Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2020-00315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-33-000-2020-00315-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 70001-23-33-000-2020-00315-01 (2168-2025)
Demandante: Germán Ordoñez Plata
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Temas: Insubsistencia. Empleado de libre nombramiento y remoción.
Desviación de poder. Infracción de las normas en que debía
fundarse. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Germán Ordoñez Plata instauró demanda en contra de la Fiscalía
General de la Nación (FGN), en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 361 del 3 de marzo de 2020, por
medio de la cual el fiscal general de la Nación declaró insubsistente su
nombramiento como director seccional. En subsidio, que se declare la nulidad de
este acto administrativo y de la Resolución 412 del 17 de marzo de 2020, que
rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto en su contra.
3. Como restablecimiento del derecho, que se ordene su reintegro al cargo o a
uno de superior categoría, el pago debidamente indexado de los salarios, primas,
vacaciones, subsidios, bonificaciones, cesantías e intereses, dotaciones, factores
salariales y aportes a la seguridad social dejados de percibir. Adicionalmente, que
se declare que no existió solución de continuidad y se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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4. Que laboró en la FGN desde el 2 de enero de 2006 y desempeñó múltiples
cargos, entre ellos, fiscal especializado y director seccional en San Gil, Magdalena,
Amazonas, Putumayo y, por último, Sucre.
5. Que el 31 de enero de 2020 la delegada para la Seguridad Ciudadana de la
Fiscalía, Claudia Carrasquilla, le solicitó la renuncia por mensaje de texto a través
del aplicativo «WhatsApp» y el mismo día, Germán Ricardo Castellanos Mayorga,
servidor de la Subdirección de Talento Humano, le insistió por vía telefónica.
6. Que a través de la Resolución 361 del 3 de marzo de 2020, el fiscal general
de la Nación declaró insubsistente su nombramiento y el empleo permaneció
vacante por una semana, cuando encargó a la señora Yenny Emith Castellanos
Lozano, y dos meses después nombró en propiedad al señor Fernando Alfonso
Salgado Juris.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
7. Considera vulnerados los artículos 1, 4, 5, 6, 13, 29, 121, 122 y 209 de la
Constitución Política; 299 de la Ley 4.° de 1913; 26 del Decreto Ley 2400 de 2968;
1, 4, 5, 6 de la Ley 1251 de 2008; 44 de la Ley 1437 de 2011; 16, 17 y 20 del Decreto
17 de 2014; 4 y 18 de la Convención Interamericana de Washington; 10 del
Protocolo de San Salvador; la Declaración de los Derechos Humanos de los Adultos
Mayores; la Resolución 46 de 1991 de la ONU; y las Resoluciones 1 y 33 de 2020
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sostuvo que fue expedido
con infracción de las normas en que debía fundarse porque, aunque discrecional, la
decisión no podía ser arbitraria y desatendió el principio de proporcionalidad.
8. Expresa que el acto fue expedido con desviación de poder porque no se fundó
en el mejoramiento del servicio y que la entidad incurrió en los siguientes indicios:
i) desconoció su protección especial por ser un adulto mayor, con la calidad de
prepensionado y en las condiciones generales de vulnerabilidad que supuso la
emergencia sanitaria del Covid-19; ii) efectuó un despido masivo de personal en
ejercicio de un «protocolo» arbitrario que consistió en exigir renuncias perentorias y
«sin motivación», lo que suscitó múltiples pronunciamientos de la prensa por
nepotismo en la provisión de los empleos; iii) carecía de una razón objetiva o un
motivo suficiente; iv) de forma improvisada, conservó vacante el cargo por una
semana y tan solo dos meses después nombró a un servidor en propiedad que, sin
embargo, no cumple con el requisito de experiencia relacionada para el perfil, no
cuenta con el mismo nivel de formación y experiencia y no ha sido más eficaz en la
gestión; v) que el acto fue falsa e insuficientemente motivado y no se consignaron
las razones del retiro en su hoja de vida y vi) desconoció las normas de protección
expedidas durante la emergencia sanitaria y se negó a entregar documentos al
demandante.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. El 7 de julio de 2021 se admitió la demanda y el 9 de agosto de 2022 su
reforma. La entidad expresó que el demandante no era sujeto de especial protección
constitucional porque cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de
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vejez y, además, desempeñaba un empleo de libre nombramiento y remoción, por
lo que el acto no requería motivación. Que su excelente hoja de vida o desempaño
laboral no suponían estabilidad laboral reforzada, que la decisión fue razonable,
proporcional y que la prestación del servicio no desmejoró.
10. En audiencia inicial del 26 de enero de 2023 se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas, que se practicaron en audiencias del 22 de febrero y 21 de marzo de 2023,
cuando también se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. Mediante sentencia del 21 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre negó las pretensiones. Argumentó que las capacidades profesionales y
académicas del demandante no suponían un fuero de estabilidad, que no probó la
condición de prepensionado y la crisis sanitaria no alteró las normas que gobiernan
la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de empleados de libre
nombramiento y remoción. Que la solicitud de la renuncia protocolaria no es una
conducta ilegal y que la libertad para la provisión y retiro en estos empleos se
justifica en el alto grado de confianza para su selección, de allí que el acto no
precisaba de motivación ni era necesario consignar las razones del retiro en la hoja
de vida.
12. En relación con la vacancia posterior a la emisión del acto y el encargo, adujo
que la primera no demuestra una grave afectación servicio y el segundo es una
figura legal. Que el nombramiento en propiedad del señor Salgado Juris no fue parte
de la motivación del acto controlado, no se demandó su nulidad y no se acreditó el
presunto desmejoramiento del servicio. Concluyó e insistió en que el acto se expidió
en ejercicio de la facultad discrecional y el nominador se encontraba en plena
libertad de retirarlo del empleo.
RECURSO DE APELACIÓN
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que la
providencia no se pronunció sobre el presunto incumplimiento del artículo 44 del
CPACA y el principio constitucional de proporcionalidad. Insistió en cada uno de los
que considera «indicios» que acreditan la causal de nulidad de desviación de poder
y en la falta de valoración conjunta e integral, estos son:
14. Que la entidad inobservó su protección especial de adulto mayor, máxime
durante las adversas condiciones por la emergencia sanitaria del Covid 19, y que la
sentencia confundió este asunto con la determinación de la calidad de
prepensionado. Que el retiro solo procedía si se acreditaba una causal o razón
objetiva, que nunca existió. Que desconoció las normas de protección expedidas
durante la emergencia sanitaria, pues quedó en firme con posterioridad a la
expedición del Decreto de Estado de Emergencia constitucional.
15. Que se verificó un retiro masivo de personal a través de un «protocolo»
arbitrario que consistió en exigir renuncias masivas, que superaban las simples
«renuncias protocolarias» porque se impuso su presentación perentoria y sin
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motivación. Lo anterior, sin contar aun con una «radiografía» de la planta de
personal y sin valorar las condiciones especiales de cada servidor; con el único fin
de beneficiar empleados «a dedo», lo que suscitó múltiples pronunciamientos de la
prensa por nepotismo en la provisión de los empleos.
16. Que el acto se emitió de forma improvisada porque: i) se fundó en el deber de
implementar nuevas directrices y proyectos, aun cuando no se había expedido el
«direccionamiento estratégico» para el periodo del nuevo fiscal; ii) adujo el logro de
una mejor prestación del servicio de justicia e invocó la necesidad de contar con
servidores de confianza pero, en su lugar, el empleo permaneció vacante por una
semana, luego se encargó a una servidora que no era de la confianza del nominador
y, finalmente, se nombró en propiedad a una persona que no contaba con los
requisitos de experiencia relacionada, se advirtió deficiencias en su prueba
psicológica y tenía anotaciones por la presunta comisión de varios delitos, aunque
fueron registrados como «inactivos». Adujo que lo anterior, en conjunto con los
resultados institucionales, probó el desmejoramiento del servicio.
17. Que infringió el principio de legalidad, pues en la legislación colombiana no
existe una disposición que asigne competencia al fiscal general de la Nación para
producir insubsistencias discrecionales precedidas por actuaciones ilegítimas, como
fue el «protocolo» de solicitud de renuncias. Sostiene que se trató de una secuencia
desviada de etapas.
18. Que el acto fue falsa e insuficientemente motivado porque, aunque no
precisaba de motivación, la administración expresó las razones de su decisión y,
por lo tanto, debía dar cuenta de todas las circunstancias jurídicamente relevantes,
como era su condición de especial protección. Sin embargo, se consagraron móviles
generales y abstractos o «genéricos» relacionados con la conveniencia y
reorganización.
19. Que la entidad obstruyó la entrega de documentos solicitados por el
demandante, relacionados con la hoja de vida de su reemplazo. Precisó que no
invocó su «mejor hoja de vida» como plena prueba de la desviación de poder, sino
como uno entre los anteriores indicios.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. El 2 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si la Resolución 361 del 3 de marzo de 2020 fue expedida
con infracción de las normas en que debía fundarse y desviación de poder.
Marco normativo y jurisprudencial
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Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento
y remoción en la Fiscalía General de la Nación
22. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que, por regla general los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y dentro de las
excepciones se incluyeron los cargos de libre nombramiento y remoción. Por su
parte, el artículo 253 prevé que la estructura, funcionamiento, el ingreso a la carrera
y el retiro de los servidores de la FGN lo determina el legislador.
23. En uso de las facultades que le confirió el literal a) del artículo transitorio 5, del
Capítulo I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política, el presidente
de la República emitió el Decreto 2699 de 1991 y, entre otros asuntos, reguló el
sistema de carrera. Según su naturaleza y forma de provisión, el artículo 66 clasificó
los empleos de la entidad como de carrera y de libre nombramiento y remoción, y
entre los segundos incluyó a los directores seccionales.
24. Dicho decreto fue derogado por el Decreto Ley 261 del 2000, que en el artículo
106 estableció: «De conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270
de 1996, los empleos de la Fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como
deben ser provistos, en de libre nombramiento y remoción y de carrera. Son de libre
nombramiento y remoción: […] 4. Directores Seccionales. […]». A su vez, esta
norma fue derogada por la Ley 938 del 2004 que reiteró la anterior clasificación de
los empleos en el artículo 59.
25. También esta norma fue derogada, porque en desarrollo de la ley 1654 de
2013, se expidieron los Decretos Leyes 16, 17, 18 y 20 de 2014. El último clasificó
los empleos y expidió el régimen especial de carrera de la entidad y se destacan los
artículos 5, 96 y 98, que preceptúan:
«Artículo 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de la Fiscalía General
de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de la Institución de
Educación Superior son de carrera, con excepción de los siguientes cargos que
se clasifican como de libre nombramiento y remoción, dada la especial
confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus
funciones, así: […]».
«Artículo 96. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes
desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción o de carrera en la
Fiscalía General de la Nación y en sus entidades adscritas se produce en los
siguientes casos: […] 2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los
empleos de libre nombramiento y remoción. […]».
«Artículo 98. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleos
de libre nombramiento y remoción. En cualquier momento y de manera
discrecional, la autoridad nominadora podrá declarar insubsistente un
nombramiento ordinario mediante acto administrativo no motivado, dada la
especial confianza que caracteriza el ejercicio de estos empleos» (énfasis fuera
de texto).
26. Estas disposiciones concuerdan con la regulación general de la Ley 909 de
2004, que en el artículo 41 determina que el retiro del servicio de los cargos de libre
nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de insubsistencia
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mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una facultad
eminentemente discrecional1.
27. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño
de los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»2.
28. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa3.
29. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de
remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo
dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la
existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio4.
Desviación de poder
30. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»5. En otras palabras, se
incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en
aras del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por
móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.
31. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime,
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.
1 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-
31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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32. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP6. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma […]»7.
33. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto8, lo que supone una dificultad probatoria inherente a la
causal de nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio,
permanece siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una
imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que faciliten
al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia, nada obsta
para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y practicadas permita
concluir que los móviles de una decisión fueron desviados9.
Resolución al caso concreto
34. Como no se discute la naturaleza del empleo de libre nombramiento y
remoción, la Sala avanzará al estudio del recurso de apelación. El demandante
reprochó que, a su juicio, el Tribunal no resolvió sobre la presunta infracción del
artículo 44 del CPACA y del principio de proporcionalidad constitucional.
35. El disenso no debe prosperar pues, primero, el artículo 44 del CPACA no es
aplicable al caso porque el segundo inciso del artículo 2.° del mismo Código excluye
la aplicación de la primera parte en el ejercicio de la facultad de libre nombramiento
y remoción. Segundo, la hipótesis de que el cargo de nulidad no fue resuelto parte
de una interpretación aislada de la sentencia, toda vez que a lo largo del texto se
estudia la proporcionalidad del acto administrativo a la par que se desestiman los
presuntos «indicios» de desviación de poder que identifica el demandante. Es decir,
aunque no se elabora un «test de proporcionalidad» explícito, se contradicen las
6 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la
desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera de
texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-
23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-
31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8 «Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de quienes intervinieron en la
expedición del acto, y resulta velada por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o
por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en las
intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios,
innobles, o mezquinos, caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias intenciones,
lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede llegar incluso al campo
penal o disciplinario» (Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-
31- 000-1998-00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno [E]).
9 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:
«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
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razones que el demandante adujo como fundamento parar sostener que la decisión
no fue razonable y proporcional, como el presunto deber de aplicar una
diferenciación positiva o un tratamiento especial en favor del señor Ordoñez Plata.
36. Adicionalmente, el recurrente sostuvo que las pruebas no fueron valoradas en
conjunto y que, de la sumatoria de «indicios», el juez podía inferir lógica y
razonablemente que el acto administrativo no fue expedido para el mejoramiento
del servicio, sino que incurrió en una desviación de poder.
37. Insistió en que era un sujeto de especial protección por ser un «adulto mayor»
desvinculado a inicios de la emergencia sanitaria, lo que condujo, según afirma a
una situación de doble vulnerabilidad que se distingue de la condición de
prepensionado o el «retén social». Con esta premisa, reclamó que su retiro solo
podía producirse si mediaba una causal o razón objetiva y que el acto desconoció
las «normas de protección» expedidas durante aquella época, e invocó el artículo 5
de la Ley 1251 de 200810, la Resolución 385 del 12 de marzo de 202011, el Decreto
417 del 17 de marzo del mismo año12.
38. Al respecto, en la Sentencia de Unificación 3 de 2018 la Corte Constitucional
estableció que, por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y
remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada. Manifestó que estos cargos
demandan el máximo grado de confianza por parte de sus nominadores,
justificación natural de la discrecionalidad en cuanto al nombramiento y remoción.
Explicó: «[…] extender la protección individual de la garantía de estabilidad laboral
reforzada a estos servidores supondría desconocer, de modo absoluto, la finalidad
o naturaleza de estos empleos, la cual se ha considerado ajustada a la Constitución,
entre otras, en las sentencias C-195 de 1994 y C-514 de 1994»13.
39. Por lo anterior, es claro que el ordenamiento jurídico no establecía ninguna
protección especial en favor del demandante por su edad, y es la naturaleza del
empleo la que no permite que esto se consolide, al margen del inicio o no de la
emergencia sanitaria, máxime si se encontraba en trámite de su pensión de vejez.
40. También sostuvo que se violó el principio de legalidad porque no existía una
norma que autorizara al fiscal general de la Nación declarar la insubsistencia de
nombramientos a partir de «actuaciones ilegítimas», haciendo alusión a la
expedición del acto como una represalia por la negativa a presentar la renuncia
solicitada en un plazo específico y «sin motivación». Pero, aunque intenta
diferenciar esta conducta de la típica solicitud de «renuncia protocolaria», lo cierto
es que el ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no
10 «Artículo 5º. Enunciación de derechos. El Estado, de conformidad al artículo 13 de la Constitución Política,
brindará especial protección a los adultos mayores que en virtud a su condición económica, física o mental se
encuentran marginados y bajo circunstancias de debilidad y vulnerabilidad manifiesta, dando con ello aplicación
al Estado Social de Derecho. Para tal efecto, se crearán planes, programas y acciones que promuevan
condiciones de igualdad real y efectiva, así como el cumplimiento de los derechos consagrados para los adultos
mayores en la Declaración de los Derechos del Hombre y Humanos de 1948, los consagrados en la Constitución
Nacional y demás reconocidos por Colombia en Convenios o Tratados Internacionales».
11 «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas
para hacer frente al virus».
12 «Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
Nacional».
13 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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requería de esta ni de ninguna otra actuación o procedimiento, bastaba con la
expedición del acto administrativo.
41. Adujo que el acto fue falsa e insuficientemente motivado porque omitió dar
cuenta de todas las circunstancias jurídicamente relevantes, como era su condición
de especial protección. Para la Sala, basta con reiterar que no era titular de una
protección o estabilidad laboral e indicar que el artículo 98 del Decreto Ley 20 de
2014 autoriza la expedición de estos actos sin motivación, por lo que no se advierte
la conducta «sugerente» de la presunta desviación teleológica.
42. También, que el acto fue «improvisado» porque se fundó en el propósito de
contribuir al logro de nuevas directrices y proyectos, aun cuando estos no se habían
definido; y en el mejoramiento del servicio a través de los servidores de confianza
del nominador, pero, en su lugar, el empleo permaneció vacante por una semana,
y luego se encargó a una servidora que no era de la confianza.
43. Al respecto, se advierte que la ausencia de la definición formal de una política
pública de administración no suprime el direccionamiento estratégico del que
dispone el fiscal general de la Nación desde el momento en que toma posesión del
empleo. Igualmente, el tiempo que aduce el demandante que el empleo estuvo
vacante (1 semana) y posteriormente provisto en encargo (2 meses), para
finalmente designar en propiedad, no evidencia en sí mismo que su emisión fue
imprevista y repentina. El ordenamiento no exige que previo al retiro de un empleado
de libre nombramiento y remoción el nominador disponga premeditadamente de una
persona de su entera confianza para proveer el empleo. De allí que la situación
administrativa de encargo es una medida transitoria que razonablemente puede
aplicarse mientras se define la titularidad del cargo.
44. Manifestó que: i) para la época se efectuó un retiro masivo de personal que
condujo a un sin número de nombramientos «a dedo» en la entidad, lo que fue un
hecho público registrado por los medios de comunicación; ii) se desconoció su
«mejor hoja de vida», que no es prueba autónoma, pero sí un serio indicio que se
articula con los demás y iii) se desmejoró el servicio porque, una vez retirado, el
empleo quedó vacante por 8 días, luego fue provisto en encargo y finalmente se
nombró en propiedad a alguien que no cumplía con los requisitos de experiencia
relacionada, tenía una deficiente valoración psicológica y no demostró un mejor
resultado en la gestión de la entidad.
45. La jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la prueba de la desviación
de poder «[…] ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación
que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente la intención del funcionario
que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión»14. De allí que, tratándose
de hechos posteriores a la declaratoria de insubsistencia, no pueden tenerse como
fundamento para acreditar una desviación de poder y, a lo sumo, podrían obtener
el tratamiento de indicio al que alude el demandante.
14
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exp. 17001-23-
31-000-2003-01412-02 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2020. Exp. 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17).
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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46. Ahora bien, el denominado «retiro masivo» de personal es una circunstancia
regular y común en el cambio de dirección de cualquier entidad estatal donde se
disponga de empleos de libre nombramiento y remoción, pues cada nominador
integra el equipo con las personas de su entera confianza, por lo que no constituye
un indicio del vicio alegado.
47. En cuanto al presunto «desconocimiento de su mejor hoja de vida», la Sala
reitera que el correcto desempeño laboral, el cumplimiento de metas o el destacado
liderazgo no produce para este tipo de empleados ningún fuero o restricción para el
ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción. Bastaría la
ausencia de confianza por parte del nominador para que proceda legítimamente la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento15.
48. Aunque insiste en que se probó la desmejora en la prestación del servicio por
el nombramiento del señor Fernando Alfonso Salgado Juris, lo cierto es que este
acto no fue demandado y, por lo tanto, debe presumirse legal y no constituye un
indicio de desviación de poder. Como tampoco se advierte el retroceso institucional
por el tiempo que el cargo estuvo vacante, el período en encargo o los resultados
generales de gestión.
49. En suma, de una valoración conjunta de las pruebas no se concluye que el
acto administrativo fue expedido con fines distintos a los que el ordenamiento
presume en el ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y
remoción; en consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.
Condena en costas
50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de noviembre de 2022. Rad. 25000-
23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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