Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2018-00189-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2018-00189-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2018-00189-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2018-00189-01 (0476-2025)
Demandante: John Mauricio Aparicio León
Demandada: Nación, Misterio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: Retiro del servicio activo por voluntad propia
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1.Las pretensiones
1.John Mauricio Aparicio León demandó en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución 01947 del 3 de octubre de 2017, a través
del cual fue retirado del servicio activo del Ejército Nacional por «solicitud propia».
2.A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al servicio, sin
solución de continuidad y en el «grado que tengan los demás compañeros de promoción
del Ejército a la fecha del reintegro» (sic); ii) el pago de los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir desde la fecha del retiro; iii) el pago de los
perjuicios morales causados a él y a su familia2; iv) la indexación de las sumas antes
1 En adelante CPACA.
2 Aura Marina León Garavito (Madre); Yinith Carolina Aparicio León (Hermanda); Diana Patricia
Aparacio León (Hermanda); y Leonardo Arcadio Aparicio León (Hermano).
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mencionadas; v) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y vi) la publicación de la sentencia por
todos los medios de alta circulación para que «tan abyectos procedimientos violatorios
de derechos fundamentales, no se vuelvan a presentar con militar alguno» (sic).
1.1.2.Fundamentos fácticos
3.Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. John Mauricio Aparicio León ingresó al Ejército Nacional el «1° de septiembre
de 1995», luego de completar la formación en la Escuela Militar de Suboficiales y el
último grado desempeñado fue el de sargento primero, faltándole únicamente el
ultimo grado del escalafón militar, esto es, el de sargento mayor.
3.2. En la semana del 22 al 27 de mayo de 2017, en el Club de Suboficiales del
Ejército de Bogotá en el transcurso de un seminario desarrollado por la Dirección
de Personal de la institución, el teniente coronel, jefe de la sección de altas y bajo,
de manera pública «manifestó frente a diferentes suboficiales del mismo curso o
promoción del convocante, "que quienes no hayan sido seleccionados a Sargento Mayor,
tenían que pedir la baja, porque de lo contrario serían expulsados de la institución,
afectándose su hoja de vida. "La política es por liberación de planta y es orden del
comandante del Ejército» (sic).
3.3. El «11 de agosto de 2017» el sargento mayor de fuerza, Argemiro Posso, por
medio de una videoconferencia con las unidades militares del país, «informo el
nombre del personal seleccionados para ser Sargentos Mayores, y adicionalmente ordeno
que quienes no habían sido considerados para ascender a SM, contaban con un mes
calendario para presentar el retiro del servicio activo en forma voluntaria puntualizando que
quien no lo hiciera seria llamado a calificar servicios» (sic), lo cual le fue confirmado por
el sargento primero del Comando de Personal del Ejército, Carlos Sierra.
3.4. Para darle cumplimiento a la orden impartida, presentó la solicitud de retiro
voluntario del servicio y el 10 de noviembre de 2017 le fue notificada la Resolución
01947 del 3 de octubre de 2017 mediante el cual fue retirado de las Fuerzas
Militares.
1.1.3.Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 12, 13, 15, 21, 25, 26, 29, 42, 44,
48 y 90 de la Constitución Política; y 137 y 138 del CPACA.
5.En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
3 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, páginas 4 a 26.
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5.1. Primer cargo: el acto administrativo incurrió en falsa motivación, toda vez que
«los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por
error o por razones engañosas o simuladas» (sic). Lo anterior, porque el retiro se
fundamentó en una solicitud voluntaria que no correspondía a la realidad pues fue
presentada como consecuencia de las presiones, órdenes y coacción ejercida por
la Dirección de Personal del Ejército Nacional, lo que vició su consentimiento y
desvirtuó el carácter voluntario del retiro.
5.2. Su motivación careció de objetividad, pues toda decisión administrativa debió
sustentarse en hechos ciertos, verificables y que estuvieran acreditados y no en
criterios subjetivos o discrecionales de la administración.
5.3. El retiro obedeció al «hecho claro, directo y notorio que el señor General Comandante
del Ejército, ha expresado en repetidas oportunidades en diferentes programas de radio
con la comunidad militar, " voy a sacar y a echar a todos los corruptos del Ejercito ", sana
medida que de ser aplicada en todos los niveles del mando, con investigaciones serias,
mejoraría la institución, pero que afecta directamente el buen nombre de quienes como él
(…) han trabajado honestamente, sin enriquecerse en los cargos ,sin lograr beneficios ni
prebendas, que no cohonestan con la corrupción y el delito, pero que intempestivamente
son OBLIGADOS A PRESENTAR SU SOLICTUD DE RETIRO, Y retirados sin fórmulas de
juicio con desconocimiento del debido proceso y obteniendo sólo la respuesta de que el
acto administrativo goza de presunción de legalidad y por mejoramiento del servicio o
cuando es peor, pero si usted fue el que la pidió, pero olvidan que fueron ellos (los
funcionarios de personal, quienes obligaron a ese militar a firmar algo en contra de su
voluntad» (sic), lo que, igualmente, evidencia su arbitrariedad.
5.4. Segundo cargo: se configuró la desviación de poder porque la administración
utilizó sus facultades legales de retiro con una finalidad distinta de la prevista en el
ordenamiento jurídico al encubrir el retiro impuesto bajo la apariencia de una
solicitud voluntaria.
5.5. El acto administrativo incurrió en violación a la constitución, toda vez que la
fuerza, la presión o el constreñimiento ejercidos desnaturalizaron la voluntad al
presentar la solicitud de retiro. En consecuencia, se vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la igualdad, al buen nombre y a la honra, lo que le causó un
agravio injustificado.
1.2. Contestación de la demanda
6.El Misterio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en lo siguiente4:
4 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, páginas 181 a 187.
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6.1. El demandante ostentaba el grado de sargento primero al momento de su retiro,
razón por la cual le era aplicable el régimen especial previsto en el Decreto 1790 de
2000. La administración se limitó a aceptar la solicitud presentada por aquel,
conforme con el procedimiento establecido en la mencionada norma, sin que
hubiese incurrido en ninguna irregularidad.
6.2. Nose configuraron las causales de nulidad invocadas por el demandante,
porque no existía prueba que demostrara que la entidad hubiese obligado o inducido
al actor a presentar su renuncia, contrario a ello, esta obedeció a su decisión
voluntaria y personal.
6.3. El demandante incumplió con la carga de probar las afirmaciones expuestas en
la demanda. Sobre el particular, el Consejo de Estado5 ha señalado que esta le
corresponde demostrar los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones a
quien pretende un determinado efecto jurídico. De manera que la insuficiencia
probatoria conduce a la desestimación de la causa petendi, «pues es necesario
demostrar cuál fue la actividad del ente demandado que guarde estrecho nexo de
causalidad con el daño antijuridico, y la razón de la imputación del daño» (sic).
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Segunda de Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la
entidad demandada, de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 01947 del 03 de octubre de 2017 suscrita por el comandante del
Ejército Nacional, por medio de la cual, retira del servicio activo a Jhon Jairo Aparicio
León con pase temporal a la reserva, por causal de solicitud propia, con novedad fiscal
del 31 de octubre de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en
precedencia.
TERCERO: como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
se ORDENA a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO
NACIONAL, reintegrar manera inmediata sin solución de continuidad a JHON
MAURICIO APARICIO LEÓN, teniendo en cuenta para efectos de ascensos al grado
superior el tiempo que estuvo desvinculado de la entidad, permitiéndose concursar para
ascensos a grados superiores.
CUARTO: Como restablecimiento del derecho, ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, reconocer y pagar a JHON MAURICIO
APARICIO LEÓN, los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de
devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, atendiendo
al cargo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la anterior condena. A la
5 Sentencia del 18 de febrero de 2010, C.P. Mauricio Fjardo Gómez.
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suma resultante se le deberá descontar lo pagado por concepto de asignación de retiro,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Las diferencias resultantes se
ajustarán en su valor aplicando la fórmula de indexación señalada en la parte motiva de
esta providencia.
QUINTO: Las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas en la
forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, aplicando para ello la
siguiente fórmula:
R= Rh x Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor, certificado por el DANE, entre el índice inicial vigente a la
fecha en la que debió hacerse el pago.
SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Sin condena en costas en la instancia.
OCTAVO: Ejecutoriada la presente decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, previos los registros de rigor en Samai.» (sic) [resaltado del original].
8.Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
8.1. De conformidad con los artículos 100 y 101 del Decreto 1790 de 2000, la solicitud
de retiro exige una manifestación libre, espontánea y voluntaria del militar, por lo
que cualquier presión o coacción ejercida por la administración desvirtúa la legalidad
del acto de retiro.
8.2. Si bien de la prueba documental se acreditó que el actor solicitó su retiro después
de no haber sido seleccionado para el curso de ascenso al grado de sargento
mayor, los testimonios rendidos por varios suboficiales dieron cuenta de que
quienes no habían sido llamados al ascenso «tenían un tiempo determinado para
presentar el retiro por solicitud propia de la institución y en caso de no realizarlo, serían
retirados por voluntad de la entidad, en razón al llamamiento a calificar servicios» (sic). A
estos testimonios se les otorgó pleno valor probatorio, porque fueron coincidentes y
no fueron objeto de tacha.
8.3. Confundamento en lo anterior, la voluntad del actor estuvo procedida por
presiones de sus superiores, razón por la cual su retiro no fue una decisión libre y
espontánea, sino una actuación coaccionada que configuró la falsa motivación, al
no corresponder los fundamentos fácticos del acto administrativo con la realidad
acreditada en el proceso. Por lo anterior, el acto administrativo era nulo
parcialmente.
6 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 42.
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8.4. Aunque el demandante alegó que la administración había incurrido en
desviación de poder porque había utilizado sus competencias para una finalidad
distinta de la prevista en el ordenamiento jurídico, «[a]tendiendo la particularidad de la
causal invocada, y verificada la argumentación y el concepto de la parte actora, la Sala no
encuentra relación en lo señalado por esta y la argumentación normativa y jurisprudencial
que desarrolla el vicio de la desviación de poder, sin embargo, analizado el material
probatorio aportado al expediente, no se logra demostrar la configuración del vicio de
nulidad advertido» (sic).
8.5. No era procedente el reintegro en el grado alcanzado por sus compañeros, toda
vez que el ascenso no podía ser ordenado por el juez, sino que era competencia de
la administración, pues es un procedimiento reglado que debe acogerse a los
lineamentos establecidos en las normas que rigen la carrera militar. Aunado a ello,
los aspirantes deben ser llamados a curso de ascenso y lo deben aprobar, situación
que no se acreditó en el caso en particular. Igualmente, con las pruebas aportadas
al expediente no se acreditó el perjuicio moral alegado.
1.4. El recurso de apelación
9. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, presentó recurso de apelación y lo
sustentó en los siguientes términos7:
9.1. La renuncia presentada por el actor fue libre, espontánea y voluntaria, sin que
hubiese existido «prueba eficiente y determinante» que acreditara precisiones,
coacciones o abuso de poder por parte de la institución para inducir su retiro del
servicio.
9.2. El a quo le otorgó un alcance probatorio indebido a los testimonios de otros
suboficiales, quienes también presentaron acciones judiciales contra la entidad por
hechos similares y, por ello, tenían interés en el resultado del proceso. Tales
declaraciones no se corroboraron con pruebas adicionales como documentos,
grabaciones u otros medios de convicción que permitieran demostrar la presunta
presión ejercida sobre el actor.
9.3. El eventual retiro por llamamiento a calificar servicio no podía entenderse como
una amenaza o trato degradante, pues constituye una causal legal de retiro, cuya
finalidad es garantizar la renovación de los cuadros de mando y permitir el acceso
a la asignación de retiro sin que implique una sanción o afectación al buen nombre
del militar. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado8, esa modalidad de retiro es una forma ordinaria de terminación de la
carrera militar y no requiere de motivación adicional.
7 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 47.
8 Sentencia del 7 de abril de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-00387-00(AC), C.P. Gerardo
Arenas Monsalve.
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9.4. El demandante reunía los requisitos para ser retirado del servicio por
llamamiento a calificar servicios por haber cumplido más de 15 años de servicios y,
por lo tanto, tenía derecho a la asignación de retiro, luego, esa circunstancia no
constituía una presión para renunciar. El sistema de ascenso de las Fuerzas
Militares es de naturaleza piramidal, de modo que solo un porcentaje reducido del
personal accede a los cursos de ascenso según las necesidades del servicio. En
ese sentido, la falta de convocatoria no implicaba una actuación irregular. Incluso,
algunos suboficiales que inicialmente no fueron convocados posteriormente
ascendieron, lo que descartaba una política institucional dirigida a forzar renuncias.
9.5. La idoneidad, el buen desempeño y la hoja de vida del demandante no le
otorgaban una estabilidad reforzada ni el derecho de ascenso, pues la
jurisprudencia9 ha precisado que esas circunstancias no limitan las facultades
legales de retiro ni generan un fuero de permanencia. Los ascensos no son
automáticos, dependen del cumplimiento de unos requisitos legales, de la existencia
de vacantes y de las necesidades institucionales, por lo que el juez no puede
ordenar promociones únicamente por el transcurso del tiempo.
1.5. Trámite en segunda instancia
10.De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.
1.6. El Ministerio Público
11. El Ministerio Público solicitó que se revocara la sentencia recurrida, porque las
pruebas recaudadas no demostraron que el demandante hubiera presentado la
solicitud de retiro como consecuencia de presiones por parte del Ejército Nacional.
Los testimonios no acreditaron de forma concreta las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que permitieran inferir un vicio del consentimiento, por lo que la
decisión del actor obedeció a su voluntad y la actuación de la institución se ajustó
al régimen previsto en el Decreto 1790 de 200011.
2. Consideraciones
2.1.Competencia
12. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
9 «Sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda. 19 de junio de 2008. Expediente 2002-
08286-01 (6349-2005) C.P. Jaime Moreno».
10 Tal y como se indicó en el auto del 31 de marzo de 2025. Índice 4 de Samai.
11 Samai, índice 8.
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conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2.Problema jurídico
13. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente
interrogante:
¿si del material probatorio allegado al expediente se podía determinar que John
Mauricio Aparicio León fue coaccionado por la entidad demandada para
presentar la solicitud de retiro del servicio activo y, por lo tanto, la resolución
demandada incurrió en los vicios de nulidad por desviación de poder y falsa
motivación?
14.Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del retiro voluntario del servicio en el Ejército Nacional; las causales de nulidad del
acto administrativo por falsa motivación del acto y desviación de poder; segundo,
se expondrán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3.Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1.Retiro Voluntario del servicio. Decreto 1790 del 2000 y Ley 1792 de 2016
15. El gobierno nacional expidió el Decreto 1790 de 2000, modificado por la Ley 1792
de 2016, mediante el cual se establecieron las normas de carrera del personal de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, regulando, entre otros aspectos, lo
relacionado con el retiro del servicio. Sobre el particular, el artículo 99 dispuso:
«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los
oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente,
cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los
grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por
decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución
ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de
Fuerza.
Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales
generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo
previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.
El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial
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al servicio o movilización, previstos en este Decreto».
16. Por su parte, los artículos 100 y 101 ibidem establecieron, respectivamente, las
causales de retiro, entre las cuales está por solicitud propia y que el personal de
oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares podrá solicitar su retiro del servicio
activo en cualquier tiempo, y se concederá cuando no medien razones de seguridad
nacional o especiales del servicio que requieran su permanencia en actividad a
juicio de la autoridad competente, excepto lo dispuesto en el artículo 102 de ese
decreto.
17. Causal que se incluyó en su forma en el literal a), es decir, se previó el retiro del
servicio activo con pase a la reserva, el cual tiene un carácter temporal, puesto que el
personal puede ser llamado nuevamente al servicio activo.
18. En síntesis, el Decreto 1790 de 2000, modificado con la Ley 1792 de 2016,
regula, entre otras, el retiro del personal de oficiales y suboficiales del Ejército
Nacional. En particular, previó el retiro por voluntad propia, siempre que no
existieran razones de seguridad nacional o necesidades especiales del servicio que
justificaran la permanencia del militar en actividad
2.3.2. Falsa motivación del acto
19. La motivación de los actos administrativos constituye un elemento necesario para
su validez. Es condición esencial que existan unos motivos que originen su expedición
y que sean el fundamento de la decisión que contienen; en otras palabras, deben
existir unas circunstancias o razones de hecho y de derecho que determinan la
expedición del acto y el contenido o sentido de la respectiva decisión12.
20. Los motivos son entonces el soporte fáctico y jurídico que justifican la expedición
del acto administrativo y el sentido de su declaración y, por lo general, cuando por
disposición legal deben ponerse de manifiesto, aparecen en la parte considerativa del
acto.
21. La falsa motivación es una causal autónoma e independiente que se relaciona
directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos
determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de
nulidad de un acto administrativo con fundamento en esta, la jurisprudencia señaló
que «es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos
que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió
tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados
12 Sentencia del 23 de enero de 2025. Expediente 11001-03-25-000-2013-00561-00.
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Demandante: John Mauricio Aparicio León
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente»13.
22. Esta censura está prevista en la ley como una causal de nulidad que se origina por
la disconformidad entre la decisión con la realidad, o por la inexistencia o error en los
motivos de derecho o de hecho aducidos en la decisión. En línea con ello, esta Sección
sostuvo lo siguiente14:
«El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad. (…).
Así las cosas, el vicio de nulidad en comento se configura cuando se expresan los motivos
de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos expuestos no están acordes con
la realidad fáctica y probatoria, lo que puede suceder en uno de tres eventos a saber:
• Cuando los motivos determinantes de la decisión adoptada por la administración se
basaron en hechos que no se encontraban debidamente acreditados;
• Cuando habiéndose probado unos hechos, estos no son tenidos en consideración, los
que habrían podido llevar a que se tomara una decisión sustancialmente distinta.
• Por apreciación errónea de los hechos, “de suerte que los hechos aducidos
efectivamente ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto
administrativo […]”.15»
23. Entonces, se configura en aquellos eventos en que la administración profiere un
acto que no guarda relación con la realidad fáctica que se pretende resolver, o
cuando habiéndose demostrado los hechos que rodean el caso, no son tenidos en
cuenta para tomar la decisión final y que, de haberlo hecho, habría sido diferente el
sentido del acto administrativo. Es decir, que la administración se basa en razones
de orden fáctico que resultan ser inexistentes o contrarias a la realidad para
fundamentar su decisión.
2.3.3.Desviación de poder
24. El artículo 137 del CPACA prevé que la nulidad de los actos administrativos opera
cuando «hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».
25. Esta causal de nulidad ha sido definida por esta Sección como el «vicio que afecta
la finalidad del acto administrativo, bajo el entendido de que el propósito que el acto
persigue configura un requisito que hace a su legalidad y que debe hallarse en el marco de
13 Sección Cuarta, Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas
14 Subsección A, sentencia del 28 de febrero de 2020, radicación 19001-23-33-000-2014-00005-
01(4023-16).
15 BERROCAL GUERRERO, op. cit., p. 550. Este autor en cuanto a la apreciación errónea de los hechos
también agrega: «o no corresponde a los supuestos descritos en las normas que se invocan». Sin
embargo, a juicio de la Subsección, este vicio se corresponde más con el de la infracción de las
normas en que deben fundarse los actos, conforme a lo explicado líneas atrás.
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la función administrativa y del ordenamiento jurídico; y por tanto, se configura cuando se
está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que
actúa a nombre de la administración en la búsqueda de un fin opuesto a las normas a las
que debe someterse»16.
26. Dicho de otro modo, la causal se configura cuando, al expedirse un acto
administrativo, se busca una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales;
de ese modo, esta se relaciona de manera directa con el elemento teleológico del
acto administrativo17, en razón a que opera cuando el fin perseguido con su
expedición es distinto del interés general y no se relaciona con el propósito de la
competencia que se atribuyó al servidor público.
2.4. Lo probado
27. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:
27.1. John Mauricio Aparicio León ingresó al Ejército Nacional como alumno
suboficial en la Escuela Militar el 1° de marzo de 1995 y fue nombrado cabo segundo
el 1° de marzo de 1996. Posteriormente, se desempeñó como cabo primero,
sargento segundo, viceministro y alcanzó como su último grado el de sargento
primero. Recibió durante su carrera 122 felicitaciones y no registró sanciones18.
27.2. Mediante la Resolución 01947 del 11 de octubre de 2017, el Ejército Nacional
retiró del servicio activo a un personal de suboficiales con pase a la reserva por
solicitud propia, entre otros, al demandante con novedad fiscal al 31 de ese mes y
año19. Decisión notificada el 10 de noviembre de igual año20.
27.3. Por medio de constancia del 8 de marzo de 2018, la Sección de Atención al
Usuario DIPER certificó a su nombre un total de tiempo de servicio de 23 años, 11
meses y 7 días21.
27.4. Al expediente se aportaron los radiogramas: i) del 15 de mayo de 2017 sobre el
seminario de retiro asistido de sargentos primeros, curso 55, que se llevó a cabo
entre el 22 y 26 de mayo de 2017 y en el que se relacionaron 244 militares, entre
16 Subsección A, sentencia del 26 de noviembre de 2009, radicación 27001-23-31-000-2003-00471-
02 (1385-2009).
17 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2024, radicación 18001-23-33-000-
2017-00085-01 (66616).
18 Según el extracto de hoja de vida del 28 de febrero de 2018. Samai de Tribunales y Juzgados,
índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización (.zip)(.zip) NroActua 40», documento
2027804700Páginas 36 a 42.
19 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 32 a 34.
20 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Página 35.
21 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Página 43.
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ellos, el actor22; y ii) del 6 de otubre de 2017 en el que se registró el personal
sargento primero postulados para ascensos en el que se encontraban a Sandra
Patricia Contreras Cifuentes, Alexander González Acuña y Alexander Orozco Otero,
compañeros del demandante y que en el curso anterior no había sido llamados para
ascenso23, así como el plan de evaluación y estudio de sargentos mayores de
octubre de 2017 y el listado de personal postulado24.
27.5. Ante las notarías 49 del círculo de Bogotá John Mauricio Aparicio León25, Olga
Lucia Esquivel Lozano26 y Miguel Antonio Macera Correa27; 19 del círculo de Bogotá
Martha Liliana Castro Guayaban28; segunda de Pamplona Margarita Chelin Rico
Galvis29; tercera del Círculo de Neiva Clara Inés Candelario Guaneme30; y octava
del círculo de Ibagué Claudia Rocío Duarte Guarnizo31 comparecieron para declarar
que habían presentado la solicitud de retiro del servicio sin que ello obedeciera a
una decisión libre y voluntaria, sino como consecuencia de órdenes, presiones y
constreñimientos de la Dirección de Personal de la institución y de los diferentes
niveles de mando. Afirmaron que se les había indicado que, de no presentar la
solicitud serian retirados mediante la facultad discrecional de llamamiento a calificar
servicios en varias oportunidades como en el seminario de retiro asistido realizado
del 22 al 27 de mayo de 2017 y en la video conferencia en la que se le dio lectura
del personal seleccionado para adelantar el curso de sargento mayor.
27.6. En la audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 202332 se recibieron
los testimonios de Claudia Rocío Duarte, Martha Castro Guayabán, Miguel Antonio
Mancera Correa y Olga Lucia Esquivel Lozano33, de los que se extrae lo siguiente:
22 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 45 a 52
23 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 53 a 61.
24 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 62 a 96.
25 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 120 y 121.
26 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 123 y 124.
27 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 132 a 133.
28 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 126 y 127.
29 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 192 a 131.
30 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 135 y 136.
31 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 40, expediente digital, archivo «Contrato Digitalización
(.zip)(.zip) NroActua 40», documento 2027804700, Páginas 137 y 138.
32 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 35.
33 En la audiencia se desistió de los testimonios de Margara Chelín Rico Galvis y Clara Inés
Candelario Guaneme.
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27.7. Claudia Rocío Duarte Guarnizo conoció a John Mauricio Aparicio León desde
el año 1996, cuando ambos realizaron un curso en la Escuela de Suboficiales, y
desde entonces fueron compañeros de promoción.
27.7.1. El demandante prestó el servicio por 23 años.
27.7.2. Entre los días 22 y el 27 de mayo del 2017 en el Club de Suboficiales de
Bogotá, asistieron al curso de retiro asistido organizado por el Comando del Ejército,
en el cual se impartieron órdenes relacionadas con el proceso de retiro y con la
eventual convocatoria al curso de ascenso al grado de sargento mayor. En esa
oportunidad, «empezaron a ejercer presión diciendo que el personal que no fuera tenido
en cuenta para ascender para ser llamado a Sargento Mayor tenía que pedir la baja máximo
con 45 días de tiempo. Nos presionaron mediante esas reuniones allá del personal del
comando del Ejército. Posteriormente (…) en agosto se leyó el listado del personal que fue
tenido en cuenta para ascender en programa radial con el Sargento Mayor Pozo que era el
Sargento Mayor del comando en ese momento recalcó que por orden del comandante del
Ejército el personal que no fuese tenido en cuenta tenía el tiempo provincial que ellos habían
ordenado para que pidiéramos la baja». Asimismo, en los programas radiales les
indicaban que quienes no fueran llamados a curso «tenían que pedir la baja».
27.7.3. La presión fue ejercida por los miembros del Comando de Personal en el
retiro asistido; posteriormente, en el programa radial por el Sargento Mayor en el
que se recalcó que era orden del comandante del Ejército «pedir la baja»; y, por la
unidad a la que pertenecía.
27.7.4.Encada grado tienen derecho a durar 5 años; sin embargo, fueron
presionados y no se les permitió cumplir ese periodo, el cual acababa en marzo de
2018 tiempo que necesitaba para mejorar el «porcentaje de pensión».
27.7.5. El actor no tenía el deseo de retirase y «quería ascender, quería ser tenido
en cuenta como el resto de sus compañeros»; no obstante, el demandante y otros
compañeros radicaron «su baja cumpliendo la orden y ellos escribieron los motivos
y se la rechazaron allá en el comando personal diciéndoles que tenían que volverla
a hacer y pasarla por solicitud propia».
27.7.6. El 11 de agosto fueron citadas todas las unidades para el programa radial y
el Sargento Mayor, Posso leyó el listado del personal convocado para el curso de
ascenso. En el transcurso de la transmisión se les recalcó que quienes no habían
sido llamados a ascenso «tenían 45 días para pedir la baja» y que, al personal que
no lo hiciera se les tramitaría el retiro por llamamiento a calificar servicios. Causal
que quedaría registrada en la resolución de retiro, lo que no era decoroso y honroso
y les «afectaría mucho posteriormente en nuestra vida civil».
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27.7.7. En su caso, ella no solicitó su retiro y en el mes de noviembre la llamó un
sargento de apellido Sierra y le insistió en que cumpliera con la orden del sargento
mayor y que ello le daría una salida honrosa de la institución; sin embargo, no lo
hizo por considerarlo arbitrario y a los días le notificaron la resolución de retiro por
llamamiento a calificar servicios.
27.7.8. El retiro por llamamiento a calificar servicios afecta al militar de forma
«psicológica y moralmente porque la vida del militar sea ejército, fuerza aérea de
las fuerzas militares esta es nuestra vida y que nosotros prestemos nuestro servicio,
trabajemos veintipico años y todo para que de repente nos saquen, (…) [y] porque
no podía volver a contratar con ejército», pues «el llamamiento a calificar servicios
en las fuerzas armadas se da por faltas de algunos de los miembros, faltas
administrativas o faltas como se dice jurídicas o por psicológicas». Lo anterior,
«quiere decir que (…) le faltó a la institución, faltas contra la moral y el prestigio de
la institución».
27.7.9. La presión empezó desde que se realizó el curso de retiro asistido en agosto
de 2017, a través del programa radial y en cada una de las unidades, es decir, por
alrededor de 1 mes y medio, que correspondió a los 45 días que se les había
otorgado para presentar la solicitud de retiro por voluntad propia.
27.7.10.Tuvo conocimiento de una compañera, Sandra Contreras, que no pidió su
baja, presentó reconsideración, fue llamada al curso siguiente y ascendió al grado
de sargento mayor.
27.7.11. Al darles las instrucciones de retiro les informaron que comoquiera que
tenían 20 años de servicio podían retirarse; sin embargo, si ascendían podían
mejorar el «porcentaje de la pensión».
27.7.12. En el tiempo en el que prestó el servicio les brindaban cursos sobre las
normas que regulaban su vinculación como suboficial del ejército.
27.7.13. Tenía conocimiento que el Ejército Nacional es una institución piramidal y
que no hay cupo para el ascenso de todos los militares; sin embargo, de 244
personas que se desempeñaban en el grado de sargentos primeros, solo llamaron
a curso de ascenso a 96.
27.7.14. En la institución las órdenes se imparten de forma verbal y escrita; no
obstante, deben quedar documentadas «porque se dan en una formación o en una
en un programa».
27.7.15. Mientras ascendía el otro curso podían mantenerse en su grado lo que les
hubiese permitido aumentar el porcentaje de la asignación de retiro.
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27.7.16. Al cumplir los 20 años de servicio el demandante tenía derecho a una
asignación de retiro, ya fuese retirado por solicitud propia o por llamamiento a
calificar servicios.
27.8. Marta Liliana Castro conoció al demandante porque fueron compañeros de
curso en la Escuela de Suboficiales, cuando fueron ascendidos en el mismo curso,
y posteriormente al coincidir en diferentes unidades militares.
27.8.1. En los días del 22 y el 27 de mayo de 2017 en el club de suboficiales de
Bogotá, asistieron al «curso de preparación para la vida civil» o de retiro asistido.
27.8.2. Antes del mencionado curso, en el año 2016 cuando se desempeñaba como
asesora jurídica del segundo comandante del Ejército, el demandante le consultó
debido a que, según le manifestó, estaba siendo presionado por un general, quien
lo había amenazado de relevarlo del cargo por situaciones relacionadas con el
ejercicio de sus funciones como jefe de transporte y de índole personal. Ella le
recomendó acudir a la Procuraduría y exigir que cualquier decisión administrativa le
fuera comunicada por escrito. Posteriormente, durante el curso de retiro asistido, el
actor le informó que le habían iniciado una investigación disciplinaria porque
«presuntamente acoso[ba] a los soldados», lo que evidenciaba la presión que
ejercieron sobre él.
27.8.3. En el curso de retiro asistido y en los programas radiales dirigidos por el
sargento mayor, se les indicó que al personal que fuera convocado a curso de
ascenso debía presentar «la baja con solicitud propia dentro de los 45 días y sino
(…) [iban] a ser llamados a calificar servicio». Esta instrucción implicó una forma de
coacción, teniendo en cuenta las implicaciones que esa modalidad de retiro tenía
para la trayectoria profesional de los militares, «porque entre las premisas del
comando del ejército está que los que se han llamado a calificar servicio se tiene
como una mala conducta».
27.8.4. La presión fue ejercida por la Dirección de Personal, por intermedio de la
Oficina de Retiro en el curso de retiro asistido, por el sargento mayor, Posso, el
general Mejía y, particularmente respecto del demandante por sus unidades, pues
en una ocasión que estuvo en Florencia se dio cuenta «del maltrato por parte de
uno de los comandantes de allá».
27.8.5. No era su deseo presentar el retiro voluntario porque estaba esperando ser
llamado al curso de sargento mayor.
27.8.6. Cuando presentaron inicialmente las solicitudes de retiro explicaron que
obedecían a la orden del comandante del ejército, pero estas fueron rechazadas y
destruidas por el sargento de personal, quien les indicó que únicamente serian
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recibidas si expresaban que el retiro era por solicitud propia, razón por la que
debieron cambiarla.
27.8.7. No está segura de qué sucedió el 11 de agosto de 2017, pero cree que fue el
día en el que se les leyó el listado del personal que fue convocado a curso de
ascenso y el sargento reiteró que quienes no hubiesen sido llamados tenían que
pedir la baja dentro de los 45 días siguientes, pues, de lo contrario serían llamados
a calificar servicios.
27.8.8. Se enteró del caso de unos suboficiales que no presentaron dicha solicitud,
no fueron seleccionados en el mes de agosto de 2017 para adelantar curso a
sargento mayor, no fueron retirados del servicio activo y posteriormente fueron
ascendidos, entre ellos se encontraban «la sargenta Sandra Patricia Contreras el
sargento Orozco y creo que el otro era apellido González la sargento Contreras», lo que
fue una circunstancia atípica en la institución.
27.8.9. Conoció a la madre del demandante, quien falleció, y a los hermanos. Aunque
no tuvo conocimiento de la congoja que sufrieron los hermanos, la mamá « sí estuvo
muy triste» y le había dolido que, a su hijo, quien tuvo una muy buena hoja de vida,
no lo hubiesen considerado para el ascenso.
27.8.10. Ella trabajó en la sección de retiros, razón por la cual conocía de las distintas
formas para retirar al personal militar, entre ellas, por voluntad propia, por
disposición de la institución, por llamamiento a calificar servicios, que es cuando la
persona cumple con los requisitos para recibir una asignación de retiro, o por
«disminución de la capacidad».
27.8.11. El número de personas que asciende de un curso a uno de mayor grado
depende de la planta que en el momento se requiera.
27.8.12. Las órdenes en la institución se imparten de forma verbales y escritas, las
que se dan en programa radial quedan grabadas, pero no quedan escritas, « es muy
habitual que las órdenes radiales se pongan en una minuta, se dejen en una orden de
servicio o algo así sí dependiendo de las medidas de secuestro y dependiendo del programa
radial» (sic).
27.8.13.Tanto el retiro voluntario como el llamamiento a calificar servicio, una vez
cumplidos 20 años de servicio, otorgan el derecho a una asignación de retiro.
27.8.14.El llamamiento a calificar servicios no es una sanción disciplinaria ni una
condena de tipo penal y la resolución de retiro del demandante no contenía una
conducta de tipo reprochable porque fue por solicitud propia.
27.8.15.Tiene una demanda por similares supuestos fácticos y jurídicos.
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27.9. Miguel
Antonio Mancera Correa conoció al demandante porque fue su
compañero de curso de Suboficiales y este prestó sus servicios por 23 años.
27.9.1.Entre el 22 y el 27 de mayo del 2017 en el club de suboficiales de Bogotá
asistieron al curso de retiro del servicio activo organizado por el Comando del
Ejército, ocasión en la que recibieron la orden de presentar la solicitud de retiro en
un determinado tiempo si no eran convocados al curso de ascenso al grado de
sargento mayor.
27.9.2. Tuvo conocimiento de que el demandante había tenido un problema con un
general, cuanto ejercía funciones de jefe de transporte, debido a que se negó a
suministrarle transporte a él o a su familia para fines particulares, situación que le
ocasionó que dicho oficial le manifestara que no sería ascendido y que lo mejor era
que se retirara.
27.9.3. En cuanto a la orden de presentar la solicitud de retiro si no era llamado a
curso de ascenso, fue impartida por el Comando del Ejército y el sargento mayor, y
reiterado por este último en los programas radiales dirigidos a todas las unidades
militares.
27.9.4. John Mauricio Aparicio León no tenía el deseo de retirarse del Ejército
Nacional y quería concursar porque tenía los méritos para ello.
27.9.5. El 11 de agosto cuando fueron informados de la orden administrativa del
personal llamado a curso de ascenso para sargento mayor, en el programa radial
se dio la orden que quienes no habían sido llamados a curso tenían 45 días para
pasarle la solicitud de retiro y que, de no hacerlo, serían retirados del Ejército.
27.9.6. El demandante cumplió 23 años de servicio activo y contaba con una
excelente hoja de vida y la posibilidad de ser retirado por llamamiento a calificar
servicios generaba una afectación al momento de conseguir trabajo pues « va a
aparecer en la hoja de vida que fue echado mas no que uno se haya retirado con justa
causa».
27.9.7. La presión que se ejerció para presentar la solicitud de retiro fue constante,
porque se hacía en los programas radiales.
27.9.8. Se entero del caso de 2 suboficiales que no fueron seleccionados para el
curso y no presentaron la solicitud de retiro, pero, posteriormente, fueron llamados
al siguiente curso para ascender, entre ellos, los sargentos Sandra Castro y Orozco.
27.9.9. Conoció de vista a los familiares del demandante y sabía que tenía relación
directa con ellos, por lo que la afectación de estos fue « general, indirecta, debido a
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que uno está concursando para ascender. Lleva una excelente hoja de vida y eso afecta a
nivel general, emocionalmente. Tanto a la familia, a los hermanos, hijos, padres, lo que
tenga uno de acuerdo a su núcleo familiar, pero sí afecta bastante la tristeza».
27.9.10. Sabía de los derechos que tenía tales como «un grado, a un sueldo, a unos
beneficios como los de salud o de vivienda» y, en su caso, fue llamado a calificar
servicios después de los 20 años.
27.9.11. La carrera de suboficial va de cabo segundo a sargento mayor y no todos
asciende a este último grado pues son evaluados, aunque no conoce cuál es la
forma de evaluar. No les informan el número de cupos que hay para el ascenso,
pero, aunque el deber ser es que el número de cupos alcance para todos los
suboficiales, pero «eso es de acuerdo con la disponibilidad que necesita el Ejército».
27.9.12. Las ordenes impartidas en la institución son por órdenes de servicios, por
radiograma y son de forma verbales y escritas. No todas las órdenes verbales
quedan plasmadas en documentos.
27.9.13. Por solicitud propia o por llamamiento a calificar servicio después de 20 años
de servicio se tiene derecho a la asignación de retiro.
27.9.14. El llamamiento a la calificación de servicios no era una sanción disciplinaria.
27.9.15. El retiro por llamamiento a calificar servicios no le elimina la vinculación a
seguridad social.
27.9.16. Tiene una demanda por similares supuestos fácticos y jurídicos.
27.10. Olga Lucía Esquivel Lozano conoció al demandante porque fueron
compañeros de curso número 55 de la Escuela Inocencio Chincá y este prestó sus
servicios por 23 años.
27.10.1. Entre el 22 y el 27 de mayo del 2017 en el club de Suboficiales de Bogotá
asistieron al curso de retiro asistido de Suboficiales.
27.10.2. A John Mauricio Aparicio León y a todo el curso, una vez conocieron la
selección de los convocados a concurso de ascenso al grado siguiente, se realizó
un programa radial dirigido a todas las unidades y secciones de personal, en el que
se les informó que a partir de esa fecha tenían 45 días para darse de baja,
advirtiéndose que, de no hacerlo, serían retirados mediante llamamiento a calificar
servicios. Tal instrucción constituyó una presión porque tenían derecho a esperar a
que sus compañeros ascendieran y cumplir con el ciclo de 5 años en el grado en el
que se encontraban.
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27.10.3. La presión fue para todos los que no habían sido llamados a curso de
ascenso y fue ejercida por el general Mejía, el sargento mayor Posso, los
comandantes y jefes de personal.
27.10.4. John Mauricio Aparicio León no tenía el deseo de retirarse del Ejército
Nacional.
27.10.5. El 11 de agosto de 2017 se emitió la resolución de los llamados a curso de
sargento mayor y a quienes no fueron llamados se les otorgaron los 45 días para
solicitar el retiro, sino serían llamados a calificar servicio. Lo que tenía
consecuencias, por ejemplo, para quienes eran profesionales y querían ingresar de
nuevo a la institución, pues no tendrían oportunidad de hacerlo al haber sido
llamados a calificar servicios.
27.10.6. A un militar este tipo de retiro lo afecta «moralmente, psicológica y físicamente
porque no es esperado que uno se vaya».
27.10.7. La presión ejercida al demandante fue por los 45 días que otorgaron para
presentar la solicitud de retiro voluntario, es decir, «antes del 15 de noviembre».
27.10.8. Las solicitudes de retiro en las que señalaron por qué no estaban de acuerdo
y lo injusto de la orden no fueron recibidas y se las rompieron. Les indicaron que
debían manifestar que era por voluntad, de lo contrario, esperarían a que los
llamaran a calificar servicios.
27.10.9. Supo del caso de 2 suboficiales masculinos y 1 femenina que no presentaron
la solicitud de retiro y posteriormente fueron llamados al siguiente curso de ascenso,
esto son los sargentos mayores González, Orozco y Sandra Contreras,
circunstancia atípica en la institución.
27.10.10. Conoció a la madre del demandante porque fueron «vecinos, compañeros de
curso, nos encontramos en las reuniones militares» y el retiro de su hijo le causó tristeza,
desilusión «más que todo una depresión». A partir de ese momento «empezó a tener
recaídas médicas como enfermedades comunes. De acuerdo con la depresión, ella
presentó un cuadro de enfermedad especial, el cual la fue deteriorando poco a poco, que
se convirtió en un cáncer» y posteriormente falleció. A los hermanos también les
produjo tristeza, máxime porque esperaban que su hermano culminara la carrera
militar como su padre que había sido sargento mayor.
27.10.11. Los cupos para ascenso son debido a la necesidad del servicio de la
institución militar.
27.10.12. Las órdenes son instrucciones que son escritas.
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Demandante: John Mauricio Aparicio León
27.10.13. Ya sea por renuncia voluntaria o por llamamiento a calificar servicios una
vez cumplidos los 20 años, tienen el mismo derecho a la asignación de retiro, «pero
no la misma significación».
27.10.14. El llamamiento a calificar servicios para su gremio sí era una sanción
disciplinaria pues no les permitía ingresar nuevamente a la institución como
profesionales.
27.10.15. Con el retiro por llamamiento a calificar servicios no se le desvincula a la
seguridad social «seguimos con los mismos derechos que tiene una persona que se va
por solitud propia, pero tiene como la mancha, no sé cómo me hago entender de que uno
sale por malo y no por bueno, porque igual los derechos ya los tenemos adquiridos desde
el momento que pasamos los 20 años en la institución».
27.10.16. Tiene una demanda por similares supuestos fácticos y jurídicos.
27.10.17. En la institución no eran permitidas las reconsideraciones ni volver a llamar
al personal de un curso diferente para ascenso, según lo que vio en sus 23 años de
servicios.
2.5. Caso concreto
28. Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, se advierte que el
tribunal declaró la nulidad del acto acusado porque encontró acreditada la causal
de nulidad de falsa motivación, pues, con fundamento en las pruebas aportadas al
expediente, consideró que el demandante había presentado la solicitud de retiro
bajo presiones.
29. Por su parte, la entidad demandada sostuvo que la solicitud de retiro fue libre y
voluntaria, pues no existía prueba suficiente de presiones o coacciones por parte de
la administración. Asimismo, cuestionó el alcance otorgado a los testimonios y que
el llamamiento a calificar servicios no era una sanción. Señaló que el actor había
cumplido con los requisitos para acceder a una asignación de retiro y que la falta de
convocatoria para el curso de ascenso fue por la naturaleza piramidal de la
institución y, en todo caso, la hoja de vida del actor y su buen desempeño no le
otorgaban el derecho de ascenso ni restringían la facultad legal de retiro del servicio.
30. Del material probatorio obrante en el expediente, contrario a lo resuelto por el
tribunal, la Sala concluye que no se acreditó la configuración de los vicios de nulidad
alegados contra el acto administrativo demandado.
31. En efecto, el artículo 167 del Código General del Proceso prevé que corresponde
a las partes demostrar los supuestos de hecho de las normas cuyos efectos jurídicos
se pretenden hacer valer. En consecuencia, recaía sobre el demandante la carga
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de acreditar, con elementos de convicción suficientes, que la solicitud de retiro
voluntario fue presentada como consecuencia de presiones o actos de coacción
ejercidos por sus superiores jerárquicos, circunstancias que no se demostraron en
el proceso.
32. Esta exigencia probatoria es concordante con la jurisprudencia34 relativa a las
causales de nulidad por falsa motivación y desviación de poder, según la cual quien
las invoca debe demostrar, por una parte, la falsedad de los motivos que
sustentaron el acto administrativo y, por otra parte, que la autoridad actuó con una
finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento jurídico; no obstante, en el caso
particular, ninguno de estos presupuestos fue acreditado.
33. En torno a la falsa motivación, se observa que el acto acusado tuvo como
fundamento la solicitud de retiro presentada por el demandante. Sin embargo, ese
documento no fue incorporado al expediente, por lo que no fue posible verificar su
contenido y establecer si contenía una motivación especifica o las razones que el
actor expuso para solicitar su retiro.
34. Si bien los testigos afirmaron que las primeras solicitudes de retiro, en las que
algunos suboficiales habrían explicado las razones de su decisión, fueron
rechazadas y destruidas porque debían presentarse como solicitudes por voluntad
propia, tales manifestaciones carecen de respaldo, pues ninguno de los declarantes
aportó copia de esas solicitudes, constancia de radicación o de envío a algún correo,
una petición relacionada con el asunto o cualquier otro elemento que permitiera
corroborar esa circunstancia. Por consiguiente, las solas afirmaciones son
insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del que goza el acto
administrativo.
35. En todo caso, tal y como lo ha señalado esta Subsección, aunque el acto de
renunciar debe reflejar la voluntad indiscutible de retirarse del empleo, lo que se
traduce en una expresión de la voluntad consciente y ajena de todo vicio de fuerza
o engaño, el escrito que la contenga pueda o no exponer los motivos o razones de
su decisión, sin que se invalide el acto administrativo que la acepta. Al respecto,
esta corporación ha señalado lo siguiente35:
«No existe en el ordenamiento jurídico una disposición que impida al dimitente exponer
las razones o motivos que lo indujeron a tomar la determinación de desvincularse del
servicio público, cualquiera que éstos sean, y no es admisible acoger la tesis de que
cuando aquellos se explicitan el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia,
contraría la preceptiva jurídica aplicable a la materia, pues en ausencia de norma
determinante de su ilegalidad por esa causa, resulta arbitrario acoger tales
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023, radicado
47001-23-33-000-2019-00126-01 (4324-2021), C.P. Gabriel Vlabuena Hernández.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 1995, expediente 7700.
También se puede consultar la sentencia del 23 de febrero de 2017, expediente 08001-23-33-000-
2012- 00098-01 (1496-14), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
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planteamientos.
(…)
En esta comunicación el actor explicita los móviles que lo indujeron a renunciar
nuevamente, de una parte, salvar inconvenientes de tipo jurídico y, de otra, los
inesperados cambios en las decisiones del Director Regional, dimisión que esta vez
presenta en forma irrevocable y con efectos a partir de una fecha anterior a la señalada
en la primera renuncia que presentó. Empero, ni tal escrito ni ninguna otra prueba
allegada al expediente, evidencian que la administración haya ejercido presión sobre él
para que hiciera esta manifestación de voluntad, de hacer dejación de su empleo» (sic).
36. Asimismo, en otra oportunidad se sostuvo36:
«Si bien es cierto que la exigencia del libre albedrío está dada para proscribir cualquier
forma de constreñimiento que provenga del nominador, las afirmaciones que haga el
servidor en su escrito de renuncia no tienen vocación, por sí mismas, de constituir vicio
de la voluntad, si no hay prueba de ellas. Bien podría ser utilizado como mecanismo para
burlar el acto de aceptación, que mal puede tornarse en ilegal por el sólo hecho de incluir
razones o de realizar acusaciones, que por sí mismas no apartan la renuncia del ánimo
dimisorio.
La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia
la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la
entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado. No es
suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga al nominador de presentar la
dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir
que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de
decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar»
37. Entonces, si bien es cierto que la renuncia está precedida de un motivo, sea
expreso o no, también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí solo
el acto administrativo de su aceptación, razón por la cual se deberá demostrar que,
en efecto, ese móvil fue producto de una coacción invencible que excluyera el acto
voluntario de dimisión37.
38. En ese sentido, aunque los testigos coincidieron en señalar que durante el curso
de retiro asistido y en los programas radiales se impartieron instrucciones dirigidas
al personal que no había sido convocado al curso de ascenso al grado de sargento
mayor para que presentara la solicitud de retiro dentro de los 45 días siguientes, sus
dichos describen una situación de carácter general que, según sus percepciones,
involucró a todos los suboficiales que se encontraban en esa condición, más no
permite establecer la existencia de una presión concreta e individual dirigida al
demandante que invalidara su voluntad.
39. En efecto, pese a que 2 testigos mencionan que el actor tuvo un inconveniente
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2012, radicado:
41001-23-31-000-1998-01061-02(0469-11), C.P. Gustavo Gómez Aranguren, cita de sentencia del
23 de enero de 2003.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado:52001-23-33-000-2016-00274-
01(4697-2022), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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con un superior relacionado con hechos de corrupción, lo cierto es que ello no se
expuso en la demanda, no se aportaron pruebas en la oportunidad procesal para
ello que permitieran determinar un nexo causal con la solicitud de renuncia
presentada y las amenazas o intimidaciones directas con la entidad suficiente para
viciar su consentimiento.
40. Incluso, las afirmaciones relacionadas con los programas radiales tampoco
fueron corroboradas mediante una prueba, pese a que algunos declarantes
manifestaron que esas transmisiones quedaban grabadas o eventualmente podían
registrarse en minutas u órdenes de servicios.
41. De otra parte, los testimonios evidencian que sus conclusiones se sustentan, en
gran parte, en apreciaciones subjetivas sobre, lo que, al interior de la institución, se
entendería por el llamamiento a calificar servicios y las consecuencias que ello
podría generar para el desarrollo profesional de un militar al salir del Ejército. No
obstante, tales valoraciones personales no son prueba de que la administración
hubiese ejercido actos de constreñimiento encaminados a viciar la voluntad del
actor.
42. En ese sentido, resulta significativo que varios de los testigos reconocieran que
el llamamiento a calificar servicio no constituye una sanción disciplinaria y que, una
vez cumplido los 20 años de servicios, tanto quienes se retiraban por solicitud propia
como los que era retirados por esa modalidad tenían derecho a una asignación de
retiro y a las prestaciones derivadas de su vinculación. Esa situación desvirtúa que
esa modalidad de retiro, por sí sola, tuviera la entidad suficiente para configurar una
presión o fuerza capaz de viciar el consentimiento.
43. Contrario a tales apreciaciones, el Consejo de Estado38 sobre el particular ha
indicado:
«Tratándose del llamamiento a calificar servicios se ha dicho que tal figura entraña el
ejercicio de una facultad discrecional como potestad jurídica del Estado que permite a la
autoridad administrativa, adoptar una u otra decisión; es decir, la permanencia o retiro
del servicio cuando a su juicio, las necesidades del servicio así lo exijan. En estos
eventos, el servidor público que la ejerce es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger
la oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades.
En punto del tema del llamamiento a calificar servicios, estima la Sala que tal medida
atiende a un concepto de evolución institucional, conduciendo necesariamente a la
adecuación de su misión y la visión, a los desafíos a los que se enfrenta una institución.
(…)
En este sentido, estamos en presencia de un valioso instrumento que permite un relevo
dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción
38 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2016,
radicado: 41001-23-31-000-2003-00401-01(1129-2014), C.P. Cèsar Palomino Cortés.
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de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial
dentro de ellos»39.
44. Asimismo, esta Corporación también ha precisado que el retiro por llamamiento
a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino un instrumento por
el cual se permite que los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares disfruten
de la asignación de retiro40.
45. Adicionalmente, la Sala advierte que los testimonios manifestaron que existieron
suboficiales que no presentaron la solicitud de retiro y, pese a ello, no fueron
retirados del servicio, sino que posteriormente fueron convocados a concurso de
ascenso. Lo anterior, demuestra que la omisión de presentar la solicitud no
generaba de forma automática el llamamiento a calificar servicios, pese a como se
indicó es un instrumento legal de remover personal y no una sanción, y que
existieron casos de personas que permanecieron en la institución.
46. De conformidad con lo anterior, las declaraciones rendidas no desvirtuaron la
presunción de legalidad del acto acusado y no acreditan que el demandante hubiese
sido objeto de persecución concreta e irresistible que hubiese viciado su
consentimiento. Por ello, no se configura la causal de falsa motivación.
47. Tampoco prospera el cargo de desviación de poder, porque no obra prueba de
que la autoridad hubiese aceptado la solicitud de retiro persiguiendo una finalidad
distinta de la prevista en el Decreto 1790 de 2000, modificado con la Ley 1792 de
2016, ni que hubiese actuado con un propósito ajeno al interés público.
48. También se insiste en que no todos los miembros de las fuerzas armadas tienen
la opción, por la estructura piramidal de estas, de acceder a los mayores grados,
por lo que la no escogencia no significa una actuación que atente contra el honor
policial o represente una persecución en contra del oficial no escogido.
49. En conclusión, el demandante no demostró que: i) la solicitud de retiro voluntario
no hubiese sido presentada bajo un vicio de consentimiento; ii) hubiese existido una
presión o constreñimiento distinto de un eventual llamamiento a calificar servicios,
modalidad que como se indicó, es un instrumento legítimo previsto en la norma; iii)
la administración hubiese actuado con desviación de poder al aceptar la solicitud.
50. Por lo anterior, la Sala encuentra que el demandante no logró demostrar el vicio
de nulidad por falsa motivación y la desviación de poder, en la medida en que las
pruebas no permiten develar que el acto contenga motivaciones ocultas u otras
39 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2011,
radicado: 68001-23-31-000-2004-00753-01 (0779-11), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
40 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 18 de mayo de 2011, radicado:
54001-23-31-000-2001-00054-01(1065-10), C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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distintas de las que autorizan la norma aplicable,41 por lo que su presunción de
legalidad no fue desvirtuada, razón por la cual se impone revocar la sentencia del
14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Segunda de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, negarlas.
2.6. Conclusión
51. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión que accedió
a las pretensiones de la demanda, en consideración a que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, pues no se demostró
que la presentación de la solicitud de retiro por voluntad propia estuviese guiada por
la coacción o presión de la institución que hubiese viciado el consentimiento del
demandante.
2.7.Costas
52. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
53. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
54. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma42.
55. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
41 Modificatoria del Decreto
42En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
56. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, y en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda incoada por John Mauricio Apericio León contra la
Nación, Misterio de Defensa, Ejército Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 el CPACA.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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