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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01828-01

Director seccional de fiscalías: empleo de libre nombramiento y remoción

Fecha
15 de febrero de 2018
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
38 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-31-000-2010-01828-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confírmese la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Mery Díaz Garnica contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Segundo: Sin condena en costas por las razones expuestas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-31-000-2010-01828-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

15 de febrero de 2018

DIRECTOR SECCIONAL DE FISCALÍAS – Empleo de libre nombramiento y remoción

Para resolver los problemas jurídicos planteados resulta oportuno indicar que el cargo de director seccional de fiscalías está sometido al régimen de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 130 / LEY 938 DE 2004 – ARTÍCULO 59
INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – Fundamento. Ejercicio de la facultad discrecional. Límites

Vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, rad.: 3685-13.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 36

INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – Buen desempeño del empleo público no inhibe a la administración para ejercer la facultad discrecional

Con todo, debe señalarse que las condiciones profesionales y correcto desempeño de la función no le da al servidor de libre nombramiento y remoción fuero de estabilidad alguno, pues aquellas, son calidades que son exigibles de cualquier persona que preste un servicio público. Además, se concluye que con la salida de la peticionaria no probó que se desmejoró el servicio, pues su reemplazo fue el señor José Haxel de la Pava Marulanda, persona de quien no se argumentó que no cumpliera los requisitos mínimos o que con su designación hubiera desmejorado el servicio.

DESVIACIÓN DE PODER – Configuración. Control al ejercicio de competencias administrativas discrecionales

En relación con la desviación de poder debe decirse que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión. Tradicionalmente, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma.

ACTO DE INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – Presunción legal de mejoramiento del servicio

En lo que se refiere a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción cabe indicar que, por disposición expresa del inciso final del artículo 1 del CCA, su ejercicio no se encuentra sometido a las normas de la primera parte del código, relativas a los procedimientos administrativos. Entre otras cosas, ello supone que el acto administrativo mediante el cual se ejerza no está en la necesidad de tener una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando se dispone la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción teleológica en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio.

DESVIACIÓN DE PODER EN ACTO DE INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – Carga de la prueba

Establecido lo anterior, es posible concluir que la carga de la prueba de la existencia de una desviación de poder la tenía en el presente caso la señora Mery Díaz Garnica, por lo que se hace necesario verificar si de los documentos aportados al plenario es posible inferir que la finalidad de la expedición del acto de retiro no obedeció a razones del buen servicio sino como retaliación por la publicidad de la citada información. NOTA DE RELATORÍA: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de febrero de 2011, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, rad.: 0734-10.

NOTAS PERIODÍSTICAS – Valor probatorio / EFICACIA PROBATORIA DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS – Depende de otras pruebas que lleven al juez al convencimiento de lo dicho en la nota / NOTA PERIODÍSTICA SOBRE PROCESO PENAL CONTRA CÓNYUGE DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN – No prueba desviación de poder del acto de insubsistencia

En relación con el valor probatorio que se le asigna a las publicaciones periodísticas, que la jurisprudencia el Consejo de Estado ha sostenido que las mismas son consideradas prueba documental que, en principio, solo tiene valor secundario o principio de prueba frente al hecho que se pretende acreditar. En efecto, el alcance probatorio de las aseveraciones contenidas en las publicaciones de prensa únicamente demuestran el hecho noticioso, esto es, el registro mediático de un hecho en particular, sin que ello constituya plena prueba. En otras palabras, el registro periodístico de una determinada circunstancia per se no le permite al juez adquirir el convencimiento absoluto, más allá de toda duda, de la demostración de un hecho relevante para un caso concreto. En este orden de ideas, su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez. (…). Las pruebas allegadas al proceso no demuestran que la insubsistencia del nombramiento de la señora Mery Díaz Garnica como directora seccional de fiscalías de Cali se dio como consecuencia de la información publicada por los medios de comunicación relacionada con la supuesta captura de su esposo, pues ni siquiera acreditó la supuesta incomodidad que tal evento causó en la autoridad nominadora. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las notas periodísticas: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de enero de 2015, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, rad.: 2274-10.

INSUBSISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DENTRO DE LOS CUATRO MESES ANTERIORES A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL – Ilegal. Ilegalidad sólo cobija a los funcionarios de la Rama ejecutiva

En el presente asunto, la parte demandante sustenta el cargo de ilegalidad de vulneración de las normas en que debió fundarse, en el presunto desconocimiento del artículo 32 de la Ley 996 de 2005, pues el acto de insubsistencia se produjo dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales. Al respecto, emerge con claridad que la Fiscalía General de la Nación no es destinataria de la norma presuntamente infringida, pues aquella entidad pertenece a la Rama Judicial de acuerdo con los artículos 116 y 249 de la Constitución Política, y el artículo 3 de la Ley de Garantías Electorales se aplica solamente de las entidades que pertenece a la Rama Ejecutiva. Del mismo modo, vale precisar que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que el hecho de que las funciones asignadas al cargo de director seccional de fiscalías sean eminentemente administrativas implica que también deben entenderse inmersas en la prohibición de que trata el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, ello por cuanto tal preceptiva atiende el criterio orgánico que es el que tiene en cuenta la clasificación constitucional, el cual no es posible desconocer basado en las funciones específicas de un empleo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 116 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 249 / LEY 996 DE 2005 – ARTÍCULO 32 / LEY 996 DE 2005 – ARTÍCULO 38

CONDENA EN COSTAS – Criterio subjetivo

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16)

Actor: MERY DÍAZ GARNICA

Demandado: RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984

La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Mery Díaz Garnica contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

ANTECEDENTES

La señora Mery Díaz Garnica, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Pretensiones

Se declare la nulidad de la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010, por medio de la cual el fiscal general de la Nación declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de directora seccional de fiscalías de Cali.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Fiscalía General de la Nación a reintegrarla al cargo que ocupaba al momento de la declaratoria de insubsistencia, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, estimándose para todos los efectos que la relación laboral no tuvo solución de continuidad.

Igualmente pidió, a título de indemnización por perjuicios morales, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

La señora Mery Díaz Garnica estuvo vinculada a la Rama Judicial durante más de 17 años, en los cargos de auxiliar judicial grado 09; profesional universitario, fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos de Cali; fiscal delegada ante jueces penales del circuito y por último directora seccional de fiscalías de Cali.

El 2 de febrero de 2010, los medios de comunicación difundieron una noticia a nivel nacional, en la que informaban sobre la detención y captura del señor Orlando Antonio Guapacha Tonusco, quien es el cónyuge de la demandante, sin embargo, lo cierto fue que aquel se presentó de manera voluntaria ante el despacho que lo requirió y una vez rindió indagatoria, la investigación en su contra se precluyó.

Un mes después de la noticia, por Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010, la Fiscalía General de la Nación declaró la insubsistencia de su nombramiento como directora seccional de fiscalías de Cali, argumentando razones del servicio y en el mismo acto designó en su reemplazo al señor José Haxel de la Pava Marulanda.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 53 121, 125 y 209 y el Preámbulo de la Constitución Política; 36, 84 inc. 2, 85, 132 a 139, 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Como concepto de violación, expuso que la decisión de insubsistencia adoptada por el fiscal general de la Nación fue expedida con desviación de poder y violación de las normas en que debió fundarse, pues aunque el cargo de directora seccional de fiscalías de Cali, que la demandante venía desempeñando en la entidad, era de libre nombramiento y remoción, también es cierto que la determinación de retirarla estuvo inspirada en un fin desviado, distinto del mejoramiento del servicio, con ocasión de la noticia difundida por los medios de comunicación, según la cual su esposo, el señor Orlando Antonio Guapacha, había sido detenido conforme orden de captura proferida en su contra por el delito de lavado de activos.

En este mismo sentido, sostuvo que no se puede admitir que se mejoró el servicio, con el retiro de una funcionaria con las condiciones de la señora Díaz Garnica en vigencia de la Ley 996 de 2005, en medio de un proceso electoral con altos niveles de amenaza como el que se vivió en esa ocasión. Lo anterior, en consideración a que si bien es cierto que la ley mencionada suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal durante los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales, también lo es que la Fiscalía General de la Nación ejerce funciones administrativas a través de funcionarios tales como el secretario general, el director nacional de fiscalías, el director administrativo y financiero y los directores seccionales de fiscalías, entre otros.

Igualmente, expuso que no es posible admitir que se mejoró el servicio dado que a tan solo un mes de haberse nombrado su reemplazo, el señor José Haxel de la Pava fue trasladado por razones del servicio a la Seccional de Villavicencio, situación que pone de manifiesto el nexo de causalidad entre los hechos puestos de presente y la decisión de insubsistencia.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

• Fiscalía General de la Nación (ff. 83 a 90)

El apoderado de la Fiscalía General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

En relación con la expedición del acto acusado, manifestó que la entidad tiene un régimen legal autónomo tal y como se desprende del artículo 59 de la Ley 270 de 1996 y que la señora Mery Díaz Garnica ostentaba un cargo de libre nombramiento y remoción, naturaleza que implica que la autoridad nominadora estaba habilitada para declarar la insubsistencia de su nombramiento sin necesidad de motivar el acto que así lo definiera. Además, la ex funcionaria no acreditó la desviación con la que sostiene actuó la administración al retirarla.

Adicionalmente, adujo que la idoneidad y competencia de las personas vinculadas como servidores públicos son condiciones que se espera reúnan, y que de manera alguna otorgan al titular de un cargo, una prerrogativa de permanencia en el mismo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mery Díaz Garnica (f. 134 a 143)

El apoderado de la parte demandante insistió en que la razón por la cual el fiscal general de la Nación declaró la insubsistencia de su nombramiento fue la información divulgada a la opinión pública relacionada con la supuesta captura de su señor esposo en el trámite de una investigación que finalmente se precluyó. Lo anterior como quiera que tal situación, le generó notable molestia a dicho funcionario.

Así las cosas, concluyó que no es cierto que la medida estuviera inspirada en razones del servicio como se afirmó en el acto administrativo demandado, lo que evidencia que estuvo falsamente motivado, defecto que se refuerza con el hecho de que su reemplazo, el señor José Haxel de la Pava, no tenía la experiencia que sí tenía la demandante. Seguidamente, reiteró las razones de ilegalidad expuestas en el libelo introductor.

La parte demandada y el Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en el siguiente razonamiento:

En cuanto al incumplimiento de los términos de la Ley 996 de 2005, cuyo ámbito de aplicación está circunscrito a las entidades del ejecutivo, estimó que aquella no rige para la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta de que es claro que conforme el artículo 249 de la Constitución Política la entidad demandada forma parte de la Rama Judicial, sin que sea procedente distinguir algunas características que permitan clasificarla en otra rama del poder público.

Respecto de la desviación de poder, indicó que no se arrimó prueba alguna al plenario que permita establecer que las noticias relacionadas con la captura del cónyuge de la accionante fueron tergiversadas, que fueron la causa para algún llamado de atención para ella o que motivó su retiro. También observó que no se aportaron medios de prueba que comprobaran las afirmaciones sobre su experiencia laboral y desempeño profesional.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

Dentro de la oportunidad legal, la señora Mery Díaz Garnica presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó en lo siguiente:

Insistió en el cargo de vulneración del artículo 32 de la Ley 996 de 2005, al haber dispuesto su retiro con afectación de la nómina estatal, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales, y sustentó la aplicabilidad de la norma en comento, bajo el argumento de que se hace extensiva a su caso en atención al criterio funcional, dadas la labores administrativas que tiene asignadas el cargo de director seccional de fiscalías de Cali.

En su criterio, las pruebas aportadas al proceso fueron indebidamente valoradas por el a quo, pues de ellas es posible inferir, de manera indiciaria, la desviación de poder con la que actuó la autoridad nominadora, pues es claro que no se puede exigir prueba documental que contenga expresamente tal aseveración.

Igualmente, insistió en que al estar demostradas sus excelentes calidades para la labor que desarrollaba y que un mes después de la designación de su reemplazo aquel fue trasladado a otra seccional, es claro que no se buscaba el mejoramiento del servicio.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Fiscalía General de la Nación (ff. 281 – 286)

La entidad demandada manifestó que la Ley 995 de 2006 suspende la vinculación que afecte la nómina estatal, solamente en la Rama Ejecutiva, y es un hecho notorio que el cargo que desempeñaba la señora Díaz Garnica en la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, argumento que rebate el vicio de vulneración de normas superiores formulado por la actora.

Más adelante, explicó que la Resolución 1311 del 12 de abril de 2010, por medio de la cual se efectuó el traslado del señor José Haxel de la Pava Marulanda, designado en reemplazo de la demandante, a la Seccional de Villavicencio, está investido por la presunción de legalidad y no ha sido cuestionado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a lo que se agrega que no se probó que tal decisión no obedeciera a las necesidades del servicio.

Mery Díaz Garnica (ff. 287 - 301)

En su intervención la parte demandante, reiteró sus argumentos e hizo énfasis en que la presunción de legalidad del acto de insubsistencia se encuentra desvirtuada por los siguientes hechos:

1. La larga y amplia trayectoria profesional que tenía la demandante para el momento del retiro y que garantizaba un buen servicio. Para ello, identificó los cargos que había desempeñado en la entidad.

2. La desvinculación no tuvo como fin el buen servicio, sino que obedeció a la defensa de la imagen de la institución, ante la información difundida por los medios de comunicación respecto de la supuesta captura de su señor esposo, aspecto cuyo nexo causal es evidente, pues transcurrieron 37 días desde la divulgación de la noticia y el retiro. Sobre este aspecto destacó que es innegable el daño que tal anuncio le causó a la imagen de la institución, la cual no hizo un pronunciamiento público en defensa de la ex servidora, sino que procedió a separarla del servicio.

3. La breve permanencia de su sucesor en el cargo de director seccional de fiscalías de Cali.

El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en esta instancia, en el que solicitó se confirme la decisión denegatoria, para lo cual analizó que la naturaleza de libre nombramiento y remoción de la demandante no le otorgaba fuero alguno de estabilidad y en consecuencia, el nominador tenía la posibilidad de desvincularla mediante acto que no requería motivación expresa.

CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

¿Las pruebas allegadas demuestran que la insubsistencia del nombramiento de la señora Mery Díaz Garnica como directora seccional de fiscalías de Cali se dio como consecuencia de la información publicada por los medios de comunicación relacionada con la supuesta captura de su esposo?

¿El posterior traslado de sede de la persona designada como su reemplazo en el cargo desvirtúa las razones del servicio aducidas en la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 para retirar a la señora Mery Díaz Garnica?

¿Con la expedición de la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 la Fiscalía General de la Nación infringió el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, al haber dispuesto su retiro con afectación de la nómina estatal, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales?

Primero y segundo problemas jurídicos

¿Las pruebas allegadas demuestran que la insubsistencia del nombramiento de la señora Mery Díaz Garnica como directora seccional de fiscalías de Cali se dio como consecuencia de la información publicada por los medios de comunicación relacionada con la supuesta captura de su esposo?

¿El posterior traslado de sede de la persona designada como su reemplazo en el cargo desvirtúa las razones del servicio aducidas en la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 para retirar a la señora Mery Díaz Garnica?

Para efectos de resolver los problemas jurídicos propuestos, se analizarán los siguientes aspectos: i) La naturaleza del cargo de director seccional de fiscalías; ii) Los límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, y iii) El caso concreto.

De la naturaleza del cargo de director seccional de fiscalías

Para resolver los problemas jurídicos planteados resulta oportuno indicar que el cargo de director seccional de fiscalías está sometido al régimen de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, norma que textualmente indica:

«ARTICULO 130. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS.
[…]
Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho del Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.
[…]» (negrillas fuera del texto original)

A su vez, el artículo 59 de la Ley 938 de 30 de diciembre de 2004, por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, reiteró la clasificación de los servidores según el tipo de nombramiento de que trata el artículo 130 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996.

Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción

La existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa la constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.

Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996 al efectuar el control previo del artículo 130 de la Ley Estatutaria de Justicia, admitió que la clasificación de algunos cargos de la Rama Judicial, incluido el de fiscal delegado ante la Corte suprema de Justicia, como de libre nombramiento y remoción que contiene el inciso cuarto de dicha norma, está inspirado en criterios de razonabilidad, teniendo en cuenta que se trata de labores que comprometen un mayor grado de confianza y de responsabilidad en las decisiones que se deben tomar para el debido ejercicio de las actividades encomendadas.

Por su parte, el artículo 36 del CCA señala: «En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa», contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».

El asunto concreto

En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver los problemas jurídicos planteados:

Documentales

En los folios 3 a 8 reposa certificación expedida por el profesional universitario, analista de personal de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera Seccional Cali, en la cual consta la relación de cargos que desempeñó Mery Díaz Garnica en la entidad desde su ingreso a la entidad, en virtud de la Resolución 020 del 20 de noviembre de 1992 en el empleo de auxiliar judicial grado 9 en provisionalidad, hasta el 25 de septiembre de 2007.

A través de Resolución 0-074 del 25 de febrero de 2008 la actora fue nombrada como directora seccional de fiscalía de Cali, cargo del cual se posesionó el 3 de marzo de 2008 (ff. 9 y 10).

La demandante fue trasladada a la seccional de Cúcuta por la Resolución 2-1142 del 13 de mayo de 2008 (f. 11); luego a Ibagué en la Resolución 2-1436 del 24 de junio de 2009 (f. 12) y más tarde regresó a la seccional Cali en virtud de la Resolución 2-2092 del 26 de agosto de 2009 (ff. 14 y 15).

En los folios 28 y 29 obra «orden de libertad» impartida por la fiscal 9 especializada al señor Orlando Antonio Guapacha Tonusco expedida el 26 de enero de 2010 y diligencia de compromiso que suscribió la misma persona y en el cuaderno anexo reposa la providencia del 17 de febrero de 2010 en la cual se resolvió la situación jurídica del esposo del demandante (ff. 9 a 24) Cdno. Anexo).

Mediante Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 el fiscal general de la Nación en encargo, declaró insubsistente el nombramiento de Mery Díaz Garnica en el cargo de director seccional de fiscalías de Cali y nombró en propiedad en el mismo empleo al señor José Haxel de la Pava Marulanda (f. 2).

El señor José Haxel de la Pava Marulanda fue trasladado a la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio por disposición de la Resolución 2-1311 del 12 de abril de 2010 (ff. 31 y 32).

El 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía Novena Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos precluyó la investigación en contra de Orlando Guapacha Tonusco (ff. 68 a 140 Cdno. Anexo).

Noticias periodísticas

Se aportaron los siguientes artículos periodísticos, del mes de febrero de 2010:

Cinco capturados por presunto delito de lavado de activos (ff. 16 y 17).
Capturan a esposo de directora seccional de Fiscalías de Cali (ff.18 a 22).
Esposo de directora de Fiscalías de Cali niega haber sido capturado (f.23)
Directora de Fiscalías no ha pensado dimitir (f. 25).
«Es una persecución contra mi esposa» (f. 26).
Esposo de Directora de Fiscalías, investigado por lavado de activos (f. 27).

Análisis de la sala

En cuanto a los motivos de mejoramiento del servicio aducidos en la resolución de retiro, la Subsección encuentra que no se discute que la señora Mery Díaz Garnica ostentara las condiciones profesionales para desempeñar el empleo de directora seccional de fiscalías, empero, no se aportó su hoja de vida de manera que no es posible verificar lo relacionado con su experiencia profesional.

Con todo, debe señalarse que las condiciones profesionales y correcto desempeño de la función no le da al servidor de libre nombramiento y remoción fuero de estabilidad alguno, pues aquellas, son calidades que son exigibles de cualquier persona que preste un servicio público. Además, se concluye que con la salida de la peticionaria no probó que se desmejoró el servicio, pues su reemplazo fue el señor José Haxel de la Pava Marulanda, persona de quien no se argumentó que no cumpliera los requisitos mínimos o que con su designación hubiera desmejorado el servicio.

Tampoco es admisible que el posterior traslado de sede de la persona designada como su reemplazo en el cargo, desvirtúe las razones del servicio aducidas en la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 para retirar a la actora, pues se trata de una decisión que el nominador está habilitado para adoptar si el servicio lo requiere. Además, conforme los documentos aportados, ella también fue objeto de medidas semejantes, sin que tales actos impliquen, por sí solos, el desmejoramiento en el desarrollo de las funciones impuestas al cargo o el ejercicio abusivo de una competencia asignada a la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, para sustentar el cargo de la desviación de poder la demandante afirma que la razón de su desvinculación fue el hecho de la divulgación al público en general de la captura de su señor esposo dictada en el marco de un proceso penal que se adelantaba en su contra, es decir, que su razonamiento no apunta a que la insubsistencia obedeció a la situación jurídica de su cónyuge ante la justicia penal en sí, contexto que ella misma reconoce podía llevar al detrimento de la imagen pública de la entidad.

En relación con la desviación de poder debe decirse que se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.

Tradicionalmente, esta figura ha sido aceptada como una de las técnicas de control del ejercicio de facultades administrativas discrecionales pues se ha entendido que la atribución de ciertos márgenes de libertad decisoria a la administración no significa en modo alguno que esta se encuentre habilitada para definir, sustituir o desconocer la teleología a la que constitucional y legalmente responde la norma.

En lo que se refiere a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción cabe indicar que, por disposición expresa del inciso final del artículo 1 del CCA, su ejercicio no se encuentra sometido a las normas de la primera parte del código, relativas a los procedimientos administrativos. Entre otras cosas, ello supone que el acto administrativo mediante el cual se ejerza no está en la necesidad de tener una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando se dispone la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción teleológica en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio.

Como puede desprenderse del análisis de esta institución, la definición de la existencia de un vicio de poder pasa por llegar al convencimiento de la voluntariedad o intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo, cuestión que por el hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime ni aligera la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su configuración. Sobre el particular, esta corporación ha sostenido lo siguiente:

«[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma.[…]»
Respecto de la prueba de la desviación de poder, el profesor Hugo Alberto Marín Hernández destaca tres importantes particularidades en su libro «Discrecionalidad administrativa»:

«[…] la primera, es que se trata de una prueba negativa, en el sentido que implica demostrar que la Administración no actuó con el propósito de servir al fin legalmente previsto, sino a uno distinto de él, si bien ello no quiere decir que el recurrente sea (sic) vea además en la obligación de demostrar cuál es ese otro objetivo diverso del normativamente fijado, que el acto cuestionado realmente buscó. La segunda, que la prueba de la desviación de poder resulta de una convicción y no de una constatación, toda vez que no se trata de demostrar la existencia de un elemento concreto, tangible, sino de un componente intelectual, psicológico, como es la intención del agente administrativo, que naturalmente no se desprende de la simple constatación de los hechos, sino de la íntima convicción del juez, que en la aplicación de esta técnica juega un papel trascendental si se tiene en cuenta que la prueba de una intención no puede ser plena y, por tanto, salvo en los casos de confesión, no es posible alcanzar un grado de certeza absoluta. La tercera característica, por último, guarda relación con la carga de la prueba […] en materia de desviación de poder, al igual que en tratándose de cualquier otra técnica de control de la actividad administrativa, en principio corresponde al recurrente la carga (sic) la prueba, salvo cuando las específicas circunstancias del caso, la valoración que de la actitud procesal de la Administración haga el juez o la aplicación de principios como el de facilidad probatoria comporten la inversión de la misma […]»

Establecido lo anterior, es posible concluir que la carga de la prueba de la existencia de una desviación de poder la tenía en el presente caso la señora Mery Díaz Garnica, por lo que se hace necesario verificar si de los documentos aportados al plenario es posible inferir que la finalidad de la expedición del acto de retiro no obedeció a razones del buen servicio sino como retaliación por la publicidad de la citada información.

Para analizar este punto, resulta oportuno señalar, en relación con el valor probatorio que se le asigna a las publicaciones periodísticas, que la jurisprudencia el Consejo de Estado ha sostenido que las mismas son consideradas prueba documental que, en principio, solo tiene valor secundario o principio de prueba frente al hecho que se pretende acreditar.

En efecto, el alcance probatorio de las aseveraciones contenidas en las publicaciones de prensa únicamente demuestran el hecho noticioso, esto es, el registro mediático de un hecho en particular, sin que ello constituya plena prueba. En otras palabras, el registro periodístico de una determinada circunstancia per se no le permite al juez adquirir el convencimiento absoluto, más allá de toda duda, de la demostración de un hecho relevante para un caso concreto.

En este orden de ideas, su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.

Ahora bien, de los documentos obrantes en el plenario se desprende que efectivamente, los medios de comunicación se refirieron a una orden de captura proferida en contra del señor Orlando Antonio Guapacha Tonusco, esposo de la actora. Igualmente, se evidencia que el proceso penal que se inició en su contra concluyó con una resolución de preclusión de la investigación, aunque no se observa cómo ese hecho conduciría a establecer la desviación de poder alegada.

Con base en lo anterior, las noticias periodísticas reseñadas no demuestran que fueron ellas las que llevaron al nominador a determinar el retiro de la señora Díaz Garnica, pues como se dijo, el registro periodístico de una determinada circunstancia per se no le permite al juez adquirir el convencimiento absoluto, más allá de toda duda, de la demostración de un hecho relevante para un caso concreto.

En este sentido, la demandante afirma que el hecho de que el acto acusado hubiera sido expedido tan solo 37 días después de la difusión de la información se constituye en prueba del nexo causal de ambos eventos, no obstante, debe decirse que este solo paso del tiempo no lleva a la certeza de la incomodidad que tales informaciones causaron en la autoridad nominadora, aspecto que se constituye en determinante para efectos de tener por demostrados los argumentos que sustentan el cargo de desviación de poder. En ese orden, la parte actora no logró crear en la Sala la suficiente convicción en cuanto a que la finalidad de la administración en la expedición del acto demandado no era la satisfacción del interés general y la mejora del servicio.

De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:

La naturaleza del empleo de director seccional de fiscalías es de libre nombramiento y remoción.

Las calidades profesionales y personales de la señora Mery Díaz Garnica no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.

No se desmejoró el servicio, en razón a que no se probó que su reemplazo no cumplía los requisitos para el desempeño del cargo.

No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a represalias, motivos distintos del mejoramiento del servicio, en los términos en que debe entenderse dicha acepción según las consideraciones anotadas previamente.

En conclusión: Las pruebas allegadas al proceso no demuestran que la insubsistencia del nombramiento de la señora Mery Díaz Garnica como directora seccional de fiscalías de Cali se dio como consecuencia de la información publicada por los medios de comunicación relacionada con la supuesta captura de su esposo, pues ni siquiera acreditó la supuesta incomodidad que tal evento causó en la autoridad nominadora.

Adicionalmente, el posterior traslado de sede del señor José Haxel de la Pava Marulanda, designado en reemplazo de la actora en el cargo, no desvirtúa las razones del servicio aducidas en la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 para retirar a la señora Mery Díaz Garnica, teniendo en cuenta que se trata de una medida que podía adoptar la Fiscalía General de la Nación por necesidades del servicio.

Tercer problema jurídico

¿Con la expedición de la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 la Fiscalía General de la Nación infringió el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, al haber dispuesto su retiro con afectación de la nómina estatal, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales?

El alcance del artículo 32 de la Ley 996 de 2005

El artículo 32 de la Ley 996 de 2005, textualmente dispone:

«Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente.

Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la organización electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos»

La preceptiva en comento fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, la cual observó, en relación con el inciso primero que se ajusta a la Carta Política, puesto que la suspensión de las vinculaciones que afectan la nómina estatal se constituyen en una garantía de mayor equidad al impedir que aquellas busquen favores políticos.

Adicionalmente, la misma corporación indicó que suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal está dirigida a la imposibilidad de crear nuevos cargos y a proveerlos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.

Hasta este punto es evidente que la norma en mención tiene como destinatarios a los servidores de la Rama Ejecutiva del poder público, entendida bajo los parámetros contenidos en el Título VII de la Constitución Política, y no de manera genérica a todos aquellas personas que desarrollan funciones administrativas aunque pertenezcan a la Rama Judicial o Legislativa. En este mismo sentido, esta Sección se ha referido al alcance del referido artículo 32, para señalar que su interpretación debe ser restrictiva y se justifica en la medida en que los servidores de la rama ejecutiva del poder público, quienes tiene un mayor poder de nominación y un alto componente político, todo ello en aras de salvaguardar los principios de la función administrativa contenido el artículo 209 de la Carta Superior.

Ahora bien, cosa distinta es que la misma Ley 996 de 2005 consagró en el artículo 38 las prohibiciones frente a la participación en política de todos los servidores públicos, ellas son las siguientes:

«Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado, les está prohibido:
1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera.
La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.
Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa».

Frente a esta, la Corte sostuvo que las limitaciones allí señaladas pretendían garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 Superior. Sin embargo, y a fin de evitar todo equívoco, en cuanto a la extensión de esta prohibición para todos los servidores públicos, declaró inexequible las expresiones «a excepción de» y «que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución», pues en su sentir, únicamente de esta manera habría total claridad «en que los sujetos pasivos de las prohibiciones enunciadas son todos los servidores públicos».

En cuanto al numeral 5 de esta misma norma, que prohíbe a los servidores públicos de cualquier ente del Estado despedir a un empleado inscrito en el escalafón de carrera administrativa alegando razones de buen servicio, debe decirse que claramente apunta a que tal limitación no se predica de los empleados de libre nombramiento y remoción.

El caso concreto

En el presente asunto, la parte demandante sustenta el cargo de ilegalidad de vulneración de las normas en que debió fundarse, en el presunto desconocimiento del artículo 32 de la Ley 996 de 2005, pues el acto de insubsistencia se produjo dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales.

Al respecto, emerge con claridad que la Fiscalía General de la Nación no es destinataria de la norma presuntamente infringida, pues aquella entidad pertenece a la Rama Judicial de acuerdo con los artículos 116 y 249 de la Constitución Política, y el artículo 3 de la Ley de Garantías Electorales se aplica solamente de las entidades que pertenece a la Rama Ejecutiva.

Del mismo modo, vale precisar que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que el hecho de que las funciones asignadas al cargo de director seccional de fiscalías sean eminentemente administrativas implica que también deben entenderse inmersas en la prohibición de que trata el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, ello por cuanto tal preceptiva atiende el criterio orgánico que es el que tiene en cuenta la clasificación constitucional, el cual no es posible desconocer basado en las funciones específicas de un empleo.

Conclusión: Con la expedición de la Resolución 0-0539 del 12 de marzo de 2010 no se infringió el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, toda vez que el ámbito de aplicación de la norma está circunscrito a la Rama Ejecutiva, mientras que la Constitución Política ubica a la Fiscalía General de la Nación en la Rama Judicial.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Mery Díaz Garnica contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confírmese la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Mery Díaz Garnica contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Segundo: Sin condena en costas por las razones expuestas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ley de Garantías Electorales
Estatutaria de la Administración de Justicia. Para el efecto, ver sentencias de la Corte Constitucional C-037 de 1996 y C-053 de 1997.
Artículo derogado por el artículo 121 del Decreto 20 de 2014, «por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas». La norma textualmente indicaba, «ARTÍCULO 59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996_pr003.html" \l "130" 130 de la Ley 270 de 1996, los empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser provistos en:
a) De libre nombramiento y remoción;
b) de carrera.
Son de libre nombramiento y remoción:
[…]
Los Directores Seccionales.»
Derogada en sus artículo 47 a 77 por el Decreto ley 20 de 2014.
Estatutaria de la Administración de Justicia.
Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicación: 050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya.
Sentencia T-372 de 2012.
Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA.
Sentencia del 23 de febrero de 2011; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; expediente. 170012331000200301412 02(0734-10).
Hugo Alberto Marín Hernández; Discrecionalidad administrativa; Universidad Externado de Colombia; segunda reimpresión 2012; Pp. 319 y 320.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de enero de 2015, número interno: 2274-2010, demandante: Pedro Julio Solano Osorio.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de agosto de 2015, radicación número: 25000-23-42-000-2012-00572-01(1548-14), Actor: Leyla Lizarazo Valencia.
En este sentido se puede ver la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de agosto de 2015, radicación: 50001-23-31-000-2010-00236-01(3504-14), actor: Juan de la Cruz Aaron Quintero.
«ARTÍCULO 116. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. […]»
«ARTICULO 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.»

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