de acuerdo a los montos fijados jurisprudencialmente.
Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.
Fundamentos fácticos
La señora Diana Carmenza Rúa Betancur estuvo vinculada al Municipio de Envigado en los siguientes cargos: (i) asesora jurídica de la Contraloría municipal de Envigado entre el 4 de septiembre de 2005 y el 20 de febrero de 2008 y (ii) secretaria de despacho de la Secretaría de la Equidad de Género desde el 21 de febrero 2008 y el 21 de agosto de 2009.
A efectos de posesionarse, la demandante acreditó el cumplimiento de todos los requisitos inherentes al cargo, el cual desempeñó con gran dedicación y reconocimiento notorio pese a las dificultades que tuvo que sortear relativas al escaso presupuesto que se le asignó a la secretaría en comento, lo que impactó directamente en la precariedad del sitio de trabajo y los recursos para el desarrollo del mismo.
La hoy demandante sufrió un importante deterioro en su salud a raíz de la excesiva carga laboral y de las malas condiciones en que se encontraba el lugar de trabajo que le fue asignado.
A raíz de su enfermedad y las constantes incapacidades médicas que esta le produjo, la señora Diana Carmenza Rúa Betancur comenzó a ser objeto de una persecución laboral liderada por el alcalde del Municipio de Envigado y por la directora administrativa de Talento Humano, última a quien tenía que reportarle diaria y seguidamente todos sus movimientos en el trabajo, lo que no debían hacer los demás secretarios del gabinete municipal.
Otra de las formas en que se proyectó el acoso laboral del que fue víctima la actora lo constituye el hecho de que el alcalde de la referida territorialidad le hablase en términos desobligantes delante de todos los miembros del Consejo de Gobierno señalando que no servía para el cargo. A ello se suma el haber encargado a otros funcionarios para que la investigaran y haber pregonado que existían muchas quejas por parte de la ciudadanía en cuanto a su desempeño, cuestión última que fue desvirtuada por el jefe de control interno, quien certificó que no se habían recibido quejas en su contra ni de la Secretaría que dirigía.
El 20 de agosto de 2009, por intermedio de una funcionaria de la secretaría administrativa, el alcalde le solicitó la renuncia a la señora Diana Carmenza Rúa Betancur, a lo que esta se negó, comenzando a recibir una serie de presiones que terminaron por llevarla a presentar formalmente una denuncia de acoso laboral el mismo día.
En la misma fecha, al término de la jornada laboral, un policía enviado por el alcalde le hizo entrega de Decreto 294 del 20 de agosto de 2009, el cual se abstuvo de recibir pues tenía errado su número de identificación. Al día siguiente, le fue notificado el Decreto 299 del 21 de agosto de 2009 que declaró insubsistente su nombramiento, sin que se le permitiera retirar sus objetos personales dignamente y con la extraña y sorpresiva pérdida de la información que almacenaba en su ordenador.
La denuncia por acoso laboral se consideró improcedente bajo el argumento de que la citada ya no tenía vínculo laboral con el Municipio de Envigado, lo que se le comunicó mediante un escrito suscrito por la directora de talento humano.
La funcionaria que fue nombrada en su remplazo mediante el Decreto 312 del 1 de septiembre de 2009 no cumplía en esta fecha con las calidades y requisitos exigidos para posesionarse del cargo, lo que denota que su retiro del servicio no obedeció a una necesidad de mejora del mismo.
A raíz de esta situación, la demandante, de quien dependían varios familiares, se vio afectada tanto emocionalmente como en su salud y economía.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 53, 123, 125, 126 y 209 de la Constitución Política; artículos 2 y 36 del CCA; y artículos 1, 2, 4 y 11 de la Ley 1010 de 2006.
En primer lugar, señaló que las causales de nulidad de los actos administrativos acusados eran la violación de la Constitución Política, la violación de la ley y la desviación de poder.
Aseguró que en la declaratoria de insubsistencia en el nombramiento de la demandante había oculta una finalidad arbitraria y reprochó que el alcalde del Municipio de Envigado no hubiese motivado tal decisión. Sostuvo que el hecho de que se trate de una facultad discrecional no significa que pueda ejercerse a capricho del nominador sino que debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que la competencia de aquel se encuentra limitada por la finalidad de la actuación, que para el caso no es otra que la de mejorar el servicio.
Adujo que el ejercicio de dicha facultad comportaba una manifestación de poder que para ser legítima debía no solo ajustarse a la teleología perseguida por él sino también a los cauces legales.
Con base en ello, afirmó que el desempeño de la demandante a lo largo de su vinculación con la entidad demandada fue sobresaliente y que sus aptitudes eran las que mejor garantizaban el servicio público de la administración, lo que sugiere la existencia de una razón clandestina en la determinación de declararle insubsistente. Dijo poner en evidencia su argumento con el hecho de que la persona que le remplazó no cumplía los requisitos mínimos para ocupar el cargo según el manual de funciones, competencias y perfil del empleo del Municipio de Envigado.
Señaló que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado la falta de los requisitos objetivos para el desempeño de un cargo, acredita el incumplimiento de la finalidad de mejoramiento del servicio en la decisión de declarar insubsistente el nombramiento del anterior funcionario.
A lo anterior agregó el hecho de que, con anterioridad a ser retirada del servicio, fue objeto de maltrato y persecución laboral, lo que a pesar de estar proscrito por la Ley 1010 de 2006 se proyectó de varias maneras como por ejemplo la falta de idoneidad del sitio de trabajo asignado a la demandante, lo cual terminó por afectar su salud y el control que se instaló en sus horarios de entrada y salida, siendo la única secretaria del despacho con la que se implementó dicho mecanismo.
Se apoyó en la doctrina española para defender la idea según la cual la prueba de la desviación de poder no tiene que ser plena ni rigurosa en exceso de manera que basta con que el tribunal tenga la convicción moral de que aquella se produjo. En ese sentido, anotó que según el Consejo de Estado la prueba indiciaria permite acreditar idóneamente la configuración de la desviación de poder.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
(Ff. 173-185)
Formuló oposición a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con tal fin, se refirió a la Ley 443 y al Decreto 1572 de 1998 para destacar que ninguno de ellos establece fuero de inamovilidad respecto de empleados que se encuentren desempeñando cargo de carrera sin estar inscrito en ella (sic).
Señaló que los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera están cobijados por una circunstancia de inestabilidad que se refleja en que pueden ser desvinculados de manera discrecional por el nominador, esto es, sin procedimiento y sin motivación, como sucede respecto de los de libre nombramiento y remoción.
Se refirió al principio de confianza legítima, del que indicó que es exigible tanto de la administración como de los administrados y que su más claro límite radica en el interés general, último con ocasión del cual podían restringirse legítimamente los derechos de las personas.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones:
Inexistencia de la causal legítima para pedir de la demandante, la cual sustentó en el hecho de que aquella, durante su vinculación con el Municipio de Envigado, incumplió sus funciones y que, de otra parte, la decisión de declarar insubsistente su nombramiento fue el ejercicio de una facultad discrecional de la administración.
La genérica.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Demandante (Ff. 455-464)
Ratificó los pedimentos de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el escrito introductor. En particular, con el fin de demostrar que se encontraban acreditados el maltrato y la persecución de que fue víctima, aludió a los testimonios de los señores Ramiro de Jesús Vargas Muñoz, María Isabel Lopera Vélez, Ana María Gallego Zapata, Rocío del Socorro Durango Blandón y Blanca Waldina Mesa Hurtado. Por su parte, para dar cuenta de las condiciones del sitio en el que ejercía sus funciones hizo referencia a las declaraciones de los señores Ramiro de Jesús Vargas Muñoz, María Isabel Lopera Vélez, Ana María Gallego Zapata y Rocío del Socorro Durango Blandón.
Concluyó que dichas pruebas, aunadas a las documentales que se agregaron al expediente, daban cuenta de la desviación de poder en que incurrió la entidad demandada a la hora de declarar insubsistente su nombramiento a través de los actos que hoy demanda.
Municipio de Envigado (Ff. 465)
Reiteró la improcedencia de las pretensiones de la demanda. Para ello, explicó que la demandante fue la primera secretaria de equidad de género y, por lo tanto, le correspondía realizar un trabajo de posicionamiento de su cartera que no efectuó debido a sus constantes ausencias, pues explicó que aquella no solía cumplir con sus horarios de trabajo.
Se basó en algunas sentencias proferidas por esta corporación para sostener que el acto de insubsistencia no requiere ser motivado, que el mismo es potestativo de la administración y que en ningún caso obedece a una desviación de poder.
Citó algunos apartes del testimonio de la señora María Piedad Díaz Montoya para destacar que el retiro del servicio de la demandante obedeció a sus frecuentes ausencias laborales, las que le impidieron cumplir con el propósito de la entidad demandada relativo a crear la Secretaría de Equidad de Género con el fin de impulsar los programas de género.
MINISTERIO PÚBLICO
Vencido el término procesal no emitió concepto.
SENTENCIA APELADA
(Ff. 471-487)
Mediante sentencia proferida el 15 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Descongestión, denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones.
Comenzó por explicar la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción, respecto de los cuales señaló que tienen como fundamento una especial relación de confianza entre el nominador y el empleado que lo ejerce. Aludió a la sentencia SU-917 de 2010 para destacar que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional la desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no requiere ser motivada como quiera que se trata de una facultad discrecional, aunque ello no significa que esta pueda ejercerse caprichosamente. En ese orden de ideas, precisó que la declaratoria de insubsistencia de tales funcionarios se presume que responde a razones de buen servicio, presunción que puede desvirtuarse si se acredita que el acto administrativo se encuentra incurso en una de las causales de nulidad de que trata el artículo 84 del CCA.
Indicó que la desviación de poder se puede presentar en actos administrativos de naturaleza discrecional y que en tales casos la carga de la prueba es de quien alega el mencionado vicio. Se refirió a la sentencia proferida el 23 de febrero de 2011 por el Consejo de Estado (exp. 0734-10) para afirmar que la facultad discrecional se torna más amplia cuando se ejerce respecto de cargos que gozan de una responsabilidad y dignidad especial, los cuales suponen mayores compromisos y riesgos para quienes lo ejercen.
Al estudiar el caso concreto, se basó en las pruebas practicadas para concluir que las asociaciones comunitarias de la mujer no recibieron con agrado el nombramiento ni el desempeño de la hoy demandante; que más allá de los comentarios de la propia Diana Carmenza Rúa Betancur, las declaraciones de los testigos no tenían fundamento con relación a los alegados malos tratos y ambiente conflictivo que habría generado el alcalde de Envigado; que debido a que la Secretaría que se le asignó era nueva, resultaba entendible que en un inicio las instalaciones y la logística fuese improvisada pero que con el tiempo se dispuso la adecuación de un nuevo sitio de trabajo apropiado y con los recursos necesarios; además, esa situación se presentaba en otras áreas, lo que a juicio del a quo demuestra que la intención del alcalde no era la de aburrir o entorpecer las labores de la funcionaria.
De otro lado, sostuvo que el hecho de que el alcalde hubiere intervenido directamente en la ejecución del presupuesto asignado a la Secretaría en comento no era indicativo de la persecución laboral que se quiso hacer ver ya que por el contrario, aquel tenía toda la competencia para hacerlo en su condición de máximo director de la entidad. En cuanto a los tratos discriminatorios o denigrantes señaló que no podían tenerse como prueba o indicio ya que la declarante que hizo mención a estos, afirmó que nunca los había presenciado o escuchado. Con relación al control que se implantó sobre el horario de ingreso y de retiro de la oficina de la demandante, precisó el Tribunal que no era indicativo de acoso ya que este respondió a sus constantes ausencias y el hecho de que su cargo fuera directivo no la eximía de cumplir con la jornada de trabajo. Todo lo dicho para concluir que no se presentó el alegado acoso laboral.
Respecto del nombramiento de la señora Diana Carolina Torres García como remplazo de quien hoy demanda, expuso que la misma cumplía con los requisitos para ser nombrada en el cargo. Agregó que la finalidad del buen servicio se cumple no solo con la vinculación de un funcionario con mejor hoja de vida ya que deben analizarse todo tipo de habilidades y aptitudes, además de las relaciones de confianza con el nominador.
De acuerdo con lo dicho, estableció que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
(Ff. 389-397)
Dentro de la oportunidad legal, el demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:
Adujo que el a quo se basó en declaraciones aisladas que no daban cuenta de la realidad, omitiendo la valoración de todos los testimonios que constituían un soporte de lo afirmado en la demanda, dentro de los cuales resaltó la importancia de los rendidos por los señores Ramiro de Jesús Vargas Muñoz, María Isabel Lopera Vélez, Ana María Gallego Zapata, Rocío del Socorro Durango Blandón y Blanca Wbaldina Mesa Hurtado. Afirmó que lo dicho por estos testigos merece plena credibilidad y que la información que suministran es concordante en cuanto a las diferentes conductas constitutivas de abuso laboral que debió soportar la actora y que conducen a demostrar la desviación de poder del acto de insubsistencia.
Entre ellas destacó el hecho de haber sido la única secretaria de despacho que debía dar cuenta de su horario laboral; la incitación por parte del alcalde para que la comunidad hablara mal de su gestión; el uso de dos funcionarios para que emprendieran acciones en su contra; y el precario espacio físico y presupuesto asignado a la cartera dirigida por la actora.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Demandante
Se abstuvo de hacer uso de esta oportunidad procesal.
Municipio de Envigado (Ff. 519-522)
Negó que se hubiera configurado una desviación de poder en la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la actora, decisión que atribuyó al descontento de la comunidad con el desempeño que tuvo la misma. Sostuvo que las incapacidades médicas en que la señora Diana Carmenza Rúa Betancur quiso justificar su ausentismo no fueron presentadas conforme exige la norma. En cuanto a las alegaciones tendientes a señalar que se puso a dos funcionarios en contra de la demandante, destacó la ausencia de los mismos dentro del proceso para que se manifestaran al respecto.
Asimismo, negó que se hubiera presentado un acto de acoso laboral puesto que ninguna de las formas de agresión denunciadas por la demandante se enmarca dentro de las modalidades que define la Ley 1010 de 2006.
De otro lado, defendió la valoración probatoria realizada en primera instancia y destacó que las declaraciones que apoyan los dichos de la demandante provienen de testigos de oídas.
Finalmente, reiteró que la funcionaria que remplazó a la demandante sí cumplía con los requisitos y que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que el cargo que ocupó la señora Diana Carmenza Rúa Betancur era de libre nombramiento y remoción, lo que suponía una especial relación de confianza con el nominador, cuya afectación condujo a que este, con la misma libertad con la que la nombró, la retirase del servicio.
MINISTERIO PÚBLICO
(Ff. 524-531)
Dentro del término legal, la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
Con tal fin, analizó algunos de los testimonios que obran en el plenario para concluir que fueron dos los motivos que condujeron a la declaratoria de insubsistencia de la demandante. Por un lado, uno político basado en los intereses que tenían otras personas en ocupar el cargo que aquella tenía y otro relativo a la pérdida de confianza del nominador a raíz de las quejas presentadas con relación a su desempeño y debido a la inasistencia reiterada a su lugar de trabajo.
Descartó que la remoción del cargo hubiera obedecido a la pérdida de confianza ya que solo se presentó una queja aislada en contra del trabajo de la recurrente y explicó que su ausencia estuvo justificada en incapacidades médico laborales.
Reprochó que la demandante hubiere tenido que reportar diariamente el ingreso y salida de su puesto de trabajo ya que si bien los funcionarios de libre nombramiento y remoción también deben cumplir una jornada laboral, no es de recibo que aquella tuviese que soportar una carga distinta de la de sus pares.
Con base en ello, concluyó que la demandante recibió un trato discriminatorio y que su retiro del cargo obedeció a razones ajenas al buen servicio, lo que permite desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resumen en la siguiente pregunta:
¿Los Decretos 294 y 299 proferidos respectivamente el 20 y 21 de agosto de 2009 por el alcalde del Municipio de Envigado, mediante los cuales se declara insubsistente el nombramiento de la hoy demandante en el cargo de secretaria de despacho de la Secretaría de Equidad de Género, se encuentran viciados de nulidad por haberse expedido con desviación de poder?
A efectos de resolver este interrogante, la Sala abordará los siguientes temas (i) Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción (ii) la desviación de poder (iii) la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción y (iv) Naturaleza del cargo de la demandante. Cargos que ejercen autoridad política y administrativa y (v) análisis del caso concreto.
Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción
La existencia de los cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora, como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.
En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.
Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.
Sobre el particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Por su parte, el artículo 36 del CCA señala: «En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa», contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».
La desviación de poder. Diferencias entre desviación de poder y fraude a la ley.
Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de autonomía. Al contrario, el poder público es heterónomo, porque la normativa que regula dichas funciones establece deberes y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos. Por ello el artículo 6.º de la Constitución Política dispone que los servidores públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende «ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo, invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]».
Ahora bien, es necesario resaltar que la administración pública no puede incurrir en «abuso del derecho», porque solo es predicable de los particulares. Por esta potísima razón, no será objeto de discernimiento, quedando solamente el análisis en lo referente a la desviación de poder y el fraude a la ley.
Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.
El abuso o desviación de poder es creación jurisprudencial del Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el tema central del derecho administrativo es el control de la discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:
«La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]
[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir que la tendencia continúa […]»
Así las cosas, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma. Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades con el control constitucional, y que el control del exceso de poder, o la desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales. Algunos incluso sostienen que en el derecho administrativo no es necesario hablar de la constitucionalización, porque por su naturaleza es constitucional.
Por otra parte, fraude a la ley consiste «[…] en una conducta que aparentemente es conforme a una norma (a la llamada “norma de cobertura”), pero que produce un resultado contrario a otra u otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto (“norma defraudada”) […]». Se entiende entonces por «norma defraudada» aquella regulativa de mandato (imperativa o prohibitiva), que no es nunca una regla, sino un principio (ius cogens).
La «desviación de poder» y el «fraude a la ley» tienen una estructura similar y se presentan en aquellas acciones u omisiones que, prima facie, están abrigadas por una regla que confiere poder -apariencia lícita-, pero que, una vez consideradas todas las circunstancias, cambian de estatus deóntico, para calificarse como prohibidas. La diferencia entre la primera y la segunda, radica en que cuando se trata de poderes normativos privados, la figura pertinente es la del «fraude a la ley», pero cuando el marco normativo que confiere poderes es de carácter público, el juez debe apoyarse argumentativamente en la «desviación de poder».
Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder, el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo o una ley. En esos términos, al tratarse de un «ilícito atípico» provoca un daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser indirecto o mediato.
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha hecho el análisis desde esta misma óptica. Veamos la parte pertinente:
«[…] resulta incontrastable que la más clara manifestación de la vulneración a la moralidad administrativa es la desviación de poder, o el ánimo subjetivo del obrar de un funcionario o agente estatal con el fin de satisfacer un interés personal o de un tercero. No obstante lo anterior, también es posible que se ampare la moralidad administrativa por comportamiento de las autoridades públicas, de la administración estatal o de particulares en ejercicio de función pública, cuando al margen de que no se obre de manera dolosa o mal intencionada, sí se constate que la actuación pública atenta contra los postulados contenidos en los principios, valores y derechos constitucionales, e inclusive contra la ética objetiva que reflejan esos preceptos axiológicos o mandatos de optimización. […]»
Cabe anotar que algunos autores consideran que el «abuso de poder» para su configuración exige la intencionalidad, mientras que el «fraude de ley», no. Sin embargo, en el «abuso de poder» no siempre el elemento subjetivo o intencional es el distintivo, si se tiene en cuenta el siguiente matiz: El «abuso de poder» es una categoría más amplia que la «desviación de poder». En la «desviación» la ilicitud procede de la infracción del principio, por tanto, puede examinarse de manera objetiva. Mientras que en el «abuso de poder» puede darse a contrapelo de cualquier elemento de una norma que confiere poder (determinación del órgano competente, la forma del acto, etc.) y ese elemento del que se abusa, puede estar regulado, tanto por una regla como por un principio; si se trata de una regla, ello podría implicar la intencionalidad de violación.
A esta posición subjetivista se opone la tesis amplia que sostiene que la «desviación de poder» también puede darse en términos objetivos, esto es, sin que exista el elemento intencional. Ello no implica que se pretenda sustituir o borrar la tesis que resalta el elemento subjetivo o intencional, al contrario, se trata de tener las dos perspectivas.
(iii) La facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.
Respecto de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción cabe indicar que, por disposición expresa del inciso final del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo, su ejercicio no se encuentra sometido a las normas de la primera parte del código, relativas a los procedimientos administrativos. Entre otras cosas, ello supone, como se enunció, que el acto administrativo mediante el cual se ejerza no está en la necesidad de tener una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando se dispone la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción teleológica en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio.
Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar a la convicción de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido lo siguiente:
«[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.[…]»
(iv) Naturaleza del cargo de la demandante.
Para resolver el problema jurídico planteado resulta oportuno indicar que no se discute que el cargo de secretaria de despacho de la Secretaría de Equidad de Género, código 020-25, que desempeñaba la demandante en la Alcaldía Municipal de Envigado era de libre nombramiento y remoción, pues así consta en el Decreto de nombramiento 150 del 21 de febrero de 2008.
En efecto, según el artículo 16 del Decreto Reglamentario 785 de 2005, el cargo que ocupaba la señora Diana Carmenza Rúa Betancur era del nivel directivo y tenía como propósito «implementar la política pública de las mujeres urbanas y rurales del municipio de Envigado, a través de programas y proyectos que propenden por este fin». Dentro de ese marco, le correspondían funciones de dirección, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos institucionales, según el Manual Específico de funciones, competencias y perfil del empleo, que lo clasifica como de libre nombramiento y remoción.
Lo anterior corresponde a lo normado por la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, que señala en el artículo 5 que dentro de las excepciones a la regla general, según la cual los empleos de las entidades regulados por dicha ley son de carrera administrativa, se encuentran los cargos de libre nombramiento y remoción, a los que la norma en cuestión clasifica de la siguiente manera:
Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices, dentro de los cuales por expresa disposición de la norma se encuentran los secretarios de despacho.
Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los funcionarios de que trata el literal b) del numeral 2 del artículo en comento, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos
Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado.
Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos.
Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales.
Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera.
Aunque esta clasificación es de utilidad, debe ser objeto de reproche puesto que no se advierte en ella un común denominador en los cargos que componen cada una de las categorías, por el contrario, en una misma pueden observarse empleos con diferentes jerarquías y naturaleza de funciones. Lo anterior conduce a considerar que sería mucho más apropiado que los empleos de libre nombramiento y remoción fueran clasificados teniendo como criterio el contenido funcional que les corresponde y, con ello, el grado y el tipo de confianza que debe predominar en la relación laboral con el nominador. En ese sentido, la Sala estima importante diferenciar dichos empleos entre los que demandan una relación de confianza eminentemente política y aquellos en los que la confianza requerida es principalmente de índole profesional.
Al respecto, es oportuno señalar que la Corte Constitucional, en sentencia C-195 de 1994, contempló como uno de los criterios para identificar los cargos de libre nombramiento y remoción el hecho de que exijan una confianza plena y total o que supongan una decisión política, así:
«[…] como base para determinar cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y evaluación […]»
Ahora bien, que la Ley 909 de 2004 no haya realizado esta distinción, no obsta para que el juez lo haga al momento de estudiar el acto de declaratoria de insubsistencia de un empleo de dicha naturaleza como quiera que ello ha de influir directamente en el margen de libertad ínsito a la facultad discrecional de remoción.
En ese orden de ideas, es preciso establecer que el cargo que ocupaba la hoy demandante, además de ser de libre nombramiento y remoción y de pertenecer al nivel directivo, tiene una especial connotación porque se encuentra incluido dentro de los empleos que de conformidad con la Ley 136 de 1994, «por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios», ejercen autoridad política y administrativa. Así lo regulan los artículos 188 y 189 de la referida norma:
«Artículo 189o. Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo.
Artículo 190o. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.»
En relación con la primera, se ha dicho que es la que atañe al manejo del Estado y se reserva al Gobierno (art. 115 C.P.) y al Congreso (art. 150 ibidem), mientras que la segunda se ha entendido como «[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia […]»
Como puede observarse, el empleo de secretario de despacho se caracteriza por una especial naturaleza, pues más allá de ser un cargo de nivel directivo, que implica una relación mayor de confianza con el nominador, es un cargo que tiene asignado el ejercicio de autoridad política y administrativa, lo que a juicio de esta Sala, impacta de manera particular la forma en que debe analizarse la interacción laboral entre el empleado y quien lo designa pues, habida cuenta de la importancia suma de las funciones que ejerce al codirigir un determinado ramo, con la máxima autoridad ejecutiva del municipio, es apenas obvio que el empleo demande una relación de confianza cualificada con el superior, quien en estos niveles debe apoyarse en personal que se identifique política e ideológicamente con sus programas de gobierno. Por tal razón, tratándose de un empleo del nivel directivo de índole política, la continuidad del vínculo laboral depende de aspectos como (i) la seguridad que el funcionario inspire en su nominador; (ii) la necesidad de alineación en ideales políticos y en la ejecución del programa de gobierno; (iii) la temporalidad como un factor de la esencia del cargo, entre otros.
Lo anterior conduce a concluir que el contenido funcional de los empleos de libre nombramiento y remoción determina el rigor con el que debe someterse a juicio el uso de la facultad discrecional para declararlos insubsistentes. Así, en aquellos que se basan en esencia en la confianza política del nominador, la estabilidad en el empleo es particularmente frágil porque factores como los señalados hacen que la discrecionalidad para remover del cargo al funcionario deba concebirse de una forma más amplia con relación a aquellos empleos que responden, predominantemente, a relaciones de confianza profesional.
Bajo las anteriores consideraciones la Sala procederá a analizar el caso sub examine.
(v) Análisis del caso sub examine.
Medios de prueba
Al proceso se aportaron las siguientes pruebas relevantes a efectos de resolver el problema jurídico planteado:
Documentales:
Decretos 294 y 299 expedidos respectivamente el 20 y 21 de agosto de 2009 por el alcalde del Municipio de Envigado mediante los cuales se declara insubsistente del cargo de secretaria de despacho a la demandante (Ff. 22 y 24).
Decreto de nombramiento 150 del 21 de febrero de 2008 (F. 26).
Acta de posesión a partir del 21 de febrero de 2008 (F. 34).
Manual de funciones, competencias y perfil del empleo relacionado con el cargo de secretaria de despacho de Equidad de Género para la mujer (Ff. 29-33).
Autorización de servicios de Café Salud Medicina Prepagada en la que el ginecólogo Jaime Martínez Herrera hace constar que la demandante estuvo en consulta médica hasta las 9 am el día 19 de enero de 2009 (F. 34).
Denuncia de acoso laboral presentada por la actora ante la entidad demandada el 20 de agosto de 2009 (Ff. 36-40).
Decreto 312 del 1 de septiembre de 2009 mediante el cual se nombra a la señora Diana Carolina Torres García en el cargo de secretaria de despacho, código 020-25, que ocupaba la demandante y acta de posesión de la misma fecha (Ff. 44 y 45).
Diploma de grado 000018034-1 del 22 de octubre de 2008 mediante el cual se le concede el título de abogado a la señora Diana Carolina Torres García (F. 46).
Oficio 248 del 14 de julio de 2009 mediante el cual el secretario de Control Interno responde a la hoy demandante que «[…] una vez revisados los archivos físicos, la página web en el link de reclamos, quejas y sugerencias del Municipio NO se encontró ningún tipo de reclamo, queja o sugerencia de la Secretaría que usted lidera o de sus funcionarios […]» (F. 74).
Incapacidad médica de 30 días por diagnóstico fractura de maléolo lateral de pie derecho, expedida el 26 de junio de 2008 (F. 89).
Incapacidad médica de 2 días por diagnóstico laringofaringitis aguda, expedida el 2 de julio de 2009 (F. 112).
Comunicación del 24 de junio de 2009 dirigida a la hoy demandante en su calidad de secretaria de Equidad de Género, en la que integrantes de la mesa de trabajo de la mujer de Envigado le manifiestan (Ff.135-139):
«[…] hemos tratado durante en (sic) estos 15 meses de gestión y creación de la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, buscar un trabajo mancomunado para el empoderamiento y visibilización de nuestros derechos; vemos con extrañeza la apatía e inasistencia a los eventos y reuniones programadas […] para lograr las metas propuestas para las mujeres […] Vemos con preocupación la falta de estímulos de las mujeres para presentar propuestas o ideas de proyectos de las mujeres que representan las organizaciones al interior de los comité zonales; además las mujeres y organizaciones que han abanderado propuestas novedosas para las mujeres, han sido excluidas e invisibilizadas […] Por último, faltan acciones positivas encaminadas al mejoramiento de la atención en salud de las mujeres y la implementación y transversalización de la política pública […]»
Oficio SEG 208/09 del 13 de julio de 2009 mediante el cual la hoy demandante da respuesta a la anterior comunicación, manifestando que de ella habían recibido toda la colaboración y el apoyo en los asuntos solicitados y que su inasistencia a los eventos del 10 y 24 de junio de 2009 se debió a compromisos laborales ineludibles como un Consejo de Gobierno y una sesión en el Concejo Municipal (Ff. 140-144).
Comunicación del 1 de julio de 2009 suscrita por la señora Bárbara Villa Castañeda, dirigida a la hoy demandante, en la que se excusa por haber hecho parte de la misiva del 24 de junio de 2009 y señala que «[…] yo firmé esa carta sin consciencia plena de su contenido y de su poca claridad […]» (Ff.145-146).
Anamnesis de consulta médica del 26 de junio de 2009 por el diagnóstico de laringitis prolongada (Ff. 148-149).
Constancias expedidas por el SENA relativas a la aprobación de los siguientes cursos por parte de la señora Diana Carolina Torres García: Gestión presupuestal para entidades públicas: Estatuto orgánico del presupuesto (40 horas); análisis financiero (40 horas); contabilidad en las organizaciones empresariales (30 horas); estrategias gerenciales: gerencia de proyectos, gerencia para el emprendimiento, gestión tecnológica y gestión por resultados (60 horas); herramientas para la gestión de la formación profesional (40 horas) (Ff. 195-199).
Constancia expedida por la Institución Universitaria de Envigado respecto de la vinculación laboral de la señora Diana Carolina Torres García como docente de la cátedra de la facultad de ciencias empresariales, a partir del 2 de febrero de 2009 (F. 200).
Certificación expedida por el Municipio de Envigado respecto de la celebración de varios contratos de prestación de servicio con la señora Diana Carolina Torres García (F. 201).
Certificación expedida por la Fundación Centro de Apoyo para la Felicidad, CAFÉ, según la cual la señora Diana Carolina Torres García estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios así: entre noviembre de 2004 y junio de 2006 como asesora jurídica en temas civiles, comerciales y de familia; de julio de 2006 a febrero de 2007, como directora del proyecto CAFÉ; de julio de 2007 a enero de 2009 retomó sus labores de asesoría jurídica (F. 202).
Requisitos mínimos de estudio y experiencia para el cargo de secretaria de Equidad de Género (F. 389).
Certificación expedida por la Universidad de Medellín sobre el estudio de pregrado en derecho de la demandante y acta de grado (Ff. 392-393).
Respuesta proferida por la Universidad Pontificia Bolivariana al exhorto 386 de 2013 en la que informa acerca del estudio de pregrado en derecho y especialización en derecho comercial realizados en dicha institución por la señora Diana Carolina Torres García (Ff. 424-425).
Testimoniales:
Blanca Wbaldina Mesa Hurtado (Ff. 251-255): Era usuaria de los programas que ofrecía la Secretaría de Equidad de Género de Envigado e integrante de la organización que apoya tal materia en dicho municipio. Señaló que la hoy demandante:
«[…] no fue bien acogida por las representantes de las asociaciones de mujeres porque entre ellas se estaban diputando ese puesto, y decían que ella no era la persona indicada para ocuparlo, porque no llevaba o no tenía preparación ni el conocimiento para desempeñarse en él, y en cambio ellas si llevaban tiempo trabajando con las mujeres de Envigado […]»
Precisó que en el tiempo que la actora estuvo en el cargo no se vieron muchos frutos pero que gracias a su trabajo, en «este momento» ya se estaba viendo el avance. Anotó que al día siguiente de la declaratoria de insubsistencia de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur, convocó una marcha en la que varias mujeres pretendieron manifestar su descontento con la decisión, pero la misma fue disuelta a raíz de las amenazas de una funcionaria de la Alcaldía llamada Blanca Luz Restrepo y de la promesa que hiciere la Secretaría de Gobierno en cuanto a que el alcalde se reuniría con cinco de ellas para escucharles. Señaló que en su oficina, la hoy demandante trabajaba en hacinamiento y que no sintió cambio con la llegada de la funcionaria que le remplazo ya que siguieron recibiendo los mismos beneficios. Con relación al retiro del servicio de aquella, manifestó que no sabía la razón concreta pero que el alcalde les creía las quejas a las líderes de las asociaciones de mujeres.
Ana María Gallego Zapata (Ff. 255-262): Trabajó al mando de la demandante y su función era la atención de mujeres víctimas de la violencia. Señaló que el lugar de trabajo no se encontraba en condiciones apropiadas ya que tenían problemas de espacio e higiene, lo que ocasionó que la actora y demás compañeros padecieran constantes gripas y alergias. Atribuyó el hecho de que las condiciones de trabajo fuesen tales en un principio a la necesidad que había de crear una secretaría para la ayuda de las mujeres. Respecto de la relación de la demandante con el alcalde, indicó:
«[…] No sé como era la relación, yo me imagino como que de cordialidad como con todo el mundo, por lo menos ella nunca decía nada. Nunca vi. (sic) expresiones de ella en contra de él, o de él hacia ella. Eran normales entre un alcalde y una secretaria de despacho […]»
Manifestó que la hoy actora tenía que reportarse por computador siempre que llegaba a pesar de que los secretarios de despacho no tienen dicha obligación y agregó que, de una a dos veces por semana, de la dirección administrativa de talento humano hacían presencia en la oficina de la secretaría en cuestión, entraban, saludaban y se iban pero aseguró que no sabía que lo hacían con el fin de ver si la demandante estaba.
De otro lado, señaló que la señora Diana Carmenza Rúa Betancur era requerida con frecuencia para justificar sus incapacidades médicas pues al parecer no le creían. Sostuvo que la relación entre aquella y los empleados Blanca Luz Restrepo, quien era su secretaria, y Juan Guillermo Henao, también a su cargo, fue normal en un inicio pero con el paso del tiempo estos comenzaron a desatender sus órdenes y a hacer comentarios despectivos en contra suya, sin embargo aseguró desconocer el motivo para que ello fuera así.
Con relación al motivo de la declaratoria de insubsistencia de la actora, informó:
«[…] Con certeza no lo sé, pero si conocí por parte de las asociaciones y sus líderes que ese puesto no era para ella sino para una de las líderes y que el señor alcalde les tenía que responder con lo que se había comprometido en la campaña […]»
Con relación a la funcionaria Diana Carolina Torres García, quien remplazó a la demandante, señaló que sí cumplía con los requisitos para el cargo y que tenía muchos conocimientos y perfil para desempeñarlo.
Rodrigo de Jesús Restrepo Bolívar (Ff. 263-269): Fue concejal del Municipio de Envigado entre 2004 y 2008. Expresó su posición crítica respecto de la creación de la Secretaría de la Equidad de Género pues «[…] consideraba que ella y la de desarrollo económico, fueron creadas por compromisos políticos de campaña, por el elegido alcalde José Diego Gallo Riaño, y era sabido además que antes del nombramiento, esas secretarías tenían nombres propios, la de equidad de género se mencionaba la doctora Consuelo Londoño […]».
Señaló que durante los cuatro o seis primeros meses la demandante continuó ocupando el mismo lugar de trabajo que tenía cuando laboraba para la Contraloría pero luego se le designó a la Secretaría que lideraba un lugar de trabajo en condiciones inapropiadas que con el tiempo sería remplazado por otro sitio conocido como liceo el COFFE. Hizo alusión a la relación sentimental de quien fuere nombrada en remplazo de la demandante con el concejal Andrés Torres. De hecho, respecto de las causas de la declaratoria de insubsistencia objeto de este proceso, comentó:
«[…] El alcalde tenía la potestad de nombrar y retirar las personas de libre nombramiento y remoción, pero siempre critiqué la forma en que salio (sic) la doctora Diana porque siempre se comentó que políticamente iban a cumplir al concejal Andrés Torres con algunos compromisos políticos y que en parte de ello, se debía la salida de la doctora Diana Carmenza […]»
De la señora Diana Carolina Torres García, sostuvo que su nombramiento fue muy comentado porque no reunía todos los requisitos del cargo aunque en su momento no hizo la verificación de tal asunto. Adujo que la gestión desarrollada por la misma desmejoró notablemente la atención a las mujeres, motivo por el cual el declarante inició un debate de control político en el que expuso la relación sentimental aludida y el favorecimiento de personas allegadas al concejal Andrés Torres, al que atribuye la remoción del cargo de la citada.
Negó saber algo con relación a las constantes enfermedades de quienes hacían parte de la Secretaría de Equidad de Género y recordó que la oficina de empleos que se creó en asociación con el SENA también operaba en espacios muy reducidos, además de los sitios donde atendían los concejales que a su modo de ver eran prácticamente inexistentes.
Sandra Cristina Galán Betancur (Ff.269-272): Conocida de la demandante en razón de un trámite que fue a realizar al municipio de Envigado. Negó conocer las razones por las cuales la actora fue declarada insubsistente y a la pregunta si sabía si la demandante alguna vez le refirió algún tipo de presión sicológica o laboral por parte del alcalde contestó «[…] si en varias oportunidades hasta llorando me lo dijo, que el alcalde no la dejaba trabajar, que tenía a varias señoras de las organizaciones de mujeres en contra de ella […]».
Rocío del Socorro Durango Blandón (Ff. 272-274): Conocía a la demandante en razón de su condición de integrante del grupo de equidad de género del Municipio de Envigado y, posteriormente, se enteró que aquella era la sobrina de un amigo suyo. En cuanto a los motivos de la declaratoria de insubsistencia aseveró:
«[…] El conocimiento que yo tuve era de que el señor alcalde, otras mujeres de otras organizaciones creo que se llamaba la mesa de trabajo de la mujer tuvieron unos intereses creados entre ellos, para tratar de que Diana Carmenza no continuara en el cargo, porque primero que todo, el señor alcalde, la rosca ya que quería acomodar a estas mujeres que desde un principio no estuvieron de acuerdo con Diana Carmenza, él les prometió darles el puesto de trabajo de Diana Carmenza, que le trabajaran a interés de él, lo que Diana Carmenza no hacía. Esto fue lo que nos llegó al grupo […]»
Indicó que con la llegada de la funcionaria que remplazó a la hoy actora, las cosas continuaron iguales y que las instalaciones de la Secretaria en comento eran muy incómodas y desordenadas.
Ramiro de Jesús Vargas Muñoz (Ff. 275-283): Personero del Municipio de Envigado desde marzo de 2005 a febrero de 2012. Sobre la situación de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur adujo:
«[…] tuve conocimiento de conductas que se orientaban a constituir un acoso laboral en contra de la doctora […] más concretamente el hecho de que era la única secretaria de despacho que tenía que reportarle a la directora de talento humano, la doctora María piedad (sic) la hora de ingreso y la hora de salida de su oficina. Además también las condiciones en las que tenían trabajando al grupo que hacía parte de la secretaría de equidad de género […]»
Precisó que el alcalde había dispuesto a dos empleados, Juan Guillermo Henao Gómez y Blanca Luz Restrepo, a ejercer presiones indebidas respecto de la demandante y allegó con su declaración tres correos en los que los citados intercambiaban mensajes refiriéndose en términos despectivos a una mujer que no se identifica allí y sin que conste que dicho trato era inducido por otra persona (f. 299).
Agregó que el día que fue declarada insubsistente se le prohibió el ingreso a su lugar de trabajo a la hoy actora por lo que esta solicitó el acompañamiento de la personería pero a la llegada a su puesto encontró que su equipo de cómputo había sido formateado.
Sostuvo que por voces del señor Carlos Falcón, gerente del INDER, había tenido conocimiento de un regaño del que fue objeto la señora Diana Carmenza Rúa Betancur por parte del alcalde del Municipio de Envigado en un Concejo de Gobierno y que el puesto ocupado por esta era en principio para la hermana de Héctor Londoño, pero al conseguir esta una mejor plaza, el cargo quedó a disposición del alcalde.
A la pregunta de si a la señora Diana Carolina Torres García se le había hecho un debate de control político señaló que en dicha entidad se debatió la adjudicación de algunos contratos a personas cercanas políticamente al concejal Andrés Torres, lo que dio paso a la auditoría que realizó la contraloría municipal y a una investigación disciplinaria que comenzó la personería cuando se encontraba bajo su mando, sin embargo señaló desconocer los resultados de la misma en la actualidad.
María Isabel Lopera Vélez (Ff. 300-307): Fue secretaria de equidad de género para las mujeres en el Departamento de Antioquia entre 2008 y 2011. Afirmó que dentro de sus funciones debía brindar apoyo a la Secretaría de Equidad de Género de Envigado ya que tenía poco presupuesto de manera que se realizaban acciones conjuntas como eventos y conferencias. Señaló que el alcalde ejercía sobre la hoy actora actos constitutivos de acoso laboral, dentro de los cuales destacó las condiciones del puesto de trabajo, el presupuesto asignado a la cartera que lideraba y el hecho de tener que reportar su hora de llegada y salida de la oficina. Adujo que la señora Diana Carmenza Rúa Betancur no había encontrado apoyo en el mandatario municipal para el ejercicio de sus labores y que en varias oportunidades este canceló a última hora su asistencia a las reuniones a las que se le invitaban.
De la funcionaria Diana Carolina Torres García, quien remplazó a la demandante, precisó que no tenía experiencia en trabajo con mujeres, que al igual que aquella tenía que hacer permanentes luchas para obtener presupuesto y que conjuntamente realizaron actividades en pro de las mujeres del departamento.
En cuanto a las razones a las cuales respondía el acto de insubsistencia, la declarante aseveró, sin manifestar por qué tenía conocimiento de ello, que:
«[…] son de orden politiquero, es decir, el cargo lo quería para otra persona, lo que es una facultad que tienen los nominadores que asignan cargos de libre nombramiento y remoción, para lo que no estuvo debidamente asesorado el señor alcalde fue para la terminación de la vinculación laboral con la Doctora Diana Rúa, pero además para tratar de manera igual a su equipo de gobierno, evidentemente la Doctora Diana Rúa, siempre fue tratada de manera discriminada durante su administración […]»
También sostuvo que conocía algunos despachos de otros secretarios funcionando en espacios reducidos pero ninguno tan hacinado como el que tuvo que ocupar la actora y su equipo.
María Piedad Díaz Montoya (Ff. 321-328): Se desempeñó como directora administrativa de talento humano entre 2004 y 2011. Indicó que la demandante presentó varias faltas por incapacidad debido a diferentes causas, ninguna de las cuales fue calificada como enfermedad laboral. Negó que se hubiere presentado alguna circunstancia constitutiva de acoso laboral.
Señaló que el alcalde del Municipio de Envigado le solicitó la renuncia a la señora Diana Carmenza Rúa Betancur debido a sus constantes faltas al trabajo, a lo que esta se negó, resultando ello en la declaratoria de insubsistencia de su cargo. Agregó que ella misma le recibió el puesto a la demandante, a quien acompañó para que se hiciera entrega del mobiliario y de los procesos que ella tramitaba.
Recordó que fue citada a la Procuraduría con el fin de dar cuenta del cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo de secretaria de Equidad de Género por la funcionaria que remplazó a la actora. Al respecto, aseguró que esta los satisfacía ya que terminó materias en el año 2005, momento a partir del cual era viable que la misma adquiriera experiencia profesional según el Decreto 785 de 2005.
Negó que el alcalde le hubiere encargado vigilar a la señora Diana Carmenza Rúa Betancur pero dijo que aquel si le solicitó a esta que por intermedio del correo de la testigo reportara su momento de llegada y retiro de la oficina.
Con relación al sitio de trabajo que se le asignó a la Secretaría de Equidad de Género dijo:
«[…] Realmente el espacio asignado para el funcionamiento de la mencionada secretaria no era muy adecuado dado que fue un despacho que se creo (sic) cuando el alcalde Diego Gallo llego (sic) a dicha posición, el municipio de Envigado ha venido creciendo de manera acelerada y su infraestructura se ha quedado corta frente a esta situación […] no había privacidad para la secretaria de despacho ni para ninguno de los funcionarios […] era una secretaría recién conformada y todavía no se visionaba la cantidad de empleados que requerida (sic) para el desempeño eficaz de sus funciones. Por eso también aclaro al final de su labor como secretaria de despacho de equidad de género ya ella laboraba en un espacio más adecuado, nuevo, con mobiliario nuevo y en donde había más independencia de ella como jefe frente a sus empleados.»
Análisis de la Sala
Entre las competencias atribuidas a los alcaldes, el artículo 315 de la Constitución Política establece en su numeral 3 la de «Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes». (Negrillas fuera del texto original)
Por su parte, el Decreto 1333 de 1986, «por el cual se expide el código de régimen municipal», señala lo siguiente:
«ARTICULO 130. El Alcalde es el jefe de la administración pública en el Municipio y ejecutor de los acuerdos del Concejo. Le corresponde dirigir la acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración […]»
«ARTICULO 132. Las atribuciones generales de los Alcaldes son las siguientes:
[…]
7a. Nombrar y remover libremente los empleados de su oficina […]»
En el presente caso, se tiene que quien era el alcalde de Envigado para el año 2008 declaró a la demandante insubsistente del empleo de libre nombramiento y remoción que desempeñaba en calidad de secretaria de despacho de la Secretaría de Equidad de Género de dicho Municipio. Sobre el particular, la Sala realiza el siguiente análisis con apoyo en las consideraciones expuestas y las pruebas arrimadas al expediente.
Con relación a las condiciones precarias e inidóneas en que se encontraba el sitio de trabajo inicialmente destinado para la Secretaría de Equidad de Género, no se discute que en efecto durante algunos meses haya sido así pero se estima que tal hecho no es indicativo de la situación de acoso laboral que quiere hacer ver la demandante pues se entiende que en ocasiones la dinámica y disponibilidad de recursos del Estado no es la apropiada, lo que no justifica en modo alguno dicha circunstancia, que eventualmente podría ser generadora de otras consecuencias jurídicas en ámbitos distintos a los que aquí se discuten como por ejemplo en materia de riesgos laborales, más no de la que persigue hoy la actora.
El argumento se afianza si se tiene en cuenta, como señaló el a quo, que se trataba de una nueva cartera y que otras áreas también tuvieron que pasar por condiciones similares. Es claro que con lo anterior no se pretende generar un incentivo a este tipo de situaciones que dan cuenta de la falta de planeación en materia de infraestructura y recursos de trabajo que en ocasiones afecta la dinámica estatal, tan solo se reconoce que lamentablemente es una circunstancia que puede suceder, que es absolutamente reprochable desde ámbitos como la salud ocupacional pero no por ello es per se constitutiva de un acoso laboral, máxime si se tiene en cuenta que de las pruebas allegadas al expediente no se desprende que haya sido un asunto personal o retaliación en contra de la demandante sino más producto de la desidia y falta de voluntad de la administración para asignar a esta nueva cartera un presupuesto suficiente con el cual garantizar un sitio de trabajo apropiado y poder desarrollar los programas y políticas trazados.
Lo relativo al control del horario de la demandante a través de la remisión de correos a la directora de talento humano informando su ingreso y salida del sitio de trabajo es un hecho que se encuentra probado. Sin embargo, a juicio de esta sala el mismo no da cuenta de un acoso laboral debido a que tiene como sustento la pérdida de confianza que habrían generado las ausencias de aquella y las quejas de las asociaciones de mujeres del municipio, pues el descontento con la funcionaria era evidente para algunas. En ese orden de ideas, si bien en principio la demandante, por la naturaleza de su cargo no estaba en la obligación de registrar la hora de llegada y salida, nada obsta para que el mandatario ejecutivo, como su jefe superior y directo, controlase el desarrollo de sus funciones a través de la verificación del cumplimiento de su jornada laboral, lo que en modo alguno puede verse como una carga irrazonable.
En lo que se refiere a los motivos de índole político que habrían inspirado la remoción del cargo de la demandante, resulta necesario anotar que esta situación no está acreditada en el plenario pues las referencias que algunos declarantes hicieron sobre el particular se basan en meros rumores y comentarios que se escuchaban en la comunidad más no en una información concreta, directa y fehaciente que otorgue convicción en cuanto a que el alcalde tuviere una intención oculta, distinta a las razones del servicio, para declarar insubsistente del cargo a la señora Diana Carmenza Rúa Betancur. En ese orden de ideas, no se les reconocerá valor probatorio a lo afirmado por los testigos Ana María Gallego Zapata, Rodrigo de Jesús Restrepo Bolívar, Ramiro de Jesús Vargas Muñoz y Maria Isabel Lopera Vélez en cuanto a los fines «politiqueros» a los que habría obedecido la declaratoria de insubsistencia de la demandante como quiera que en sus declaraciones no explicaron el origen de sus dichos o lo atribuyeron a lo que habían escuchado de terceras personas.
Así, cuando fue interrogada sobre el motivo del retiro de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur, la testigo Ana María Gallego Zapata manifestó que «[…] Con certeza no lo sé, pero si conocí por parte de las asociaciones y sus líderes que ese puesto no era para ella […]»; de otro lado, el señor Rodrigo de Jesús Restrepo Bolívar anunció que «[…] era sabido además que antes del nombramiento, esas secretarías tenían nombres propios […] siempre se comentó que políticamente iban a cumplir al concejal Andrés Torres con algunos compromisos […]».
Es oportuno precisar, que los testimonios de referencia, también denominados de oídas o indirectos, han sido señalados por la doctrina como aquellos a través de los cuales «el juez no logra la representación de los hechos valiéndose directamente del testigo que los presenció, sino de otros que oyeron a aquél referirlos».
Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que por sí solos no constituyen medios contundentes que lleven a la certeza del juzgador sobre los hechos objeto de investigación al no constarle directamente la ocurrencia de los mismos sino por la percepción de quien se los transmitió. Sobre el particular sostuvo esta corporación:
«Sin duda, el testigo de oídas, debe soportar un examen muy riguroso por parte del juez para poder ser tenido en cuenta como medio probatorio, y vale la pena enfatizar que este servirá para demostrar hechos con apoyatura en otros medios de prueba, sin embargo, no se le puede restar eficacia de forma irreflexiva, toda vez que depende de cada caso y del análisis de su dicho en particular. Así las cosas, se tiene que este testimonio debe cumplir, como cualquier prueba, con características y cualidades lógicas que permitan al juez apreciarlos y valorarlos en su conjunto, pero siempre relacionado con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.»
De otro lado, es importante manifestar que las condiciones profesionales y correcto desempeño de la función no le da al servidor de libre nombramiento y remoción fuero de estabilidad alguno, pues aquellas, son calidades que son exigibles de cualquier persona que preste un servicio público. En ese orden de ideas, el hecho de que la hoy demandante hubiese realizado una buena gestión como secretaria de Equidad de Género del Municipio de Envigado, lo que afirmaron varios declarantes y controvirtieron otros, no desdice de las aptitudes de quien fuere nombrada en remplazo suyo para ejercer el cargo, como tampoco lo hace respecto de la presunción de mejoramiento del servicio que opera sobre el acto de insubsistencia pues aquella debe ser entendida en un contexto amplio que abarque el análisis de las competencias, experiencia, estudios y habilidades de los funcionarios saliente y entrante, como también las relaciones de confianza de estos con el nominador, cuestión última que resulta esencial para el buen desempeño y manejo de la administración pública, con mayor razón cuando, como en este caso, se trata de un secretario de despacho, a quien el mandatario local encomienda el direccionamiento de un área determinada a lo largo y ancho de la entidad territorial.
En sentir de esta Sala, en estos casos el margen de libertad, que no arbitrariedad, del nominador es más amplio ya que involucra una decisión de tipo político filosóficamente hablando, la cual favorece la presunción de mejora del servicio que opera respecto del acto de declaratoria de insubsistencia, presunción que al ser legal admite prueba en contrario cuando la misma lleva al operador judicial al convencimiento de que la aludida determinación responde a intereses amañados, particulares o simplemente ajenos a los que pretende satisfacer la norma que consagra la facultad discrecional.
En ese orden de ideas, si entre un funcionario que ocupa un cargo de nivel directivo con autoridad política y administrativa, y su nominador no hay un buen entendimiento a nivel laboral, y ello entorpece el desarrollo de la gestión pública, no resulta reprochable que para lograr una mejora en el servicio se decida la declaratoria de insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción, la que en todo caso, como se señaló, debe responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Como lo plantea la demandante en el debate que propone, una de las condiciones necesarias en los eventos de insubsistencia es que el funcionario nombrado en remplazo cumpla con los requisitos para el cargo, pues de no hacerlo este hecho se constituye en un importante indicio de la desviación de poder inmersa en aquella decisión. Establecido lo anterior, es necesario realizar un estudio de los requisitos mínimos de estudio y experiencia exigidos en su momento para el cargo de secretaria de despacho de Equidad de Género, los cuales se observan en el folio 389, así (i) Formación académica: Título profesional en derecho con conocimientos de familia y (ii) Experiencia: Dos años de experiencia profesional relacionada con el cargo.
La Sala encuentra que estos son satisfechos por la señora Diana Carolina Torres García si se tiene en cuenta que (i) cursó y aprobó estudios de derecho entre enero de 2000 y noviembre de 2005, obteniendo el título profesional el 22 de octubre de 2008 (ii) según el artículo 11 del Decreto 785 de 2005 la experiencia profesional «[…] Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo […]» (iii) para la fecha de su nombramiento, la citada tenía más de cuatro años de experiencia profesional y más de dos en temas relacionados.
En este punto, es relevante hacer mención a la declaración del señor Rodrigo de Jesús Restrepo Bolívar, quien como concejal del Municipio de Envigado entre 2004 y 2008 indicó que la gestión desarrollada por la señora Diana Carolina Torres García desmejoró la atención a las mujeres, sin embargo más allá de referirse a los supuesto móviles políticos a los que dijo obedecía su nombramiento, no explicó el porqué de su manifestación y la manera en que se habría visto perjudicada la comunidad femenina del Municipio de Envigado. Lo anterior, sumado al hecho de que sus afirmaciones no encontraron eco en los demás testimonios y que su oposición al gobierno municipal de ese entonces era manifiesta, impide tener por probado que el remplazo de la hoy actora conllevó una desmejora del servicio.
Con relación al desempeño laboral de la demandante y de quien fuera nombrada en remplazo suyo, se puede rescatar lo siguiente de las declaraciones rendidas. La testigo Blanca Wbaldina Mesa Hurtado, usuaria de los programas que ofrecía la Secretaría de Equidad de Género de Envigado e integrante de la organización que apoya tal materia en dicho municipio, precisó que en el tiempo que la actora estuvo en el cargo no se vieron muchos frutos; en cuanto a la labor de la segunda omitió hacer algún reproche. Por su parte, la testigo Ana María Gallego Zapata, quien trabajó al servicio de la Secretaría de Equidad de Género del Municipio de Envigado cuando se encontraba al mando tanto de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur como de la señora Diana Carolina Torres García, señaló que la última cumplía con los requisitos para el cargo y que tenía muchos conocimientos y perfil para desempeñarlo. Finalmente, la declarante Rocío del Socorro Durango Blandón, quien hacía parte del grupo de trabajo de la Secretaría en cuestión, sostuvo que con la llegada de la funcionaria que remplazó a la hoy actora, las cosas continuaron iguales.
De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:
La naturaleza del empleo de secretaria de Equidad de Género del Municipio de Envigado es de libre nombramiento y remoción.
Las calidades profesionales y personales de la señora Diana Carmenza Rúa Betancur no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.
No se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos para el desempeño del cargo y según se afirmó en el plenario la labor se continuó desarrollando en las mismas condiciones.
No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a represalias, motivos de índole personal, politiqueros u otros distintos del mejoramiento del servicio, en los términos en que debe entenderse dicha acepción según las consideraciones anotadas previamente. Los testimonios dirigidos a hacer valer un interés político en la insubsistencia de la parte actora eran de oídas ya que en modo alguno manifestaron el conocimiento directo de tales móviles, lo que resta credibilidad a sus dichos e impide a esta corporación generar el convencimiento necesario para acceder a las pretensiones de la demanda.
En conclusión, para la Sala no hay lugar a predicar una desviación de poder en la expedición de los actos demandados, por medio de los cuales se declaró a la demandante insubsistente en el cargo de secretaria de despacho de Equidad de Género, pues no se advierten méritos suficientes para considerar que la decisión se fundó en razones distintas al servicio.
Aceptación de renuncia al poder y reconocimiento de personería
En atención a la manifestación hecha por la apoderada Sandra Soledad Agudelo Álvarez entre los folios 536 y 538 del expediente, y por reunir los requisitos de que trata el artículo 76 del CGP, se aceptará la renuncia al poder que hace la profesional para representar los intereses del Municipio de Envigado dentro del actual proceso.
De otro lado, se reconocerá personería al abogado Luis Fernando Cadavid Tejada, identificado con cc 1.037.610.108, quien es portador de la T.P. del C. S. de la J. 265.314, para actuar en calidad de apoderado judicial del Municipio de Envigado, en los términos y para los efectos del poder que obra en el folio 541 del expediente.
Decisión de segunda instancia.
Conforme lo expuesto, confirmar la sentencia proferida el 15 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Descongestión, el 15 de abril de 2015, en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Diana Carmenza Rúa Betancur contra el Municipio de Envigado.
Segundo: Acéptese la renuncia que presentó la abogada Sandra Soledad Agudelo Álvarez al poder otorgado por el Municipio de Envigado, por reunir los requisitos de que trata el artículo 76 del CGP.
Tercero: Reconózcase personería al abogado Luis Fernando Cadavid Tejada, identificado con cc 1.037.610.108, quien es portador de la T.P. del C. S. de la J. 265.314, para actuar en calidad de apoderado judicial del Municipio de Envigado, en los términos y para los efectos del poder que obra en el folio 541 del expediente.
Cuarto: Sin costas, por lo brevemente expuesto.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: JORM/Lmr.
Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicación: 050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya.
Sentencia T-372 de 2012.
Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA.
Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid, Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.
Ob. Cit. pág. 74
Ob. Cit. pág. 127. Nota: El juez de la acción popular en cada caso concreto, se apoyará en una u otra figura: Desviación de poder –autoridades públicas-. Fraude a la ley –particulares- Ver art. 9 de la L. 472. d
Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, exp. AP 2004-640, M.P. Enrique Gil Botero. Ver también, Sección Tercera, Subsección C, Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia del 26 de noviembre de 2013. Radicación: 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP).
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de marzo de 2006. Radicación: AP- 130012331000200300239-01. Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 98, que cita a Carmen Chinchilla: La desviación de poder. 2.ª ed. Madrid, Civitas, 1999, pág. 116.
Ob. Cit. pág. 99.
Ob. Cit. pág. 101.
Ob. Cit. pág. 113
Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; expediente. 170012331000200301412 02(0734-10).
F. 26.
El artículo 4 del Decreto 785 de 2005 es del siguiente tenor «Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: 4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos […]».
F. 29-33.
Aunque pueda parecer una obviedad, es importante señalar que las referencias hechas a la política dan cuenta de su acepción filosófica, esto es, como disciplina esencial dentro de la organización de un Estado y no en el sentido despectivo en el que popularmente se le entiende a raíz del extenso fenómeno de corrupción que ha alcanzado las más altas esferas políticas de nuestro país.
Citado en sentencia del 15 de febrero de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Ref.: 11001-03-15-000-2010-01055-00
La declaración fue tomada en audiencia del 7 de mayo de 2013.
PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Decimo Edición, Bogotá D.C., 2011, p:346.
En este sentido ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, radicación: 11001-03-25-000-2013-01217-00(3065-13), Actor: Rubén Darío Gómez Castañeda; Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2004, radicación: 68001-23-15-000-1995-04658-01(14658), Actor: Jorge Eliecer Urrego Hilarion.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 7 de julio de 2011; radicación: número: 20001-23-31-000-1999-00136-01(21156); actor: Esther Paz y otros.
Ff. 536-538.
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