RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2020-00498-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00498-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2020-00498-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 10 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Adolfo Nicolás Torne Stuwe contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024) Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2020-00498-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe
Demandado: Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Temas: Insubsistencia en cargo de libre nombramiento y remoción.
Acoso laboral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular el Decreto 099 de 9 de mayo de 20191, por medio de
la cual se declaró insubsistente el nombramiento que el señor Adolfo Nicolás
Torne Stuwe detentaba en el cargo de director administrativo, código 09,
grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital de Santa Marta.

3. Como restablecimiento del derecho, exigió su reintegro al citado empleo, con
el respectivo pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
y la indemnización de los perjuicios morales -por daño a la honra y el buen
nombre- causados con aquella decisión. Asimismo, pidió condenar en costas
y agencias en derecho al ente accionado.

4. Hechos. Mediante Decreto 287 de 30 de noviembre de 2018, el accionante
fue nombrado como «director administrativo, código 09, grado 05 en la
Dirección Jurídica Distrital de Santa Marta». Posteriormente, a través del
Decreto 062 de 20 de marzo de 2019, y atendiendo el disfrute de su periodo
vacacional, el alcalde distrital lo encargó de sus funciones en el periodo
comprendido 21 de marzo y el 2 de mayo de 2019.

5. Por medio del Decreto 570 del 1° de abril de 2019, el presidente de la
República encargó al señor Andrés José Rúgeles Pineda -secretario de

1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua

2», documento «01.1.- PRUEBAS Y ANEXOS», folios 61-62.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

transparencia de la presidencia de la República- como alcalde del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Ese acto administrativo no
derogó el decreto señalado en el párrafo anterior.

6. Al asumir las riendas del distrito, el señor Rúgeles Pineda manifestó
públicamente que venía a acabar con la corrupción al interior de la alcaldía,
tildando a los miembros de su gabinete de ese modo, prejuzgándolos y
atentando contra la honra y buen nombre de aquellos.

7. Por tal motivo, algunos miembros del gabinete distrital, entre los que se
cuenta el actor, presentaron el 8 de abril de 2019 una queja ante el Comité
de Convivencia Laboral de la alcaldía distrital de Santa Marta, por hechos
constitutivos de acoso laboral por parte del alcalde encargado. Tres días más
tarde, el demandante amplió esa denuncia2.

8. Sin haberse resuelto la queja, y estando dentro de los 6 meses establecidos
en la Ley 1010 de 2006, el alcalde distrital, de manera arbitraria, dictó el acto
administrativo demandado. Por tanto, y de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del artículo 11 ejusdem, tal decisión carece de sustento. Lo
anterior, por cuanto, el burgomaestre debió esperar seis meses desde la
presentación de la queja por acoso laboral, para proceder con la
desvinculación del accionante.

9. A raíz de los comentarios malintencionados del señor Rúgeles Pineda, la
declaratoria de insubsistencia afectó directamente la hoja de vida y el buen
nombre del demandante, pues la comunidad en general entendió que su
retiro del servicio obedeció a actos de corrupción, más no al hecho de que,
por detentar un empleo de libre nombramiento y remoción, podía ser
desvinculado para dar paso al personal de confianza del nominador.

10. El 12 de junio de 2019, el señor Jorge Miguel Guevara Fragozo -otrora
director de contratación del distrito-, solicitó al Comité de Convivencia Laboral
reevaluar la decisión de archivo de la queja por acoso laboral y que, en caso
de persistir en la negativa de que los hechos denunciados no se adscriben a
ese fenómeno, remitir las diligencias a la Procuraduría General de la Nación.

11. El 1.° de agosto de ese año, el órgano colegiado desarchivó el expediente y
ordenó su remisión a la Procuraduría General de la Nación. Esa actuación
evidenció que, a la fecha de presentación de la demanda, tal queja no había
sido resuelta y, por demás, el actor conservaba la estabilidad laboral
establecida en el numeral 1.° de la Ley 1010 de 2006 que, por cierto, no está
vedada para los servidores de libre nombramiento y remoción.

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 15 y 29 de la Constitución Política y

2 En los hechos de la demanda no se señaló en qué consistió esa ampliación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

la Ley 1010 de 2006. Al desarrollar el concepto de violación, expuso lo
siguiente:

13. El acto demandado fue emitido con desviación de poder por cuanto, si bien
es cierto el alcalde encargado detentaba la potestad para declarar
insubsistente el nombramiento del actor, también es innegable que dicho
ejercicio no lo autorizaba a quebrantar la prohibición de despido y/o retiro del
servicio contenida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

14. Así mismo, tal determinación infringió las normas en que debió fundarse
y vulneró el debido proceso del demandante, pues no le garantizó su
permanencia en el cargo, pese haber presentado una queja por acoso laboral
en contra del nominador. Esta denuncia lo arropó con una estabilidad laboral
que no le podía ser desconocida, aunque ejerciera un empleo de libre
nombramiento y remoción. Por lo tanto, es evidente que esa desvinculación
provino como un acto de retaliación, circunstancia expresamente prohibida
por la ley.

15. El Consejo de Estado anuló el decreto mediante el cual el presidente de la
República designó al señor Andrés Rúgeles Pineda como alcalde encargado
del distrito de Santa Marta, por no haberlo escogido de una terna enviada por
el movimiento político que avaló al alcalde elegido por voto popular. Esta
decisión puso en entredicho las determinaciones adoptadas por aquel, entre
ellas, el acto que ahora se demanda.

16. El acto cuestionado también afectó la honra y el buen nombre del
demandante, pues antes de su emisión, el alcalde encargado hizo
declaraciones en medios de comunicación locales y nacionales, en los que
se expresó que, en el gabinete distrital se habían presentado casos de
corrupción. Por tanto, la decisión demandada generó en la comunidad la falsa
creencia de que el retiro del servicio se produjo como consecuencia de esos
hechos y no como una determinación normal frente a un empleado de libre
nombramiento y remoción.

17. Contestación de la demanda. Dentro de la oportunidad de ley, el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta contestó la demanda3,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con
tales fines alegó:

18. El acto administrativo demandado no es ineficaz, pues nunca se consolidó la
estabilidad laboral pregonada por el actor a la luz del numeral 1.° del artículo
11 de la Ley 1010 de 2006. Lo anterior, por cuanto, en voces de dicha norma,
la aludida garantía solo se activa en la medida en que la respectiva autoridad
administrativa, judicial o de control verifique los hechos constitutivos de acoso
laboral, lo que aquí no tuvo ocurrencia.

3 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua

2», documento «14.1 CONTESTACIÓN DEMANDA».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

19. Los artículos 2.° y 7 de la Ley 1010 de 2006 prevén que las conductas de
acoso laboral deben ser persistentes, repetitivas y demostrables, y que
excepcionalmente un solo acto hostil es suficiente para dar por sentado ese
fenómeno.

20. En el caso de marras, entre la fecha de posesión del alcalde encargado -4
de abril de 2019- y la data de radicación de esa denuncia -8 de abril de ese
mismo año-, solo trascurrieron 3 días hábiles, sin que con posterioridad se
denunciarán hechos nuevos, ni mucho menos se señalara que, con un solo
acto hostil el nominador incurrió en acoso laboral.

21. Por tal motivo, la regla general establecida en la ley es que las conductas
constitutivas de acoso laboral son persistentes y repetitivas en el tiempo y
que solo excepcionalmente, cuando la autoridad competente considere que
una sola acción es lo suficientemente grave para ofender la dignidad, la vida,
la integridad y demás derechos fundamentales de trabajador, se tendrá por
acreditado ese hecho.

22. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la nulidad del acto
de elección y/o designación de un servidor público no se extiende a los actos
emitidos por él, pues tales decisiones conservan, por seguridad jurídica, la
presunción de legalidad que solo puede ser levantada en la medida en que,
frente a cada uno de ellos se demuestre el incumplimiento de los requisitos
previstos en la ley para su expedición.

23. Sentencia de primera instancia. El 10 de mayo de 20234, el Tribunal
Administrativo del Magdalena emitió sentencia en la que negó las súplicas
de la demanda. Con tales fines, luego de referenciar la naturaleza, forma de
provisión y desvinculación de los cargos de carrera y de libre nombramiento
y remoción, afirmó que:

24. Las pruebas incorporadas a la actuación dan cuenta de que:

i) El demandante fue nombrado como director administrativo, código
09, grado 05 en la Dirección Jurídica Distrital a través del Decreto 287
de 30 de noviembre de 2018.

ii) Mediante Decreto 099 de 9 de mayo de 2019, el alcalde encargado
del distrito de Santa Marta declaró insubsistente esa designación,
invocando la potestad discrecional existente frente a los empleos de
libre nombramiento y remoción.

iii) El demandante, en asocio con otros miembros del gabinete distrital,
formuló queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación
y denuncia por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral

4 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua

2», documento «39SentenciaAnticipada».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

del distrito de Santa Marta en contra del alcalde encargado, señor
Andrés Rúgeles Pineda.

iv) Que el 1.° de agosto de 2019, el Comité de Convivencia Laboral
del distrito, en respuesta a una petición formulada por un ex
funcionario de la entidad, desarchivó el expediente contentivo de la
denuncia por acoso laboral y ordenó su remisión a la Procuraduría
General de la Nación.

v) Los relatos de los testigos Alberto Rodríguez Akle y Wilfred José
Santrich Abello fueron uniformes cuando aseguraron que desconocían
la realización, por parte del actor, de actos de corrupción y/o que en
su contra se hubieren adelantado investigaciones disciplinarias.

vi) Que, aunque en el momento en que el señor Rúgeles Pineda fue
designado como alcalde encargado del distrito se presentaron
enfrentamientos políticos, no precisaron comentarios soeces por parte
de aquel en contra del accionante. Que el actor les manifestó sentirse
acosado laboralmente, pero desconocen los motivos que condujeron
a su desvinculación.

25. Entre las garantías para evitar actos de retaliación en contra de las personas
que presentan las denuncias por acoso laboral y/o intervienen en esos
procedimientos en calidad de testigos, el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley
1010 de 2006 estableció que carecerá de efecto la terminación del vínculo
laboral de la víctima que se produzca dentro de los seis meses siguientes a
la presentación de la queja. Sin embargo, tal prerrogativa quedó
condicionada a que la respectiva autoridad -administrativa, de control o
judicial- verificara la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.

26. Al expediente no se aportaron los elementos de juicio suficientes que
permitieran inferir sumariamente las situaciones constitutivas de acoso
laboral de las que supuestamente fue objeto el accionante, pues no se
acreditó la persistencia y/o repetición de la conducta denunciada.

27. Además, no se acreditó que la autoridad administrativa, judicial o de control
competente hubiere verificado que, en efecto, tales acciones tuvieron lugar,
por lo que la aludida garantía de estabilidad laboral no se activó.

28. El cargo ejercido por el actor era de libre nombramiento y remoción, por lo
que la falta de verificación de los hechos constitutivos de acoso laboral
habilitaba al nominador para retirarlo del servicio sin explicar las razones de
esa determinación.

29. En consecuencia, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que orbita
sobre el acto administrativo cuestionado, pues no prosperaron los cargos de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

nulidad formulados con base en la desviación de poder, la infracción de las
normas en que deberían fundarse y violación al debido proceso.

30. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación5. Para ello, alegó:

31. El cargo ejercido por actor es de libre nombramiento y remoción y, por
tanto, la insubsistencia provino del hecho de ser un empleo de
confianza. Aunque nunca se discutió la potestad discrecional con que cuenta
el nominador para declarar insubsistente la designación en este tipo de
ocupaciones, el a quo se inclinó por esa tesis y, consecuentemente negó las
súplicas de la demanda.

32. Lo que se puso en tela de juicio fue el desconocimiento, por parte del alcalde
encargado, de la garantía de estabilidad laboral establecida en la Ley 1010
de 2006 que, por cierto, resulta aplicable a los servidores de libre
nombramiento y remoción.

33. La denuncia de acoso laboral. Para el tribunal, como la denuncia por acoso
laboral no fue verificada, no se activó la garantía establecida en el numeral
1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006.

34. Tal interpretación es ajena a la literalidad de la norma, pues no es
competencia del a quo corroborar si por parte de la Procuraduría General de
la Nación se emitió alguna decisión, ni mucho menos calificar la conducta del
alcalde encargado.

35. La disposición en cita concibió una presunción legal en favor de la víctima de
acoso laboral, consistente en que, si la ruptura del vínculo se produce dentro
de los seis meses siguientes a la presentación de la queja, ha de entenderse
que tal decisión devino como un acto de retaliación por esa denuncia. Y eso
precisamente fue lo que ocurrió en este caso, pues el retiro del servicio fue
ordenado dentro de ese lapso.

36. Por tanto, la estabilidad laboral reclamada en la demanda se activó con la
simple denuncia de acoso, por lo que no era necesario esperar una decisión
definitiva sobre esos hechos para consolidar aquella protección.

37. Finalmente, en la demanda se invocó y desarrolló la causal de nulidad por
desviación de poder, soportada en que el alcalde encargado, durante el
periodo de protección dispensado por la Ley 1010 de 2006, retiró del servicio
al demandante. A pesar de ello, en la sentencia se analizó el cargo de nulidad
de falsa motivación.

5 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua

2», documento «41.1 RecursoDeApelacionSentenciaDemandante».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

Trámite correspondiente a la segunda instancia

38. La admisión del recurso. Mediante auto de 17 de octubre de 20246 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad prevista en los
numerales 4.° y 6.° del artículo 247 del C.P.A.C.A., solo intervino el
procurador delegado ante esta corporación.

39. En su concepto, solicitó confirmar la providencia impugnada, al considerar
que la garantía de estabilidad laboral prevista en la Ley 1010 de 2006, solo
se activa en la medida en que los hechos constitutivos de acoso laboral sean
verificados por la autoridad competente, tal y como lo concluyó el a quo.

40. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo
que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

41. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta
Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación presentado.

42. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,9 la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos
por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado
toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto
es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el
apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.

43. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, le corresponde a la Sala establecer sí ¿En favor del actor se
consolidó la garantía de estabilidad contenida en el numeral 1.° del artículo
11 de la Ley 1010 de 2006 y, por tanto, solo podía ser retirado del servicio
después de los seis meses siguientes a la queja que, por acoso laboral,
presentó en contra de su nominador?

44. Así mismo, se determinará si en la sentencia apelada el a quo no resolvió el
cargo de nulidad por desviación de poder y, además, si el retiro del servicio

6 Actuación visible en el índice 13 de la plataforma SAMAI.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

del demandante fue estudiado desde la óptica de la potestad discrecional con
que cuenta el nominador para desvincular a los servidores de libre
nombramiento y remoción.

El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.

45. Primer interrogante: ¿En favor del actor se consolidó la garantía de
estabilidad contenida en el numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006
y, por tanto, solo podía ser retirado del servicio después de los seis meses
siguientes a la queja que, por acoso laboral, presentó en contra de su
nominador?

46. Acoso laboral. El artículo 2.° de la Ley 1010 de 200610, define el acoso
laboral11 como:

«[…] toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado,
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato
o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.»

47. Ese mismo dispositivo contempló, de manera no taxativa, las diversas
modalidades de ese fenómeno en los siguientes términos:

«1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o
moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como
empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que
lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de
quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo
comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien
participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración
o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de
trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir
desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley
1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por
razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad
desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el
cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio
para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento
10 «[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo»
11 En sentencia de 19 de agosto de 2010 (25000-23-15-000-2010-01304-01(AC)), la Sección Cuarta de esta

corporación, afirmó que: «En suma, el acoso laboral puede ser una práctica tristemente presente en los sectores
público y privado, en la que, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador actos de
violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación
profesional o autoestima, agresiones que, además, pueden generar enfermedades profesionales, en especial,
“estrés laboral”, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos,
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de
información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y
seguridad para el trabajador.»

48. Sobre la aludida figura, esta corporación12 afirmó que su configuración
requiere:

«[…] 43. Asimismo, para que se presuma la existencia del acoso laboral,
debe acreditarse la ocurrencia repetida y pública de conductas como: (i) la
descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de
las propuestas u opiniones de trabajo; (ii) la imposición de deberes
ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor
encomendada; (iii) el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás
empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales
y la imposición de deberes laborales.

44. Sobre esta figura, la Corte Constitucional ha señalado que las conductas
constitutivas de acoso laboral deben ser acreditadas y que se concreta en
una persona que ejerce sobre otra una «violencia psicológica extrema, de
forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado [...] sobre otra
persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las
redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación,
perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o
personas acaben abandonando el lugar de trabajo». Igualmente, los
comportamientos que lo caracterizan son: «ataques verbales, insultos,
ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas
constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos
rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del
trabajador y hasta agresiones físicas»13.

45. En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que, «[a]l ser un
proceso de situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo, se pueden
evidenciar una serie de fases que comprenden: (i) un conflicto; (ii) una etapa
de estigmatización; (iii) la posible intervención de la empresa o jefe
inmediato; (iv) la posterior marginación de la víctima y, finalmente, (v) la
exclusión de la vida laboral o terminación del vínculo contractual»14

49. A su turno, la Corte Constitucional, en sentencia T-141 de 2024 afirmó que:

«63. En conclusión, el acoso laboral se define como cualquier conducta
destinada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, causar perjuicio
laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. La ley
precisa que estas conductas deben ser persistentes y demostrables e incluye
diversas modalidades de acoso. El acoso laboral puede tener efectos

12 Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 15 de febrero de 2024, expediente 52001-23-33-000-2016-

00274-01 (4697-2022).
13 Corte Constitucional, sentencia T-293 de 2017.
14 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación 68001-23-33-000-2015-

00062-01 (3723-16).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

psicológicos, físicos y sociales en la víctima, lo que constituye una
vulneración de sus derechos fundamentales.»

50. Por su parte, las conductas constitutivas de acoso laboral están enlistadas
en el artículo 7.° ibidem, así:

«ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.
<Ver Notas de Vigencia> Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita
la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización
de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o
nacional, la preferencia política o el estatus social;

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional
expresados en presencia de los compañeros de trabajo;

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los
compañeros de trabajo;

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos
del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los
respectivos procesos disciplinarios;

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo
de las propuestas u opiniones de trabajo;

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en
público;

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de
trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a
la necesidad técnica de la empresa;

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral
contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno
laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos
sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en
forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en
cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición
de deberes laborales;

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente
indispensables para el cumplimiento de la labor;

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por
enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las
condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con
contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación
de aislamiento social.

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad
competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las
conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo
2o.

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral.
La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de
la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad
humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos
fundamentales.

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en
privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en
la ley procesal civil.»

51. Finalmente, entre las garantías que cubren al quejoso y/o al servidor que
sirve como testigo en esos procedimientos, el numeral 1.° del artículo 11
ejusdem estableció que:

«ARTÍCULO 11. GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS. A
fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones,
quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales
procedimientos, establézcanse las siguientes garantías:

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la
víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos,
correctivos y sancionatorios consagrados en la presente Ley, carecerán de
todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la
petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de
control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en
conocimiento. […]»

52. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que la protección
contenida en el anterior dispositivo no se activa con la simple presentación
de la queja o denuncia, sino cuando la autoridad competente verifica la
ocurrencia de los hechos constitutivos de acoso laboral. En sentencia T-141
de 2024, ese tribunal aseguró:

«64. El numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, con el fin de
evitar represalias contra quienes formulan peticiones, quejas y denuncias de
acoso laboral, estableció la pérdida de eficacia de la terminación unilateral
del contrato de trabajo, cuando esta se efectúe dentro de los 6 meses
siguientes a la petición o queja. Sin embargo, esa protección no surge con la
simple presentación de la petición o queja, pues esa disposición normativa
indica que la pérdida de eficacia en la terminación del contrato de trabajo
procede “siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control
competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento”.

65. Por lo tanto, solo hasta que la autoridad competente verifique los
hechos constitutivos de acoso laboral, el contrato de trabajo seguirá
surtiendo efectos jurídicos. Al respecto, la Corte sostuvo en la sentencia
T-433 de 2022 que la competencia para verificar esos hechos radica en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

el comité de convivencia laboral, la inspección del trabajo, la
jurisdicción ordinaria en, su especialidad laboral y de la seguridad
social, o la jurisdicción constitucional. Una vez constatada esa situación
de acoso por una autoridad competente, opera la protección ante la
desvinculación laboral, pues surge una presunción legal de que la razón para
no renovar la relación laboral se deriva de la presentación de la queja por
acoso laboral. En caso de que no se logre desvirtuar la presunción por
despido discriminatorio, debe entenderse que aquel tuvo lugar por motivo del
acoso. Por lo que en ese caso le corresponde al empleador demostrar que
la terminación del contrato de trabajo no fue producto de la denuncia
instaurada por el trabajador, para que no proceda su ineficacia. (El énfasis
es de la Subsección)

[…]

86. En conclusión, con base en la Ley 1010 de 2006 y la jurisprudencia
constitucional expuesta, es posible determinar entonces que: (i) existe una
presunción legal a favor de quienes hayan hecho uso de los procedimientos
previstos en la Ley 1010 de 2006, consistente en que si ocurre un despido
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la queja se entiende que
tuvo lugar con ocasión del acoso; (ii) para que esa protección legal proceda
la conducta denunciada debe enmarcarse dentro de las señaladas en el
artículo 7 de la Ley 1010 de 2006 y una autoridad administrativa o judicial
competente debe verificar esa circunstancia; (iii) en los eventos en que opera
la presunción, es al empleador a quien le corresponde demostrar que la
terminación del contrato de trabajo no fue producto de tal denuncia; (iv) esa
protección legal aplica para todas las relaciones laborales, sin importar el tipo
de contrato laboral, y (v) en los contratos de trabajo sometidos a un término
fijo el cumplimiento del plazo es una causa legal y contractual de terminación,
pero no una causa objetiva para no renovar una relación laboral con una
persona víctima de acoso laboral.»

53. Pues bien, con base en lo expuesto, la Sala responde que en favor del actor
nunca se consolidó la garantía de estabilidad laboral reclamada en la
demanda, por lo que la presentación de la queja por acoso laboral no limitaba
el poder de desvinculación que de su nominador ejercía sobre él.

54. En efecto, se advierte que en escrito dirigido al Procurador General de la
Nación y al Comité de Convivencia Laboral del distrito de Santa Marta,
radicado el 8 de abril de 2019 en las dependencias de la alcaldía15, el actor
-entre otros funcionarios de esa institución-, presentaron queja por acoso
laboral en contra del alcalde encargado, señor Andrés Rúgeles Pineda.

55. En ese documento, los hechos que en sentir del demandante configuraron el
aludido fenómeno fueron descritos así:

«21. DIRECTOR JURIDICO DISTRITAL DOCTOR ADOLFO NICOLAS
TORNE STUWE: Doctor Rúgeles, primero le aclaro al procurador regional
que en cuanto a la acción popular que versa sobre Taganga, tengo
conocimiento porque fui juez segundo administrativo de santa marta y
desarrollé audiencias de verificación de fallo incluso hasta amenizado me vi
por el caso. No obstante el fallo presenta algunas inconsistencias técnicas

15 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «5ED_RVREMISIONEXPEDIENTE(.pdf) NroActua

2», documento «01.1.- PRUEBAS Y ANEXOS», folios 11-55.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

que procederé a explicar cuando a bien lo tenga Por otro lado, doctor
Rúgeles expresarle mi preocupación porque existe un acto administraríais de
encargo que hiciera el alcalde titular con ocasión de unas vacaciones y esté
aún subsiste, goza de presunción de legalidad y no quiero verme expuesto a
sanciones disciplinarias por no acatar dicho acto administrativo a lo que se
suma que la designación que hizo el presidente en su parte resolutiva obliga
a que se comunique la designación por parte del ministerio del interior lo que
no se cumplió. Así las cosas quiero saber en qué situación estamos con la
existencia de ese acto de encargo. En cuanto a la solicitud de información
requerida por Emiro Castro su asesor, considero que el término es muy corto
y que la norma dese el 2005 regula como se realizan los procesos de
empalme. Por cierto, la procuraduría tiene un oficio donde le encomiendan
una tarea de acompañamiento pero no es la que hace el empalme y su labor
preventiva debe materializarse cuando advierta renuencia a entregar la
información o torpedeando la entrega pero no llegar y ser ellos quienes pidan
la información porque no es esa la dinámica de los empalmes. Invito a que
nos liberemos de prevenciones todos incluyéndome porque aquí el objetivo
es trabajar para cumplir el plan de desarrollo que es la ruta» (sic)

56. Posteriormente, en diligencia del 11 de abril de ese año, el accionante amplió
su denuncia16. En ella, reiteró que se sentía afectado en su buen nombre por
las declaraciones rendidas por el alcalde encargado ante los medios de
comunicación, en las que afirmó que llegó para acabar con la corrupción
imperante en la alcaldía distrital.

57. Además, destacó el trato descortés que, según él, recibió por parte de aquel
funcionario, quien no solo contrarió una orden previamente impartida en la
que convocaba a un consejo de seguridad, sino que también avaló los malos
tratos y las intimidaciones del procurador regional del Magdalena, presente
en las reuniones convocadas por el burgomaestre.

58. Así mismo, censuró que el nuevo alcalde ordenara el cierre de las
instalaciones de la alcaldía municipal -lo que provocó en todos los
funcionarios temor e intimidación-, les pidiera informes y documentaciones
de sus actuaciones sin darle el tiempo suficiente para ello y, que se
encomendaran a un señor ajeno a la administración funciones propias de los
servidores distritales.

59. Dentro del paginario reposa el escrito de fecha 11 de junio de 2019 17, en el
que uno de los quejosos solicitó al Comité de Convivencia Laboral del distrito
de Santa Marta la «[…] revaluación de situación constitutiva de Acoso
Laboral y remisión a la Procuraduría General de la Nación con sede en la
ciudad de Bogotá.»

60. Con tales fines, aseguró que en el acta de fecha 6 de junio de ese año, el
órgano colegiado había concluido, entre otras cosas:

16 Ejusdem, folios 57-60.
17 Ejusdem, folios 64-67.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

«[…] 1. Que no existió acoso laboral por parte del Alcalde ANDRES
RUGELES PINEDA, frente a los funcionarios ADOLFO NICOLAS TONE (sic)
y otros, toda vez que al solicitar la entrega de informes de gestión se encontró
que este está reglamentado por la Ley 951 de 2005, por lo cual se crea el
acta de gestión, que la misma establece que el proceso de empalme es una
obligación que tienen todos los mandatarios, cuando se produce cambio de
administración o culmina un periodo de gobierno.

2. Que en cuanto a la conducta del presunto acoso laboral por parte de
ANDRES RUGELES, frente al caso particular, los hechos sucedieron el día
cuatro de abril (Jueves) donde este toma posesión el día cinco de abril
(viernes), se lleva a cabo reunión de consejo de gobierno en la que el
ALCALDE (e) solicita entreguen informes sectoriales a las diferentes
secretarías y dependencias que componen el consejo de gobierno distrital,
informe que debía ser entregado según circular No. 001 de 5 de abril de
2019, el día lunes 8 de abril del presente año. Se evidencia entonces que en
cuestión de tres días no habría lugar a una reiteración de conducta que daría
lugar a acoso laboral por parte del Doctor Rúgeles Pineda.

4. A la par sigue sosteniéndose que, después de la queja de fecha 8 de abril
de 2019, el comité de convivencia laboral, no ha recibido quejas por parte de
los funcionarios intervinientes.

5. Finaliza resolviendo que:
5.1. No se constituyó acoso laboral en el presente caso.
5.2. Se ordena el archivo del expediente. […]»

61. Del anterior escrito es claro que, solo hasta el 6 de junio de 2019, la autoridad
competente -el Comité de Convivencia Laboral del distrito de Santa Marta-
determinó que los hechos denunciados por el actor -entre otros- no
constituyeron acoso laboral.

62. Tal decisión significa que para el 9 de mayo de ese año, data en la que se
emitió el acto administrativo demandado, no se habían verificado los hechos
denunciados, por lo que no se activó la cláusula protectora contenida en el
numeral 1.° del artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, según la cual las
desvinculaciones laborales «[…] carecerán de todo efecto cuando se
profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja,
siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control
competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en
conocimiento.»

63. En consecuencia, se concluye que la decisión sometida a juicio no contrarió
la citada normativa.

64. Por otro lado, y contrario a lo argüido en la alzada, en la sentencia
impugnada si se resolvió el cargo de nulidad por desviación de poder y, por
demás, el retiro del servicio del demandante fue estudiado desde la óptica
propuesta por el actor -y no, como lo alegó el recurrente, desde la potestad
discrecional con que cuenta el nominador para desvincular a los servidores
de libre nombramiento y remoción-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

65. En efecto, el a quo consideró que los vicios de nulidad invocados en la
demanda no prosperaron por cuanto el actor no demostró los hechos
constitutivos de acoso laboral, ni mucho menos que la garantía de estabilidad
laboral a la que aquí se ha hecho referencia se haya activado en su favor.

66. Las alusiones realizadas frente a la no motivación del acto administrativo de
retiro del servicio de los empleados de libre nombramiento y remoción, tuvo
por finalidad soportar la conclusión según la cual, a pesar de existir una
denuncia por acoso laboral en contra del alcalde encargado del distrito de
Santa Marta, la decisión demandada no debía ser motivada, dada la
inexistencia de la prerrogativa laboral reclamada en la demanda.

67. Conforme a todo lo expresado, y en atención a que los cargos formulados en
la apelación no prosperaron, se confirmará la sentencia de primera instancia.

68. Condena en costas. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si era procedente condenar
en costas a la parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley
2080 de 2021, tal sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de
la demanda -en nuestro caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue
presentada con «manifiesta carencia de fundamento legal».

69. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte actora sustentó su
posición en razones jurídicas que, aunque no fueron acogidas por la Sala, no
se estiman irracionales y carentes de fundamento jurídico. En consecuencia,
no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 10 de mayo de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó el señor Adolfo Nicolás Torne Stuwe contra
el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2020-00498-01 (1629-2024)
Demandante: Adolfo Nicolás Torne Stuwe

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.