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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01962-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01962-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el primero (1.°) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones. En su lugar, Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, respecto del 35 «Sobre régimen político y municipal». 36 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». 17 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 25000-23-42-000-2016-01962-01 (2346-2019) Memorando I-GAPT-15032138 del 22 de octubre de 2015; según las consideraciones expuestas. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, conforme lo expuesto. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer personería adjetiva a la abogada Nelcy Aleyda Mesa Albarracín identificada con cédula de ciudadanía 37.754.920 y portadora de la tarjeta profesional 133.837 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, según poder a ella conferido visible a índice 16 Samai. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-01962-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-01962-01 (2346-2019)
Demandante: María Clara Jaramillo Jaramillo
Demandada: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores

Temas: Renuncia motivada. No se demostró que la dimisión presentada
al cargo haya sido como consecuencia de un acoso laboral.
MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el primero (1.°) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María Clara Jaramillo Jaramillo instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Relaciones Exteriores, ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Memorando I-GAPT-15032138 del 22 de octubre de
2015 que no aceptó la renuncia motivada al cargo de directora de la Academia
Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de la Resolución 7265 del 18
de noviembre de 2015 a través de la cual el viceministro de Asuntos Multilaterales
de la mencionada entidad aceptó dicha dimisión.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro sin solución
de continuidad al cargo que venía desempeñando o a otro de la misma o superior
jerarquía; se condene a reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta su reintegro con los respectivos
aumentos legales y en suma ajustada conforme al IPC; se disponga dar
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y se
impongan costas procesales.

HECHOS

Radicación: 25000-23-42-000-2016-01962-01 (2346-2019)

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora María Clara Jaramillo Jaramillo se vinculó al Ministerio de Relaciones
Exteriores en la Academia Diplomática «Augusto Ramírez Ocampo» a partir de
2011, y en el año 2014 asumió como directora.

Que, el 5 de octubre de 2015 presentó renuncia motivada al empleo que venía
ejerciendo, para lo cual adujo inconvenientes de comunicación con el director de
Talento Humano y usurpación de funciones por parte del jefe de Control Interno
Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que mediante Memorando I-GAPT-15032138 del 22 de octubre de 2015 el director
de Talento Humano le comunicó la imposibilidad de aceptar la dimisión al
encontrarse motivada.

Que, el 18 de noviembre de 2015 el viceministro de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó la renuncia por ella presentada el 5 de
octubre de la citada anualidad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

Que se vulneraron los artículos 2.2.11.1.2, 2.2.11.1.3 y 2.2.11.1.6 del Decreto 1083
de 2015 y 7 del CPACA.

En el concepto de la violación se adujo que los actos enjuiciados se encuentran
afectados de nulidad por violación de las normas en que debían fundarse, en la
medida en que el derecho a renunciar es un acto de disposición que tiene todo
empleado. Que la renuncia presentada tenía como fundamento circunstancias
laborales de «hostigamiento, menosprecio y descalificación», por parte del director
de Talento Humano, conductas que son constitutivas de acoso laboral.

Que la resolución que le aceptó la renuncia al haber decidido lo contrario de lo que
ya había resuelto el director de Talento Humano al no aceptarla, ya le había creado
una situación jurídica de carácter particular y concreta; circunstancia que comportó
la revocatoria directa sin que se le hubiera solicitado su consentimiento y
garantizado previamente los derechos de audiencia y defensa.

Que entre la fecha de presentación de la renuncia (5 de octubre de 2015) y el acto
administrativo que la aceptó (15 de noviembre de 2015), transcurrieron más de 30
días de que trata la ley, por lo que la Resolución 7265 de 2015 es ilegal.

Falta de competencia, porque según lo regulado en el manual de funciones y
competencias laborales, es al ministro (a) de Relaciones Exteriores a quien le
compete aceptar la renuncia, por lo que el director de Talento Humano al
pronunciarse al respecto, usurpó la facultad nominadora.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El 11 de mayo de 2016 el Tribunal admitió la demanda y el Ministerio de Relaciones
Exteriores se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que la

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renuncia cumplió con todos los requisitos legales, pues no obedeció a una presión,
coacción, hostigamiento en contra de la actora. Que, si bien en su escrito expresó
varias situaciones de inconformidad y hasta un supuesto acoso laboral, lo cierto es
que la administración podía aceptar su renuncia, porque expresó la voluntad de
retirarse del empleo que desempeñaba.

Que en ningún momento la administración adelantó el procedimiento de revocatoria
directa, porque el primer escrito no le creó una situación particular y concreta, por
el contrario, la demandante posteriormente mediante otro escrito, insistió en su
intención de desvincularse.

Que no se presenta falta de competencia, porque la renuncia fue aceptada por el
viceministro de Asuntos Multilaterales que, para ese momento, se encontraba como
delegado de las funciones del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores.

Que los 30 días deben contabilizarse como
hábiles, según lo prevén los artículos 62 de la Ley 4ª de 1913 y 27 del Decreto 2400
de 1968, por lo que el plazo vencía el 19 de noviembre de 2015, y el acto se expidió
el 18 del mismo mes y año, esto es, dentro del término legal.

Formuló la excepción de inepta demanda por cuanto el Oficio I-GAPT-15-032138
del 22 de octubre de 2015 no puso fin a la actuación administrativa y, por tanto, es
de trámite o preparatorio dentro del procedimiento de la aceptación de la renuncia
presentada por la parte actora, por lo que no es susceptible de control judicial.

El 2 de febrero de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se declaró no
probada la excepción de inepta demanda, se fijó el litigio y se decretaron pruebas.
En providencias del 24 de marzo y 19 de mayo de 2017 se celebró audiencia de
pruebas, y, en esta última se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

En sentencia del 1.° de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas, al indicar que el Oficio I-GAPT-15-032138 del 22 de
octubre de 2022 fue expedido sin competencia, pues le correspondía expedirlo a la
ministra de Relaciones Exteriores; sin embargo, este vicio no permitía el
restablecimiento del derecho solicitado, toda vez que la actora no presentó una
nueva dimisión sino que en escritos del 27 de octubre, 9 y 17 de noviembre solicitó
hacer efectiva la renuncia.

En relación con la falta de competencia al expedir la Resolución 7265 del 18 de
noviembre de 2015, sostuvo que de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 489 de
1998, los viceministros tienen dentro de sus funciones la de suplir al ministro en las
faltas temporales, por lo que fue expedida por funcionario competente.

Que, al valorar las pruebas testimoniales en conjunto, no se demostraba el acoso
laboral que alegó la parte actora, porque al comparar los mismos testimonios
rendidos dentro del proceso con los recibidos en la investigación disciplinaria con
ocasión de la queja interpuesta por la señora María Clara Jaramillo Jaramillo contra

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el director de Talento Humano de la entidad, se observaba su incongruencia. Que,
respecto del otro testimonio en este proceso, era de oídas y por sí solo no daba
cuenta del presunto acoso laboral.

Que en consecuencia no se demostró el nexo de causalidad entre lo alegado por la
parte demandante y la renuncia motivada presentada, por lo que su dimisión fue
una expresión libre y espontánea que no invalida el acto que la aceptó.

Que al ser la parte vencida en el presente asunto era procedente la condena en
costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que con la
prueba documental y testimonial se acreditó el hostigamiento y acoso por parte del
director de Talento Humano, los cuales fueron descritos en la renuncia motivada,
situaciones que afectaron su voluntad y que, al ser provocada debe accederse al
reintegro solicitado.

Que, al realizar un comparativo entre las funciones del cargo por ella desempeñado
y del jefe de control disciplinario interno, según el manual de funciones y
competencias laborales de la entidad, es claro que la elaboración y proyección del
acto administrativo de ingreso a la carrera diplomática para el año 2017 era de su
competencia, lo cual constituye una usurpación de funciones por parte de la cartera
del área disciplinaria.

Que los testimonios recibidos a sus compañeros de trabajo, quienes tuvieron
conocimiento de los hechos que dieron origen a su renuncia, se tornan idóneos para
probar lo descrito en la demanda y otorgan credibilidad respecto de los
antecedentes de su dimisión; además, son coincidentes entre sí. Que dichos medios
de convicción no fueron valorados de forma integral por el Tribunal de primera
instancia.

Que en la sentencia apelada se omitió efectuar pronunciamiento de la totalidad de
los cargos invocados, esto es, el desconocimiento del término perentorio para
aceptar la renuncia que son 30 días calendario y no hábiles como aconteció en este
caso. Agregó que no hay norma que impida la renuncia motivada tal como lo ha
reconocido el Consejo de Estado de forma reiterada, por lo que debió ser tramitada,
obligación que incumplió la entidad demandada.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 18 de julio de 2019 se admitió el recurso de apelación y el 24 de octubre
del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

La parte demandante sostuvo que se remitía a los argumentos expuestos en la
demanda, alegatos de primera instancia y recurso de apelación.

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La parte demandada, aunque fue de forma extemporánea, solicitó se confirme la
sentencia de primera instancia al reiterar los razonamientos indicados en la
contestación de la demanda.

El Ministerio Público guardó silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se deberá determinar si se demostró que la conducta desplegada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores fue constitutiva de acoso laboral y, por consiguiente,
representó una coacción invencible que llevó a la demandante a que presentara la
renuncia a su cargo.

Cuestión previa - De los actos administrativos susceptibles de control judicial
en el presente asunto.

Aún «cuando no hayan sido objeto de recurso de apelación los presupuestos procesales
son siempre materia de análisis previo por el superior»1; por ello, previo a dilucidar sobre
los motivos de inconformidad formulados en el escrito de alzada, procederá la Sala
a verificar si en el presente asunto, aquellos se satisfacen.

Lo anterior, en la medida que los presupuestos procesales constituyen los requisitos
mínimos para la actuación válida y regular del proceso contencioso administrativo,
pues determinan su nacimiento legítimo, su desarrollo normal y su culminación con
una sentencia, de manera que, deben ser analizados por el juez en cualquier
instancia del proceso, quien haciendo un estudio de los aspectos formales de la
misma determina su presencia, pues de no ser así, por regla general, produce
decisiones inhibitorias 2.

Ahora bien, en la doctrina general se indican como presupuestos procesales, los
siguientes: i) agotamiento de la actuación administrativa; ii) que la acción no haya
caducado; iii) capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso; iv)
demanda en forma; v) competencia del juez; y vi) pago previo.

Concretamente, sobre el presupuesto de demanda en forma, debe decirse que «es
la carta de navegación para el proceso, es lo que le permite al juez determinar si tiene
competencia atribuida para desatar la litis que se le propone y determinar la procedencia
de la acción en ese momento. También delimita el objeto de la contención, al cual la parte
demandada se circunscribirá en la defensa de su interés»3.

Para determinar si se cumple el presupuesto en cita, el juez administrativo debe
verificar que se satisfagan las exigencias del CPACA que prevén sobre el contenido
de la demanda, la individualización de las pretensiones y los anexos que deben
allegarse.

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 031 del 29 de noviembre de 1982.
2Idea extraída de PALACIO. Hincapié. Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Sexta Edición. Librería

Sánchez LTDA. 2006. Tesis acogida por esta Subsección en sentencias del 20 de junio de 2019, radicados: 25-
000-23-42-000-2017-04174-01 (1273-2023) y 25-000-23-42-000-2017-01377-01 (1340-2021).
3 Derecho Procesal Administrativo. Juan Ángel Palacio Hincapié. 4ª Edición 2004. Página 181

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El artículo 138 del CPACA, al regular el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dispone: «Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. […]». Concordante con lo anterior, el
artículo 163, sobre la individualización de las pretensiones prevé: «Cuando se
pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión.
[…]».

Esta Corporación4 también se pronunció sobre el particular de la siguiente forma:

«Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión
alegada sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse
en un restablecimiento en favor de la parte demandante.
[…]

De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto
definitivo particular que se demanda, es una declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue
la situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente
restablecimiento en sede judicial y a través del respectivo medio de control».
(Se destaca).

En consecuencia, el requisito de la demanda relativo a la individualización con
precisión del acto reprochado significa que este debe ser el que real y
definitivamente le creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular del
administrado.

En términos generales, dicho medio de defensa de carácter previo se refiere a una
garantía procesal que busca evitar la expedición de un pronunciamiento judicial que
haga tránsito a cosa juzgada, con el cual se termine dirimiendo un conflicto que
desde el comienzo pudo haber estado mal planteado por el incumplimiento de las
exigencias relacionadas con el contenido y anexos de la demanda regulados en los
artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA.

Es decir, el fin de este mecanismo es impedir que se atente contra el debido
proceso y la tutela judicial efectiva que buscan una administración de justicia
eficiente, eficaz, material y ajustada a las reglas propias de cada actuación.

Pese a lo anterior, dicha figura jurídica ha tenido una variación interpretativa con el
fin de volverla más restrictiva para evitar su decreto al máximo, esto debido a sus
efectos indeseables de indeterminación del asunto que afectan y desgastan tanto
a las partes como al propio juez 5.

Ahora, en el presente asunto se demandan dos actos administrativos a saber: i) el
oficio que no acepta la renuncia; y ii) la resolución que la acepta. Respecto del Oficio

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 25000-23-

42-000-2016-03390-01(4082-17).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 21 de

abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014); y Sentencia del 15 de enero de 2018.
Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).

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I-GAPT-15032138 del 22 de octubre de 2015 6, el director de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó lo siguiente:

«[…] De manera atenta le comunico que la renuncia presentada por usted el día
5 de octubre de 2015, al cargo de Directora de Academia Diplomática, no puede
ser aceptada por cuanto se encuentra motivada.

Al respecto le informo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.11.1.3
del Decreto 1083 de 2015 “La renuncia se produce cuando el empleado
manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de
separase del cargo”.

En consecuencia, le agradezco remitirla nuevamente, a partir del 3 de
noviembre y sin motivación, con el fin de expedir el respectivo acto
administrativo […]». (Cursiva del texto original).

Frente a este acto, la Sala precisa que no decidió de forma definitiva la solicitud de
desvincularse del cargo de directora de la Academia Diplomática del Ministerio de
Relaciones y tampoco hizo imposible continuar con la actuación administrativa de
renuncia. Ello es así porque más adelante sobre ese mismo escrito de dimisión
fechado 5 de octubre de 2015 7, el viceministro de Relaciones Exteriores encargado
de las funciones de la ministra expidió la Resolución 7265 del 18 de noviembre de
20158, mediante la cual aceptó la dimisión de la demandante.

Nótese que las pretensiones de la demanda se encuentran encaminadas a que se
declare que la renuncia por ella presentada fue provocada como consecuencia del
acoso laboral del que supuestamente fue víctima, por lo que el oficio demandado
no le creó, ni reconoció una situación particular, únicamente la conmina a que
presente sin motivación, tratándose entonces de un acto de trámite que no es
pasible de control judicial. Lo anterior, en la medida en que posteriormente le fue
aceptada a través de Resolución 7265 de 2015, la cual, definió su situación
particular y concreta respecto de su desvinculación, que se reitera, es lo que se
demanda en este asunto.

La renuncia motivada

El acto de dimitir a un cargo como servidor público es la expresión clara del mandato
previsto en el artículo 26 superior que indica que: «Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio […]», es decir que podrá elegir cuándo vincularse al servicio de una
entidad, así como el momento en que quiere retirarse, pero siempre deberá ser
resultado de la voluntad libre y espontánea.

El Decreto 1083 de 2015 9 -norma aplicable en el presente asunto, toda vez que el
Decreto 274 de 2000 que regula la carrera diplomática y consular no establece
disposición al respecto-; señaló:

6 Folio 3 del cuaderno principal.
7 Folio 24, ídem.
8 Folios 40 a 42, ídem.
9 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». El artículo

2.1.1.2. señala «Las disposiciones contenidas en el presente decreto son aplicables a las entidades de la Rama
Ejecutiva del poder público, de acuerdo con la determinación específica que se haga en cada Título de la Parte
2». (Se destaca).

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«ARTÍCULO 2.2.11.1.3 RENUNCIA. Toda persona que sirva un empleo de
voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.

La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma
espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio.

Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el
renunciante insiste deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá
por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de
su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido
sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono, del empleo, caso en el cual se generará automáticamente la
vacancia definitiva del mismo, o continuar en el desempeño del empleo, caso
en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.

La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al
empleado en quien éste haya delegado la función nominadora.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las
renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o que mediante cualquiera
otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad
nominadora la suerte del empleado. […].». (Negrita fuera de texto).

En síntesis, todo servidor público puede presentar libremente su renuncia al
empleo y la autoridad nominadora dispone de un plazo de treinta (30) días para
pronunciarse sobre su aceptación. El silencio de la administración, en este caso,
implica la posibilidad de que el empleado se aparte de sus funciones sin que est o
constituya abandono del cargo, o bien que continúe en ejercicio de sus funciones,
dejando sin efectos la renuncia presentada.

En ese orden, el acto de renunciar debe reflejar la voluntad indiscutible de retirarse
del empleo, lo que se traduce en una expresión de la voluntad consciente y ajena
de todo vicio de fuerza o engaño. Esto lleva consigo, entonces, que en el escrito
que la contenga pueda o no exponer los motivos o razones de su decisión, sin que
se invalide el acto administrativo que la acepta.

En relación con la motivación de la renuncia, esta corporación10 ha señalado:

«La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta
circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo
haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y
provocar el retiro del empleado. No es suficiente, ni siquiera, la simple
insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que
se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno
del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve
truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar».
(Destacado intencional).

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de mayo de 2006, radicado: 25000 23

25 000 1999 01735 01 (3985-04). Tesis que fue reiterada por la Subsección B, en sentencia del 15 de febrero
de 2024, radicado: 52001-23-33-000-2016-00274-01(4697-2022).

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Entonces, si bien la renuncia está precedida de un motivo, sea expreso o no,
también lo es que en caso de que sea explícito no invalida por sí solo el acto
administrativo de su aceptación, razón por la cual se deberá demostrar que, en
efecto, ese móvil fue producto de una coacción invencible que excluyera el acto
voluntario de dimisión.

Acoso laboral

La Ley 1010 de 2006 11 lo definió como toda conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o
superior jerárquico inmediato o mediato, encaminada a infundir miedo, intimidación,
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o
inducir la renuncia. La mencionada disposición señala que el acoso laboral se
configura en las siguientes modalidades: i) maltrato; ii) persecución; iii)
discriminación; iv) entorpecimiento; v) inequidad; y vi) desprotección.

Igualmente; el artículo 7 de la norma señala que, para que se presuma la existencia
del acoso laboral, debe acreditarse la ocurrencia repetida y pública de conductas
como:

• La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo
de las propuestas u opiniones de trabajo;
• La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada;
• El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en
cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición
de deberes laborales.

La Corte Constitucional ha señalado que las conductas constitutivas de acoso
laboral deben ser acreditadas y que se concreta en una persona que ejerce sobre
otra una «violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un
tiempo prolongado [...] sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad
de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación,
perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben
abandonando el lugar de trabajo».

Igualmente, los comportamientos que lo caracterizan son: «ataques verbales, insultos,
ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de
despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener
en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas»12.

Y en similar sentido esta Corporación13 ha sostenido que, «al ser un proceso de
situaciones sistemáticas y continuas en el tiempo, se pueden evidenciar una serie de fases
que comprenden: (i) un conflicto; (ii) una etapa de estigmatización; (iii) la posible

11 «Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo».
12 Sentencia T-293 de 2017, referencia: expediente T-5.697.720.
13 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2020, radicación 68001-23-33-0002015-

00062-01 (3723-16).

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intervención de la empresa o jefe inmediato; (iv) la posterior marginación de la víctima y,
finalmente, (v) la exclusión de la vida laboral o terminación del vínculo contractual».

Resolución al caso concreto

Teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se sostiene que tanto la prueba
documental como testimonial acreditan el acoso por parte del director de Talento
Humano, circunstancias que fueron descritas en la renuncia motivada, la Sala
procederá a analizar las mismas de la siguiente manera:

El 5 de octubre de 2015, la señora María Clara Jaramillo Jaramillo presentó escrito
de renuncia 14 como directora de la Academia Diplomática, cargo de libre
nombramiento y remoción 15, ante la ministra de Relaciones Exteriores en el cual
expuso lo siguiente:

«[…] Cuando el Director de Talento Humano se niega a atenderme telefónica o
personalmente para tratar asuntos propios de la entidad y, debo, en
consecuencia, buscar ayuda de otros funcionarios para defender los intereses
del Ministerio y salvaguardar las relaciones con otros países, es evidente que
el momento de “dar un paso al lado” ha llegado.

Infortunadamente, ésta no es la primera situación que se presenta hoy con el
Director de Talento Humano. En el mes de mayo pasado, fui relevada del
ejercicio de mis funciones, sin razón legal alguna al asignarle la elaboración de
la Resolución de la Convocatoria del Concurso de Ingreso a la Carrera
Diplomática y Consular para el año 2017, al entonces Jefe de Control
Disciplinario Interno del Ministerio, doctor Carlos Alberto Rodríguez Córdoba,
quien no estaba facultado para ello, conforme a lo establecido en el Decreto
3355 de 2009.

Quiero agradecer especialmente la oportunidad que me ha brindado y los
múltiples aprendizajes que, estos casi dos años, han dejado».

El jefe de Talento Humano a través de oficio del 22 de octubre de 2015, le exhortó
a que presentara un nuevo escrito que cumpliera los requisitos establecidos en la
ley, pues la dimisión se encontraba motivada, razón por la cual, debía presentar
otra16.

Con ocasión de lo anterior, la demandante envió otro escrito 17 señalando:

«De manera atenta y con ocasión de recibo de la comunicación de la referencia
suscrita por el Director de Talento Humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, […] consideré pertinente presentarle a usted mis apreciaciones
sobre el particular así:
[…]

En este contexto donde comienzo a mencionar los continuos y reiterados actos
de hostigamiento de que he sido objeto así:

1. Este año, en el mes de mayo, fui relevada del cumplimiento de la función
mencionada en el numeral 3 de la primera parte de esta comunicación, al
asignársele la misma, si razón legal alguna, al entonces, jefe de Control Interno
Disciplinario, doctor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ CORDOBA (SIC), quien

14 Folio 24 del cuaderno físico principal.
15 Según el literal d) del artículo 6 del Decreto 274 de 2000.
16 Folio 3, ídem.
17 Folios 40 a 42, ídem.

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no estaba facultado para ello, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3355
de 2009.

2. Además de lo anterior, entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de
2015, traté en reiteradas oportunidades de hablar con el Director de Talento
Humano, doctor Carlos Alberto Rodríguez Córdoba, con el fin de solucionar el
tema de una beca otorgada por el gobierno de Chile a la funcionaria Laura
Orjuela. El Doctor Rodríguez no me pasó nunca al teléfono y no quiso recibirme
en su oficina. Por esta razón tuve que acudir a la Directora de América, doctora
Patricia Cortés y al señor Jefe de Gabinete, Embajador Jaime Girón para que
me ayudaran con esta gestión. El jueves 1 de octubre, por intermedio de la
directora de América el doctor Rodríguez accedió a darnos una cita en horas de
la tarde. La doctora Cortés, me escribe como a las 2 de la tarde, diciéndome
que le mandara los papeles que ella atendía la cita. Muy sorprendida, pues era
un asunto de competencia de la Academia, hago lo que me dice, quedando muy
agradecida con la señora directora.

El viernes 2 de octubre, el doctor Carlos Rodríguez en presencia de un
funcionario de la Academia Diplomática, dijo que él le había dicho a la Directora
de América que a mí no me recibía, que la Academia Diplomática era un
desastre y que lo único que estaba esperando era el momento de despedirme.

Adicionalmente, el viernes 2 de octubre de 2015 yo debía preparar mi viaje a la
ciudad de Bucaramanga previsto para el lunes 5 de octubre, con el fin de
atender una cita con el rector de la Universidad Industrial de Santander, el día
5 de octubre a las 3:00 p.m., con el propósito de presentar el proyecto de
homologación de materias […]. Cita que tardamos 6 meses para conseguir. Al
final de la tarde me envían un itinerario saliendo de Bogotá a las 7:30 a.m. Tanto
mi secretaria como yo manifestamos mi imposibilidad de viajar a esa hora
debido a que debía atender un compromiso en la Universidad Nacional para el
mismo proyecto de homologación. El doctor Rodríguez hizo caso omiso de mi
solicitud y de mis razones y el tiquete finalmente no fue expedido. Me vi, por
tanto, en la obligación de cancelar la cita y este es el momento en que no hemos
podido reprogramarla. El viaje se canceló. […]

Cabe señalar, que por lo anteriormente relatado, me vi obligada a presentar mi
renuncia al cargo, el día 5 de octubre de 2015, señalando las razones por las
cuales tomaba esta decisión, la cual fue radicada tanto en su despacho como
en la Dirección de Talento Humano.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1010 de 2006 […] me encuentro ante
una situación de acoso laboral por parte del doctor CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ CÓRDOBA, y demostrable que me indujo a presentar ante usted
mi renuncia al cargo, pues es claro el hostigamiento laboral del que he sido
víctima por parte del hoy Director de Talento Humano […] y su evidente
arbitrariedad, desde el momento en que fue designado por usted para la
elaboración y revisión de la Resolución de Convocatoria […] en razón a que
aprovechó la oportunidad para descalificar mi trabajo y poner en tela mi juicio
mi profesión de abogada y además mi experiencia laboral como académica, lo
cual me ha generado desasosiego, angustia y temor, toda vez que si bien soy
la Directora de la Academia Diplomática, no pude hacer parte del proceso de
elaboración y revisión del proyecto de Resolución, pues como ya dije fui
separada de mi función, situación ésta que se volvió más gravosa, por su
posición predominante, cuando el doctor Carlos Alberto Rodríguez pasó a ser
Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario a Director de Talento Humano,
debido a que por sus nuevas funciones tuvo aún más la oportunidad de
entorpecer mi trabajo, como ya lo relaté. […]». (Mayúsculas del texto original,
negrita de la Sala).

El 15 de noviembre de 2015, la actora nuevamente presenta un escrito ante la
ministra de Relaciones Exteriores en la cual señala que la dimisión radicada el 5 de
octubre de ese año, es «con efectividad de retiro a partir del cumplimiento del horario

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laboral del día jueves 19 de noviembre de 2015», por lo que solicitaba la designación de
la persona que le recibiera los elementos de trabajo 18.

La renuncia fue aceptada por parte del viceministro de Asuntos Multilaterales
encargado de las funciones de despacho de la ministra de Relaciones Exteriores,
mediante Resolución 7265 del 18 de noviembre de 2015 19, y fue notificada en la
misma fecha20.

El 28 de octubre de 2015, la demandante presentó ante la Procuraduría General de
la Nación queja de acoso laboral en contra del señor Carlos Alberto Rodríguez
Córdoba21. El 6 de febrero de 2016, la mencionada entidad inició investigación
disciplinaria 22.

En decisión del 18 de octubre de 2017 23, la Procuraduría Segunda Distrital declaró
cerrada la investigación disciplinaria con radicado: IUS 2015-386963 (IUC-2015-
120-832483), por presunto acoso laboral iniciada por queja de la señora María Clara
Jaramillo Jaramillo contra el señor Carlos Alberto Rodríguez Córdoba.

Testimoniales 24

Francisco Antonio Burchart Melo 25, vinculado desde hace varios años al Ministerio
de Relaciones Exteriores y que desempeñó funciones en la Academia Diplomática
desde febrero de 2014 hasta agosto de 2015, sostuvo que, para el mes de junio
cuando la señora Jaramillo Jaramillo se encontraba de vacaciones, fue invitado por
su jefe directo César Fernando Plazas a reunirse con el director de control
disciplinario, Carlos Rodríguez, para tratar los temas relacionados con la
convocatoria del concurso de la carrera diplomática y consular. Allí el señor
Rodríguez expresó que era el delegado por parte de la señora ministra para dar
instrucciones sobre lo que debería contener la resolución y les dio indicaciones,
como por ejemplo el porcentaje que debía tener la entrevista.

Que dicha situación se la informó a través de un correo a la demandante quien para
ese momento era su jefe y se encontraba en vacaciones, lo cual generó molestia en
ella porque «sobrepasaban funciones, pero además iba en contra de una posición que ella
tenía muy clara […] el 15% es manejable, es lo máximo que dice la norma». Que no fue
testigo de alguna agresión verbal, física o sicológica contra ella directamente, que
todo fue por oídas y supo que la actora se quejaba por las dificultades que siempre
le colocaba el director de Talento Humano.

Pilar Cristina Castellanos Martínez 26. Prestó sus servicios a la entidad hasta el 15
de mayo de 2015. Que, a principios de enero de 2015 se presentó una diferencia
de criterios por una calificación de una entrevista de un concursante, por lo que se

18 Folio 108, ídem.
19 Folio 4, ídem.
20 Folio 5, ídem.
21 Folio 35, ídem.
22 Folios 60 a 62, ídem.
23 Folios 552 a 553 del cuaderno disciplinario.
24 Se destaca que la mayoría de dichos testimonios se practicaron por parte de la Procuraduría con ocasión de

la queja de acoso laboral interpuesta por la señora María Clara Jaramillo Jaramillo, los cuales son coincidentes
con estas declaraciones.
25 Minuto 0:09 a 0:32 del cd visible a folio 74 del cuaderno principal.
26 Minuto 0:34 a 0:56, ídem.

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ordenó la revisión de una evaluación sicológica pero las sicólogas no estuvieron de
acuerdo, sin embargo, se realizó la revisión por parte de otro jurado «y ahí empezaron
los inconvenientes porque las sicólogas eran amigas personales de la ministra de
relaciones exteriores […] entonces todo lo que pasaba en la academia ellas iban donde la
ministra a contarle todo lo que pasaba y pues a veces la doctora María Clara Jaramillo vivía
muy presionada». Que renunció, pero siguió en contacto con la demandante y varios
excompañeros, los cuales le contaron que el señor Carlos Rodríguez tuvo
intervención en la elaboración de la resolución del concurso de ingreso para el año
2017.

Que el trato entre ellos dos era cordial pero que sí se dio cuenta cómo la señora
María Clara Jaramillo Jaramilo perdió credibilidad ante sus compañeros porque fue
relevada de la dirección del concurso. Que, «Con el doctor Carlos Alberto Rodríguez sí
hubo hostigamientos porque ya después conocí, pues ya me contaron que él daba las
órdenes para ver cómo se hacía la resolución del concurso, y ella era la directora y ella era
la que tenía que dar los lineamientos y no los podía dar».

Omaira Pulido Riveros 27. Secretaria ejecutiva en la Academia Diplomática y laboró
con la demandante hasta el momento en que aquella renunció. Que la actora
presentó su dimisión porque usurparon sus funciones en cuanto a la resolución del
concurso de la carrera diplomática para el año 2017. Que, en una ocasión, cuando
la directora estaba trabajando la homologación con 10 universidades, tenía que
viajar a Bucaramanga, por lo que solicitó que sus tiquetes fueran expedidos a las
9:00 a.m., toda vez a las 7 y 30 a.m., debía atender otra reunión; sin embargo, los
tiquetes fueron expedidos para las 6 de la mañana, en consecuencia, no pudo
cumplir con su primer compromiso.

Que tuvo conocimiento de que una vez una alumna tenía una beca aprobada para
realizar una maestría y debía tener el visto bueno del señor Carlos Rodríguez, era
el día del viaje de la estudiante y aún no contaba con esa firma, trató de comunicarse
con él para solucionar el inconveniente sin obtener respuesta, motivo por el cual, se
tuvo que llamar a otra dirección para que le prestaran colaboración.

Paula Juliana Gutiérrez Sepúlveda 28. Contratista del Ministerio de Relaciones y
ejerció como asesora de la Academia Diplomática. Señaló que todas las personas
que laboraron con la demandante luego de que ella renunciara empezaron a salir
«el chisme de pasillo es que todas las personas que estuvimos con María Clara íbamos a
salir, de hecho, yo fui llamada por la doctora Claudia Perdomo que ella es la jefe jurídica de
la cual en ese momento dependía licitaciones […] y me dijo quiero que te vengas para acá
a trabajar conmigo no te quiero allá en ese riesgo».

Que en una reunión en la cual estuvo presente se enteró que el señor Carlos
Rodríguez les informó a todos que la ministra lo había delegado para revisar y
proyectar la resolución de la carrera diplomática, situación que fue muy «incómoda»
para la señora María Clara Jaramillo Jaramillo porque era parte de sus funciones, y
en la Academia Diplomática la directora era la que siempre proyectaba ese acto.
Que esa fue una de las razones por las cuales ella decidió renunciar, además,
porque para los vuelos le ponían muchos obstáculos, por lo que llegó un momento

27 Minuto 0:58 a 1:17, ídem.
28 Minuto 1:20 a 1:49, ídem.

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en que no podía desarrollar las actividades para las cuales ella estaba contratada,
pues tenía un supervisor que ejercía sus funciones.

Francisco Javier Echeverri Lara 29. Que se desempeñaba como viceministro del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y le correspondió aceptar la renuncia de la
demandante por estar encargado en ese momento del ministerio de relaciones
exteriores dado que la ministra se encontraba fuera del país. Que no tuvo
conocimiento de las circunstancias por las cuales la señora María Clara Jaramillo
Jaramillo presentó su dimisión al cargo. Que, el acto administrativo de cualquier
naturaleza se origina en la Dirección del Talento Humano que junto con su equipo
lo proyecta y los sube a la Secretaría General, ésta última dependencia da su visto
bueno y, la remiten al (la) ministro (a).

Carlos Alberto Rodríguez Córdoba 30. Sostuvo que por designación de la señora
ministra de Relaciones Exteriores participó en compañía de otros funcionarios tanto
del nivel directivo, asesor, profesional y contratista de la entidad, en la proyección
de la resolución con la cual se pretendía convocar a Concurso de Ingreso a la
Carrera Diplomática y Consular 2017. Que la decisión del incremento del porcentaje
otorgado a la prueba de entrevista surgió de una decisión administrativa de la
señora ministra, apoyada por el Consejo Académico de la Academia Diplomática,
en virtud de la autonomía administrativa que goza en la función de administrar y
vigilar el régimen de la Carrera Diplomática y Consular, artículo 13 del Decreto 274
de 2000.

Que en ningún otro acto administrativo tuvo injerencia, y menos que pudiera generar
la renuncia de la señora María Clara Jaramillo Jaramillo, más aún, cuando se trataba
de una funcionaria del nivel directivo, adscrita directamente al despacho de la
señora ministra. Que su relación laboral era a partir de la articulación de funciones,
en su caso, netamente de apoyo para su gestión en lo que dependiera
exclusivamente de Talento Humano; y que, no adelantó ninguna actuación que
pudiera generar su renuncia.

Ahora bien, de la renuncia motivada presentada por la actora, se observa que una
de las razones que, en su sentir, constituyen acoso laboral, es que fue relevada de
la proyección de la resolución con la cual se pretendía convocar a Concurso de
Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2017.

De los medios de convicción aportados, la Sala observa en primer lugar que, en los
términos del artículo 7 de la Ley 1010 de 2006, dicha situación no es una conducta
que se considere como acoso laboral y, en todo caso, no se encuentra demostrado
que fue relevada totalmente de sus funciones o que la colaboración por parte del
entonces jefe de Talento Humano de la entidad en relación con la expedición de
este acto, haya sido una conducta sistemática constitutiva de un trato discriminatorio
que la indujo a renunciar.

Nótese que si bien el manual de funciones actualizado mediante Resolución 1580
del 16 de marzo de 2015 31, prevé como propósito principal del empleo director de

29 Minuto 09:00 a 23:45 del cd 2, ídem.
30 Folios 54 a 55 del cuaderno despacho comisorio.
31 Folios 15 a 23, ídem.

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la Academia Diplomática el de: «Dirigir los procesos de selección y ascenso de la Carrera
Diplomática y Consular […]», lo cierto es que, al verificar el acta sin fecha, pero para
la cual hizo referencia una de las testigos, así como la demandante, y en la cual se
analizó la proyección del acto administrativo del concurso del año 2017, se indicó
«1. El doctor Carlos Rodríguez, manifiesta que fue designado por la señora Ministra para la
revisión de la resolución de ingreso a la carrera Diplomática y Consular 2017 32». (Negrita
fuera del texto original).

Situación coincidente con el testigo Francisco Antonio Burchart Melo, el cual
manifestó «César Fernando Plazas a reunirse con el director de control disciplinario, Carlos
Rodríguez, para tratar los temas relacionados con la convocatoria del concurso, […] último
que informó encontrarse «delegado por parte de la señora ministra para dar instrucciones
sobre lo que debería contener la resolución y les dio indicaciones, como por ejemplo el
porcentaje que debía tener la entrevista, hizo algunos cambios en los temas de las fechas,
hizo varios cambios».

En el acápite de compromisos del mencionado documento se indicó: «Enviar
mediante correo electrónico al coordinador de registro y control de la Academia Diplomática,
la resolución con las modificaciones sugeridas», a más tardar el 11 de junio de 2015. Y
en otro aparte se señaló que el señor Carlos Rodríguez se encargaría de consultar
las inquietudes presentadas por la directora de la Academia Diplomática al DAFP 33.

Lo anterior, refleja una coordinación de funciones con el fin de cumplir los objetivos
de la entidad, esto es, la expedición del acto administrativo, pues en ningún
momento fue desplazada del ejercicio de funciones, tal como se puede advertir de
aquellas descritas en la resolución que actualizó el manual de funciones ya citado,
que dan cuenta de que continuó ejerciendo las actividades previstas para el cargo
en el ordenamiento jurídico.

Ahora, respecto de la discrepancia en el acta señalada en relación con el porcentaje
que debía contener la entrevista, en la mencionada acta se plasmó que el señor
Carlos Rodríguez Córdoba, en su calidad de jefe de Talento Humano consultó al
Departamento Administrativo de la Función Pública sobre esta posibilidad, ante lo
cual el DAFP le señaló que dicha consideración se realizaba mediante resolución
ministerial con base en la propuesta diseñada por el Consejo Académico de la
Academia, lo cual permite advertir que el desacuerdo de la demandante fue tenido
en cuenta y por tanto consultado al ente pertinente.

No se probó que el señor Carlos Rodríguez u otro funcionario haya tomado
represalia alguna porque la señora María Clara Jaramillo Jaramillo discrepaba de
ese porcentaje, es más, fue citada a participar en la reunión y pudo exponer sus
argumentos sobre este ítem. Ello, sin dejar de lado que la decisión del trabajo
articulado entre varios de sus funcionarios fue de la ministra, así como el citado
porcentaje, como directora del Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos
del artículo 4 del Decreto 3355 de 2009, vigente para esa época.

Sumado a ello, los testigos fueron coincidentes en afirmar que nunca existió un trato
degradante, descalificante o humillante por parte del señor Carlos Rodríguez, el

32 Folios 31 a 32 del cuaderno disciplinario. Se destaca que el cuaderno tiene múltiple foliatura.
33 Ibidem.

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cual, ni siquiera tenía una posición dominante respecto de la demandante, pues
ambos se encontraban en el nivel directivo, de libre nombramiento y remoción según
la Resolución 1580 de 2015, y los declarantes además aseguraron que el trato
laboral era cordial. Sumado a ello, la situación descrita por el testigo Francisco
Antonio Burchart Melo respecto de otra reunión en la que él participó, fue claro en
señalar en que para esa época la actora se encontraba de vacaciones por lo que le
envió un correo con la información de lo allí ocurrido.

La señalado por la demandante de que en una ocasión solicitó un vuelo para un
horario específico porque previo al viaje debía participar en una reunión, pero su
petición no fue atendida y la Oficina de Talento Humano adquirió el vuelo en las
horas de la mañana, siendo imposible asistir al compromiso que tenía programado,
no puede considerarse como constitutiva de acoso laboral, pues no es posible
asociar este hecho con una inducción a la renuncia presentada, solo fue una
situación administrativa que ocurrió.

Nótese que la única testigo que tuvo conocimiento directo de esta circunstancia fue
Omaira Pulido Riveros quien para ese momento era su secretaria ejecutiva, y fue
clara en indicar que fue en una ocasión -lo cual concuerda con la prueba
documental34-, en la cual solicitó que el vuelo fuera a las 9 de la mañana, porque
tenía reunión a las 7:30 a.m., pero se lo dieron a las 6:00 a.m. Para la Sala dicha
circunstancia no demuestra el hostigamiento que se alega, pues la Oficina de
Talento Humano se encargó de adquirirle el tiquete para esa fecha, no fue negado,
además las reglas de la sana crítica enseñan que le era imposible a la demandante
estar en una reunión a esa hora en la Universidad Nacional y llegar al aeropuerto
por lo menos, con una hora de antelación para abordar.

Tampoco da cuenta del acoso laboral alegado en la demanda, lo señalado por la
declarante Omaira Pulido de que en una ocasión no pudo contactar al señor Carlos
Rodríguez para una beca de un estudiante, pues como ella misma lo sostuvo la
situación se pudo solucionar, solo se presentó en una oportunidad y en todo caso,
es comprensible dado las agendas que manejaban ambos directivos.

Se resalta que ninguno de los testigos tuvo constancia de actos o hechos concretos
de discriminación, persecución o acoso laboral contra la demandante y el
conocimiento que tuvieron sobre esto fue indirecto -a excepción de la señora Omaira
Pulido-, por lo que ella les comentaba u otros compañeros; además conforme se
probó el trato para ella siempre fue cordial y respetuoso. En ese sentido, no hay
elementos en el expediente que permitan demostrar que hubo actuaciones
persistentes de acoso laboral contra la señora María Clara Jaramillo Jaramillo, tal y
como lo exige el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006.

Finalmente, y a pesar de que debió solicitarse adición de la sentencia en primera
instancia, en aras de dar prevalencia al acceso a la administración de justicia,
tampoco es de recibo el alegato de la parte demandante de que se desconoció el
término perentorio de 30 días para aceptar la renuncia, pues, si bien el artículo
2.2.11.1.3 del Decreto 1083 del 2015 no estableció si eran hábiles o calendario, lo
cierto es que los plazos de días que se señalen en las leyes se entienden hábiles,

34 Folios 30 a 34 del cuaderno físico principal.

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en tanto que, en el evento de tratarse de días calendario tal circunstancia deberá
ser expresa.

En efecto, la Ley 4ª de 1913 35 en el artículo 62 dispuso: «[…] En los plazos de días
que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de
vacantes, a menos de expresarse lo contrario. […]». De esta forma, cuando el plazo se
haya fijado en días estos se entienden hábiles, por lo que se suprimen los feriados,
entre los cuales están los domingos, festivos y los sábados cuando la administración
por norma los considere inhábiles.

Así, entre la fecha de presentación de la renuncia (5 de octubre de 2015) y el acto
administrativo que la aceptó (18 de noviembre de 2015), según Resolución 7265,
transcurrieron 29 días, esto es, dentro del plazo establecido por la norma. En
consecuencia, el acto de aceptación de renuncia no es ilegal por esta causal.

Tampoco es cierto que no se hubiera dado trámite a la renuncia motivada, pues, en
efecto, fue esa la que se aceptó a través de la resolución acusada.

En este sentido, la Sala observa que, de la valoración conjunta de la prueba
testimonial y documental aportada, no se logró demostrar que la renuncia
presentada por la demandante haya sido consecuencia de un supuesto acoso
laboral, persecución, presión o coacción, que limitara el ejercicio de su voluntad libre
y espontánea de desvincularse del ejercicio de sus funciones.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 36 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el primero (1.°) de
febrero de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones. En su lugar, Declarar
probada de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, respecto del

35 «Sobre régimen político y municipal».

36 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».

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Memorando I-GAPT-15032138 del 22 de octubre de 2015; según las
consideraciones expuestas.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, conforme lo expuesto.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer personería adjetiva a la abogada Nelcy Aleyda Mesa Albarracín
identificada con cédula de ciudadanía 37.754.920 y portadora de la tarjeta
profesional 133.837 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del
Ministerio de Relaciones Exteriores, según poder a ella conferido visible a índice 16
Samai.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

18
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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