Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03512-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-03512-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03512-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03512-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
Demandante: María Clara Jaramillo Jaramillo
Demandada: Nación, Defensoría del Pueblo
Temas: Renuncia motivada. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
negó las pretensiones y condenó en costas.
ANTECEDENTES
La señora María Clara Jaramillo Jaramillo, instauró demanda en contra de la
Defensoría del Pueblo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 191 del 30 de enero de 2017, mediante
la cual se aceptó la renuncia de la demandante al cargo de vicedefensora del
pueblo.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro sin solución
de continuidad al cargo que venía desempeñando o a otro de la misma o superior
jerarquía; se condene a reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta su reintegro con los respectivos
aumentos legales y en suma ajustada conforme al IPC; se disponga dar
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 (inciso 3) de la Ley 1437 de
2011 y se impongan costas procesales.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que se vinculó en el cargo de vicedefensora en la Defensoría del Pueblo, el 6 de
septiembre de 2016. Que las funciones del empleo en mención se encuentran
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
establecidas en el artículo 12 del Decreto 025 de 2014.
Que el 27 de enero de 2017, presentó renuncia motivada al empleo que venía
ejerciendo, y expresó las razones por la cuales se vio «forzada» a tomar esa
decisión, tales como: la obstaculización en el cumplimiento de sus funciones por
parte del defensor del pueblo y la asignación de aquellas a un contratista,
circunstancias que afectaron su credibilidad ante los demás empleados de la
entidad.
Que mediante Resolución 191 del 30 de enero de 2017 le fue aceptada esa dimisión
por parte del defensor del Pueblo.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
Que el acto demandado vulneró los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968; 111 y
115 del Decreto 1950 de 1973; y 2.2.11.1.2 y 2.211.1.3 del Decreto 1083 de 2015.
En el concepto de la violación se adujo que la resolución enjuiciada se expidió con
violación de las normas en que debía fundarse, pues, según lo regulado por la
normativa y la jurisprudencia, la renuncia es un acto espontáneo y voluntario; sin
embargo, el escrito de dimisión da cuenta de las múltiples situaciones laborales que
le impidieron ejercer sus funciones a cabalidad, por lo que tuvo que solicitar la
desvinculación del empleo que desempeñaba.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 25 de abril de 2018 el Tribunal admitió la demanda y la Defensoría del Pueblo al
contestar la misma, sostuvo que las disposiciones invocadas por la actora como
vulneradas no son aplicables al presente asunto, pues la entidad cuenta con un
sistema especial de carrera; y respecto de la renuncia están reguladas en los
artículos 121 y siguientes del Decreto 1660 de 1978.
Que, contrario a lo sostenido en la demanda, las situaciones descritas en el escrito
de dimisión, no tienen la magnitud suficiente para concluir que generaron una
coacción invencible con capacidad de viciar su voluntad, pues las mismas, en caso
de haber ocurrido, constituyen asuntos de carácter administrativo que debieron ser
puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes.
Que las personas convocadas por la parte demandante como testigos,
pertenecieron a su grupo de colaboradores cercanos o de confianza, y varios de
ellos tienen demandas contra la entidad en las cuales pretenden la nulidad de los
actos administrativos que declararon su insubsistencia, aduciendo que dicha
decisión fue producto de un acto de retaliación y venganza en contra de la hoy
demandante.
El 17 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el
litigio y se efectuó el decreto de pruebas. En providencia del 1.° de octubre de 2019
se celebró audiencia de pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 19 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la demandante, al considerar que no se demostró la ausencia de
comunicación entre ella y el defensor, por el contrario, se verifica la existencia de
un diálogo constante entre ellos a través de llamadas telefónicas y la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp.
Que no se allegó prueba fehaciente que demuestre la usurpación de sus funciones
por parte del contratista Andrés Ricardo Chaves Pinzón, y si bien se practicaron dos
testimonios que se contradicen, el testigo Jorge Calero ofrecía mayor credibilidad,
en la medida en que sus respuestas eran más detalladas y completas, además tenía
una amplia trayectoria en la entidad, lo cual brindaba más entendimiento del
funcionamiento de la misma.
Que tampoco se advertía la entrega de coordinación de actividades misionales a
dicho contratista o a los delegados Jorge Calero y Mauricio Redondo, pues lo
pretendido por el defensor al manifestarle a la actora que compartiera una carta de
la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos con otros servidores,
era para dar una respuesta institucional a la misma.
Que la dimisión de la señora María Clara Jaramillo Jaramillo tuvo como motivo la
disparidad de visiones que existían entre ella y el defensor del pueblo, en
consecuencia, su renuncia fue libre, espontánea y ajena de vicios de fuerza o
engaño. Finalmente, la condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que la renuncia
presentada es contraria a la libre y espontánea autonomía que le asistía, pues basta
con analizar el texto de la misiva para determinar que fue presionada por su
empleador para tomar esa decisión.
Que no se aportó prueba alguna que demuestre que el nominador, una vez conoció
las razones de la renuncia, desplegara actuación alguna para conocer los eventos
narrados y argumentados en el escrito de desvinculación, al contrario, solo 3 días
después le fue aceptada la dimisión, circunstancia que da cuenta de que no le
extrañó de manera alguna la renuncia del segundo cargo más importante de la
entidad, pues era conocedor de las circunstancias por ella alegadas y no le
interesaba corregir la situación.
Que el Tribunal de instancia incurrió en indebida valoración probatoria, toda vez que
se probó: i) que fueron múltiples las solicitudes de audiencia con el defensor para
unificar criterios a fin de impartir directrices a las delegadas, sin que fueran
atendidas; ii) el defensor del Pueblo concedió total facultad y respaldo al contratista
Andrés Ricardo Chaves Pinzón para que incidiera en las decisiones misionales, sin
siquiera tener el contrato registrado en el SECOP; iii) interferencia en las funciones
y desplazamiento laboral de la vicedefensora por parte de dicho contratista; iv) dos
meses antes de que fuera contratado ya actuaba y era partícipe de reuniones con
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
el defensor; v) en varios chats de WhatsApp se evidencia cómo debía coordinar el
ejercicio de sus actividades con el contratista.
Que el interrogatorio de parte y la prueba testimonial otorgan plena credibilidad del
trato «humillante» del que fue víctima, además se descalificaron los testimonios de
las señoras Pilar Cristina Castellanos Martínez y Andrea Rosas Ochoa, quienes de
manera uniforme manifestaron que el retiro de la demandante fue consecuencia de
un trato indignante por parte del defensor al desplazarla de sus funciones para, en
su lugar, atribuírselas al contratista.
Que, se otorgó plena credibilidad a la declaración del señor Jorge Enrique Calero
Chacón quien manifestó desconocer las razones de la renuncia de la actora, pero
afirmó conocer al contratista y su condición de asesor del defensor del Pueblo.
Que no se debió condenar en costas, pues no se demostró la causación de las
mismas, ni tampoco maniobras dilatorias o de temeridad.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 3 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Se deberá determinar si se demostró que la renuncia presentada por la demandante
al cargo de vicedefensora en la Defensoría del Pueblo fue provocada o si, por el
contrario, fue libre y espontánea.
La renuncia motivada
El acto de dimitir a un cargo como servidor público es la expresión clara del mandato
previsto en el artículo 26 superior que indica que: «Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio […]», es decir que podrá elegir cuándo vincularse al servicio de una
entidad, así como el momento en que quiere retirarse, pero siempre deberá ser
resultado de la voluntad libre y espontánea.
Inicialmente, la renuncia fue regulada en el artículo 27 del Decreto Ley 2400 de
1968, que dispuso: i) la libertad para renunciar; ii) la forma escrita para la
manifestación inequívoca de la voluntad del empleado; iii) el deber de fijar la fecha
de retiro en el acto administrativo que acepte la renuncia, que no podría ser posterior
a 30 días después de su presentación; iv) cumplido este término, la libertad del
servidor para separarse del cargo sin que se considere abandono del cargo; v) la
prohibición expresa de renuncias en blanco o sin fecha determinada y vi) de tratarse
de un cargo de carrera, la pérdida de los derechos propios de esta.
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
El Decreto 1950 de 1973 reglamentó esta disposición en los artículos 110 a 116.
Añadió que la competencia para aceptar la renuncia corresponde a la autoridad
nominadora que, si estima motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar
la renuncia, deberá solicitar el retiro de esta; sin embargo, en caso de insistencia,
procedería su aceptación.
La Ley 909 de 2004 en su artículo 41 literal d) prevé como una de las causales de
retiro la renuncia aceptada 1.
Ahora, el acto de renunciar debe reflejar la voluntad indiscutible de retirarse del
empleo, lo que se traduce en una expresión de la voluntad consciente y ajena de
todo vicio de fuerza o engaño. Esto lleva consigo, entonces, que en el escrito que
la contenga pueda o no exponer los motivos o razones de su decisión, sin que se
invalide el acto administrativo que la acepta.
Esta Corporación 2 ha sostenido que la renuncia siempre está precedida de un
motivo, sea expreso o no, pero el caso de que sea explícito no invalida por sí solo
el acto administrativo de su aceptación, razón por la cual se deberá demostrar que,
en efecto, ese móvil fue producto de una coacción invencible que excluyera el acto
voluntario de desvincularse.
Resolución al caso concreto
El 27 de enero de 2017, la señora María Clara Jaramillo Jaramillo presentó escrito
de renuncia 3 como vicedefensora del pueblo, cargo de libre nombramiento y
remoción4, ante el defensor del pueblo en el cual expuso lo siguiente:
«[…] 1. No fue posible establecer con usted canales claros de comunicación, a
pesar de solicitarle audiencia para que me atendiera, lo cual impidió unificar
criterios para impartir directrices a las Defensorías Delegadas y Direcciones
Nacionales. La finalidad que buscaba era exponerle los temas a resolver,
presentarle la propuesta de la delegada, o Dirección y la postura o concepto por
parte de la suscrita, y recibir de su parte la definición del lineamiento y política
institucional a seguir.
Además de lo anterior, mi posición como Vicedefensora del Pueblo fue opacada
y demeritada por usted al autorizar que el contratista ANDRES (SIC) RICARDO
CHAVES PINZON (SIC), tuviera desde el inicio de mi gestión incidencia en las
decisiones misionales que por competencia me correspondía adoptar. Tan es
así que mi credibilidad ante los funcionarios se ve afectada debido a que el
contratista […] cita a reuniones de asesores de despacho […] para establecer
temas misionales prioritarios a resolver, función que es de resorte de la suscrita.
[…]
De las funciones transcritas, las relacionadas en los numerales 1, 3 y 7 del
1 Normativa aplicable al presente asunto de forma supletiva tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 3 de la
mencionada disposición, en la medida que la Ley 24 de 1992 y los Decreto 025 y 026 del 2014 no establecen
disposición al respecto. Se destaca que, si bien el artículo 166 de la Ley 201 de 1995 (derogado parcialmente
por el Decreto 262 de 2000) regula el retiro del servicio, solo trata de los empleos de carrera administrativa.
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de mayo de 2006. Exp. 25000 23 25
000 1999 01735 01 (3985-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero Tesis que fue reiterada por la Subsección B.
Sentencia del 15 de febrero de 2024. Exp. 52001-23-33-000-2016-00274-01(4697-2022). C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
3 Folios 5 a 9 del cuaderno físico principal.
4 Según el literal a), numeral 2 del artículo 15 del Decreto 26 de 2014 «por el cual se establece el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones».
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
artículo 12 del Decreto 025 de 2014, entre otras, fueron usurpadas y están
siendo desarrolladas por el señor ANDRÉS RICARDO CHAVES PINZON (SIC),
quien, se repite, en varias ocasiones […] ha manifestado que de acuerdo con la
nueva estructura orgánica (no legal), la Vicedefensora del Pueblo se encuentra
por debajo del cargo de contratista que él ostenta, […] lo cual conlleva al
incumplimiento de los objetivos misionales y la falta de legitimidad por parte del
contratista que está dirigiendo, liderando y coordinando la gestión de las
Direcciones Nacionales y Defensorías Delegadas. […]».
En el punto 2 sostuvo que, el 25 de enero de 2017, le fue enviado en sobre cerrado
un proyecto de contestación a un recurso de apelación interpuesto por un empleado
de la Defensoría Regional de Guainía, el cual debía ser firmado por ella en calidad
de defensora de pueblo encargada; sin embargo: i) tenía fecha anterior al día en
que fue enviado; ii) el 25 de enero ya no tenía funciones de defensora; iii) difería
jurídicamente del contenido del escrito; y iv) omitía relacionar el nombre y cargo del
empleado que lo proyectó, así como quién lo revisó.
La renuncia fue aceptada mediante Resolución 191 del 30 de enero de 2017 5 por
parte del defensor del Pueblo y notificada en esa misma fecha6.
El 2 de febrero de 2017, el titular de la entidad se pronunció en relación con los
argumentos expuestos por la demandante en el documento de dimisión 7, señalando
que siempre estuvo presto a atenderla en el despacho para evacuar las diferentes
temáticas del rol misional de la entidad, por lo que autorizó la realización de
reuniones que ella presidió con directores nacionales y delegados durante los
meses de noviembre y diciembre de 2016. Que, dado el volumen de trabajo a cargo
de los dos, existían ocasiones en la cuales no pudieron tener reuniones con mayor
frecuencia.
Que, si bien, el contratista Andrés Ricardo Chaves Pinzón asistió a dos reuniones,
tal situación obedeció a la búsqueda de una articulación de los diferentes actores
de la Defensoría, máxime cuando el objeto contractual pactado con aquel tiene
relación directa con la asesoría en el fortalecimiento institucional, circunstancia que
en ningún momento implicó la usurpación de funciones.
Que sí manifestó a los directivos que podían recurrir al él por intermedio del señor
Chaves; sin embargo, ello obedeció al establecimiento de un medio adicional de
comunicación, con ocasión de sus múltiples desplazamientos por todo el territorio
del país, lo cual le impedía comunicarse en todo momento con los directivos de las
dependencias a su cargo.
Que el mencionado contratista no adoptó decisiones en nombre de los funcionarios
de planta y su labor ha sido la de rendirle conceptos respecto de temas puntuales
que no tienen el carácter vinculante para la Defensoría, a menos que el defensor
los comparta y los plasme en actos administrativos. Que, en su sentir, la verdadera
razón de la renuncia por ella presentada, fue porque no le autorizó algunos
desplazamientos internacionales que solicitó.
En este sentido, la Sala procederá a analizar los motivos expuestos en el escrito de
5 Folio 3, ibid.
6 Folio 4, ibid.
7 Folios 136 a 140, ibid.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
renuncia, así:
Ausencia de canales de comunicación
La señora María Clara Jaramillo Jaramillo al despachar el interrogatorio de parte 8
afirmó que en varias oportunidades solicitó reuniones personales con el defensor
para tratar temas importantes, pero no fue posible, situación que le impidió ejercer
en debida forma su función. Sin embargo, también sostuvo que la comunicación con
el defensor del pueblo era por medio de chats de WhatsApp, pues tenían dos
grupos, uno entre ellos dos y otro denominado «temas neurálgicos», en el que se
incluyó al contratista Ricardo Andrés Chaves Pinzón.
Sobre este mismo punto, se practicó el testimonio del señor Jorge Enrique Calero
Chacón9, vinculado a la Defensoría del Pueblo desde el año 1994, quien para la
época de los hechos se desempeñaba como defensor delegado, y al ser indagado
sobre cuáles eran los canales de comunicación entre la vicedefensora y defensor,
señaló que el diálogo normal, «pues las oficinas eran cercanas y lo que yo
observaba es que había una comunicación normal, natural».
La otra declarante Pilar Cristina Castellanos Martínez 10, amiga personal de la actora
desde el año 2011 cuando se desempeñaba en la Academia Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores y quien también hizo parte de su equipo de
trabajo como asesora en la Defensoría del Pueblo, expuso que ellos en muy pocas
oportunidades se pudieron reunir, porque cuando ella le solicitaba audiencia, pocas
veces se la concedía. Que, además, tenía conocimiento de dicha situación porque
estaba en el mismo piso, ella se dirigía al despacho del defensor y le solicitaba al
secretario las citas, por lo que la comunicación era por teléfono o vía chat.
Por otra parte, la señora Andrea Milena Rosas Ochoa11, amiga cercana de la
demandante desde su labor en el Ministerio de Relaciones Exteriores y quien ejerció
actividades como profesional especializado de la Vicedefensoría, indicó que existió
muy poca comunicación entre los equipos de esa dependencia y el defensor del
Pueblo; pero, ante la pregunta de si sabía o le constaba cuáles eran los canales de
comunicación entre la vicedefensora y el defensor, contestó: «no sé».
Para la Sala no se demostró la ausencia de comunicación entre la actora y el titular
del despacho de defensor, pues si bien las dos testigos afirmaron que aquella era
deficiente, lo cierto es que los pantallazos de WhatsApp 12 aportados por la
demandante, apoyan el dicho del testigo Calero Chacón, en el sentido de que existía
un diálogo constante entre ellos.
Así, el 31 de octubre de 2016 la demandante le consulta una situación relacionada
con la revocatoria de un acto administrativo que dio por terminado un encargo, un
8 Minuto 0:5 a 0:37 del cd visible a folio 238 del cuaderno físico principal.
9 Minuto 0:38 a 1:24, ibid.
10 Minuto 1:27 a 1:57, ibid.
11 Minuto 1:58 a 2:28, ibid.
12 La Corte Constitucional en sentencias T-043 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y T- 238 de 2022.
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, ha señalado que se les concede el valor de prueba indiciaria ante la
debilidad de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el contenido, por lo cual «deben
ser valoradas de forma conjunta con los demás medios de prueba».
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
nombramiento en provisionalidad y se nombra en periodo de prueba por orden
judicial, a lo cual le responde «no te entiendo, ya te llamo»13.
El 2 de noviembre del mismo año, aquella le señala que para empezar a mirar lo de
la planta de personal de la Vicedefensoría, que ha estado recibiendo personal que
han solicitado cita 14; sin embargo, no allega más capturas hasta el 6 de diciembre
en el que informa que ya ha llevado a cabo varias de las entrevistas para tal fin 15.
En otra comunicación entre el defensor y la vicedefensora el 27 de diciembre de
2016, en el cual ésta última le informa respecto de un concepto que está para su
firma, y este le responde que el viernes que regrese de viaje la revisa16. En otra de
las notas (2 de noviembre) le dice que si está de acuerdo con citar a reuniones
semanales con las delegadas y el defensor le responde que de acuerdo 17.
Al realizar una valoración en conjunto de la prueba documental y testimonial se
puede observar que tenían un intercambio continuo con el fin de coordinar aspectos
puntuales y misionales de la entidad. Si bien las reuniones no eran tan frecuentes,
ello se debió a las diferentes agendas de los dos directivos, sin que se haya
demostrado que esta situación impidió el normal ejercicio de las actividades
encomendadas a la demandante como vicedefensora.
Usurpación de funciones
En el recurso de apelación se expuso que el contratista Andrés Ricardo Chaves
Pinzón siempre incidió en las decisiones que debía adoptar la señora María Clara
Jaramillo Jaramillo en ejercicio de sus funciones
En el interrogatorio de parte la actora sostiene que ello consistió en que el contratista
citaba a las reuniones a los delegados y directores, pese a que dichas dependencias
pertenecían al despacho de la Vicedefensoría, siendo su labor coordinar y dirigir los
temas misionales de la entidad.
Esta afirmación no tiene respaldo probatorio suficiente para llevar a la convicción a
esta Subsección de la alegada circunstancia, pues, si bien las testigos Andrea
Milena Rosas Ochoa y Pilar Cristina Castellanos Martínez afirmaron en su
declaración que ello ocurrió, lo cierto es que carecen de contundencia para probar
su dicho.
Así, tal como se analizó en párrafos anteriores, a pesar de que la señora Rosas
Ochoa indicó que tenía conocimiento que el contratista Andrés Chaves ejerció las
funciones que se encontraban asignadas legalmente por la demandante, no supo
señalar cuáles eran las actividades por él desarrolladas, solo le consta que hacía
reuniones, sin embargo, nunca estuvo presente, ni supo qué servidor las convocaba
o qué temas se trataban.
13 Folios 37 a 41, ibid.
14 Folio 42, ibid.
15 Folio 43, ibid.
16 Folios 44 a 46, ibid.
17 Folios 74 a 75, ibid.
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
Por su parte, la declarante Castellanos Martínez insistió en que el contratista usurpó
las funciones de la vicedefensora, especialmente cuando convocaba a reuniones a
los defensores delegados y directores nacionales sin la presencia de aquella, siendo
necesaria por las labores a ella encomendadas. También cuando la actora daba
una instrucción y el aludido contratista ya había tomado otra determinación.
Esta aseveración no guarda concordancia con la prueba documental suscrita por la
misma demandante en el informe de gestión entre el 6 de septiembre de 2016 y el
30 de enero18, por ella presentado, esto es, mientras se desempeñó como
vicedefensora, pues, conforme se observa, tuvo al menos 4 reuniones de
coordinación de direcciones y delegadas en la sala de juntas del defensor.
Puntalmente, en ese aparte indica: «[…] mediante las cuales se imparten directrices
y lineamientos para el adecuado funcionamiento y cumplimiento misional de la
entidad».
En dicho documento, además señaló las múltiples tareas que realizó durante el
ejercicio de su cargo en los siguientes ítems: i) derechos de petición; ii) gobierno en
línea; iii) civilidad laboral; iv) fortalecimiento del Ministerio Público en los municipios;
v) sistema de responsabilidad penal de adolescentes; vi) comisiones a Ginebra, San
José de Costa Rica, Ecuador; entre otras.
Sumado a ello, se encuentran los correos 19 fechados 16 y 23 de enero de 2017, los
cuales tuvieron como asunto «reunión con directivos y delegados», así como la
«entrega de propuestas del plan de acción de delegadas y direcciones»,
respectivamente. En ambos, se incluyó como uno de los asistentes necesarios al
contratista Andrés Ricardo Chaves Pinzón, pero también a la demandante, y en
ninguna de las dos citaciones se acredita que quien las convocaba era el contratista,
por el contrario, obra como organizador: «asuntosdefensor».
Lo señalado, es coincidente con el dicho del testigo Jorge Enrique Calero Chacón,
quien aseguró que para la época en que la actora estuvo vinculada él se
desempeñaba como delegado, nunca fue «llamado a una reunión directamente por
él -contratista- para obtener un direccionamiento o lineamiento al respecto; las
reuniones o eran convocadas por la Vicedefensoría o por la Defensoría del Pueblo».
Además, que ella tenía plena autonomía para desarrollar su función y no le consta
que se le hayan entregado esas actividades al contratista.
Que, si bien el contratista participó en algunas de las reuniones, ello se debía a su
actividad como contratista-asesor del despacho del defensor y porque tenía la labor
de apoyar en la construcción del plan estratégico de la entidad, al cual todos fueron
convocados a participar y contribuir en la construcción de aquel y el plan de acción
u operativo, por lo que «ella nos reunía y él participaba de la reunión, en el marco
de las obligaciones contractuales de recoger la información, escuchar las
intervenciones de los diferentes directores y defensores delegados para hacerse a
los insumos que requería la construcción del plan estratégico».
Que, para tal fin, se reunían en la oficina de la vicedefensora o en la Sala de Juntas
del Despacho del defensor, y allí se compartían cuáles eran las actividades, las
18 Folios 97 a 123 del cuaderno de antecedentes.
19 Folios 96 y 97, del cuaderno físico principal.
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
metas, los propósitos, qué tareas se iban a desarrollar, como insumos para la
construcción del Plan Estratégico Institucional, esto es, un trabajo articulado entre
el «vicedespacho y funcionarios, directores nacionales, defensores delegados, jefes
de dependencias, ese es el trabajo que se realiza, y ahí la vicedefensora cumplió
un papel importante en la convocatoria de las reuniones de los equipos de directores
nacionales y delegados que en ese momento estábamos a cargo de esa dirección
por parte de la Vicedefensoria».
Este dicho cuenta también con respaldo documental, pues en el informe de gestión
que se analizó en apartes anteriores, la misma demandante incluyó la elaboración
del plan de acción vigencia 2017 para el informe de gestión que el defensor debió
presentar ante el Congreso de la República.
Nótese como el delegado para esa época sí supo dar respuesta coherente respecto
de las actividades que realizaba tanto la vicedefensora como el contratista Andrés
Ricardo Chaves Pinzón, tenía el conocimiento de cómo funcionaba internamente la
entidad, no presenta inconsistencias y se encuentra vinculado a la Defensoría del
Pueblo desde el año 1994. Su coherencia llega a tal punto que concuerda con las
pruebas documentales allegadas, otorgando a esta Subsección credibilidad en
relación con sus afirmaciones.
Ahora, en lo que tiene que ver con el argumento expuesto en el recurso de apelación
en el sentido de que algunos de los pantallazos de las conversaciones sostenidas
en la aplicación de WhatsApp con el contratista, muestran la injerencia de aquel en
las funciones encomendadas a la señora María Clara Jaramillo Jaramillo, para la
Sala no es de recibo, pues el hecho de que le haya señalado al señor Andrés
Chaves que le había entendido al defensor que él la acompañaba al almuerzo con
las delegadas 20 (15 de noviembre); no quiere decir que se le haya interferido en sus
funciones, sino que, como asesor encargado de articular el plan estratégico, asistía
a esas reuniones con los delegados y directores para acopiar la información que
requería para ejecutar dicha actividad.
De otra parte, no fue demostrada la supuesta entrega de actividades misionales al
señor Andrés Ricardo Chaves Pinzón y a los delegados Jorge Calero y Mauricio
Redondo, porque según se advierte en la captura de chat del 17 de enero 21 el
defensor le manifestó a la actora que le recomienda que la carta remitida por Paula
Gaviria de la Alta Consejería Presidencial en la cual solicita reforzar los acuerdos
de los derechos humanos 22, comparta una copia con Mateo para análisis y que
también a Calero, Redondo y Chaves.
Ello no significa que la haya despojado de sus funciones, simplemente da cuenta
de que para ese fin debían estar varias dependencias, esto es, era un trabajo en
equipo, tal como el mismo defensor lo alegó en esa conversación «para mirar como
(sic) los trabajamos», sin que se pueda desprender una usurpación de sus tareas,
pues no era competencia exclusiva de ella, sino que le competía a toda la
Defensoría como institución.
20 Folios 76 a 77, ibid.
21 Folios 61 a 63, ibid.
22 Folios 65 a 66, ibid,
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
Tampoco se acreditó que la relación entre el defensor y la vicedefensora fuera
irrespetuosa o con desconocimiento de su labor por parte del nominador, por cuanto
todos los testimonios fueron coincidentes en señalar que era cordial y respetuosa.
En igual sentido, que el contratista Ricardo Andrés Chaves Pinzón ejerció en el año
2016 actividades sin tener contrato, pues según la certificación expedida por la
responsable del Grupo de Contratación de la Defensoría del Pueblo, tuvo dos
contratos: i) entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016; y) desde el 24
de enero hasta el 30 de noviembre de 2017 23.
Respecto de los recortes de prensa en los cuales se informa la renuncia de la
vicedefensora 24, como lo ha sostenido esta Corporación no es posible darles pleno
valor probatorio a la información divulgada en los diferentes medios de
comunicación, pues lejos de acreditar la ocurrencia de los hechos que documentan,
las publicaciones periodísticas, dan cuenta únicamente del registro mediático de
los mismos 25, y no generan por sí solos, la convicción a esta Sala de que a renuncia
presentada por la demandante no fue libre y espontánea.
Finalmente, en relación con la tesis expuesta en el recurso de alzada, en el sentido
de que el nominador era conocedor de las circunstancias alegadas y no le
interesaba corregirlas, pues aceptó la renuncia tres días después de ser
presentada, a pesar de que se encontraba motivada, no es de recibo, pues según
se analizó anteriormente, la dimisión puede estar precedida de un motivo explícito,
pero aquella circunstancia no invalida por sí solo el acto administrativo de su
aceptación, y mucho menos puede considerarse como indicio de que son ciertas
las aseveraciones realizadas en ese escrito, porque deben acreditarse.
Al efectuarse una valoración integral de los medios de convicción del proceso, no
se logró demostrar que la renuncia presentada por la demandante haya sido
consecuencia de una supuesta usurpación de funciones o una presión que limitara
el ejercicio de su voluntad libre y espontánea de desvincularse del ejercicio de su
cargo.
De la condena en costas en ambas instancias
Por último, la Sala se referirá la condena en costas impuesta por el Tribunal de
primera instancia y examinará su procedencia en esta instancia. Cabe precisar
respecto de lo primero que, la parte demandante alega que no se causaron, pues
su actuación siempre fue con observancia de los principios de buena fe y lealtad
procesal.
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 26 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
23 Folios 4 a 8 del cuaderno de antecedentes administrativos.
24 Folios 148 a 166, ibid.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de julio de 2015, radicado:
11001-03-15-000-2014-00105-00(PI), magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
26 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03512-01 (2651-2021)
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión que
negó las pretensiones, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP 27,
y observando los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas
intervenciones, no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el
contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida el diecinueve
(19) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. En su lugar, no condenar en
costas a la demandante.
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la sentencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las
anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
27 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.