Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00274-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00274-01(4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Renuncia por acoso laboral.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Nariño que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Liliana Mercedes Sánchez Rojas solicitó la anulación
de la Resolución 2-2210 del 29 de octubre de 2015 expedida por la Fiscalía General
de la Nación, por medio de la cual se aceptó la renuncia al cargo de técnico
investigador I, para todos los efectos legales, a partir del 27 de septiembre de 2014.
2. Igualmente, el restablecimiento del derecho, en el sentido de que (i) se ordenara
reintegrarla al cargo que ocupaba, es decir, el de técnico investigador I; (ii) se
declarara que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad
en el ejercicio del cargo; (iii) se condenara a pagar los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha en que le fue aceptada la renuncia; (iv)
se ordenara pagar el valor de la condena debidamente indexada de acuerdo a lo
previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y (iv) se condenara a la
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
demandada al pago de costas y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La demandante dividió la narración de los hechos de la siguiente manera: (i)
incorporación a la Fiscalía General de la Nación; (ii) falta de cobertura de los
servicios de salud y riesgos profesionales en el municipio de Puerto Asís, Putumayo;
(iii) asignación de funciones no acordes al cargo y grado; (iv) calificaciones; y (v) la
renuncia motivada e investigación por abandono del cargo.
→ Incorporación a la Fiscalía General de la Nación
3.1. En virtud de la supresión del DAS2, fue incorporada en el cargo de asistente
de investigación criminalística IV con funciones de carácter asistencial. La relación
laboral tuvo lugar entre el 1 de enero de 2012 y 27 de septiembre de 2014 en la
regional Nariño – Putumayo del CTI3. El 2 de enero de 2013, fue trasladada al
municipio de Puerto Asís, Putumayo.
→ Falta de cobertura de los servicios de salud y riesgos profesionales en el
municipio de Puerto Asís
3.2. En el municipio de Puerto Asís, la EPS Sanitas no estaba autorizada para
operar, según disposición de la Superintendencia de Salud.
3.3. En la prestación del servicio, sufrió 2 accidentes: (i) el 2 de noviembre de 2013,
lesión en su rodilla izquierda; y (ii) el 6 de mayo de 2014, cuando se resbaló al correr
una silla de la oficina.
3.4. Comoquiera que la EPS no tenía cobertura en el municipio de Puerto Asís y,
frente al primero, la ARL no lo determinó como de naturaleza profesional, costeó
con sus propios recursos los medicamentos y tratamientos y pidió licencias para
practicarse los exámenes y las terapias, pues se determinó que «en la rodilla izquierda
[tenía] un pequeño quiste de Baker en localización usual», así como «un trauma en la
rodilla y tendinitis postraumática de pata de ganso», las cuales generaron varias
incapacidades. En las órdenes médicas se ordenó trabajo de oficina y restricción de
actividad física, razón por la cual, el 24 de febrero de 2014 solicitó la reubicación,
pero la entidad no se pronunció, sino hasta el 5 de septiembre de 2014 cuando le
informó que sería inscrita en el programa RHB y que, hasta tanto no se expidieran
las valoraciones de la ARL, no se podía tomar una decisión.
→ Asignación de funciones no acordes al cargo y grado
3.5. Cuando se ordenó su traslado al municipio de Puerto Asís como asistente de
2 Departamento Administrativo de Seguridad.
3 Cuerpo Técnico de Investigación.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
investigación de criminalística IV, manifestó a su superior funcional que, dentro de
sus funciones, no se estableció la de fungir como técnico en antiexplosivos. Lo
mismo manifestó cuando la jefe de Policía Judicial de la Seccional Nariño ordenó la
descripción de unos «elementos con análisis de la ficha técnica».
3.6. El 13 de marzo de 2013, puso en conocimiento de su superior funcional la
imposibilidad de cargar sus misiones de trabajo al sistema SIG, lo cual le impedía
contabilizar las misiones de trabajo que ella adelantaba.
3.7. El 10 de diciembre de 2013, su superior jerárquico dio a conocer al director de
la Seccional CTI de Nariño que se negaba a recibir órdenes de trabajo, las
novedades sobre su accidente laboral y «la ausencia presuntamente no justificada a las
labores». El mismo día, se le hizo un llamado de atención por la negativa de realizar
una prueba de estado y conservación de unos detonadores eléctricos y se suscribió
un acta de compromiso.
3.8. El 10 de marzo de 2014, presentó un informe dirigido al director seccional del
CTI, en el cual manifestó que (i) no contaba con los elementos mínimos de
protección para ejercer la función de técnico antiexplosivos; y (ii) se sentía
sobrecargada y «menospreciada» porque sus compañeros del municipio de Pasto
contaban con un ambiente y carga laboral distinta a la de ella.
→ Calificaciones
3.9. Por el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2013 al 22 de febrero de
2014, fue calificada con 81.8, es decir, satisfactorio. Sin embargo, después fue
llamada a suscribir las mismas calificaciones, pero con un puntaje insatisfactorio de
52.4, razón por la cual solicitó que se explicaran las razones de la decisión si no
existía ningún llamado de atención verbal o escrito. La jefe de la Sección
Investigaciones del CTI, suscribió un informe el 3 de marzo de 2014 sobre la
segunda calificación, en el cual manifestó que no cumplía con el requisito de la
firma, «razón por la que no se [podían] entregar las calificaciones modificadas».
→ Renuncia motivada e investigación por abandono del cargo
3.10. El 25 de agosto de 2014, presentó renuncia irrevocable al cargo a partir del 31
de agosto de 2014, con fundamento en que «la Fiscalía ignoró todas sus solicitudes de
traslado a la ciudad de Bogotá, para continuar con el tratamiento médico que requería para
rehabilitarse de su lesión».
3.11. Mediante comunicación por correo electrónico del 16 de septiembre de 2014,
las directivas de la entidad le solicitaron que cambiara el escrito de la renuncia y
que la presentara sin motivación. El 22 de septiembre siguiente, dirigió un oficio a
la Subdirección Administrativa Financiera, en el cual sostuvo que no era su voluntad
cambiar las razones de la renuncia, «advirtiendo que esas [eran] específicamente las
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causas por las que toma[ba] la determinación, además de menosprecios que fue víctima»
por parte de los directivos de la entidad y sus jefes directos.
3.12. A la par de lo anterior, el 28 de agosto de 2014 solicitó que se le concediera
una licencia no remunerada desde el 1 hasta el 12 de septiembre o por el término
que durara la legalización de la renuncia, agregado a la necesidad de someterse a
las terapias ordenadas para su recuperación. El 1 de septiembre se accedió a la
solicitud, pero no se indicó hasta qué fecha se otorgaba la licencia; después se le
informó que se había prorrogado.
3.13. El 26 de septiembre de 2014, la entidad la citó para que rindiera descargos el
9 de enero de 2015 por el presunto abandono del cargo, en razón a que,
presuntamente, no se presentó a laborar el 30 de noviembre de 2014 en el municipio
de Puerto Asís, día en el que terminó la licencia no remunerada. Esta investigación
fue archivada el 29 de octubre de 2015 y, en el acto administrativo que así lo
dispuso, se resolvió que la renuncia se entendía aceptada a partir del 27 de
septiembre de 2014.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 40, 5, 6, 9, 130, 16, 23, 25, 26, 29,
48, 49, 53, 83, 93 y 209 de la Constitución Política; Leyes 16 de 1972, 319 de 1996,
1010 de 2006; y los Decretos 2400 de 1968, 1950 de 1973, 1660 de 1978, 1295 de
junio 22 de 1994, y 20 de 2014.
5. Asimismo, los instrumentos internacionales como la Convención Americana de
Derechos Humanos, aprobada mediante Ley 16 de 1972; protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», aprobada mediante
Ley 319 de 1996; Convenios 11, 95 y 100 de la OIT, sobre la protección del salario
1949, igualdad de remuneración 1951 y discriminación en materia de empleo 1958;
y la Convención Americana de Derechos Humanos «Pacto de San José de Costa
Rica», firmado en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969».
6. En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes cargos de
nulidad4:
6.1. La entidad demandada al expedir la Resolución 2-2210 del 29 de octubre de
2015 no tuvo en cuenta los motivos que forzaron a la demandante a presentar la
renuncia motivada y, por tal razón, se violaron los tratados internacionales; además,
con la decisión de no conceder el traslado ni aceptar su renuncia para, luego, iniciar
una investigación por abandono del cargo, se le impidió recuperarse de las lesiones
que sufrió.
4 Expediente físico, Expediente físico, folio s 14 al 41
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6.2. La renuncia no se originó propiamente en su espontánea y libre decisión, toda
vez que se demostraron las presiones y el hostigamiento por parte de sus jefes
directos, aunado a su precaria salud que no podía ser atendida en el municipio
donde laboraba, la negativa a concederle su traslado a otro lugar donde sí le
pudieran prestar los servicios médicos requeridos, el silencio y la posterior lentitud
para otorgarle licencia no remunerada, apresuraron la renuncia no querida por ella,
lo que vicia el consentimiento.
6.3. Se menoscabaron sus derechos laborales, comoquiera que se negó su solicitud
de traslado a una ciudad que tuviera las condiciones para su adecuada
rehabilitación y no tuvo en cuenta su omisión de verificar la cobertura de la EPS a
la que se encontraba afiliada. Si «se hubiese materializado su traslado, no habría tenido
que renunciar a su cargo y de esta manera se le hubiere respetado su derecho a la
estabilidad laboral».
6.4. Las razones de la renuncia obedecieron a conductas constitutivas de acoso
laboral previstas en el numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006, tales como
el cambio de funciones y la asignación de tareas que no correspondían con su
cargo, los llamados de atención a pesar de que no estaba «facultada legalmente»
para actuar como técnico en antiexplosivos, y la posterior calificación que se surtió
en el año 2014 que fue satisfactoria, pero luego se pretendió disminuirla a 52%.
6.5. El acto administrativo demandado violó el Decreto 2400 de 1968, conforme con
el cual la fecha de retiro no puede ser posterior a 30 días; sin embargo, esto ocurrió
1 año y 1 mes después de haberla presentado y la disfrazó de legalidad con la
anotación que fue aceptada desde el 27 de septiembre de 2014; ese interregno de
1 año y 1 mes difiere mucho de la realidad de la norma que debe ser cumplida,
razón por la que se violó esta regla jurídica. Ello, agregado a que se le exigió
cambiar la argumentación de la renuncia, a pesar de que no existía disposición
normativa que la obligara.
6.6. Igualmente, se quebrantó el Decreto 1295 de 1994, en razón a que, a pesar de
que la norma impone que, dentro de los 2 días siguientes al accidente, es el
empleador quien debe informar a la ARL y a la EPS, la Fiscalía General de la Nación
envió el reporte de manera tardía y no prestó los servicios para que fuera remitida
inmediatamente a la IPS más cercana que estuviera adscrita a la ARL Positiva.
6.7. El acto acusado adoleció de falsa motivación, toda vez que no tuvo en cuenta
los motivos reales que forzaron a la demandante a presentar su renuncia motivada.
La administración omitió tener en cuenta hechos que estaban demostrados y que si
hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente.
1.2. Contestación de la demanda
7. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
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por las razones que se expresan a continuación5:
8. La renuncia presentada por la demandante fue dirigida de manera inequívoca y
voluntaria a la autoridad nominadora, con lo cual, se cumplió con la obligación de
presentarla ante el superior jerárquico, eso quiere decir que no existió
constreñimiento alguno que llevara a la demandante a presentarla y tampoco la
formulación de queja ante el comité de acoso laboral.
9. El acto acusado se ajustó a legalidad, puesto que simplemente aceptó la
manifestación clara, expresa y voluntaria de la demandante plasmada en su
renuncia, es decir que la administración únicamente aceptó la voluntad del
funcionario, sin que para ello fuera necesario considerar sus logros y trayectoria.
10. No se desmejoraron las condiciones salariales y prestacionales de la
demandante, por cuanto mensualmente se le pagaron los salarios y prestaciones
de acuerdo con su cargo y grado desempeñado, por lo que no es posible hablar de
una afectación laboral grave.
11. La falta de atención médica que alegó la demandante como una de las causas
que incidieron en la renuncia no son imputables a la entidad, toda vez que se realizó
la afiliación la EPS y ARL, por tanto, cumplió así sus obligaciones como empleador.
De la misma manera, no existió una asignación de funciones por fuera de las
competencias de la demandante, toda vez que, de acuerdo con el manual de
funciones del cargo que desempeñaba, debía ejercer las que fueran asignadas por
su jefe o inmediato superior.
12. No se cometieron conductas constitutivas de acoso laboral y, de cualquier
modo, la actora no presentó queja alguna de tal naturaleza, de ahí que no pueda
predicarse su existencia. La Resolución 2-2210 del 29 de octubre de 2015 fue
expedida en los términos del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
1.3. La sentencia apelada
13. Mediante sentencia proferida el 26 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo
de Nariño negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
13.1. Se demostró que la demandante se incorporó a la Fiscalía General de la
Nación a partir del 1 de enero de 2012; allí se desempeñó como técnico investigador
I y tenía, entre otras, las funciones de (i) apoyar al investigador en la elaboración
del programa metodológico de la investigación; (ii) recolectar, verificar, proteger y
enviar los elementos materiales probatorios y evidencia física, de acuerdo con los
procedimientos de cadena de custodia; (iii) colaborar con la revisión y análisis de
5 Expediente físico, Expediente físico, folio s 317 al 344
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
los elementos materiales probatorios y evidencia física dentro de la investigación
criminal; y (iv) las demás asignadas por el jefe inmediato y aquellas inherentes a las
que desarrollaba la dependencia. También se desempeñó como asistente de
investigación criminalística IV; el 14 de febrero de 2013, fue trasladada al municipio
de Puerto Asís, Putumayo; y el 25 de agosto de 2014 presentó renuncia irrevocable
al cargo, la cual fue reiterada el 27 de agosto siguiente.
→ La renuncia al cargo
13.2. El acto demandado «no es constitutivo» de la aceptación de la renuncia, en
razón a que, en el ordinal segundo, se utilizó el verbo «establecer» y no «aceptar»,
es decir que en este únicamente se dejó la claridad de que la desvinculación se
entendía efectiva a partir del 27 de septiembre de 2014; además, quien lo suscribió
no tenía la competencia para hacerlo y surgió de un procedimiento diferente, esto
es la apertura de una investigación disciplinaria por abandono del cargo.
13.3. La entidad demandante alegó que se configuró un acto ficto positivo porque
no se expidió el acto administrativo que aceptara la renuncia. Aunque el artículo 96
del Decreto 020 de 2014 estableció la autorización al dimitente para retirarse del
cargo sin incurrir en abandono del empleo, no estableció de manera expresa la
consecuencia que señaló la entidad.
13.4. En consecuencia, comoquiera que la renuncia se radicó el 25, 27 y 29 de
agosto de 2014, la entidad contaba hasta el 27 de septiembre de 2014 para
aceptarla y, en caso de que no lo hiciera, la servidora podía libremente continuar o
separarse sin que incurriera en abandono del cargo; si bien solicitó licencia no
remunerada, esto no implicaba el desistimiento de la renuncia. «Sin perjuicio de lo
anterior y en especial de una de la tesis planteada conforme a la cual, la resolución sí aceptó
la renuncia», debía analizarse si existieron causales que viciaran su consentimiento.
→ Acoso laboral
13.5. La parte demandante alegó que se le asignaron funciones que no
correspondían con el cargo, tales como fungir como técnico en antiexplosivos; sin
embargo, la instrucción se contrajo a que realizara la descripción de unos elementos
con análisis en la ficha técnica de elementos identificados como detonadores
eléctricos, lo cual concernía a lo consignado en el manual de funciones.
13.6. Los oficios que suscitaron el conflicto entre la demandante y el jefe de Policía
Judicial y, luego, las determinaciones adoptadas por el jefe de la Unidad Local del
CTI de Puerto Asís, no constituyeron actos que puedan calificarse como acoso
laboral, sino que devinieron del deber de supervisión. Lo mismo ocurrió con los
llamados de atención.
13.7. Las posibles conductas reprochadas por la parte demandante no fueron causa
de su renuncia, comoquiera que en esta no mencionó esos escenarios, «sino las
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
cuestiones relacionadas con su salud y arraigo». Además, tampoco presentó queja
disciplinaria por el presunto acoso ni adelantó las medidas preventivas y correctivas
previstas en el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006.
→ El estado de salud de la demandante
13.8. Si bien era cierto que la demandante aportó un oficio expedido por Sanitas
EPS, en el cual se informó que no tenía autorización para prestar los servicios de
salud ambulatorios o programados en el departamento de Putumayo, también lo era
que esta circunstancia no podía ser reprochada a la entidad demandada,
comoquiera que su deber como empleadora se reducía a la afiliación. De cualquier
modo, se le informó a la demandante que podía ejercer su derecho de traslado de
EPS para que pudiera ser atendida en el municipio de Puerto Asís por una entidad
que sí tuviera cobertura.
13.9. Las falencias del servicio de salud no pueden imputarse a la Fiscalía General
de la Nación y, aunque la demandante solicitó el traslado por esta razón, lo cierto
es que no le fue negada, sino que se le informó que había sido incluida en el
programa RHL, «supeditando el estudio del traslado al aporte de las recomendaciones
que hiciera la administradora de riesgos laborales», las cuales no fueron aportadas al
expediente.
→ Coacción en la renuncia
13.10. La renuncia no obedeció a una «coacción invencible» desencadenada por la
Fiscalía General de la Nación. Los motivos de aquella no se podían catalogar como
acoso laboral, sino que fueron de índole externo a su labor. Por consiguiente, no
existió el vicio del consentimiento alegado porque, al cumplimiento de los 30 días,
podía optar por continuar en el cargo o retirarse; «allí se evidenci[ó] una decisión libre
y espontánea, ajena a presión o coacción del empleador».
1.4. El recurso de apelación
14. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación6 y lo
sustentó en los siguientes términos:
14.1. La Resolución 2-2210 del 29 de octubre de 2015 sí fue una manifestación
inequívoca de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, literalmente, se
consignó que los efectos de la renuncia se surtieron a partir del 27 de septiembre
de 2014. Tampoco es cierto que, quien la suscribió no tenía competencia, pues en
la contestación de la demanda, la entidad afirmó que la subdirectora de talento
humano sí estaba facultada para pronunciarse.
14.2. Erró el a quo al manifestar que «lo adelantado por la Subdirección de Talento
6 Expediente físico, Expediente físico, folio s (…).
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
Humano» surgió de una investigación disciplinaria por presunto abandono del cargo,
pues el procedimiento que dio origen al acto acusado no fue producto de esta, sino
de un trámite administrativo soportado en las funciones de la subdirectora de talento
humano. Además, no se hizo «mayor énfasis» en la omisión de la entidad,
consistente en no aceptar la renuncia dentro de los 30 días siguientes a su
presentación y tampoco tuvo en cuenta que se debía tramitar porque «siempre existe
una razón de conveniencia o inconveniencia para continuar o no en un cargo,
indistintamente si la plasma en su escrito o no lo hace»; en consecuencia, el hecho de
que la Fiscalía la haya aceptado de forma tardía, la vicia de ilegalidad, tal como lo
ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado.
14.3. Sí obra prueba del acoso laboral. La jefe de la Unidad de Policía Judicial del
CTI de Pasto le solicitó al jefe del CTI de Puerto Asís que fuera la demandante quien
realizara una diligencia de descripción de elementos, con análisis de la ficha técnica,
«omitiendo que el mismo iba dirigido a un técnico en explosivos». No se consideró que
las funciones eran eminentemente asistenciales y, por lo tanto, no debía ejercer
aquellas asignadas a los niveles técnico o profesional y, en todo caso, tampoco le
suministraron los elementos mínimos para ejercer la labor. «[E]ra abusivo que la
entidad accionada quisiera capitalizar sus conocimientos en Antiexplosivos, so pretexto que
ella había sido antiexplosivista en el extinto DAS en donde había ejercido funciones de nivel
técnico pues su cargo era operativo como Detective».
14.4. Los conflictos entre la demandante y las órdenes del jefe de la Unidad Local
del CTI en Puerto Asís, la jefe de Policía Judicial y el director del CTI en Pasto,
ocurrieron porque nunca atendieron las funciones que podían y debían asignarles a
sus subalternos, lo cual «evidenció un presunto acoso laboral, [...], pues se puso en riesgo
la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes sin el cumplimiento de los
requisitos mínimos de protección y seguridad».
14.5. El a quo no analizó otra conducta constitutiva de acoso laboral, esto es la
calificación de 81.8 puntos por el periodo de febrero de 2013 a febrero de 2015 y,
después, su modificación a 52.4 puntos (insatisfactorio). Esto demostró la influencia
de la jefe de Policía Judicial y el director del CTI de Pasto.
14.6. Tampoco se valoró que, (i) en correo del 22 de septiembre de 2014, la actora
motivó por qué no había denunciado el «acoso laboral» por parte de César Armando
Correa Bonilla y Luz Mireya Solarte Yela, directivos de la Seccional Nariño y también
sus superiores; y (ii) en el escrito de renuncia no se refirió a los problemas de salud,
sino a la «desprotección laboral por parte de la Entidad».
14.7. La Fiscalía General de la Nación sí era responsable del control de riesgo
derivado del trabajo y de la salud de sus trabajadores, por lo tanto, debía
proporcional y mantener las mejores condiciones para prevenir los riesgos
laborales. En efecto, debía procurar el cuidado integral de cada empleado y notificar
a la ARL los accidentes de trabajo; sin embargo, esto no ocurrió, pues decidió
enviarla a un lugar de trabajo en el que la EPS no tenía cobertura y fue descuidada
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al reportar 17 días después el accidente acaecido el 3 de noviembre de 2013,
omisión que derivó en que fuera calificado como de origen común.
14.8. No se hizo ningún cuestionamiento de las demás actuaciones y omisiones de
la entidad, tales como (i) exigir la transcripción de las incapacidades ante la EPS
cuando esta no tenía sede en el lugar de trabajo; (ii) no resolver las solicitudes de
reubicación laboral; (iii) no establecer que requería los niveles clínicos 2, 3 o 4 para
su recuperación; (iv) no atender las recomendaciones de traslado a una zona
urbana donde pudiera continuar su seguimiento y manejo por clínica del dolor,
fisiatría y ortopedia. Esto demostró que la Fiscalía General de la Nación sí tuvo
incidencia en la prestación del servicio de salud y, por consiguiente, en la decisión
de presentar la renuncia, «además que ya venía etiquetada como una funcionaria
problema».
14.9. La coacción a la actora sí fue invencible y devino de las «conductas soterradas
pero sistemáticas de querer anular[la] funcionalmente» a fin de provocar su
desvinculación laboral. De ahí que fuera equivocada la consideración del a quo,
relativa a que los hechos narrados no indicaran maltrato, persecución,
discriminación, entorpecimiento y desprotección laboral.
14.10.No procedía la condena en costas en la primera instancia, comoquiera que
no se acreditó la temeridad o mala fe y tampoco los gastos en que incurrió la parte
vencida.
1.5. Trámite de la segunda instancia
15. En auto del 22 de septiembre de 2022 se resolvió admitir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de agosto
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño.
16. Previamente a que el proceso ingresara al despacho para fallo, el Ministerio
Público presentó concepto, en el cual solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarar la nulidad del artículo segundo de la Resolución 2-
2210 del 29 de octubre de 2015 y confirmar en lo demás el fallo recurrido.
Argumentó que el acto acusado es nulo porque fue expedido de manera
extemporánea; sin embargo, como no se demostró el acoso laboral sufrido ni que
fue este el que conllevó a la presentación de su renuncia, no procedía el reintegro
a su cargo.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
17.La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
18. Los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso establecen que (i) el
recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante; y (ii) el
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio
en los casos previstos en la ley. En consecuencia, el análisis de la Sala se contraerá
a los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora.
2.2. Problema jurídico
19. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:
19.1. ¿El acto administrativo acusado contiene la aceptación de la renuncia
presentada por la demandante?
19.2. ¿Se demostró que la conducta desplegada por la Fiscalía General de la
Nación fue constitutiva de acoso laboral y, por consiguiente, representó
una coacción invencible que llevó a la demandante a que presentara la
renuncia a su cargo?
19.3. ¿Procedía la condena en costas por la primera instancia?
20. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se resolverá el cargo relativo a la renuncia y la
expedición del acto administrativo acusado; segundo, se examinarán las conductas
de la entidad demandada; y tercero, se determinará si procedía la condena en
costas a la actora. En los dos primeros, la Sala hará un recuento normativo y
jurisprudencial y después resolverá cada cargo conforme con las pruebas que
reposan en el plenario.
2.3. La renuncia y el acto administrativo que la acepta
2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial
21. El artículo 26 de la Constitución Política prevé que «[t]oda persona es libre de
escoger profesión u oficio [...]», es decir que podrá elegir cuándo vincularse al servicio
de una entidad, así como el momento en que quiere retirarse, pero siempre deberá
ser resultado de la voluntad libre y espontánea.
22. En efecto, el Decreto 2400 de 1968 «[p]or el cual se modifican las normas que
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
regulan la administración de personal civil [...]», estableció lo siguiente;
«Artículo 27. Todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede
renunciarlo libremente.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e
inequívoca su voluntad de separarse definitivamente del servicio.
La providencia por medio de la cual se acepte la renuncia deberá determinar
la fecha de retiro y el empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes
del plazo señalado, so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por
abandono del cargo. La fecha que se determine para el retiro no podrá ser
posterior a treinta (30) días después de presentada la renuncia; al cumplirse
este plazo el empleado podrá separarse de su cargo sin incurrir en el
abandono del empleo.
Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, las
renuncias en blanco o sin fecha determinada o que mediante cualquier otras
circunstancias pongan con anticipación en manos del Jefe del organismo la
suerte del empleado» [sic].
23. Por su parte, el Decreto 1950 de 1973, reglamentario del anterior, reprodujo la
disposición anterior, pero en los artículos 112 y 113, dispuso adicionalmente que
«[s]i la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública
para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste,
deberá aceptarla» y que, vencido el término para aceptar la renuncia sin que haya
sido decidida, «el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono
del empleo, o continuar en desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá
efecto alguno».
24. En lo que concierne a la Fiscalía General de la Nación y sus entidades adscritas,
el Decreto 20 de 20147 también reguló la renuncia y su aceptación en los términos
del Decreto 1950 antes citado, esto es que, la primera, se produce cuando el
servidor manifiesta por escrito, de forma espontánea e inequívoca, su decisión de
separarse del cargo y, la segunda, deberá ser adoptada dentro de los 30 días
siguientes a su presentación, vencidos los cuales el funcionario podrá separarse sin
incurrir en abandono del empleo.
25. En ese orden, el acto de renunciar debe reflejar la voluntad indiscutible de
retirarse del empleo, lo que se traduce en una expresión de la voluntad consciente
y ajena de todo vicio de fuerza o engaño. Esto lleva consigo, entonces, que en el
escrito que la contenga pueda o no exponer los motivos o razones de su decisión,
sin que se invalide el acto administrativo que la acepta. Al respecto, esta corporación
ha señalado lo siguiente8:
7 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y de sus entidades adscritas».
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 1995, expediente 7700. También
se puede consultar la sentencia del 23 de febrero de 2017, expediente 08001-23-33-000-2012-
00098-01 (1496-14), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
«No existe en el ordenamiento jurídico una disposición que impida al dimitente
exponer las razones o motivos que lo indujeron a tomar la determinación de
desvincularse del servicio público, cualquiera que éstos sean, y no es
admisible acoger la tesis de que cuando aquellos se explicitan el acto
administrativo por el cual se acepta la renuncia, contraría la preceptiva jurídica
aplicable a la materia, pues en ausencia de norma determinante de su
ilegalidad por esa causa, resulta arbitrario acoger tales planteamientos.
[…]
En esta comunicación el actor explicita los móviles que lo indujeron a
renunciar nuevamente, de una parte, salvar inconvenientes de tipo jurídico y,
de otra, los inesperados cambios en las decisiones del Director Regional,
dimisión que esta vez presenta en forma irrevocable y con efectos a partir de
una fecha anterior a la señalada en la primera renuncia que presentó.
Empero, ni tal escrito ni ninguna otra prueba allegada al expediente,
evidencian que la administración haya ejercido presión sobre él para que
hiciera esta manifestación de voluntad, de hacer dejación de su empleo» [sic].
26. Y, en otra oportunidad, sostuvo lo que se transcribe a continuación9:
«Si bien es cierto que la exigencia del libre albedrío está dada para proscribir
cualquier forma de constreñimiento que provenga del nominador, las
afirmaciones que haga el servidor en su escrito de renuncia no tienen
vocación, por sí mismas, de constituir vicio de la voluntad, si no hay prueba
de ellas. Bien podría ser utilizado como mecanismo para burlar el acto de
aceptación, que mal puede tornarse en ilegal por el sólo hecho de consignar
razones o de realizar acusaciones, que por sí mismas no apartan la renuncia
del ánimo dimisorio.
La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta
circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya
sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el
retiro del empleado. No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que
haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un
componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado
fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al
punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar»
27. Entonces, si bien es cierto que la renuncia está precedida de un motivo, sea
expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí solo
el acto administrativo de su aceptación, razón por la cual se deberá demostrar que,
en efecto, ese móvil fue producto de una coacción invencible que excluyera el acto
voluntario de dimisión.
28. Así las cosas, se tiene que el acto administrativo que acepta la renuncia
reconoce efectos jurídicos irrevocables y, además, goza de presunción de legalidad,
cuanto más si el servidor, de manera escrita y espontánea, manifiesta
inequívocamente su deseo de desvincularse de la administración.
9 Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2003.
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2.3.2. Caso concreto de la renuncia y el acto administrativo acusado
29. En el expediente están demostrados los siguientes hechos:
29.1. Mediante la Resolución 0-3433 del 29 de diciembre de 2011, expedida por el
fiscal general de la nación, se hizo la incorporación directa de servidores públicos
del DAS a la planta de personal de la Fiscalía. La demandante fue ubicada en la
Dirección Seccional del CTI del municipio de Pasto, en el cargo de agente de
investigación criminalística IV10.
29.2. Mediante el Oficio Fiscalía General de la Nación-DSCTI-2013-0047 del 2 de
enero de 2013, expedido por César Armando Correa Bonilla, director seccional del
CTI, se informó a la demandante su reubicación laboral en la Unidad Local del CTI
en Puerto Asís, Putumayo11.
29.3. El 25 de agosto de 2014, la demandante dirigió la «renuncia irrevocable»12 al
fiscal general de la nación, con copia13 al subdirector de apoyo a la gestión, la
Subdirección de Policía Judicial CTI y la Dirección Seccional de Putumayo. La
renuncia fue reiterada el 2714 y 2915 de agosto de 2014.
29.4. El mismo día [29 de agosto de 2014], la jefe del Departamento de
Administración de Personal, Sandra Maritza Giraldo Carmona, le informó a la
demandante lo siguiente16:
«[...] la Fiscalía General de la Nación no dará trámite a su solicitud por
considerar que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para el efecto.
En el sentido que el escrito en mención argumenta motivos de salud por
accidente laboral y no autorización de traslado como razón por la cual desea
retirarse del cargo; situaciones que generan una carga a la Entidad que no
debe asumir y que van en contravía de las disposiciones legales vigentes en
la medida que el escrito de renuncia debe ser una manifestación de la
voluntad del servidor de forma espontánea y sin mediar motivación alguna.»
29.5.Sin embargo, en escrito del 22 de septiembre de 2014, la demandante le
comunicó a la entidad que «no era [su] voluntad cambiar el escrito de renuncia»17.
29.6. Por medio de la Resolución 2-2210 del 29 de octubre de 201518 [acto
10 Expediente físico, Expediente físico, folio 111.
11 Expediente físico, Expediente físico, folio 117.
12 Expediente físico, Expediente físico, folio 249.
13 Expediente físico, Expediente físico, folio 250.
14 Expediente físico, Expediente físico, folio 253.
15 Expediente físico, Expediente físico, folio 257.
16 Expediente físico, Expediente físico, folio 255.
17 Expediente físico, Expediente físico, folio 260.
18 Expediente físico, Expediente físico, folio 270 y ss.
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
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acusado] se archivó el trámite administrativo por el presunto abandono del cargo y,
además, se resolvió:
«ARTÍCULO SEGUNDO-. ESTABLECER que la renuncia irrevocable
presentada por la señora LILIANA MERCEDES SANCHEZ ROJAS [...], al
cargo Técnico Investigador I de la Subdirección Seccional de Policía Judicial
CTI – Putumayo, para todos sus efectos legales, se encuentra aceptada a
partir del día 27 de septiembre de 2014.»
30. Como se observa, la demandante presentó su renuncia desde el 25 de agosto
de 2014 y la reiteró el 27 y 29 del mismo mes y año; sin embargo, la entidad no la
aceptó, sino que la requirió para que la modificara o, en otros términos, suprimiera
la motivación que expuso para tal efecto.
31. Frente a este punto, ha de señalarse que, de conformidad con el artículo 27 del
Decreto 2400 de 1968, para que la renuncia surta efectos debe ser presentada por
escrito y debe caracterizarse por contener la decisión libre y espontánea del
trabajador. Las únicas prohibiciones que impone la norma son: (i) que se encuentre
en blanco; (ii) que carezca de la fecha a partir de la cual se hará efectiva; y (iii) no
contenga claramente la voluntad de renunciar, «sino que ponga en manos del
empleador la decisión de disponer del puesto».
32. De ello se deriva, entonces, que la administración no puede exigir requisitos que
no están contemplados en la norma, como en este caso, la supresión de las razones
que llevaron a la demandante a presentar su carta de renuncia, so pretexto de que
reconocería una carga, falla, omisión o extralimitación que «no debe asumir».
33.Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que esta práctica «se encuentra
completamente injustificada»19 y esta corporación que «no existe en el ordenamiento
jurídico una disposición que impida al dimitente exponer las razones o motivos que lo
indujeron a tomar la decisión de desvincularse del servicio público»20, pues, ello no
invalida la legalidad del acto administrativo. En otros términos: aunque el escrito
exponga el móvil de la renuncia, en caso de debatirse en sede judicial, el interesado
deberá demostrar que, en efecto, esas razones derivaron en una coacción
invencible21.
34. En ese orden, la Fiscalía General de la Nación no podía abstenerse de dar
trámite a la renuncia con fundamento en la motivación del acto, en razón a que se
trataba de una exigencia desbordada que no está prevista en la norma.
35. Ahora, como se reseñó, Liliana Mercedes Sánchez Rojas presentó la renuncia
19 Sentencia T-168 de 2019.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 1995, radicación 7700. Posición
que fue reiterada en la sentencia del 18 de febrero de 2021, radicación 25000-23-42-000-2013-
04634-01 (2350-17).
21 Al respecto, se puede consultar también la sentencia proferida el 23 de enero de 2003, radicación
25000-23-25-000-2000-01405-01 (5182-01).
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desde el 25 de agosto de 2014, la cual reiteró en 2 oportunidades y, también, en
una tercera cuando le comunicó a la entidad que no modificaría el contenido de la
renuncia, razón que obligaba a la entidad a que, dentro del término de 30 días, la
aceptara.
36. Sin embargo, la decisión respecto de la renuncia solo ocurrió hasta el 29 de
octubre de 2015, es decir, 1 año y 2 meses después de que se presentó, lo cual
excedió ostensiblemente el término que le otorgaba la norma para pronunciarse.
Ello traía como consecuencia que la demandante, a partir del día 31, pudiera
ausentarse de sus labores sin que incurriera en abandono del cargo.
37. En efecto, así se reconoció en el acto administrativo demandado cuando se
indicó lo siguiente:
«Por otro lado, a partir del 1 de septiembre del mismo año, la citada servidora
se encontraba en licencia ordinaria no remunerada, otorgada mediante
Resolución No. SSAG-0961 del 1 de septiembre de 2014, acto administrativo
que no precisó el término de su vigencia en su parte resolutiva, entendiéndose
concedida hasta el día 26 de septiembre de 2014, de donde surge para el
Despacho con mediana claridad que no se configura el abandono del cargo,
teniendo en cuenta que entre la fecha de radicación de la renuncia (28 de
agosto de 2014) y el término solicitado de licencia ordinaria no remunerada
(26 de septiembre de 2014), transcurrieron los treinta (30) días con que
contaba la administración para pronunciarse por escrito sobre la renuncia,
hecho que no sucedió, pudiendo en consecuencia la citada servidora
separarse de su cargo, sin incurrir en abandono del empleo.»
38. Ello lo señaló, para concluir que no se había configurado el abandono del cargo
y, además, para establecer que la renuncia, para todos sus efectos, se encontraba
aceptada a partir del 27 de septiembre de 2014. El verbo transitivo resaltado, en
términos de la Real Academia Española, significa «[r]ecibir voluntariamente o sin
oposición lo que se da, ofrece o encarga» y «aprobar, dar por bueno, acceder a algo», lo
cual permite concluir que fue a través de esta decisión que la Fiscalía General de la
Nación decidió de fondo la renuncia, así fuera tardíamente.
39. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la entidad acepta extemporáneamente la
renuncia de un servidor público, en términos de la jurisprudencia de esta
corporación, se configura la ilegalidad del acto administrativo que la acepta porque
el plazo que otorgó la norma para el efecto es perentorio. En la sentencia proferida
por esta sección el 23 de abril de 202022 se indicó sobre este punto lo que a
continuación se transcribe:
«En aplicación del antecedente jurisprudencial anterior, que da cuenta de una
postura reiterada en la Sección,23 la extemporaneidad en la aceptación de la
22 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2014-05969-01 (0456-16).
23 Similar conclusión se puede verificar, entre otras, en providencias del 22 de agosto de 2013,
radicación 73001-23-31-000-2001-00199-02, número interno: 0627-10, Sección Segunda,
Subsección A, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; del 12 de julio de 2012, radicación 05001-23-31-
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renuncia conlleva la ilegalidad del acto que la acepta, pues, el plazo que la ley
concede para tal efecto es perentorio; lo anterior tiene total justificación, en la medida
en que el empleado que manifiesta su decisión de retirarse del empleo no puede
quedarse a la espera, en forma indefinida, de que la entidad adopte la decisión
correspondiente, pues la omisión al respecto genera inestabilidad en torno a la
definición de su situación laboral.
[...]
Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que la legalidad de la
Resolución ejr14-10 sí fue desvirtuada, dado que la decisión allí adoptada, en lo que
concierne a la aceptación de la renuncia, se torna ilegal, debido a su
extemporaneidad [...].»
40. Los supuestos mencionados en la anterior cita son suficientes para concluir que
(i) sí fue el acto acusado el que manifestó la voluntad de la administración de aceptar
la renuncia y, por lo tanto, era susceptible de control jurisdiccional como lo afirmó la
parte demandante; y (ii) por su extemporaneidad, se configura la causal de nulidad
por infracción de las normas en que deberían fundarse. No obstante, ello no significa
que, automáticamente, de esto se pueda deducir que la renuncia no obedeció a la
voluntad de la demandante, razón por la cual se deberá examinar cuáles fueron los
motivos que impulsaron esa decisión y si se derivó del acoso laboral perpetuado por
la entidad demandada.
2.4. El acoso laboral
2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
41. La Ley 1010 de 2006 «[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo», lo definió como toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre
un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia,
a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia.
42. Al tenor de esta disposición normativa, el acoso puede configurarse en las
siguientes modalidades:
42.1. Maltrato laboral: actos de violencia contra la integridad física y moral, la
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado
o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la
integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes
participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento
tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una
000-1998-02319-01, número interno: 0412-12, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
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relación de trabajo de tipo laboral.
42.2. Persecución laboral: caracterizada por la reiteración o evidente arbitrariedad
que induzcan a la renuncia del trabajador, mediante descalificación, carga
excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que produzcan
desmotivación laboral.
42.3. Discriminación laboral: trato diferenciado por razones de raza, género, credo,
preferencia política, situación social o que carezca que toda razonabilidad
desde el punto de vista laboral.
42.4. Entorpecimiento laboral: obstaculización de la labor o acción con objeto de
hacerla más gravosa o retardarla.
42.5. Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
42.6. Desprotección Laboral: conducta que pone en riesgo la integridad y la
seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el
trabajador.
43. Asimismo, para que se presuma la existencia del acoso laboral, debe
acreditarse la ocurrencia repetida y pública de conductas como: (i) la descalificación
humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u
opiniones de trabajo; (ii) la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las
obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada; (iii) el trato notoriamente discriminatorio
respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y
prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
44. Sobre esta figura, la Corte Constitucional ha señalado que las conductas
constitutivas de acoso laboral deben ser acreditadas y que se concreta en una
persona que ejerce sobre otra una «violencia psicológica extrema, de forma sistemática
y recurrente y durante un tiempo prolongado [...] sobre otra persona o personas en el lugar
de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas,
acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa
persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo». Igualmente, los
comportamientos que lo caracterizan son: «ataques verbales, insultos, ridiculización,
críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido,
sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en
cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas»24.
45. En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que, «[a]l ser un proceso de
situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo, se pueden evidenciar una serie de fases
24 Corte Constitucional, sentencia T-293 de 2017.
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que comprenden: (i) un conflicto; (ii) una etapa de estigmatización; (iii) la posible
intervención de la empresa o jefe inmediato; (iv) la posterior marginación de la víctima y,
finalmente, (v) la exclusión de la vida laboral o terminación del vínculo contractual»25.
2.4.2. Caso concreto de la conducta de la Fiscalía General de la Nación y el
acoso laboral alegado por la parte demandante
→ Asignación de funciones
46. En el recurso de alzada, la demandante afirmó que sí obra prueba en el
expediente de que sus superiores impusieron funciones que correspondían a los
técnicos en explosivos y que fue un acto abusivo que quisiera «capitalizar sus
conocimientos en Antiexplosivos, so pretexto que ella había sido antiexplosivista en el
extinto DAS en donde había ejercido funciones de nivel técnico pues su cargo era operativo
como Detective» [sic].
47. Frente a este punto de apelación, está probado que Liliana Mercedes Sánchez
Rojas, como asistente de investigación criminalístico IV, homologado a técnico
investigador I, debía cumplir las siguientes funciones26:
«1. Apoyar al investigación en la elaboración del programa metodológico de
la investigación, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la
normativa vigente.
2. Recolectar, verificar, proteger y enviar los elementos materiales probatorios
y evidencia física, de acuerdo a los planteamientos establecidos y la
normativa vigente.
3. Colaborar con la revisión y análisis de los elementos materiales probatorios
y evidencia física dentro de la investigación criminal, conforme los
procedimientos establecidos y la normativa vigente.
4. Ejecutar las actividades de investigación que ordena el Fiscal con
cumplimiento a los tiempos y parámetros establecidos y la normativa vigente.
5. Elaborar y rendir los informes de policía judicial que le sean requeridos,
siguiendo los procedimientos y estándares de calidad y la normativa vigente.
6. Apoyar la elaboración de contextos de situaciones y casos en las
investigaciones que le asean asignadas, según su conocimiento técnico y los
procedimientos establecidos.
[...]
15. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y
aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y a la formación del
titular del cargo.»
25 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación 68001-23-33-000-
2015-00062-01 (3723-16).
26 Expediente físico, Expediente físico, folio 52.
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48. Igualmente, en el manual específico de funciones de la Fiscalía General de la
Nación, se consignó que el propósito principal de la labor del técnico investigador I
se circunscribía a apoyar las labores técnico-científicas de recolección, análisis e
interpretación de los elementos materiales probatorios, evidencia física o
información pertinente y adecuado desarrollo de las investigaciones y de las
actuaciones operativas en la investigación criminal, de acuerdo con las políticas, los
procedimientos y protocolos establecidos en la entidad y la normativa vigente27.
49. El 11 de julio de 2013, la demandante remitió escrito a Juan Fernando Henao
Noreña, jefe de la Unidad Investigativa Local de Puerto Asís, en el cual dio
respuesta a un requerimiento para que explicara las razones por las cuales no
realizó el acompañamiento a un operativo coordinado por los servidores de la
UNAIM28. En esta oportunidad la servidora manifestó que, en una reunión, sustentó
que sus actividades en explosivos «se limitaban a estudios técnicos y solicitudes de
análisis a laboratorio de evidencia traza, debido a que [la unidad] investigativa no [contaba]
con los elementos mínimos para el desarrollo de actividades propias de los Técnicos en
Explosivos (realización de estudios técnicos, impartir instrucción, revisiones antiexplosivos,
neutralización, activación controlada, desactivación y/o destrucción de pertrechos, musex y
AEI)», razón por la cual se determinó que no era necesaria ni conveniente su
asistencia, en razón a sus limitadas actividades en explosivos, el compromiso del
EXDE del Ejército y la posibilidad de pernoctar en zona boscosa con una unidad
militar compuesta exclusivamente por hombres. Por esta razón, aseguró que no
desarrollaría funciones relacionadas con explosivos hasta que la Dirección
Seccional Nariño, no precisara una directriz clara sobre sus funciones y beneficios29.
50. El 22 de agosto de 2013, Luz Mireya Solarte Yela, jefe de unidades de policía
judicial del CTI, requirió al jefe de la Unidad Local de Puerto Asís para que se
asignara a la demandante la orden de «descripción de los elementos, con análisis de la
ficha técnica»30. En dicha solicitud, se solicitó el examen a un técnico en
antiexplosivos y el objeto y tipo de examen era el siguiente31:
«EPM O EF OBJETO DE EXAMEN:
190 ARTÍCULOS DE FORMA CILÍNDRICA DE COLOR PLATEADO Y DE LOS
CUALES DE CADA UNIDAD SE DESPRENDEN DOS CABLES UNO DE COLOR
ROJO Y AZUL CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SIMILARES A LOS
DETONADORES ELECTRICOS.
EXAMEN SOLICITADO:
• REALIZAR PRUEBA DE ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS
• ESTABLECER TIPO DE ELEMENTO
• ESTABLECER VELOCIDAD DE DETONACIÓN DE ESTE TIPO DE
27 Expediente físico, Expediente físico, folio s 213 – 214.
28 Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima.
29 Expediente físico, Expediente físico, folio 216.
30 Expediente físico, Expediente físico, folio 217.
31 Expediente físico, Expediente físico, folio 219.
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
ELEMENTOS.»
51. Con ocasión de este requerimiento, el mismo día, la demandante insistió en que
en sus funciones no estaba la de técnico antiexplosivos y también en lo que se
transcribe32:
«En la Unidad Local de Puerto Asís a la cual estoy adscrita, tengo una carga
laboral igual a los demás servidores que allí se desempeñan, ocasionando
una sobre carga laboral con la asignación de los estudios técnicos y
manipulación de material explosivo, que según los protocolos internacionales
de Técnicos en Explosivos podría ocasionar un accidente.
En Pasto existe una Unidad compuesta por tres Técnicos en Explosivos cuyas
labores difieren sustancialmente de aquellas que actualmente desarrollo y
ostentan un trato desigual a mí, indicando claramente que no hago parte del
personal que se desempeña como Técnicos en Explosivos. Así mismo, la
Dirección Seccional del CTI Nariño – Putumayo no precisó una directriz clara
sobre mis funciones y compromisos en esta Unidad Local, a pesar de haberlo
solicitado en el oficio 0837, asumiendo que equivalen a las responsabilidades
de los otros servidores que tienen mi cargo y se encuentran en esta
Dependencia y no son Técnicos en Explosivos.
Es de anotar que de acuerdo con el manual de funciones del CTI, las
actividades de investigación como tal y las funciones permanentes de policía
judicial, las debe desarrollar un Investigador, toda vez que son ellos los que
están catalogados con riesgo clase V, los asistentes figuramos con riesgo
clase I. En este sentido se precisa que el material explosivo siempre
representa un elevado riesgo para quien lo manipula en contraposición a la
descripción hecha de que simplemente se trata de una descripción de
elementos.» [sic]
52. Recibido lo anterior, ese día, la jefe de unidades de Policía Judicial CTI ordenó
al jefe de la Unidad Local de Puerto Asís que cancelara la instrucción respecto de
la demandante33.
53. Con ocasión del «desacato» de la orden relativa a la prueba de conservación de
los detonadores eléctricos, el 10 de diciembre de 2013, César Armando Correa
Bonilla, director seccional del CTI, hizo un llamado de atención a la demandante en
el sentido de que sus funciones debían caracterizarse «por dar cabal cumplimiento a
las órdenes de trabajo impartidas por su superior y conforme a los términos que se le
[señalaran]»34.
54. Después, en la calificación de servicios suscrita el 26 de febrero de 2014 la
entidad aceptó que no se le habían entregado los elementos de protección, al
señalar que el trabajo que desarrollaría sería «compartimentado solo en la estricta
necesidad» y que «el grado de colaboración referente a su conocimiento en explosivos
[sería] solo a manera de información, ya que por la carencia de elementos inherentes a
32 Expediente físico, Expediente físico, folio 218.
33 Expediente físico, Expediente físico, folio 220.
34 Expediente físico, Expediente físico, folio 228.
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dicha actividad le e[ra] riesgoso para su vida e integridad personal».
55. En todo caso, la demandante dio respuesta al llamado de atención el 10 de
marzo de 2014, en la cual manifestó que se había desempeñado como técnico en
explosivos hasta que se percató de que los técnicos de Pasto contaban con
ambientes y carga laboral muy diferente a la suya, situación que la hacía «sentir
sobrecargada y menospreciada»; igualmente, que no contaba con el equipo mínimo ni
los elementos de protección, lo cual ponía en riesgo su vida y la de sus compañeros
y que, a pesar de que verbalmente se le había informado sobre la entrega de
aquellos, nunca los recibió.
56. A más de esto y muy a pesar de la consideración respecto de la protección de
su vida e integridad en la calificación de servicios, la demandante siguió ejerciendo
labores relacionadas con explosivos, pues, en el mismo escrito informó lo siguiente:
«Resalto que a pesar de NO contar con los elementos mínimos de trabajo o
protección ni un espacio apropiado para ejercer la función de Técnico en
Explosivos, me encuentro desarrollando la OT 2883 (Estudio Técnico de
CORDÓN DETONANTE) para evitar otros llamados de atención por parte de
su Despacho y/o de la Jefatura de Policía Judicial de Pasto, [...]».
57. Y también, el 25 de abril de 2014, en escrito dirigido a Juan Fernando Henao
Noreña, coordinador de la Unidad Local de Puerto Asís, advirtió que, teniendo en
cuenta las condiciones de las oficinas [que no contaban con divisiones ni cubículos],
se presentaba alto riesgo «al momento de realizar diligencias con material explosivo
(estudios técnicos), toda vez que los servidores y usuarios entran y salen de las oficinas [...]
y en ausencia de cualquier mínimo de protección o de trabajo [...] es elevado, más aun
cuando estos elementos deben almacenarse temporalmente y no existe un sitio aislado y
seguro donde únicamente el técnico de explosivos tenga acceso», razón por la cual
solicitó que se considerara la disposición de un lugar adecuado para la manipulación
del material explosivo, así como la provisión de elementos de trabajo y protección,
reiteró35.
58. De los hechos reseñados, se extrae que una de sus funciones se relacionaba
con la colaboración en la revisión y análisis de los elementos materiales probatorios,
dentro de los cuales, podrían incluirse los artefactos explosivos; sin embargo, la
prueba de estado y conservación de los artefactos similares a detonadores
eléctricos correspondió a una solicitud de análisis de «EMP[36] y EF[37]» que estaba
dirigida a un técnico en explosivos, no a un servidor del nivel asistencial.
59. A más de esto, se demostró que, pese a que la demandante manifestó que no
contaba con los elementos mínimos y así lo aceptó la entidad al momento de
suscribir su evaluación de desempeño, debió continuar ejerciendo esa actividad en
35 Expediente físico, Expediente físico, folio 232.
36 Elementos materiales probatorios.
37 Evidencia física.
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las mismas condiciones.
60. Lo descrito, en criterio de la Sala, no solo comporta un incumplimiento al
contenido obligacional de brindar todas la medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad, vida e integridad del trabajador, sino que también entorpeció
su labor al privarla de los insumos que requería, aunque no se trató de una conducta
permanente, pues estuvo en situación administrativa de incapacidad del 4 de
noviembre al 20 de diciembre de 2013 y en licencia ordinaria desde el 24 de
diciembre de 2013 hasta el 21 de febrero de 201438. Hasta aquí podría, en principio,
señalarse que sí existieron indicios de acoso laboral.
→ Evaluación de desempeño laboral
61. Otra situación que reprochó la parte actora en la alzada se dirigió a la
irregularidad con su evaluación de desempeño.
62. En efecto, encuentra la Sala que, el 26 de febrero de 2014, Juan Fernando
Henao Noreña, jefe de la Unidad Local de Puerto Asís y superior de la demandante,
calificó su desempeño en 81.8 puntos, es decir, obtuvo un resultado satisfactorio 39
con el compromiso de (i) mejorar sus relaciones interpersonales con el grupo de
compañeros de trabajo; (ii) colaborar con sus conocimientos a los demás
compañeros; y (iii) adelantar juiciosamente sus actividades laborales sin objetar las
misiones que se encargaran.
63. Sin embargo, el 3 de marzo de la misma anualidad, la actora remitió un oficio a
dicho funcionario con el fin de que se le informaran las razones por las cuales fue
requerida «de manera urgente» para «firmar unas calificaciones fechadas 26 de febrero
de 2014 y con calificación insatisfactoria (elaborado en [su] ausencia), cuando el mismo
26 de febrero del año en curso firm[ó] demostrando conformidad con las calificaciones [...]
con un consolidado de evaluación del desempeño satisfactorio del periodo comprendido
entre el 24 de enero de 2013 al 23 de febrero de 2014, y su respectiva concertación de
objetivos»40.
64. En efecto, fue aportada la documental que demuestra la existencia de otra
calificación, con la misma fecha de la primera, pero con un resultado insatisfactorio
de 52.4 que, ni siquiera, contiene la firma de la demandante ni del superior41.
65. Aunque esta conducta por sí sola no demuestra una persecución,
entorpecimiento laboral o discriminación, lo cierto es que denota la irregularidad en
las actuaciones de la entidad en desmedro de la estabilidad de la demandante, pues
38 Como se observa en la evaluación de desempeño laboral. Expediente físico, Expediente físico,
folio 239.
39 Expediente físico, Expediente físico, folio 239.
40 Expediente físico, Expediente físico, folio 241.
41 Expediente físico, Expediente físico, folio 242.
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en la primera se asignaron 17 puntos de 20 a las relaciones interpersonales y al
trabajo en equipo, lo cual, si se quisiera, pudo obedecer a la inconformidad del
superior jerárquico frente al cumplimiento de las funciones asignadas, pues desde
el 15 de noviembre de 2013, en un informe rendido al director de la Seccional
Nariño, Juan Fernando Henao Noreña manifestó lo siguiente42:
«3. Con todo respeto, yo como persona encargada de esta unidad requiero
de servidores comprometidos con su trabajo, aquellos que uno no tenga que
estar arrastrándolos y casi rogándoles para que hagan lo que tienen que
hacer. [...].. Yo personalmente creo que la servidora LILIANA es personal que
indispone al grupo y que trabaja inconforme siempre tratando de torpedear
todo cuanto se hace en la unidad, si es que LILIANA no está conforme en este
lugar es el momento para concederle el traslado, yo personalmente prefiero
un servidor menos pero ganar en tranquilidad para el grupo.» [sic]
66. En esas condiciones, de la conducta antes reseñada, esto es la modificación de
la calificación para asignar un puntaje insatisfactorio, se deduce que la intención no
fue otra que propiciar el retiro de la demandante, comoquiera que el numeral 5º del
artículo 96 del Decreto 020 del 9 de enero de 201443 prevé que este procede por
«[d]eclaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactorio de la evaluación de desempeño laboral».
→ Accidentes laborales, incapacidades, licencias no remuneradas, cobertura en el
servicio de salud, solicitud de reubicación y motivación de la renuncia
67. En el recurso de apelación, la parte demandante aseguró que la Fiscalía
General de la Nación asumió una conducta omisiva y negligente al no atender los
requerimientos de la demandante derivados de los accidentes laborales que sufrió
en ejercicio de sus funciones.
68. En el plenario, se encuentra demostrado que, el 12 de junio de 2013, Sanitas
EPS informó a la demandante que (i) no estaba autorizada para operar en el
Departamento de Putumayo y, por lo tanto, no tenía red contratada para eventos
ambulatorios o programados; y (ii) podía acudir al traslado de EPS a alguna de las
que operaban en dicha jurisdicción44. Después, Liliana Mercedes Sánchez Rojas
sufrió 2 accidentes: el 2 de noviembre de 2013 y el 6 de mayo de 2014.
69. En el primer accidente, ocurrido el 2 de noviembre de 2013, la demandante
sufrió un trauma en el miembro inferior izquierdo al caer de una moto en movimiento
cuando atendía unos actos urgentes45 y se diagnosticó «traumatismo de estructuras
42 Expediente físico, Expediente físico, folio s 121 – 122.
43 «Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía
General de la Nación y de sus entidades adscritas».
44 Expediente físico, Expediente físico, folio s 118 - 119.
45 Expediente físico, Expediente físico, folio 122.
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múltiples de la rodilla»46, razón por la cual se le ordenó incapacidad por 4 días47. Al
día siguiente, registró ante la ARL Positiva el accidente y así fue confirmado48 y, el
9 de noviembre siguiente, se expidió otra incapacidad por 20 días49.
70. El 15 de noviembre de 2013, Juan Fernando Henao Noreña, jefe de la Unidad
Local de Puerto Asís, informó a César Armando Correa Bonilla, director del CTI
Seccional Nariño – Putumayo el hecho ocurrido el 2 de noviembre y,
adicionalmente, sostuvo50:
«[...] yo le dije que empezara con los trámites para recibir atención por
accidente de trabajo, para lo cual ella se ausentó de la oficina, luego de esta
oportunidad no supe más de su presencia en Puerto Asís, luego de llamarla
me informó que la habían incapacitado 20 días y que se iba para la ciudad de
Cali a una cita con el especialista en ortopedia, es lo último que me enteré de
esta persona».
71. Idéntica información suministró el 19 de noviembre del mismo año a Luz Mireya
Solarte Yela, jefe de la Unidad Policía Judicial del CTI, oportunidad en la que ratificó
que, la última vez que la vio, fue el día 3 de ese mes, pero adicionalmente que le
dijo a Liliana Mercedes Sánchez Rojas que «había que remitirla a Pasto y que [él]
también requería de una copia y la cual no llegó hasta el día de hoy, 19 de noviembre que
la llam[ó] y le manifest[ó] que requería de un informe por escrito de los hechos que rodearon
su incapacidad, además nuevamente le [requirió] por la incapacidad para que directamente
la remitiera a la jefatura seccional»51.
72.En criterio de la Sala, resulta por lo menos extraño que el jefe inmediato de la
demandante no diera cuenta de su situación de incapacidad a los superiores de la
seccional Nariño sino hasta el 17 y 19 de noviembre de 2013, aun cuando tuvo
conocimiento de primera mano del accidente ocurrido; esto, sin duda, es una
omisión frente al deber de informar oportunamente las novedades del personal.
73. Comoquiera que el accidente ocurrió cuando se estaban atendiendo los actos
urgentes, debía considerarse que tuvo origen laboral y, por consiguiente, de
conformidad con el literal e) del artículo 21 del Decreto 1295 de 199452, la entidad
debía «[n]otificar a la entidad administradora [...] los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales» y señalar oportunamente las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, pero no ocurrió de tal forma.
74.Es así porque el 28 de noviembre de 2013 la gerente de cuenta para la Fiscalía
General de la Nación de la ARL Positiva, informó a la demandante lo siguiente53:
46 Expediente físico, Expediente físico, folio 128.
47 Expediente físico, Expediente físico, folio 130.
48 Expediente físico, Expediente físico, folio 120.
49 Expediente físico, Expediente físico, folio 133.
50 Expediente físico, Expediente físico, folio 122.
51 Expediente físico, Expediente físico, folio 124.
52 «Por el cual se determina la organización y administración del Sistema de Riesgos Profesionales».
53 Expediente físico, folio 125.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
«Nos referimos al evento padecido a la persona enunciada mediante el
informe de Accidente de trabajo del Empleador o Contratante, señalando que
una vez realizados los estudios administrativos y legales de los hechos que
rodearon el infortunio se definió objetar la reclamación y en consecuencia las
prestaciones económicas y médico asistenciales derivadas del evento deben
ser reclamadas ante la EPS y Fondo de Pensiones en el que se hubiese
afiliado el trabajador con el fin de que se garanticen sus derechos.
Lo anterior teniendo en cuenta que no existe documentación ni investigación
que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento que
acrediten que ocurrieron bajo una orden o subordinación de la entidad afiliante
en calidad de su contratante, ya que está Aseguradora requirió a la entidad
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PASTO mediante primera
comunicación enviada por correo electrónico [...] de fecha 04/11/2013 con
seguimientos posteriores y nuevas solicitudes al correo mencionado de la
documentación necesaria para definir la calificación del evento sin que a la
fecha sean aportados o acrediten la verdadera relación con el accidentado
como tampoco la causa y ocasión del evento con el trabajo que se indicó
desarrollaba para la entidad que lo afilió como su trabajador.
Razón por la cual se hace necesario que el presunto accidente ocurrido al
Sr(a) LILIANA MERCEDES SANCHEZ ROJAS es de origen común, toda vez
que no existe prueba alguna que demuestre obedeciera a causas directas a
la actividad para la cual fue vinculado por el contratante [...]»
75. Esta omisión se extendió hasta el 12 de diciembre de 2013 cuando la analista
de bienestar de la Fiscalía General de la Nación le informó a César Armando Correa
Bonilla, director del CTI Seccional Pasto que (i) la servidora tenía un reporte de
accidente del 2 de noviembre que fue comunicado por ella al día siguiente; (ii) en la
atención médica del 29 de noviembre de 2013 se renovó la incapacidad, pero no
fue enviada a la oficina de personal; (iii) el último documento que allí reposaba era
la carta de objeción, razón por la cual requirió a dicha dirección para que, con el
apoyo del Copaso adelantara la investigación «lo antes posible»54. Sea dicho que,
para este momento, la demandante se encontraba en situación administrativa de
incapacidad, desde el 6 hasta el 20 de diciembre de 201355, la cual fue informada a
la Unidad Local de Puerto Asís el 9 del mismo mes y año56, pero no reposa ninguna
respuesta al respecto.
76. Solo hasta el 17 de diciembre siguiente, la directora seccional administrativa y
financiera de la entidad requirió a la demandante para que «hiciera transcribir» las
incapacidades porque la ARL objetó las incapacidades57, aun cuando el motivo real
fue la inexistencia de las pruebas que demostraran el origen del accidente. Para
esta fecha, la Fiscalía aún no se pronunciaba respecto del requerimiento de la ARL.
54 Expediente físico, Expediente físico, folio 127.
55 Expediente físico, Expediente físico, folio 137.
56 Expediente físico, Expediente físico, folio 138.
57 Expediente físico, Expediente físico, folio 140.
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77. Posteriormente, el 23 de diciembre de 201358, Liliana Sánchez Rojas informó al
jefe de la Unidad Local de Puerto Asís que el médico ortopedista del Centro Médico
de Imbanaco de Cali le había ordenado una incapacidad de 20 días y el de la Clínica
Medilaser de Neiva otra de 15 días y, el 20 de enero de 201459, solicitó al director
de la Seccional en Pasto que se concediera una licencia no remunerada por 30 días
a partir del 24 de enero siguiente, «toda vez que al no ser resuelta la situación entre la
ARL Positiva y la Fiscalía acerca de la contusión en [su] rodilla izquierda, no [había] sido
posible continuar con las terapias ocasionando que [presentara] algunos inconvenientes de
movilidad».
78. A pesar de que el 17 de febrero de 2014 el médico ortopedista recomendó
trabajo de oficina y restringió la actividad física60 y así lo informó y solicitó la
demandante el 24 del mismo mes y año61, la entidad demandada guardó silencio
incluso hasta el 10 de marzo, fecha para la cual, además tuvo que solicitar la
devolución de las incapacidades en su versión original para poder cumplir con el
requerimiento del 17 de diciembre de 2013; es decir que, hasta esta fecha, no se
había resuelto ni el conflicto con la ARL para determinar el origen del accidente, ni
su solicitud de reasignación de labores en oficina. A pesar de que la actora solicitó
una respuesta por escrito, la entidad omitió pronunciarse.
79. Pero aún más, a pesar de que la demandante ya había solicitado la nueva
asignación de funciones sin obtener respuesta por escrito, el 19 de marzo de 2014
tuvo que acudir a la EPS para que avalara las recomendaciones dadas por los
galenos porque verbalmente se le informó que se negaba el cambio «porque
[aquellas] no fueron emitidas por un médico laboral»62. Al día siguiente, nuevamente, se
otorgó incapacidad por 3 días, por la imposibilidad de extensión y flexión de su
miembro inferior izquierdo63, situación que, de igual forma, fue informada al jefe de
la Unidad Local de Puerto Asís64.
80. El 6 de mayo de 2014 ocurrió el segundo accidente; cuando se encontraba en
su oficina, la demandante presentó caída desde su propia altura con trauma en la
rodilla izquierda «con posterior limitación funcional»; la incapacidad por este suceso
fue de 3 días65. A diferencia del anterior, en esta oportunidad la ARL Positiva
determinó que el suceso sí tenía origen profesional66.
81. El 9 de mayo siguiente, con ocasión del proceso de reestructuración de la
58 Expediente físico, Expediente físico, folio 139.
59 Expediente físico, Expediente físico, folio 141.
60 Expediente físico, Expediente físico, folio 142.
61 Expediente físico, Expediente físico, folio 144.
62 Expediente físico, Expediente físico, folio 147.
63 Expediente físico, Expediente físico, folio 148.
64 Expediente físico, Expediente físico, folio 152.
65 Expediente físico, Expediente físico, folio 154.
66 Expediente físico, Expediente físico, folio 160.
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entidad, la funcionaria solicitó el traslado a una localidad más cercana a su familia67
y, en esta oportunidad, la entidad nuevamente guardó silencio.
82. La demandante continuó con la lesión y el 17 de mayo se realizó una resonancia
magnética que diagnosticó que padecía de un quiste de Baker68, razón por la cual
se dio otra incapacidad de 30 días69 y, el 23 de mayo de 2014, la EPS Sanitas
remitió al departamento de recursos humanos de la Fiscalía las recomendaciones
médico-laborales que consistieron en restringir (i) el trabajo de campo con
desplazamientos continuos y/o prolongados; (ii) el uso de escaleras y flexión forzada
de rodillas; (iii) la manipulación de pesos superiores a 7 kilogramos bimanual; y (iv)
la posición de pie de forma prolongada, las cuales fueron el sustento para que se
considerara «la reubicación laboral de la trabajadora a labores de tipo administrativo, lo
cual incidiría favorablemente en el manejo terapéutico del cuadro clínico presentado»70.
83. La situación crítica de la demandante persistió y, a pesar de ello, debía
desplazarse desde Puerto Asís hasta el municipio de Neiva para las terapias y al
municipio de Cali para los controles, situación más que desfavorable por la
inflamación de su rodilla y la dificultad para caminar71; afecciones que llevaron a que
no solo tuviera que controlar el dolor con analgésicos, sino también a que se hicieran
infiltraciones72 y se extendieran las incapacidades médicas. Todo esto, de igual
forma, fue informado a la entidad demandada sin que adoptara las medidas para
proteger su estado de salud73.
84. Nuevamente, el 25 de julio de 2014, solicitó «traslado de la Unidad Local CTI Puerto
Asís (Putumayo) hacia un grupo del Nivel Central, acorde con mi especialidad, arraigo,
condiciones psicofisiológicas y tratamiento médico requerido»74 y, a pesar de que
continuó con incapacidades sucesivas que fueron debidamente informadas, la
entidad persistió en su omisión.
85. El 25 de agosto de 2014, la demandante dirigió la «renuncia irrevocable» 75 al
fiscal general de la nación, con copia76 al subdirector de apoyo a la gestión, la
Subdirección de Policía Judicial CTI y la Dirección Seccional de Putumayo, en los
siguientes términos:
«De manera atenta, solicito su colaboración en el sentido de ordenar a quien
corresponda, realice los trámites tendientes a legalizar mi renuncia
67 Expediente físico, Expediente físico, folio 163.
68 Expediente físico, Expediente físico, folio 164.
69 Expediente físico, Expediente físico, folio 165.
70 Expediente físico, Expediente físico, folio 168.
71 Expediente físico, Expediente físico, folio 170.
72 Expediente físico, Expediente físico, folio 170.
73 Expediente físico, Expediente físico, folio 181 a 186 y 189.
74 Expediente físico, Expediente físico, folio 187.
75 Expediente físico, Expediente físico, folio 249.
76 Expediente físico, Expediente físico, folio 250.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
irrevocable a partir del 31 de agosto del 2014, al cargo de Técnico
Investigador I, adscrito a la Seccional Putumayo.
Lo anterior, toda vez que la Fiscalía General de la Nación ignoró de todas
las formas posibles mi petición de traslado de la ciudad de Bogotá, una zona
urbana en la cual puedo continuar con el tratamiento médico que requiero
para la rehabilitación de la lesión sufrida el 06 de mayo del año en curso en
accidente laboral, solicitud soportada por las recomendaciones médicas
emitidas por los especialistas que hasta la fecha han llevan mi caso.» [sic]
86. En correo electrónico del mismo día, dirigido a las mismas personas, manifestó
lo siguiente77:
«De manera atenta presento mi renuncia irrevocable al cargo de Técnico
Investigador I que ostento en la Seccional Putumayo, a partir del 31 de agosto
de 2014. Como último recurso para lograr residir en una zona urbana donde
sea posible el seguimiento y manejo por clínica del dolor, fisiatría y ortopedia.
[...]
Es de anotar que el dolor e inflamación invariable en la rodilla izquierda me
genera una mala postura repetitiva cuyas consecuencias son
hipersensibilidad al tacto, dificultad para la marcha, falta de concentración,
irritabilidad, desmotivación, ansiedad, desidia, depresión y estrés constante,
agravados con los signos de alarma, dolor, inflamación, limitación de
funcionalidad y el apoyo crecientes en la rodilla derecha. Catalogada como
enfermedad general y tratada por EPS Sanitas.»
87.La renuncia fue reiterada el 27 de agosto de 2014, en la cual, adicionalmente
señaló78:
«Es de anotar que en virtud de mi renuncia irrevocable ante los Directivos
indicados y con el protocolo establecido, a pesar del silencio administrativo
del empleador, sigue en firme y realizo las actividades tendientes a
encontrarme a paz y salvo para el 29 de agosto de 2014, último día hábil del
mes, por tales razones no incurro en abandono injustificado del cargo».
88. Comoquiera que la entidad tampoco se pronunció sobre la renuncia irrevocable
de la demandante, tuvo que acudir a la licencia no remunerada a partir del 1 hasta
el 12 de septiembre «o por el tiempo que [durara] la legalización de la renuncia presentada
el 25 de agosto de 2014 [...] con el fin de evitar situaciones que [dieran] lugar a un posible
abandono injustificado del cargo»79.
89.Luego, el 22 de septiembre de 2014, al contestar el requerimiento de
modificación de la renuncia, sostuvo lo que se transcribe80:
77 Expediente físico, Expediente físico, folio 251.
78 Expediente físico, folio 253
79 Expediente físico, Expediente físico, folio 261.
80 Expediente físico, folio 260.
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Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
«[...] no es mi voluntad cambiar el escrito de renuncia puesto que el motivo
plasmado en los oficios denominados “Renuncia” y “Renuncia Irrevocable”,
fechados 25 y 29 de agosto de los corrientes, respectivamente, corresponde
a la realidad que me impulsó en mayor medida a solicitar la dimisión, junto
con los menosprecios de los cuales fui víctima por parte de los señores Cesar
Armando Correa Bonilla y Luz Mireya Solarte Yela, directivos de la seccional
Nariño, que para 2013 y algunos meses de 2014 fueron mis superiores
jerárquicos, acoso que no denuncié oportunamente por miedo a las
represalias por parte de los mencionados o cualquier otro servidor de la
Fiscalía. Hecho que aludo en este escrito como quiera que al hacerse efectiva
la renuncia estas u otras personas no podrán causarme zozobra, angustia y
temor nunca más.» [sic]
90. El 1 de septiembre siguiente, reiteró la solicitud de licencia no remunerada vía
correo electrónico81; también remitió otro a los subdirectores de apoyo a la gestión
de Nariño y Putumayo, en el cual manifestó82:
«De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de comentarles que aun no
cuento con el aval por parte de la Subdirección Administrativa para
ausentarme a partir del 2 de septiembre y aunque reconozco que la solicitud
de licencia no remunerada la efectué dentro de los términos establecidos (solo
5 días de antelación), también es cierto que lo hice como mecanismo urgente
para poderme ausentar de las instalaciones de la Fiscalía en Puerto Asís y
asistir a las terapias físicas que requiero, para la toma de los exámenes que
ordenó el ortopedista y posterior control. Es de anotar que aunque me
encuentro en calma relatando el presente mensaje, soy la única persona
consciente del dolor y molestia que siento debido a la inflamación en mis
rodillas y es precisamente todo eso la razón de peso que me impulsó a
renunciar a mi cargo.»
91. El mismo día se expidió la Resolución SSAG-0961 por la cual se concedió la
licencia no remunerada a la demandante a partir del 1 de septiembre de 2014 83 y
solo hasta el 5 de septiembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación resolvió la
solicitud de traslado, en el siguiente sentido84:
«Como consecuencia de lo anterior, se dispuso por parte de la ARL la
realización de una auditoría concurrente para efectos de revisar las
prestaciones asistenciales, la cual una vez adelantada, concluyó:
“Respecto al denominado primer siniestro no es pertinente la generación
las autorizaciones posteriores a la urgencia inicial debido a que fue
calificado hasta el 22/11/2013 y más aún de origen común.
(...)
Referente al denominado segundo siniestro dado que este se encuentra
calificado como profesional y se están brindando todas las prestaciones
asistenciales pertinentes, se considera oportuno ingresarlo en el programa
de RHB y que sea dentro de este proceso donde se determinen las
recomendaciones laborales y así mismo se evalue la posibilidad de
desplazamiento de la usuaria definitivamente a la ciudad de Bogotá,
81 Expediente físico, folio 207.
82 Expediente físico, folio 208.
83 Expediente físico, folio 266.
84 Expediente físico, folio s 209 – 210.
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
basándose en necesidades y criterio médico, más no por solicitud verbal
de la afiliada”
Se tiene entonces, que la servidora va a ser inscrita en el programa RHB, en
donde se determinará la ciudad para las prestaciones asistenciales y su
situación médico laboral, al igual que las recomendaciones médico laborales
a que haya lugar dentro de las cuales se encontrará su necesidad de
reubicación.
En virtud de lo expuesto, solo hasta tanto se expidan las valoraciones y
recomendaciones por parte de la ARL, se podrá tomar una decisión respecto
de la viabilidad de su traslado por razones médicas.»
92. Este recuento probatorio permite mostrar el conjunto de conductas omisivas y
abusivas respecto de la empleada Liliana Mercedes Sánchez Rojas. Asignó
funciones peligrosas sin brindarle la ubicación idónea y todos los elementos
necesarios para desarrollarlas. Además, pretendió utilizar maniobras para alterar la
calificación de la demandante a insatisfactoria, aun cuando era de su conocimiento
que ello constituía una causal de retiro del servicio.
93. Pero aún más, cuando la demandante sufrió el primer accidente laboral omitió
cumplir con el deber de informar oportunamente a la ARL para que le fueran
reconocidas las incapacidades y se le brindara el servicio asistencial a que tenía
derecho; aunque la administradora conoció el suceso ocurrido en noviembre de
2013, fue por el actuar diligente, pero infructuoso de la servidora pública, porque a
pesar de que se le requirió a la entidad la investigación sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar para determinar el origen del accidente, optó por asumir una
conducta pasiva.
94. No suficiente con ello y sin dar solución al conflicto con la ARL, acudió a
requerimientos como la transcripción de las incapacidades sin pronunciarse sobre
las múltiples peticiones que presentaba Liliana Mercedes Sánchez Rojas que
ameritaban un trato prioritario; prueba de ello son todas las recomendaciones
médicas, así como los tratamientos, terapias, controles y consultas que fueron
realizadas en otras ciudades, pues en el municipio de Puerto Asís únicamente se
prestaba el servicio de salud de primer nivel.
95. Del mismo modo, desatendió la obligación que le imponía el artículo 2 de la
Constitución Política, conforme con el cual es deber del Estado garantizar la
efectividad de los principios, deberes y derechos y proteger a las personas en su
vida, honra y demás derechos y libertades, así como el artículo 8 de la Ley 776 de
2002, cuyo tenor literal consiste en que «[l]os empleadores están obligados a ubicar al
trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los
movimientos de personal que sean necesarios».
96. Ello, por cuanto pasó por alto no solo el estado de salud de la demandante, sino
todas las solicitudes de incapacidad que demostraban la imposibilidad de
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
recuperación por las condiciones de trabajo que se le imponían y la necesidad de
desplazarse a otras ciudades para recibir un tratamiento idóneo.
97. Incluso, cuando la demandante puso en conocimiento tales situaciones, la
Fiscalía General de la Nación debió desplegar todas las actuaciones para reubicarla
en una sede que le permitiera atender sus necesidades de manera óptima y, aunque
es cierto que la planta de personal de la entidad es global y flexible y por eso fue
trasladada al municipio de Puerto Asís, también lo es que, en virtud del derecho que
le asistía a la servidora de desempeñar una labor en condiciones dignas, en razón
a su estado de salud y falta de arraigo en dicha jurisdicción, se debía acceder, en
primer lugar, a la reasignación de funciones acordes con su condición física y, en
segundo lugar, al traslado.
98. Ciertamente, la desidia de la entidad en proteger los derechos de la demandante
se extendió hasta el momento en que presentó la renuncia irrevocable. Según la
narración cronológica, esperó hasta ese momento para pronunciarse sobre el
traslado con evasivas y pleno desconocimiento de todas las manifestaciones
relacionadas con la inflamación, dolor y limitación funcional que la lesión
representaba.
99. Y es que, a más de lo anterior, pretermitió que sus deberes constitucionales se
reforzaban por la misma condición de incapacidad de la demandante. El artículo 13
superior establece con claridad que el Estado «protegerá especialmente a aquellas
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta»; asimismo, el artículo 47 indica que le incumbe adelantar
políticas de rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran; y el artículo 54 ibidem, que también le ordena «propiciar la reubicación
laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud».
100. Ello se acompasa con lo previsto en la Ley 361 de 199785, conforme con la cual,
(i) es una obligación ineludible del Estado «la prevención, los cuidados médicos y
sicológicos, la habilitación y rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la
integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales, económicos, culturales y
sociales» [artículo 4]; (ii) se velará porque se tomen las medidas preventivas
necesarias para disminuir y eliminar las distintas circunstancias causantes de
limitación evitando, de este modo, las consecuencias físicas y psicosociales
posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía [artículo 7]; y (iii) se deberá
garantizar que las personas con limitación reciban la atención social que requieran,
según su grado de limitación [artículo 35].
101. A partir de ese hilo argumentativo, considera la Sala que la renuncia presentada
85 «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad y se dictan otras disposiciones»
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
por Liliana Mercedes Sánchez Rojas, no obedeció a su intención voluntaria y
espontánea de separarse del cargo, sino que fue consecuencia directa del
abandono de la entidad y del conjunto de acciones y omisiones continuadas
tendientes a entorpecer el desarrollo de sus funciones e impedirle una recuperación
pronta y exitosa al ponerle trabas y desconocer las circunstancias que rodeaban a
la demandante y su calidad de sujeto de especial protección constitucional.
102. De ahí que, en los escritos presentados en agosto de 2014, la demandante se
detuviera en que la Fiscalía «ignoró de todas las formas posibles» sus peticiones de
reubicación y, no menos importante, que tal indiferencia haya causado en ella
zozobra, angustia y estrés que la llevaran a tomar tal determinación.
103. En conclusión, las pruebas aportadas al expediente permiten afirmar que la
renuncia se distanció de los postulados que deben caracterizarla, pues más que
representar la voluntad de retirarse del servicio, lo que muestra es que fue la
consecuencia de un sinfín de actuaciones que fueron provocadas o desatendidas
por parte de la entidad y que representaron, sin duda, el entorpecimiento a las
funciones, desprotección laboral y coacción para que la demandante decidiera
retirarse del servicio.
104. Por las razones expuestas, considera la Sala que ha de revocarse la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, accederse a las pretensiones relativas a la
nulidad parcial del acto administrativo acusado y las de restablecimiento del derecho
que pasan a examinarse a continuación.
2.5. El restablecimiento del derecho
105. La parte demandante solicitó lo siguiente:
«SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaración de nulidad parcial del
anterior acto administrativo y a título de restablecimiento del derecho,
ordénese a la Fiscalía General de la Nación, reintegrar [a la demandante] al
cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría, aclarando que
para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad en el
ejercicio de su cargo»
106. Comoquiera que se acreditó la nulidad parcial del acto administrativo acusado,
únicamente en cuanto a la aceptación de la renuncia y, adicionalmente que la
renuncia provino de las conductas de la Fiscalía General de la Nación que afectaron
la espontaneidad y voluntad que la caracteriza, se ordenará reintegrar a Liliana
Mercerdes Sánchez Rojas al cargo que desempeñaba al momento de la renuncia o
uno equivalente, sin solución de continuidad, pero se condicionará la decisión a que
no ostente la calidad de pensionada.
107. Ahora, respecto del pago de los salarios y prestaciones sociales, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación proferida el 9 de
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
agosto de 202286, se puntualizó frente a los empleados nombrados en
provisionalidad lo que se transcribe:
«67. Según las anteriores pautas, el pago de los salarios o prestaciones
dejados de recibir por un empleado público hasta el momento en que sean
reconocidos sus derechos de manera judicial, debe asimilarse a título de
restablecimiento del derecho; en consecuencia, procede descontar de éste
lo que la persona haya devengado o percibido como ingreso salarial y
prestacional durante el mismo lapso, debido a que afecta al erario, que resulta
ser la misma fuente de donde se originan los recursos que pagan la sentencia
dictada en favor del accionante, y de este modo cobra sentido la prohibición
constitucional contenida en el artículo 128 superior.
[...]
98. UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos
efectuados a la condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, donde se obtiene la nulidad del acto que retiró del servicio a
un empleado público nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de
dinero recibidas por la parte demandante a título de salarios, prestaciones
sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público, por incurrirse
en la prohibición constitucional de doble erogación con cargo al erario.» [se
subraya]
108. Y luego, en la sentencia proferida el 27 de octubre de 202287, se consignó que,
el criterio de esta Sección, se ha dirigido a que la condena de restablecimiento del
derecho «a favor del empleado de carrera administrativa desvinculado del servicio por
causa de una supresión que es declarada ilegal, solamente proceden los descuentos de
que trata el artículo 128 de la Carta Política y no de aquellas sumas de dinero que este
haya devengado por su trabajo dependiente o independiente en el sector privado.»
109. De ese modo, comoquiera que en el sub examine se trató de una empleada
pública que fue vinculada a la Fiscalía General de la Nación en virtud de la
incorporación por la supresión del DAS, se ordenará el pago de salarios y demás
emolumentos dejados de percibir desde que le fue aceptada la renuncia hasta el
reintegro efectivo. Para tal efecto, se descontarán las sumas derivadas de otras
vinculaciones con el sector público, durante el tiempo en que estuvo cesante, las
cuales deberán ser indexadas. Asimismo, se efectuarán los aportes a pensión por
el tiempo que permaneció retirada del servicio.
110. Para la actualización de las sumas reconocidas, en cumplimiento del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice final
Índice incial
86 Radicación 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).
87 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicación 08001-23-31-
002-2001-02601-01 (1578-2016).
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
111. En la que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la
fórmula se aplicará separadamente mes por mes, respecto de cada obligación,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada uno de ellos.
2.6. La condena en costas de la primera instancia
112. La parte demandante manifestó que era improcedente la condena en costas en
la primera instancia porque no se demostró la temeridad ni la mala fe, así como los
gastos en que incurrió la entidad.
113. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
114. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201688, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
88 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
115. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso; sin embargo,
este no fue el ejercicio de ponderación que realizó el a quo y, al revisar el
expediente, tampoco se encuentra alguna de esas acciones que merezca la
imposición de la condena por este concepto; en consecuencia, al revocarse la
sentencia se de primera instancia se dispondrá que no hay lugar a la imposición de
este concepto.
2.7. Costas de la segunda instancia
116. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
2.8. Conclusión
117. Por las razones vertidas en precedencia, se revocará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda para, en su lugar, declarar la
nulidad parcial del acto administrativo acusado, por cuanto la renuncia fue aceptada
extemporáneamente, esto es 1 año y 2 meses después de que se cumplieran los
30 días que prevé el ordenamiento jurídico.
118. Igualmente, se accederá al restablecimiento del derecho, comoquiera que se
probó que la renuncia no provino de la decisión unilateral, voluntaria y espontánea
de Liliana Mercedes Sánchez Rojas, sino de las conductas de la Fiscalía General
de la Nación que entorpecieron el cumplimiento de sus funciones y le impidieron la
recuperación satisfactoria de las lesiones sufridas, en razón a que impuso
obligaciones sin brindar los elementos necesarios para cumplirlas; utilizó maniobras
para modificar la evaluación por desempeño a insatisfactoria; no informó
oportunamente ni tomó las medidas necesarias para que a la demandante se le
prestara el servicio de salud en debida forma; y no resolvió las múltiples peticiones
de traslado y de reasignación de funciones. Estos comportamientos, sin duda,
incidieron en la renuncia y, por supuesto, en su estado de salud.
119. Finalmente, no se condenará en costas por ninguna instancia, comoquiera que
no se demostró que la parte la parte vencida haya actuado con temeridad o mala
fe.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 26 de agosto de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 2-2210 del 29 de octubre de
2015 expedida por la subdirectora de talento humano de la Fiscalía General de la
Nación, en lo que respecta al artículo segundo, por el cual se estableció que la
renuncia irrevocable presentada por Liliana Mercedes Sánchez Rojas se
encontraba aceptada para todos los efectos legales a partir del 27 de septiembre de
2014.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Fiscalía General de
la Nación reintegrar a Liliana Mercedes Sánchez Rojas al cargo que desempeñaba
al momento de la renuncia o uno equivalente, sin solución de continuidad, siempre
y cuando no ostente la condición de pensionada.
Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Fiscalía General de
la Nación a pagar los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde su
la fecha en que le fue aceptada la renuncia hasta el reintegro efectivo. Para tal
efecto, se descontarán las sumas derivadas de otras vinculaciones con el sector
público, durante el tiempo en que estuvo cesante, las cuales deberán ser indexadas.
Asimismo, se efectuarán los aportes a pensión por el tiempo que permaneció
retirada del servicio.
Para la actualización de las sumas reconocidas, en cumplimiento del artículo 187
de la Ley 1437 de 2011, se aplicará la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la
fórmula se aplicará separadamente mes por mes, respecto de cada obligación,
teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada uno de ellos.
Quinto. La sentencia será cumplida en los términos de los artículos 192 y 195 de
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01 (4697-2022)
Demandante: Liliana Mercedes Sánchez Rojas
la Ley 1437 de 2011.
Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.
Séptimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara el voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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