Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00074-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2020-00074-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Tres (3) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 47001-23-33-000-2020-00074-01 (1233-2026)1
Demandante : Valeria Isabel Díaz Bate
Demandado : Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Retiro del servicio – aceptación de renuncia en blanco –
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.11.1.3.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el Dieciocho (18) de febrero de Dos mil Veintiséis (2026), proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda2.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. Pretensiones
1. La señora Valeria Isabel Díaz Bate, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del Decreto 030 del Veintiuno (21) de febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019), mediante el cual, el alcalde del Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta aceptó la renuncia a la actora, al empleo de Directora
Administrativa, Código 009, Grado 02, de la Dirección Técnica de la Secretaría de
Seguridad y Convivencia.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordenara su reintegro y se
condenara al Distrito a reconocerle y pagarle los salarios, prestaciones sociales, aportes
al Sistema General de Seguridad Social y demás emolumentos dejados de percibir
desde la desvinculación y hasta que aquella medida se hiciera efectiva.
1
Expediente digital.
2
La Sala estuvo integrada por los magistrados Elsa Mireya Reyes Castellanos (ponente), Adonay Ferrari Padilla y Maribel Mendoza
Jiménez.
3
SAMAI- Tribunal de origen - Archivo 031, folio 1-5.
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Número interno: 1233-2026
Demandante: Valeria Isabel Díaz Bate
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
3. También pidió el reconocimiento de los perjuicios morales derivados de la
ilegalidad del acto demandado, y la condena en costas y agencias en derecho.
4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes.
5. Indicó que, por medio del Decreto 0254 del Ocho (8) de noviembre de Dos mil
Diecisiete (2017), fue nombrada en el empleo de director administrativo, código 009,
grado 02, de la Dirección Técnica de la Secretaría de Seguridad y Convivencia,
clasificado como de libre nombramiento y remoción. En la misma fecha tomó posesión
del empleo, según el Acta 622.
6. Refirió que, la administración distrital le exigió, al momento de tomar posesión del
cargo, la firma de una carta de renuncia en blanco y sin fecha, como condición para
permitirle acceder al cargo y ejercer sus funciones.
7. Relató que, mientras desarrollaba normalmente sus labores, «mediante Resolución
030 del 21 de febrero de 2016», le notificaron «de la supuesta carta de renuncia que
presentó a la administración».
8. Narró que, durante su vinculación no fue objeto de llamados de atención, quejas
sobre su gestión ni anotaciones disciplinarias. Añadió que, después de la suspensión del
alcalde elegido, se habría producido un ambiente que calificó como de «caos y guerra
sucia» y que, ante una supuesta sospecha de traición al grupo político «Fuerza
Ciudadana», la administración decidió utilizar la renuncia obtenida antes de su posesión.
9. Calificó el proceder del Distrito como ilegal y fraudulento, porque, en su criterio, se
aprovechaba de la necesidad de las personas de acceder a un empleo para obtener,
mediante coerción, renuncias sin fecha y hacerlas efectivas posteriormente.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. Como normas violadas citó los artículos 2, 4, 25 y 29 de la Constitución Política;
los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017; las Leyes 446 de 1998, 64 de 2001, 1010 de
2006 y 1427 de 2011.
11. Frente al concepto de violación señaló que, la obtención anticipada de una carta
de renuncia en blanco desconoció el debido proceso, la dignidad humana y el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas. Explicó que la renuncia debía exteriorizar una
decisión escrita, espontánea e inequívoca de separarse del servicio, mientras que las
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Número interno: 1233-2026
Demandante: Valeria Isabel Díaz Bate
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
renuncias en blanco, sin fecha determinada o que pusieran anticipadamente la suerte
del servidor en manos del nominador estaban prohibidas y carecían de valor.
12. En consecuencia, sostuvo que el documento utilizado por el Distrito no reflejó una
voluntad libre y actual de retirarse, y que la conducta reprochada debe examinarse a la
luz de la Ley 1010 de 2006.
1.3. Contestación de la demanda
13. Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta guardó silencio.
1.4. Sentencia de primera instancia4
14. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia del Dieciocho (18)
de febrero de Dos mil Veintiséis (2026), negó las súplicas de la demanda, sin imponer
condena en costas, para lo cual dispuso:
«Primero. Niéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notifíquese la presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 203 de la Ley
1437 de 2011.
Cuarto. Una vez ejecutoriada esta providencia, REALÍCENSE las anotaciones correspondientes en
el sistema Web SAMAI y, cumplido lo anterior, ARCHÍVESE el expediente, de conformidad con las
tablas de retención documental del Consejo Superior de la Judicatura».
15. La primera instancia consideró que la demandante ocupaba un empleo de libre
nombramiento y remoción, y frente a estos el nominador goza de facultad discrecional para
disponer su vinculación y retiro, potestad que, afirmó, se presume ejercida con el fin de
mejorar el servicio.
16. Explicó que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, respecto de cargos
directivos o de confianza, la renuncia protocolaria podía constituir una práctica admisible y
que la simple solicitud o insinuación de dimitir no equivalía a coacción irresistible, porque
el servidor estaba en posibilidad de negarse o dejar constancia de su inconformidad.
17. Añadió que, «el simple hecho de que se le haya pedido suscribir el documento de
renuncia, no produce un fuero de estabilidad relativa en el empleo de libre nombramiento
4
SAMAI- Tribunal de origen- Archivo 047, folios 1-18.
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Demandante: Valeria Isabel Díaz Bate
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
y remoción, ni por sí sola permite concluir la existencia de coacción u orientación ilegítima
del acto administrativo».
18. Indicó que, en el caso concreto obra la renuncia suscrita por la accionante y el acto
administrativo que la aceptó, señalando que «el informe pericial grafológico practicado
dentro del proceso concluyó que la firma contenida en la carta de renuncia corresponde a
la demandante, descartándose así cualquier hipótesis de falsedad material del
documento».
19. En cuanto a las declaraciones, estimó que solo acreditaban una práctica
administrativa general, pero no una amenaza, intimidación o presión concreta que hubiera
anulado el consentimiento de la señora Díaz Bate, y que «no obra prueba de que la
demandante hubiera dejado constancia de presión indebida, ni de que hubiera formulado
objeción alguna al momento de la suscripción del documento». Tampoco encontró
configuradas la falsa motivación ni la desviación de poder, pues, no se acreditó que el retiro
hubiera obedecido a fines distintos al buen servicio.
1.5. Recurso de apelación5
20. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con arreglo al cual solicitó se revoque el fallo impugnado, al estimar
que, el Tribunal resolvió el litigio a partir de una hipótesis distinta de la planteada, pues
no se discutía una simple insinuación de renuncia formulada durante el ejercicio del
cargo, sino un esquema que viola la constitución, la ley y la jurisprudencia, en el cual la
administración exigía la firma de una carta en blanco y sin fecha como condición para
permitir la posesión.
21. Reprodujo el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el
Decreto 648 de 2017, y resaltó que esa disposición prohíbe de forma terminante las
renuncias en blanco, sin fecha o que entreguen anticipadamente al nominador la suerte
del servidor. Por ello, afirmó que el actuar de la demandada es una práctica
expresamente proscrita.
22. También invocó el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y las
disposiciones sobre acoso laboral. Aseguró que las declaraciones de Fabián Eduardo
Valle Navarro y Mirta Mercedes Molinares Ballestas demostraban tanto la existencia de
la práctica institucional como su aplicación concreta a la demandante, de manera que la
aceptación no obedeció a una voluntad actual de retirarse, sino a la decisión posterior
de la administración de utilizar un documento obtenido anticipadamente.
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SAMAI- Tribunal de origen- Archivo 049
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Demandante: Valeria Isabel Díaz Bate
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
1.6. Trámite de segunda instancia
23. El recurso fue presentado el Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
y concedido por el Tribunal mediante auto del Once (11) de mayo siguiente. El proceso
fue repartido a este despacho el Veinticinco (25) de mayo de la misma anualidad.
24. Por auto del Primero (1) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026), se admitió la
apelación. Ejecutoriada esa providencia y sin que se formularan solicitudes probatorias
en los términos del artículo 212 del CPACA, la Secretaría remitió el expediente al
Despacho el Seis (6) de agosto siguiente para proferir sentencia6.
1.6.1. Concepto Ministerio Público7.
25. La Procuradora Segunda Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado,
rindió concepto 361-2026 y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. En
primer lugar, reconoció que el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015 prohíbe y
priva absolutamente de valor las renuncias en blanco, sin fecha determinada o
entregadas anticipadamente al nominador, y calificó como reprochable la práctica
consistente en exigir esos documentos como condición para la vinculación. No obstante,
consideró que la consecuencia prevista en la norma exigía demostrar que, en el evento
particular, la carta había sido suscrita en alguna de esas condiciones, lo que no ocurrió
en este caso. También recordó la línea jurisprudencial sobre la renuncia protocolaria, la
simple insinuación de dimitir en empleos directivos y la carga de acreditar el vicio del
consentimiento.
26. En el análisis probatorio sostuvo que la carta aparecía fechada el veintiuno (21)
de febrero de dos mil diecinueve (2019) y que el dictamen grafológico había establecido
que la firma correspondía a la demandante. Añadió que la imposibilidad técnica de
determinar la antigüedad de las tintas y la secuencia de elaboración del documento no
fue suplida por las declaraciones de Fabián Eduardo Valle Navarro y Mirta Mercedes
Molinares Ballestas, pues, a su juicio, estas describieron una práctica general, pero no
precisaron la fecha de suscripción, el diligenciamiento posterior ni una presión irresistible
individualizada.
27. Con fundamento en ello, estimó que no se demostraron el vicio del
consentimiento, la falsa motivación, la desviación de poder ni el acoso laboral, y que el
acto conservaba su presunción de legalidad.
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Expediente digital – Samai – índices 4 – 10.
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Expediente digital – Samai – índice 11.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso9, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
29.1. ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena abordó correctamente la
controversia al aplicar la jurisprudencia relativa a la renuncia protocolaria y a
la coacción capaz de viciar el consentimiento, pese a que la censura de la
demandante se fundamenta en un supuesto distinto, relacionado con las
prohibiciones previstas en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015?
29.2. Establecido lo anterior, ¿El Tribunal Administrativo de Magdalena valoró de
manera correcta el escrito de renuncia, el informe pericial y las declaraciones
testimoniales al negar las pretensiones de la demanda, o si, por el contrario,
está probado que la renuncia aceptada mediante el Decreto 030 de 2019 se
encontraba comprendido en alguna de las prohibiciones previstas en el
artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, que permitan desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado?
30. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.3. Marco jurídico aplicable, 2.4. Hechos probados y 2.5. Caso concreto.
8
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
9
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.
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2.3. Marco jurídico aplicable
2.3.1. Empleos de libre nombramiento y remoción y modalidades legales de
retiro
31. La Constitución Política de 1991, en el artículo 123 define que, los servidores
públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores
del Estado, los cuales, ejercerán sus funciones de acuerdo con lo previsto en la
Constitución, la ley y el reglamento.
32. Además, el canon constitucional en el artículo 125, prevé la siguiente clasificación
de los servidores públicos «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley».
33. Por su parte, el artículo 23 de la Ley 909 de 200410, regula el empleo público,
señalando que, «los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin
perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los empleos de libre
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento
de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta
ley (…)».
34. En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, el artículo 5° de la
citada Ley 909 de 2004, los clasifica como aquellos cargos que corresponden a
dirección, conducción y orientación cuya función implica la adopción de políticas o
directrices de especial confianza con funciones de asesoría institucional adscritos a las
oficinas de los secretarios de despachos, directores de departamentos administrativos
y gerentes en los departamentos, distritos especiales y municipios y distritos de
categoría especial y primera.
35. El artículo 41 ibidem contempla las causales de retiro del servicio, entre las cuales
se encuentran la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de
libre nombramiento y remoción», y la renuncia regularmente aceptada:
«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de quienes
estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
[…]
10
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras disposiciones».
8
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d) Por renuncia regularmente aceptada;
[…]
PARÁGRAFO 2°. […] La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
36. De la norma en cita se advierte que la insubsistencia y la renuncia regularmente
aceptada son causales autónomas de retiro. La primera corresponde a una decisión
unilateral del nominador, adoptada en ejercicio de la facultad discrecional de remoción
propia de los empleos de libre nombramiento y remoción. La segunda parte de la
manifestación de voluntad del servidor y requiere la posterior aceptación de la autoridad
competente.
37. Por consiguiente, la naturaleza de libre nombramiento y remoción del empleo
habilita a la administración para declarar la insubsistencia mediante acto no motivado;
sin embargo, si la autoridad adopta como fundamento del retiro la aceptación de una
renuncia, la legalidad de la desvinculación depende de que exista una dimisión formada,
presentada y aceptada con arreglo a las exigencias de esa causal.
2.3.2. De la renuncia
38. El artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, regula la renuncia en los
siguientes términos:
«Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente
en cualquier tiempo.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e
inequívoca, su decisión de separarse del servicio.
[...]
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito,
y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará
efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.
[...]
Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en
blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con
anticipación en manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado».
39. La disposición contempla de manera sucesiva la formación de la renuncia, su
presentación, la competencia y el plazo para aceptarla, así como los eventos en los que
el documento carece de valor. En esa medida, es necesario que el servidor exteriorice
por escrito, de forma espontánea e inequívoca, una decisión de separarse del servicio;
que esa manifestación sea presentada a la autoridad competente; que la aceptación se
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produzca por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes; y establece una
prohibición objetiva y una consecuencia jurídica expresa para los supuestos de la
renuncia en blanco, la que no tiene fecha determinada y aquella que, por cualquier
circunstancia, pone anticipadamente la permanencia del servidor en manos del
nominador. En tales eventos, el documento carece absolutamente de valor por
disposición legal.
40. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-168 de 2019, sistematizó los
presupuestos para que esta causal de retiro produzca efectos:
«El ordenamiento jurídico vigente ha contemplado ciertos lineamientos para que una
renuncia pueda surtir efectos, estos son, que: (i) haya sido presentada de manera escrita;
(ii) sea producto de una decisión libre de coacción por parte de quien la solicita; (iii) sea
aceptada por el nominador dentro de los 30 días siguientes a su presentación, so pena de
que, en el evento en el que la solicitud no sea resuelta, el trabajador se encuentre habilitado
para ausentarse libremente de su puesto de trabajo; (iv) no se configure alguna de las
prohibiciones legales, como lo son, a) renuncia en blanco, b) sin fecha determinada y c)
que ponga en manos del nominador la suerte del empleado; y (v) finalmente, el empleador
podrá solicitar, en una única ocasión, su retiro en los eventos en que considere que se
configuran motivos de conveniencia pública, pero, en el evento en el que el trabajador
insista en ella, ésta deberá ser aceptada».
41. La Sección Segunda, Subsección B, retomó expresamente esa clasificación en
sentencia del quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). Al interpretar el
artículo 27 del Decreto 2400 de 1968, antecedente normativo de la regulación vigente,
indicó que las prohibiciones consisten en que el documento «se encuentre en blanco»,
que «carezca de la fecha a partir de la cual se hará efectiva» o que no contenga
claramente la voluntad de renunciar y deje al empleador disponer del puesto 11.
42. La renuncia en blanco se relaciona con el contenido que tenía el documento al
momento de la firma; la renuncia sin fecha determinada concierne a la indeterminación
temporal que impide establecer cuándo se exteriorizó o debía hacerse efectiva la
dimisión; y la tercera prohibición comprende cualquier circunstancia mediante la cual el
servidor entregue anticipadamente al nominador la decisión sobre su permanencia. En
cualquiera de los tres eventos, la consecuencia de carencia absoluta de valor exige que
el supuesto prohibido quede acreditado en el proceso.
43. Sobre esta última hipótesis, la Subsección B ha señalado que la manifestación
de dejar un empleo debe ser pura y simple y no puede contener condicionamientos que
pongan anticipadamente la suerte del servidor en manos del nominador. En sentencia
del Diecisiete (17) de noviembre de Dos mil Once (2011), además, consideró
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del quince (15) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024), radicación 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022), C. P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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indispensable tener certeza sobre la fecha de presentación de la renuncia para verificar
que la aceptación se produzca dentro del término legal12.
44. De manera igual, la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del Tres (3)
de febrero de Dos mil Cinco (2005), al examinar una renuncia cuyo texto no señalaba la
fecha a partir de la cual surtiría efectos, consideró que esa omisión no conducía por sí
sola a la nulidad cuando estaba acreditada la fecha en que la misiva fue entregada y su
contenido expresaba inequívocamente la decisión de retirarse. En esa providencia
explicó que la prohibición busca impedir, principalmente, que el servidor entregue de
antemano al nominador un documento para que este disponga posteriormente de su
permanencia. Este precedente constituye un criterio útil para precisar que la ausencia
de una fecha escrita en el cuerpo del documento no puede valorarse de manera aislada,
sino en conjunto con la certeza sobre su presentación y con la prueba de una eventual
entrega anticipada13.
45. Este criterio fue reiterado recientemente por la esta Corporación, en sentencia del
Nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026). En ese asunto, la demandante alegó que
la renuncia era en blanco y carecía de fecha cierta; sin embargo, la Sala verificó que el
escrito señalaba que produciría efectos «a partir de la fecha» y que contaba con sello
de radicación del día de su presentación. A partir de esos elementos concluyó que,
aunque no se hubiera consignado una fecha calendario específica en el cuerpo de la
carta, su eficacia temporal podía determinarse con el dato objetivo de radicación y, por
ello, esa sola circunstancia no permitía subsumir el documento en las prohibiciones de
renuncia en blanco o sin fecha determinada. Ello reafirma que la ausencia de fecha
escrita debe apreciarse junto con las circunstancias objetivas de presentación del
documento14.
2.3.3. Renuncia protocolaria como categoría distinta a la renuncia en blanco
46. La jurisprudencia de esta Corporación, sobre la denominada renuncia
protocolaria, se ha ocupado de la solicitud que el nominador formula a servidores que
ejercen cargos directivos o de especial confianza, decantando que la mera insinuación
o solicitud de renuncia a un empleado de esa naturaleza no configura, por sí sola, una
coacción invencible, pues el servidor puede abstenerse de presentarla y corresponde
acreditar las circunstancias concretas que afectaron la libertad de su decisión15.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del diecisiete (17) de
noviembre de dos mil once (2011), radicación 41001-23-31-000-2003-00205-01 (0605-09), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Consejo de Estada, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del tres (3) de febrero de
dos mil cinco (2005), radicación 25000-23-25-000-1998-03920-01 (0220-04).
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación 25000-23-42-000-2020-00842-01 (0473-2025), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del doce (12) de julio de
dos mil doce (2012), radicado 05001-23-31-000-1998-02319-01 (0412-12), demandante Everardo de Jesús Arrubla Ortiz, consejero
ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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47. Esta línea se relaciona con el requisito de espontaneidad; cuando existe una
renuncia escrita, completa y fechada, pero se afirma que fue obtenida mediante presión,
el análisis recae en la libertad del consentimiento y en la prueba de la fuerza. Distinto es
el supuesto regulado expresamente por el último inciso del artículo 2.2.11.1.3 del
Decreto 1083 de 2015, pues si el documento está en blanco, carece de fecha
determinada o fue puesto anticipadamente en manos del nominador, la consecuencia
jurídica proviene de una prohibición legal y consiste en su carencia absoluta de valor.
48. En ese sentido, la insinuación no convierte en válida una carta que, desde su
origen, se encuentre comprendida en una prohibición expresa. En consecuencia, se
itera, son categorías distintas: (i) la renuncia protocolaria, presentada durante el ejercicio
del empleo como manifestación actual del funcionario; y (ii) el documento firmado sin
fecha o depositado antes de la posesión para que la administración decida en el futuro
cuándo utilizarlo.
2.4. Hechos probados
49. Con base en los medios de prueba recaudados, se encuentran acreditados los
siguientes hechos, que resultan relevantes para resolver el problema jurídico:
50. Mediante Decreto 254 del Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), el
alcalde distrital nombró con carácter ordinario a Valeria Isabel Díaz Bate en el empleo
de Directora Administrativa, Código 009, Grado 02, de la Dirección Técnica de la
Secretaría de Seguridad y Convivencia, clasificado como de libre nombramiento y
remoción. La decisión le fue comunicada en la misma fecha.16
51. La demandante tomó posesión del empleo el Ocho (8) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), según el Acta 622.17
52. En el expediente obra un escrito dirigido al alcalde Rafael Alejandro Martínez. El
documento contiene una renuncia irrevocable al empleo por «motivos personales»; al
pie aparece una firma atribuida a la demandante y su número de identificación; el
nombre mecanografiado figura como «VALERIA DIAZ BAUTE»; y presenta un sello del
Despacho del Alcalde con fecha «21 feb 2019» y hora «9:00 a.m.». En el costado
derecho se observa una anotación manuscrita de aceptación y una firma18.
53. Mediante el Decreto 030 del Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), se aceptó la renuncia de la accionante. En dicho acto se afirmó que, ese día, la
16
SAMAI- Tribunal de origen- Archivo 031, folios digitales 7 y 8
17
SAMAI- Tribunal de origen- Archivo 031, folio digital 9.
18
SAMAI - Tribunal de origen - archivo 031, folio digital 10 (folio físico 73).
12
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señora Díaz Bate «presentó renuncia irrevocable» al empleo y en el artículo primero se
dispuso «Aceptar a partir del día veintiuno (21) de febrero del 2019, la renuncia
irrevocable presentada» por la demandante19.
54. El Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), la Dirección de Capital
Humano comunicó a la demandante que su renuncia había sido aceptada mediante el
Decreto 030. En el documento aparece una firma de recibido y la fecha «21-02-2019».20
55. Obra en el expediente el Informe Pericial DRNT-GRDOF-0000020-2022, cuyo
objeto consistió en establecer la procedencia gráfica de la firma ubicada en el espacio
de recibido de la comunicación del Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), mediante la cual la Dirección de Capital Humano informó a la demandante la
aceptación de su renuncia. El Instituto confrontó dicha firma con las muestras de
referencia de Valeria Isabel Díaz Bate y concluyó que existía uniprocedencia gráfica
entre ellas. En consecuencia, el dictamen acredita que la firma de recibido de esa
comunicación corresponde a la actora; su objeto no comprendió la firma incorporada en
la carta de renuncia21.
56. Con la demanda se aportó la Declaración Extraproceso 2186 del Seis (6) de junio
de Dos Mil Diecinueve (2019), rendida bajo juramento por Fabián Eduardo Valle Navarro
ante la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta. El declarante indicó que fue
nombrado Director de Capital Humano mediante Decreto 099 del Diez (10) de abril de
Dos Mil Dieciocho (2018). En esa calidad describió un procedimiento de recepción y
custodia de cartas de renuncia, individualizó a «Valeria Diaz» entre las personas
respecto de las cuales afirmó que se aplicaba aquel mecanismo y señaló que el
Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) recibió la instrucción de hacer
efectiva su renuncia junto con las de otros funcionarios. Asimismo, manifestó que el
Veintidós (22) de febrero siguiente su nominador hizo efectiva su renuncia «utilizando el
mismo procedimiento»22.
57. En la audiencia de pruebas del Nueve (9) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023),
Fabián Eduardo Valle Navarro declaró bajo juramento y con contradicción de las partes.
Explicó que, como director de Capital Humano, tenía a su cargo la administración de la
planta, la elaboración de actos de nombramiento y posesión y la custodia de
documentos. Señaló que las cartas de renuncia no se radicaban por los canales
ordinarios, sino que se entregaban a Capital Humano y permanecían bajo custodia de
esa dependencia; estimó que conservaba entre cien (100) y doscientas (200). Indicó
19
SAMAI - Tribunal de origen - archivo 031, folio digital 12 (folio físico 75).
20
SAMAI- Tribunal de origen- Archivo 031, folio digital 11: comunicación de la Dirección de Capital Humano del Veintiuno (21) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019).
21
SAMAI – Tribunal de origen - archivo 031, folios digitales 126 y 128,
22
SAMAI – Tribunal de origen - archivo 031, folios digitales 14 y 15 (folios físicos 77 y 78)
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que, cuando un superior informaba que debía hacerse efectiva una de aquellas
renuncias, se localizaba la carta, se remitía para el trámite correspondiente y se expedía
el acto de aceptación. Respecto de Valeria Isabel Díaz Bate sostuvo que el documento
había sido entregado al momento de la posesión, sin fecha, como requisito para acceder
al empleo, y afirmó que desconocía la razón por la cual el nominador decidió utilizarlo 23.
58. Mirta Mercedes Molinares Ballestas declaró que estuvo vinculada al Distrito y que,
en su propio caso, al momento de la posesión le exigieron firmar una renuncia en blanco
que posteriormente fue utilizada para retirarla. Señaló que la exigencia se aplicaba de
forma general y que, de no entregarse el documento, no se efectuaba la posesión.
Frente a Valeria Díaz Bate formuló apreciaciones sobre su deseo de permanecer en el
empleo y sobre las consecuencias económicas y familiares de la desvinculación24.
2.5. Caso concreto
59. La señora Valeria Isabel Díaz Bate solicitó la nulidad del Decreto 030 del
Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), porque sostiene que la
administración no aceptó una renuncia presentada libremente en dicha data, sino que
utilizó una carta que le había exigido suscribir al momento de su posesión y que
permaneció anticipadamente en poder de la entidad.
60. En la sentencia censurada, el Tribunal negó las pretensiones al considerar, en
esencia, que la demandante desempeñaba un empleo de libre nombramiento y
remoción y que, tratándose de cargos directivos o de confianza, la solicitud de una
renuncia protocolaria constituye una práctica admitida por la jurisprudencia, sin que la
sola insinuación de dimitir configure una coacción capaz de invalidar la manifestación
de voluntad.
61. Bajo esa premisa, estimó que la señora Díaz Bate podía haberse negado a
suscribir el documento o dejar constancia de la presión alegada y que, al no acreditarse
una amenaza, intimidación o coacción irresistible, la renuncia conservaba su validez.
Asimismo, sostuvo que el dictamen grafológico permitía establecer que la firma
contenida en la carta correspondía a la demandante.
62. En el recurso de apelación, la parte demandante centró su inconformidad en que
el Tribunal examinó la controversia bajo la figura de la renuncia protocolaria, pese a que
el supuesto alegado correspondía a las prohibiciones previstas en el artículo 2.2.11.1.3
23
,SAMAI índice 024, archivo 24, e índice 033, archivo «033Incorporaexped_LinksAudienciaspdf.pdf», grabación
«22.AudienciaPruebas.mp4».
24
SAMAI, índice 024, acta de audiencia de pruebas, e índice 033, grabación «22.AudienciaPruebas.mp4».
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del Decreto 1083 de 2015. Asimismo, cuestionó la valoración probatoria efectuada por
el a quo y sostuvo que las declaraciones recaudadas demostraban la aplicación concreta
de la práctica denunciada.
63. Pues bien, la Sala considera que le asiste razón al apelante al señalar que el
Tribunal abordó la controversia a partir de un supuesto distinto al planteado en la
demanda, pues el debate no se contrae a determinar si una solicitud o insinuación de
una renuncia protocolaria constituyó una presión irresistible sobre la voluntad de la
servidora. La censura se dirige, específicamente, a establecer si el documento
posteriormente aceptado por la administración habría sido obtenido desde el momento
de la posesión y conservado para ser utilizado con posterioridad, supuesto que debe
examinarse a la luz de las prohibiciones previstas en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto
1083 de 2015.
64. En efecto, la jurisprudencia sobre renuncia protocolaria parte de la existencia de
una solicitud actual del nominador seguida de una manifestación del servidor, respecto
de la cual se discute si fue libre y espontánea, es decir que, esa línea jurisprudencial
presupone que, existe una renuncia presentada contemporáneamente por el servidor,
respecto de la cual se cuestiona su espontaneidad. En cambio, la hipótesis propuesta
por la demandante consiste en que la carta habría sido entregada anticipadamente, en
condiciones que, de acreditarse, podrían ubicarla en alguna de las prohibiciones
relativas a la renuncia en blanco, sin fecha determinada o puesta anticipadamente en
manos del nominador.
65. No obstante, que le asista razón a la apelante en esa delimitación jurídica no
conduce, por sí solo, a la prosperidad del recurso, pues corresponde verificar si el
material probatorio recaudado demuestra con suficiencia necesaria para desvirtuar la
presunción de legalidad del Decreto 030 de 2019 que, la renuncia concreta de la señora
Valeria Isabel Díaz Bate se encontraba efectivamente comprendida en alguno de esos
supuestos prohibidos.
66. En cuanto a la renuncia en blanco y la hipótesis consistente en haber puesto
anticipadamente la permanencia de la servidora en manos del nominador, debe
señalarse en primer lugar que, el documento incorporado al expediente contiene
actualmente un texto mecanografiado completo mediante el cual se expresa una
renuncia irrevocable por motivos personales, así como la firma de la demandante. El
documento incorporado al expediente contiene un texto mecanografiado completo y una
firma atribuida a la demandante. Sin embargo, el material probatorio recaudado carece
de elementos que permitan concluir que su contenido fue alterado, modificado o
incorporado con posterioridad a la firma.
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67. En efecto, el Informe Pericial DRNT-GRDOF-0000020-2022 no determinó la
fecha de su elaboración, la secuencia de sus registros ni el momento de su suscripción.
Ante la orden de complementación efectuada por el Tribunal, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses explicó que «la sucesión cronológica mediante la
cual se hayan podido elaborar los registros presentes en un documento, no es factible
de establecer» y que no existen técnicas suficientemente validadas y reproducibles para
determinar edades absolutas o relativas de las tintas; por ello, consideró que los estudios
requeridos no eran técnica ni científicamente procedentes25.
68. Por otra parte, las declaraciones de Fabián Eduardo Valle Navarro deben
apreciarse dentro de los límites de su razón de conocimiento. El testigo afirmó que la
carta de Valeria Díaz había sido entregada al momento de la posesión y describió el
mecanismo de custodia y posterior utilización de ese tipo de documentos. No obstante,
él mismo indicó que fue nombrado director de Capital Humano el Diez (10) de abril de
Dos Mil Dieciocho (2018), esto es, varios meses después de la posesión de la
demandante, ocurrida el Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017). Por ello,
no tuvo percepción directa de la firma ni de la entrega inicial del documento y su dicho
sobre ese episodio no permite establecer, por sí solo, cuál era el contenido material de
la carta que la demandante sitúa en noviembre de 2017 quién la recibió o en qué
condiciones concretas ingresó a la dependencia.
69. A lo anterior se suma que, el propio Fabián Valle Navarro afirmó que el Veintidós
(22) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), un día después del retiro de la
demandante, su nominador hizo efectiva su renuncia «utilizando el mismo
procedimiento». Esta circunstancia no invalida su declaración, pero sí constituye un
elemento que, conforme al artículo 211 del Código General del Proceso, impone apreciar
con particular cautela su imparcialidad respecto de una práctica de la cual afirmó haber
sido también destinatario.
70. El testimonio de Mirta Mercedes Molinares Ballestas presenta una limitación
semejante. La declarante relató que, en su propio caso, se le exigió una renuncia al
momento de la posesión y atribuyó al Distrito una práctica general de esa naturaleza.
Su declaración es pertinente para apreciar el contexto en el que, según los testigos,
operaba la administración; sin embargo, su conocimiento directo recae sobre su
experiencia personal y no sobre el momento, la forma o el contenido en que Valeria Díaz
habría suscrito y entregado la carta discutida. Al haber afirmado que ella fue retirada
mediante el mismo mecanismo, su dicho también debe contrastarse con elementos
externos antes de trasladar automáticamente su experiencia al caso individual de la
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SAMAI – Tribuna de origen - Archivo 030
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demandante.
71. Valoradas conjuntamente, las declaraciones de Fabián Valle Navarro y Mirta
Molinares ofrecen elementos concordantes acerca de la posible existencia de una
práctica administrativa consistente en conservar cartas de renuncia. Sin embargo, esa
coincidencia no suple la ausencia de conocimiento directo sobre la firma y entrega de la
carta de Valeria Díaz en noviembre de 2017. Al respecto, debe resaltarse que no obra
un registro de recepción en Capital Humano, una constancia contemporánea de
custodia, un documento de remisión interna anterior al Veintiuno (21) de febrero de Dos
Mil Diecinueve (2019), ni una prueba técnica que permita reconstruir el estado del escrito
en la fecha de la posesión. Por ello, la prueba testimonial permite formular una hipótesis
plausible sobre el contexto, pero no alcanza el grado demostrativo necesario para
afirmar que la carta de la demandante fue firmada en blanco.
72. Ahora, frente a la prohibición relativa a la renuncia sin fecha determinada, si bien
es cierto que el encabezado de la carta contiene la expresión «Santa Marta,» y no
incluye día, mes ni año, no es menos cierto que sobre la misma pieza obra el sello de
recepción del despacho del alcalde del Veintiuno (21) de febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), a las 9:00 a. m., y el Decreto 030 determinó expresamente que la renuncia se
hacía efectiva ese mismo día.
73. En este punto resulta aplicable el precedente de esta Corporación, según el cual,
la ausencia de una fecha consignada en el texto no vicia por sí sola la aceptación cuando
está determinada la fecha de entrega de la misiva y existe una manifestación inequívoca
de retiro. La providencia explicó que la prohibición persigue evitar, principalmente, que
el servidor entregue de antemano al nominador un documento para que este disponga
después de su permanencia. De ahí que la falta de una fecha escrita no pueda valorarse
aisladamente, sino junto con las circunstancias de presentación y con la prueba de una
eventual entrega anticipada26.
74. En otro asunto, la Corporación valoró el sello de radicación como un dato objetivo
para determinar la eficacia temporal de la renuncia y exigió prueba suficiente para
desvirtuar esa circunstancia27. Aplicado ese criterio a este proceso, el sello del Veintiuno
(21) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) constituye un elemento objetivo de
recepción que no puede ser desplazado únicamente por declaraciones que, respecto de
la entrega inicial del documento de la demandante, carecen de suficiencia probatoria.
75. Conviene precisar que, de conformidad con el artículo 176 del Código General
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del Tres (3) de febrero de Dos Mil Cinco (2005), radicación 25000-
23-25-000-1998-03920-01 (0220-04).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del Nueve (9) de julio de
Dos Mil Veintiséis (2026), radicación 25000-23-42-000-2020-00842-01 (0473-2025), C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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del Proceso, los indicios y demás medios de convicción deben apreciarse en conjunto y
alcanzar una convergencia suficiente sobre el hecho que se pretende establecer. A su
vez, el artículo 167 ibidem asigna a la parte que persigue un determinado efecto jurídico
la carga de acreditar los supuestos que lo sustentan. Así, la duda, la sospecha o la
demostración de una práctica general constituyen elementos de contexto relevantes,
pero su eficacia probatoria depende de que encuentren respaldo suficiente respecto de
las circunstancias concretas en que fue suscrita y entregada la carta de renuncia de la
demandante.
76. Finalmente, los argumentos de la apelación relacionados con acoso laboral
descansan en el mismo supuesto fáctico, según el cual la administración obtuvo
anticipadamente la carta y posteriormente la utilizó. Al no quedar acreditada con
suficiencia esa circunstancia en el caso particular de la actora, tampoco puede derivarse
de ella una causal autónoma de nulidad del Decreto 030 de 2019.
77. Así las cosas, la Sala arriba a la misma conclusión adoptada por la primera
instancia, aunque por un fundamento distinto. La naturaleza de libre nombramiento y
remoción del empleo y la doctrina sobre la renuncia protocolaria corresponden a un
plano jurídico diferente al que gobierna la controversia planteada. En este caso, el
análisis conjunto del escrito de renuncia, el sello de recepción, el Decreto 030, el informe
pericial, su complemento y las declaraciones de Fabián Valle Navarro y Mirta Molinares
conduce a establecer que el material probatorio reunido resulta insuficiente para tener
por acreditado que la renuncia de Valeria Díaz Bate fue firmada en blanco, carecía de
fecha determinada en el sentido proscrito por la norma o fue entregada anticipadamente
para dejar su permanencia a disposición del nominador.
78. En consecuencia, la presunción de legalidad del Decreto 030 del Veintiuno (21)
de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019) permanece incólume , y se confirmará la
sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Condena en costas
79. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses. En
consecuencia, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para imponer
condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión
80. Si bien el Tribunal fundamentó la negativa en la naturaleza de libre nombramiento
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y remoción del empleo y en la jurisprudencia sobre renuncia protocolaria, el asunto debía
resolverse a partir de las prohibiciones previstas en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto
1083 de 2015. Valoradas las pruebas en conjunto, no se acreditó con suficiencia que la
carta aceptada mediante el Decreto 030 de 2019 hubiese sido firmada en blanco,
careciera de fecha determinada en el sentido prohibido por la norma o hubiese sido
entregada anticipadamente al nominador; por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el Dieciocho (18) de febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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