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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01068-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01068-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello contra el Distrito Capital de Bogotá, Caja de Vivienda Popular. Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderada de la Caja de Vivienda Popular, a la abogada Zolangie Carolina Franco Díaz, identificada con cédula de ciudadanía 53.049.746 y portadora de la tarjeta profesional 166.377 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el memorial de poder obrante a folio 2 del archivo en PDF enviado como mensaje de datos al correo electrónico de la Secretaría de la Sección Segunda el 5 de abril de 2021 y registrado en el programa SAMAI en índice 17. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-01068-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

7 de abril de 2022

1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: AYDEÉ MARQUEZA MARSIGLIA BELLO
Demandados: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, CAJA DE
VIVIENDA POPULAR

Temas: Declaratoria de insubsistencia. Cargo de libre
nombramiento y remoción. Empleada en período de
lactancia. Presunción derivada del fuero de
estabilidad laboral reforzada por maternidad.
Extremos temporales de operancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-067-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 2 a 3)

1. Declarar la nulidad de la Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016
expedida por el director general de la Caja de Vivienda Popular, por
medio de la cual dicha autoridad declaró insubsistente el nombramiento
de la demandante en el cargo de directora técnica de urbanizaciones y
titulación de la mentada entidad.

2. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada
reintegrar a la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello en el mismo
empleo que desempeñaba al momento de su desvinculación, o a otro de
similares o superiores condiciones.

1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

3. Conminar a la parte pasiva al pago de todos los salarios, prestaciones
sociales, auxilios y demás emolumentos a que tiene derecho, desde la
fecha en que fue retirada del servicio hasta que se produzca el reintegro.

4. Declarar que para todos los efectos legales no ha existido solución de
continuidad en la prestación del servicio.

5. Condenar a la entidad demandada «por daño emergente» al pago de la
pérdida del valor adquisitivo del peso colombiano, entre la fecha en que
se produjo la desvinculación hasta que se ocasione el pago de los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados.

6. Ordenar a título de «lucro cesante» el pago de los intereses comerciales
de las sumas dejadas de percibir, desde el retiro del servicio hasta la
fecha de la cancelación aquellos.

7. La liquidación de la condena deberá actualizarse tomando como base el
IPC o al por mayor, conforme lo regula el artículo 187 del CPACA.

8. Ordenar el pago de las costas y agencias en derecho que se causen.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 4)

1. La señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello se vinculó a la Caja de
Vivienda Popular desde el 8 de noviembre de 2013 como profesional
especializado, código 222, grado 05, cargo del cual tomó posesión el 13
del mes y anualidad en comento, al superar el concurso de méritos
adelantado por dicha entidad en su planta de empleos temporales.

2. La demandante sobresalió en el desempeño de sus funciones en el
mencionado empleo, razón por la cual, a través de Resolución 928 del
816 de junio de 2014, la Caja de la Vivienda popular la nombró como
directora técnica de urbanizaciones y titulación, cargo del cual se
posesionó el 1.° de agosto del mencionado año.

3. El día 28 de septiembre de 2015, la señora Aydeé Marqueza Marsiglia
Bello notificó a la Caja de la Vivienda Popular que se encontraba en
estado de embarazo, en todo caso, continuó en el desempeño de sus
funciones.

4. Posteriormente, por medio de Oficio 216IE2175 del 26 de abril de 2016, la
libelista remitió el certificado de licencia de maternidad, la cual dio inició el
28 del mes y año señalados, y solicitó que una vez finalizada aquella, le
fueran reconocidos dos períodos de vacacionales pendientes. En efecto,
por medio de Resoluciones 3319 y 3320 de 2016, la Caja de la Vivienda
Popular le reconoció el disfrute de las vacaciones peticionadas.

5. La demandante se reincorporó a sus labores el 16 de septiembre de
2016, empero «de manera abrupta, arbitraria y discriminatoria», en la
mencionada fecha y sin mediar justificación alguna, le fue notificada el
contenido de la Resolución 4800 por medio de la cual se le declaró
insubsistente.

6. El director de la Caja de la Vivienda Popular al momento de comunicarle
su desvinculación del cargo, le manifestó de manera verbal «su bebé ha
llegado en mal momento», por cuanto no había permitido la continuidad
en la prestación del servicio y por ello era necesario prescindir de ella.

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

7. La señora Marsiglia Bello durante el tiempo en que estuvo vinculada
siempre se caracterizó por su entrega total en el ejercicio de sus
funciones, pues aun durante su gestación nunca se negó a desplazarse a
las diferentes localidades de la ciudad con el fin de reunirse con las
comunidades que eran sujetos de atención de la mentada Caja, y siempre
demostró su responsabilidad en las labores desempeñadas, a pesar de
ello, fue abiertamente discriminada y fue retirada del servicio oficial a
pesar de encontrarse en período de lactancia.

8. En su reemplazo fue nombrado el señor Juan Pablo Velásquez quien era
subdirector administrativo y ejerció en encargo como director de
urbanizaciones y titulación mientras la demandante hacía uso de su
licencia de maternidad y los períodos vacacionales acumulados.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por los sujetos procesales se convierten en una eficiente guía
para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación
de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de
partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la
sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 13 de octubre de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

«El magistrado señaló que la entidad demandada contestó la demanda en tiempo
sin proponer excepciones previas que deban resolverse en esta etapa. Por otro
lado, el Despacho no observó hechos constitutivos de excepciones previas que
deban decidirse de oficio.» (Folio 313 y en CD visible a folio 312 del
expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] La presente controversia se contrae a determinar si la señora AYDEE (SIC)
ARQUEZA MARSIGLIA BELLO tiene derecho o no, a que se le reintegre al cargo
que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría. Y de
reintegrársele, si es procedente reconocérsele y pagársele los salarios y
prestaciones dejados de percibir durante el periodo transcurrido desde la fecha
en que fue desvinculada hasta cuando fuere reintegrada. Así como también, si

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

(2015).

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

hay lugar al reconocimiento de perjuicios solicitados en la demanda.» (Folio 313
y en CD obrante a folio 312 del plenario).

SENTENCIA APELADA
(Folios 439 a 446)

El a quo profirió sentencia escrita el 13 de diciembre de 2019, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia inicialmente señaló que acorde con lo
previsto en el literal a), numeral 2.° del artículo 5.° de la Ley 909 de 204, el
cargo desempeñado por la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello era de
libre nombramiento y remoción, motivo por el cual el acto que la declaró
insubsistente no debía ser motivado.

En cuanto al alcance de la protección laboral reforzada en las condiciones de
maternidad y la lactancia, señaló que la jurisprudencia constitucional en
sentencia SU-017 de 2013, unificó su criterio al resaltar que la garantía de
permanecer en el empleo se otorga «hasta que se configure la licencia de
maternidad o de ser ello imposible, tiene el derecho al pago de salarios y
prestaciones hasta que la trabajadora empieza a gozar de la licencia de
maternidad».

Seguidamente, a partir de los medios de pruebas aportados al plenario,
advirtió que la libelista disfrutó de su licencia de maternidad, una vez
finalizada aquella, le fueron otorgados dos períodos vacacionales que
terminaron el 15 de septiembre de 2016, y toda vez que el acto
administrativo que la declaró su insubsistencia data del 16 de septiembre de
la citada anualidad, ya había superado su etapa de gestación y lactancia.

De otro lado, consideró que el testimonio del señor Richard Eduardo López
Torres no otorgaba certeza de que la desvinculación de la demandante haya
sido como consecuencia de su embarazo, habida cuenta de que cuando
existe un cambio de administración, este conlleva al reemplazo del director y
de su equipo de trabajo, y para el caso de la señora Marsiglia Bello no se dio
de manera concomitante, dado su estado de maternidad y la posterior
licencia, pero una vez finalizado el período correspondiente, se procedió a su
retiro.

Bajo este contexto estimó que la libelista no gozaba de fuero de estabilidad
alguno y en todo caso, el cargo por ella ocupado era de libre nombramiento y
remoción, motivo por el cual el nominador podía desvincularla del servicio sin
necesidad de motivar el acto, en ejercicio de la facultad discrecional otorgado
por la ley para ese tipo empleos.

Concluyó que la demandante no demostró que el acto de retiro se
encontraba viciado de nulidad por falsa motivación o desviación de poder,
por lo que era procedente denegar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 455 a 463)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada, para lo cual
manifestó que el a quo desconoció que el período de lactancia no se había
superado, de manera que la libelista tenía derecho a la protección
constitucional reforzada, toda vez que aquella dio a luz a su hijo el 5 de mayo
de 2016, por lo que su vinculación laboral debió extenderse hasta al menos

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el 5 de noviembre de 2016, acorde con lo regulado en el artículo 238 del
Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el artículo 240 ibidem
que consagra la necesidad de contar con la autorización previa del Ministerio
del Trabajo para proceder al retiro del servicio, análisis que fue omitido en la
providencia de primera instancia por lo que adolece de defecto fáctico y
sustantivo.

Al respecto, puntualizó que «equivocadamente» se consideró que el fuero de
inamovilidad solo comprendía el tiempo del embarazo y la licencia de
maternidad, sin embargo, dicha protección para la mujer y su hijo, se
prolonga hasta al menos los primeros seis meses de vida del bebé, esto es,
durante el período de lactancia, a pesar de ello, en el país se siguen
presentando hechos que constituyen discriminación por razón de tal
condición, que conlleva a una situación de indefensión de la mujer gestante
frente a su empleador.

Luego, citó los mecanismos internacionales que en su sentir protegen el
derecho de la mujer a continuar en el empleo durante el embarazo, la
licencia de maternidad y la lactancia, con el fin de resaltar que la presunción
de despido con ocasión de la maternidad debe comprender éste último
período también, pues de otro modo, la estabilidad laboral reforzada
quedaría inane.

De otra parte, señaló que el cargo de desviación de poder sí se demostró,
ello en consideración a que el tribunal de primera instancia solo tuvo en
cuenta el testimonio de la señora Sandra Lorena Guacaneme Urueña, sin
otorgar valor probatorio a las demás declaraciones practicadas en el
proceso, con los cuales se demuestra que dicha testigo «faltó a la verdad»,
motivada por su condición de directora corporativa de la Caja de la Vivienda
Popular y que participó en la expedición del acto administrativo demandado,
por lo que su responsabilidad podría verse comprometida en caso de que se
declare que la desvinculación de la demandante fue ilegal.

Aunado a lo anterior, afirmó que no es lógico que una persona que se
desempeñó de manera proba en sus funciones, inclusive durante el tiempo
de la licencia de maternidad, haya solicitado el «favor» para que la
declararan insubsistente con el fin de hacer efectivo un seguro de desempleo
cuya cuantía no puede ser comparable con el salario que percibía con
ocasión del cargo que desempeñaba la señora Marsiglia Bello en la entidad
demandada.

Sobre le punto, aludió que la tesis de un supuesto acuerdo para el retiro del
servicio de la libelista no se planteó al momento de contestar la demanda, en
especial porque el abogado de la parte pasiva en el sub lite, conocía muy
bien las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales tuvo lugar la
desvinculación que hoy se demanda, habida cuenta que aquel fungía como
asesor de la entidad y aconsejó la insubsistencia.

Seguidamente manifestó que, al realizar un análisis integral de las pruebas
recaudadas, se evidencia claramente que nunca existió ese acuerdo, dado
que el querer de las directivas de la Caja de la Vivienda Popular era apartar a
la libelista de su cargo por haberse separado tanto tiempo de sus funciones,
que se traduce en una grave discriminación fundamentada en la condición de
lactancia que ostentaba en ese momento.

Por último, refirió que se extraña la ausencia de examen en la sentencia
objeto del recurso de alzada, en cuanto a la actitud discriminatoria hacia las
mujeres por parte de las directivas de la entidad demandada, en tanto,
paulatinamente las desvinculó a todas, cargos que fueron ocupados por

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hombres, tal como se observa en la certificación aportada al plenario,
circunstancia que es prueba indiciaria de la segregación que se depreca en
el presente caso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (índice 16 SAMAI): instó que se revoque la sentencia
impugnada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, para
lo cual reprodujo en su totalidad los argumentos esbozados en el recurso de
apelación.

Caja de Vivienda Popular (índice 17 SAMAI): solicitó la confirmación del
fallo de primera instancia, y para tal efecto señaló que la estabilidad laboral
reforzada no puede ir más allá del tiempo que perdure la licencia de
maternidad, pues es claro el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo,
prevé que el despido se presume efectuado por motivos de gestación o
lactancia cuando se realice en el período de embarazo y dentro de los tres
meses posteriores al parto, lo cual no ocurrió en el sub examine.

Aunado a lo anterior, la demandante no logró probar alguna actuación
ejercida con desviación de poder y la cual le haya causado un agravio
injustificado a la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello, al contrario, a
aquella se le respetó su derecho a la estabilidad laboral hasta cuando
culminó su licencia de maternidad y los períodos de vacaciones por ella
solicitados, tal y como quedó acreditado dentro del proceso.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia secretarial visible a folio 475 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los planteamientos expuestos en el recurso de apelación. En el presente
caso solo fue presentado por la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales
se resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿La demandante se encontraba cobijada por un fuero de protección
laboral reforzada de maternidad y particularmente por la presunción
legal derivada de éste, al momento en que la Caja de Vivienda
Popular a través de la Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016,
declaró insubsistente su nombramiento como directora técnica, código
009, grado 02 de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la
mentada entidad, al punto de viciar de nulidad ipso iure el acto
administrativo en cuestión?

2. ¿La libelista demostró que la Resolución 4800 del 16 de septiembre
de 2016, fue proferida en razón de su condición de maternidad y por lo
tanto con el desbordamiento de la proporcionalidad en el ejercicio de

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la facultad discrecional que le confiere la Constitución y la ley a la
administración para declarar la insubsistencia de cargos de libre
nombramiento y remoción, tanto como para constituir desviación de
poder?

Primer problema jurídico

¿La demandante se encontraba cobijada por un fuero de protección laboral
reforzada de maternidad y particularmente por la presunción legal derivada
de éste, al momento en que la Caja de Vivienda Popular a través de la
Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016, declaró insubsistente su
nombramiento como directora técnica, código 009, grado 02 de la Dirección
de Urbanizaciones y Titulación de la mentada entidad, al punto de viciar de
nulidad ipso iure el acto administrativo en cuestión?

Al respecto la Subsección sostendrá como tesis que: para el momento de
expedición del acto demandado, la señora Marsiglia Bello no era beneficiaria
de la figura presuntiva sobre ilegalidad en su desvinculación derivada del
fuero de maternidad, y por lo tanto dicha decisión no adolece de nulidad per
se, puesto que le correspondía a aquella demostrar lo propio, tal como se
explica a continuación:

 De la maternidad y el marco normativo aplicable en materia
laboral para su protección

Sea del caso precisar en esta oportunidad que la maternidad ha sido
considerada no solo como una etapa natural en el proceso biológico de la
mujer, sino también una condición personal de ésta con efectos sociales y
jurídicos relevantes. En el anterior sentido, la verificación del mentado
supuesto fáctico conlleva la necesidad de protección y priorización de sus
garantías por parte del Estado, a fin de preservar el desarrollo en sociedad
tanto de la madre como de su hijo. Al respecto se observa que la propia
Constitución Política previó la esencia del postulado en comento al
contemplar en su artículo 43 lo siguiente:

«ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de
especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.»
(Resaltado de la Sala).

Ahora bien, el ámbito de protección constitucional referido en precedencia,
se expande a las diferentes aristas de desenvolvimiento personal de una
mujer gestante, tal como lo es el aspecto laboral, ello habida cuenta de que
el derecho fundamental al trabajo implica en principio la fuente total o parcial
de sustento del binomio madre hijo y por consiguiente su adecuado
desarrollo. Lo expuesto tiene su origen tanto en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículo 25), como en el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad de 1952, normativa internacional que al ser
ratificada por el Estado colombiano generó un imperativo de control de
convencionalidad en los casos de mujeres trabajadoras en estado de
embarazo o lactancia y por consiguiente la creación de un fuero de
estabilidad laboral reforzada que propendiera por la eliminación de todo tipo

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de discriminación o «actos de represalia» por parte de los empleadores
respecto de las empleadas en la condición aludida3.

Bajo este contexto es que la normativa interna tuvo que ajustar sus
mandatos a fin de garantizar los postulados de protección señalados,
específicamente en lo referente a los servidores públicos, se observa que el
Decreto Ley 3135 de 19684, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969,
consagraron lo propio en esta materia, al respecto los artículos 39 y 40 de la
última norma en cita rezan:

«ARTÍCULO 39.- Prohibición de despido.

1. Ninguna empleada oficial podrá ser despedida por motivo de embarazo o
lactancia.
2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del
parto o aborto, solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada por
justa causa comprobada y mediante la autorización expresa que al
efecto deberá solicitarse del respectivo inspector del trabajo, cuando se
trate de trabajadoras vinculadas por contrato de trabajo.

Si la empleada oficial estuviere vinculada por una relación de derecho
público, se requerirá para tal efecto resolución motivada de la
correspondiente entidad nominadora.

ARTÍCULO 40.- Presunción de despido por embarazo. Se presume que el
despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando tiene
lugar dentro de los períodos señalados en el artículo anterior y sin la
observancia de los requisitos exigidos en dicha norma legal.». (Negritas de
la Sala).

Las anteriores disposiciones fueron derogadas por los artículos 2.2.31.1 y
2.2.31.2 del Decreto 1083 de 20155 (vigente para la época de los hechos),
que se encargaron de reproducir lo citado anteriormente, conforme se
observa a continuación:

«Artículo 2.2.31.1. Prohibición de despido.

1. Ninguna empleada pública ni trabajadora oficial podrá ser despedida por
motivos de embarazo o lactancia.

2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del
parto o aborto, solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada por
justa causa comprobada y mediante la autorización expresa que al efecto
deberá solicitarse del respectivo Inspector del Trabajo, cuando se trate de
trabajadoras vinculadas por contrato de trabajo.

Si la empleada pública estuviere vinculada por una relación de derecho
público, se requerirá para tal efecto resolución motivada de la
correspondiente entidad nominadora.

Artículo 2.2.31.2. Presunción de despido por embarazo. Se presume que el
despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando
tiene lugar dentro de los períodos señalados en el artículo anterior y sin

3 Esta posición ha sido esbozada y reiterada en esta Corporación en sentencia del 9 de abril

de 2014 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, radicado 05001-23-31-000-2003-03647-01(1826-13).
4 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el

privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales».
5 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función

Pública».

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la observancia de los requisitos exigidos en dicha norma legal.».
(Cursiva del texto original, negrillas de la Subsección).

A su turno, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo vigente para la
época de los hechos, toda vez que la Ley 1822 de 2017 empezó a regir el 4
de enero de 20176, señaló:

«Artículo 239.Prohibición de despido.

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o
lactancia.

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o
lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo
dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las
autoridades de que trata el artículo siguiente.

3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo que sean
despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho
al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días (60)
días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el contrato de trabajo.

4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al pago de las
catorce (14) semanas de descanso remunerado a que hace referencia la
presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de
parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en
caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la
fecha del alumbramiento y el nacimiento a término.». (Negrillas fuera del
texto original).

Según se desprende de lo transcrito, en el marco de una relación legal y
reglamentaria también se crea un fuero de estabilidad laboral reforzada para
las mujeres (servidoras públicas) en embarazo y lactantes durante los
extremos temporales señalados en la norma citada, con base en el cual se
impide su desvinculación injustificada o carente motivación legal, en razón o
con fundamento de dicha condición.

Al respecto, la Sección Segunda7 precisó: «[…] la mujer embarazada goza de
derecho a no ser desvinculada de su empleo, a menos que exista una razón
suficiente y admisible que permita su desvinculación. […] el fuero de maternidad no
sólo involucra prerrogativas económicas en favor de la trabajadora embarazada,
sino también garantías de estabilidad en el empleo, por lo que los despidos en ese
periodo se presumen, que son consecuencia de la discriminación que el
ordenamiento jurídico reprocha. […] la especial protección constitucional de la
servidora pública durante el periodo de gestación ó (sic) dentro de los tres
meses siguientes al parto, cualquiera que sea el tipo de su vinculación, impone
una carga argumentativa específica del acto administrativo que la retira del
servicio». (Negrillas fuera del texto original).

Conforme a lo afirmado y para materializar la garantía constitucional aludida,
se advierte que el ordenamiento jurídico fijó una presunción legal (iuris
tantum, que admite prueba en contrario), relativa a que una declaratoria de
insubsistencia bajo tales supuestos, permite asumir automáticamente que
ésta tuvo como sustento el hecho de que la funcionaria sea madre, y por lo

6 «Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia,
se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones». Dicha normativa amplió de 14 a 17 semanas de descanso remunerado.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de junio de 2008,

radicado: 70001-23-31-000-2001-01614-01 (2998-2005).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

tanto se infiere la configuración un trato discriminatorio proscrito e ilegal que
viciaría ipso iure el acto administrativo respectivo, a menos que la entidad
empleadora demuestre lo contrario, ello en la medida en que se invierte la
carga probatoria y se impone a esta última, pues ese es el fin del mecanismo
presuntivo de protección especial para este tipo de casos.

No obstante lo anterior, resulta imperioso resaltar que si bien la protección de
inamovilidad laboral para las mujeres gestantes o las madres propiamente
dichas, está prevista temporalmente para que tal beneficio sea efectivo
desde el momento del embarazo hasta la culminación del período de
lactancia (6 meses a partir de la fecha del parto), lo cierto es que la
presunción derivada en comento, también tiene un límite en el tiempo y
corresponde a todo el lapso de duración de la gestación y los 3 meses
siguientes al nacimiento.

El período de 6 meses en comento, se infiere a partir del inciso final del
artículo 35 del Decreto 1848 de 1969, modificado en lo pertinente por el
artículo 1.° del Decreto 722 de 1973, que previó lo siguiente: «[…] Las
empleadas oficiales tienen derecho a los mismos descansos de que trata el artículo
7.° de la Ley 73 de 1966.».

Pues bien, el artículo 7.° de la referida ley estipuló : «El patrono está en la
obligación de conceder a la trabajadora dos descansos, de treinta (30) minutos cada
uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el
salario por dicho concepto, durante los descansos y las licencias mencionadas.».

Y sobre este tipo de descansos, el artículo 238 del Código Sustantivo del
Trabajo puntualizó en lo referente a los tiempos de lactancia que:

«El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos,
de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo,
sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis
(6) meses de edad. […]».

Por ello, la figura presuntiva en alusión no cubre el total de la etapa de
lactancia como lo manifiesta la libelista, sino solo hasta los 3 primeros meses
de aquella. En ese sentido, el período restante, a pesar de ser constitutivo de
fuero en cuanto al concepto de no desvinculación laboral, revierte
nuevamente la imposición de la carga probatoria, la cual vuelve a ser
responsabilidad de la madre trabajadora y no del empleador, por lo que en
efecto, le corresponde a la primera demostrar que su retiro fue con ocasión
de su condición de maternidad.

Dicha tesis ha sido sostenida por esta Subsección8 en sentencia del 8 de
octubre de 2020, al analizar un caso de contornos similares fácticos al aquí
expuesto, en la cual se sostuvo:

«Conforme a los hallazgos enlistados ut supra, es dable deducir que aun en el
entendido de que la libelista era beneficiaria del fuero de estabilidad laboral
reforzada por su condición de madre lactante a la fecha de estructuración de
la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento como directora técnica
de la Caja de Vivienda Popular, la cual tuvo lugar el 31 de octubre de 2012
(en tanto el período en comento era efectivo hasta el 11 de diciembre del
mismo año), lo cierto es que desde el 12 de septiembre de dicha anualidad,
había dejado de operar la presunción sobre la ilegalidad de aquella decisión
administrativa, conforme a la condición temporal de la aludida figura, prevista

8 Radicado: 25000-23-42-000-2013-02283-01 (0093-2017), en un proceso de contornos
similares a los aquí analizados.

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

en el artículo 40 del Decreto 1848 de 1969 reglamentario del Decreto Ley
3135 de 1968.

Lo anterior implica que la referida entidad, en efecto desde el 2 de octubre de
2011 hasta el 11 de septiembre de 2012, no se encontraba habilitada para
desvincular a la demandante sin una justa causa comprobada y una
motivación expresa y fundada de la decisión, tal como lo exigía el artículo 39,
numeral 2.° del Decreto 1848 de 1969, a riesgo de que se presumiera la
ilegalidad automática del acto de insubsistencia por fundarse en la condición
de maternidad de la señora Jaimes Nova y en consecuencia se tornara
procedente la nulidad de éste a menos de que la entidad empleadora
demostrara lo contrario.

Empero, en el sub lite se evidencia que la Caja de Vivienda Popular
expidió y notificó la resolución demandada el 31 de octubre de 2012,
esto es, con posterioridad a la fecha límite indicada para la aplicación de
la figura en comento. Ahora, si bien para esa época aún estaba vigente
la prohibición de retiro de la entidad con motivo de la situación personal
de la libelista, debe tenerse en cuenta que precisamente por el momento
de consolidación de aquella decisión administrativa, solo es viable
presumir su legalidad y sujeción a la normativa aplicable.». (Negrillas de
la Subsección).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en este tipo de casos en los que la
declaratoria de insubsistencia de una empleada pública es coetánea o
reciente a su embarazo o al parto propiamente dicho, efectivamente la figura
jurídica en comento de la protección laboral reforzada, implica que el juez
debe asumir una posición más garantista y estricta en cuanto a la aplicación
y efectos de la presunción de desvinculación por actos discriminatorios. En
este sentido, se resalta que debe prevalecer la asunción de aquel supuesto
al realizar el examen de legalidad de las decisiones cuestionadas, pero en
todo caso bajo las reglas de la carga probatoria que se imponga para cada
asunto en particular.

A esta conclusión se arriba, puesto que la Sección Segunda del Consejo de
Estado9 ha sido clara en precisar el límite temporal indicado, tal como lo
planteó en sentencia del 1.° de junio de 201710 al afirmar que:

«iii) Amparo laboral de la mujer en estado de embarazo o en periodo de
lactancia, vinculada mediante contrato de prestación de servicios.

La estabilidad reforzada en materia laboral para la mujer en embarazo o
lactancia tiene fundamento constitucional en el artículo 43 Superior y
desarrollo legal en el Código Sustantivo del Trabajo que prevé una presunción
en los artículos 239 y 240, así:

“Artículo 239: 1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de
embarazo o lactancia. 2. Se presume que el despido se ha efectuado por
motivos del embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período
de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin la
autorización de que trata el artículo siguiente. 3. La trabajadora despedida sin
autorización de la autoridad tiene el derecho al pago de una indemnización
equivalente a los salarios de (60) días fuera de las indemnizaciones y
prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y,
además, al pago de las doce (12) semanas de descanso remunerado de que
trata este capítulo si no lo ha tomado”

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección

A. Sentencia del 2 de junio de 2016. Radicado: 81001-23-33-000-2012-00043-01(2496-14).
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección

B. Sentencia del 1.° de junio de 2017. Radicado: 25000-23-42-000-2014-02869-01(4778-15).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

“Artículo 240: 1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de
embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la
autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares
en donde no existiere aquel funcionario. / El permiso de que trata este artículo
sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene
para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los
artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y
practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando
sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su
providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del
Trabajo residente en el lugar más cercano.”

En ese orden de ideas, la estabilidad reforzada laboral de la mujer en
embarazo tiene por objetivo impedir que cualquier trabajadora, por razón o
causa del embarazo, sea despedida. De allí que la presunción legal
entiende que el despido tiene por motivo el embarazo o la lactancia,
cuando durante la gestación o dentro de los tres meses siguientes al
parto se termina la relación laboral, sin justa causa para ello y sin la
observancia de los procedimientos legales establecidos.». (Destaca la
Subsección. Cursiva del texto original).(el texto subrayado es nuestro o
de la sentencia

Aunado a la antedicha postura jurisprudencial, se recuerda que esta
Subsección11 también se ha pronunciado frente al particular en sentencia del
28 de mayo de 2020, cuando en un caso con algunas similitudes fácticas y
jurídicas planteó que:

«[…] En consideración a lo anterior, el fuero de maternidad tiene por objeto
impedir que la empleada, en las condiciones antes descritas, sea despedida
por motivo de su gestación o lactancia, sin una justa causa o sin el
cumplimiento de los procedimiento (sic) establecidos para ello.

En el sub examine, de conformidad con el material probatorio obrante dentro
del expediente, se observa que la señora Zulay Viviana Díaz Díaz comenzó a
disfrutar su licencia de maternidad, a partir del 6 de noviembre de 2012. El 12
de febrero de 2013, se reintegró a su cargo como jefe oficina, Código 6, Grado
4 de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital el Tunal – III Nivel
E.S.E., fecha a partir de la cual empezó a disfrutar de su periodo de lactancia.

El gerente del hospital, una vez, la demandante se reintegró, mediante oficio de
21 de febrero de 2013, le concedió permiso para el periodo de lactancia, desde
el 12 de febrero de 2013 y hasta el 13 de mayo del mismo año.

Ahora, si bien la resolución a través de la cual su nombramiento se declaró
insubsistente fue emitida el 10 de mayo de 2013, esta refiere que se haría
efectiva a partir del 14 de mayo de 2014, es decir, cuando la actora no se
encontraba en su fuero de maternidad ni en su periodo de lactancia; motivo por
el cual le asiste razón al tribunal de primera instancia para determinar que la
entidad no incurrió en falsa motivación y, por lo tanto, este cargo no está
llamado a prosperar, dado que a la señora Díaz Díaz se le respetaron los
periodos establecidos en la normativa aplicable para disfrutar de su maternidad
y lactancia y, además, fue retirada, cuando ya no estaba bajo la estabilidad
laboral reforzada.»

Lo propio ha sido objeto de pronunciamiento igualmente en la Jurisdicción
Ordinaria Laboral por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección

A. Sentencia del 28 de mayo de 2020. Radicado: 25000-23-42-000-2014-01918-01 (3784-
2018).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

Suprema de Justicia en sentencia del 10 de julio de 2002 12, de forma que se
hace evidente la unidad de criterios a manera de comparación para el
presente caso, pues en su momento, dicha Corporación aseguró que:

«Desde luego lo anterior no significa que durante los tres meses siguientes
hasta completar los seis meses de lactancia, la trabajadora quede
desprotegida en su estabilidad laboral especial. Lo que sucede es que en
estos tres últimos meses tampoco puede ser despedida por motivo de
embarazo o lactancia empero, en éste lapso final le corresponde la carga
de la prueba a ella de acreditar que ese fue el móvil del despido, a
diferencia de la época del estado de gravidez o los tres meses
posteriores al parto, que es cuando opera la presunción legal de que la
terminación del contrato fue inspirada en el protervo motivo del
embarazo o la maternidad o la lactancia. De manera, que si bien hasta
los seis meses después del parto existe la garantía especial de
protección a la estabilidad en el empleo relacionada con el embarazo, la
maternidad y la lactancia hay dos períodos claramente delimitados en la
ley: el primero, hasta los tres meses posteriores al parto, como lo pregona
nítidamente el artículo 239 del C.S.T.; y el segundo, por fuera de los
descansos o enfermedad por maternidad hasta los seis meses posteriores al
parto, con la aclaración de que en ésta segunda hipótesis la carga de la
motivación del despido se revierte, tornándose exigente en el sentido de que
es quien afirma haber sido despedida por esa censurable razón a quien
incumbe demostrarlo.» (Negrita intencional).

En suma, conforme al recurso de apelación formulado por la parte activa y de
acuerdo al problema jurídico referido inicialmente, deberá verificarse
concretamente si la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello era beneficiaria
del fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad, y concretamente si
le era aplicable la presunción legal tendiente a considerar que el acto de
declaratoria de insubsistencia era irregular y pasible de declaratoria de
nulidad, en atención a los dos momentos relativos a la carga de la prueba
que demarcan la figura de protección mencionada.

En lo atinente al material probatorio recaudado en el sub examine para hallar
lo precitado, se observan los siguientes elementos:

 Certificado laboral del 25 de septiembre de 2017, suscrito por el
profesional universitario del Área de Talento Humano de la Caja de
Vivienda Popular, en el que consta que la señora Aydeé Marqueza
Marsiglia Bello prestó sus servicios a dicha entidad a través de
vinculaciones legales y reglamentarias, primero como profesional
especializado, código 222, grado 05, desde el 12 de noviembre de
2013 hasta el 31 de julio de 2014 en la planta de empleos de carácter
temporal, y posteriormente, como director técnico, código 009, grado
02, a partir del 1.° de agosto de 2014 hasta el 16 de septiembre de
2016 (folio 76).

 Por medio de Oficio 2015ER17497 del 28 de septiembre de 2015
suscrito por la señora Marsiglia Bello y dirigido a la subdirectora
administrativa de la Caja de la Vivienda Popular, aquella informó de su
estado de embarazo (folio 22), de la siguiente manera:

«[…] Muy respetuosamente y en mi calidad de funcionaria titular del cargo
de Directora de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda
Popular, me permito informar para su conocimiento y fines pertinentes que
me encuentro en estado de embarazo. […]».

12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de julio de 2002.

Radicación: 17193.

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 Para tal fin, allegó el resultado de laboratorio respectivo fechado 4 de
septiembre de 2015 (folio 23).

 Por su parte, mediante Oficio 2016IE2175 del 26 de abril de 2016, la
libelista informó a la entidad demandada el inicio de la licencia de
maternidad (folios 25 a 26), así:

«[…] Por medio de la presente, me permito remitir el Certificado de Licencia
de Maternidad No. 5331984 […], licencia que inicia el día 28 de abril de
2016 y finaliza el 3 de agosto del año en curso. Lo anterior con el fin que se
realicen los trámites correspondientes.

De igual manera solicito el disfrute de dos (2) periodos de vacaciones a los
cuales tengo derecho por laborar desde el 12 de noviembre de 2013 al 11
de noviembre de 2014, y del 12 de noviembre de 2014 al 12 de noviembre
de 2015, las cuales serán disfrutadas a partir del día 4 de agosto de 2016.
[…]».

 Se observar certificado de licencia de maternidad otorgado por
Compensar EPS a la señora Marsiglia Bello, por un total de 98 días
comprendidos entre el 28 de abril de 2016 y el 3 de agosto de dicha
anualidad (folio 26).

 Registro civil de nacimiento del menor Alejandro Pradilla Marsiglia, hijo
de la demandante y del señor Ángel Rodrigo Pradilla, en el cual se
deja constancia que la fecha del parto respectivo fue el 5 de mayo de
2016 (folio 27).

 Por medio de Resoluciones 3319 y 3320 del 19 de julio de 2016, la
directora de gestión corporativa de la entidad demandada, autorizó el
disfrute y pago de dos periodos vacacionales a favor de la
demandante (folios 261 anverso y reverso y 267 anverso y reverso),
de la siguiente manera: i) entre el 4 y 25 de agosto de 2016 y; ii)
desde el 26 de agosto hasta el 15 de septiembre de la citada
anualidad.

 Por medio de Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016, el
director general de la Caja de Vivienda Popular declaró insubsistente
el nombramiento de la demandante en el cargo de director técnico,
código 009, grado 02 de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación
de dicha entidad, conforme se inserta a continuación:

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 Dicho acto administrativo fue notificado personalmente a la
demandante en la mencionada fecha (folio 276).

A partir de este acervo probatorio es viable considerar como puntos de hecho
probados en términos de fechas, los siguientes:

HECHOS FECHAS
Última vinculación legal y reglamentaria de la Desde el 1.° de agosto de 2014
demandante con la Caja de Vivienda Popular en el hasta el 16 de septiembre de
cargo directora técnica, código 009, grado 02 2016
Estado gestacional (embarazo) Desde la tercera semana de
julio de 201513 hasta el 4 de
mayo de 2016
Fecha del parto 5 de mayo de 2016
Período de efectividad del fuero de protección laboral Desde la tercera semana de
reforzada por maternidad y lactancia julio de 2015 (fecha posible del
embarazo) hasta el 5 de
noviembre de 2016 (6 meses
posteriores al parto)

Período de aplicación de la presunción de ilegalidad Desde la tercera semana de
del acto declaratorio de insubsistencia en virtud de la julio de 2015 (fecha posible del
condición de maternidad y lactancia (Carga de la embarazo) hasta el 5 de agosto
prueba de legalidad de la decisión impuesta a la de 2016 (3 meses siguientes al
entidad empleadora) parto)
Período de aplicación de la presunción de ilegalidad Desde el 5 de mayo de 2016

13 Si bien no existe prueba de la posible fecha del embarazo, dado que solo se aportó el
examen médico realizado el 4 de septiembre de 2015 (folio 23), lo cierto es que la mayoría
de los embarazos tienen una duración de entre 37 a 42 semanas:
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000515.htm#:~:text=La%20mayor%
C3%ADa%20de%20embarazos%20tienen,un%20peque%C3%B1o%20n%C3%BAmero%20
de%20embarazos, por tal motivo se presume, que su estado de embarazo se dio entre la
semana entre el 20 y 26 de julio de 2015, pues la fecha del parto fue el 5 de mayo de 2016,
que suman 42 semanas.

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del acto declaratorio de insubsistencia en virtud de la (fecha del parto) hasta el 5 de
condición de maternidad y lactancia después del agosto de 2016 (3 meses
parto (Carga de la prueba de legalidad de la decisión siguientes)
impuesta a la entidad empleadora)
Período de efectividad del fuero de protección laboral Desde el 6 de agosto de 2016
reforzada sin vigencia de la presunción. (Carga de la hasta 5 de noviembre de 2016
prueba de ilegalidad de la insubsistencia impuesta a
la demandante)
Declaratoria de insubsistencia del nombramiento de 16 de septiembre de 2016
la demandante

Conforme a los hallazgos enlistados ut supra, es dable deducir que aun en el
entendido de que la libelista era beneficiaria del fuero de estabilidad laboral
reforzada por su condición de madre lactante a la fecha de estructuración de
la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento como directora técnica
de la Caja de Vivienda Popular, la cual tuvo lugar el 16 de septiembre de
2016 (en tanto el período en comento era efectivo hasta el 5 de noviembre
del mismo año), lo cierto es que desde el 6 de agosto de dicha anualidad,
había dejado de operar la presunción sobre la ilegalidad de aquella decisión
administrativa, conforme a la condición temporal de la aludida figura, prevista
en el artículo 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015.

Lo anterior implica que la referida entidad, en efecto desde la tercera semana
de julio de 2015 hasta el 5 de agosto de 2016, no se encontraba habilitada
para desvincular a la demandante sin una justa causa comprobada y una
motivación expresa y fundada de la decisión, tal como lo exigía el artículo
2.2.31.1, numeral 2.° del Decreto 1083 de 2015, a riesgo de que se
presumiera la ilegalidad automática del acto de insubsistencia por fundarse
en la condición de maternidad de la señora Marsiglia Bello y en
consecuencia se tornara procedente la nulidad de éste a menos de que la
entidad empleadora demostrara lo contrario.

Empero, en el sub lite se evidencia que la Caja de Vivienda Popular expidió y
notificó la resolución demandada el 16 de septiembre de 2016, esto es, con
posterioridad a la fecha límite indicada para la aplicación de la figura en
comento. Ahora, si bien para esa época aún estaba vigente la prohibición de
retiro de la entidad con motivo de la situación personal de la libelista de
madre lactante, debe tenerse en cuenta que precisamente por el momento
de consolidación de aquella decisión administrativa, solo es viable presumir
su legalidad y sujeción a la normativa aplicable siempre y cuando no se
demostrara que sí obedeció a dicha condición.

Por esto, pese a ser procedente alegar y considerar viable su nulidad en
razón de la violación del fuero de protección de maternidad, ello no se
asumirá ipso iure como cierto, sino que la parte activa deberá demostrarlo en
razón de la carga probatoria que procesalmente se le impone. De este modo,
será necesario resolver el segundo problema jurídico que se ocupa de
verificar aquel punto.

En conclusión: para la fecha de expedición de la Resolución 4800 del 16 de
septiembre de 2016, que declaró insubsistente el nombramiento de la
demandante como directora técnica, código 009, grado 02 de la Dirección de
Urbanizaciones y Titulación de la Caja de Vivienda Popular, aquella no se
encontraba cobijada por un fuero de protección laboral reforzada de
maternidad y particularmente por la presunción legal derivada de éste, por
cuanto el acto demandado cobró vigencia después de los 3 meses
posteriores al parto, de manera que tal figura no resultaba aplicable a su
caso y por lo tanto tampoco implica la nulidad en sí misma de dicha decisión,
habida cuenta de que ésta desaparece conforme al artículo 2.2.31.2 del
Decreto 1083 de 2015, al punto de prevalecer en sentido contrario la

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presunción general de legalidad de la Resolución 4800 del 16 de septiembre
de 2016, la cual debe ser enervada probatoriamente por la parte activa.

Segundo problema jurídico

¿La libelista demostró que la Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016,
fue proferida en razón de su condición de maternidad y por lo tanto con el
desbordamiento de la proporcionalidad en el ejercicio de la facultad
discrecional que le confiere la Constitución y la ley a la administración para
declarar la insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción, tanto
como para constituir desviación de poder?

Frente a este cuestionamiento, la Subsección tiene como tesis que: la parte
activa no cumplió en debida forma con la carga probatoria que le
correspondía para desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado
por desviación de poder, tal como se desarrolla a continuación:

 De la naturaleza del cargo de la demandante

Como prolegómeno se encuentra que acorde con la Resolución 928 del 15
de julio de 2014 se nombró a la señora Marsiglia Bello como directora
técnica, código 009, grado 02, de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación
de la Caja de Vivienda Popular (folio 180), empleo del cual se posesionó a
partir del 1.° de agosto de dicho año (folio 183).

El referido nombramiento de la demandante fue declarado insubsistente
mediante Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016 expedida por el
director general de la Caja de Vivienda Popular (folio 20 anverso y reverso).

Sobre el punto, debe destacarse que el cargo desempeñado por la
demandante, se encuentra catalogado como un empleo de libre
nombramiento y remoción, tal como lo contempla el artículo 5.° de la Ley 909
de 200414, cuando señala que estos corresponden, entre otros, a: «[…] Los de
dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción
de políticas o directrices […]».

Como se desprende la norma en cita, las plazas de tipo directivo al interior
de entidades como la demandada, ostentan la naturaleza en cuestión, por lo
que es adecuado inferir lo propio respecto de la situación jurídica de la
señora Marsiglia Bello, habida cuenta de que su cargo era el de directora
técnica, código 009, grado 02 de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación
de la precitada institución, el cual necesariamente implica el diseño y fijación
de lineamientos propios de su área15, sin que dicho postulado hubiese sido
objeto de discusión o controversia por la parte activa en la oportunidad de la
fijación del litigio ni en el desarrollo posterior de la actuación hasta esta
instancia.

14 Cuya aplicación para el presente asunto halla sustento en la medida en que el artículo 3.°,

numeral 1.°, literal c) ibídem, se prevé que su ámbito de aplicación incluye los empleados
públicos de las entidades descentralizadas del orden territorial como en efecto lo es la Caja
de Vivienda Popular donde ejercía funciones la demandante.
15 Según se extrae del artículo 6.° del Acuerdo 004 del 9 de mayo de 2008 emitido por el

Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular (ver link:
https://www.cajaviviendapopular.gov.co/files/Nosotros/La-CVP/Normograma-
normatividad/26-Manual%20de%20Funciones/19-ACUERDO004_2008.pdf), por el cual se
modificó la estructura de la entidad y se determinaron las funciones de las respectivas áreas,
entre estas la de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, donde se destacan acciones
de ejecución, gestión de recursos, asesoría, y especialmente tendientes a dirigir y coordinar
directrices y políticas relacionadas con esa dependencia.

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

Lo anterior conduce a concluir que el contenido funcional de los empleos de
libre nombramiento y remoción determina el rigor con el que debe someterse
a juicio el uso de la facultad discrecional para declararlos insubsistentes16.
Así, en aquellos que se basan en esencia en la confianza del nominador, la
estabilidad en el empleo es particularmente frágil porque dicho factor hace
que la discrecionalidad para remover del cargo al funcionario deba
concebirse de una forma más amplia en relación con aquellos cargos que
responden, predominantemente, a relaciones de confianza profesional.

A su vez, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, respecto del retiro del servicio
de los empleados de los cargos de libre nombramiento y remoción
preceptúa:

«[…] Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de
libre nombramiento y remoción;
[…]

Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución
Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento
y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. […]».
(Negrillas del texto, subrayas de la Sala).

Ahora bien, respecto a la regla de no motivar el acto de insubsistencia de un
empleado de libre nombramiento y remoción, es preciso señalar que esta
Subsección la ha justificado en varias ocasiones, en el entendido de que la
discrecionalidad para retirar a esta clase de funcionarios bien puede
producirse por el nombramiento de otro empleado de confianza que reclama
este tipo de cargos. En efecto, en sentencia del 8 de marzo de 2018 17 se
indicó:

«[…] Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la
regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el
ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la
Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera
administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar
empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las
cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.
Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos
no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un
proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor
determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 15 de febrero de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-2010-00420-
01(3613-15).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Radicación número: 63001-23-000-2010-00192-01 (2743-16).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación
institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado
de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo
que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro,
incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a
adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre
dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal
sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad,
los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser
adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser
proporcional a los hechos que le sirven de causa. […]» (Negrita de la Sala).

Conforme a lo anterior, es claro que los actos administrativos que declaran la
insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción no requieren
de motivación, sin embargo, el ejercicio de dicha facultad exige unos límites
que deben ser acatados por el nominador. Bajo este entendido, habrá de
analizarse si la demandante demostró que su desvinculación no fue
adecuada a los fines de la norma que autoriza dicha potestad y que tampoco
fue proporcional a los hechos que le sirven de causa.

 Límites constitucionales y legales para ejercer la facultad
discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de
libre nombramiento y remoción.

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia18, la regla
general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso
mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el
artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos
en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar
a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que
desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera
administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un
proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar
empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las
cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su
desempeño.

En virtud de lo anterior, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo
de empleos no tengan que pasar todas y cada una de las etapas que
integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el
factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se
predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación
institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de
fiabilidad que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le
permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin
que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra
decisión.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B. Sentencia de 29 de febrero de 2016, número interno 3685-2013.

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

En otras palabras, los actos de desvinculación de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la
selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a
ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de relación directa
de la autoridad empleadora.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y
parágrafo 2, contempla la facultad discrecional de remover a los empleados
que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción.

Aunque de acuerdo con la norma, la remoción de empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe
precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como
la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad. En otras palabras, la
discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que
implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y
ponderados.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional indicó
que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado19
como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir
una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que
la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven
de causa.

Asimismo, la Subsección ha sostenido20 que la facultad de remoción de un
empleado de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida bajo los
parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que el acto
de insubsistencia al ser inmotivado, supone la existencia de una razón o
medida con miras al mejoramiento del servicio.

Por su parte, el artículo 44 del CPACA señala: «En la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos
que le sirven de causa.», contenido normativo que supone la existencia de una
razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la
decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la
«razonabilidad».

 La demandante no demostró que su retiro del servicio obedeció a
su condición de madre lactante

En primer lugar, es preciso indicar que la carga de prueba se deriva del
contenido del artículo 167 del Código General del Proceso que consagra lo
siguiente:

«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su

19 Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Referencia: expediente T-3.215.182.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A, Sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado: 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-
16).

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido
directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre
otras circunstancias similares. […]»

La normativa citada impone una carga procesal21 a las partes dentro del
proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las pruebas
demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las excepciones
que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la opción
judicial de variar el titular de ésta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.

De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la
prueba, se compone de tres principios fundamentales: i) el onus probandi
incumbit actori, esto es, al demandante le corresponde probar los hechos en
que sustenta la demanda; ii) reus, in excipiendo, fit actor, relativo a que la
parte demandada una vez presenta excepciones actúa como libelista y, por
ende, debe probar los hechos en que basa su defensa y; iii) äctore non
probante, reus absolvitur, que predica la absolución del demandado si la
parte activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la
demanda22.

Bajo esta línea de intelección se resalta que la inobservancia de la mentada
carga, trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface,
puesto que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo
demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de comprobación.

Ahora bien, en el presente asunto es necesario precisar dos aspectos
relacionados con la dinamicidad de la carga probatoria:

i) De conformidad con el estudio realizado al desarrollar el primer problema
jurídico, se evidenció que la presunción relativa a la ilegalidad de la decisión
de insubsistencia por el solo hecho de la maternidad, en el evento puntual de
la señora Marsiglia Bello, había fenecido al haber transcurrido el tiempo
previsto en los artículos 2.2.31.1 y 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015 para
su aplicación.

21 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de

«deberes procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros
hacen alusión a los imperativos ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso
y que incumben tanto al juez como a las partes. Los segundos son las obligaciones de
contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión del adelantamiento del
proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la ley
que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio
beneficio y cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra,
verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de
Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial tomo CLXXX – N.º 2419,
Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
22 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las

reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la
sentencia del Consejo de Estado del 11 de marzo de 2016. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-31-000-2003-01739-
01(1634-13).

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

Ello revirtió la necesidad de comprobación del hecho hacia la libelista, puesto
que tal figura de suposición no puede considerarse absoluta ni perenne a su
favor, debido a que también coexiste la presunción de legalidad de los actos
de la administración derivada del principio de igual nombre, al punto de
equilibrar la situación en clave del derecho de defensa y de igualdad ante la
condición especial de la demandante, que temporalmente justificaba su
prelación a fines de proteger intereses superiores y concomitantes como los
de la madre y su hijo recién nacido.

ii) Por otro lado, en cuanto a la carga dinámica de la prueba prevista como la
posibilidad de cambiar la titularidad del sujeto procesal encargado de
demostrar determinado hecho ante su mejor posición y oportunidad para
conseguir el medio de convicción específico que mejor lo acredite, resulta
pertinente precisar que ello no ocurre en el sub examine.

Lo aseverado se basa en que el supuesto fáctico en discusión consiste en
determinar si la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la
demandante tuvo como fundamento su condición de madre lactante, lo cual
implica un planteamiento de mala fe o intencionalidad que no es dable
presumir a excepción de la regla temporal advertida en el punto i), puesto
que el principio constitucional de la buena fe (artículo 83 Superior), también
aplica para el actuar de las autoridades y lleva consigo la imperiosa
necesidad de demostrar lo contrario por parte de quien lo alega.

De este modo, a pesar de ser cierta la dificultad que comporta el tener que
probar aquel punto factual, debe tenerse en cuenta que esto no se torna en
una mayor facilidad para aportar el medio demostrativo por parte del sujeto
endilgado y en la consecuente dinamicidad de la carga en comento tendiente
a que sea aquel quien haga evidente la posición contraria.

Lo anunciado porque al no tratarse de un hecho en sí mismo sino una suerte
de imputación fáctica y jurídica, sería violatorio de las garantías
constitucionales de prohibición de autoincriminación y particularmente en el
caso de las entidades del Estado, del precepto de inoperancia de la
confesión, cuyo sustento es precisamente la legalidad inherente a sus actos,
que solo puede ser enervada con un adecuado ejercicio probatorio, el cual
que por antonomasia no le puede corresponder a la propia administración al
no tratarse de un régimen objetivo de judicialización donde se asuma desde
el principio la arbitrariedad estatal.

En suma, la carga de la prueba en el presente caso le corresponde
exclusivamente a la demandante, es decir, porque transcurrieron los 3 meses
de protección después del nacimiento de su hijo, dado que conforme se
analizó anteriormente, ya no opera de ahí en adelante la presunción de
ilegalidad del acto de retiro, y por tanto deberá validarse si en efecto los
medios de convicción aportados son suficientes para acreditar la ilegalidad
del acto demandado, tal como aquella sostiene que lo son en su recurso.
Para ello se enlistan los siguientes medios probatorios aportados al plenario,
adicionales a los referidos en el primer problema jurídico:

 Documentales

 Resolución 1102 del 8 de noviembre de 2013, signada por la directora
administrativa de la Caja de la Vivienda Popular, mediante la cual se
nombró, entre otros, a la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello
como profesional especializado, código 222, grado 05, en la planta de
empleos temporales de dicha entidad (folios 84 a 88 vuelto). Del
mencionado cargo tomó posesión el 12 de noviembre de 2013 (folio
151).

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

 Luego, por medio de Resolución 1059 del 31 de julio de 2014, la
directora general de la entidad demandada aceptó la renuncia de la
libelista a partir del 1.° de agosto de la mencionada anualidad, como
profesional especializado, código 222, grado 05 (folio 178).

 Hoja de vida de la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello en la que
se detalla que es abogada de profesión de la Universidad Nacional y
especialista en derecho administrativo del mencionado
establecimiento de educación superior y magíster en estudios jurídicos
de la Universidad de Navarra, además de contar con una experiencia
profesional desde el 30 de diciembre de 2004 en varias entidades
públicas y privadas, con sus respectivos soportes académicos y
laborales (folios 91 a 140).

 Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales fechados
8 de noviembre de 2013 (folios 143 a 146).

 Resolución 0339 del 8 de agosto de 2013, mediante la cual se adoptó
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los
empleos de la planta temporal de la Caja de la Vivienda Popular, del
cargo de profesional especializado, código 222, grado 05 (folios 156 a
158).

 Resolución 1216 del 27 de abril de 2016, mediante la cual la directora
de Gestión Corporativa y CID de la Caja de la Vivienda Popular,
encargó al señor Juan Pablo Velásquez Silva en la Dirección de
Urbanizaciones y Titulación de dicha entidad, mientras que la titular
Aydeé Marqueza Marsiglia Bello se encontraba en licencia de
maternidad, a partir del 28 de abril y hasta el 3 agosto de la
mencionada anualidad inclusive (folio 260).

 Posteriormente, por medio de Resolución 4810 del 16 de septiembre
de 2016, se encargó nuevamente al señor Velásquez Silva del
mencionado empleo mientras se proveía de forma definitiva, desde el
17 de septiembre del mismo año (folio 274).

 Acuerdo 623 del 29 de diciembre de 2015, a través del cual el Concejo
de Bogotá D.C. ordenó la implementación paritaria de mujeres y
hombres en los cargos de máximo nivel decisorio, de otros cargos de
nivel decisorio y de los cargos de libre nombramiento y remoción, en el
sector central, descentralizado y de las localidades del Distrito, con las
excepciones previstas en el artículo 5.° de la Ley 581 de 2000 (folio 33
anverso y reverso).

 Directiva Conjunta 001 del 21 de enero de 2016, signada por las
Secretarías Distrital de la Mujer, de Gobierno y General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., mediante la cual se ordenó el cumplimiento en
el ente distrital del Acuerdo 623 de 2015 (folios 34 a 35 vuelto).

 Certificación del 2 de noviembre de 2018, expedida por el subdirector
administrativo de la Caja de la Vivienda Popular por medio de la cual
informa sobre el cumplimiento de la Directiva Conjunta 001 de 2016
(folio 329), de la siguiente forma:

«[…] en el periodo comprendido entre el primero (1°) de enero al treinta y
uno (31) de diciembre de 2015 y entre el primero (1°) de enero al treinta y
uno (31) de diciembre de 2016, cumplió con los requisitos legales de

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participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público
definidos en los artículos 2° y 3° de la Ley 581 de 2000, así:

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos del máximo nivel
decisorio, de que trata el artículo 2°, en los años 2015 y 2016 (cumplimiento
del 33%).
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles
decisorios, de que trata el artículo 3°, en los años 2015 y 2016
(cumplimiento del 33.3%). […]».

 Con la anterior constancia, se aportó un cuadro en el cual se relaciona
la planta de personal en las mencionadas anualidades de los cargos
del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios de la entidad en
comento (folios 330 a 331).

 Testimoniales

De igual manera, en el trámite de la audiencia inicial se decretó el testimonio
del señor Richard Eduardo López Torres solicitado por la parte
demandante (folio 313) y se practicó aquel en audiencia de pruebas llevada a
cabo el 26 de febrero de 2019, de la siguiente forma:

En primer término, señaló que tuvo una relación legal y reglamentaria con la
Caja de la Vivienda Popular entre los años 2009 a 2013 como contratista, y a
partir de enero de 2015 hasta octubre de 2016 se desempeñó como jefe de
la Oficina de Planeación de dicha entidad:

«[…] Se le puso de presente al testigo los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos por la libelista en la demanda. Preguntado (despacho): ¿Qué
conocimiento tiene de la situación que se acaba de describir? Contestó: De la
directiva sé que existe, que una directiva que el Distrito estableció para equiparar
cargos de alta decisión en las entidades entre hombres y mujeres, durante el
tiempo que estuve trabajando en la Caja, regularmente esa paridad fue
equilibrada. Cuando Aydeé tuvo el bebé, y luego tomó su período de licencia de
maternidad y también los períodos de vacaciones, durante todo ese tiempo el
director y la gente que estaba al tanto de los asuntos que ella manejaba,
estuvieron en contacto con ella con el fin de solucionar problemas que surgieron
durante todo ese tiempo, incluso algunas veces sé que ella fue a la entidad y
algunas veces fueron a la casa de ella para solucionar cosas, sé que en algunas
reuniones que teníamos sí escuché que había llegado en mal momento, lo
escuché en algunas reuniones porque era un momento coyuntural para la entidad
porque había un cambio de administración, estaban cambiando todos los
directivos y como justo en ese momento ella estaba por fuera, pues no había
posibilidad de obtener la información que ella manejaba inmediatamente, pues
ella estaba en su licencia de maternidad. Preguntado: ¿Puede precisar
entonces, usted dice que tiene conocimiento de esa situación, la razón de ese
conocimiento cuál es, usted qué relación tenía con la señora Aydeé Marsiglia?
Contestó: Yo era el jefe de la Oficina Asesora de Planeación en ese momento,
no era un cargo directivo pero un cargo de asesor, pero los asesores asistimos a
los comités directivos de la entidad. Preguntado: ¿La razón del conocimiento de
lo que acaba de señalar es precisamente por la clase de contacto que tenía con
la señora? Contestó: Como jefe de la Oficina Asesora de Planeación yo tenía
que estar haciendo seguimiento a la ejecución de los proyectos misionales de la
entidad y en ese momento Aydeé era una directora de un proyecto misional.
Preguntado: ¿En ese momento en que usted manifiesta que la administración
había decidido hacer una especie de reestructuración o de cambiar los directivos,
es decir, en ese momento en que fue declarada insubsistente la señora Aydeé
Marsiglia, hubo otras insubsistencias, usted conoce que hubo desvinculaciones o
directivos presentaron su renuncia o fue una etapa muy puntual en relación con
ella? Contestó: Cuando llegó la nueva administración y llegó el nuevo director,
pues también llegó el equipo con el que él iba a trabajar, su equipo de directores
y asesores. Cuando él llegó algunos del cuerpo directivo habían renunciado,
otros se quedaron. Durante el tiempo que Aydeé estuvo en la licencia pues se

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surtieron todos esos cambios, y durante ese tiempo solamente ella quedaba
como directora del anterior equipo directivo, y yo como asesor, dos meses
después más o menos de ella fuera declarada insubsistente, pues también fui
declarado insubsistente yo. […].

Preguntado (apoderado parte demandante): ¿Cómo jefe de la Oficina Asesora
de Planeación cuáles eran sus funciones y qué contacto tenía con la doctora
Aydeé Marsiglia Bello? Contestó: Como jefe de la Oficina de Planeación yo
estaba encargado de asesorar a la Dirección en los temas de planeación,
estructuración presupuestal y seguimiento a la ejecución de metas y de ejecución
presupuestal también, entonces yo era el secretario del comité directivo, yo tenía
que organizar los comités directivos todo el tiempo, asistía a ellos, yo era quine
los organizaba y quien presentaba los informes de seguimiento a la ejecución de
la entidad en esos espacios; y con Aydeé Marsiglia tenía que estar en contacto
contantemente por la información que yo tenía que manejar y tenía que requerir
de su dirección y de sus proyectos para poder estructurar la información que yo
tenía a cargo. […] Preguntado: ¿En la conformación de ese cuadro directivo de
la entidad antes de la llegada del doctor Bahamón recuerda usted cuántas
mujeres y cuántos hombres había? Contestó: tres direcciones estuvieron
ocupadas por mujeres durante la anterior administración, una de esas
direcciones estuvo ocupado por un hombre justo antes de él llegar. Preguntado:
¿Y con posterioridad a la llegada del doctor Bahamón cómo quedó conformado
ese cuadro directivo? Contestó: En cuanto él llegó solo quedó Sandra Lorena
Guacaneme y Aydeé que estaba en licencia de maternidad y regresó después.
[…]. Preguntado: Desde su perspectiva, ¿cómo vio la relación laboral entre el
doctor Bahamón y la doctora Aydeé Marqueza en ese desempeño? Contestó: Cuando él llegó ella estuvo en algunos espacios, siempre la relación fue
armoniosa, estuvo bien, él siempre destacó la importancia de que ella estuviera
allí por su conocimiento, por la experiencia que tenía y sobre todo por el
conocimiento que ella tenía de los procesos que se estaban llevando a cabo en
su momento dentro de la entidad, él siempre trató de estar muy cercano con ella
por el tema de la información y como que dentro de las cosas que yo oí decir es
que esperaba que el bebé no llegara tan pronto para poder tener acceso a la
información que ella tenía ahí en la entidad cuando él llegó. Preguntado: Durante la licencia él esperaba que la doctora Aydeé no tuviera su bebé tan
pronto, ¿qué pasó o cómo fue el proceso cuando ella entró en licencia de
maternidad? Contestó: Sí pues por la naturaleza de los proyectos que se
estaban llevando a cabo en ese momento, porque como ella tenía a cargo uno de
los proyectos más críticos de la entidad que era el proyecto que se dedica a
construir viviendas, entonces como venían unos procesos constructivos desde la
administración anterior que estaba en diferentes etapas, eran varios lo que
estaban en ese momento que ella tenía a cargo y de los cuales ella tenía
conocimiento, pues durante el tiempo en que ella estuvo en maternidad siempre
hubo comunicación con ella, es lo que yo tengo entendido, ella algunas veces
tuvo que ir a la Caja de la Vivienda para solucionar algunos de los problemas o
para poder dar solución a lo que ellos en su momento necesitaban. También sé
que el director que estuvo después en ese cargo y que llegó con el director desde
el principio, que estaba a cargo de toda la información que se manejaba de ese
proyecto, él lo que hacía era ir a la Casa de Aydeé Marsiglia a requerir la
información. […] Preguntado: Cuando Aydeé Marsiglia termina su proceso de
licencia de maternidad y sus dos períodos vacacionales, ¿recuerda usted qué
ocurre cuando ella se reincorpora? Contestó: Pues el tiempo que ella tuvo fue
realmente el día en que regresó, yo sé que ese día ella llegó de la licencia de
maternidad, hizo acto de presencia, estuvo desarrollando las funciones de su
cargo y al final de la tarde fue declarada insubsistente y hasta ese día estuvo.

Preguntado: ¿tuvo usted conocimiento de qué pasó, por qué, cómo ese día la
declaran insubsistente, qué pasó ese día en relación con la situación de la
doctora Aydeé Marqueza? Contestó: Pues era evidente desde el principio de
que llegó el señor Bahamón, llegó con Juan Pablo Velásquez como asesor, y yo
vi que le delegó algunas responsabilidades respecto de los proyectos que
manejaba Aydeé, y entonces mientras Aydeé estuvo de licencia él estuvo allí,
pero el día que fue declarada insubsistente, él fue quien heredó ese cargo, y sé
que la declararon insubsistente y luego hablamos obviamente porque éramos
compañeros de trabajo, me entero de lo que había pasado y ese día básicamente

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lo que hizo el señor Bahamón fue que constatar que él ya tenía un equipo
armado. Preguntado: En relación con lo que mencione de que la doctora Aydeé
Marsiglia le contó en ese momento, ¿le mencionó algo respecto de qué razones
le había dado el director en relación con lo que usted ha señalado que su bebé
había llegado en un mal momento? Contestó: Sí, pues eso hizo parte de la
conversación, sé que hablaron ellos y ella me contó que él le había dicho que el
bebé había llegado en mal momento porque estaban en un momento coyuntural
en el que estaban pasando cambios, pues que él había conformado su equipo y
pues que ya cuando ella volvió, él ya tenía un equipo armado. Preguntado: En
torno a eso, ¿cuál fue o cómo percibió usted la actitud de la doctora Aydeé
Marqueza ante ese comentario del director en torno a que su bebé había llegado
en un mal momento? Contestó: Pues yo creo que no se lo esperaba porque si
bien es cierto era un momento difícil y ella no puedo estar de manera presente en
la oficina por obvias razones, pues ella siempre tuvo contacto con la entidad y
con lo que estaba pasando, con el desarrollo de los proyectos, entonces pues yo
pienso que no se lo esperaba […]. Preguntado: ¿Ella fue remplazada por otra
mujer o quién la reemplazó? Contestó: No, ella fue reemplaza por Juan Pablo
Velásquez, pues un hombre y que fue una persona que llegó con el director
desde el principio cuando llegó a la entidad. […]”

Preguntado (apoderado de la entidad demandada): Ha manifestado usted que
tuvo conocimiento de parte de la hoy demandante, doctora Aydeé Marsiglia de la
expresión de que el bebé llegaba en un mal momento, es decir ¿usted tuvo un
conocimiento de oídas a través de ella o escuchó directamente de parte del
director general de la entidad que esa era la motivación de la decisión adoptada?
Contestó: No, eso lo escuché de parte de ella cuando hablamos de lo que había
sucedido ese día. Preguntado: Ha manifestado usted que ella tenía a su cargo
uno de los proyectos más críticos e importantes de la entidad atientes a la
actividad misional de la entidad, ¿considera usted, que la mención que también
ha hecho a la disposición que tenía el director para consultarla y para elogiar su
vinculación y su permanencia en la entidad era discriminatoria o aludía por el
contario a los méritos y al buen desempeño de ella en el cargo? Contestó:
Evidentemente era a los méritos que ella tuvo en su cargo, los logros que había
obtenido en su momento y pues por la información que manejaba. […]
Preguntado: ¿Presenció usted, le consta de manera directa que en
consecuencia haya existido trato discriminatorio, descortés, peyorativo, en contra
de la doctora Aydeé Marsiglia por parte de la administración Bogotá Mejor para
Todos encabezada por el doctor Bahamón y del director de la Caja? Contestó:
No, tanto como un trato peyorativo ni nada de eso, eso no pasó, Preguntado:
¿Considera que esa recomposición del equipo directivo en empleos de libre
nombramiento y remoción del nivel directivo de las direcciones de la Caja, es
usual, es normal, en la recomposición de los equipos y en los tránsitos de la
administración? Contestó: Sí claro, en los tránsitos de administración siempre
hay cambios del equipo directivo y asesor de la entidad. […].». (Minuto 20:08 a
57:05 del cd visible a folio 345).

De igual forma, se practicó el interrogatorio de parte de la señora Aydeé
Marqueza Marsiglia Bello y el testimonio de la señora Sandra Lorena
Guacaneme, peticionados por la Caja de a Vivienda Popular (folio 313), los
cuales se recibieron en audiencias de pruebas celebradas el 25 de febrero y
30 de junio de 2019 respectivamente, así:

Interrogatorio de parte de la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

«[…]. Preguntado (apoderado entidad demandada): ¿Con ocasión de su
desvinculación, manifieste cómo es cierto sí o no que mantuvo una reunión en la
que participó el director general de la entidad, el doctor Bahamón, la doctora
Lorena Guacaneme y el asesor externo laboral Juan Manuel Russi Escobar, en la
que se discutió y ventiló su desvinculación? Contestó: Es cierto, el día que me
reintegré, el día que terminó la licencia y las vacaciones, asistí a la entidad a
cumplir el horario establecido, llegué a las ocho de la mañana, ese día incluso me
tocó firmar varios documentos relacionados con el desempeño de mis labores
que tenía en ese momento, todo durante el día fue normal, estuve haciendo

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procesos de empalme, me estuvieron indicando actividades propias de la
dirección. Sobre las cuatro de la tarde, la secretaria de la Dirección General me
informó que el doctor Bahamón necesitaba hablar conmigo, circunstancia que vi
normal teniendo en cuenta que ese día me reintegraba a las actividades, en
ningún momento me imaginé que me declararan insubsistente, por cuanto
durante incluso el término de mi licencia y mis vacaciones tuve que ir en
reiteradas oportunidades a la entidad, fueron a mi casa a tratar temas laborales,
entonces digamos que no me desvinculé del todo de la entidad, se manejaron
temas relacionados con la dirección, esperé que la reunión se tratara de darme
una bienvenida a la entidad y empalme con las actividades propias, pero me
encuentro con la noticia de que habían decidido prescindir de mis servicios sin
que existiera una motivación para ello, incluso al final cuando ya me entregan el
acto administrativo de insubsistencia el doctor Bahamón me dijo unas palabras
que la verdad por mi estado de sorpresa, la verdad me cayeron como un baldado
de agua fría, me dijo que mi hijo había llegado en un momento inesperado,
porque él confiaba mucho en mí pero que ya había decidido prescindir de mis
servicios porque mi hijo había llegado en un momento inesperado; hecho que en
mi sentir fue difícil de asumir por toda esa carga emocional de ese momento, y
vuelvo y digo no esperaba esa reacción […].

Preguntado: En relación con las alternativas de desvinculación de la entidad,
¿fue considerada su renuncia o la insubsistencia en algún momento? Contestó:
Me pusieron de presente las dos opciones o sea ya no querían continuar
conmigo, no era mi voluntad renunciar porque mi voluntad era continuar con la
labor encomendada, yo entré a la entidad por un concurso de méritos,
atendiendo a motivos netamente técnicos, en el momento de empalme siempre
fui la persona dispuesta a entregar toda la información que venía de la
administración anterior de manera transparente y técnica, no consideré la
renuncia porque yo quería continuar con mi cargo y más aún en ese instante en
donde uno como mujer tiene motivos para salir adelante cuando acaba de dar a
luz o traer al mundo una vida, y más yo una mujer profesional, madura, digamos
que para mi era un reto muy grande continuar en ese estado de mi vida con dos
tareas muy importantes […]. Preguntado: ¿Recuerda haber aludido en esa
reunión que frente a esas alternativas que acaba de mencionar de la renuncia o
la insubsistencia haber esgrimido como razón de predilección para optar por la
desvinculación la insubsistencia arguyendo a la posibilidad de renunciar, toda vez
que tenía un crédito de vivienda que le sería exigible? Contestó: Es cierto, yo
tenía un crédito de vivienda, vuelvo y digo mi decisión no era renunciar porque yo
quería continuar con el ejercicio del cargo que me fue encomendado, y opté por
esa motivación porque yo me quedaba sin un sustento, o sea yo acaba de traer
un niño al mundo en donde uno como madre trabajadora, clase media, pues uno
vive de salario y haber optado por una renuncia implicaba quedarme
completamente desamparada, más aun cuando la liquidación de la entidad a la
cual presté mi servicios de manera desinteresada y con el mayor empeño, se dio
cinco meses después, entonces para mí no era opción asumir la renuncia
voluntaria cuando no existía esa voluntariedad y ese ánimo mío. […]
Preguntado: ¿De parte del doctor Bahamón, nominador existió en algún
momento un trato peyorativo, discriminatorio, negativo en general? Contestó:
Precisamente esa fue mi sorpresa, porque digamos que siempre tuvimos una
relación muy cordial, él siempre me ponía de ejemplo en los comités directivos,
como ejercía la labor, como era el correcto desempeño de mis funciones, a ver
digamos que después de que ocurrió todo, se pone uno a recapitular lo sucedido
como en los comités directivos hacían comentarios, en tono de chiste pero que a
hoy yo no lo veo que fuera a tono de chiste, porque cuando estaba yo contando
los temas propios de la dirección yo decía, bueno pues a quién le entrego o a
quién le hago el empalme, porque yo estoy a punto de tener el bebé y no sé
cuándo si el niño se me adelante, entonces hacían comentarios como ay dígale a
Alejandro que espere un poquito, que todavía no se vaya a venir el bebé,
entonces digamos que parte de este tipo de comentarios, no puedo decir que él
haya tenido tratos displicentes conmigo; hoy yo veo esos comentarios como de
manera discriminatoria y lo compruebo con el comentario que me hizo en el
momento de la desvinculación. […] (Minuto 58:30 a 1:18 del cd visible a folio
345).

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Sandra Lorena Guacaneme Urueña, quien manifestó que para el año 2016
se encontraba vinculada a la Caja de la Vivienda Popular como directora de
Gestión Corporativa y Control Interno y Disciplinario.

«[…] Se le puso de presente al testigo los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos por la libelista en la demanda. Preguntado (despacho): ¿Qué
conocimiento tiene usted de esta situación y cuál fue la relación que tuvo con la
señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello, en especial respecto de los hechos que
fundamentan el medio de control de nulidad? Contestó: Yo ingresé a la Caja de la
Vivienda Popular el 18 de febrero de 2016, […], en su momento ya se encontraba el
director Germán Alberto Bahamón quien en su momento me presentó a Aydeé
Marsiglia como la directora de Urbanizaciones y Titulaciones quien venía trabajando
en la entidad desde la administración anterior, con el objetivo de que me integrara al
equipo y en conjunto pudiéramos cumplir con la actividad misional de la entidad, y
así mismo aprovechar la experiencia que ella ya traía en dicho cargo, efectivamente
Aydeé en ese momento se encontraba embarazada, tenía aproximadamente siete u
ocho meses según lo que recuerdo y me recomendó que tuviéramos un grado de
consideración teniendo en cuenta su estado de maternidad en cuanto al tema de
permisos o concesiones especiales para poder ir a todos los controles o las demás
cosas que ella requiriera para cumplir con el estado de embarazo que toda mujer
necesita, tener una especial atención. Asimismo, pues ya empezamos a hacer todas
las actividades normales que desarrollan la actividad misional de la entidad; ya en
su momento cuando se retiró, presentó su licencia de maternidad la cual le fue
concedida conforme a la norma, se procedió a realizar el encargo a una de las
personas que ya también se encontraba en la entidad, este era el subdirector
administrativo en su momento, quien cumplía con el perfil requerido de acuerdo a
los perfiles establecidos y se procedió a realizar el encargo y empezó a cumplir pues
todas las funciones que tenía la dirección de titulaciones en su momento, hasta que
ya en el momento de reintegrarse Aydeé ella solicitó los períodos de vacaciones que
tenía cumulados aduciendo la necesidad que quería seguir cumpliendo con su papel
de madre y acompañando a su bebecito porque todavía estaba muy pequeño y su
prioridad era esa en ese momento y por ende solicitó que le fuera otorgado el
período de vacaciones y por ende el encargo continuó con Juan Carlos Velásquez y
se continuó con el cumplimiento misional como se venía dando.

Una vez culminados
esos períodos de vacaciones me comunica el director Germán Alberto Bahamón
que había estado hablando con Aydeé y que ella tenía entendido y que también
entendía que toda la actividad que había desarrollado, ya había pasado mucho
tiempo, los proyectos ya se habían madurado, teniendo en cuenta la importancia
también de la Dirección de Titulaciones y Urbanización que es prácticamente
misionales, es la estructura columna vertebral junto con reasentamientos y la
ausencia que ella había tenido, y además teniendo en cuenta que el cargo de ella
era libre nombramiento y remoción, pues que entendía también que era necesario
que continuara el director en su momento con la persona que considerara necesaria
y que ella también quería continuar con el período normal con su hijo cumpliendo
con las labores de madre que en ese momento venía ella cubriendo con su bebé,
por lo tanto él me llamó y me dijo que verificara y que estudiara la posibilidad que
ella continuara, inclusive le había pedido la insubsistencia en vez de la renuncia que
porque ella tenía uno seguros que la cubrían en caso de desempleo, pero que solo
podía acceder a ellos si era declarada insubsistente, entonces que verificara la
posibilidad que eso se diera, en ese momento ya lo que le dije fue que
recurriéramos al especialista que tenemos en la entidad en materia laboral que es el
doctor Juan Manuel Russi y de allí entonces ya se derivó una reunión en la cual se
concluyó que con el doctor en que no existía ningún fuero, ninguna protección
especial, teniendo en cuenta que ya la licencia de maternidad, los períodos de
vacaciones ya habían sido surtidos y pues que adicional ya era libre y voluntad de
ella continuar cumpliendo con su labor de madre, pues que también es muy
respetable hacerlo y lo entiendo totalmente, adicional de eso, también la figura y el
contexto del cargo que es de libre nombramiento y remoción, entonces se le
recomendó al director que no había por parte del asesor ningún inconveniente en
aceptarle la propuesta que ella estaba haciendo que era pues la declaratoria de
insubsistencia, entonces ya se hizo una reunión en conjunto el director, el doctor
Juan Manuel Russi y la doctora Aydeé conmigo presente, en la cual se procedió a
notificar dicho acto, eso es lo que tengo de conocimiento. Preguntado: ¿Nos puede
precisar, lo que quiere decir es que en algún momento hubo una concertación, de

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común acuerdo entre el director y la señora Aydeé Marqueza Marsiglia para salir
de la entidad relacionado entre la renuncia y la insubsistencia ? Contestó: Sí
señor, lo que yo escuché en su momento, porque sí se lo escuché a ella, fue que
efectivamente para ella era mejor ser declarada insubsistente por cuanto ella así
podía acceder a un seguro de desempleo, que si ella presentaba carta de renuncia
no podía acceder a ese subsidio de desempleo, y pues que eso sí le podía afectar
para lo que necesitaba que era atender a su bebé, porque ella no quería trabajar
durante ese tiempo.

Preguntado: En los hechos de la demanda se afirma que básicamente una de las
razones o mejor que la principal de la desvinculación a través del mecanismo de
insubsistencia de la demandante es que el director le señaló que «su bebé ha
llegado en un mal momento», ¿tiene usted conocimiento alguno en relación con
este aspecto? Contestó: No su señoría, inclusive pues en ese momento yo también
tenía una bebé de más o menos un año y por ende doy fe que el director en ningún
momento tenía ese tipo de tratos con las personas que trabajábamos con él,
inclusive pues era muy comprensivo en ese aspecto, y en ningún momento ni para
Aydeé ni para conmigo cuando teníamos una situación muy parecida, inclusive yo
creo que los bebés son de edades muy cercanas, siempre hubo comprensión y total
ayuda, hubo una muy buena relación por parte de ellos dos, siempre vi los mejores
tratos. Preguntado (apoderado entidad demandada): ¿Existió alguna
discriminación, diferenciación, algún trato discriminatorio de parte del director para
con las personas embrazadas, y en especial con la doctora Aydeé Marsiglia?
Contestó: Reitero, el doctor Javier Alberto Bahamón en ningún momento tuvo trato
discriminatorio con ninguna mujer ni en estado de embarazo no en cualquier estado,
al contrario, siempre fue muy compresivo, y con Aydeé fue sumamente compresivo
y atendió todas las solicitudes que ella de permisos, pues nunca hubo ningún
contratiempo frente a ella. […]

Preguntado (apoderado parte demandante): ¿Cuánto tiempo trabajó con la
doctora Aydeé Marsiglia? Contestó: Hasta el momento en que se hizo efectiva su
licencia de maternidad. Preguntado: ¿Durante ese tiempo, tuvo algún
inconveniente, alguna desaveniencia, supo de alguna investigación en contra de la
doctora Aydeé Marsiglia o tuvieron alguna discrepancia laboral? Contestó: No, todo
fue muy normal, todo derivado de las actividades del cargo. Preguntado: ¿Tuvieron
alguna desaveniencia? Contestó: Pues son cosas normales, en el momento en que
nosotros efectivamente participamos en comités directivos, pues hacíamos y
cumplíamos con todas las actividades naturales del cargo. Preguntado: ¿La
situación de embarazo que tenía la doctora Aydeé Marsiglia impidió que ella
cumpliera sus obligaciones? Contestó: No, en ningún momento. […]. Preguntado:
¿podría usted decir que el cumplimiento de las tareas y las funciones asignadas a la
doctora Aydeé Marsiglia fue satisfactorio entonces durante su desempeño?
Contestó: Pues cumplió con las actividades entregadas, efectivamente el que
puede determinar si cumplió o no cumplió es el director general, cada quien tiene su
evaluación de desempeño y cada quien es evaluado por su jefe jerárquico superior.
Preguntado: Una vez la doctora Aydeé Marsiglia regresa de su licencia de
maternidad, ¿cuándo vuelve a encontrarse con ella? Contestó: Creo que cuando se
acercó a solicitar las vacaciones, no recuerdo bien es que ya pasó buen tiempo.

Preguntado: ¿Sabía usted que la doctora Aydeé Marsiglia cuando solicita su
licencia de maternidad, también solicita el reconocimiento de sus períodos de
vacaciones? Contestó: No, no lo recuerdo porque eso hace parte del proceso de la
Subdirección Administrativa, no está a mi cargo. Preguntado: Cuando la doctora
Aydeé Marsiglia se presenta una vez el cumplimiento de su licencia y de
vacaciones, ¿es cuando se presenta la reunión en la que es declarada
insubsistente? Contestó: No sé si fue el mismo día o en transcurso de esa semana.
Preguntado: ¿Recuerda usted, cómo ese día le ponen de presente una carta de
renuncia a la doctora Aydeé Marsiglia? Contestó: No señor. Preguntado:
¿Recuerda que el director le pone de presente que, o suscribía la carta de renuncia
o la declaraba insubsistente? Contestó: No, vuelvo y reitero que ella solicitó el favor
de que se verificara la posibilidad y por eso se hizo una reunión previa en conjunto
con el asesor para estudiar y determinar si era viable y procedente declarar la
insubsistencia para poder acceder a un seguro de desempleo. La reunión se llevó a
cabo fue con el objetivo de que el asesor externo Juan Manuel Russi manifestara

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ante el director y ante Aydeé efectivamente la procedencia de poderlo hacer.
Preguntado: ¿En la valoración de esas circunstancias que usted describe se evaluó
que la doctora Aydeé Marsiglia estaba en período de lactancia? Contestó: En ese
momento se verificó que no tuviera ningún tipo de fuero o protección legal que la
cubriera teniendo en cuenta que ya había pasado su licencia de maternidad más
los períodos de que ella había disfrutado, y por ende no existía ningún tipo de fuero
o protección especial, adicional porque de ella era como el que yo tenía en ese
momento, era de libre nombramiento y remoción, y por eso, pues también procedía
dicha figura. Preguntado: ¿Conocía usted el Acuerdo Distrital 623 de 2015?
Contestó: En este momento no recuerdo qué dice el Acuerdo 623 de 2015.
Preguntado: ¿Al momento de evaluar las condiciones de la insubsistencia,
evaluaron la Directiva Conjunta 01 de 2016 que se refiere a la protección reforzada
de la mujer? Contestó: Vuelvo y doy respuesta a esa misma pregunta, y es que
efectivamente se verificaron no solo que consagra en la directiva que usted
menciona sino lo que está consagrado por ley, y es que no existía ningún fuero ni
ninguna protección en ese momento que protegiera a Aydeé Marsiglia; en ese
momento ella no estaba gozando de ningún fuero de protección. Preguntado: ¿La
doctora Aydeé Marsiglia pidió que la declararan insubsistente? Contestó:
Efectivamente, ella solicitó que fuera estudiada la posibilidad de que se declarara
insubsistente con el fin de que ella pudiera acceder al seguro de desempleo, es más
hizo uso de esa insubsistencia en la entidad bancaria para poder acceder al seguro
de desempleo. Preguntado: ¿Si eso fue el día que ella se reincorporó, cuándo fue
entonces esa reunión previa? Contestó: Esa fue la reunión que solicitó el director
general en el marco de sus funciones que yo sostuviera como directora corporativa
en atención a una conversación que ellos habían sostenido, no sé de qué aspecto
porque pues eso si él maneja su agenda, para que yo lo hiciera, y obviamente yo
llamé al asesor externo que se tenía en ese momento vinculado a la entidad para
poder corroborar. Fue una reunión de trabajo como todas las que yo podía
desarrollar en ese momento que tenía el cargo.». (Minuto 2:08 a 38:52 del cd
visible a folio 407).

En virtud de los precedentes razonamientos y de cara al sub lite, en el
presente caso, no está en discusión que el cargo denominado director
técnico, código 009, grado 02 que desempeñaba la demandante es de libre
nombramiento y remoción, como quedó analizado anteriormente según las
normas vigentes para la fecha de su vinculación y retiro del servicio.

Ahora bien, del material probatorio allegado, se advierte que la Resolución
4800 del 16 de septiembre de 2016, por la cual la administración declaró
insubsistente el nombramiento de la libelista, no contiene motivación
respecto de los supuestos de hecho y de derecho, pues solo se plasmó que
era en uso de las atribuciones constitucionales y legales. En este sentido, al
ser un cargo de libre nombramiento y remoción conlleva que el acto de
insubsistencia no debe contener una motivación expresa porque se presume
fundamentado en el mejoramiento del servicio y el interés general.

Acorde con lo anterior, para la Subsección no queda duda de las
condiciones académicas y profesionales de la señora Marsiglia Bello, sin
embargo, al desempeñar un cargo considerado de libre nombramiento y
remoción conforme la norma citada anteriormente, hacía procedente que el
nominador válidamente la retirara del servicio, en ejercicio de la facultad
discrecional, sin necesidad de adelantar procedimiento previo para la
expedición del acto o motivar su contenido.

Aunado, debe señalarse que las condiciones profesionales y correcto
desempeño de la función no le otorga al servidor de libre nombramiento y
remoción fuero de estabilidad alguno, pues aquellas calidades son exigibles
de cualquier persona que preste un servicio público:

i) En ese orden de ideas, el hecho de que la hoy demandante hubiese
realizado una excelente labor en el desarrollo de su cargo conforme ésta lo

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asegura y podría deducirse del material documental, no desdice de las
aptitudes de quien hubiese sido nombrado en reemplazo suyo para ejercer el
cargo en cuestión, más aun cuando en todo caso no se aportó una sola
prueba que demostrara las condiciones y aptitudes de éste que llegaran a
ser inferiores en términos de preparación o experiencia a las de la libelista.

ii) Tampoco lo hace respecto de la presunción de mejoramiento del servicio
que opera sobre el acto de insubsistencia pues aquella debe ser entendida
en un contexto amplio que abarque el análisis de las competencias,
experiencia, estudios y habilidades de los funcionarios saliente y entrante,
como también las relaciones de confianza de estos con el nominador,
cuestión última que resulta esencial para el buen desempeño y manejo de la
administración pública y que del mismo modo, carece de medios de prueba
para asegurar lo propio.

Así mismo, como se indicó en precedencia la facultad discrecional de
remover libremente a los empleados que ocupen cargos de libre
nombramiento y remoción, debe ser ejercida dentro de los parámetros de la
razonabilidad y proporcional a los hechos que le sirven de fundamento, acto
administrativo que tiene presunción de que fue expedido con fundamento en
supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos y en aras del buen servicio
público, presunción legal susceptible de ser desvirtuada en sede
jurisdiccional.

Ahora, la parte demandante afirma que el acto administrativo enjuiciado a
través del cual fue retirada del servicio, fue expedido con desviación de
poder, ello en razón a que aún se encontraba en período de lactancia y
gozaba de fuero especial de protección por esa razón, lo cual considera, que
demuestra claramente la intencionalidad de la entidad de desvincularla
arbitrariamente por su condición de madre, lo cual se traduce al mismo
tiempo en el desmejoramiento del servicio en su criterio, debido a que no
fueron valoradas las calidades profesionales y personales que posee, tanto
así que varias veces debió interrumpir su licencia para atender asuntos
laborales, motivo por el cual la Sala de Decisión deberá determinar si en
efecto el acto enjuiciado adolece de la mencionada causal de nulidad.

Al respecto la Subsección encuentra que, al realizar un análisis en conjunto
de las pruebas documentales allegadas, las testimoniales y el interrogatorio
de parte practicadas en el proceso, no es posible concluir que la declaratoria
de insubsistencia de su nombramiento obedeció a fines distintos al
mejoramiento del servicio tal como era dable presumir ni por su condición de
madre lactante.

En efecto, del examen del interrogatorio de parte, si bien aquella aduce que
el director general al momento de notificarle el acto administrativo de
insubsistencia le señaló que el bebé había llegado en un mal momento y por
ello debía retirarla del servicio, lo cierto es que su dicho no puede leerse
como una prueba absoluta, sino que se debe soportarse con los demás
elementos materiales probatorios pues es claro el interés que aquella tiene
en las resultas del proceso.

En este sentido, esta instancia advierte que su manifestación no se
acompasa con las demás piezas procesales obrantes en el plenario, por
cuanto la testigo Sandra Lorena Guacaneme Urueña sostuvo todo lo
contrario, al señalar que la desvinculación no obedeció a su estado de madre
lactante, sino a que la libelista quería compartir más tiempo con su hijo,
situación que si bien niega la demandante tampoco logró demostrar su dicho.

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

Nótese que la declarante Guacaneme Urueña manifestó estar presente
cuando le notificaron el acto de retiro del servicio a la libelista y fue
concordante en aducir que la intención del nominador nunca fue segregar a
la señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello por su condición de madre
lactante, pues ella se encontraba en similar situación, toda vez que también
había dado a luz a su hijo hacía poco tiempo y continuó en el ejercicio del
cargo.

Se destaca que sus manifestaciones sí otorgan credibilidad a esta
Subsección y no es de recibo lo señalado por la demandante en el recurso
de alzada de que faltó a la verdad, dado que desde hace años no hace parte
de la entidad pues renunció a ella para trasladarse a la ciudad de Armenia a
laborar en otra compañía como lo indicó en su testimonio, no suscribió el
acto demandado, ni participó en su elaboración conforme se observa en la
Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016 que fue proyectada por otro
profesional, revisada por el subdirector administrativo y signada por el
director general, de modo que no cuenta con ningún interés en las resultas
del proceso.

Aunado a ello, el señor Richard Eduardo López Torres en su declaración
adujo «cuando llegó la nueva administración y llegó el nuevo director, pues también
llegó el equipo con el que él iba a trabajar, su equipo de directores y asesores.
Cuando él llegó algunos del cuerpo directivo habían renunciado, otros se quedaron.
Durante el tiempo que Aydeé estuvo en la licencia pues se surtieron todos esos
cambios, y durante ese tiempo solamente ella quedaba como directora del anterior
equipo directivo, y yo como asesor, dos meses después más o menos de ella fuera
declarada insubsistente, pues también fui declarado insubsistente yo»,
circunstancia que permite deducir claramente que su desvinculación no fue
por su condición de progenitora en estado de lactancia, sino en virtud de la
facultad discrecional que le fue otorgada al nominador dado el cargo que ella
ejercía, y en la posibilidad del nuevo director de la entidad de conformar su
propio equipo de trabajo, pues se encuentra probado que la demandante no
fue retirada sino hasta que perdió vigencia la garantía constitucional que le
asistía inclusive con varios días de posterioridad a dicho evento.

De otro lado, se observa que el testigo López Torres señaló que la
demandante le comentó que la habían retirado por su condición de madre,
empero es un testigo de oídas que no le consta ello, y por el contrario la
señora Guacaneme Urueña sí estuvo presente en la reunión y conoce las
condiciones de modo, tiempo y lugar en que se dio la desvinculación que hoy
se demanda.

Se hace necesario resaltar, que los testimonios son coincidentes en afirmar
que en ningún momento advirtieron una discriminación por parte del director
general hacia la demandante, pues siempre estuvo presto a concederle los
permisos que requiriera en razón de su estado de embarazo y permitirle
disfrutar de su nueva etapa de madre.

Lo propio sucede con el hecho indicado en el interrogatorio de parte de que
el director le solicitó la renuncia o la declaraba insubsistente, puesto que ello
no es significativo per se de una conducta reprochable y dolosa distinta a la
facultada en virtud de la naturaleza de su empleo, tal como la Sección
Segunda del Consejo de Estado lo ha manifestado en sentencia del 1.° de
junio de 201723, así:

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección

B. Sentencia del 1.° de junio de 2017. Radicado: 25000-23-42-000-2014-02869-01(4778-15).

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Radicado: 25000-23-42-000-2017-01068-01 (2960-2020)
Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

«Las renuncias protocolarias se producen por la voluntad inequívoca del
funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia
respectiva, designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas
para el ejercicio del cargo. En el mismo sentido, es preciso indicar respecto
de la solicitud de la renuncia, que esta conducta por parte de la
administración se acostumbra a realizar más como un acto de cortesía, para
no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el
nominador, máxime cuando se halla frente a un empleado que no goza de
fuero de estabilidad. También se ha sostenido, que en niveles directivos de
libre nombramiento y remoción la insinuación de la presentación de la
renuncia no es ilegal, pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo,
a la posibilidad de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo
de trabajo y de permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier
connotación negativa, que aunque equivocada, tiene la decisión de que su
cargo sea declarado insubsistente.»

En consecuencia, se estima que el retiro de la demandante no se dio con
ocasión directa de su condición de madre lactante y que tampoco se
desmejoró el servicio, pues el material probatorio allegado y practicado en el
plenario no logran desvirtuar la presunción de legalidad de una decisión
discrecional permitida constitucional y legalmente en esos términos.

En lo que respecta a lo alegado por la demandante en su recurso de
apelación en el entendido de que el nuevo director de la entidad retiró a
todas las mujeres y en su lugar nombró a hombres, situación con la cual
incumplió la Directiva Conjunta 001 de 2016, lo que a su vez es un indicio de
discriminación, lo cierto es que del cuadro anexo a la constancia del 2 de
noviembre de 2018 (folios 330 a 331), se encuentra que para el año 2016
había 2 mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio en la Caja de la
Vivienda Popular, por lo que no es cierta su afirmación, y en todo caso, se
insiste, no se demostró dentro del proceso algún tipo de actuación
discriminatoria en contra de la interesada por parte del nominador.

Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el contenido del
acto demandado cumple las exigencias de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la decisión discrecional de retiro del servicio. Para desvirtuar
dicha presunción, es a la parte demandante a quien le correspondía allegar
todos los elementos probatorios tendientes a demostrar que la medida
adoptada no tuvo dichas finalidades, lo que en el sub lite no ocurrió, tal como
lo consideró el a quo.

 De la desviación de poder

Las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de autonomía. Al contrario, el poder público es
heterónomo, porque la normativa que regula dichas funciones prevé deberes
y prohibiciones. Es decir, un variopinto de restricciones a los destinatarios
para que se garantice el cumplimiento de los fines públicos.

Por ello, el artículo 6.° de la Constitución Política prevé que los servidores
públicos además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes,
lo son también, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que están positivamente limitados, de allí que los servidores
públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las
leyes, los reglamentos, etc.

Conforme a ello, cuando la conducta (activa u omisiva) es explícitamente
contraria a una norma regulativa de mandato, se torna en «ilícita» porque el
sujeto activo hizo lo prohibido o no hizo lo debido. Es decir, los ilícitos típicos
son las conductas o actos opuestos a una regla de derecho. Se entiende

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«ilícito» en el sentido más amplio, esto es, como antijurídico o ilegal y no
necesariamente como delictual. Sin embargo, también existen ilícitos
atípicos. Manuel Atienza explica que «[…] Los ilícitos atípicos, por así decirlo,
invierten el sentido de una regla: prima facie existe una regla que permite la
conducta en cuestión; sin embargo - y en razón de su oposición a algún principio o
principios-, esa conducta se convierte, una vez considerados todos los factores, en
ilícita. Esto es, abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder […]»24

Sobre la desviación de poder, se ha entendido que se configura cuando
quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si
bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las
formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que
le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses
públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar
la competencia en cuestión.

Al respecto, el abuso o desviación de poder25 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del
derecho público y con el fin de someter los actos administrativos
discrecionales al control judicial. Se ha llegado a sostener incluso que
precisamente el eje central del derecho administrativo es el control de la
discrecionalidad. Al respecto, García de Enterría señala lo siguiente:

«[…] La cuestión del control judicial del ejercicio de las potestades
discrecionales de la Administración es un tema clásico de la teoría del
Derecho. Está en los orígenes mismo del Derecho Administrativo y cada
época ha ido dejando en él la huella de sus propias reflexiones teóricas, así
como de las sucesivas experiencias prácticas y jurisprudenciales […]

[…] será justamente en la III República cuando se asiente y se desarrolle de
forma espectacular el excès de pouvoir, que dará plena madurez al Derecho
Administrativo y que impulsará resueltamente al juez contencioso a extender
su control sobre las decisiones de la administración. Desde 1872 hasta hoy
mismo los poderes del juez, su instrumentario técnico de análisis de la validez
de los actos discrecionales, la extensión de sus poderes de control sobre los
actos de la Administración, no han hecho sino incrementarse, y hay que decir
que la tendencia continúa […]»26

Por lo tanto, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de
control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales, pues se ha
entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la
administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada
para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y
legalmente responde la norma.

Lo anterior condujo a que el juez administrativo perfeccionara sus facultades
con el control constitucional, y que el control del exceso de poder, o la
desviación de poder, se fortaleciera con los principios constitucionales.
Algunos incluso sostienen que en el derecho administrativo no es necesario
hablar de la constitucionalización, porque por su naturaleza es constitucional.

Por último, es importante recalcar que el uso de la norma que confiere poder,
el cual está permitido por una regla regulativa, genera un resultado
institucional o cambio normativo, bien sea un contrato, un acto administrativo

24 Atienza, Manuel; Ruíz Manero, Juan. Ilícitos atípicos. Madrid, Trotta, 2000. pág. 27.
25 La desviación de poder es una especie dentro del género exceso de poder.
26 Eduardo García de Enterría; Democracia, jueces y control de la administración. Madrid,

Marcial Pons, 4ed., 1998, pp. 31 y 36.

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o una ley27. En esos términos, al tratarse de un «ilícito atípico» provoca un
daño, consistente en el agravio o amenaza de derechos e intereses
colectivos. Una característica importante del citado daño, es el de ser
indirecto o mediato.

Por su parte, el Consejo de Estado28 ha efectuado el análisis sobre la
desviación de poder, desde esta misma óptica, al respecto ha sostenido:

«[…] A su turno, la desviación de poder ha sido definida por la jurisprudencia
de esta Corporación como el vicio que afecta la finalidad del acto
administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto persigue
configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el
marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se
configura cuando se está ante la presencia de una intención particular,
personal o arbitraria de un sujeto que actúa a nombre de la administración, en
la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las que debe someterse29.

De igual forma, ha advertido esta Sala que la demostración de una desviación
de poder impone un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal
del acto censurado, para trasladarse a la esfera estrictamente subjetiva de las
personas que llevan la representación de la Administración, lo que a su turno
implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal
de anulación, en el sentido de que debe aparecer acreditado fehacientemente
que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o
influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes
públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar. […]»

Frente a este cargo la demandante señaló que los motivos que conllevaron a
la decisión de retiro fueron diferentes a los autorizados por el legislador.

Al respecto, cabe resaltar, que sobre la facultad discrecional de libre
nombramiento y remoción por disposición expresa del inciso segundo del
artículo 2.° de la Ley 1437 de 2011, su ejercicio no se encuentra sometido a
las normas de la primera parte del código, relativas a los procedimientos
administrativos. Entre otras cosas, ello supone, como se enunció, que el acto
administrativo mediante el cual se ejerza no está en la necesidad de tener
una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando se dispone
la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción teleológica
en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del
funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio.

Del análisis anterior, la Sala concluye que en este caso la definición de la
existencia de un vicio de poder se desprende por llegar a la convicción de la
voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto
administrativo apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos,
cuestión que, por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el
mayor de los casos, no exime, ni alivia la carga que tiene el interesado
consistente en acreditar suficientemente su configuración. Sobre el particular,
esta Corporación ha sostenido lo siguiente: «[…] demostrar la causal de
desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la
intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó
con fines distintos a los previstos por la norma.[…]»30

27 Atienza y otro. Ob. Cit. pág. 127.
28 Ibidem.
29Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 26 de noviembre de 2009.
Expediente 27001-23-31-000-2003-00471- 02 (1385-2009).
30 Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, Sección Segunda, Subsección B; expediente. 170012331000200301412
02(0734-10).

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Con base en el alcance del concepto de desviación de poder y valorado en
su integridad el acervo probatorio relacionado en acápites anteriores, da
cuenta básicamente de lo siguiente:

• El nombramiento de la demandante en el cargo de directora técnica,
código 009, grado 02, de sus estudios y experiencia profesional;
• De los actos administrativos por medio de los cuales se encargó en
diferentes periodos a quien la reemplazó en el empleo referido, mientas la
titular estuvo en licencia de maternidad y luego de ser declarada
insubsistente, y;
• Las pruebas testimoniales e interrogatorio de parte que dan cuenta de
que a la libelista no se le retiró con motivos de ser madre lactante;
• El cambio de administración y la eminente desvinculación de la
demandante tal como lo adujeron los testigos y la propia demandante.

Acorde con lo analizado en precedencia, se demostró que el retiro del
servicio de la libelista obedeció a que llegó un nuevo director a la Caja de la
Vivienda Popular, el cual desempeñó sus funciones e implementó las
políticas institucionales con su equipo de trabajo, y mantuvo en el cargo a
aquella hasta que finalizó sus períodos de licencia de maternidad y
vacacionales, respectivamente.

Bajo esta línea de intelección, en un ejercicio amplio y de sana lógica sobre
las pruebas allegadas, no es posible extraer la desviación de poder tendiente
al desmejoramiento del servicio o a burlar la garantía constitucional
propiamente dicha que depreca la demandante, pues dado el cambio de
administración fue desvinculada, lo cual es perfectamente permitido y
adecuado, más aun en el caso de un cargo de libre nombramiento y
remoción que solo requería la decisión de insubsistencia sin motivación o
justificación adicional a la discrecionalidad cuyo desbordamiento no fue
probado en esta oportunidad.

En consecuencia, no se logra observar en primer lugar, desde un punto de
vista objetivo que la Resolución 4800 del 16 de septiembre de 2016,
contuviera un propósito alejado propiamente de la optimización del servicio, y
en segundo lugar, desde un aspecto subjetivo por quien lo expidió, tampoco
se avizora una intención precedida de un interés particular de vulnerar su
período de lactancia que nublara la facultad discrecional en su expedición.
De allí que no se probó un iter desviatorio endilgable al acto demandado.

En conclusión: La libelista no demostró que la Resolución 4800 del 16 de
septiembre de 2016, hubiese sido proferida en razón de su condición madre
lactante o con efectos de desmejoramiento del servicio público, a pesar de
que era su carga procesal. De manera que no se configuró el
desbordamiento de la proporcionalidad en el ejercicio de la facultad
discrecional que le confiere la Constitución y la ley a la administración para
declarar la insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción como
el de aquella, debido a que en todo caso había fenecido la aplicación de la
presunción de ilegalidad de la desvinculación con motivo de esa condición y
por lo tanto le correspondía a la señora Marsiglia Bello demostrar los
supuestos alegados, lo cual no ocurrió.

Aunado a lo anterior, no probó que la administración tuviera fines ocultos
para desvincular a la demandante en el cargo de directora técnica, código
009, grado 02, en la Caja de la Vivienda Popular.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, la Subsección confirmará la sentencia de primera

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instancia que denegó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que
no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201631, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP32,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 33.

31 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante:

María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
32 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de

manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
33 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]».

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Demandante: Aydeé Marqueza Marsiglia Bello

Por tanto, bajo este hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en
costas a la demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida
que conforme el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la primera resultó
vencida en segunda instancia y la parte pasiva intervino en el trámite de la
apelación surtido ante esta Corporación conforme la constancia secretarial
visible a folio 475 del plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Aydeé Marqueza Marsiglia Bello contra el Distrito Capital de Bogotá,
Caja de Vivienda Popular.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante
y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero: Reconocer personería adjetiva para actuar como apoderada de la
Caja de Vivienda Popular, a la abogada Zolangie Carolina Franco Díaz,
identificada con cédula de ciudadanía 53.049.746 y portadora de la tarjeta
profesional 166.377 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad
con el memorial de poder obrante a folio 2 del archivo en PDF enviado como
mensaje de datos al correo electrónico de la Secretaría de la Sección
Segunda el 5 de abril de 2021 y registrado en el programa SAMAI en índice
17.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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