Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00842-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00842-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00842-01 (0473-2025)
Demandante: Martha Lucía Rodríguez Fernández
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Temas: Acto administrativo de aceptación de renuncia. No se demuestra
coacción invencible que vicie la voluntad ni desviación de poder.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Martha Lucía Rodríguez Fernández instauró demanda en contra de
la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 540 del 5 de marzo de 2020,
mediante la cual la contralora (E) aceptó su renuncia al cargo de gerente, código
39, grado 1, de la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá D.C.
3. Como restablecimiento del derecho que se ordene el reintegro sin solución de
continuidad al cargo o a otro de igual o superior categoría; el pago de todos los
salarios, primas, reajustes, aumentos y demás emolumentos dejados de percibir
desde la fecha del retiro y hasta que sea vinculada nuevamente; una suma no
inferior a mil (1.000) gramos oro por perjuicios morales y que se condene en costas.
HECHOS
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La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que desde el 14 de mayo de 2013 se desempeñó como gerente, código 39,
grado 1, de la Contraloría de Bogotá; pero el 3 de marzo de 2020 la contralora
encargada reunió a todo el personal directivo de la entidad y le solicitó la renuncia,
incluyéndola. Que a cada uno le fue entregado el texto diligenciado sin fecha, para
que solo fuera suscrita y radicada, como efectivamente ocurrió. Que fue aceptada
el 5 de marzo de 2020 a través de Resolución 540 y posteriormente se designó en
el cargo a la señora María Fernanda Lozano Álvarez.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
5. Considera vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 25, 26, 29, 53, 209 y 236
de la Constitución Política; 110 y 111 del Decreto 1950 de 1973; las Leyes 909 de
2004 y 1437 de 2011; los Decretos Leyes 2400 de 1968 y 785 de 2005; el Decreto
Único 1083 de 2015; el Acuerdo 664 de 2017 del Concejo de Bogotá y las
Resoluciones 43 del 28 de octubre de 2013 y 17 del 8 de junio de 2017, expedidas
por la Contraloría de Bogotá D.C, pues la renuncia a un empleo debe ser libre y
espontanea, inequívoca y por escrito, pero se probó que existió una coacción
invencible que vició la manifestación de voluntad.
6. Que, aunque están proscritas las renuncias en blanco, no precisó fecha cierta
a partir de la cual operaba y se refirió a un empleo inexistente en la planta de
personal de la entidad. Por lo tanto, el acto fue falsamente motivado, pues tiene
como fecha de la renuncia el radicado de la comunicación.
7. Que el cargo desempeñado no era de libre nombramiento y remoción, sino de
carrera administrativa, pues pertenecía a la planta global de la entidad y no ejercía
funciones de dirección de aquellas descritas en el numeral 4.1 del artículo 4 del
Decreto 785 de 2005.
8. Que el acto no se expidió en procura del mejor servicio porque su reemplazo
no goza de una mejor hoja de vida, de hecho, se designó a una persona que no era
abogada sino comunicadora social.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. La demanda se admitió el 23 de noviembre de 2020. La entidad expresó que
la renuncia fue producto de la expresión voluntaria, espontánea e inequívoca de
separarse definitivamente del cargo, tanto así que la demandante no explica en qué
consistió la presunta presión «invencible» ni mucho menos la probó. Tachó el
testimonio del señor Gustavo Monzón, solicitado por la demandante, pues adujo
que instauró una acción de tutela en contra de la entidad con el ánimo de ser
reintegrado.
10. Que presentó su renuncia al cargo de gerente, código 39, grado 1, el 5 de
marzo de 2020, «a partir de la fecha». De allí que la renuncia fue legal y el acto de
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aceptación también y, si no se estaba conforme con el último, bien pudo agotar los
respectivos recursos administrativos.
11. Que dimitió de un empleo de libre nombramiento y remoción, como fue
catalogado en el acto en el que fue nombrado, los artículos 65 y 66 del Acuerdo
Distrital 519 de 2012 (vigente al momento de su vinculación), los artículos 66 y 67
del Acuerdo Distrital 658 de 2016 (modificado por el artículo 22 Acuerdo Distrital
664 de 2017) y como deviene de sus funciones y pertenencia al nivel directivo.
12. Que la vinculación de empleados de libre nombramiento y remoción se funda
en el nivel de confianza que debe existir y permanecer entre el nominador y el
servidor designado. Que formal y sustancialmente el empleo es de esta naturaleza,
por lo tanto, su vinculación no se produjo mediante concurso de méritos, no estaba
inscrita en el escalafón de carrera administrativa, no contaba con período fijo y no
tenía a su favor ningún fuero de estabilidad, que tampoco se configura con una
excelente o adecuada prestación del servicio.
13. Que en el Comité Directivo del 4 de marzo se pidió la renuncia protocolaria de
todos los empleados de libre nombramiento y remoción, pero esto no es una
coacción invencible sino una insinuación que ha sido jurisprudencialmente
respaldada, para evitar la molestia e incomodidad de una insubsistencia, medida
que se califica como expresión de delicadeza con los empleados de alto nivel que
merecen cierta consideración por la jerarquía que ostentan dentro del servicio
público.
14. Que su reemplazo en el empleo no fue la señora Lozano Álvarez, como adujo
en la demanda, sino el señor Sebastián José Bitar Arango, abogado nombrado
mediante Resolución 618 del 10 de marzo de 2020 y asignado a la Dirección de
Servicios Públicos y, de la comparación de ambas hojas de vida, no se concluye un
desmejoramiento del servicio. Agregó que, en general, se incumplió con la carga de
probar las causales de nulidad prevista en el artículo 167 del CGP, especialmente,
no se probó la discutida desviación de poder.
15. Solicitó reconocer y declarar de oficio cualquiera excepción que se demuestre
en el proceso.
16. En audiencia inicial del 27 de octubre de 2022 se fijó el litigio y se decretaron
las pruebas, cuyo recaudo y práctica se perfeccionó en audiencia del 9 de
noviembre de 2023, cuando también se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Argumentó que el empleo de gerente, código
39, grado 1, era de carrera administrativa durante la vigencia de la vinculación de la
demandante (del 1.° de septiembre de 2014 al 5 de marzo de 2020), pues no fue
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enlistado en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 (literales a, b y f del numeral 2.° del
artículo 5) como un cargo de libre nombramiento y remoción.
18. Que, si bien el empleo siempre ha pertenecido al nivel directivo y aunque se
considere que contenía funciones de especial confianza, lo cierto es que integra la
planta global de la entidad y no está adscrito a las oficinas o despachos de la entidad
enlistados en el literal f) del numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
19. Afirmó que, sin embargo, la demandante fue nombrada como una empleada
de libre nombramiento y remoción, aceptó la designación en estas condiciones e,
incluso, ya lo había desempeñado y dimitió del mismo (del 14 de mayo de 2013 y el
21 de agosto de 2014). Que, por lo anterior, como se trataba de un empleo de
carrera administrativa, al retiro debe otorgársele el tratamiento de un nombramiento
en provisionalidad.
20. Que, aunque se desvirtuó la naturaleza del empleo como de libre
nombramiento y remoción, esto no supone que el acto administrativo demandado
sea automáticamente ilegal; por el contrario, no logró acreditarse la coacción
invencible que presuntamente vició la espontaneidad en su voluntad.
21. Sobre la existencia de una reunión donde la contralora encargada solicitó la
renuncia protocolaria de los empleados de libre nombramiento y remoción, dijo que
la demandante estaba convencida de que esta era la naturaleza de su empleo y por
eso dimitió, como sucede usualmente en la Administración y del testimonio de la
señora Martha Cecilia Mikan Cruz no se logra suficiente convicción de que la
renuncia se presentó por una presión insuperable1.
22. Que la renuncia dispuso expresamente que produciría efectos «a partir de la
fecha», por lo que válidamente se podía concluir que sería desde la radicación del
documento, por lo que no se trató de una renuncia en blanco o sin fecha
determinada.
23. No encontró que el acto administrativo se hubiera expedido con desviación de
poder pues, al margen de que su reemplazo fuera la señora Lozano Álvarez (como
sostuvo en la demanda), o como explicó la entidad, el señor Bitar Arango, ambos
cumplían con los requisitos para desempeñar el cargo y no se acreditó de ningún
modo que la prestación del servicio desmejoró.
RECURSO DE APELACIÓN
24. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que se
incurrió en un error al calificar el empleo que ocupaba como de libre nombramiento
y remoción, pues no tenía funciones de especial confianza, pertenecía a la planta
global de cargos y no estaba adscrito al despacho del contralor de Bogotá y, como
1 Exclusivamente se practicaron dos testimonios y la Sala consideró que había razones suficientes para
entender afectada la credibilidad e imparcialidad del testimonio del señor Gustavo Monzón.
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el cargo era de carrera y estaba ocupado en provisionalidad, el acto administrativo
de retiro debía ser motivado y no corresponde a una facultad discrecional. Que la
providencia fue ambivalente al identificar la naturaleza del empleo.
25. Que valoró indebidamente las pruebas, pues la renuncia fue en blanco, carece
de fecha cierta y fue presentada el 4 de marzo de 2020 por insinuación de la entidad
en reunión del día anterior. En cuanto a la desviación de poder, insistió en que tenía
una mejor hoja de vida que su reemplazo porque, al margen de la profesión que
exige el perfil del empleo, desempeñó el cargo antes y cuenta con experiencia
específica.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. El 26 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación. El Ministerio
Público guardó silencio.
27. La demandada insistió en que, desde una perspectiva formal y material, el
empleo que ocupaba la demandante era de libre nombramiento y remoción, por lo
que no solo fue legal la aceptación de la renuncia, sino también el nombramiento 2.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. Se advierte del recurso que hay tres motivos de desacuerdo con la sentencia
de primera instancia. Sin embargo, el primero de ellos, relacionado con la naturaleza
del empleo, no es más que un reproche aparente, pues la demandante insiste en
que no ocupaba un empleo de libre nombramiento y remoción sino uno de carrera
administrativa, pero precisamente esta fue la conclusión de la providencia.
29. De modo que, en ausencia de contradicción o inconformidad sobre este punto,
el problema jurídico que debe resolver la Subsección consiste en determinar si la
Resolución 540 del 5 de marzo de 2020, que aceptó la renuncia al cargo, es ilegal
porque no se cumplieron los requisitos para tal fin o por desviación de poder.
Marco normativo y jurisprudencial
De la renuncia
30. La dimisión a un cargo público no es más que una expresión del artículo 26 de
la Constitución Política, según el cual, «[t]oda persona es libre de escoger profesión
u oficio […]». De allí que cualquier empleado pueda decidir autónomamente si
desea o no desempeñarse en determinado empleo de libre aceptación subordinado
por el Estado, como cualquier otra persona en el marco de las relaciones laborales
que se instituyen entre particulares.
2 Índice 8, Samai.
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31. Inicialmente, la renuncia fue regulada en el artículo 27 del Decreto Ley 2400
de 1968, que dispuso: i) la libertad para renunciar; ii) la forma escrita para la
manifestación inequívoca de la voluntad del empleado; iii) el deber de fijar la fecha
de retiro en el acto administrativo que acepte la renuncia, que no podría ser posterior
a 30 días después de su presentación; iv) cumplido este término, la libertad del
servidor para separarse del cargo sin que se considere abandono del cargo; v) la
prohibición expresa de renuncias en blanco o sin fecha determinada y vi) de tratarse
de un cargo de carrera, la pérdida de los derechos propios de esta.
32. El Decreto 1950 de 1973 reglamentó esta disposición en los artículos 110 a
116. Añadió que la competencia para aceptar la renuncia corresponde a la autoridad
nominadora que, si estima motivos notorios de conveniencia pública para no
aceptarla, deberá solicitar el retiro de esta; sin embargo, en caso de insistencia,
procedería su aceptación. Dicho reglamento fue compilado por el Decreto 1083 de
2015 que, previo a la modificación del artículo 2 del Decreto 770 de 2021, disponía:
«Artículo 2.2.11.1.3. Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria
aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el
renunciante insiste deberá aceptarla.
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá
por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de
su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido
sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual
la renuncia no producirá efecto alguno.
La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al
empleado en quien este haya delegado la función nominadora.
Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las
renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquier otra
circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la
suerte del empleado.
La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para
ejercer la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido
revelados a la Administración, sino con posterioridad a tales circunstancias.
Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción» (énfasis
por fuera de texto).
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33. En síntesis, conforme con la normativa vigente para la época de los hechos,
todo servidor público puede presentar libremente su renuncia al empleo y la
autoridad nominadora dispone de un plazo de treinta (30) días para pronunciarse
sobre su aceptación. El silencio de la Administración, en este caso, implica la
posibilidad de que el empleado se aparte de sus funciones sin que esto constituya
abandono del cargo, o bien que continue en ejercicio de sus funciones, dejando sin
efectos la renuncia presentada.
34. La renuncia regularmente aceptada constituye una causal válida de retiro,
tanto para los empleados de libre nombramiento y remoción como aquellos que se
desempeñan en carrera administrativa, según lo ordena el literal d) del artículo 41
de la Ley 909 de 2004.
Resolución al caso concreto
35. La inconformidad de la demandante se centra en que, según los medios de
prueba disponibles, debió concluirse que la renuncia fue en blanco, carece de fecha
cierta y se presentó en virtud de una coacción o presión invencible. De allí que
considere que su aceptación fue ilegal y encierra un fin distinto al mejoramiento del
servicio, asunto que según dice, es verificable si se compara su hoja de vida con la
de la persona que la reemplazó, pues cuenta con mayor experiencia específica.
36. El escrito de la renuncia allegado por la entidad demandada está redactado en
los siguientes términos: «Por medio del presente y de manera respetuosa me dirijo
a usted con el objeto de presentar mi renuncia al cargo como GERENTE 039 1, de
la DIRECCION SECTOR SERVICIOS PUBLlCOS (sic), de la Planta Global de la
Contraloría de Bogotá, D.C., a partir de la fecha» (énfasis fuera de texto)3. Este
documento, goza de radicado en la parte superior derecha, donde se indica que fue
recibido el 5 de marzo de 2020. No presenta tachones o enmendaduras y de su
redacción no se concluye la exposición de ningún motivo o razón explícita para
dimitir.
37. Para la demandante, constituye una renuncia en blanco porque no se
especifica una fecha concreta para la efectividad o producción de efectos de la
renuncia y, además, afirma que fue coaccionada para su suscripción, esto es, no
fue libre y espontánea, como lo exige la ley.
38. En relación con la disposición de una fecha, esta Sala comparte el criterio del
Tribunal, según el cual, aunque no se indicó una en concreto, el escrito fue claro en
indicar que esta produciría efectos «a partir de la fecha», redacción que permite
determinar su eficacia con identidad en la radicación, la cual fue plenamente
descrita en el sello de presentación ante la entidad. En otras oportunidades, la
Subsección ha tenido en cuenta la fecha asignada en el radicado en los términos
del artículo 253 del CGP4.
3 Fl. 308, archivo «HISTORIA LABORAL RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTHA LUCIA»
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 76001-23-33-
000-2012-00249-01 (0963-2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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39. Pero, además, de antaño la Sección Segunda del Consejo de Estado, ha
sostenido que:
«El demandante censura la dimisión, porque no señaló la fecha a partir de la
cual surtiría efectos, planteamiento que resulta a todas luces equivocado, pues
debe entenderse que presentaba renuncia a partir de la fecha en que entregó
la misiva, sin que sea dable aceptarse, como pretende en su demanda, que su
renuncia se presentó en blanco o que hubiera puesto en manos del nominador
la suerte de su permanencia al ingresar la Institución, con carta de renuncia sin
fecha, que es lo que pretenden evitar las normas que gobiernan esta clase de
actuaciones»5.
40. En cuanto a las condiciones de libertad y autonomía que rodearon la
presentación de la renuncia, insistió en que esta obedeció exclusivamente a una
insinuación de la Administración. Al respecto, tanto las partes como los testigos
confluyeron en que existió una reunión convocada por la contralora encargada
donde asistieron todos los servidores del nivel directivo y se solicitó la renuncia
protocolaria de los empleados de libre nombramiento y remoción.
41. Pero, aunque la demandante desempeñaba un empleo de carrera (según lo
encontró acreditado el Tribunal) y el precedente sobre «renuncia protocolaria» no
es aplicable al caso puntual, tampoco hay prueba suficiente de que la proposición
de renuncia tuvo la entidad suficiente para estimar que existió una presión invencible
que viciara su voluntad, al margen de considerar que su nombramiento era en
provisionalidad. No se acreditó una conducta sistemática o reiterada donde, a riesgo
de represalias, se constriñó la demandante a presentar la renuncia, como tampoco
un evento particular y concreto donde esto sucediera.
42. Si bien la señora Martha Cecilia Mikan Cruz relató que fueron «acorralados» y
no se les permitió abandonar el recinto sin suscribir una renuncia previamente
redactada, no detalló cuáles fueron las circunstancias precisas de coacción o
restricción, pues no sostuvo que fue retenida en el recinto, ni relató la forma en que
se limitó el egreso de las personas que presuntamente se negaron a firmar6. Y, si
bien indicó que fueron «engañados» y la firma del «formato» no suponía la renuncia
al empleo, bastaba una lectura rápida del documento para concluir que,
precisamente, esa era la voluntad allí contenida.
43. Tampoco es concluyente el testimonio del señor Francisco Monzón, que le
atribuyó el componente coercitivo del espacio a la convocatoria de carácter
«obligatorio», el «calor» y «cierta presión» en el ambiente7. De forma que, a juicio
de la Sala, no se demostró que la renuncia fuera producto de una «presión
invencible» que viciara la manifestación que fue posteriormente aceptada a través
del acto demandado.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de febrero de 2005. Rad. 25000-23-25-
000-1998-03920-01 (0220-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
6 Audiencia de pruebas, minuto 06:00-30:00.
7 Audiencia de pruebas, minuto 31:00 en adelante.
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44. Por último, en relación con la insistencia en el vicio de desviación de poder que
la demandante sustenta en la comparación de su hoja de vida con la de la persona
que la reemplazó, basta indicar que, según jurisprudencia de la Corporación la
prueba de esta causal de nulidad «[…] ha de encontrarse en circunstancias
anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer,
precisamente la intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma
de la decisión»8. De allí que, tratándose de hechos posteriores a la aceptación de
la renuncia, no pueden tenerse como fundamento para acreditar una desviación de
poder y, a lo sumo, podrían obtener el tratamiento de indicio.
45. Como no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2026. Rad. 70001-23-33-
000-2020-00315-01 (2168-2025). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 12 de febrero de 2026. Rad. 66001-23-33-000-2020-00482-01 (4583-2023). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. RECONOCER personería jurídica al abogado Manuel Antonio Avella
Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía 19.398.947 y la tarjeta
profesional 143.801 del Consejo Superior de la Judicatura, para que representa a la
parte demandante, según memorial visible a índice 52 «Tribunales» del aplicativo
SAMAI.
Cuarto. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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